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Gerardo Hernández
Gerardo Hernández
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16 Abril 2019 03:40:00
El clon de Peña Nieto
José Narro Robles resultó ser el as bajo la manga para la sucesión del PRI. Su edad (70) y falta de carrera política pueden ser sus mayores activos tras el batacazo de la “generación Peña Nieto” cuya corrupción y arrogancia le pusieron a López Obrador la presidencia en bandeja de plata.

El PRI elegirá presidente y secretario general el primer domingo de septiembre, para el periodo 2019-2023. El proceso, “libre y abierto” a la militancia, será organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), por acuerdo de la 62 asamblea, encabezada por Claudia Ruiz Massieu. Los principales rivales de Narro son: Ulises Ruiz.

Mapache electoral, impuesto por José Murat en el gobierno de Oaxaca (2004-2010), se presenta como el aspirante rupturista. “Les voy a ganar, soy el único que tuve la fortuna de no trabajar con (Enrique) Peña Nieto, no soy de esa expresión política. Soy el único, porque de los dos lados son o los funcionarios de Peña Nieto (Narro ocupó la Secretaría de Salud) que quieren seguir secuestrando al PRI, o los gobernadores de corte peñista como el caso de (Alejandro) Moreno, que es Peña” (ADNPolítico, 27.02.19).

Ruiz permaneció en el banco en el sexenio pasado, pero junto con Humberto Moreira fue uno de los gobernadores que más impulsaron la candidatura presidencial de Peña Nieto. En el conflicto de 2006 con la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), varios de sus colegas –entre ellos Peña– le sugirieron renunciar, pero los despidió con cajas destempladas. Peña y Ruiz asistieron al quinto (y último) informe de Humberto Moreira, meses antes de su ascenso a la presidencia del PRI.

Alejandro Moreno. El gobernador de Campeche (43 años) pertenece a la generación de Peña; incluso podría ser su clon. Su carrera política (como la de los Moreira en Coahuila) fue meteórica, igual que vertiginoso ha sido el crecimiento de su patrimonio (otra coincidencia) “el cual debería centrarlo en una investigación de enriquecimiento ilícito” (Alfredo Lecona, Aristegui Noticias, 01-17-17).

Ruiz acusa a Moreno de desviar recursos públicos y por hacer campaña anticipada. En un oficio fechado el 9 de marzo, Claudia Ruiz Massieu, presidenta del PRI, pide a los dirigentes de los sectores, organizaciones y comités estatales y municipales, asumir «una conducta ejemplar ajena a cualquier manifestación de parcialidad (…)”.

Lo anterior, advierte, “no implica limitación o impedimento para reunirse o intercambiar impresiones” con los aspirantes, sin realizar “pronunciamientos” o “asumir posturas que atenten contra nuestros deberes de imparcialidad y de responsabilidad en la preservación de la unidad interna del partido”.

Ulises Ruiz es el aspirante más zorro a la dirigencia del PRI. Y Peña Nieto, el presidente más repudiado –incluso algunos sectores priistas piden su expulsión– y el principal responsable de la derrota que tiene a ese partido al borde de la tumba. Asociar a Narro y a Moreno con el gobierno de la corrupción, la impunidad y la violencia, como lo hace el exgobernador de Oaxaca, es un llamado a la rebelión para impedir que Peña mantenga el control del PRI otros cuatro años.

Ruiz no es el más calificado para hablar de democracia y honradez ni para dirigir al PRI, pero sí quien puede darle la puntilla a un organismo sin liderazgo ni apoyo social.
19 Octubre 2019 04:06:00
Amenaza latente
México y Coahuila no ganan para sustos. La huelga en General Motors tuvo en ascuas a las regiones donde la industria automotriz es vital; entre ellas, el corredor Saltillo-Ramos Arizpe. De haberse prolongado por más tiempo, el resfriado en Detroit, Michigan, se habría convertido aquí en pulmonía. El miedo pasó, mas no la amenaza, pues el sindicato, en consonancia con el presidente Donald Trump, pide la repatriación de plantas a Estados Unidos. Otro problema, planteado por Javier Mariscal en Espacio 4 (625) es la dependencia de México de ese sector.

“Concluida a un mes de haber iniciado, la huelga de General Motors (GM) en EU confirma lo mucho que México depende de esta industria y aumenta la preocupación por la falta de diversificación. El nerviosismo no es para menos. Las actividades automotrices en el país son actualmente el principal canal de captación de divisas, además de ser uno de los más grandes generadores de empleo formal.

“De acuerdo con datos oficiales, el ingreso en dólares que detona todo este ramo industrial en México ya superó en 2018 el reportado por exportaciones petroleras, por las remesas o el turismo. Esto, a pesar de la políticas proteccionistas del presidente estadunidense Donald Trump y los cambios en el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“General Motors, Fiat-Chrysler, Nissan, Ford, Volkswagen, Honda, Mazda, Toyota, Kia, Hyundai y BMW cuentan con líneas de armado de vehículos en México y sus actividades encadenan a un gigantesco entramado de proveeduría, situación que si bien ha empoderado al país en el ámbito internacional por esta industria, la misma se ha convertido en el talón de Aquiles que vuelve vulnerable a la economía nacional.

“Lo anterior se ratifica tan solo con la huelga de GM. La problemática en el vecino país dio inicio con las negociaciones del contrato colectivo de trabajo que GM renegocia “desde cero” cada cuatro años. Agrupada en el Sindicato de Trabajadores Automotrices (UAW, por sus siglas en inglés) la base laboral que comprende a más de 49 mil personas puso sobre la mesa peticiones que la empresa calificó de exageradas.

“Estallada el 16 de septiembre, la huelga se convirtió en la más prolongada en décadas para GM, conflicto que representó pérdidas por más de 80 millones de dólares diarios a la compañía y puso sus acciones en la bolsa de valores de Nueva York a punto del ‘nivel basura’, además de que amenazaba el sostenimiento de decenas de miles de puestos de trabajo, tanto para la empresa como para su gigantesca cadena de proveeduría y servicios en EU y otros países, entre ellos México.

“Las solicitudes del sindicato eran: elevar salarios, reducir la contratación de obreros temporales y aumentar los empleos de tiempo completo. Rechazaba el cierre de las plantas de Lordstown, Ohio, inactiva desde principios de este año, y de Hamtramck, Detroit, que suspendería operaciones a principios de 2020.

“Otros temas que mantuvieron acaloradas las discusiones fueron el seguro de salud y seguridad en el empleo. En las argumentaciones sindicales se echa en cara a la empresa que ‘los trabajadores defendimos a General Motors cuando más nos necesitaba en la crisis de 2007. Ahora se reclama solidaridad para nuestros miembros, sus familias y las comunidades donde trabajamos y vivimos’, dijo el vicepresidente de la UAW, Terry Dittes, vía comunicado”.

18 Octubre 2019 04:03:00
Impunidad endémica
Para defenestrarlo del sindicato de Pemex y condenarlo a 35 años de prisión, a Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, el Gobierno federal le “sembró” armas y un cadáver en su domicilio de Ciudad Madero, Tamaulipas, el 10 de enero de 1989.

Carlos Salinas se vengó así del cacique priista por haber apoyado a Cuauhtémoc Cárdenas y no a él en las elecciones presidenciales de 1988, las cuales ganó con fraude. “La Quina” era un hombre atrabiliario y abusaba del poder, pero no ostentaba su riqueza como Carlos Romero Deschamps, quien renunció a la jefatura del gremio petrolero por acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó el 14 de octubre las cuentas bancarias del exlíder, de su esposa y de sus hijos Paulina y Alejandro, de acuerdo con los recursos de amparo interpuestos. Según el presidente López Obrador, tal cosa no ha ocurrido. Romero es el segundo en la lista de «Los 10 Mexicanos más Corruptos de 2013» de la revista Forbes. Dos semanas antes de los comicios para la Presidencia del año pasado, Reforma informó sobre una residencia del magnate sindical en Acapulco, valuada en 6.4 millones de dólares. La casa la adquirió originalmente la Inmobiliaria Vista Altamira, administrada por un amigo de Romero hoy en prisión: Juan Ramón Collado. Todo cuadra, ¿no?

Romero desvió 500 millones de pesos del sindicato petrolero a la campaña del candidato del PRI a la presidencia Francisco Labastida, en 2000, la cual ganó Vicente Fox. El «Pemexgate» le costó al PRI una multa por mil millones de pesos, pero Romero fue premiado con una diputación federal, la tercera en su carrera. El sucesor de Hernández Galicia -amnistiado en 1997- ha sido dos veces senador; la última, con Peña Nieto.

La prudencia no destaca entre las virtudes de los Romero. Publicar en Twitter excentricidades -fotografías en cabinas de aviones privados durante vuelos trasatlánticos y en suites de hoteles exclusivos con sus mascotas-, como lo hizo Paulina en 2012, encendió la ira de un país con millones de pobres y una empresa (Pemex) en ruinas. Los juniors vieron la tempestad de la 4T y no se moderaron. El pasado 11 de febrero, Proceso dio a conocer la compra de una villa en Miami Beach, Florida, en 5.5 millones de dólares por parte de José Carlos Romero Durán, a quien su padre le había regalado años atrás un Ferrari Enzo valuado en 2 millones de dólares.

«El complejo inmobiliario de la villa se localiza a lo largo de una avenida que corre paralela al océano Atlántico en la zona conocida como “Millonarie’s Row” (Fila de Millonarios). En esa zona y sobre la misma avenida el tenista internacional Novak Djokovic y el matrimonio Kanye West-Kim Kardashian tienen sus lujosas propiedades», dice la nota de Julio C. Roa. Mientras, en México, los servicios de salud están colapsados, legiones de jóvenes carecen de empleo y de espacio en las universidades, y muchos más realizan suertes en cruceros a cambio de unas monedas.

El presidente López Obrador ha cometido errores, la violencia no cesa, la economía se desacelera, su estilo disgusta y es motivo de escarnio, pero sus niveles de aceptación aún son elevados. Una de las razones para explicar el respaldo de una mayoría agraviada por la impunidad endémica es su voluntad para combatir la corrupción. Nadie lo había hecho. Aún faltan peces gordos, pero ya caerán. El sexenio es joven.
16 Octubre 2019 04:07:00
Orgullo abatido
Han transcurrido ocho años desde que se destapó la megadeuda y hasta hoy nadie ha sido encarcelado aún por semejante atropello. Coahuila es referente de corrupción e impunidad dentro y fuera del país debido a la contratación irregular de créditos por 36 mil millones de pesos durante la gestión de Humberto Moreira. En un acto servil y traicionero, la 58 Legislatura –dominada por el PRI– legalizó el atraco y condenó a generaciones de coahuilenses a mayores privaciones y sacrificios.

Los diputados del PRI y sus satélites se han dedicado a boicotear cualquier intento de abrir los expedientes de la deuda, investigar su destino y presentar a los responsables ante la justicia. El papel de las fracciones opositoras, sobre todo la de Acción Nacional, ha sido frustrante e incluso motivo de sospecha por su falta de valor, voluntad y compromiso. En las legislaturas 59 y 60 era poco lo que podían hacer, pues la mayoría priista era aplastante. Rubén Moreira protegió a su hermano y obstaculizó cada iniciativa tendente a descubrir la verdad sobre el desfalco. Cuando acudía al Congreso, no era para debatir con un poder soberano, sino para escuchar loas y dictar consignas.

Presionado por el PAN en el ocaso de su sexenio infausto, Moreira formó una comisión de subordinados para investigar la deuda, la cual resultó tan útil como un abrigo en canícula. Era más fácil y barato captar a los diputados incómodos que destapar la cloaca. Sin embargo, la actual Legislatura, donde el PRI ocupa 10 asientos y el PAN 9, no se distingue de las anteriores. El tema del endeudamiento sigue estancado. Pretextos sobran. Frente a la incuria oficial, organizaciones no gubernamentales del país (Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad) y del estado (Participación Ciudadana 29) desmienten el discurso justiciero y moralizante del caudillo de la cuarta transformación. La megadeuda excede en gravedad a “La Estafa Maestra”, pero recibe menos reflectores.

Ocho años de figurar en los medios de comunicación por escándalos de corrupción, impunidad, masacres y desapariciones forzadas; con un exgobernador en proceso de extradición (Jorge Torres López) y dos denunciados en México e investigados en Estados Unidos (Humberto y Rubén Moreira), hacen mella en la imagen y autoestima de Coahuila. Las acusaciones recurrentes contra el moreirato y sus acólitos en las “mañaneras” del presidente López Obrador no pueden desestimarse por provenir de periodistas y activistas; al contrario, adquieren valor por el silencio de quienes, en una posición de fuerza, optaron por el silencio.

Después de Estado de México y Ciudad de México, los ciudadanos menos orgullosos de pertenecer a su entidad natal son los coahuilenses, incluso están por debajo de la media nacional de 82%, de acuerdo con una encuesta del periódico El Financiero (13.09.19) con motivo de las fiestas patrias. El dato confirma, en el caso de Coahuila, el estado de ánimo de una sociedad agraviada e indignada por las arbitrariedades, los abusos y la nula voluntad política para castigar delitos cometidos desde el Gobierno en perjuicio de millones de personas, pero sobre todo de los más pobres. Sin justicia, difícilmente habrá transformación.
15 Octubre 2019 04:05:00
El silencio de Guadiana
Al menos cinco coahuilenses de la órbita del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) -exmilitantes del PRI y del PAN- fueron espiados, acosados e incluso amenazados por denunciar la megadeuda, las empresas fantasma y los supuestos vínculos de los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira con el crimen organizado. Todavía en 2016, el empresario Armando Guadiana y el senador panista Luis Fernando Salazar presentaron nuevas acusaciones ante la PGR, lo cual desmiente la versión de AMLO en el sentido de que Felipe Calderón exoneró a Moreira I.

El expediente de la deuda sigue abierto, aun cuando el Gobierno de Moreira II intentó echarle tierra. En febrero de 2017, el entonces procurador Homero Ramos Gloria informó a una comisión de diputados que la PGR -entonces a cargo de Raúl Cervantes, amigo de Peña Nieto y excolaborador de Humberto Moreira en el PRI- investigaba el desvío de recursos del erario para uso personal por parte de servidores públicos que contrataron créditos por 35 mil millones de pesos en el sexenio 2005-2011 (Reforma, 22.02.17).

Al mismo tiempo, la Procuraduría General del Estado (hoy Fiscalía) declaraba el no ejercicio de la acción penal por el ocultamiento de créditos por casi 4 mil millones de pesos transferidos de la Promotora para el Desarrollo Económico de Coahuila a la Secretaría de Finanzas. La Auditoría Superior del Estado (ASE) promovió un amparo contra la resolución, y en agosto pasado el Juzgado Segundo de Distrito de Torreón falló a su favor, por lo cual la Fiscalía General deberá reabrir el proceso. Seis denuncias de la ASE y una del grupo parlamentario del PAN aún se encuentran en fase de investigación, de acuerdo con el estudio «Megadeuda de Coahuila: Justicia Simulada», de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

El tema adquirió relevancia en 2011 cuando Guadiana publicó en diarios de Ciudad de México desplegados donde exigía investigar la deuda y enjuiciar a quienes contrataron créditos con documentos falsos. La presión política forzó a Humberto Moreira a renunciar a la presidencia del PRI. El 7 de julio de 2016, en su carácter de presidente de Claridad y Participación Ciudadana, Guadiana denunció ante la PGR al Gobierno de Coahuila y a la empresa Leadman por la contratación de «aviones no localizados y autos chatarra» por 675 millones de pesos, utilizados para justificar una parte de la deuda. Entonces se comprometió a seguir «luchando para que al pueblo (…) se le haga justicia y para que las autoridades transparenten, peso por peso, el destino de la deuda de Coahuila».

Entre el 26 de julio y el 29 de septiembre de 2016, el senador Luis Fernando Salazar presentó ante la PGR denuncias contra Humberto Moreira por la megadeuda (en Estados Unidos, dijo, también se le investiga por una red de corrupción para invertir dinero robado en cuentas y propiedades en Texas, así como por haber recibido sobornos millonarios del crimen organizado, El Diario de Coahuila, 27.07.16) y contra Rubén Moreira por desviar 160 millones de pesos a empresas fantasma. El monto real era de 475 millones de pesos. En agosto de 2018, la ASE denunció el caso ante la Fiscalía General del Estado; un año después, no hay resultados.

Javier Guerrero y José Ángel Pérez, excandidatos al Gobierno de Coahuila, y Reyes Flores Hurtado, superdelegado federal en el estado, también denunciaron la deuda y la corrupción del docenio. Lo que extraña ahora es el silencio de Guadiana, senador por Morena, y del diputado Salazar, quien renunció al PAN para incorporarse a la bancada de la Cuarta Transformación.

14 Octubre 2019 04:06:00
¿Y los peces gordos?
Jorge Torres López será el tercer exgobernador enjuiciado en Estados Unidos. En 2013, una Corte de Nueva York sentenció a Mario Villanueva (Quintana Roo) a 10 años de prisión por lavado de dinero (antes se había declarado culpable de tráfico de drogas); en 2017, fue extraditado a México para terminar de purgar una condena de 22 años por narcotráfico. En abril de este año, Italia entregó a la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Texas a Tomás Yarrington (Tamaulipas), quien enfrenta cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero, fraude bancario y extorsión.

Lanzado al estrellato político y siempre manipulado por Rubén Moreira, el poder detrás del trono en el gobierno de su hermano Humberto, la situación de Torres López es menos grave, pues no se le acusa de narcotráfico, pero sí de blanqueo de dinero, fraude bancario y transferencias electrónicas engañosas por 8.8 millones de dólares —extraídos de las arcas del estado—, de los cuales 2.8 millones ya fueron confiscados.

Torres es el primer exgobernador detenido en la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Su captura la realizaron agentes de la Fiscalía General de la República el 6 de febrero en Puerto Vallarta, Jalisco. El primer secretario de Finanzas del moreirato era buscado en 194 países por una notificación roja de la Interpol («solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción similar»). El 23 de junio de 2014, la DEA lo incluyó en su lista de los más buscados bajo la clave W-739029173.

La Corte del Distrito Sur de Texas inició desde finales de 2017 trámites para la extradición de Torres López, al saberse que el exgobernador interino había sufrido un infarto el 6 de diciembre en Saltillo. Torres y el exsecretario de Finanzas Javier Villarreal fueron acusados de transferir 35 millones de dólares del erario de Coahuila a Estados Unidos. Parte de los fondos se ocultaron en los bancos JP Morgan Chase e Inter National, de Texas, y el Old Mutual de Bermudas.

Tras casi nueve meses de prisión y la negativa de un juez a concederle un amparo para enfrentar en libertad provisional el juicio de extradición, Torres solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores su entrega a Estados Unidos, «de manera inmediata por la vía y conducto legales». Se trata, a toda luz, de un movimiento táctico de la defensa de Torres para negociar con la justicia norteamericana la liberación de su cliente a cambio del dinero congelado y de información.

Javier Villarreal y Rolando González Treviño, socio de Humberto Moreira en la compra de medios de comunicación, siguieron la misma ruta. Ambos se declararon culpables de lavado de dinero y conspiración para transportar en Estados Unidos fondos robados de la hacienda coahuilense; el primero entregó 6.5 millones de dólares y 1.8 millones el segundo, además de pagar una multa por 250 mil dólares; luego fueron excarcelados. González recibió una condena de cinco años de libertad condicional y Villarreal aún espera sentencia.

Los peces gordos de la trama investigada en Estados Unidos son los Moreira -como en su caso lo fueron Mario Villanueva y Tomás Yarrington-, quienes también han sido acusados en cortes texanas por exmiembros de los Zetas de haber recibido sobornos del cártel a cambio de protección. Además de Torres López, el exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández se encuentra en proceso de extradición por lavado de dinero, peculado y falsificación de documentos.
12 Octubre 2019 04:06:00
Sin medias tintas
La epidemia de obesidad debe atacarse a fondo para salvar vidas y ahorrarle al país y a la economía familiar gastos millonarios. En ese sentido apunta la aprobación del etiquetado frontal en alimentos procesados y gaseosas, y el reportaje de Javier Mariscal en el número 624 del bisemanario Espacio 4.

“En México, la laxitud de las normas de calidad en alimentos procesados ha propiciado problemas de salud que implican un alto costo sanitario, económico y social. Para contrarrestarlo, el Congreso avaló el 1 de octubre una iniciativa para obligar a las compañías a etiquetar sus productos con sellos que evidencien componentes cuya ingesta, entre otros males, propicia obesidad, hipertensión y diabetes.

“Con 458 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, el pleno aprobó la minuta en lo general para que en el etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas se ofrezca información nutrimental que advierta sobre la presencia de cantidades nocivas de ciertos componentes. El tema contrapone el interés de una población que intenta mejorar sus decisiones de compra para reforzar su calidad de vida frente al derecho de las compañías a operar bajo condiciones de libre mercado.

“La resistencia empresarial, encabezada por ConMéxico, la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales (ANTAD), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamim), argumentaba que el etiquetado de alimentos es voluntario en la gran mayoría de países.

“No obstante, organizaciones civiles como El Poder del Consumidor, dirigida por Alejandro Calvillo Unna, plantean que ‘algo ya evidente en México es que, en la medida en que el modelo económico empobreció a la población, en lugar de políticas por un mejor salario, se relajó la normatividad para que los productos fueran más baratos y se optó por la vía fácil de orientar el consumo hacia lo dulce, salado y grasoso desde edad temprana’.

“A decir de Calvillo Unna, al industrial le importan más las ganancias que el hecho de que esta generación de niños pueda ser la primera en vivir menos que sus padres al llevar la situación a un punto de emergencia epidemiológica. ‘El empresariado ocultó el tema y el Gobierno lo ha solapado con un discurso oficialista que esgrime que ‘en aras de una modernidad que acelera una vida cotidiana en que tanto hombres como mujeres trabajan, son las prisas las que atacan la saludable tradición alimentaria’’, enfatiza. (…)

“De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada en 2016 –la más reciente hasta el momento–, el 73% de los adultos mexicanos padece sobrepeso u obesidad –es decir, más de 60 millones de personas– y lo mismo pasa al 36% de los adolescentes y a uno de cada tres niños. Como resultado, cada año mueren más de 90 mil personas por diabetes o enfermedades cardiovasculares, respiratorias e infecciosas. El problema añadido es que cerca de la mitad de estas muertes son de personas en edad laboral, lo que implica que las familias pierden años de ingresos económicos.

“Por otro lado, tratar prolongadamente una diabetes en instituciones privadas implica costos que –tras varios años– pueden superar el millón y medio de pesos, mientras que para el sector de salud pública el costo de atender la obesidad y enfermedades relacionadas supera los 120 mil millones de pesos al año. Según estudios del Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el gasto se dispara hasta los 250 mil millones de pesos cuando se agrega la merma en productividad, ausentismo y reducción de años de vida laboral”.
11 Octubre 2019 04:06:00
El final del moreirato
El segundo coahuilense en desfilar por la pasarela de las «mañaneras» y poner en la picota a los Moreira fue Albino Córdova, de ACM Canal 54 de YouTube. El origen de los problemas del estado es la corrupción, dijo sin ambages el periodista sampetrino al presidente López Obrador, el 13 de agosto. Tres décadas después de haber recibido una lluvia de tomates y huevos podridos cuando era candidato, «en La Laguna todavía se vive la venganza de Salinas. (…) los campesinos tiran sus melones y sus sandías porque no tienen precio; las tierras ejidales volvieron a ser de unos cuantos». Tal es el resultado de la reforma al Artículo 27 Constitucional, sentenció Córdova con voz trémula.

«¿Es justo -preguntó- que la familia Moreira, en Coahuila, se haya traspasado el poder como una monarquía, en el colmo del cinismo, de la desfachatez, para crear programas electoreros?». «La justicia a veces tarda, pero llega cuando se lucha por ideales y principios», dijo AMLO. Las «mañaneras» se prestan para el lucimiento y el oportunismo. El Presidente escucha. Peña Nieto aplicaba a los periodistas y ciudadanos críticos la receta salinista del «ni los veo ni los oigo». Jamás concedió una entrevista en forma.

El 15 de agosto, Dalila Escobar, de Capital Coahuila, puso a prueba al Presidente: «En el Gobierno de Rubén Moreira se denunció y se demostró que hubo desvío de millones de pesos -475 según la denuncia penal de la Auditoría Superior del Estado-… mediante el esquema de empresas fantasma. Incluso esto derivó en la renuncia de María Esther Monsiváis, secretaria de Infraestructura y brazo derecho del ahora diputado federal. ¿La Unidad de Inteligencia Financiera va a atender estos casos, va a seguir una investigación respecto a este hecho o, en todo caso, quedará impune?».

«No, no queda nada impune, replicó el Presidente, (a) todo lo que se denuncia se le da curso. (…) si nos piden información en el caso de Inteligencia Financiera, que depende de Hacienda…, se entrega; y también cuando se presentan datos se indaga… (si) se encuentra que hay manejos turbios, indicios de corrupción, se procede a entregar esa información a la Fiscalía. Es lo que estamos haciendo».

Seis días después, Escobar volvió a la carga. «Usted me decía que no tenía más información (sobre las acusaciones contra Rubén Moreira); sin embargo, sí existe una denuncia interpuesta por 20 senadores, el 26 de septiembre de 2016… (por) el desvío de recursos a través de empresas fantasma. ¿Este tipo de denuncias van a quedar en la congeladora o se les va a dar seguimiento? Porque sí existen».

«Pues si existe(n), que la Fiscalía (General de la República) les dé curso, como hace en otros casos», replicó AMLO. Acerca de la deuda, dijo que un partido (PAN) acusaba de corrupción a las autoridades, pero «resulta que el Gobierno de ese partido (Calderón era presidente) exoneró a ese personaje (Humberto Moreira)».

No fue Calderón quien absolvió a Humberto, sino su hermano Rubén. En recompensa por obstruir la justicia, el procurador del moreirato, Homero Ramos Gloria, recibió una sinecura en el Tribunal Superior donde cuida los intereses del clan. Las denuncias por la deuda y las empresas fachada, presentadas por la Auditoría Superior del Estado, duermen todavía el sueño de los justos.

El caso no puede ir al «basurero de la historia», como AMLO sugiere, sin antes haber castigado a quienes saquearon las arcas del estado. Menos ahora, cuando Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad lo ha fijado en la agenda nacional con su investigación «Megadeuda en Coahuila: justicia simulada». Ni perdón ni olvido.
09 Octubre 2019 04:05:00
De transas y camajanes
«Los laguneros estamos cansados de tanta pinche transa», le espetó Juan Carlos Parga al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en Palacio Nacional, en la rueda de prensa del 23 de julio. «Los gobernadores de Coahuila y Durango han olvidado a La Laguna durante muchos años (…) y han agarrado dinero del Fondo Metropolitano», acusó el activista. Por lo tanto, solicitó auditar el Metrobús, «impuesto por el anterior gobernador Rubén Moreira, (…) porque (el costo) ya subió casi al doble». La obra «está sin pies ni cabeza… mal hecha, mal ejecutada».

Parga no es periodista, él mismo hizo la aclaración, pero aprovechó la política de puertas abiertas en Palacio Nacional para exponerle al Presidente problemas regionales desde la perspectiva de un ciudadano que se ha refugiado en Estados Unidos varias veces «huyendo de las persecuciones». Parga dirige el Movimiento por la Calidad del Agua, y en ese carácter pidió acciones contra el desabasto en la metrópoli lagunera, agravado por la sobreexplotación de los mantos freáticos. «La Laguna puede ser un edén, tenemos el Plan Meva, traer agua por gravedad de la Sierra Madre Occidental (…), pero está fallando mucha gente que se subió con usted. Aquí traigo investigaciones de fraudes en la calidad del agua».

El activista se refirió también, sin citarlo por su nombre, al Consejo Regional de Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico de La Laguna, instalado por AMLO el 12 de junio en Palacio Nacional. «Tenemos empresas que vienen con usted (que) van a invertir, pero es más el daño ambiental que hacen. Lala nos dejó sin agua durante muchos decenios». También blandió la espada contra los superdelegados de Coahuila (Reyes Flores Hurtado) y Durango (Enrique Novelo Solís, sustituido por Édgar Morales Garfias el 29 de agosto). Los acusó de fallarle al Presidente y de ser camajanes subidos al carro de la Cuarta Transformación: «venían de otros partidos y ahora son “morenos”».

AMLO reconoció el valor de esos diálogos, pues le ayudan a informar a la gente. El plan para dotar a Torreón, Gómez Palacio y Lerdo de agua suficiente y buena calidad ya está en marcha, dijo. Una de las alternativas es tender un acueducto entre la presa Francisco Zarco y la zona metropolitana. El cultivo de alfalfa redujo el nivel del acuífero y afectó las reservas de Cuatro Ciénegas, aceptó, pero «tampoco se trata de destruir una actividad productiva (lechera), sino de optar por el desarrollo sustentable y, lo principal, (por) la salud del pueblo. (…) cuando se ponen plantas de tratamiento para el arsénico se demuestra que hay un problema grave».

Conjurada con anterioridad «la desaparición de la industria láctea», uno de los pilares de la economía regional, el Mandatario insistió en desarrollar cuencas en el sureste, donde hay agua, con ganado adaptado al trópico. En el proyecto participan empresarios de La Laguna, pero por encima de todo está la salud, insistió. «Como el Gobierno ya no está al servicio de ningún grupo de interés, puede actuar con libertad. Antes, los grupos de interés creados financiaban las campañas y entonces llegaba el nuevo presidente y no podía hacer nada; al contrario, les tenía que dar». Cristóbal Jaime, exdirector de Lala, estuvo al frente de la Comisión Nacional del Agua en el Gobierno de Vicente Fox. Se conocieron en la transnacional Coca Cola.

08 Octubre 2019 04:05:00
Coahuila indignado
El nombre de Coahuila y el apellido Moreira han resonado en el Palacio Nacional durante las ruedas de prensa de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), siempre relacionados con escándalos de corrupción, nepotismo e impunidad. Indignados por las masacres, las desapariciones forzadas, la megadeuda, las empresas fantasma y la ruindad de los dos últimos gobiernos, los coahuilenses claman justicia. El Presidente no puede sustraerse de esa realidad ni del compromiso de castigar a los venales.

Además de conocer el país palmo a palmo, AMLO les toma a diario el pulso a los estados. Los superdelegados son sus ojos y oídos, pero también ellos están bajo escrutinio público. Carlos Lomelí Bolaños, delegado para los programas de bienestar y excandidato al Gobierno de Jalisco en 2018, renunció en julio pasado tras la publicación del reportaje El Emporio Farmacéutico a la Sombra del Súper Delegado Lomelí, elaborado por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Familiares y colaboradores de Lomelí manejan una red de empresas que proveen medicamentos a varios estados y al Gobierno central. “Esas compañías ya han recibido contratos de la actual Administración federal por un monto de más de 164 millones de pesos”. El escándalo deja por de pronto a Lomelí fuera de la próxima sucesión. En los comicios del año pasado, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, obtuvo la gubernatura jalisciense con casi el 40% de los votos; Lomelí, postulado por Morena, captó el 24.7 por ciento.

El superdelegado en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, ha bajado de perfil en las últimas semanas, pero es él quien anuncia las visitas de AMLO, ya no el gobernador, como en el pasado. La quinta gira presidencial, el 27 de septiembre, comprendió Matamoros –donde Morena estrenó la alternancia después de 89 años bajo la férula del PRI– y San Buenaventura, como parte de un recorrido nacional por clínicas y hospitales del IMSS, cuyas condiciones son deplorables en la mayoría de los casos. A diferencia de las comitivas imperiales, las de AMLO son reducidas. Los trayectos se cubren por carretera y es Reyes quien acompaña al Presidente, no el senador Armando Guadiana.

El título de supercoordinador, dado a esa nueva figura, no lo es por disponer de presupuestos abultados, al contrario, sino por tener acceso directo al Presidente y por nuclear a las delegaciones en los estados; sobre todo las encargadas del gasto social. En los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, los delegados dependían de la Federación. Peña Nieto les cedió el control a los gobernadores, los cuales nombraron a incondicionales suyos, propensos a la corrupción.

La cercanía de Reyes Flores con AMLO le permite jugar un papel decisivo para responder las demandas de justicia de los coahuilenses por la deuda, las empresas fantasma y otros actos de corrupción. Como exlíder del PAN y militante de Morena, Reyes fue perseguido por los Moreira y sus secuaces. En vez de arredrarse, realizó huelgas de hambre contra el clan y su partido por despojar a Acción Nacional de la alcaldía de Lamadrid en 2010; contra “el fraude electoral del PRI y de Peña Nieto” en la elección de 2012, y frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para demandar la anulación de los comicios de gobernador de 2017, manipulados por Rubén Moreira en complicidad con el Instituto Electoral de Coahuila. AMLO escucha a Reyes.
07 Octubre 2019 04:05:00
Presidencia fallida
La presidencia de Alejandro Moreno en el PRI duró un mes y cuatro días, lapso transcurrido entre su toma de posesión con tufo mortuorio (18 de agosto) y la noticia de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito (22 septiembre). El exgobernador de Campeche es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores René Descartes, quien es considerado el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. Para el pensador francés «La verdadera inteligencia consiste en descubrir la inteligencia ajena». Moreno, sin embargo, ignoró la de sus opositores con olímpico desdén.

El mentís a la versión de que Moreno era el candidato del presidente López Obrador -en realidad representa al peñismo predador y al inepto hidalguense exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio- vino del mismo Gobierno federal. AMLO no necesita por de pronto nuevos satélites ni los 47 votos del PRI en la Cámara de Diputados. En términos de imagen resulta más redituable investigar y eventualmente procesar a uno de los émulos de Peña Nieto, que negociar con un partido agónico cuyos principales enemigos intrigan en su propia sede.

En la columna Capitolio «En rumbo de colisión» (Zócalo, 29.07.19) se lee: «Rubén Moreira le cerró las puertas de Coahuila a Ivonne Ortega (…), pero a Ulises Ruiz no logró intimidarlo». De porro a porro, es más astuto y peligroso el paisano de Juárez y don Porfirio que el «intelectual» del clan. Los promotores de Moreno intentaron por todos los medios persuadir a Ruiz de abandonar la carrera por la dirigencia partidista, pero al fracasar decidieron echarlo por las malas. A diferencia de Ortega, Ruiz no ha renunciado al PRI.

En una carta al priismo contra la «cúpula voraz», de la cual forma parte Rubén Moreira, el exgobernador de Oaxaca sacudió a la fórmula de Moreno y Carolina Viggiano: «El servilismo, el interés, la abyección, la estrechez de miras, el miedo a la competencia, me ganaron en la mesa y no en las urnas». En la misma columna del 29 de julio se advierte: «Ruiz tampoco es un demócrata», pero «era menos peligroso dentro que fuera de la competencia por la jefatura del PRI».

En su embestida contra Moreno, Ruiz señala donde están sus desafectos: «Tu triunfo estará plagado por afiliaciones espurias levantadas con recursos públicos y programas sociales como La Mera Mera en Coahuila, donde se concentra la mitad de las ‘nuevas afiliaciones’ y donde han dejado muestras claras de sus formas, como el proceso interno para elegir al gobernador Miguel Riquelme. ¿Recuerdas cuando obtuvo más de 500 mil votos a partir de 400 mil boletas impresas, siendo gobernador Rubén Moreira, distinguido y prestigiado miembro de nuestro partido? ¡Cien mil votos sin boletas!»…

Moreno está en la picota por soberbio, por venal y por tener en su equipo al «prestigiado» exgobernador que desvió 475 millones de pesos de Coahuila a empresas fantasma. La denuncia por la cual la FGR lo investiga la presentó Ulises Ruiz el 22 de julio, acusado de falsear su declaración 3de3. Si el moreirato ocultó la deuda, «Alito» registró la compra de 15 inmuebles en 103 millones de pesos por debajo de su valor real. Moreno está acabado. Su permanencia en la jefatura del PRI será un recordatorio permanente de la corrupción peñista y de sus gobernadores.

05 Octubre 2019 04:04:00
Justicia simulada
La investigación, Megadeuda de Coahuila: Justicia Simulada, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad puso en evidencia al Poder Judicial del Estado y en aprietos al Presidente. Gerardo Moyano se ocupa del tema en el nuevo número de Espacio 4.

“Lo que pasó, pasó”, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como si siguiera al pie de la letra el reguetón de Daddy Yankee. De gira por Coahuila, el 27 de septiembre, el Mandatario insistió en “darle vuelta a la hoja y ver hacia delante”, por eso de que no alcanzarían las cárceles para todos los funcionarios corruptos.

“Se trató de la segunda afrenta a los coahuilenses en menos de una semana, pues en la conferencia mañanera del 24 de septiembre casi defendió al exgobernador Humberto Moreira, de quien dijo fue ‘exonerado’ por un supuesto acuerdo entre los expresidentes Calderón y Peña.

“También se lanzó contra Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que un día antes reveló un expediente jurídico en el que un juez saltillense absuelve a dos exfuncionarios acusados de la contratación de créditos a nombre de Coahuila con documentos falsos.

“Hay una asociación que se llama Mexicanos por la Corrupción… Ah no, me equivoqué, Mexicanos en favor de la corrupción. ¿No es así? Que dirige Claudio X. González y otros adversarios nuestros que se han dedicado a sabotearnos legalmente. Son los que promueven amparos en contra de las obras, no quieren que hagamos nada, están molestos, quieren que siga el mismo régimen de corrupción”, dijo AMLO con sorna.

“Los amparos que tienen molesto al Presidente son los que MCCI presentó contra la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía. El equipo jurídico de la Presidencia pretende anularlos con el argumento de que las instalaciones estratégicas de la Secretaría de la Defensa son ‘de interés nacional’.

“MCCI pidió al Presidente respetar su trabajo e hizo un recuento de las investigaciones realizadas. Entre ellas, La Estafa Maestra, en conjunto con Animal Político, la cual obtuvo el Premio Ortega y Gasset de Periodismo en la categoría Mejor Historia o Investigación Periodística (…).

“Sin embargo, ni el berrinche de AMLO contra González, ni sus dichos sobre la supuesta exoneración de Moreira, deben leerse como una carta de impunidad a favor del exgobernador coahuilense, pues las contradicciones del tabasqueño no han impedido que la Fiscalía General de la República ni la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda actúen contra exfuncionarios acusados de corrupción.

“Además, si bien AMLO refrendó en Matamoros su postura a favor del ‘punto final’ para casos de corrupción, también advirtió que ‘si hay denuncias en curso, que se resuelvan, que no haya impunidad, porque tampoco vamos a ser tapadera de nadie’. Y sí que las hay.
Siete denuncias penales relacionadas con la deuda de Coahuila tienen carácter reservado por estar en fase de investigación, como lo demuestra la investigación de MCCI.

“Y aun cuando estas siguieran el curso infame que les dio a otras dos el hoy magistrado coahuilense Adrián González Hernández, aún queda la justicia no simulada de Estados Unidos, a la cual Jorge Torres ha decidido someterse para sumarse a la larga lista de testigos protegidos que señalan con dedo flamígero a la mente maestra detrás del saqueo más grande jamás realizado a las arcas de Coahuila: el profe Moreira”.

(Texto completo en:
http://www.espacio4.com)
04 Octubre 2019 04:05:00
Poder exacerbado
Los últimos presidentes estuvieron condicionados por congresos de mayoría opositora. Tal situación les obligó a ceder espacios y poder para avanzar sus agendas y mantener la gobernabilidad del país. Algunas reformas propuestas por Ernesto Zedillo -en la segunda mitad de su sexenio, el PRI ya no controlaba la Cámara de Diputados-, Vicente Fox y Felipe Calderón fueron modificadas e incluso algunas rechazadas. Peña Nieto firmó el Pacto por México con el PAN y el PRD, pero al final el acuerdo naufragó, los partidos perdieron sustento social y Morena ganó la Presidencia.

El castigo ciudadano a la partitocracia se amplió al Congreso, pues Morena también se hizo con la mayoría en ambas cámaras. Así, después de 21 años, México volvió a tener un gobierno unificado, lo cual convierte a Andrés Manuel López Obrador en un presidente fuerte; el último había sido Carlos Salinas, quien, para obtener la legitimidad no conseguida en las urnas, tejió alianzas con el PAN, las iglesias, los medios de comunicación y los grandes empresarios, además de encarcelar a varios rivales políticos, entre ellos el líder petrolero Joaquín Hernández Galicia.

AMLO ha logrado en los primeros meses de su gestión reformas que sus predecesores tardaron años en conseguir o no pudieron ejecutar por falta de consenso. Hacerlo sin escuchar ni hacer concesiones a las minorías representadas en el Congreso expone al país a decisiones autoritarias o caprichosas. El Presidente también sometió a los gobernadores, cuyo poder exacerbado les permitía presionar a la federación a través de «sus» diputados y senadores para obtener mayores recursos y no ser investigados por delitos de corrupción. Es el caso de Coahuila.

López Obrador dispone de instrumentos políticos y económicos para someter a los mandatarios locales. Uno de ellos es el presupuesto. En las administraciones de Fox, Calderón y Peña, los estados recibieron recursos federales como nunca. Los gobernadores gestionaban en la Cámara de Diputados fondos e inversiones sin necesidad de acudir a la Presidencia. La costumbre continúa, pero hoy todo se resuelve en la sede del Poder Ejecutivo. Además, de los 53 integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, 27 son de Morena, 8 del PAN y 4 del PRI; el resto se divide entre otras fuerzas políticas.

La situación ha obligado a los gobernadores a tocar las puertas de Palacio Nacional, pero en virtud de las condiciones económicas y de los excesos cometidos en los últimos sexenios, el Presidente y su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, decidieron llevar la «austeridad republicana» a los estados y municipios. El año próximo, el gasto federalizado, compuesto por participaciones, subsidios, convenios de coordinación y aportaciones, disminuirá 0.5% en términos reales, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos enviado al Congreso.

El impacto será mayor en estados como Coahuila, cuya deuda por 38 mil millones de pesos -herencia de los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira- absorberá este año casi 4 mil millones de pesos (8% de su presupuesto), de los cuales solo 75.6 millones se descontarán al capital. La relación del gobernador Miguel Riquelme con el presidente López Obrador parece ser buena, pero las llaves de Hacienda se han cerrado. El daño
02 Octubre 2019 04:05:00
Adiós vacas gordas
Los gobiernos divididos debilitan a los presidentes y los obligan a ceder ante las oposiciones, lo cual es normal en democracias consolidadas; la nuestra aún es balbuciente, pues el PRI monopolizó el poder durante 70 años y retrasó el proceso. Pero mientras los últimos cuatro mandatarios lidiaban con Congresos dominados por fuerzas políticas contrarias a la suya, los gobernadores cobraban fuerza y ejercían el cargo a sus anchas, sin contrapesos y sin rendir cuentas a nadie; ni al presidente ni a la Secretaría de Gobernación como antaño.

Los ejecutivos locales aprovecharon la ocasión para sacar tajadas presupuestarias cada vez más grandes a los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto. Sin embargo, el aumento en participaciones, fondos federales e ingresos petroleros no siempre se reflejaron en infraestructura, obras y servicios. Adicionalmente, dispararon las deudas de sus estados; el caso más escandaloso fue el de Coahuila. Humberto Moreira contrató créditos por más de 36 mil millones de pesos, la mitad de ellos de manera irregular, sin informar al Congreso ni a los coahuilenses dónde y cómo los iba a gastar.

Cada año por estas fechas, los gobernadores y “sus” diputados negociaban mayores asignaciones para sus estados y universidades, algunas de las cuales servían como cajas menores para campañas políticas y otros fines. La federación metía mano también en las instituciones públicas de educación superior para urdir fraudes como “La Estafa Maestra”. El desfile por el Congreso continúa, pero las circunstancias y los actores son otros.

Como primera fuerza en las dos legislaturas anteriores, en cada una con más de 200 curules, el PRI controló la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, encargada de dictaminar el gasto federal y de distribuir dinero a los estados. A la hora de partir el pastel, los gobernadores priistas siempre eran los primeros en la fila y los más beneficiados. En la 63 legislatura, última de Peña Nieto, la mayoría de los diputados de Coahuila eran del PRI, y dos fungían como secretarios de la poderosa Comisión de Presupuesto: Jericó Abramo y Javier Guerrero, a quienes el entonces gobernador Rubén Moreira siempre bloqueó por interponerse en sus planes sucesorios.

Moreira era un gobernador influyente. Las delegaciones federales dependían de él y el presidente Peña Nieto toleraba todos sus excesos. Además, antes había sido diputado junto con Luis Videgaray, quien presidía la Comisión de Presupuesto y más tarde ocuparía la Secretaría de Hacienda. Esa red de intereses y sus “aportaciones” como operador político, le aseguraron un escaño de representación proporcional en el Congreso, a pesar de haber incrementado la deuda pública y de desviar 475 millones de pesos a empresas fantasma, de acuerdo con la denuncia penal presentada por la Auditoría Superior del Estado el año pasado.

Rubén Moreira es un político venido a menos. Su esposa Carolina Viggiano obtuvo la secretaría general del PRI en un proceso fraudulento, según Ivonne Ortega, quien acusó al exgobernador de Coahuila de haberla amenazado. Miguel Riquelme, quien carga con la herencia del clan –deuda impagable, masacres y desapariciones forzadas impunes, desprestigio–, le ha cerrado espacios a Rubén, cuya intemperancia obliga a enviar señales inequívocas sobre quién está a cargo del estado.
01 Octubre 2019 04:06:00
Adiós vacas gordas
Los gobiernos divididos debilitan a los presidentes y los obligan a ceder ante las oposiciones, lo cual es normal en democracias consolidadas; la nuestra aún es balbuciente, pues el PRI monopolizó el poder durante 70 años y retrasó el proceso. Pero mientras los últimos cuatro mandatarios lidiaban con congresos dominados por fuerzas políticas contrarias a la suya, los gobernadores cobraban fuerza y ejercían el cargo a sus anchas, sin contrapesos y sin rendir cuentas a nadie; ni al Presidente ni a la Secretaría de Gobernación como antaño.

Los ejecutivos locales aprovecharon la ocasión para sacar tajadas presupuestarias cada vez más grandes a los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto. Sin embargo, el aumento en participaciones, fondos federales e ingresos petroleros no siempre se reflejaron en infraestructura, obras y servicios. Adicionalmente, dispararon las deudas de sus estados; el caso más escandaloso fue el de Coahuila. Humberto Moreira contrató créditos por más de 36 mil millones de pesos, la mitad de ellos de manera irregular, sin informar al Congreso ni a los coahuilenses dónde y cómo los iba a gastar.

Cada año, por estas fechas, los gobernadores y “sus” diputados negociaban mayores asignaciones para sus estados y universidades, algunas de las cuales servían como cajas menores para campañas políticas y otros fines. La Federación metía mano también en las instituciones públicas de educación superior para urdir fraudes como “La Estafa Maestra”. El desfile por el Congreso continúa, pero las circunstancias y los actores son otros.

Como primera fuerza en las dos legislaturas anteriores, en cada una con más de 200 curules, el PRI controló la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, encargada de dictaminar el gasto federal y de distribuir dinero a los estados. A la hora de partir el pastel, los gobernadores priistas siempre eran los primeros en la fila y los más beneficiados. En la 63 legislatura, última de Peña Nieto, la mayoría de los diputados de Coahuila eran del PRI, y dos fungían como secretarios de la poderosa Comisión de Presupuesto: Jericó Abramo y Javier Guerrero, a quienes el entonces gobernador Rubén Moreira siempre bloqueó por interponerse en sus planes sucesorios.

Moreira era un gobernador influyente. Las delegaciones federales dependían de él y el presidente Peña Nieto toleraba todos sus excesos. Además, antes había sido diputado junto con Luis Videgaray, quien presidía la Comisión de Presupuesto y más tarde ocuparía la Secretaría de Hacienda. Esa red de intereses y sus “aportaciones” como operador político, le aseguraron un escaño de representación proporcional en el Congreso, a pesar de haber incrementado la deuda pública y de desviar 475 millones de pesos a empresas fantasma, de acuerdo con la denuncia penal presentada por la Auditoría Superior del Estado el año pasado.

Rubén Moreira es un político venido a menos. Su esposa Carolina Viggiano obtuvo la secretaría general del PRI en un proceso fraudulento, según Ivonne Ortega, quien acusó al exgobernador de Coahuila de haberla amenazado. Miguel Riquelme, quien carga con la herencia del clan –deuda impagable, masacres y desapariciones forzadas impunes, desprestigio–, le ha cerrado espacios a Rubén, cuya intemperancia obliga a enviar señales inequívocas sobre quién está a cargo del estado.
30 Septiembre 2019 04:04:00
Patente de corso
Los presidentes tenían en los estados contactos ajenos a las estructuras del poder y a los partidos a quienes recurrían para conocer más al detalle la situación de una región concreta o de un problema en particular; incluso para sondear la opinión sobre tal o cual gobernador o aspirante al cargo. Los enlaces eran amigos de generación, excompañeros de trabajo o alguna figura económica o social relevante. En una charla informal con Miguel de la Madrid, el expresidente dijo que el método le había funcionado.

Años más tarde, en una entrevista con Carmen Aristegui, para el libro «Transición», De la Madrid admitió haberse equivocado con Carlos Salinas como sucesor, por la corrupción de su gobierno y las denuncias por los supuestos vínculos de su hermano Raúl con el narcotráfico. Los presidentes -advirtió- deberían prestar más atención a la moralidad de sus colaboradores para evitar sorpresas desagradables. El PRI conservaría el poder un sexenio más, con Ernesto Zedillo, y lo recuperaría 12 años después, con Peña Nieto, quien resultó tan venal o más que Salinas.

Atenido a su legitimidad, Vicente Fox se desentendió de los gobernadores. En lugar de combatir la corrupción -promesa de campaña y bandera histórica del PAN-, el Presidente de la alternancia prefirió mirar para otro lado y llevar la fiesta en paz con los caciques regionales. Quizá por ser el suyo el primer gobierno dividido de principio a fin. Entonces la corrupción en los estados no era tan grave, como lo sería en los dos sexenios siguientes, ni las deudas ponían en riesgo sus finanzas.

Sin el bono democrático de Fox, Felipe Calderón no pudo acotar a quienes, para entonces, ya habían convertido a las entidades en feudos personales y devenido en presidentes a escala. Los gobernadores controlaban los poderes Legislativo y Judicial y los órganos supuestamente autónomos. En ese periodo, no solo se dispararon las deudas; en muchos casos, como el de Coahuila, las autoridades locales también pactaron con la delincuencia organizada, contribuyeron a incendiar el país e instalaron en Los Pinos a uno de los suyos.

Si en el pasado los presidentes surgidos del PRI recurrían a fuentes alternas para obtener información sobre la conducta de los gobernadores con el objeto de apretarles las clavijas e incluso para defenestrar a quienes, por descuidar sus obligaciones -en materia de seguridad, por ejemplo-, le generaban conflictos a la federación, Peña Nieto les dio patente de corso, les entregó recursos sin supervisión, les dejó decidir sus propias sucesiones y puso a su servicio las delegaciones federales. Ese fue el premio por haber financiado su campaña… con deuda pública.

Peña Nieto no movió un dedo contra los gobernadores acusados de corrupción; al contrario, la Procuraduría General de la República los protegió. Las detenciones de Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo), Jorge Torres (Coahuila) y la fuga de César Duarte (Chihuahua) las forzó la presión ciudadana, la alternancia y las investigaciones en Estados Unidos. Con Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, los mandatarios estatales perdieron influencia, pero aún no se aprecia voluntad suficiente para desmontar las estructuras de poder y complicidad que los volvieron absolutos, como hoy son también los de Morena.
28 Septiembre 2019 04:06:00
Luto en Parras
Siete jóvenes de entre 14 y 20 años y un guía inexperto se internaron en un cañón de Parras el 2 de julio. Una corriente impetuosa, provocada por la lluvia en la parte alta de la sierra, los tomó de sorpresa. Todos murieron. Casi tres meses después, ninguna autoridad –estatal o municipal– ha hecho algo para evitar nuevas tragedias. No existe vigilancia ni señalamientos. La población está expuesta a contingencias climáticas. El caso lo cuenta el periodista Javier Mariscal en el bisemanario Espacio 4 (http://www.espacio4.com).

“En el turismo de aventura, concepto riesgoso por antonomasia, la mayoría de los accidentes se pueden prevenir. Atribuirlos a la causalidad, a la mala suerte, o ‘rogar a Dios’ para que no vuelvan a suceder no ayuda mucho. Y aunque es lamentable ejemplificar con tragedias, debe hacerse para que no se repitan casos como el de Parras de la Fuente, donde (…) ocho personas perdieron la vida: siete menores de 20 años –incluidas dos jovencitas– y un adulto de más de 60.

“La tarde del 2 de julio, jóvenes parrenses disfrutaban de un recorrido en cuatrimoto en el ejido El Capulín –a unos siete kilómetros de la zona urbana– y planeaban acampar en una finca, donde pasarían la noche. El atractivo canal montañoso conocido como cañón de La Lima –generalmente seco– que está en las cercanías del pueblo llamó su atención. Sin planeación, pero acompañados por un adulto del lugar, decidieron aventurarse a recorrerlo. Usarían la cuatrimoto y una camioneta para acercarse.

“Les interesaba recorrer la sinuosa formación de rocas que cuenta con puntos de paredes de una altura de entre 40 y 50 metros, las cuales forman un pasillo tan estrecho que ambos muros pueden alcanzarse con solo extender los brazos. Una llovizna intermitente que cayó en su entorno aquella tarde fue tan ligera que la pasaron por alto. Al parecer, nadie intuyó que en la parte alta de las montañas la precipitación podría haber sido más intensa. Ignoraron el riesgo. Llegaron a un lugar donde podían dejar los vehículos y se apearon para adentrarse en el cañón.

“Habría sido en algún punto del recorrido –según intuyen los rescatistas– donde un fuerte y repentino caudal de agua los sorprendió y los arrastró hacia partes más bajas. La irregularidad pedregosa contra la que fueron chocando les desprendió los zapatos y la ropa a algunos. Murieron por los golpes contundentes o ahogados.

“Algunos cuerpos –dos de ellos desnudos– fueron encontrados en diferentes partes a lo largo de un tramo del arroyo que se ensancha conforme la corriente se aleja del cañón, otros quedaron atorados en el área estrecha o hundidos en las partes más profundas que por su oquedad son conocidas como Las Tinajas, a donde los rescatistas debieron adentrarse para
recuperarlos.

“El guía era originario de El Capulín, los demás varones de Parras. Las dos jovencitas eran hermanas, originarias de Zamora, Michoacán pero tenían tiempo radicando en Parras, donde estudiaban la preparatoria y vivían con su padre –separado de la madre– un médico de la localidad. El apellido de ellas: López Sahagún; eran sobrinas de la exprimera dama de México Martha Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox”.
27 Septiembre 2019 04:06:00
Cortinas de humo
Andrés Manuel López Obrador (AMLO) es experto en tender cortinas de humo. En 2003, cuando era jefe de Gobierno de Ciudad de México, pidió a los periodistas «darlo por muerto» para la sucesión presidencial. Tres años después se postuló por el PRD y estuvo a una nariz de ganarle a Felipe Calderón. Ya como Presidente, ofreció poner «punto final a esta horrible historia (de corrupción)… mejor empecemos de nuevo; en otras palabras, que no haya persecución a los funcionarios del pasado…». Empero, ya tiene entre rejas a Rosario Robles, una de las colaboradoras más íntimas de Peña Nieto.

También está preso el litigante Juan Collado, expresidente de Caja Libertad y supuesto blanqueador de dinero de figuras del PRI y del PAN. Alonso Ancira, propietario de AHMSA, enfrenta en España un juicio de extradición por la venta de Agro Nitrogenados a Pemex a precio inflado y lavado de dinero. Emilio Lozoya Austin, quien autorizó la operación, como director de la petrolera, se encuentra prófugo. También participó en la trama de la multinacional brasileña Odebrecht, acusada de sobornar a varios presidentes de América Latina, entre ellos el peruano Alan García, quien optó por el suicidio.

Sin embargo, la mayoría de los intocables -expresidentes, exsecretarios de Estado, gobernadores, líderes sindicales, empresarios y banqueros- aún conserva esa condición. AMLO conoce los casos más emblemáticos, pero prefiere administrarlos; no corre prisa. Además, ahora hay un fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, cuya función no es «ser florero»; y un jefe de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, a quien tampoco le tiembla el pulso para aplicar la ley.

¿Quién será el primer exgobernador en ser procesado por delitos de corrupción? ¿Humberto o Rubén Moreira? El Presidente no ha dado pistas, ni las dará, como tampoco lo hizo en los casos de Robles, Ancira, Collado y Loyoza. El tiempo parece favorecer a Humberto aun cuando la deuda permanece impune y sin aclarar su aplicación. Las empresas fantasma y otros desmanes de Rubén están más frescos.

Hasta hoy ningún sátrapa ha sido defenestrado por AMLO como era costumbre en la «presidencia imperial». Carlos Salinas despachó a 15 o 16, algunas veces por un quítame allá esas pajas. El Presidente de la Cuarta Transformación es de otro estilo, pero no frenará a Gertz, a Nieto ni al Congreso para proceder, cuando a su agenda convenga y las circunstancias lo exijan, contra los protegidos de Peña Nieto en los estados. Uno de los candidatos es el predecesor de Miguel Ángel Riquelme.

Las denuncias penales de la Auditoría Superior del Estado por la deuda y las empresas fantasma en los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira, la investigación «Megadeuda en Coahuila: justicia simulada», de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y la presión social abren resquicios para castigar los delitos cometidos durante el moreirato.

El clamor no es de venganza, sino de justicia. Una de las exigencias al presidente López Obrador consiste en sentar en el banquillo a quienes abusaron del poder en la tierra de Francisco I. Madero, uno de los guías de su movimiento transformador. ¿Es mucho pedir?

Buscapiés
Si el procurador de los Moreira sigue el itinerario del exgobernador Jorge Torres López, su próxima escala será en una celda.
25 Septiembre 2019 04:05:00
AMLO y los Moreira
El moreirato acaba de recibir dos noticias, una mala y una peor. La mala es la inminente extradición de su marioneta Jorge Torres López a Estados Unidos, donde se le acusa de lavado de dinero y fraude bancario, convencido de que cualquier nuevo recurso para evitarla sería inútil. ¿Para qué prolongar entonces la agonía? La peor es la investigación Megadeuda en Coahuila: Justicia Simulada, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), tan acuciosa y detallada como La Estafa Maestra. Graduados para Desaparecer Dinero Público, por la cual se encuentra presa la exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Rosario Robles.

El 1 de febrero de 2017, en el marco del foro, La Sociedad Civil frente a la Corrupción, organizado por la División de Estudios Sociales, la Asociación de Egresados y el Consejo de Presidentes de Sociedades de Alumnos de la Universidad Iberoamericana, el presidente de MCCI, Claudio X. González Guajardo dijo que, de existir en México un “salón de la infamia”, sus ocupantes serían el Presidente de la República (en ese momento lo era Peña Nieto), y los gobernadores Javier Duarte (Veracruz), César Duarte (Chihuahua), Manuel Velasco (Chiapas, promotor de “tremenda” corrupción), Guillermo Padrés (Sonora, a quien llamó “terrible”) y Gabino Cué (Oaxaca).

La lista de políticos remata con los hermanos Humberto y Rubén Moreira (Coahuila) y Jesús Murillo (procurador del Peña Nieto, cuya “verdad histórica” sobre el caso Ayotzinapa resultó tan genuina como hoy es la lucha del presidente López Obrador contra la corrupción, según lo demuestra su defensa del clan). La iniciativa privada no podía faltar en la sala de la ignominia y por eso González incluyó a Juan Armando Hinojosa (Grupo Higa, el contratista preferido del peñismo, vendedor de la casa blanca a la exesposa del Presidente), José Andrés de Oteyza y Pablo Wallentin (OHL, transnacional española a la cual Peña, como gobernador de Estado de México, concesionó el Circuito Exterior Mexiquense en un proceso plagado de irregularidades).

Si la pandilla supone que tener a AMLO de su lado y desacreditar a MCCI, como lo hizo ayer el Presidente, la exime de juicios aún no celebrados, se equivoca, por varias razones. 1) AMLO suele engañar con la verdad y contradecirse a sí mismo; 2) las investigaciones de MCCI han anticipado la caída de intocables (Rosario Robles y Carlos Lomelí, exsuperdelegado en Jalisco, por la red de empresas farmacéuticas proveedoras del Gobierno), 3) lejos de ser satélite del poder o una asociación fantasma, como las empresas utilizadas por Rubén Moreira para esfumar y cambiar de bolsa 475 millones de pesos, MCCI tiene prestigio internacional. El año pasado obtuvo, junto con la publicación digital Animal Político, el Premio Ortega y Gasset de Periodismo en la categoría Mejor Historia o Investigación Periodística, por La Estafa Maestra; y 4) con Torres López en su poder, Estados Unidos estrechará aún más el cerco sobre el clan.

AMLO comete un error grave al enfrentarse también a MCCI. La ONG es su principal aliada contra la corrupción y la impunidad, pero en vez de reconocerla así, recurre a la burla y al denuesto. Defender a los Moreira para atacar a Calderón es igualmente infame. La cloaca de la deuda la destapó Ernesto Cordero en 2011, cuando era secretario de Hacienda. Fue Peña Nieto quien rescató a Humberto de la prisión de Soto del Real y concedió a Rubén patente curso. Homero Ramos Gloria, el procurador del moreirato, dio carpetazo a las denuncias por la megadueda. ¿Qué espera para renunciar como magistrado?
24 Septiembre 2019 04:07:00
Gobiernos maniatados
El recorte de participaciones y fondos federales en el presupuesto de egresos de 2020 someterá a los estados a mayores presiones económicas, políticas y sociales; máxime a los que registran pasivos elevados. Coahuila tiene una deuda de 12 mil 38 pesos por persona, 2.7 veces por encima del promedio nacional y la más alta del país, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Chi-huahua, Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca y Coahuila cerraron el primer trimestre del año como las entidades más endeudadas en relación con su PIB.

A diferencia de la deuda de los demás estados, acumulada en décadas, Coahuila disparó la suya en los dos últimos años del Gobierno de Humberto Moreira a 36 mil 509 millones de pesos después de haber recibido pasivos por 323 millones de la administración previa. El incremento resulta escandaloso por sí solo, pues jamás se informó de su cuantía ni sobre el destino de los recursos, pero la contratación de créditos con decretos falsos y otras arterías le dio al caso un cariz delincuencial.

Las investigaciones por el desvío de fondos del erario de Coahuila, realizadas por el Gobierno de Estados Unidos, provocaron la detención del exgobernador Jorge Torres López, del exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal Hernández, y del empresario mediático Rolando González Treviño, así como el decomiso de varias decenas de millones de dólares. Sin embargo, las cabezas de la trama urdida para enriquecer a un grupo y condenar al estado a una interminable penuria presupuestaria, permanecen impunes.

La disminución de participaciones a los estados y municipios es una forma de obligar a los gobiernos locales a racionalizar el gasto y adoptar las políticas de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los recortes de personal en las secretarías de Estado y en la mayoría de las dependencias han sido arbitrarios en algunos casos, pero las estructuras estaban sobrecargadas y los salarios de la alta burocracia eran excesivos para las condiciones del país y el ingreso de la mayoría de los mexicanos.

Las circunstancias imponen a los gobernadores y alcaldes la tarea de ajustar sus presupuestos, suprimir personal innecesario, prescindir de gastos superfluos y cancelar privilegios a funcionarios y exfuncionarios, cuya protección le cuesta al estado cantidades ingentes. Subir impuestos o crear nuevos derechos o tributos es impopular, sobre todo en años electorales; como el siguiente, cuando se renovará el Congreso local. La resistencia de los contribuyentes a pagar más aumenta por la percepción de que el Gobierno utiliza el presupuesto para otros fines –personales o electorales–. Los recortes en las participaciones buscan también evitar la compra de votos, tipificada ya como delito grave.

Los gobernadores están bajo observación presidencial, y una forma de controlarlos es a través del presupuesto federal, de donde procede la mayor parte de los recursos estatales para gasto e inversión. Coahuila necesita dar ejemplo de congruencia y en ese sentido la Fiscalía General del Estado debe investigar las denuncias de la Auditoría Superior del Estado por la deuda irregular y las empresas fantasma en los gobiernos de Humberto y Rubén Moreira. La comisión legislativa para aclarar el destino de los créditos fue una farsa tolerada por el PAN. Es hora de recuperar propiedades y cuentas adquiridas con dinero de los coahuilenses.



23 Septiembre 2019 04:06:00
Los símbolos y el poder
El uso de los colores de la Bandera nacional en el logotipo del PRI, desde su fundación en 1929, menoscabó en el subconsciente el símbolo patrio más visible; los otros son el Himno y el Escudo. Mientras ese partido y las autoridades emanadas de él se apegaron a los postulados de la Revolución, las cosas marcharon más o menos bien, pero a medida que la clase política pervirtió los principios y corrompió el servicio público, el apoyo popular se convirtió en repudio. Esa realidad, irrefutable, se expresó en las urnas el año pasado, con el entierro del “partido tricolor” y el surgimiento de una nueva fuerza política. Morena es el sucedáneo del PRI.

Los últimos mandatarios contribuyeron también al deterioro del símbolo. Sobre todo Peña Nieto, en cuyo Gobierno la corrupción y la impunidad adquirieron categoría de políticas de Estado. Ver los colores del pabellón y el escudo en la banda cruzada sobre el pecho de uno de los presidentes más frívolos, cínicos y venales, representaba un insulto para el país. Cada 15 de septiembre, Peña, su esposa y sus hijos, cual familia imperial, salían al balcón central del Palacio Nacional para saludar al pueblo, reunido en el Zócalo; no por ellos, sino por el significado de la fecha.

Policías armados controlaban el acceso a la Plaza de la Constitución; las revisiones eran arbitrarias e indignantes. El Gobierno del Estado de México enviaba acarreados para ocupar las zonas más próximas al Palacio Nacional y aclamar a su líder. Inútil, pues las rechiflas y consignas contra Peña siempre superaron a las porras. Las protestas eran por los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos (“¡Fue el Estado!”), la corrupción (por la Casa Blanca y otros escándalos) y el mal Gobierno (“¡Peña, renuncia!”). Como la Presidencia estaba a cargo de la transmisión, apagaba el audio.

El entusiasmo por las fiestas patrias decayó mucho antes de Peña. En el pasado, las ciudades y los pueblos se adornaban con banderas y pasacalles; en las casas y comercios ondeaban telas tricolores; los autos, camiones y bicicletas lucían rehiletes y banderines verde, blanco y rojo. La política se apropió del símbolo y alteró su contenido. El Presidente, con la banda, personalizaba a la patria, pero la nación no se identificaba con él ni con otro representante popular.

Hoy los modelos son el cantante, el artista y el deportista de moda o, en el peor de los casos, el capo de la nueva narcoserie. Hoy se ondean las banderas de equipos y se celebran triunfos tan efímeros como irrelevantes. Sin embargo, México está por encima de la política y de cualquier partido e interés. Se necesitan ciudadanos, instituciones y líderes que lo respeten y sirvan de inspiración a las futuras generaciones. El país no es culpable de sus crisis recurrentes; somos nosotros, por descuidarlo, y por nuestra falta de compromiso con la patria.

La decisión de Andrés Manuel López Obrador de limitar el uso de la banda presidencial, para descontaminar el símbolo, es positiva, pero sería más importante respetar el pluralismo político y buscar la reconciliación nacional. Si persiste en sembrar vientos, no dejará de cosechar tempestades. La legitimidad obtenida en las urnas puede perderla en el ejercicio del poder. Si AMLO desea transformar el país, debe empezar por contenerse a sí mismo y no tirar por la borda la oportunidad de pasar a la historia como estadista, no como charlatán.


21 Septiembre 2019 04:07:00
El efecto Greta
Los grandes cambios se logran con voluntad y coraje. También son consecuencia de actos pequeños e imperceptibles al principio, pero que una vez en movimiento derriban cualquier muralla. Los líderes auténticos no buscan reflectores. Es el caso de la adolescente que ha puesto contra las cuerdas al Presidente de Estados Unidos, de cuyas hazañas escribe Gerardo Moyano en la nueva edición del bisemanario Espacio 4.

“Un año después de aquel primer viernes en que faltó a la escuela para protestar ante el parlamento sueco por la falta de acciones para revertir el calentamiento climático, Greta Thunberg estaba en un velero en medio del océano Atlántico, rumbo a Estados Unidos.

“El 28 de agosto, la joven de 16 años arribó a Nueva York en el Malizia II, una embarcación que no genera emisiones de carbono, junto a los dos tripulantes, su padre Svante Thunberg y el director de cine Nathan Grossman. Diecisiete veleros de Naciones Unidas (NU), uno por cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la escoltaron a su paso por la Estatua de la Libertad.

“Cuestionada sobre qué le diría al Presidente estadunidense Donald Trump, Greta expresó: ‘Le pido que escuche a la ciencia, porque obviamente no lo hace. Si nadie ha podido convencerle todavía, no voy a poder hacerlo yo ahora. Así que me centraré en convencer a la gente’.

“La activista, cuyo ejemplo inspiró a más de un millón de jóvenes que se sumaron a las protestas que se realizaron en más de 100 países, los pasados 15 de marzo y 24 de mayo, acudió a una manifestación frente a la Casa Blanca, la residencia del Mandatario, quien ha llegado a decir que el calentamiento global “es una farsa”.

“Greta se mantuvo en silencio durante casi toda la protesta, pues dijo que no quería robarle protagonismo a los jóvenes que la habían organizado. Al final del evento y a pedido del público, invitó a todos a participar de las diferentes marchas programadas hasta el 20 de septiembre, un día antes de que iniciara la Cumbre sobre la Acción Climática 2019 de la ONU.

“Tal fue el impacto de su visita, que el Gobierno de la ciudad de Nueva York decidió no computarles las faltas a los alumnos que asistieran a las protestas de los viernes. ‘Aplaudimos cuando nuestros alumnos toman la palabra de manera respetuosa y pacífica sobre temas que los movilizan’, señaló el municipio, el cual se comprometió a promover debates sobre el cambio climático en las escuelas.

“En contraste con el silencio de la Administración de Trump, la cual en los últimos años ha derogado o relajado las normas sobre las emisiones de carbono generadas por automóviles, las centrales de carbón y las plantas petroleras, Amnistía Internacional (AI) galardonó a la joven con el premio Embajadora de Conciencia 2019.

“‘Este premio es para esas millones de personas, gente joven alrededor del mundo que junta ha hecho un movimiento que se llama ‘Viernes para el Futuro’. (…) Estamos peleando por nuestras vidas, pero no solo eso, también estamos peleando por nuestros futuros hijos y nietos, por las futuras generaciones, por cada criatura viviente del planeta’”, dijo Thunberg.

“El premio Embajador/a de Conciencia fue creado en 2002 para reconocer a las personas y grupos que han defendido los derechos humanos y con ello han logrado motivar a personas. Entre los galardonados destacan Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Harry Belafonte, Ai Weiwei, los grupos de jóvenes de África Occidental y Central, Angélique Kidjo, el Movimiento por los Derechos Indígenas de Canadá, Alicia Keys y Colin Kaepernick”.
20 Septiembre 2019 04:06:00
Gobierno y futurismo
Una de las sucesiones más suaves en Coahuila fue la de Óscar Flores Tapia y José de las Fuentes, no obstante la crisis por la renuncia del primero cuatro meses antes de concluir su gestión. Don Óscar reincorporó a De las Fuentes a la arena política del estado y le allanó el camino al Palacio Rosa. A principios de 1982, en una gira por Piedras Negras, el presidente López Portillo le pidió al flamante Gobernador detalles sobre el «desastre financiero» que había heredado. «Mi respuesta fue que todo estaba bien», me contó en una charla posterior en su despacho.

Flores Tapia y De las Fuentes se respetaron y fueron amigos hasta el final. No se puede decir lo mismo de otros mandatarios aun cuando lleven el mismo apellido. La sucesión de 1975 había sido ruda y conflictiva. Flores Tapia no era el candidato del grupo en el poder ni de sus adláteres, pero sí del presidente Echeverría. Además recibió una deuda de 500 millones de pesos por impuestos no enterados a la Secretaría de Hacienda, de los cuales la Tesorería del Estado dispuso sin conocimiento del gobernador Eulalio Gutiérrez Treviño.

Don Óscar fue tema de conversación en la charla reciente del grupo de amigos que semanalmente nos reunimos en el Toks para celebrar la vida. La transformación de Saltillo se debe a él; y su consolidación, a quienes le sucedieron en el cargo antes de la deuda. Ser sede de los poderes le brinda ventajas sobre otras ciudades. Torreón vivió sus peores años durante el moreirato; la consigna -celosamente cumplida- era acabar con ella, y el objetivo casi se logra. Hoy, bajo la administración de Jorge Zermeño, los laureles empiezan a reverdecer en la metrópoli lagunera.

Si Flores Tapia detonó el potencial de la capital con infraestructura urbana (todavía hoy se le reconoce como «el mejor alcalde de Saltillo»), Eliseo Mendoza Berrueto (EMB) se anticipó a los retos del Tratado de Libre Comercio y colocó a la Región Sureste al nivel de las más competitivas del país con las primeras autopistas de cuota. La Carbonera-Puerto México-Los Chorros, por cierto, ha sido una de las más rentables. (Aclaración: fui colaborador de Mendoza).

EMB combinó técnica y política, pues, a diferencia de sus predecesores, ocupó cargos en la administración federal (tres veces subsecretario) y de elección popular (senador y diputado). El orden y la disciplina caracterizaron su sexenio. Llegó con grandes planes, pero el presidente De la Madrid le enfrió el ánimo al anunciar que el último año de su gobierno (primero de su amigo en Coahuila) no sería de primeras piedras ni de cortes de listón por la crisis económica. (AMLO no es, pues, el único que ha apretado el cinturón al Gobierno federal y a los estados).

El gobernador recurrió entonces a la imaginación y se crearon programas de alto impacto social como Trabajemos Juntos (precursor de Solidaridad) y Vivamos Mejor, los cuales mezclaban recursos de los tres niveles de Gobierno y mano de obra de los beneficiarios. Las audiencias públicas le permitían conocer problemáticas de todos los sectores y en el programa Coahuila de Frente se comunicaba con el estado y tomaba llamadas del público. Las autoridades nada ganan con lamentaciones. Si el tiempo gastado hoy en futurismo político mejor se dedicara a gobernar y a encontrar soluciones al temporal presupuestario provocado por la 4T, habría menos agobios.

18 Septiembre 2019 04:04:00
El estadista y el patán
Ronald Reagan fue el último presidente de Estados Unidos en sufrir un atentado. El 30 de marzo de 1981, John Kinckley Jr. le disparó en seis ocasiones: uno de los proyectiles rebotó en el Cadillac One, penetró por la axila izquierda del Mandatario, golpeó una costilla, perforó el pulmón y se detuvo a 2.5 centímetros del corazón.

En el ataque también resultaron heridos el vocero James Brady y los agentes del Servicio Secreto Thomas Delahanty y Timothy McCarthy. Afectado por el síndrome de Clerambault, Kinckley quería llamar la atención de la actriz Jodie Foster. Reagan cuenta el episodio en su autobiografía Una Vida Americana, en cuya presentación ante la prensa dijo, con su típico sentido del humor: “He oído que es un libro estupendo. Uno de estos días lo voy a leer” (El País, 14.12.12).

La infancia de este nieto de irlandés, quien se convertiría en el cuadragésimo Presidente de EU y uno de los líderes mundiales más influyentes del siglo pasado, no fue fácil. Nacido en Tampico, Illinois, narra cómo se las ingeniaba su madre para hacer rendir las compras en la carnicería.

Donald Trump es, para algunos de sus colaboradores, “el Reagan moderno”. Nada más alejado de la realidad. El mitómano está en las antípodas de quien, junto con el papa Juan Pablo II y la primera ministra del Reino Unido, Margaret Tatcher, libraron al mundo de la tiranía comunista. El equivalente de Trump es el nuevo premier británico Boris Johnson. Tan cismático el color naranja como el rubio. Reagan pondría hoy en su lugar a este par de chivos en cristalería: “No hay respuestas sencillas, pero sí hay respuestas simples. Debemos tener el coraje de hacer lo que sabemos que moralmente
es correcto”.

En las redes circula un mensaje de Reagan –uno de los Presidentes más queridos de EU– donde apela a la conciencia de su país, apropiado para estos tiempos marcados por el racismo:

“Como este será el último discurso que daré como Presidente, creo que es adecuado que deje una última reflexión, una observación sobre un país que amo. Se expresó mejor en una carta que recibí no hace mucho. Un hombre me escribió: ‘Puedes ir a vivir a Francia, pero no puedes convertirte en francés. Puedes ir a vivir a Turquía, Alemania o Japón, pero no puedes convertirte en alemán, turco o japonés. Pero cualquiera procedente de cualquier rincón del mundo, puede venir a vivir a Estados Unidos de América y convertirse en un estadunidense’.

“Otros países pueden intentar competir con nosotros, menos en un área vital: como faro de libertad y oportunidades que atrae a la gente del mundo, ningún otro país se nos acerca. Creo que esta es una de las fuentes más importantes de la grandeza de EU. Lideramos el mundo porque, única entre las naciones, conseguimos para nuestro pueblo la fuerza de todos los países y todos los rincones del mundo. Al hacer eso renovamos y enriquecemos nuestra nación
de manera continua.

“Mientras otros países se aferran a un pasado trasnochado, aquí en EU damos vida a los sueños, creamos el futuro y el mundo nos sigue hacia el mañana. Gracias a cada ola de recién llegados a esta tierra de oportunidades somos una nación que se mantiene joven, siempre llena de energía y nuevas ideas y siempre innovadora, siempre llevando al mundo a la próxima frontera. Esta cualidad es vital para nuestro futuro como nación. Si algún día cerraran las puertas a nuevos estadunidenses, nuestro liderazgo en el mundo pronto estaría perdido”.
17 Septiembre 2019 04:05:00
Aprobación condicionada
El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a su primer informe con un cómodo 69% de aprobación, de acuerdo con la encuesta de El Universal (28.08.29). La noticia debió recomerle el hígado a quienes literalmente no pueden verlo ni en pintura, pero siguen sus mañaneras para dar rienda suelta después a su fobia en las redes sociales. Le hacen un favor. En 12 mediciones -iniciadas en agosto de 2018-, «solo en noviembre -cuando aún no asumía el poder- tuvo un bache de aprobación; los demás meses ha estado por encima del 64%», advierte la nota del diario capitalino.

Jair Bolsonaro, el exmilitar de ultraderecha que en octubre pasado ganó la Presidencia de Brasil en segunda vuelta, sin ser el favorito, está en las antípodas. El 53.7% desaprueba su gestión y el 9.5% se declara satisfecho, según la encuestadora CNT/MDA (Hispantv, 27.08.19). El manejo de la crisis por el incendio en el Amazonas y los desplantes con el presidente francés Emmanuel Macron, hundieron más a Bolsonaro.

AMLO es el Mandatario mejor calificado en su primer año de gestión. Le siguen Carlos Salinas y Felipe Calderón (66%), Vicente Fox (62%), Enrique Peña (53%) y Ernesto Zedillo (37%) (Publimetro, 29.08.19). Los mexicanos saben qué país recibió el Presidente. Para 53.9% de los consultados por El Universal, todavía es prematuro evaluar al nuevo Gobierno; 44%, en cambio, respondió que nueve meses ya son suficientes para hacerlo.

Algunos sectores critican a la administración de AMLO por «regalar dinero», pero es en el apoyo a los adultos mayores, a los jóvenes y a quienes sufren alguna discapacidad donde obtiene mayor reconocimiento, a pesar de que la mayoría no recibe ese beneficio. Los logros principales del incipiente sexenio, según la muestra, son los programas sociales (25%) y el combate al robo de combustibles (16.8%). El 11.8% no aprecia ninguno y solo 8.2% observa avances en la lucha contra la corrupción; un mentís al discurso oficial y una exigencia para profundizarla.

Los errores señalados al Gobierno amlista son por las deficiencias en el combate a la delincuencia (13.6%), la violencia (5%), el narcotráfico (4.8%), la corrupción (3%) y por el manejo de la economía (3.2%). Para 11.6%, López Obrador no ha cometido ninguna equivocación; la diferencia con respecto a quienes opinan que no existen motivos para festejar en el primer informe es de dos décimas.

El gabinete de AMLO ha sido cuestionado por su perfil, opuesto al de los tecnócratas neoliberales de los últimos sexenios, sin embargo, de quien más ayuda recibe «para solucionar los principales problemas del país» es de sus secretarios, respondió 50% de los entrevistados. Para 43.6%, el apoyo procede de los ciudadanos y no del Congreso, dominado por Morena, (17.5%). A los gobernadores, la mayoría de los cuales son del PRI y del PAN, se les ve distantes, pues su participación en el esfuerzo es mínima, opina 53.7 por ciento. La aportación de las organizaciones civiles, a las cuales el Presidente ha criticado y suprimido presupuesto, es solo de 15%, pero quienes de plano en nada apoyan son los partidos de oposición, dijo 51.5 por ciento.

Comunicador por antonomasia, López Obrador ha sabido transmitir confianza y optimismo, y así lo reflejan las pesquisas de las encuestadoras y de los medios de comunicación. La aprobación del Presidente se basa en tres pilares: su honestidad, reconocida por tirios y troyanos; su cercanía con la gente, y la legitimidad obtenida en las urnas con 30 millones de votos.
16 Septiembre 2019 04:04:00
Maquío, el ejemplo
Los organismos empresariales no se han distinguido precisamente por ser críticos del poder. La atonía del sector es resultado de su sometimiento. Durante los sexenios de Luis Echeverría y José López Portillo, cuando desde el Gobierno se promovieron invasiones de propiedades agrícolas y urbanas y se nacionalizó la banca, surgieron líderes como Manuel J. Clouthier, Maquío, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en los años turbulentos de 1978 a 1980. El PAN lo postuló en 1988 para la Presidencia; un año después murió en un extraño accidente de carretera.

El escritor y periodista Juan María Alponte (1924-2015) recuerda que en una gira proselitista a bordo del autobús Chamaquío, Clouthier habló de su metamorfosis de agricultor a político: «Si algo bueno hizo el expresidente López Portillo fue haber despertado la conciencia del empresariado en la actividad política… Gracias a López Portillo, a medidas populistas como la privatización de la banca, yo estoy aquí, junto con toda esta corriente de mexicanos que antes nos preocupábamos solo por crear riqueza, y ahora interesados en la política, en el Gobierno» (El Universal, 19.02.94, «JLP y Clouthier, germen del cambio«).

Clouthier ya había sido candidato a gobernador de Sinaloa en 1996, pero perdió contra el priista Francisco Labastida en un proceso cuestionado por amplios sectores del estado; él mismo lo calificó de fruadulento en su libro La Cruzada por la Salvación de México (Wikipedia). Dos años más tarde, compitió por la Presidencia contra Carlos Salinas de Gortari (PRI) y Cuauhtémoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional. Cuando Cárdenas aventajaba en el conteo de votos, «el sistema se cayó» para hacer ganar al PRI.

Salinas obtuvo oficialmente 9.6 millones de votos (50.3% del total); Cárdenas, 5.9 millones (31.1%) y Clouthier, 3.2 millones (17.7%). Al día siguiente de las elecciones, Maquío denunció que la caída del sistema se debió a que «los representantes de los partidos de oposición en dicho sistema descubrieron un banco de datos ya con los resultados, apenas dos horas después de concluida oficialmente la jornada electoral». El fraude se había consumado.

Clouthier hizo un llamado a la resistencia civil pacífica para exigir nuevos comicios. En la «Caravana del Silencio», los manifestantes se cubrían la boca con mascarillas donde se leía «Que hable México». También ayunó del 15 al 22 de diciembre en el Ángel de la Independencia. Ningún esfuerzo valió para repetir la elección, pero no claudicó. Clouthier formó un gabinete alternativo para vigilar al gobierno de Salinas, entre quienes figuraban dos futuros presidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón.

Diego Fernández también formaba parte del gabinete en la sombra, pero devino en aliado de Salinas y en esa condición aprobó la quema de boletas electorales para terminar de borrarse las huellas del fraude de 1988. Manuel Bartlett, secretario de Gobernación y jefe del órgano comicial en el sexenio de Miguel de la Madrid, reconocería casi 30 años más tarde el amaño para imponer a Salinas.

Maquío, padre de Tatiana Clouthier -coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador- falleció el 1 de octubre de 1989 prensado por un tráiler, según las autoridades federales.
Ningún empresario ha hecho lo que Clouthier por la democracia y las libertades políticas. La crítica del sector no pasa de las tertulias y de los medios de comunicación. La arena política les causa urticaria.
14 Septiembre 2019 04:06:00
Mujeres bomba
Si la estadística oficial sobre feminicidios pone los pelos de punta, la cifra negra provocaría espanto. Es justo lo que sienten las mujeres en nuestro país por la violencia sistemática y la incuria de las autoridades de los tres niveles de Gobierno. Renata Chapa profundiza en el tema del bisemanario Espacio 4 (622).

“Según la perspectiva de analistas políticos y especialistas en temas de género, a partir del 16 de agosto de 2019 quedó bien prendida la mecha sobre la pólvora femenina de millones de mexicanas, dispuestas a ir más allá del altavoz y el asfalto. La probabilidad está cantada: más mujeres bomba están a poco de estallar en la capital y en otras entidades nacionales e internacionales.

“No obstante, desde la perspectiva de la autoridad capitalina, la manifestación y los daños a los inmuebles de la #CDMX fueron una provocación orquestada. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, así lo declaró: ‘Querían que el Gobierno utilizara métodos violentos al igual que ellos lo hicieron y, nosotros, por ningún motivo vamos a caer en provocaciones. Claro que habrá carpetas de investigación por lo que ocurrió, particularmente en la Procuraduría General de Justicia, y será la propia institución quien haga las investigaciones y resuelva. Condenamos los hechos’ (eluniversal.com).

“El enrarecido ambiente político que hoy en día predomina en la República Mexicana abona a la confusión, aumenta el escepticismo, multiplica las inferencias exprés. Victimizaciones, golpeteos partidistas, satanizaciones. El enredo informativo es tal que, en medio de las nebulosas mediáticas, se llega a perder el foco de la más sentida y urgente certeza: los cuerpos ‘con y sin vida’ de las mujeres violentadas: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, ancianas. (…)

“En 2019, el libro Las Muertas del Estado. Feminicidios Durante la Administración Mexiquense de Enrique Peña Nieto (Ed. Grijalbo, México, 2013), de los periodistas Humberto Padgett y Eduardo Loza, adquiere una elevada dimensión. Encamina al lector a lo sucedido tres décadas atrás en torno al tema de los feminicidios que, como sostienen sus autores, en 1990, iban en marcado aumento.

“Atendamos los siguientes datos condensados por Irving Pineda al entrevistar a los autores de Las Muertas del Estado: ‘De 1990 a 2011 se levantaron en todo el país 32 mil 172 actas de defunción de mujeres que fallecieron por agresiones; de estas actas, 7 mil 749 se elaboraron en el Estado de México. En 2011, año en que se renovó la gubernatura en el Estado de México, los feminicidios alcanzaron su nivel más alto, 4.5 muertes ocurrían por cada 100 mil mujeres que residen en esa entidad; así lo revelan cifras que emanan de las bases de datos de mortalidad de la Secretaría de Salud federal (…)’.

“‘Lo que nosotros encontramos es que el Estado de México ha mentido reiteradamente incluso con el total conocimiento del hecho, cuando pretendió la alerta de género y quienes sostuvieron la defensa del Gobierno del Estado de México presentaron tasas en las cuales fueron, rebajadas, diluidas a la mitad (…) (Los feminicidios) no se consignan en los expedientes como tales y, de esa manera, empieza a maquillarse el estado de las cosas en el Estado de México. En esa entidad se potenció más la vulnerabilidad de las mujeres por el desconocimiento que las autoridades hacían del fenómeno por el interés electoral de Enrique Peña Nieto (...)’”.
13 Septiembre 2019 04:05:00
El petate del muerto
Andrés Manuel López Obrador capitalizó el abandono de las obligaciones del Estado en materia de seguridad, justicia, salud y bienestar, así como el desprecio social hacia la clase política y los partidos tradicionales para hacerse con el poder y controlar el Congreso. De momento no existe una fuerza organizada capaz de afrontar a uno de los presidentes más fuertes y legitimados. Los grandes capitales y los conglomerados mediáticos se han alineado a la Cuarta Transformación, forzados por las circunstancias.

El populismo asusta al statu quo, pero propició su regreso. La concentración de la riqueza, el desencanto por la democracia representativa, la debilidad de las instituciones y la indignación ciudadana por la corrupción y la impunidad muestran el fracaso del modelo neoliberal. En países no democráticos, los jóvenes pusieron en movimiento los engranajes del cambio. La Primavera Árabe, iniciada en 2010, terminó con tres de las dictaduras más longevas (Túnez, Egipto y Libia).

En América y Europa, la crisis financiera de 2008 exacerbó el enojo ciudadano por los recortes presupuestarios y los sacrificios impuestos. Las protestas en las principales capitales pusieron contra pared a los gobiernos neoliberales. De acuerdo con Oxfam Internacional, el 82% de la riqueza generada en 2017 terminó en las manos del 1% de la población del mundo. Para Winnie Byanyima, directora del organismo, “el boom de millonarios… no es un signo de prosperidad de la economía, sino un síntoma del fracaso del sistema económico” (Radio Francia Internacional, 23.01.18).

Protestas multitudinarias alrededor del mundo se han entrelazado para demandar un cambio político y económico global y mejores condiciones de vida. La mecha la encendió el Movimiento 15-M o de los indignados, el 15 de mayo de 2011 en España, con el lema “Democracia real ¡YA! No somos mercancía en manos de políticos y banqueros”. Sandra León advierte que “Una de las principales críticas a la democracia (del 15-M) fue la falta de autonomía del poder político. La sensación de que la política estaba desprotegida frente a un poder económico que no rendía cuentas en las urnas”. En su primer informe, AMLO presenta como uno de sus mayores logros haber terminado con esa simbiosis.

La protesta de los indignados gestó la movilización mundial del 15 de octubre de 2011 (15-O) en la cual participaron 82 países, incluido México. Ciudadanos y colectivos fueron convocados para “reapropiarse de la política mediante la participación directa en la vida social, política y económica”, y reclamar “una democratización de la economía y de la gobernanza”. También influyó en los movimientos Ocupa Wall Street “contra el poder omnímodo de las empresas y las evasiones fiscales sistemáticas del 1% más rico”, y Yo soy 132, para rechazar “la imposición mediática de Enrique Peña como candidato en las elecciones presidenciales de 2012” (Wikipedia). En octubre pasado, los Chalecos amarillos protestaron en Francia contra el alza en el precio de los combustibles, la injusticia fiscal y la disminución del poder adquisitivo.

En México, el efecto de esos movimientos fue retardado. Peña Nieto ganó la presidencia, impuesto por los corporativos y los grandes medios de comunicación, pero seis años después los indignados pasaron factura al PRI y al sistema, y votaron por el candidato que mejor los entendía: López Obrador. ¿Estará a la altura del reto? Las encuestas dicen sí, por ahora.
11 Septiembre 2019 04:06:00
Estadistas, no caudillos
Con el dedo pulgar derecho en alto, en señal de aprobación, y la mano izquierda cerrada, para denotar firmeza, el presidente López Obrador anuncia en uno de los promocionales de su primer informe: «Los compromisos se cumplen. Separamos el poder político del poder económico». En su discurso de toma de posesión dijo que una de las insignias de su Administración sería justamente esa. «El Gobierno ya no va a ser un simple facilitador para el saqueo (…). Ya no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz».

AMLO ya ha dado varios golpes con el puño izquierdo. Entre el 28 de mayo y el 10 de julio pasados fueron detenidos el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, en Mallorca, España, y el influyente abogado Juan Collado. El primero, por la reventa de una planta obsoleta (Agro Nitrogenados) a Pemex por encima de su valor real; y el segundo, por supuesto lavado de dinero y delincuencia organizada. El exdirector de la petrolera, Emilio Lozoya, se encuentra prófugo, acusado de delitos de corrupción, uno de ellos vinculado con la transnacional Odebrecht, la cual habría financiado parte de la campaña de Peña Nieto.

En su mensaje inaugural, AMLO denunció ante Peña: «El distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción. (…) casi siempre ha existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente en estos tiempos que el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación».

La repulsión del Presidente al neoliberalismo y al sometimiento del poder político al económico no son nuevas. En la sucesión de 1988 se adhirió a la Corriente Democrática -el ala izquierda del PRI- contra la candidatura de Carlos Salinas de Gortari, quien profundizaría el modelo económico implantado en el gobierno de Miguel de la Madrid y abriría las puertas al «capitalismo de compadres» con la privatización de Telmex, AHMSA, TV Azteca y cerca de 400 empresas más, antes propiedad del Estado. AMLO renunció al PRI para apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas, postulado por el Frente Democrático Nacional, coalición de partidos de izquierda, pero fue vencido por Salinas en una elección fraudulenta.

Basado en la legitimidad que no tuvieron sus predecesores -excepto Vicente Fox, quien dilapidó el capital de la alternancia en banalidades y fuegos artificiales-, AMLO pretende recuperar el espíritu republicano y las potestades perdidas o cedidas por el Estado en los 36 años del periodo neoliberal para hacer posible la Cuarta Transformación. Ello explica la prisa por cambiar el régimen, la austeridad a rajatabla, el recelo hacia la sociedad civil y el intento por desaparecer o controlar los organismos autónomos.

Algunas iniciativas son buenas y merecen apoyo, como el combate a la corrupción y la impunidad y la atención a los pobres; otras no, pues ponen en riesgo avances democráticos conseguidos según la fórmula churchilliana de «sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor». El país no necesita presidentes imperiales ni caudillos, sino estadistas que piensen en las futuras generaciones, no en la siguiente elección (Bismarck) o, peor aún, en su propia reelección.
10 Septiembre 2019 04:00:00
Pecado y penitencia
En 18 años, los partidos y la sociedad civil, incluidos los empresarios en lo individual y como sector, fueron incapaces de articular un discurso persuasivo y de generar liderazgos sólidos y creíbles para vacunar al país contra el populismo y plantar cara en las urnas a Andrés Manuel López Obrador. El fracaso de los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón y el retorno del PRI más corrupto a la presidencia con Peña Nieto, le dieron al caudillo de izquierda armas suficientes para socavar un régimen disfuncional controlado por las élites.

La mayoría de los grandes medios de comunicación, en particular los audiovisuales, y de los líderes de opinión también hicieron su parte. Someterse al poder político y económico y seguir sus consignas victimizó a AMLO y lo convirtió en una especie de Atila moderno. Si el Jefe absoluto de los hunos era El Azote de Dios, el Presidente mexicano lo es, desde su perspectiva, del neoliberalismo, de la corrupción y de la impunidad. Consecuencia del sistema, AMLO lo es también de su tenacidad. No engañó a nadie con poses de estadista ni maquillaje mediático. Los debates con Ricardo Anaya y José Antonio Meade los perdió, pero en las urnas ganó
abrumadoramente.

La cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, la imposición de proyectos con perfil de elefantes blancos, como la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya han puesto los pelos de punta a las calificadoras de riesgo, a los inversionistas nacionales y extranjeros y a los analistas. El arbitraje solicitado por la CFE para anular cláusulas del contrato de servicios del gasoducto marino Texas-Tuxpan, atizó la hoguera y dio más parque a los críticos del Presidente y de la cuarta transformación. La firma de un nuevo acuerdo conjuró la crisis.

Jorge Suárez Vélez, economista del ITAM y autor de La próxima Gran Caída de la Economía Mundial –Random House 2011– advierte: “Si bien se comprometió con la disciplina fiscal, la pésima asignación de recursos a obras absurdas –Dos Bocas– y la cancelación de proyectos estratégicos (NAIM) provocarán estancamiento económico, reduciendo la recaudación fiscal, dejándonos apenas con suficiente para financiar programas sociales emblemáticos. Si estos logran beneficiar a más de 20 millones de mexicanos, como se intenta, será difícil que otro Presidente más sensato enmiende el rumbo. El populismo acaba con todo. Desafortunadamente, el deterioro es lento. Me niego a pensar que sea irreversible” (Reforma, 15.08.29, Tres Fases del Populismo).

Sin embargo, nada parece quitarle el sueño al Presidente, como se vio en su primer informe. La inseguridad, en lugar de mejorar, empeora; la economía decrece; la lucha contra la corrupción y la impunidad ha sido más ruido que nueces y así seguirá mientras el expresidente Peña Nieto y sus acólitos no sean encausados. Hasta hoy, la legitimidad ha mantenido a flote a AMLO. Su base electoral es bastante amplia y la mayoría de los mexicanos evalúa bien su Gobierno.

Así lo refleja la escritora y periodista Elena Poniatowska, después de un recorrido con el Presidente por Palacio Nacional: “Yo le ratifico que lo admiro, que me parece que va muy bien, que me conmueve su cercanía tan grande con la gente, que no se ha perdido, es la misma que tuvo desde su campaña y que tiene desde hace muchos años, así como el cariño que le profesan a él. No lo he visto –cambiado– desde que lo conozco es el mismo”, (Reforma, 08.08.19).
09 Septiembre 2019 04:06:00
Evangelio neoliberal
La crítica a Andrés Manuel López Obrador empezó mucho antes de su elección y toma de posesión en 2018. Desde entonces, esta crítica no ha menguado ni debe perder vigor, pues cuando se basa en hechos contrastables puede, cual gota de agua, horadar la piedra de la soberbia autoritaria y de la seducción corruptora del poder, como en el segundo caso sucedió con Peña Nieto. Hasta hoy, sin embargo, ni el cuestionamiento más ecuánime y fundado, ni el escarnio ni la ferocidad de las redes sociales han hecho mella en la popularidad del primer presidente de izquierda después de Lázaro Cárdenas. La capa del blindaje está compuesta por 30 millones de votos.

Contra lo que algunos círculos pretenden hacer creer, como si el informe del 1 de septiembre fuese el último y no el primero, y hasta hace poco México hubiera sido un país ordenado, en paz y boyante, López Obrador no devastó el campo; así lo recibió. Lo que sí hizo fue exhibir heridas abiertas –algunas supurantes–, cicatrices mal cerradas, desenmascarar un sistema venal e indiferente ante las desigualdades económicas y sociales y ofrecer un régimen distinto al de privilegios erigido sobre las espaldas de legiones de compatriotas.

El resto lo hicieron los ciudadanos en las urnas para dejar de ser los únicos en pagar sacrificios por cambios que jamás llegaron a ellos y de los cuales esta vez quieren ser agentes. La reacción de los grupos económicos, políticos y mediáticos afectados por el nuevo Gobierno se expresa de distinta manera, dentro y fuera del país, pues han perdido influencia, ventajas y negocios.

Sin embargo, pensar que toda la crítica contra el Presidente responde a esos intereses y es malintencionada, equivale a negar la realidad. Los resultados de los primeros nueve meses de gestión de López Obrador han sido magros, y en temas sensibles como la seguridad y el crecimiento económico la situación ha empeorado. La Administración ha cometido errores, pero también aciertos.

En un país donde los pobres siempre habían servido de anzuelo electoral, la Cuarta Transformación los ha puesto en el centro de la agenda, lo cual causa estupor en algunos sectores y pánico en otros, pues contradice el evangelio neoliberal del descarte. Agraviada por la arrogancia gubernamental y frustrada por el fracaso de las alternancias entre el PAN y el PRI, la mayoría de los ciudadanos votó por la opción radical propuesta por López Obrador en tres campañas.

El país cruje, pues se encuentra en un proceso de cambio solamente visto cuando se intentan sustituir las estructuras de un régimen agotado por otras que respondan a soberanía popular. El repudio hacia una clase política rapaz, que envileció el servicio público y lo convirtió en fuente de riqueza personal, como sucedió en Coahuila, es otra de las razones por las cuales López Obrador despacha hoy en Palacio Nacional.

Las acciones del Gobierno de Morena para combatir la corrupción en nada se parecen a las venganzas de Salinas de Gortari y Peña Nieto contra sus enemigos, pero aún son insuficientes frente al tamaño del abuso y el perjuicio causado al país y a las instituciones. El Presidente debe escuchar el clamor ciudadano. Se comprometió a “barrer las escaleras de arriba para abajo” y debe cumplir; de lo contrario, la nación se lo demandará, tarde o temprano.
07 Septiembre 2019 04:07:00
Chivo en cristalería
Los presidentes de ultraderecha son auténticos chivos en cristalería. En Brasil, Jair Bolsonaro –el Trump de Sudamérica– resultó peor que los últimos líderes de izquierda. Así lo demostró en la crisis por el incendio en la Amazonia, según narra Gerardo Moyano en el nuevo número de Espacio 4.

“Ni los insultos a las mujeres, indígenas, negros y homosexuales, ni sus alabanzas al ‘pasado glorioso’ de la dictadura militar le han costado tanto desgaste al presidente brasileño Jair Bolsonaro como el manejo de la crisis desatada por los recientes incendios en la Amazonia. Con apenas un 29% de aprobación en agosto, el exmilitar se ha convertido en el Mandatario de Brasil peor calificado en los primeros ochos meses de Gobierno, según la última medición de la encuestadora Datafolha (01.09.19).

“El 51% de los encuestados consideró ‘malo o muy malo’ el manejo de los incendios, pero también perdió puntos por la confrontación con los gobernadores del noroeste (a quienes llamó ‘paraibas’, en referencia a la región pobre del norte del país) y la intención de nombrar a su hijo Eduardo Bolsonaro como embajador en Washington, entre otros temas.
“Bolsonaro, el último referente de una oleada de gobernantes de derecha que está alcanzado el poder con discursos racistas en varias partes del mundo, no solo considera la protección de la selva tropical más grande del planeta como un impedimento para el desarrollo económico del país, sino que ha llegado al extremo de culpar de los incendios en la zona a ambientalistas, ‘que quieren llamar la atención contra mí’.

“También se ha confrontado verbalmente con el presidente francés Emmanuel Macron, quien pidió a la Unión Europea que presione comercialmente a Brasil para que mejore su política medioambiental. Bolsonaro tachó a Macron de ‘imperialista’, se burló de la edad de su esposa y prometió no utilizar más bolígrafos de la marca Bic ‘por ser franceses’. Incluso se ha enfrentado a obispos de la Iglesia católica, quienes se declararon ‘junto al papa Francisco’ como ‘defensores intransigentes’ de la preservación de la selva.

“Su desdén a la ayuda internacional ofrecida por el G7 (22 millones de dólares), por considerarla una ‘amenaza a la soberanía nacional’ y su preferencia comercial hacia Estados Unidos, lo ubican como un populista peligroso para el futuro del planeta, junto a Donald Trump.

“‘(Ambos mandatarios) Tienen una visión del mundo que es muy semejante’, dice el canciller brasileño Ernesto Araújo, quien el pasado 30 de agosto se reunió con Trump en la Casa Blanca para negociar ‘un acuerdo de libre comercio muy ambicioso, que para Brasil ha sido durante muchos años un sueño, pero que gobiernos anteriores denegaron por una tendencia antiamericana que correspondía a los intereses de su partido’ (El Nuevo Herald, 03.09.19).
“Para revertir esa ‘tendencia’ que caracterizó al izquierdismo de Lula da Silva y Dilma Rousseff –durante los cuales la deforestación de la Amazonia se redujo 60%–, Bolsonaro comenzó a recortar el presupuesto de las agencias de protección ambiental, relajó lo controles de quema de pastizales y se lanzó contra ambientalistas y comunidades indígenas ‘que se oponen al desarrollo’.

“También trasladó el Servicio Forestal Brasileño del Ministerio de Ambiente al de Agricultura e impulsó la idea de que los fiscales agroambientales ya no iban a ‘molestar’ a los agricultores y ganaderos. “El Gobierno creó una sensación de impunidad entre los agricultores que estaban dispuestos a cometer actos ilegales para deforestar, dijo Rómulo Batista, de la Campaña Amazonia de Greenpeace Brasil”.
06 Septiembre 2019 04:07:00
Presidencia imperial
El culto a la figura presidencial llegó al paroxismo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien aspiraba a convertirse en el Calles del siglo 21 y acabó, como Plutarco, exiliado. Para mayor seguridad, puso mar de por medio y eligió Irlanda e Inglaterra, con esporádicas visitas a México. La residencia que recién obtuvo le permitirá ingresar y salir del Reino Unido, así como “refugiarse en el viejo continente ante cualquier contingencia legal, sobre todo ahora que el Gobierno de la cuarta transformación analiza realizar consultas y foros para que la población decida si el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe investigar a los expresidentes” (Contralínea, 20.06.19). Ese riesgo, sin embargo, lo conjuró por el momento el propio Presidente.

Salinas, cuyo hermano Raúl ocupa el tercer lugar en la lista de Los Diez Mexicanos más Corruptos de 2013, de la revista Forbes –el puesto siete lo tiene Humberto Moreira–, fue protagonista del mayor fraude electoral de finales del siglo pasado. Su Gobierno también ha sido marcado por la historia como uno de los más corruptos, junto con el de Peña Nieto.
Para legitimarse, el expresidente diseñó una agenda común con la Iglesia, los medios de comunicación –en particular con Televisa– y con los grandes empresarios. Su alianza con el PAN, negociada con Diego Fernández de Cevallos, le permitió contener y golpear sistemáticamente al PRD de Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo.

Acción Nacional recibió a cambio algunas gubernaturas al margen de las urnas, entre ellas la de Guanajuato, donde el interinato de Carlos Medina Plascencia, de casi cuatro años, duró más que el de varios mandatarios del PRI electos para un periodo de seis. Salinas jamás le perdonó a la vieja clase política, representada por los gobernadores, no haberle reunido ni la mitad de los 20 millones de votos prometidos por Jorge de la Vega, presidente del PRI, para las elecciones del 6 de julio de 1988. No es que los caciques locales hubieran fallado, es que Salinas era un pésimo candidato.

De haberse descontado los votos fraudulentos y el efecto por la “caída del sistema”, Salinas habría perdido la presidencia con Cárdenas, quien bajo el paraguas de la coalición Frente Democrático Nacional obtuvo 5.9 millones de votos. Manuel J. Clouthier, abanderado del PAN, captó 3.2 millones de papeletas. “El villano de Agualeguas” les cobró a los gobernadores del PRI su “deslealtad” y defenestró a más de una docena. Humilló al PRI y suplantó a los políticos tradicionales con neoliberales venales y “sin llenadera”, en términos de AMLO. Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex del mismo nombre y ahora prófugo por el caso Odebrecht y otros escándalos de corrupción, ocupó la dirección del ISSSTE en el sexenio salinista.

En los informes de Salinas, el país se detenía. Los gobernadores, el Congreso, los empresarios, las iglesias, los medios de comunicación y las instituciones desfilaban frente al Presidente como soldados del PRI. El besamanos en Palacio Nacional, los desayunos con las Fuerzas Armadas en el Campo Marte y las comidas con los mandatarios locales en la Hacienda de Los Morales eran espectáculos grotescos e ignominioso. Largas filas se formaban para reverenciar y rendir culto a quien ostentaba en el pecho la banda tricolor, y en un salón contiguo, la familia real con el honradísimo Raúl Salinas en primera línea. López Obrador terminó con la presidencia imperial, resucitada por Peña Nieto.
04 Septiembre 2019 04:06:00
Alianzas futuristas
Los partidos de oposición siguen choqueados tras haber pasado sobre ellos la aplanadora de Morena. Más de un año después de las elecciones, la apuesta del PRI, el PAN y el PRD parece ser por el desgaste de Andrés Manuel López Obrador, el cual, hasta el noveno mes de su gestión, no se ha producido, de acuerdo con las encuestas previas al primer informe. Metafóricamente, las oposiciones observan desde las gradas un partido amistoso de tenis en pista de arcilla cuyos jugadores son el Presidente y el Congreso; y el juez de silla, también el Presidente.

La inmovilidad puede pasarles factura en las elecciones intermedias cuando se renovará la Cámara de Diputados en la que Morena, sin aliados, ocupa 259 asientos (51.8%), el PAN 78 (15.6%), el PRI 47 (9.4%), Movimiento Ciudadano 28 (5.6%) y el PRD 11 (2.2%). Cuando AMLO perdía una elección -para gobernador o para presidente- al día siguiente ya estaba en campaña. Los bloqueos en Tabasco y en Ciudad de México por los fraudes -reales o supuestos- se utilizaron para colgarle la etiqueta de ser «un peligro para México», pero al final dieron resultados.

El PRD, que en dos elecciones presidenciales consecutivas se situó como la segunda fuerza electoral, en ambas con AMLO como candidato, ha dado hasta hoy el paso más audaz para salir del marasmo. Tras la fuga masiva de militantes, cifrada en 4 millones, el partido del sol azteca no tenía otra opción que afrontar la realidad o morir de inanición en las urnas. En esa lógica, Plataforma Futuro 21, una especie de PRD reciclado, puede darle un respiro; incluso ese podría ser su nuevo nombre.

Las cabezas visibles de Futuro 21 son perredistas (Jesús Ortega, Rafael Acosta, Jesús Zambrano, Miguel Ángel Mancera y Carlos Navarrete), pero también figuran expriistas (José Narro y Beatriz Pagés) y el excandidato presidencial de Nueva Alianza Gabriel Quadri. La plataforma incorporó también a un puñado de organizaciones civiles para atraer el voto de ciudadanos sin partido. El país necesita una opción de izquierda para plantar cara a Morena. «Una nueva formación política debe ser progresista y tener en el centro de su interés a los más necesitados. (…) libertad, democracia y desarrollo van juntas o no funcionan», declaró Narro.

Movimiento Ciudadano (MC), desde el centro, trata de ocupar vacíos de la izquierda. En las presidenciales de 2006 y 2012, apoyó a AMLO, y en las del año pasado giró a la derecha con Ricardo Anaya. MC es la cuarta fuerza en la Cámara baja, después del PRI, y gobierna uno de los estados más fuertes del país (Jalisco) al cual podría sumarse Nuevo León tras el fiasco de Jaime Rodríguez, “El Bronco”, primer gobernador independiente de México y acaso el último. En el partido fundado por el expriista Dante Delgado milita Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato presidencial asesinado en 1994. Su último refuerzo es Juan Cepeda, candidato del PRD en los comicios para gobernador del Estado de México de 2017.

El proyecto de AMLO y el futuro de Morena dependerán en gran medida de la composición del próximo Congreso federal. En esa tesitura, se verán coaliciones hasta hace poco tiempo inimaginables entre PRI y el PAN, las que harán retorcerse en sus tumbas a Plutarco Elías Calles y a Manuel Gómez Morín. Lo mismo puede ocurrir en Coahuila para las elecciones de gobernador de 2023. Los primeros pasos ya se han dado.
03 Septiembre 2019 04:00:00
Silencio ominoso
Uno de los silencios más ominosos frente a los excesos del moreirato fue el de los exgobernadores. Por temor o para proteger intereses, ninguno le plantó cara al clan ni previno del desastre. Las oposiciones esperaron hasta el final del docenio para rasgarse las vestiduras y en el pecado llevaron la penitencia. Desde sus torres de marfil, contemplaron inmutables el naufragio. Todavía hoy, algunos prefieren mirar para otro lado e incluso celebran la no alternancia en el estado, mérito que atribuyen al PRI y a sus “buenos gobiernos”.

En la serie de entrevistas de Daniel Valdés y Rodolfo Pámanes con cuatro exgobernadores, la cual incitó este trabajo, solo Rogelio Montemayor aborda la crisis del PRI y las causas de su derrota en las presidenciales del año pasado. “La gente externó en las urnas su hartazgo a la corrupción, impunidad y soberbia en el quehacer político. Los partidos deben entender este mensaje y actuar en consecuencia, construir una narrativa que sea creíble y respaldada con hechos, que les permita generar esperanza y recuperar la confianza de suficientes ciudadanos para ganar. Hacer lo mismo, sin reconocer las fallas, dará los mismos resultados de 2018”.

Montemayor dejó de ser priista el 24 de junio, por los vicios del proceso para nombrar a la nueva dirigencia. “(…) el Dr. Narro representaba la única esperanza de poder reconstruir al PRI”, escribió. Previamente intentó ser de nuevo candidato a senador”, pero Rubén Moreira lo vetó. El sainete para imponer a Alejandro Moreno y a Carolina Viggiano –esposa de Moreira– provocó también la dimisión de la exgobernadora Ivonne Ortega, rival de Moreno.

El PRI se “ganó a pulso” el repudio ciudadano reflejado en las urnas, advierte Montemayor en su carta de renuncia. En ella retrata de soslayo a los responsables de la quiebra de Coahuila. “(…) fueron demasiados personajes a quienes el partido llevó a cargos de representación política que han saqueado y endeudado a sus estados, personajes corruptos y cínicos que abusaron de su cargo y privilegiaron el resolver y asegurar su situación económica y política personal, sobre la obligación de atender los problemas de las comunidades a las que juraron servir (…)”.

Humberto Moreira –expulsado del PRI– endeudó a Coahuila con casi 36 mil millones de pesos, sin tomar en cuenta otros pasivos, de los cuales aún se ignora el destino de 18 mil millones. Daniel Valdés dice en su nota: “(Moreira) sostuvo que la deuda está justificada”, y que si de algo se arrepiente es de “no haber pedido más créditos”. Moreira es el único de los exgobernadores que espera “con paciencia (…) reivindicarse en algún momento (y) ver caer a sus detractores, traidores y a los que le hicieron daño”.

La megalomanía le aflora por los poros. “Obras hice muchas, porque, modestia aparte, he sido el gobernador que ha hecho más obra pública. Después de mí está Óscar Flores Tapia, aunque él siempre fue mi inspiración”. No Enrique Martínez, a quien ignora, ni Peña Nieto, a quien llama “ingrato” después de haber sido él quien lo rescató de la prisión española de Soto del Real. Empero, Flores Tapia no dejó deuda pública, al contrario, pagó 500 millones de pesos reclamados por Hacienda al Gobierno precedente por impuestos no enterados. Tampoco fue el PRI quien lo reivindicó, sino el alcalde panista de Saltillo Rosendo Villarreal.

Los restos de Flores Tapia reposan en la Rotonda de los Coahuilenses Ilustres. Moreira es el séptimo en la lista de los 10 mexicanos más corruptos de 2013, de la revista Forbes.

02 Septiembre 2019 04:00:00
El momento de la ruina
Ningún gobernador decidió su propia sucesión como lo hizo Humberto Moreira en favor de su hermano Rubén para cubrirse mutuamente las espaldas. En el pasado, tal facultad era exclusiva del Presidente de la República. Terminado ese ciclo por la alternancia, los mandatarios asumieron el papel de electores. En el caso de Coahuila, Moreira aprovechó la confianza y los descuidos de Enrique Martínez para hacerse con el poder. En correspondencia a quien le brindó la oportunidad de ser secretario de Educación y alcalde de Saltillo, y le toleró cualquier tipo de excesos, rompió con él e incluso demolió el Distribuidor Vial Revolución de Torreón, obra insignia de Martínez en La Laguna.

La falta de preparación y compromiso de los Moreira para dirigir el estado se refleja en la deuda explosiva y en las crisis de inseguridad y de salud. Los gabinetes de Humberto y Rubén fueron los más inestables. Cambiaron de secretarios como de calcetines. La improvisación explica el caos. Víctor Zamora, profesor de primaria, fue secretario de Finanzas, de Educación, de Trabajo y de Gobierno; y David Aguillón, de Comunicación, de Gobierno y jefe del PRI. El manejo de las finanzas, la política, la justicia y la obra pública, principales fuentes de corrupción, siempre estuvo a cargo de incondicionales del clan.

Eliseo Mendoza, Rogelio Montemayor y Enrique Martínez realizaron pocos cambios en sus primeros equipos y entregaron finanzas sanas. Ninguno dejó sucesor. El primero, impedido por las reglas; el segundo lo intentó, sin éxito; y el tercero pudo hacerlo, pues las condiciones ya lo permitían, pero su pupilo (Moreira) le comió el mandado.

Mendoza declaró al periodista Daniel Valdés no haber tenido «empacho en reconocer y apoyar a Rogelio Montemayor», el favorito de Salinas de Gortari. «Me di cuenta (de) que las cosas venían en dirección de Montemayor, de manera que no hubo objeción e incluso le ayudé a facilitar las cosas. Cuando llega ya como candidato, le dije: “ahora tú eres el jefe político del PRI; puedes poner al presidente de tu elección”». Montemayor le tomó la palabra y nombró a Óscar Pimentel.

En 1996, tercer año de la gestión de Montemayor, el PRI perdió por vez primera la mayoría del Congreso y las alcaldías de Saltillo, Torreón y Monclova. La alternancia en el estado parecía a tiro de piedra. En su entrevista con Valdés, el exgobernador atribuyó la derrota al malestar social por el «error de diciembre». Sin embargo, también influyeron otros factores como la inadecuada selección de candidatos y el escándalo por la venta del complejo petroquímico de Pajaritos, destapado por el periódico Reforma, a una empresa de la familia Montemayor.

Martínez recuerda así la sucesión de 1999: «Fue la primera vez que se eligió a un candidato por la vía democrática en Coahuila, llegué a la elección interna en un momento muy complicado, pues era evidente que no era el favorito para la elección interna, no era el candidato oficial». Montemayor, impuesto por Salinas seis años antes, cuando Martínez era el candidato natural, promovía al empresario y exdiputado Jesús María Ramón.

En la novela Conversación en La Catedral, de Mario Vargas Llosa, Santiago Zavala pregunta «¿En qué momento se había jodido el Perú?». Aplicada a Coahuila, la respuesta salta a los ojos: cuando el moreirato tomó el poder sin ningún tipo de escrúpulo.
31 Agosto 2019 03:54:00
El villano acorralado
La revista Time presentó a Enrique Peña Nieto como el salvador de México, en febrero de 2014. Hoy es el villano, según lo describe el periodista Gerardo Moyano en el bisemanario Espacio 4 (621).

“A medida que se estrecha el cerco en su contra, el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) pierde aliados. ‘Sí sabía de los desvíos de Petróleos Mexicanos (Pemex)’, dice la defensa del prófugo Emilio Lozoya –el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos coinciden–. “Se le informó por la línea roja” sobre las irregularidades en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), señalan los abogados de la hoy detenida Rosario Robles.

“Claro que sabía, yo le informé personalmente”, agrega Juan Manuel Portal, extitular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en torno a los desvíos de la Estafa Maestra, nombre de la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político sobre el caso.

“Peña Nieto me mandó dinero por cargo de conciencia”, acusa desde prisión el exgobernador veracruzano Javier Duarte, quien se ofreció a entregar pruebas sobre el dinero que desvió del Gobierno de Veracruz para campañas priistas, a condición de que los datos y evidencias que proporcione no sean utilizadas contra sus excolaboradores (Reforma, 20.08.19). (…).

“Todos los presidentes saben lo que sucede”, cierra con broche de oro Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien –irónicamente– es el único que no pugna por meterlo en la cárcel para evitar “un proceso de confrontación”. Bueno, a menos que “el pueblo” lo pida, entonces se haría una –otra– consulta ciudadana para determinar si llevar a juicio a Peña, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Felipe Calderón (Conferencia mañanera 16.08.19).

Sin embargo, mientras AMLO se inclina por un “punto final”, la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, al mando de Santiago Nieto, avanzan en investigaciones sobre corrupción de alto nivel.

El caso de Rosario Robles, vinculada a proceso y bajo prisión preventiva desde el 13 de agosto por el delito de uso indebido del servicio público –se le acusa de ser responsable “por omisión” del desvío de más de 5 mil millones de pesos en Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)– es emblemático por dos razones:

1) Es la primera vez que se cita a comparecer a un exsecretario de Estado, desde 2002, cuando el expresidente Luis Echeverría, en su carácter de titular de Gobernación en el periodo 1963-1969, declaró por la investigación de la matanza de Tlatelolco (Proceso, 10.08.19).

2) El caso salpica a Peña y al sucesor de Robles en Sedesol, el exsecretario de Hacienda y excandidato presidencial priista, José Antonio Meade.

“Sí le puse en conocimiento al expresidente Enrique Peña Nieto a través de la línea roja. La forma de comunicación era mediante la red federal y en las reuniones de Gabinete”, dijo Robles en la audiencia del 13 de agosto.

Sus abogados presentaron además un documento en el que Robles le informa a Meade sobre las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la dependencia, el cual fue considerado “una joya” de prueba por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna –cuestionado por ser sobrino de la senadora morenista Dolores Padierna–. En este sentido, el juez pidió a la FGR que investigue la relación de Meade –por ser su sucesor– y la de Peña –su superior– con el caso.
30 Agosto 2019 03:50:00
Monopolio ‘democrático’
En conversaciones separadas con los periodistas Daniel Valdés y Rodolfo Pámanes, de El Diario de Coahuila, cuatro exgobernadores defienden su legado, reflejan su personalidad, narran cómo afrontaron las dificultades económicas, y se respetan entre sí. No hay crítica; si acaso, referencias oblicuas. Todos están retirados de la política en contra de su voluntad y solo uno forzado por las circunstancias. Tres ocuparon cargos en la administración federal y en el Congreso. Eliseo Mendoza y Rogelio Montemayor fueron los últimos nombrados desde el centro; Enrique Martínez ganó la candidatura en el primer proceso interno del PRI, y Humberto Moreira la arrebató.

Para el decano de los mandatarios (Mendoza, 88 años), la permanencia del PRI en el poder durante nueve décadas la explican los «buenos gobernantes priistas (…) y la confianza de los coahuilenses. (…) Esto ha ayudado a que tengamos un estado sin alternancia, pero (…) ha sido democráticamente». Sin embargo, no la descarta: «Nadie es para siempre: ni se gana para siempre ni se pierde para siempre».

En 2017, los coahuilenses castigaron a Humberto y a Rubén Moreira en las urnas por la deuda y otros desmanes. La votación del PRI se desplomó en casi un cuarto de millón de votos con respecto a la elección previa y su candidato Miguel Riquelme estuvo a menos de tres puntos de perder. Dos días después de los comicios, en Saltillo, Torreón y otras ciudades, más de 60 mil personas salieron a las calles para protestar contra la corrupción y el «fraude electoral».

Hombre del viejo sistema, Mendoza coloca a Riquelme en las antípodas de su predecesor. «Una de sus cualidades -le declaró a Daniel Valdés- es que no es protagónico, (tiene) mucha disciplina en el trabajo, pero también mucha discreción». Los márgenes de maniobra de Riquelme son demasiado estrechos. Financieramente, está atado por la deuda de 38 mil millones de pesos -herencia de los Moreira-. En términos políticos, tampoco tiene el control del Congreso y, excepto Saltillo, los municipios más fuertes los gobiernan el PAN y UDC. Adicionalmente, los Moreira no dejan de entremeterse en asuntos del estado.

La cercanía entre el Gobierno y el PRI, así como «una buena selección de candidatos» son clave para las futuras elecciones -en 2020 se renovará el Congreso local-, dice Mendoza. «A veces el pueblo no está conforme y busca otras opciones. Como es el caso ahora de Morena. Es algo que no esperábamos, creo que ni el propio presidente Andrés Manuel López Obrador esperaba esa votación tan alta. Es porque la gente quiere el cambio y busca otras alternativas, y ahí tenemos la alternancia», señala.

En el sexenio de Mendoza se creó el Impuesto Sobre Nóminas (ISN), principal fuente de ingresos propios del estado casi por tres décadas; este año generará 2 mil 664 millones de pesos. El exgobernador recuerda cómo se logró el asenso de los empresarios: «Quedaron conformes (…) porque ese dinero no iba a entrar a la caja del Estado, sino que se formaría un fideicomiso, con un comité técnico, donde se tomarían las decisiones sobre las obras a realizar (…)».

Los gobiernos sucesivos desnaturalizaron ese propósito y emplearon el ISN a su arbitrio… incluso como garantía de la megadeuda. Para ello contaron con la complicidad del Congreso y de las cámaras empresariales. En los primeros años, el producto del impuesto se invirtió en los municipios donde se generaba. Después cambió la historia.

28 Agosto 2019 03:53:00
El beso del diablo
Entre el 2 y el 30 de julio, El Diario de Coahuila publicó entrevistas de Daniel Valdés con los exgobernadores Eliseo Mendoza, Rogelio Montemayor y Humberto Moreira, y de Rodolfo Pámanes con Enrique Martínez. La mayor cobertura la recibió el responsable de endeudar a Coahuila por varias generaciones –los pasivos por 38 mil millones de pesos terminarán de pagarse en 2048, si acaso no se reestructuran de nuevo–, de poner fin a un periodo de gobiernos responsables y de desprestigiar al estado.

La conversación con Moreira se anunció durante tres días con llamadas en la portada y ocupó dos planas, el doble del espacio dedicado a sus predecesores. Quizá por ser muñidor de elecciones y tener un partido –Unidos, el mismo nombre de la coalición que participó en las elecciones generales de España en 2016– avalado por el Instituto Electoral de Coahuila, que podría ser útil al periódico para futuros comicios. Los elogios del también exlíder del PRI, al alcalde capitalino Manolo Jiménez Salinas —“después de muchos años (Saltillo) no se veía así”–, equivalen a un destape o al beso del diablo, según se quiera ver.

Al final de la entrevista con Moreira –en la versión electrónica–, un enlace remite a una declaración de Jericó Abramo Masso, fechada el 1 de agosto de 2010 cuando era alcalde de Saltillo. “Es Humberto Moreira ejemplo para todos. (…) arquitecto del Coahuila del futuro (…) a Humberto Moreira Valdés le he aprendido mucho, es mi amigo, he trabajado muchos años con él y cada día que pasa buscamos aplicar esas enseñanzas en nuestra forma de gobernar, conscientes de que primero es la gente, luego la gente y después la gente”. Es el único caso de la serie donde un texto vincula con otro.

En 2010 ¿quién no le quemaba incienso a Humberto Moreira?... ¡Hasta su hermano Rubén, quien lo desbancó del afecto de Peña Nieto y lo suplantó en el PRI! El 25 de agosto de ese año, el mismo medio publicó: “Es Moreira el mejor gobernador. De entre los gobernadores de diferentes estados de la República, el coahuilense Humberto Moreira Valdés fue el mejor calificado de todo el país en cuanto a honestidad y trabajo”, de acuerdo con una encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica.

Adal Ramones, uno de los comediantes favoritos de Humberto Moreira, tampoco se fue por las ramas: “Si ya llegó a ser un buen gobernador (…) ¿no creen que puede ser un gran presidente? (…) Coincido en muchas cosas; hoy me desperté y vi en el periódico que es el gobernador mejor calificado de todo el país; ahora sí, ‘un maestro calificado’ con un promedio de 84.4, la más alta de todos los gobernadores”. (El Diario, 16.09.07). Años después, el “Joven Maravilla” amaneció en la lista de Forbes.

Lo de fenómeno mediático y genio electoral de Moreira –el segundo calificativo aplicado también por los apologistas del clan a su hermano Rubén– es un mito construido a base de presupuesto y deuda pública. El erario les permitió comprar elecciones, lealtades, complicidades y silencio. Postulado por el Partido Joven, Humberto no pudo ganar una diputación local en las elecciones de 2017. En el mismo proceso, Rubén estuvo a punto de hacer perder a Miguel Riquelme, su candidato a gobernador. En el estado “más priista del país”, López Obrador arrasaría un año después a José Antonio Meade, cuya campaña coordinaron Rubén Moreira y su esposa Carolina Viggiano. Hoy el PRI es la mascota del Presidente y de Morena, dice Ivonne Ortega.

27 Agosto 2019 04:00:00
Coahuila: cuatro tiempos
Eliseo Mendoza, Rogelio Montemayor, Enrique Martínez y Humberto Moreira gobernaron Coahuila entre 1987 y 2011 con dos presidentes del PRI y dos del PAN. Sus administraciones tuvieron luces y sombras, pero a ninguna la marcó el oprobio como a la de Moreira, por la deuda de 36 mil 509 millones de pesos. La mitad de esos créditos, obtenidos con decretos y documentos falsos, y legalizados después por un Congreso dominado por el PRI, desaparecieron en el agujero negro de la corrupción. La deuda absorberá este año casi 4 mil millones de pesos (8% del presupuesto), de los cuales 3 mil 431 millones serán para intereses, 75 millones para capital y 74 millones para coberturas.

En el periodo de 18 años comprendido entre Mendoza y Martínez, el país afrontó devaluaciones, tormentas financieras, elecciones fraudulentas, la apertura de fronteras por el Tratado de Libre Comercio, que consolidó a Coahuila como potencia automotriz, el levantamiento del Ejército Zapatista, asesinatos de figuras (el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu), la crisis económica por el «error de diciembre» y la primera alternancia presidencial.

Coahuila se mantuvo en pie después de librar batallas propias y ajenas debido al orden, la disciplina y las contenciones de esos tres gobiernos. Independientes entre sí e incluso en algunos momentos confrontados, Mendoza, Montemayor y Martínez cerraron sus sexenios con deudas por 248, 786 y 323 millones de pesos, respectivamente. Profano en finanzas y sin la formación de sus predecesores, Moreira condujo a Coahuila a la ruina y al caos.

Moreira gobernó para la galería mediática a base de impulsos, sin contrapesos y sin sujeción a las leyes. Ha sido el mandatario más carismático y popular, pero también el más inmoral. Tres años después de haber sido incluido por la revista Forbes entre «Los 10 mexicanos más corruptos de 2013», junto con Elba Esther Gordillo, Carlos Romero Deschamps y Raúl Salinas de Gortari, la Policía Nacional de España soltó una bomba en su cuenta de Twitter: «Detenido en Barajas Humberto Moreira por orden de la Fiscalía Anticorrupción.

Esta tarde pasa a disposición de Audiencia Nacional. #misióncumplida». El mismo hashtag «empleado hace ocho días por el presidente Peña Nieto para informar la captura de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”», observó El Horizonte de Monterrey (15.01.16).

Peña Nieto impuso a Moreira en la presidencia del PRI para un periodo de cuatro años, de los cuales solo duró 11 meses. «(…) dimitió por un escándalo de financiación ilegal durante su mandato en Coahuila. Las sospechas que se ciernen sobre Moreira no son nuevas. Su gestión dejó al estado de Coahuila una deuda de mil 800 millones de dólares», publicó el Chicago Tribune en su versión digital, el mismo día de la detención, «en pesquisas por blanqueo, cohecho y organización criminal».

A ocho años de concluido su mandato, Moreira permanece en el ojo del huracán. Dice haber sido exonerado de todas las imputaciones, pero el expediente de la deuda y las denuncias ante la Corte Penal Internacional por las masacres en Allende y Piedras Negras siguen abiertos. Estados Unidos y España lo investigan por supuestos vínculos con Juan Manuel Muñoz Luévano, operador de Los Zetas. Exlíderes de ese cártel declararon ante fiscales de ambos países que en Coahuila pagaron sobornos a cambio de protección y disimulo.
26 Agosto 2019 03:50:00
El gran corruptor
Entre las detenciones de Joaquín Hernández Galicia, Raúl Salinas de Gortari, Elba Esther Gordillo y Rosario Robles existen diferencias abismales. El móvil del encarcelamiento de los líderes petrolero y magisterial fue la venganza, no el deseo de procurar justicia ni de democratizar dos de los sindicatos más corruptos del país, pues aún lo son; en Coahuila el SNTE, para más inri, sigue secuestrado por el clan Moreira. Carlos Salinas y Peña Nieto dieron ese par de golpes de efecto al inicio de sus gobiernos para legitimarse por el fraude electoral de 1988 y por la compra de la presidencia en 2012.

La detención de Raúl Salinas, en cambio, respondió al compromiso del presidente Ernesto Zedillo con la justicia por los “casos de impunidad (…) resultado del abuso de autoridad, la venalidad, la corrupción. (…) Nuestra indignación es mucho mayor cuando los actos ilícitos son cometidos por quien debería vigilar el cumplimiento de la ley (discurso de toma de posesión)”.

Salinas fue señalado como autor intelectual del asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu. En una entrevista con Carmen Aristegui, el expresidente De la Madrid acusó a los hermanos de corruptos y de haber recibido dinero del narcotráfico. También lamentó no haber sido cuidadoso en la elección de su sucesor.

Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de Carlos Salinas y de Peña Nieto, llegó a la Presidencia legitimado. Treinta millones de mexicanos expresaron en las urnas su enfado con los partidos y políticos tradicionales –devenidos en burocracias inútiles cómplices del poder–, su deseo de cambio real –no logrado por el PAN–, su fe en un líder honesto y cercano a la gente y sus problemas, pero, sobre todo, su repudio a la corrupción y la impunidad en los más altos niveles del Gobierno.

Las detenciones de la exsecretaria de Sedesol y de Sedatu, Rosario Robles, por La Estafa Maestra; del litigante del poder Juan Collado, por delincuencia organizada y lavado de dinero; de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, por la venta de una planta chatarra (Agronitrogenados) a Pemex a precio inflado; y la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera, por delitos de corrupción relacionados con Odebrecht, OHL y otras empresas, demuestran el compromiso de AMLO de erradicar vicios históricos.

Hablar de venganza por investigar delitos cometidos al amparo del poder, denunciados dentro y fuera del país y documentados ampliamente, obedece a intereses políticos. Las reacciones del PRI y del PAN no las motiva tanto el celo por la legalidad y el debido proceso –vulnerado en los casos de Florence Cassez y Elba Esther Gordillo–, sino el sentimiento de culpa por haber faltado a su promesa, cuando ocuparon la Presidencia, de frenar y castigar el robo de recursos públicos, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito y otras formas de corrupción. Descalificar a quien sí cumple pone de relieve la mezquindad de esos críticos.

La Fiscalía General de la República tiene mucho trabajo por delante para limpiar el sistema y recuperar la confianza en las instituciones. Lograrlo exige apego escrupuloso a la ley y respeto a las convenciones internacionales. Robles y Lozoya no eran autónomos, obedecían órdenes.

En México, hasta hoy, ningún expresidente ha sido enjuiciado. Peña Nieto, señalado incluso por exaliados suyos como el gran corruptor, podría ser el primero. Perú y Brasil dieron el ejemplo al poner entre rejas a Alberto Fujimori y al carismático Lula da Silva.

23 Agosto 2019 04:00:00
Mascotas presidenciales
Para celebrar el triunfo legítimo, democrático, atronador, de Alejandro Moreno y de su número dos, el PRI organizó un funeral de 80 millones de pesos pagado por al erario. Con la misma antelación con que en el pasado festejaba resultados de elecciones aún no realizadas, el otrora partido aplanadora distribuyó la esquela desde el año pasado con fecha 1 de julio de 2018. De tan cantado, el entierro estuvo desairado. Ni llanto, ni dolor ni duelo, pero sí náuseas por el hedor del tándem cadavérico, uno de Campeche, la otra de Hidalgo.

La presidencia del PRI se devaluó desde la llegada de Humberto Moreira, cuya cuñada Carolina Viggiano es ahora secretaria general, como antes lo fue, fugazmente, su hermano; de ahí en adelante, puras vergüenzas. Moreno no tiene ni la talla, ni el liderazgo ni la inteligencia de quienes, en sus diferentes épocas, le dieron rumbo y sentido a ese partido (Pérez Treviño, Lázaro Cárdenas, Carlos A. Madrazo, Reyes Heroles, Muñoz Ledo, Colosio). Para más inri, le dicen “Alito” o “Amlito”. ¿Quién que se respete aceptaría un apodo así de ridículo?

Es más propio de una mascota que de un timonel en medio de la tormenta. Exacto. Ivonne Ortega, quien junto con José Alfaro compitió contra la fórmula oficial, marcó a Moreno y a Viggiano por el tiempo que dure la gestión, y aún más allá: “veo (…) que el partido, en vez de refundarse, va a refundirse y convertirse en el partido (…) mascota que acompañe al Gobierno” (Político.mx, 16.08.19). La exgobernadora de Yucatán y del PRI advierte por qué no impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el fraude para imponer a los emisarios de Peña Nieto y Osorio Chong, opción planteada en este espacio (En Rumbo de Colisión, 29.07.19):

“(…) lo analicé, tenemos todas la pruebas para tumbar un proceso por todas las irregularidades, (…) pero (…) ya habiendo tomado protesta el Presidente actual, tendríamos que tener un nuevo proceso. ¿Qué cambiaría si siguen siendo los mismos funcionarios del partido, (…) los mismos presidentes de los comités estatales, los gobernadores, si sigue habiendo la misma operación del expresidente Enrique Peña Nieto?”

Aunque el porro se vista de seda y hoy sea nuevo rico, porro se queda. Ortega denunció al marrullero Rubén Moreira ante la Fiscalía General de la República, cuyo titular Alejandro Gertz Manero es la cara opuesta del blandengue Homero Ramos Gloria que aquí ofició de procurador. “Me amenaza con que no me atreva a poner un pie en Coahuila, porque (…) conocería quién es Rubén Moreira y, la verdad, hay muchas cosas que se dicen (…). Él era representante de Alejandro Moreno ante la Comisión de Procesos Internos y a mi representante le llamó por teléfono al momento de que hicimos la encuesta en Coahuila respecto a quién querían que decidiera, si la misma cúpula de siempre o la militancia. Él lo asume como agravio personal” (Reforma, 22.08.19).

Moreno y Viggiano llevan la marca ignominiosa del sexenio de la corrupción. Imposible, entonces, escuchar de la nueva dirigencia del PRI demandas de justicia por el saqueo indiscriminado, la Estafa Maestra, los casos Odebrecht, Fertinal, Agronitrogenados, y a escala local, por la deuda, las empresas fantasma, las masacres en Allende y Piedras Negras, los negocios del moreirato con Juan Manuel Muñoz, operador de los Zetas, las desapariciones forzadas y los abusos de Fuerza Coahuila, creada por Rubén Moreira para sembrar terror y muerte.
21 Agosto 2019 04:00:00
Cornadas políticas
Al senador Armando Guadiana se le puede aplicar el test del pato, adaptado al caso: «Si parece candidato, anda como candidato y habla como candidato, entonces probablemente sea un candidato». Guadiana apostó por Andrés Manuel López Obrador, y ganó. Renunciar al PRI frente al ahora Presidente, en 2012, cuando los Moreira iniciaban su segundo mandato, reabrió las puertas de la política a este «próspero empresario coahuilense» (Wikipedia). En 2017 compitió por la gubernatura y hoy, desde el Senado, organiza su segunda campaña; ahora para suceder a Miguel Riquelme.

El pretexto para placearse es el mismo utilizado por anteriores aspirantes al Gobierno (Hilda Flores, Jericó Abramo, Guillermo Anaya, Luis Fernando Salazar): presentar su informe legislativo. Con ese motivo recorre el estado, se reúne con empresarios, sociedad civil… y le come el mandado al PRI y al PAN. Guadiana parece contar aún con la simpatía del presidente López Obrador, pero carece de partido. Morena todavía es hoy un cuerpo amorfo. En el triunfo del hombre del sombrero Stetson concurrieron varios factores: su animadversión a los Moreira y la campaña previa para gobernador, pero el determinante fue haberse montado en la ola de López Obrador.

El fundador de Morena captó en Coahuila 609 mil votos; José Antonio Meade, 358 mil y Ricardo Anaya, 307 mil. En la elección senatorial, la fórmula encabezada por Guadiana recibió 493 mil; la de Verónica Martínez, 442 mil y la de Guillermo Anaya, 391 mil. Con esos números, Guadiana tendría hoy asegurada la gubernatura, pero todavía faltan cuatro años para la sucesión. El legislador de Morena, de 73 años, no oculta sus aspiraciones, pero la edad, como él mismo lo admite, es determinante: «Si tengo el mismo vigor de hoy, volveré a ser candidato» (Espacio 4, 597).

Guadiana pasó de los palcos reservados a los criadores de reses de lidia y de las vueltas al ruedo con los triunfadores de la tarde, a las embestidas de la política. Se le ha acusado de aprovechar su posición como presidente de la Comisión de Energía del Senado para vender carbón a la CFE -conflicto de interés-. Un tuit del 19 de marzo, acompañado por una fotografía, atizó el fuego: «En reunión con @ManuelBartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, @ReyesFloresH, coordinador del Gobierno Federal en Coahuila y un servidor, se acordó la aprobación de los pedidos emergentes de carbón para las plantas Carbón I y II, ubicadas en Nava, Coahuila».

Bartlett replicó al día siguiente en la misma red: «Ante las solicitudes de información luego del boletín que emitió la oficina del senador @aguadiana, les comunico que no sostuve ninguna reunión con el también presidente de la Comisión de Energía». Guadiana reconoció que la fotografía era de archivo y no correspondía al día de su publicación, pero que las pláticas para concertar la liberación de un pedido emergente por 360 mil toneladas de carbón, sí se realizaron.

Guadiana, quien saltó a la palestra por denunciar la deuda de Coahuila y exigir castigo para los responsables del quebranto, se metió al «callejón de los trancazos» -frase de Humberto Moreira-. Expertos en guerra sucia, los hermanos disponen de recursos, medios de comunicación y plumas para golpear a un viejo enemigo e incidir en la sucesión de 2023. Así conservarían influencia, privilegios e impunidad «en el estado más priista de México».
20 Agosto 2019 04:00:00
Corrupción sanguínea
Morena procedió en Baja California en sentido contrario a como lo hizo el PAN en Puebla y Veracruz, en 2016, donde respetó los períodos de 20 meses y dos años para los cuales fueron electos José Antonio Gali y Miguel Ángel Yunes, respectivamente. El plazo se acortó como resultado de la reforma al Artículo 116 constitucional de 2014, para empatar las elecciones locales con las de presidente, diputados federales y senadores, y regresar a los gobiernos de seis años a partir de 2018.

Gali y Yunes también pudieron haber promovido en los congresos de sus estados una norma equivalente a la “Ley Bonilla” para prolongar sus mandatos a cinco años, o al menos intentarlo, como Morena pretende hacerlo en Baja California. No se atrevieron, pero tenían otras motivaciones. En el caso de Gali, allanarle la sucesión a Martha Érika Alonso –esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle– con quien colaboró como secretario de Infraestructura y alcalde de Puebla.

Alonso venció al candidato de Morena, Miguel Barbosa. Sin embargo, en el décimo día de su mandato murió con su esposo al desplomarse su helicóptero en un viaje entre Puebla y Ciudad de México. Barbosa triunfó en las elecciones extraordinarias, marcadas por la guerra sucia y un elevado abstencionismo, pero en distritos clave fue vencido. Moreno era la figura más destacada del PAN, pues encabezaba la bancada senatorial y ya había empezado a construir su candidatura para las presidenciales de 2024.

El incentivo de Yunes, en Veracruz, consistía en heredarle a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, la gubernatura de seis años pero el morenista Cuitláhuac García ganó en su segundo intento consecutivo. De esa manera, Acción Nacional perdió dos estados estratégicos, mientras que el PRI se desplomó. En Puebla, su candidato Alberto Jiménez captó el 18% de los votos; y en Veracruz, José Yunes Zorrilla obtuvo el 13 por ciento. El PAN es la segunda fuerza en ambas entidades.

Michoacán también tuvo una gubernatura corta con Fausto Vallejo (PRI), electo para un periodo de tres años siete meses en 2011, sin pretensiones reeleccionistas. Empero, su gestión se caracterizó por los escándalos de corrupción y sus nexos con Servando Gómez, “La Tuta”, jefe de Los Caballeros Templarios. Vallejo pidió licencia por problemas de salud; el gobernador interino, Jesús Reyna, fue detenido después por la PGR acusado de brindar protección al cártel de Gómez. El 29 de enero, la Fiscalía General de la República capturó a Rodrigo Vallejo –hijo del exgobernador– por delincuencia organizada. El PRI perdió el estado en 2015 con Silvano Aureoles (PRD).

Con leyes “Bonilla” o sin ellas, los estados están plagados de nepotismo –corrupción sanguínea– lo llama Ricardo Peralta, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM (Excélsior, 31.07.17). Los gobernadores se las ingenian para conservar el poder a través de sus hijos, esposas, hermanos o peones, no en todos los casos con éxito.

La experiencia de Coahuila, con los Moreira, resultó funesta; y a pesar de la megadeuda, las masacres, las desapariciones forzadas y las empresas fantasma, nadie se ha atrevido a apretarles las clavijas. AMLO pude poner fin a la impunidad y forzar al Estado a actuar.

El caso de Baja California es grave, pues para forzar la ampliación del Gobierno de Morena se vulneran las constituciones federal y local. Jaime Bonilla fue electo para un periodo dos años y por lo tanto no debe ejercer el cargo ni un día más. El Presidente debe definirse, ya.
19 Agosto 2019 04:00:00
En manos de AMLO
La ampliación a cinco años del gobierno de Javier Bonilla Valdez, en Baja California, hasta ahora solo existe en el papel. Para cuando el exsenador de Morena asuma el poder, el 1 de noviembre próximo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya debió haber resuelto que el cargo solo podrá desempeñarlo por dos años, de acuerdo con en el decreto publicado el 17 de octubre de 2014, cuyo transitorio octavo advierte:

“Para efecto de la concurrencia de la elección de Gobernador del Estado con el proceso electoral federal 2021, el Gobernador electo en el proceso electoral de 2019, iniciará funciones el primero de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2021”.

La resolución se modificó el pasado 8 de julio para prolongar el Gobierno de Bonilla a cinco años, cuando ya había sido electo, sin cumplir los trámites parlamentarios del caso ni tomar en cuenta la Constitución general. Quince días después, en una sesión al vapor celebrada secretamente en la presidencia municipal de Playas de Rosarito, el anterior Congreso, de mayoría panista, ratificó la decisión.

La XXIII legislatura local entró en funciones el 1 de agosto, entre protestas por la “Ley Bonilla”, con un dominio aplastante de Morena (13 diputados) y sus satélites PT (dos), Verde (una) y Transformemos (otra). El resto de las curules las ocupan el PAN (cuatro), el PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido de Baja California (una cada uno). Después de su negativa inicial, el gobernador panista Francisco Vega publicará la reforma en el Periódico Oficial “bajo protesta” para que puedan interponerse los juicios de inconstitucionalidad.

El golpe al estado de derecho en Baja California ha sido censurado por las oposiciones, los diputados de Morena Tatiana Clouthier, quien coordinó la campaña de López Obrador, y Gerardo Fernández Noroña, así como por líderes históricos de la izquierda. El tres veces excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas alertó sobre las implicaciones de la medida: “sería un precedente grave para que cualquier legislatura estatal o federal pudiera cambiar los términos de vigencia del mandato que podría recibir cualquier funcionario electo” (El Universal, 12.07.19).

Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala aprovecharon para golpear a su expartido y llevar agua a su molino. “Los diputados del Partido @AcciónNacional apoyaron esta medida votando a favor. Lo dicho, el PAN desgraciadamente ya no tiene remedio. Por eso hay que unirnos en @MexLibre_ (…)”, publicó el expresidente en su cuenta de Twitter, el 9 de julio. Zavala reforzó: “Lo que hizo el Congreso de Baja California, al aprobar la ampliación del período del gobernador a 5 años en favor del gobernador @Jaime_BonillaV, es absolutamente anticonstitucional: los ciudadanos votaron por un gobernador de dos años. Es una agresión al sistema democrático”.

Prolongar el Gobierno de Bonilla equivaldría a una reelección sin votaciones, lo cual es a toda luz improcedente. Baja California ha puesto en el ojo del huracán al presidente López Obrador, quien, con un documento notarial sin validez para el caso, pretende convencer al país de que no buscará despachar en Palacio Nacional después de 2024. La solución del conflicto está en mano de AMLO. Bastaría con disciplinar a Bonilla y a sus diputados. Si no lo hace él, lo hará la Corte. Incluso Muñoz Ledo propuso desaparecer los poderes del estado por violar la Constitución.
17 Agosto 2019 04:00:00
Incuria humana
Mientras los glaciares y el planeta se derriten, las autoridades se miran el ombligo y la industria y las personas no dejan de contaminar. El cambio climático es una realidad, pero no hay políticas consistentes y serias para mitigarlo. Javier Mariscal escribe sobre el tema en el bisemanario Espacio 4 (620).

«El año 2019 se encamina a formar parte de los cinco periodos más calurosos registrados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM). “Si las emisiones de efecto invernadero siguen aumentando, para mediados de siglo las temperaturas promedio de verano podrían ser hasta 4.5 grados (centígrados) más altas que ahora”, dijo la portavoz de ese organismo, Claire Nullis (Naciones Unidas Noticias, 26.07.19).

»Incendios, deforestación, calentamiento de océanos, pérdida de bosques, descongelamiento de los polos y glaciares amenazan el sostenimiento de la vida en el planeta. Frente a ello, la preocupación mundial crece por dos razones:
»La primera, por el alto riesgo que implica para la salud de las personas y el resto de los seres vivos en el planeta, debido a que los trastornos climatológicos alteran los ciclos agrícolas y biológicos de muchas especies.

»La segunda, por las tensiones políticas internacionales, “las cuales nacen de la exigencia global para que los gobiernos, y sobre todo los de aquellos países que más contribuyen al aumento del problema, hagan mayores esfuerzos por revertir la situación”, según el secretario general de Naciones Unidas (NU), Antonio Guterres.

»En un comunicado emitido en julio, la OMM afirma que lo significativo ahora es que los registros de incremento de la temperatura anual mundial rompen récords con oleadas de calor cada vez más frecuentes, intensas y prolongadas.

»“El sobregiro térmico ya excede el aumento de un grado centígrado y apunta a superar los 4 grados por año, llevando el nivel muy por encima de los 12 grados promedio del siglo pasado, y ya no cabe duda de que el ser humano es quien más altera el equilibrio de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero tolerables en la atmósfera”, refiere la ONG. De acuerdo con sus estadísticas, el nivel de dióxido de carbono atmosférico ha pasado de 357 partes por millón en 1993, a 405.5 en 2017, un aumento de 13.6 por ciento.

»De forma colateral, también se acelera el impacto socioeconómico y eso genera riesgo de fricción entre países, pues parte de los flujos migratorios surgen a consecuencia de prolongadas sequías que afectan la agricultura en regiones del planeta que solían captar más lluvias.

»Además, el calentamiento también propicia enfermedades. En México, por ejemplo, al menos 2% de la población enfrenta padecimientos de asma, tos, resfriados, alergia y bronquitis atribuibles al cambio climático, según afirma el doctor Reyes Haro Valencia, investigador del Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es decir, de los 130 millones de mexicanos, cerca de 2.6 millones se ven afectados por los contaminantes derivados del calentamiento global (EFE, 11.01.19).

»Petteri Taalas, secretario general de la OMM, señala que “es a consecuencia del calentamiento global que en los primeros meses de 2019 el ciclón Idai causó inundaciones devastadoras y trágica pérdida de vidas en Mozambique y Malawi, regiones cuya baja altitud las hace vulnerables a las mareas de tempestad y víctimas de la elevación del nivel del mar, por lo cual Idai se convirtió en el desastre atmosférico más mortífero del hemisferio sur”».
16 Agosto 2019 03:51:00
Ensayo reeleccionista
Baja California, primer estado donde hubo alternancia, refleja la nueva realidad política del país. En las elecciones de junio pasado, Morena captó el 50% de los votos y terminó con 30 años de hegemonía panista, cuyo candidato obtuvo el 23%. Superado por el PRD (8%) y Movimiento Ciudadano (6%), el PRI (4%) pasó al quinto puesto. La fuerza dominante entre 1930 y 1989 está ahora al nivel del Partido de Baja California. De ese tamaño es el ataúd que cargan Alejandro Moreno y Carolina Viggiano después de su triunfo democrático.

El atropello de Morena para tratar de extender a cinco años un gobierno electo para dos, lo explica el personalismo de su fundador (AMLO) y de Jaime Bonilla, cuyo ejercicio debe terminar el 31 de octubre de 2021, de acuerdo con la Constitución local. En julio de ese año se votará para diputados federales y gobernador, quien ocupará el cargo por seis años; así se homologarán los procesos federales y locales, como ya ocurre en otras entidades.

Bonilla pretende gobernar hasta 2024, cuando habrá elecciones presidenciales. La maniobra le ha generado a Morena un desgaste innecesario y oposición incluso dentro del mismo partido de López Obrador. En los comicios del año pasado en Puebla, para elegir gobernador, la panista Érika Alonso ganó por una diferencia de cuatro puntos porcentuales al candidato de Morena, Miguel Barbosa. El resultado fue impugnado, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó el triunfo de Alonso. Barbosa mantuvo una actitud beligerante
y enconó al Estado.

Alonso falleció en un accidente aéreo el 24 de diciembre —10 días después de su toma de posesión— junto con su esposo Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla y coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado. Barbosa ganó la elección extraordinaria, pero Morena perdió 350 mil votos en relación con los comicios del año previo. Los ciudadanos les cobraron en las urnas su mal comportamiento.

El PRI captó el 18% de los votos y se ubicó en el tercer lugar. El PAN perdió los gobiernos de Puebla y Baja California, pero en Tamaulipas derrotó a Morena en todos los distritos. En Durango, el partido del Presidente solo conquistó dos municipios, pero en Quintana Roo se hizo con la mayoría de las diputaciones. La competencia tiende a ser entre el PAN y Morena. El PRI retrocede en cada proceso y nada hace pensar en su recuperación; al contrario, los escándalos de corrupción en el gobierno de Peña Nieto y la desaseada elección de su dirigencia nacional lo hunden cada vez más en el ánimo de los electores y de su propia militancia.

El PAN entró en crisis desde antes de los comicios de 2018 debido a la disputa entre Ricardo Anaya y Margarita Zavala por la candidatura presidencial. Su mejor momento lo tuvo en 2016 cuando ganó siete gubernaturas bajo la batuta de Anaya. Marko Cortés no ha podido reunificar a Acción Nacional, pero aun así es el principal opositor de López Obrador y de Morena.

El apoyo de los diputados panistas de Baja California a la “Ley Bonilla” exhibió la falta de liderazgo en ese partido; para asumirlo, Cortés tiene un reto: frenar el ensayo reeleccionista en la península, al cual se oponen Montescos y Capuletos. Tal es el propósito de la controversia constitucional que diversas fuerzas presentarán ante la Suprema Corte de Justicia, una vez promulgado el decreto 112.
14 Agosto 2019 03:50:00
Vergüenza panista
Medio siglo tardó el PAN, desde su fundación, en obtener la primera gubernatura. En ese lapso, fue objeto de persecuciones y libró batallas memorables, pero la “dictadura perfecta” era implacable, y cuando no ganaba, arrebataba. En 1986, Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación y ahora director de la CFE, calificó de “patriótico” el fraude contra Francisco Barrio para imponer a Fernando Baeza (PRI). Perder Baja California, su buque insignia, después de timonearlo por tres décadas (1989-2019), habría significado, sí, un fracaso, normal en cualquier democracia –el poder corrompe–, mas no el fin del mundo. Pero avalar la ampliación del período del gobernador electo Jaime Bonilla (Morena), de dos a cinco años, es distinto. Traicionar sus principios constituye un acto deleznable difícil de ignorar y menos aún de perdonar.

El golpe al estado de derecho habría fracasado si la 22 Legislatura, dominada por el PAN, votaba en contra de la reforma al decreto 112 (octavo transitorio constitucional) propuesta por el diputado de Morena Víctor Manuel Morán, el 8 de julio. Sin embargo, sus diputados la aprobaron ese mismo día, mes y medio después de las elecciones del 2 de junio. El presidente López Obrador se ha deslindado con tibieza del asunto, en tanto que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lo juzga violatorio de la Constitución. El abogado Francisco J. Rubio comparte el criterio de la exministra de la Corte. “La inconstitucionalidad de la medida en Baja California se sustenta en la temporalidad de su expedición y por el contenido sustantivo del proceso legislativo. Por estas razones, se trata de una reforma claramente inconstitucional”, (Nexos, 22.07.19).

El líder del Congreso, Porfirio Muñoz Ledo, quien ya le ha enmendado la plana al Presidente varias veces, planteó una solución tajante, respaldada por el PRD: desaparecer los poderes del Estado por violar la Constitución. El coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, descarta esa vía, pero tomarla sentaría un precedente positivo, pues enviaría un mensaje a los gobernadores, a las legislaturas y a los tribunales superiores de justicia locales para apegarse a la ley fundamental o atenerse a las consecuencias.

La mayoría de los gobernadores pertenece al PRI (11) y al PAN (10); Morena subió a seis con Baja California y Puebla. En caso de desaparición de poderes, el Artículo 76 constitucional faculta al Senado para nombrar sustituto, quien convocaría elecciones extraordinarias. A pesar del abstencionismo del 70%, el triunfo Morena en Baja California fue rotundo. Hace 30 años, el PAN obtuvo la gubernatura –con Ernesto Ruffo– dos ayuntamientos y nueve de 15 distritos. El 2 de junio, Morena hizo carro completo al ganar, en coalición con los partidos Verde, del Trabajo y Transformemos, el Gobierno, las cinco alcaldías (antes no existía la de Playas de Rosarito) y todas las diputaciones de mayoría (ahora son 17 bajo ese principio y ocho de representación proporcional).

Después del atraco legislativo, lo procedente es regresar al período de dos años para el cual fue electo Bonilla o anular la elección. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación apuntó en la primera dirección el 29 de mayo al revocar la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, según la cual el candidato de Morena podría ser gobernador por cinco años. La Suprema Corte de Justicia resolverá el caso en favor del derecho y de la democracia.
13 Agosto 2019 04:00:00
La hora final del PRI
El PRI renunció a ser oposición para colocarse en la órbita del presidente López Obrador. Así nació y así eligió morir: en 1929, bajo el caudillaje de Plutarco Elías Calles y 90 años después, bajo la sombra del fundador de Morena. Final deshonroso para un partido cuyas aportaciones al país acabaron sepultadas por la generación de Peña Nieto, caracterizada por la corrupción, la soberbia y el abandono de su doctrina social. La elección de la fórmula de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano –combinación de Peña y Marta Sahagún– resultó según lo planeado.

Obnubilado, el PRI acaso supone que su alianza con AMLO y el eventual fracaso de la Cuarta Transformación lo convertirán en opción para regresar al poder. Si ya ocurrió con Peña tras los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, argumentarán sus estrategas, ¿por qué no en 2024 con Miguel Osorio Chong e incluso con Moreno? Chiste cruel o sueños guajiros, da lo mismo. En 2012 concurrieron factores irrepetibles: el PRI gobernaba 19 estados, entre ellos Veracruz –entonces su segunda reserva de recursos y de votos–, y hoy solo 11. El más fuerte de ellos es Estado de México, donde virtualmente está copado por Morena.

La tendencia en los estados, como se observó en Baja California y Puebla el pasado 2 de junio, es que Morena avance y el PRI siga en picada. En Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, el PAN borró del mapa al partido de AMLO. Acción Nacional representa hasta hoy la única oposición, a pesar de la pifia en Baja California por la “Ley Bonilla” de la cual se deslindó. También expulsó a los nueve diputados de la anterior Legislatura que avalaron el atropello. Una vez promulgada la reforma que amplía de dos a cinco años el gobierno de Jaime Bonilla, el PAN presentará un juicio de inconstitucionalidad ante la Corte para anularla.

En las presidenciales de 2006, Fox intentó eliminar de las boletas a López Obrador con el apoyo del PRI, y por poco pierde la elección. En 2012, Calderón siguió la misma ruta, sin embargo, para asegurarse de no fallar, abandonó a Josefina Vázquez Mota y se decantó por Peña Nieto. Si el PRI supone que López Obrador podría favorecer a un tricolor en la sucesión de 2024 para frenar a la derecha, significa que también perdió la razón. El PRI negoció con Fox y Calderón desde una posición de fuerza; hoy no la tiene. La suya no es una alianza, sino una rendición.

La victoria del tándem Moreno-Viggiano es menos que pírrica; ya pueden regresar solos a casa. El proceso interno del PRI fue un montaje con los vicios de siempre (acarreo, compra de votos, padrones rasurados). El elevado abstencionismo confirma la condición de un partido agónico y de una militancia desmoralizada. El PAN tampoco ha dado señales de recuperación (su triunfo en los estados corresponde a los gobernadores) y Marko Cortés es un líder bastante anodino, pero en el imaginario colectivo es la oposición más viable y visible.

Si Acción Nacional logra salir de la crisis –ya ha superado otras, pero ninguna tan profunda como la actual– podría ser el contrapeso que el país necesita con urgencia frente a un López Obrador avasallador. México Libre, partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón, en gestación, trata de convertirse en alternativa para las elecciones intermedias en las cuales se renovará el Congreso. Movimiento Ciudadano es otra opción. En 2018 ganó Jalisco con Enrique Alfaro, y en 2021 podría hacerse con el gobierno de Nuevo León tras el fracaso estruendoso de Jaime Rodríguez, el Bronco.
12 Agosto 2019 04:01:00
Coahuila en el candelero
Aún no terminaba de borrarse de la mente la imagen de los cuerpos inertes de los migrantes salvadoreños Óscar Alberto Martínez, de 25 años, y de su hija Valeria, de 2, a la orilla del río Bravo, arropados en la misma camiseta, cuando policías del estado asesinaron en Saltillo al hondureño Marco Tulio Perdomo Guzmán (29) frente a su hija Nataly (8), el 31 de julio. Ambos salieron de la Casa del Migrante con un grupo que pretendía abordar el tren para viajar a la frontera e intentar cruzar a Estados Unidos.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) dispararon a mansalva contra los migrantes, uno de los cuales ocultó a su hijo de 2 años en una tienda para librarlo del fuego. Si en Estados Unidos la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza sugirió, según la agencia de noticias ProPublica, que la fotografía de Óscar Alberto y Valeria había sido manipulada, pues los cuerpos lucían «demasiado limpios», aquí la FGE quiso imponer su versión de lo ocurrido -culpar a la víctima y exonerar a los agresores-, pero fue descubierta en la mentira.

A Marco Tulio se le sembró un arma para presentarlo como provocador; sin embargo, la FGE cedió ante la presión y la evidencia, y detuvo a varios agentes, entre ellos al presunto asesino. La Casa del Migrante ha solicitado la renuncia del fiscal Gerardo Márquez, mientras el obispo de Saltillo Raúl Vera, defensor de los migrantes antes de que el fenómeno hiciera crisis por el racismo político y el discurso de odio del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó terminar con el «ambiente de criminalización de los migrantes» y detener la caza de brujas provocada por la amenaza de imponer aranceles comerciales a México.

Si la supuesta ejecución extrajudicial de traficantes de droga en el estado responde a una política pública para disuadir el crimen y «mantener el orden a cualquier costo» es violatoria del derecho internacional humanitario, con mayor razón lo es cuando se trata de migrantes protegidos por mecanismos de Naciones Unidas. «Una ejecución por parte de agentes del Estado es extrajudicial cuando no está dentro de los siguientes parámetros: la legítima defensa; el combate dentro de un conflicto armado; el uso racional necesario y proporcionado de la fuerza para hacer cumplir la ley; y por imprudencia, impericia, negligencia o violación del reglamento» (Wikipedia).

El caso del migrante abatido ha puesto a Coahuila de nuevo en el candelero. La FGE debe afrontar su responsabilidad -el engaño para encubrir el asesinato no puede quedar impune- y el gobernador Miguel Riquelme responder sin paliativos. Primero, para garantizar justicia; segundo, para que ese tipo de agresiones no se repita; tercero, para respetar y hacer cumplir los protocolos de protección a migrantes; y cuarto, para dejar de acosar y estigmatizar, por razones políticas, a la Casa del Migrante. Si el proceso exige cambios radicales en la FGE, la Secretaría de Seguridad Pública y otras instancias, ningún compromiso o consideración personal deben interponerse.

Las agresión del 31 de julio contra personas indefensas pudo haber tenido consecuencias más graves, no solo para los migrantes y los habitantes de la colonia San Miguel, sino también para el Gobierno del Estado. Es preciso desterrar el odio del discurso político, de la conversación cotidiana y de los medios de comunicación. La crisis humanitaria podrá resolverse con solidaridad y apego riguroso a las leyes, nunca con balas.
10 Agosto 2019 04:03:00
La mujer del celular
La escritora y periodista Renata Chapa analiza en la nueva edición de Espacio 4 la actitud de la mujer que grabó en su celular imágenes y diálogos durante el tiroteo en El Paso, Texas, compartidas en una página de Facebook. Después de la narración, su sentencia es concluyente:

«A tan solo unos momentos de que Patrick Crusius, un joven de 21 años, ejecutara a balazos a varias personas ubicadas en ese estacionamiento del Walmart de Cielo Vista, y teniendo los cuerpos de algunos de ellos de frente, y al asesino sin capturar -aún armado y con evidente intención de continuar los disparos-, ubicado a metros de distancia dentro del mismo centro comercial, ¿de dónde sacó valor, en esos precisos momentos, la mujer que videograbó en su celular lo arriba narrado? ¿Qué pudo haber sido más poderoso en ella para videograbar una y varias veces a los recién asesinados en lugar de velar por su propia vida y por la de otras personas ahí mismo en alto riesgo?

»¿Qué tipo de cruel y ciego empoderamiento brota con celular en mano? ¿Hasta dónde llega la necesidad de dar cuenta del dolor ajeno, de la caída del otro, de la vulnerabilidad humana ante el fanatizado morbo viral? ¿Y los familiares de las víctimas videograbadas y los derechos humanos de unos y de los otros? ¿Adquiere, entonces, más peso un “valiente” videograbador de masacres que el masacrador? Las dudas siguen, al igual que el profundo sentimiento de ofensa.

»Cierro con varias reflexiones del libro electrónico, Redes Sociales: del Daño Virtual a la Responsabilidad Legal (Kindle Edition, Bogotá, 2018, recuperado de Storytel). Su autor, Felipe Sánchez Iregui, señala puntual: “Para muchas personas, las redes se han vuelto una herramienta de validación social, aceptación, o el medio con el cual son escuchadas para no pasar inadvertidas en un mundo donde los medios de comunicación exigen, enseñan o difunden una cierta necesidad de aceptación o visualización social. (…)

»“¿Qué riesgos aparecen, entonces, bajo el contexto de la disponibilidad de datos de internet, la portabilidad de las herramientas tecnológicas y la inmediatez de los hechos? (…) El riesgo social que comporta la información en eventos de alto impacto masivo como situaciones catastróficas, actos de terrorismo, situaciones políticas, marchas masivas, crímenes de lesa humanidad, actos o decisiones judiciales de trascendencia, cuyo manejo exige tacto, prudencia y llamado a la calma, entre otros. (…) No ser un wallflower -es decir, una persona impopular, imperceptible, tímida- es un reto (enfrentado) por la presión social, muchas veces inculcada en la misma casa, colegio o entorno familiar (y laboral)”. Daños a la moral, la autodenigración, lo irracional e indigno por los “cinco minutos de fama” que buscan llenar quién sabe cuántos vacíos emocionales.

»Ricardo Raphael explica en su libro Mirreynato: la Otra Desigualdad (Ed. Planeta, México, 2016) que una de las características esenciales de los “mirreyes” de cepa es atreverse a lo endemoniadamente peligroso. Al marasalvatruchismo versión millonarios. Caiga quien caiga. Le pese a quien le pese.

»Patrick Crusius se atrevió a pasar por alto la vida; y la mujer del celular, a pasar por alto la muerte. Entornos que dan miedo al miedo mismo. Violentaciones supremas como opción a qué. Por qué. Hasta dónde. Cuántas disculpas en una cada vez más larga lista de espera». (Texto completo en espacio4.com)


09 Agosto 2019 04:00:00
Rebelión silenciosa
El PRI ha tenido 54 presidentes desde su creación, en 1929, como Partido Nacional Revolucionario; en 1938 cambió a Partido de la Revolución Mexicana y desde entonces adoptó el nombre actual. Su ideología centrista, corporativista, tecnocrática y neoliberal, y su posición de centroderecha lo apartó de la socialista de su segunda etapa. En apenas cinco años, Morena –cardenista-reformista– se convirtió en el partido de izquierda y ganó la Presidencia y el Congreso. El PRI ocupa una precaria tercera posición después del PAN.

En las tres épocas del PRI, al menos seis de sus líderes fueron presidenciables, pero solo Lázaro Cárdenas logró el objetivo. Con la autoridad de no haber aprovechado su popularidad para crear un nuevo maximato, el general se opuso a la tentativa reeleccionista de Miguel Alemán cuyo Gobierno, igual que los de Salinas de Gortari y Peña Nieto, sobresalió por ser de los más corruptos de la historia. Luis Donaldo Colosio –segundo dirigente en obtener la candidatura presidencial, –el tercero fue Roberto Madrazo– murió en una emboscada urdida desde el poder.

El PRI viró a la derecha en el Gobierno de Miguel de la Madrid, cuyo predecesor, José López Portillo, se había autoproclamado “el último presidente de la Revolución”. El periodo neoliberal se afianzó con Salinas. A esa corriente se ha referido el presidente López Obrador: “Neoliberalismo es sinónimo, en el caso de México, de corrupción, de robo, y tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad fueron las empresas más saqueadas”.

Manlio Fabio Beltrones, quien también aspiró a la Presidencia, encendió las alarmas cuando renunció a la jefatura del PRI después de perder la mayoría de las elecciones estatales de 2016: “estamos obligados, como nunca antes, a escuchar la voz y reclamos de los ciudadanos; de todos ellos, votantes priistas o por otros partidos, que exigen mejores resultados en sus gobiernos y combate a la corrupción e impunidad (…) que la modernidad se refleje en los bolsillos de las familias mexicanas (…) seguridad para sus hogares y sus ciudades. No están satisfechos con solamente enterarse de que vamos bien, sino que quieren sentirse bien”.

Es el mismo discurso de López Obrador, ignorado por Peña Nieto y sus 40 ladrones con olímpico desdén. El PRI —como The Economist le restregó al ahora expresidente, quien prefería mirar para otro lado con tal de no ver la corrupción propia y de su Gobierno– “no entiende que no entiende”. La pretensión de imponer a Alejandro Moreno y a Carolina Viggiano –satélites de Peña y de Miguel Osorio— al frente del Comité Ejecutivo Nacional, acabará con los restos de un partido repudiado dentro y fuera de las urnas. Osorio se asume como jefe político, y desde el reino de la mediocridad y la insania crea su propia fantasía: ser presidente.

La elección priista será una farsa, y como tal la descalificó Beltrones después de haber sido eliminado de la competencia, con malas artes, el único aspirante capaz de plantarle cara a López Obrador: “Lamento y mucho la renuncia de mi amigo @JoseNarro al @PRI Nacional. Las razones ya las expuso. En lo personal no acudiré a votar el 11 de agosto, con ese padrón irregular del que habla la convocatoria”, publicó el 19 de junio en su cuenta de Twitter.

Junto con Beltrones –amigo de Colosio–, muchos militantes se abstendrán para no avalar el fraude, o votarán por Ivonne Ortega y José Encarnación Alfaro, la fórmula opositora. Legiones de priistas agraviados emigraron ya a Morena. El PRI está acabado.

07 Agosto 2019 04:00:00
La guerra perdida
La impunidad en México obedece al diseño de la Constitución y de las leyes, cuyo propósito consiste en proteger a los poderes público y económico. El Congreso aprobó reformas propuestas por Andrés Manuel López Obrador para modificar el sistema y atacar la corrupción. Empero, en ocho meses de Gobierno, los resultados de la estrategia contra ese flagelo -núcleo de la campaña presidencial de 2018- han sido pobres o de plano nulos en un país con las peores calificaciones en materia de estado de derecho y transparencia.

«El distintivo del neoliberalismo es la corrupción», insiste AMLO. Implantado hace 36 años, según el Presidente, el modelo comprende cuatro gobiernos del PRI y dos del PAN. Sin embargo, Ernesto Zedillo, sin aspavientos, creó las condiciones para la alternancia, reformó el Poder Judicial y encarceló a Raúl Salinas de Gortari, hermano de su predecesor. Salinas fue enlistado por la revista Forbes entre «Los 10 mexicanos más corruptos de 2013», junto al exgobernador de Coahuila Humberto Moreira.

«Mister ten percent», como era conocido Salinas por las comisiones que cobraba a contratistas y proveedores del Gobierno federal, fue detenido el 28 de febrero de 1995 bajo los cargos de lavado de dinero del narcotráfico, enriquecimiento ilícito y la presunta autoría intelectual del asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu, padre de la saliente líder del PRI, Claudia Ruiz Massieu. El expresidente Carlos Salinas quiso presionar a Zedillo con una huelga de hambre. Finalmente, se autoexilió en Irlanda. Después de 10 años en prisión, Raúl Salinas no solo fue absuelto, también recuperó 19 millones de dólares y 41 propiedades (Forbes, 22.12.13).

Así ha operado siempre el sistema judicial. López Obrador pretende cambiarlo… sin castigar a los corruptos. Ningún presidente había puesto entre rejas a uno de los intocables del régimen como Zedillo lo hizo con Raúl Salinas. Vicente Fox, lo mismo que AMLO, prometió una pesca abundante de corruptos, pero solo encausó a Rogelio Montemayor por el Pemexgate, el cual consistió en el desvío de más de mil millones de pesos a la campaña presidencial de Francisco Labastida, en el año 2000. El exdirector de Pemex fue exonerado, como Salinas, y el PRI multado con mil millones de pesos.

Zedillo -candidato sustituto del PRI tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio- es uno de los presidentes mejor calificados; y Salinas, junto con Peña Nieto, de los más repudiados. La corrupción alcanzó en sus gobiernos cotas de escándalo. Zedillo superó el naufragio económico, herencia de Salinas, cuyas consecuencias fueron la crisis bancaria y el empobrecimiento de millones de mexicanos. El rescate de los bancos, a través del Fobaproa, costó al país más de medio billón de pesos.

De los 14 últimos presidentes, Zedillo ocupa el segundo lugar en la clasificación general del portal México Mágico, después de López Mateos, y por encima de Fox. En «desempeño personal», el primero; Felipe Calderón, el segundo; y Lázaro Cárdenas, el tercero. Los primeros sitios del ranking de «desarrollo económico» corresponden a López Mateos, Fox y Ruiz Cortines; y en «desarrollo social», los líderes son Luis Echeverría, López Portillo y López Mateos. A escala mundial, López Obrador es uno de los presidentes mejor evaluados -y el número uno de América-, con una aprobación de 67% (Consulta Mitofsky).
06 Agosto 2019 04:00:00
Gobernar sin barreras
Los presidentes de México le temían a la gente. Desde Luis Echeverría, ninguno se mezclaba entre ella como lo hace ahora López Obrador incluso con mayor naturalidad. En ese periodo, los mandatarios no ponían pie fuera de Los Pinos si no eran rodeados por un ejército de guardaespaldas que quizá «ni Obama» tenía. En Estados Unidos, la protección del Presidente, el vicepresidente y sus familias corresponde al Servicio Secreto, que también desarrolla funciones como la de prevenir e investigar la falsificación de dinero, fraudes, hurtos financieros y otros delitos (Wikipedia).

El Servicio Secreto depende del Departamento de Seguridad Nacional y lo integran alrededor de 6 mil agentes. En México, la seguridad del Presidente estaba asignada al Estado Mayor Presidencial (EMP), cuyo número de elementos era similar al de su equivalente norteamericano. Creado en 1942, el EMP devino en casta dorada. Y como sucede en Coahuila con la legión de policías pagados por los contribuyentes para cuidar a las cabezas y a los peones del moreirato, en vez de salvaguardar a la población, las fuerzas federales dejaban de prestar otros servicios al país.

Una de las primeras medidas del Gobierno de López Obrador consistió en desaparecer el EMP e integrar sus elementos a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina. En el sexenio pasado, proteger y atender al jefe de Estado y de Gobierno mexicano costó más de 6 mil millones de pesos. El EMP celebró su día el 22 de febrero de 2018, sin saber que sería el último. En la ceremonia, una frase de cinco palabras -a espaldas de Peña Nieto- resumía la función de este controvertido «órgano técnico militar»: «¡Al Presidente nadie lo toca!».

Además de corrupto y frívolo, Peña fue un Presidente pusilánime. Ni López Portillo aireó su vida privada con el descaro con que lo hace hoy el «orgullo de Atlacomulco». Repudiado por los mexicanos, el expresidente se refugió en la soledad junto con su segunda esposa y con sus hijos; y murió, si no en la pobreza, sí muy cerca de ella. Además de su pensión, vivía de la ayuda de «políticos ricos». Lo único que pedía era respetar su intimidad para rumiar el fracaso por el cual lloró y pidió perdón en su último informe. Quizá al final López Portillo obtuvo indulgencia; Peña, en cambio, se obstina en ser recordado con desprecio.

López Obrador, a diferencia de sus predecesores, no teme a las personas; por esa razón prescindió de los símbolos del poder que en realidad eran barreras infranqueables para que nadie «tocara»» al Presidente, cual si fuese dios. Ello explica, en parte, por qué AMLO mantiene altos niveles de confianza después de siete meses de Gobierno, no exentos de dislates, errores y turbulencias. La mayoría de los mexicanos le cree; y en contra de quienes tildan a sus seguidores de fanáticos, la encuesta de Reforma y The Washington Post (17.07.19) refleja madurez social en sus evaluaciones, pues reconoce éxitos y subraya fracasos.

Frente al 53% y el 49% de los ciudadanos satisfechos con los resultados de la lucha contra la pobreza y la corrupción, el 52% y el 55% reprueban las políticas del Presidente para combatir el crimen y reducir la violencia. Para el 86% de la muestra, Peña Nieto cometió actos de corrupción, por los cuales AMLO debe castigarlo, respondió el 78 por ciento. El mensaje es irrefutable: ni perdón ni olvido. Todavía es temprano para juzgar el sexenio, pero la encuesta es un buen termómetro.
05 Agosto 2019 03:30:00
Ingenuidad política
La consigna de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, los candidatos de Enrique Peña Nieto (EPN) y Miguel Osorio Chong (MOC) para dirigir al PRI es clara: terminar con los dinosaurios de una vez por todas. Esa especie la representan Manlio Fabio Beltrones y las generaciones de gobernadores, secretarios de estado y políticos previas a la de EPN. Sin ser un dechado de honestidad, Beltrones significaba un peligro para la cleptocracia que ostentó el poder hasta el año pasado; por esa razón, el peñismo conjuró para echarlo de la jefatura del PRI por la puerta de atrás.

El temor era que Beltrones aprovechara su experiencia y relaciones con los cuadros del PRI y otros sectores para conseguir la candidatura presidencial en 2018, como Roberto Madrazo lo hizo 12 años antes. En ese escenario, quizá tampoco hubiera vencido a López Obrador, pero el desplome de su partido habría sido menos estruendoso. Para eliminar al émulo de Gutiérrez Barrios de la sucesión y derrumbar el mito, nada mejor que presentarlo como perdedor.

Las elecciones de 2016 marcaron el debut y la despedida de Beltrones de la presidencia del PRI. El resultado fue desastroso, pues de 12 gobiernos en disputa, perdió siete con el PAN; entre ellos los de Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz donde jamás había habido alternancia. Cuatro datos curiosos: 1) en la mayoría de los estados donde participó Encuentro Social (ES), partido patrocinado por MOC, afrontó al PRI; 2) en Hidalgo —donde el cacique es MOC— el PRI ganó con el más alto porcentaje de votos; 3) los candidatos de Morena obtuvieron votaciones marginales, excepto en Oaxaca, Veracruz y Zacatecas, y 4) en las presidenciales del año pasado, ES apoyó a López Obrador y no a José Antonio Meade.

El triunfo del PAN catapultó a su líder Ricardo Anaya y lo consolidó como el plan B de EPN y sus secuaces para la presidencia. Sin embargo, cuando el “joven maravilla” emprendió su propio vuelo y en campaña prometió encarcelar al Presidente por delitos de corrupción, la preferencia cambió hacia López Obrador y su partido. Súbitamente, AMLO modificó su discurso y perdonó a EPN. Sin embargo, la presión interna y exterior, para enjuiciar a Peña, podría rebasarlo.

Boicoteado desde Los Pinos, Gobernación y Hacienda —entonces a cargo de Luis Videgaray, promotor de la candidatura de Meade—, Beltrones optó por renunciar a la jefatura del PRI y a sus aspiraciones presidenciales. La trama había dado resultado. Beltrones era el candidato natural en las sucesiones de 2012 —de la que fue eliminado por intrigas de Humberto Moreira y de EPN— y 2018. El currículum del dinosaurio asusta a los párvulos arrogantes que gobernaron el país en el sexenio pasado y sepultaron al PRI: subsecretario de Gobernación, gobernador de Sonora, líder de la CNOP y presidente de las cámaras de diputados y de
senadores.

En su discurso de renuncia a la dirigencia del PRI, el 20 de junio de 2016, “don Beltrones” pegó un coletazo: “(…) los electores dieron un mensaje a políticas públicas equivocadas o a políticos que incurrieron en excesos, que no tuvieron conductas transparentes y que no actuaron de manera responsable… (la) ciudadanía premia o castiga con su voto”. También parafraseó a su paisano Colosio, asesinado por la nomenklatura para cerrarle las puertas de Los Pinos: “Lo que los gobiernos hacen, sus partidos lo pagan”. Un año después, Peña y su grupo fueron castigados en las urnas por 45.6 millones de mexicanos (suma de los votos por AMLO, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez).



03 Agosto 2019 04:00:00
El fin del mito
Joaquín Guzmán, el capo que se le fugó a Vicente Fox y a Peña Nieto, terminará sus días en una prisión de Estados Unidos a prueba de túneles, como lo cuenta Gerardo Moyano en el número 619 de Espacio 4.

“El ‘juicio del siglo’, que acabó el 17 de julio con la sentencia a cadena perpetua a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera en una cárcel de máxima seguridad de EU, exhibió el alto nivel de corrupción gubernamental en México.

“En su declaración ante el jurado, Víctor J. Vázquez, agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), señaló que la recaptura del narcotraficante se logró cuando dejaron de incluir en los operativos a la “corrupta policía” mexicana, en particular a la Policía Federal (…).

“‘Lo habíamos hecho con ellos –la Policía Federal– antes; simplemente por el nivel de corrupción no iba a funcionar si los usábamos de nuevo’, dijo Vázquez, quien desde enero de 2014 tuvo el encargo de arrestar a ‘los líderes’ del cártel de Sinaloa: ‘El Chapo’ y sus socios Ismael ‘el Mayo’ Zambada y Rafael Caro Quintero. Por este último, liberado por un ‘error judicial’ en 2016, las autoridades estadunidenses ofrecen la recompensa más alta de la historia: 20 millones de dólares.

“Vázquez señaló que ‘por miedo a la corrupción’ se limitaron a compartir información con un grupo selecto de la Marina de México, lo cual refuerza la decisión de AMLO de transferir los policías federales a la Guardia Nacional.

“En este sentido, el jefe de Operaciones de la Oficina de Aplicación Global de la DEA, Greg Cherundolo, advirtió ante el Senado estadunidense que ‘la presencia de la DEA en México representa nuestra mayor huella internacional’ y que la recaptura del ‘Chapo’, en 2106, fue el ‘ejemplo más notable del alto nivel de cooperación’, así como de la ‘fuerte y exitosa asociación de seguridad bilateral en la última década’.

“Sin embargo, esta cooperación ha sido ríspida. De hecho, la defensa del ‘Chapo’ mostró una foto de Vázquez sosteniendo un rifle de asalto y vistiendo un uniforme militar mexicano frente a 2 mil 800 paquetes de metanfetamina decomisados en un cateo, el 17 de febrero de 2014, en el marco de la búsqueda del ‘Chapo’. Esto fue antes de que el Senado mexicano aprobara una iniciativa de ley, en abril de 2015, que permite que haya agentes extranjeros armados en el país.

“La parte acusadora intentó evitar que Vázquez respondiera al respecto, pero el juez Brian Cogan lo permitió. ‘¿Por qué portar un arma de asalto?’, preguntó el abogado Eduardo Balarezo. ‘Por protección, por si los miembros del cártel atacaban a los marinos’, respondió el agente.

“La defensa del “Chapo” mostró luego otra fotografía de su cliente sometido por un hombre con uniforme militar. ‘¿Esa es su mano?’, cuestionó Balarezo. Si bien Vázquez aceptó que él fue quien confirmó la identidad del narcotraficante en su última captura, asegura que nunca lo tocó. Tras la respuesta, los fiscales interrumpieron el interrogatorio y pidieron acercarse al juez, junto al abogado de Guzmán, quien no retomó el tema.

“Esta sería una de las irregularidades por las cuales el 22 de julio, la defensa del “Chapo”, ahora liderada por el litigante Marc Fernich, apeló el veredicto –culpable de 10 delitos por tráfico de drogas y lavado de dinero– y la sentencia –cadena perpetua, más 30 años de cárcel por uso de armas de fuego y 240 meses por blanqueo de dinero–. El proceso podría demorar un año. Mientras tanto, ‘El Chapo’ purga su condena en la prisión ADMAX de Florence, Colorado, donde pasa 23 horas del día en absoluto aislamiento”.


02 Agosto 2019 04:01:00
Diques fracturados
La megadeuda de Coahuila tiene ocho años de haberse descubierto, sin que hasta hoy, ninguno de los responsables haya sido procesado todavía; mientras, el estado afronta apremios financieros cada vez mayores. La apuesta del moreirato ha sido por el agotamiento, la prescripción de delitos y el olvido. Las legislaturas implicadas, los últimos fiscales y el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) han cumplido con celo la encomienda de encubrir una trama urdida desde el centro mismo del poder, ejercido por los hermanos Humberto y Rubén Moreira. El absurdo tiene una explicación: algunos de los defensores del clan fueron sus cómplices y ahora ocupan puestos clave en el Congreso y en el aparato de justicia.

Los partidos de oposición y los organismos del sector privado renunciaron a su compromiso de presionar a las autoridades para exigir el esclarecimiento de la deuda y someter a juicio a quienes abusaron de su autoridad e infringieron leyes para hipotecar al estado. El vacío de liderazgo lo han cubierto ciudadanos y organizaciones civiles.

A ellos y a algunos medios de comunicación se debe que el tema continúe vigente en la agenda del país. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó levantar la veda sobre el moreirazo.

Adicionalmente, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción deberán turnar a un juez las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) contra la Secretaría de Finanzas por irregularidades cometidas en los ejercicios 2013 y 2014, cuyo monto asciende a 691 millones de pesos.

La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, siempre ha preferido mirar para otro lado. El zar Jesús Homero Flores Mier presenta como una proeza haber enjuiciado a 31 funcionarios y recuperado 700 mil pesos dentro del Reto de los 100 días.

En un estado donde la deuda pública se disparó de 380 millones de pesos a cerca de 40 mil millones, en el lapso de un sexenio; donde se contrataron créditos a espaldas del Congreso y con documentos falsos; donde se ocultaron pasivos y se desviaron casi 500 millones de pesos a empresas fantasma, y donde el sistema de Pensiones fue saqueado, los resultados expuestos por Flores Mier son ofensivos y ridículos. Para dar credibilidad y legitimidad a la estructura creada para combatir la corrupción, es preciso depurarla. El SEA lo diseñó Rubén Moreira para cubrirse las espaldas.

Sin embargo, la presión social y las denuncias de la ASE, por la deuda, las firmas fachada y otros gastos anómalos, empiezan a surtir efecto. Los diques de la impunidad ya están fracturados.

Para responder a las demandas de justicia de los coahuilenses, también es condición separar de sus cargos e investigar a quienes la obstruyeron, participaron –directa o indirectamente– en el quebranto o son manifiestamente incompetentes.

Magistrados como Homero Ramos Gloria (procurador del moreirato) y el fiscal Flores Mier (del mismo grupo) lastran las instituciones. La iniciativa del presidente López Obrador para purgar los tribunales de justicia y los sistemas estatales anticorrupción, convertidos en refugio de políticos, obedece al clamor nacional de terminar con la simulación y eliminar el sistema que premia la indecencia en vez de castigarla.

31 Julio 2019 04:05:00
Vientos de fronda
La fórmula compuesta por el gobernador de Campeche con licencia y la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo –en el Gobierno de Miguel Ángel Osorio Chong– y exprimera dama de Coahuila, divide a una militancia agraviada por las decisiones cupulares.

Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán, y José Encarnación Alfaro representan la opción contra el continuismo tras la renuncia de José Narro. Lorena Piñón y Daniel Santos son comparsa, y sus posibilidades de ganar, nulas. Entre los escándalos que persiguen a Moreno y a Viggiano destacan:

• La detención de Juan Collado –expresidente de Caja Libertad y presunto socio de Carlos Salinas y Peña Nieto– por lavado de dinero y delincuencia organizada.

• Las acusaciones de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, contra Peña por haber autorizado la compra de la planta chatarra de Agro Nitrogenados a AHMSA.

• Las órdenes de aprehensión contra Lozoya por lavado de dinero, asociación delictuosa, cohecho y la adquisición de una residencia de 1.9 millones de dólares en Ixtapa, con un supuesto soborno de AHMSA. La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró la propiedad el 11 de julio.

• La investigación de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos contra el dueño de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, por lavado de dinero. El empresario afronta en España un proceso por el mismo delito.

• Las denuncias contra Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de Pemex, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

• La casa de 46 millones de pesos de Alejandro Moreno, en Campeche. Según organizaciones civiles y líderes de oposición, el dinero provino de “moches” pagados al Gobernador.

• Las imputaciones de la FGR contra la exsecretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, por peculado de 5 mil 875 millones de pesos a través de la Estafa Maestra.

• Las denuncias penales por el desvío de 475 millones de pesos a empresas fantasma y otras irregularidades financieras en el Gobierno de Rubén Moreira, esposo de Viggiano.

• Los 1.6 millones de dólares que Alfredo del Mazo ocultó en Andorra cuando era alcalde de Huixquilucan y su primo, Peña Nieto, Gobernador del Estado de México.

• La denuncia de Ivonne Ortega contra Rubén Moreira por amenazas.

Eso no es todo: mientras Peña ventila sin rubor sus devaneos en la misma revista donde su exesposa Angélica Rivera detonó el escándalo de la casa blanca, su viejo aliado Javier Duarte lo puso en la picota. El exgobernador de Veracruz –“paradigma del nuevo PRI”– declaró que su captura en Guatemala, el 15 de abril de 2017, fue un montaje –estilo Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, en el caso de Florence Cassez–. El político huyó después de renunciar al Gobierno para evadir una orden de aprehensión por peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada.

“Pacté mi entrega; no me detuvieron (…) me entregué a cambio de que dejaran –en paz– a mi familia”. En un video grabado supuestamente en Guatemala, y difundido por Grupo Imagen el 15 de julio, Duarte descubre el engaño: “darán a conocer como si hubiera sido sorprendido y detenido, pero, como verán, estoy totalmente en libertad”.
30 Julio 2019 04:05:00
Dinero y traición
Dos maletas con 25 millones de pesos en efectivo aterrizaron el 30 de enero de 2012 por la noche en el aeropuerto de Toluca, en un avión del Gobierno de Veracruz. Según el secretario de Finanzas, Tomás Ruiz, los recursos eran para Industria 3, organizadora del Carnaval, la fiesta de la Candelaria y la Cumbre Tajín. ¿Por qué en efectivo? “Por las prisas”, argumentó. Las maletas con el dinero y Miguel Morales Robles, funcionario del estado, fueron asegurados por la PGR; igual suerte corrió el emisario enviado por el gobernador Javier Duarte para gestionar la liberación de Morales y del dinero.

El caso –revelado por el periódico Reforma– se cerró con un cabeza de turco: Vicente Benítez González perdió su empleo de tesorero. Felipe Calderón recordó el episodio en un mitin del candidato del PAN a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes, el 28 de mayo de 2016: “La maquinaria judicial nos impidió seguir adelante y hasta nos obligó a regresar ese dinero con intereses”.

Sin embargo –dijo el expresidente– la PGR prosiguió la investigación y descubrió una cuenta bancaria del Gobierno de Veracruz, de la cual se retiraron 3 mil
400 millones de pesos en el lapso de un año.

La versión más creíble sobre “el extraño caso de los 25 millones de pesos voladores” (así tituló El País la nota, 31.01.12) es que eran para la campaña de Peña Nieto (muchas maletas con efectivo viajaron por el país con el mismo propósito).

Los gobernadores del PRI habrían sufragado, con recursos públicos, una parte de los 4 mil 599 millones de pesos para el pago de representantes de casilla y promotores del voto con tarjetas Monex y Soriana, los cuales no fueron reportados, de acuerdo con un informe de la comisión plural de la Cámara de Diputados creada para el caso (La Jornada, 14.03.14).

Peña pagó a los gobernadores con impunidad, a un alto precio para los estados, cuyo nivel de endeudamiento creció entre 2010 y 2011, el año previo a la elección presidencial, según datos de Hacienda. Uno de los casos más escandalosos fue el de Coahuila donde los pasivos se dispararon a 38 mil millones de pesos. Humberto Moreira, efímero presidente del PRI, ha corrido hasta hoy con mejor suerte que Javier Duarte. Pues mientras Peña rescató al primero de la prisión española de Soto del Real, traicionó al segundo.

Duarte acusa al exsecretario de Gobernación, Miguel Osorio, de violar el pacto para su entrega, y lo responsabiliza de cualquier represalia contra él y su familia.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado niega las acusaciones. El también exgobernador de Hidalgo está en la picota justo cuando pretende tomar la jefatura del PRI con la fórmula de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano. Osorio Chong es uno de los principales responsables de la crisis de inseguridad en el país. Mientras el jefe del sistema carcelario intrigaba para ser candidato presidencial, en julio de 2015 se le fugó Joaquín “El Chapo” Guzmán –condenado a cárcel de por vida en Estados Unidos–.

La sonrisa de Duarte la borró el fracaso del PRI en las presidenciales del año pasado. En el video donde denuncia que su captura fue un montaje organizado
por Osorio y otros colaboradores de Peña, el exgobernador desvela otra parte del plan de sus antiguos aliados: «Desde ahora les digo que, en el caso de que
me obligaran a hacer alguna acusación o declaración en contra de persona alguna, llámese Andrés Manuel López Obrador o cualquier otra persona, es contra mi voluntad y es precisamente por el hecho de estar detenido que lo haré».
29 Julio 2019 04:01:00
En rumbo de colisión
Rubén Moreira le cerró las puertas de Coahuila a Ivonne Ortega, cuyo compañero de fórmula, José Alfaro, compite contra su esposa Carolina Viggiano por la secretaría general del PRI, pero a Ulises Ruiz no logró intimidarlo. El gobernador de Oaxaca y Blanca Gándara no participarán en la elección del 11 de agosto, por no haber cubierto los requisitos de la convocatoria, pero están en campaña contra Alejandro Moreno y Viggiano, candidatos de Peña Nieto y de Osorio Chong.

Ortega declaró a Reforma (17.07.19) que Moreno le ofreció posiciones para no competir, y que el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el excandidato presidencial José Antonio Meade trataron de disuadir a Ulises Ruiz de registrarse. Bloqueada por la cúpula del PRI, Ortega recurrió a la militancia para reunir las firmas necesarias y estar en la contienda. El mismo día de su descalificación (25 de junio), Ruiz dirigió una carta al priismo nacional:

“El servilismo, el interés, la abyección, la estrechez de miras, el miedo a la competencia, me ganaron en la mesa y no en las urnas. El temor a perder el voto de una militancia que se ha pronunciado por un proyecto de cambio real, contra la corrupción, el engaño y la simulación; el miedo y la compra de protección por parte de Peña, gobernadores y dirigentes sin liderazgo, obedientes a la línea, pudieron más que la supuesta apertura democrática. (…) Una cúpula voraz y temerosa en complicidad con una dirigencia fallida movieron todas sus piezas (…) para construir una elección simulada”.

Ruiz afronta a Moreno: “Tu triunfo estará respaldado por afiliaciones espurias, levantadas con recursos públicos y programas sociales como La Mera Mera en Coahuila, donde se concentra la mitad de las “nuevas” afiliaciones y donde han dejado muestras claras de sus formas, como el proceso interno para elegir al gobernador Miguel Riquelme. ¿Recuerdas cuando obtuvo más de 500 mil votos a partir de 400 mil boletas impresas, siendo gobernador Rubén Moreira, distinguido y prestigiado miembro de nuestro partido? ¡Cien mil votos sin boletas!”.

El exgobernador oaxaqueño tampoco es un demócrata, y juega más rudo que Moreira. Ruiz era menos peligroso dentro que fuera de la competencia por la jefatura del PRI. El 23 de julio, presentó una denuncia contra Moreno ante la Fiscalía General de la República, por falsear su declaración 3de3, según la cual el valor real de 15 propiedades adquiridas por el Gobernador de Campeche con licencia, entre 2012 y 2015, rebasa en 103 millones de pesos al reportado. En un mensaje por Twitter, acusa: “Dinero ilícito tras las propiedades de Alejandro Moreno”.

Según Ruiz, el favorito “de la línea”, cuyo principal operador parece ser el “distinguido y prestigiado” Rubén Moreira, ha excedido el tope de gastos de campaña y varios gobernadores han desviado recursos públicos para apuntalarlo. Moreno tiene el apoyo de la nomenklatura, mas no de la militancia ni el de cuadros importantes. La candidatura de Ortega es una prueba. La elección del PRI está en rumbo de colisión. Existen elementos para impugnarla ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde incluso podría anularse.

El repudio social y de amplias capas del priismo contra el expresidente Peña Nieto y sus adláteres aumenta conforme se descubren nuevos escándalos de corrupción de su Gobierno. Inflar el padrón del PRI a 7.2 millones de militantes es una medida desesperada para imponer a Moreno. En Coahuila, la nómina registró un aumento del 270% al pasar de 88 mil 170 a 326 mil 863 en junio.
27 Julio 2019 04:00:00
Caja de cuello blanco
México es uno de los países donde menos se persigue a la delincuencia de cuello blanco, negocio en el cual concurren políticos y autoridades de todos los partidos y empresarios sin escrúpulos. Frente a la opulencia insultante de esas minorías rapaces, millones de mexicanos pasan las de Caín todos los días. Espacio 4 dedica un reportaje al asunto en su nuevo número. Este es el principio:

“Un nuevo escándalo de corrupción aumenta la presión para que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cumpla su promesa de campaña y encarcele a los “neoliberales que saquearon al país”. En México, los delincuentes de cuello blanco también gozan de impunidad.

“Las declaraciones del empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamante Figueroa ante la Fiscalía General de la República (FGR), en el marco de la investigación contra el litigante Juan Ramón Collado Mocelo, detenido el pasado 9 de julio por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, salpican a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Incluso Ernesto Zedillo (1994-2000) podría estar involucrado.

“Bustamante acusa a Collado de haber triangulado recursos a campañas políticas a través de Libertad Servicios Financieros, una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) conocida como Caja Libertad.

“La entidad ‘se convirtió en una institución financiera que, al amparo de las opacas leyes del país, realiza actividades ilícitas como blanqueo y/o lavado de dinero, créditos amañados, sueldos desproporcionados y toda gama de delitos financieros que se ocurran; negocios cuyos beneficiarios son los dueños o administradores’. (Reforma 11.07.19).

“Según el empresario queretano, los expresidentes Carlos Salinas y Enrique Peña serían los ‘verdaderos propietarios’ de la Sofipo. ‘Tuve conocimiento por diversos conductos (llamadas telefónicas y mensajes personales) que no le buscara tres pies al gato dado que, atrás de José Antonio Rico (expresidente del Consejo de Administración de Libertad) y Collado estaba gente muy pesada’, declaró Bustamante a la FGR.

“‘(…) Que en realidad eran los verdaderos propietarios, refiriéndose en particular y mencionándolos por su nombre a Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco

Domínguez Servién –gobernador de Querétaro–, Mauricio Kuri –líder del PAN en el Senado–, sorpresivamente miembro del Consejo de Libertad Servicios Financieros’, señala la carpeta de investigación que se inició el 7 de junio de 2019, luego de que Bustamante denunciara el presunto robo de su identidad en la venta de un terreno de su propiedad a Caja Libertad, de la cual Collado fue socio y presidente del Consejo de Administración.

“El denunciante asegura lo anterior basado en información de Jesús Beltrán González, exdirector general de la financiera, quien habría elaborado contratos privados ‘que acreditaban la participación accionaria (propiedad disfrazada) de varias personas’ en Caja Libertad. De hecho, el Comité Administrador de Acciones de la financiera, que representa a casi 70% del capital social, oculta los nombres de los titulares a pesar de que la Ley de Ahorro y Crédito Popular exige reportarlos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

“De acuerdo con el columnista Mario Maldonado (El Universal 22.07.19), un hijo del expresidente Zedillo, Ernesto Zedillo Velasco, sería presunto socio de los hermanos Óscar y Francisco Rodríguez Borgio (…). De acuerdo con Maldonado, los hermanos poseen 20 casinos Big Bola, cuyos permisos se otorgaron en 1997 por la Secretaría de Gobernación, durante el sexenio de Ernesto Zedillo”.
26 Julio 2019 04:06:00
El último tango
La crisis del PRI se manifiesta en las urnas –donde Morena lo superó por 17.5 millones de votos en 2018–, pero sobre todo en la falta de liderazgo y autoridad moral de sus últimos presidentes. Después de dirigirlo políticos de la talla de Jesús Reyes Heroles, quien, como secretario de Gobernación, promovió reformas para iniciar la transición democrática, cayó en manos de Humberto Moreira, expulsado del PRI en 2017; no por los escándalos causantes de su captura en España, acusado de peculado, blanqueo de dinero y delincuencia organizada, sino por su postulación para diputado local por el Partido Joven.

Otro caso de líderes del PRI en las antípodas lo representan Luis Donaldo Colosio y Enrique Ochoa Reza. El primero se formó en las filas del partido fundado por su paisano Elías Calles, en 1929, y ascendió hasta convertirse en candidato presidencial; su propuesta para reformar el poder consistía en “cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad”, hoy banderas de Andrés Manuel López Obrador, pero fue asesinado. En 2010, Ochoa aspiraba a ser consejero del IFE (hoy Instituto Nacional Electoral); cuando el diputado del PT Juan Enrique Ibarra lo interrogó acerca de su filiación partidista, el burócrata anodino respondió sin ambages: “No formo parte del Consejo Político Nacional del PRI, ni soy militante”.

Peña Nieto y un grupo de tecnócratas y gobernadores secuestraron al PRI antes de ocupar Los Pinos. Con la corrupción hasta el cuello y su popularidad por el suelo, el peñismo pretendió salvar la presidencia y cuidarse las espaldas con un candidato externo, pero la apuesta por José Antonio Meade resultó suicida. El priismo castigó el atropello y se abstuvo de votar o lo hizo por López Obrador. Sin embargo, nadie, bajo unas siglas asociadas con el tráfico de influencias, la impunidad, la soberbia y la “mafia del poder” tenía posibilidades de triunfar en una elección resuelta de antemano.

El repudio contra Peña Nieto y su pandilla fue abrumador. Meade no ganó ni uno solo de los 300 distritos electorales ni de los 32 estados. Ni Roberto Madrazo, en las presidenciales de 2006, recibió tamaña humillación. El PRI es hoy la tercera fuerza en el Congreso, muy por debajo de Morena y superado por el PAN. También perdió la mayoría de las legislaturas locales, es oposición en las principales ciudades del país y solo controla 11 gubernaturas, dos de las cuales (Estado de México y Coahuila) se decidieron en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Morena y el PAN impugnaron los triunfos de Alfredo del Mazo y de Miguel Riquelme por haber excedido los topes campaña.

En esas circunstancias elegirá el PRI a su nueva dirigencia el 11 de agosto. Alejandro Moreno, gobernador de Campeche con licencia, satélite de Peña Nieto y comparsa del presidente López Obrador, y la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, son los principales aspirantes a la presidencia. Ortega canceló su gira a Coahuila por las amenazas de Rubén Moreira. La cúpula del PRI alineó a los gobernadores e infló el padrón de afiliados en favor de Moreno. En respuesta, José Narro Robles, exrector de la UNAM y exsecretario de Salud, declinó a sus aspiraciones y renunció al partido; lo mismo hicieron quienes, en otro tiempo, fueron “militantes distinguidos”, como Rogelio Montemayor, gobernador de Coahuila (1993-1999) y director de Pemex (2000).
24 Julio 2019 04:01:00
La cereza del pastel
Al moreirato no le bastó endilgarle a Coahuila una deuda superior a los 38 mil millones de pesos. La codicia era tal que el Gobierno de Rubén Moreira, además de elevar los pasivos, utilizó otros medios para distraer recursos del erario. El año pasado, la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentó denuncias penales por el desvío de 475 millones a 13 empresas fantasma, incluidos 65 millones no comprobados por la Secretaría de Salud. Hasta hoy, el Sistema Estatal Anticorrupción no ha movido un dedo para proceder contra los responsables.

Riviera Álamo, una de las firmas fachada –propiedad del esposo de la exsecretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis–, recibió 71 millones de pesos. Las otras son Asha Consultores Especializados, Centro de Especialidades Corporativas, Distribuidora Universal Tobosa, Comercializadora Vilansa, Constructora y Comercializadora Sara, Consultora Murano, Consultorías Bardo, Grupo SJ3, Hotelería y Alimentos GRF, Nuberia Comercial, Operadora de Negocios EGEO y Consultoría Integral Vilsel.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) informó el 26 de junio pasado que la Administración de Rubén Moreira “asignó un contrato a PLC Servicios por 3.8 millones de pesos”. Una bagatela frente a las irregularidades denunciadas por la ASE. Lo relevante es que PLC Servicios figura entre las empresas utilizadas por Odebrecht para sobornar a políticos.

“Nuevos documentos del caso Odebrecht, (…) extraídos de una plataforma secreta de la constructora brasileña, revelan la transferencia encubierta de 13 millones de dólares del llamado Departamento de Sobornos a cuatro empresas mexicanas, presuntamente para corromper en México y en otros países como Ecuador y Guatemala. Dos de esas supuestas intermediarias de Odebrecht (PLC Servicios y TTG Asociados) han sido declaradas este año por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como empresas “fantasma” (…). Una de ellas recibió contratos por casi 180 millones de pesos en el anterior sexenio, en instancias del gobierno que encabezaban colaboradores de primer nivel del exmandatario Enrique Peña Nieto”, dice MCCI.

Los 13 millones de dólares son adicionales a los 10 millones pagados al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, entre 2012 y 2014, confesaron exfuncionarios de Odebrecht ante los fiscales del caso. PLC Servicios se registró como proveedora de “servicios profesionales, científicos y técnicos”. Sin embargo, fue por supuestos trabajos de lavandería y limpieza por los cuales recibió 172 millones de pesos del Gobierno del Estado de México; 3.8 millones del de Coahuila y 3 millones del SAT (Hacienda) en las gestiones de Alfredo del Mazo, Rubén Moreira y Luis Videgaray.

La información proviene de archivos “extraídos del sistema secreto Drousys, desarrollado por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para ocultar pagos ilegales, como sobornos y financiamiento de campañas políticas”, advierte MCCI en el documento titulado Las Corruptoras Mexicanas de Odebrecht.

En medio de la desaseada campaña del PRI para elegir a su futuro presidente, el nombre de Rubén Moreira, cuya esposa Carolina Viggiano aspira a la Secretaría general, surge, cual pájaro de mal agüero, en un escándalo internacional de corrupción investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y 10 países de América Latina. “El que tenga oídos, que oiga” (Mateo 13:1-9).
23 Julio 2019 04:00:00
¿Nadie sobre la ley?
El presidente López Obrador sigue atrapado en el laberinto de la corrupción. “La venganza no es mi fuerte”, insiste, como si el robo de recursos públicos y los negocios al amparo del poder fuesen agravios contra su persona y no contra el país. Al mismo tiempo, ofrece realizar “una consulta para revisar todo el período neoliberal”, no para presentar ante la justicia a chivos expiatorios, “sino empezar arriba, con los expresidentes, desde Salinas a la fecha”.

AMLO declaró, en la rueda de prensa del 18 de junio, que la compra de Agronitrogenados está bajo investigación, y en la de Fertinal –adquirida también por Pemex en la gestión de Emilio Lozoya– “no puede haber impunidad (…) son procesos penales, no es perseguir a nadie”. Misael Zavala, de El Universal, aprovechó para cuestionarlo sobre la indagatoria del Departamento de Justicia y de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por el supuesto soborno al expresidente Peña para autorizar la adquisición de Fertinal.

Aguijoneado por Zavala (“Todos los negocios jugosos pasaban por las manos de los expresidentes”), López Obrador concedió: “Pues esa es una regla general; o sea, es muy difícil que el Presidente de la República no se entere de un negocio de esa magnitud”. Sobre el futuro de las plantas, dijo que una opción “es hacer una sociedad con la iniciativa privada, una empresa mixta para producir fertilizantes”; pero antes “teníamos que desahogar el asunto jurídico”, lo cual, en su opinión, no contradice su propósito de “ver hacia adelante” y no emprender una caza de brujas.

Para AMLO, investigar a Lozoya y al Presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, no significa incumplir “el compromiso de no llevar a cabo ninguna acción judicial, (…) esto ya estaba en proceso; son denuncias que ya se habían presentado, y si nosotros nos quedábamos callados, íbamos a ser cómplices, encubridores, y eso no”. El 1 de julio, en su mensaje por el primer aniversario de su elección, López Obrador empezó por informar que “ya no se tolera ni se permite la corrupción desde la Presidencia de la República”. Asimismo, dio por abolidos “el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo y cualquier otra práctica propia del antiguo régimen. (…) La corrupción y el fraude electoral fueron clasificados como delitos graves”.

Sin embargo, no es posible erradicar los vicios del sistema por simple voluntad presidencial o por decreto. Máxime en casos cuya flagrancia y falta de castigo indignan a la sociedad, como la Estafa Maestra, en la cual participaron secretarías de Estado y universidades públicas, el enriquecimiento de funcionarios federales, estatales y municipales, las empresas fantasma y el endeudamiento de estados como Coahuila. Según López Obrador, la adquisición de
Agronitrogentados y Fertinal formaron parte del Pacto por México suscrito por PRI, el PAN y el PRD con Peña Nieto.

Para mejorar la posición en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en el cual México ocupa el lugar 135, junto con Honduras y Paraguay, se necesitan más acciones y menos retórica. La investigación contra Peña en Estados Unidos y la presunta sociedad de él y Salinas con Juan Collado, le brindan a López Obrador la oportunidad de demostrar que “nadie está por encima de la ley”. Bajo ese principio, Brasil, Argentina, Guatemala y otros países de América Latina, además del Perú, han procesado, destituido y encarcelado a expresidentes corruptos. ¿Por qué México no? Motivos sobran.
22 Julio 2019 04:00:00
Peña-Odebrecht
La “mafia del poder”, como califica el presidente López Obrador a la élite que desde el sexenio de Carlos Salinas se apoderó del país, y en el de Peña Nieto se aposentó en Los Pinos, puso sus barbas a remojar después de la detención de Juan Collado y de Alonso Ancira.

El dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) pagó una fianza por un millón de euros (alrededor de 21 millones de pesos) para enfrentar en libertad provisional el proceso de extradición a nuestro país por lavado de dinero en la venta de Agronitrogenados a Pemex.

Amigo y acaso mecenas político de los exgobernadores Humberto y Rubén Moreira, cuando la situación económica y patrimonial del clan era otra, Ancira pretendía expandirse al negocio del gas y el petróleo. “Zapatero a tu zapato: minería, acero y petroquímica, en eso estamos”, declaró a Forbes (09.08.16) después de desprenderse del equipo de beisbol Acereros de Monclova. Sus relaciones con el poder le permitieron comprar y vender empresas públicas en condiciones ventajosas (AHMSA, Pajaritos y Agronitrogenados).

Ancira contaba con aliados en Pemex y en el Clúster de Energía de Coahuila (Rogelio Montemayor) para explotar gas shale. Sin embargo, la prohibición de la fractura hidráulica (fracking), dispuesta por el presidente López Obrador, y el escándalo por la venta de Agronitrogenados, frustraron el sueño. Para AMLO, privatizar equivale a corrupción. “El poder político y el poder económico se han alimentado mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y las riquezas de la nación”, dijo en su discurso de toma de posesión.

Las operaciones de Agronitrogenados (2014) y de Fertinal (2015), empujadas desde Los Pinos, observan el mismo patrón. Pese a las advertencias de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y de Pemex sobre el estado operativo y la situación financiera de las plantas, el Gobierno las compró en ruinas. No solo eso, también pagó más de 200 millones de dólares por encima del valor real de cada una, sin incluir inversiones para reactivarlas y elevar la producción de fertilizantes, lo cual tampoco se logró.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos indaga a Peña Nieto por un presunto soborno en la compra de Grupo Fertinal, pero el caso de Agronitrogenados podría conectarlo a Odebrecht. El escándalo de la constructora brasileña provocó la renuncia del presidente peruano Pablo Pedro Kuczynski, el 23 de marzo de 2018, y el suicidio del expresidente Alan García un año más tarde.

Según Animal Político, un mes después de vender su planta a Pemex, AHMSA remitió más de 3.7 millones de dólares a la offshore Grangemouth Trade Company, empresa fantasma de Odebrecht.

Quinto Elemento Lab, organización independiente dedicada al desarrollo de reportajes de investigación para empoderar a los ciudadanos, descubrió que Grangemouth transfirió 5 millones de dólares a la offshore Zecapan, S.A., a través de la cual Lozoya habría recibido los sobornos de Odebrecht. Funcionarios de la multinacional brasileña declararon que entre 2012 y 2014 entregaron 10 millones de dólares al exdirector de Pemex a cambio de contratos. Por su parte, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que, días después de la toma de posesión de Peña Nieto, Lozoya compró una casa por 2 millones de dólares en Las Lomas, uno de los barrios más exclusivos de Ciudad de México.
20 Julio 2019 04:02:00
Drama ignorado
Las muertes más dolorosas del fenómeno migratorio son las de los niños. El drama ha sido ignorado por las potencias mundiales, más con la llegada de Donald Trump y otros extremistas al poder. En los países expulsores, la corrupción ahonda la crisis. Gerardo Moyano aborda el tema el bisemanario Espacio 4 (618).

“Ciento cincuenta mil, 300 mil, medio millón. Las cifras sobre migrantes que han ingresado al país con rumbo a Estados Unidos en lo que va del año varían según las fuentes. (…) 2019 ya es el año más letal para los niños que intentan cruzar la frontera sur de EU, según datos del Programa de Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la Organización de las Naciones Unidas, la cual comenzó a sistematizar las estadísticas de defunciones y desapariciones en 2014.

“Según la OIM, hasta el 5 de julio murieron 184 migrantes en la frontera México-EU, de los cuales 114 eran hombres, 22 mujeres, 13 menores de edad, y de 35 no existen detalles disponibles. En 2018, murieron nueve niños; cinco en 2017; ocho en 2016; dos en 2015; y otros dos en 2014. La OIM calcula que mil 600 menores migrantes han muerto o desaparecido de 2014 a 2018 en todo el mundo.

“Los 184 decesos de migrantes en la frontera de México y EU registrados por la OIM en 2019 (de los 426 de todo el continente) ubican a la zona como la ruta más mortal para los migrantes, detrás del Mediterráneo (683) y por encima de África (164), Medio Oriente (63), Europa (23) y Asia (16). La región México-EU suma, además, mil 97 muertes registradas entre 2014 y 2018.

“Se trata de estadísticas que hasta el 23 de junio no tenían rostro. Horas más tarde, los cuerpos del salvadoreño Óscar Alberto Martínez Ramírez, de 25 años, y su hija Valeria, de un año y 11 meses, emergieron abrazados desde las aguas del río Bravo.

“Un día antes, al constatar que la oficina migratoria de Matamoros, Tamaulipas, estaba cerrada, Óscar decidió cruzar el río. Logró llevar a su niña hasta la otra orilla, pero cuando regresaba por su esposa, Valeria se volvió a meter al agua, por lo que Martínez acudió a su rescate; ambos fueron arrastrados por la corriente.

“La imagen se hizo viral y rememoró la del niño sirio Aylan Kurdi, ahogado en una playa de Turquía, en 2015, la cual indignó a la opinión pública internacional y detonó donativos y acciones de diferentes organizaciones no gubernamentales.

“El mismo 23 de junio, agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron en Texas los cadáveres de una familia de migrantes guatemaltecos: una mujer de 20 años, un niño y dos bebés, quienes murieron deshidratados.

“A estas muertes se suman las que ocurren en los improvisados centros de detención migratoria en EE.UU. –al menos cinco menores en reclusión en los últimos seis meses– las cuales han detonado un fuerte debate entre demócratas y republicanos sobre los efectos de la rígida política migratoria impulsada por Donald Trump.

“Bajo este clima enrarecido, el canciller mexicano Marcelo Ebrard y Trump se encontraron en la reunión del G20, en Osaka, Japón, el 28 y 29 de junio. Fue del primer encuentro de ese nivel tras el acuerdo alcanzado entre ambos países para suspender la aplicación de aranceles a productos mexicanos a cambio del despliegue de la Guardia Nacional en fronteras de México para disminuir el flujo migratorio”.
19 Julio 2019 04:05:00
Presidente rufián
En algunos países de América Latina los presidentes acusados de corrupción huyen, renuncian, son defenestrados, están tras las rejas o se pegan un tiro. Apenas el 17 de abril pasado, el peruano Alan García, de 69 años, se disparó en la cabeza para evitar ser detenido; cuatro horas después falleció.

En México, los presidentes mueren de risa. Hasta hoy ninguno, ni los más venales, ha sido tocado siquiera con el pétalo de un citatorio. Enrique Peña Nieto podría ser enjuiciado en Estados Unidos por supuesto soborno en la compra de Grupo Fertinal; y en México, junto con Carlos Salinas de Gortari, por el caso de Juan Collado, detenido el 9 de julio por la Fiscalía General de la República bajo cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada en su gestión como presidente de la Caja Libertad.

Según El Universal, un “informante” entregó al Departamento de Justicia estadunidense y a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) un expediente sobre el caso, bajo pena de perjurio. “El nombre de Peña Nieto se menciona en la documentación que está en poder de las autoridades estadunidenses y que apunta a su ‘aprobación’, a cambio de sobornos, para que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pagara 635 millones de dólares por Fertinal” (18.06.19).

La operación se realizó en 2015 sin tomar en cuenta observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y de las consultoras PricewaterhouseCoopers (PwC) y Binder Dijker Otte (BDO), según las cuales la productora de fertilizantes se hallaba en virtual quiebra: disponía de 12 mil dólares en efectivo y sus pasivos bancarios eran por 264 millones de dólares.

“Aun así, Lozoya habría recibido autorización (…) para adquirirla y entregar a Fertinal 51 millones de dólares para un reparto de dividendos antes de la operación de compraventa”.

Sobre el monto de la compra y la supuesta coima al expresidente, el testigo declaró a la SEC: “El pago excesivo fue posible gracias a la aprobación de la transacción, mediante el soborno –a Peña Nieto– que el accionista mayoritario de Fertinal, el empresario italiano Fabio Massimo Covarrubias Piffer pagó utilizando el fideicomiso 470 que se creó para formalizar la operación (…). Ese fue el mecanismo a través del cual se pagó el soborno”, dice El Universal.

Covarrubias es uno de los beneficiarios del mexicanísimo capitalismo de compadres. “En 1998 –de acuerdo con el diario– ganó la subasta pública de una de las dos partes del monopolio de la producción de fertilizantes en sociedad con Rogelio Montemayor, uno de los hombres cercanos al expresidente Carlos Salinas de Gortari y que más tarde fue director de Pemex con Zedillo”.

En su confesión al Departamento de Justicia y a la SEC sobre el caso Pemex-Fertinal, el informante cita a Ricardo Salinas Pliego, presidente del Grupo Salinas. “Covarrubias tenía a Salinas —en un aprieto— debido a ciertos pagos de soborno a Peña Nieto”.

El expresidente escapista, a quien solo el 3% de los mexicanos le creía “mucho” hacia el final de su sexenio (GEA-ISA, 28.06.17), refutó en Twitter los señalamientos. “Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas esta mañana en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten”.

En este caso, Peña no es investigado por la Fiscalía General de la República o la Secretaría de la Función Pública, que en 2015 lo exoneró por el escándalo de la “casa blanca”, sino por el Departamento de Justicia y la SEC de Estados Unidos donde los corruptos no tienen fuero.
17 Julio 2019 04:05:00
País en vilo
Luis Echeverría y José López Portillo sumían al país en la zozobra cada 1 de septiembre. En esa fecha, bautizada como “El Día del Presidente”, el Ejecutivo federal informaba a los mexicanos sobre el estado de la Administración pública. Las sesiones del Congreso –desaparecidas ya para ese propósito– eran maratónicas. Desde “la más alta tribuna de la nación”, Echeverría se envolvía en la bandera, retaba a los empresarios y abanderaba al tercer mundo. Sus delirios provocaron las primeras crisis.

El 1 de septiembre de 1982, López Portillo lloró por “haberle fallado a los pobres” y para “compensarlos” nacionalizó la banca. “¡Ya nos saquearon, no nos volverán a saquear!”, sentenció en su último informe. Salinas de Gortari reprivatizó las instituciones de crédito; Ernesto Zedillo las rescató y después pasaron a manos de extranjeros. En un desplegado tipo crónica sobre el tema, Amparo Espinosa Rugarcía, hija del accionista mayoritario de Bancomer, Manuel Espinosa Yglesias, narra cómo se escribió “la historia de una de las empresas nacionales más exitosas de nuestro país”.

“Una historia que –dice–, de no haber ocurrido la expropiación bancaria del 82, bien podría haberse escrito al revés, y quizá hoy estaríamos viendo a Bancomer comprar BBVA y desaparecer sus siglas”. Y es que este año –denuncia– los inversionistas españoles suprimieron de sus iniciales el nombre de Bancomer. “La joya de la corona, el banco mexicano que le reporta más utilidades que su matriz –mismas que en buena medida repatria– ostenta desde ahora, solo las siglas del banco español” (Reforma, 21-06-19).

Si los actos de un ciudadano común tienen consecuencias, el efecto de las decisiones tomadas por el hombre más poderoso del país –el Presidente– es mayor, pues perduran y afectan a varias generaciones, máxime cuando son arbitrarias. Los informes presidenciales dejaron de rendirse ante el Congreso en 2008 –segundo año del Gobierno de Felipe Calderón–, pero, ya desde antes, el 1 de septiembre había dejado de ser “día de tormenta”.

Sin embargo, con López Obrador la incertidumbre se apodera del país todos los días, en cada conferencia mañanera y en cada gira por los estados. El Presidente despotrica lo mismo contra medios de comunicación y periodistas críticos, que contra empresarios, sociedad civil y organismos autónomos. Igual ahorca financieramente a instituciones de salud, ciencia y cultura, que abre la billetera para obras inviables como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía y los subsidios clientelares de la Cuarta Transformación. Con la misma facilidad cancela rondas petroleras y desacredita a las calificadoras, que fija crecimientos del PIB inalcanzables. Y, para más inri, perdona a los corruptos cuyos capitales ofreció devolver a las arcas nacionales. En Coahuila, la deuda y las empresas fantasma fabricaron nuevos ricos.

Querer resolverlo todo con base en consultas amañadas, algunas de las cuales las decide solo él, reflejan autoritarismo, incapacidad y miedo. El mensaje es: las equivocaciones son del pueblo y los aciertos míos. El Presidente gobierna con la vista puesta en el retrovisor en una autopista sin límites de velocidad. El primer choque ha sido con el muro de la realidad. Las bases para una nueva crisis, que nadie desea, están sentadas. AMLO podría salvarla si corrige; si no, pasará a la historia junto con Echeverría, López Portillo, Salinas de Gortari y Peña Nieto.
16 Julio 2019 04:00:00
Crujir de dientes
Los gobernadores Miguel Ángel Riquelme (Coahuila) y José Rosas Aispuro (Durango) no participaron en la instalación del Consejo Regional de Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico, pero salieron bien librados de la reunión con el presidente López Obrador, el 12 de junio pasado en Palacio Nacional. De acuerdo con la versión de uno de los concurrentes, AMLO puso de relieve la estrategia aplicada en La Laguna para recuperar la paz, después de años de violencia entre cárteles por la disputa de territorios. El modelo podría seguirse a escala nacional.

Incluso antes de la guerra contra el narcotráfico, La Laguna ya era una de las zonas preferidas por la delincuencia para lavar dinero, según declaró el entonces procurador Rafael Macedo, en una visita a la comarca. En los 80 y los 90 del siglo pasado, la zona metropolitana también sirvió de residencia alterna para algunos de los mayores capos: Amado Carrillo –el Señor de los Cielos–, líder del cártel de Juárez, fue detenido en Torreón y liberado en Ciudad de México; Rafael Aguilar, del mismo cártel; Alfredo Ceja del Río, de la organización de Juan Manuel Salcido, “El Cochiloco” (Sinaloa); Vicente Carrillo Fuentes, aprehendido en Torreón en 2014, y Joaquín “El Chapo” Guzmán, entre otros.

Entonces la violencia era entre cárteles, no contra la población. En ese tiempo, el Gobierno federal “pactaba” con los capos las rutas de la droga, dijo el exgobernador de Nuevo León, Sócrates Rizo, en el marco de una conferencia en la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC. El expresidente Carlos Salinas de Gortari lo reprendió. ¿Por faltar a la verdad o por revelar secretos? Si uno da crédito a las series sobre narcos, sería por lo segundo. En una entrevista con Carmen Aristegui, el expresidente Miguel de la Madrid sugirió que los Salinas –sobre todo Raúl– tenían tratos con organizaciones de ese tipo.

Cuando Calderón afrontó el problema, sin el apoyo de los estados –Humberto y Rubén Moreira controlaban Coahuila–, el equilibrio se rompió y los cárteles se multiplicaron. Algunos gobernadores pactaron con el narco protección a cambio de dinero. La violencia le allanó el camino al PRI para recuperar la presidencia. Peña Nieto trató de revertir el fenómeno, pero no pudo, pues el Gobierno federal y los locales habían perdido incluso el mando de las instituciones.

Los Zetas entraron a Coahuila, por La Laguna y se expandieron después por el resto del estado, donde radicaron sus principales líderes. Uno de sus operadores financieros, Juan Manuel Muñoz –“El Mono”–, supuesto protegido del moreirato, es clave para desentrañar las relaciones entre el cártel y el Gobierno. Sobre todo después de haberse declarado culpable de lavado de dinero en una corte de Texas y de llegar a un acuerdo de cooperación para enfrentar el proceso en libertad mientras recibe sentencia. “El Mono”, al parecer, fue entregado; ahora le toca a él jugar sus cartas.

La situación en Coahuila, tal como se planteó en la reunión del 12 de junio en Palacio Nacional, es distinta a la del periodo 2009-2014, pero el presidente López Obrador y el gobernador Riquelme cometerán un grave error si echan las campanas al vuelo. La demanda de la cúpula patronal de La Laguna, de no descuidar la seguridad, responde a nuevos síntomas de descomposición. El mensaje de las agresiones contra agentes e instalaciones de Fuerza Coahuila –herencia de Rubén Moreira– es irrefutable: la guerra no ha terminado... y las venganzas tampoco. Por eso la zozobra y el crujir de dientes entre la clase política.
15 Julio 2019 04:01:00
Pacto por el agua
La cuenca lechera de La Laguna, donde concurren varios grupos nacionales, es una de las más tecnificadas y desarrolladas del país; su impacto económico y social la convierten en un factor de poder.

Su influencia política le ha permitido eludir compromisos y obtener ventajas. En una gira por la comarca, el entonces presidente Felipe Calderón pidió a líderes ganaderos pagar sus adeudos con la CFE, los cuales sumaban cientos de millones de pesos.

La sobreexplotación del acuífero no existiría si las extracciones estuvieran sujetas a reglas y sanciones estrictas. Empero, la corrupción en la Comisión Nacional del Agua y la codicia del sector agravaron el abatimiento y contaminación de los mantos freáticos.

Críticos y ambientalistas responsabilizan a la industria lechera de la escasez y mala calidad del agua para consumo humano y, por ende, de las enfermedades provocadas por las sales de arsénico; también la culpan de contaminar el aire y el suelo con los desechos del ganado. El problema no es nuevo. Hace una década, La Laguna generaba casi 50% del estiércol de la población bovina nacional, calculado en 30 millones de toneladas anuales.

El metano derivado de esos residuos contribuye al efecto invernadero y por tanto es uno de los causantes del calentamiento global. Una de las opciones para revertir la degradación medioambiental es la de aprovechar el gas como fuente de energía. El ejido Batopilas, en Francisco I. Madero, transforma las heces en electricidad desde hace varios lustros.

En busca de soluciones de fondo, el Consejo Regional de Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico ofreció al presidente López Obrador aportar entre el 15% y el 20% del agua para riego almacenada en las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, correspondiente al sector agropecuario.

El propósito consiste en dotar a la población de líquido de buena calidad mediante un sistema de canales y plantas potabilizadoras. Solo falta la aceptación del sector social. La inversión correría a cargo del Gobierno federal. Asimismo, se planteó una veda de cuatro años en los pozos profundos de las zonas urbanas.

También se le propuso a AMLO desarrollar una cuenca lechera en Tabasco, con inversión privada y vaquillas brasileñas adaptadas al clima de la zona, y apoyo para comercializar el producto.

La industria láctea de La Laguna está por lo pronto a salvo. El 12 de junio, los empresarios entraron a Palacio Nacional con “el Jesús en la boca”, y salieron de la reunión –calificada por Ramón Alberto Garza, en el sitio Código Magenta, como “Pacto en Palacio”— con otro ánimo. (En el sexenio de Fox se ensayaron inversiones de La Laguna en Chiapas, las cuales devinieron en negocio de oportunistas).

El 16 de junio, cuatro días después de la junta, el Presidente visitó Gómez Palacio. Ya no se refirió a la cuenca lechera, pero sí, tangencialmente, al tema del agua. AMLO canceló de un plumazo el Metrobús, en la parte de Durango, y reasignó los 450 millones de pesos del proyecto para obras de agua potable y salud, en una consulta fársica a mano alzada cuya duración fue de 31 segundos (Reforma, 18-06-19).

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, calificó de absurda la suspensión de ese proyecto de transporte, pues la obra, a punto de terminar en esa ciudad, dejará sin conexión a Gómez Palacio y Lerdo.
13 Julio 2019 04:01:00
Cloacas abiertas
Los escándalos de la deuda, las empresas fantasma y Ficrea han vuelto a ser noticia nacional. El clamor social seguirá vivo mientras no haya justicia. El bisemanario Espacio 4 dedica al tema la portada de su nuevo número. Gerardo Moyano empieza así su reportaje:

“El desvío de recursos públicos durante el Moreirato parece un laberinto sin salida. Sin embargo, tras ocho años de denuncias y presión, la ciudadanía ya abre paso a la justicia. No es una tarea fácil, pues las instituciones que deberían velar por el bien de los coahuilenses, entre ellas, la Fiscalía General de Coahuila (FGC), el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), la Secretaría de Finanzas (Sefin) y priistas en el Congreso hacen hasta lo imposible para impedir que se castigue a los responsables.

“En esta batalla, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Auditoría Superior del Estado (ASE) abren resquicios para la justicia, tanto en el caso de la megadeuda heredada por el Gobierno de Humberto Moreira Valdés (2005-2011), como en el de los desvíos a empresas fantasma en la Administración de su hermano Rubén (2011- 2017) y el fraude del Ficrea (2010-2014). En las últimas semanas –ante la insistencia de los ciudadanos– ambas instituciones han logrado derribar algunos muros, pero detrás de ellos se han encontrado con otros.

“El 21 de junio, la ASE informó que ganó 12 amparos contra el ‘no ejercicio de la acción penal’ que en 2016 dictó la Procuraduría General del Estado (hoy Fiscalía General) ante denuncias de irregularidades financieras. Uno de ellos data de 2010 (cuando HMV era gobernador) y se relaciona con créditos de la Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila (Pideco). La Promotora presentó facturas en el programa Cadenas Productivas, de Nacional Financiera (Nafin), por 3 mil 994 millones de pesos, que luego transfirió a cuentas de la Secretaría de Finanzas y del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (SATEC), entonces a cargo de Javier Villarreal, lo que constituyó un ocultamiento del crédito (“Espacio 4” 617).

“Recién el 9 de julio, el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, se pronunció al respecto. ‘En estos (12 expedientes), los señalados o es el titular o el auxiliar que operaban esas dependencias (…) Los expedientes de la deuda implican reanalizar, porque ya estaban determinados (…) Estamos recabando pruebas que nos permitan determinar si existe o no la comisión de un delito’, atajó el fiscal (‘El Siglo de Torreón’ 09.07.19).

“Por las mismas fechas, el INAI le enmendó la plana al ICAI, quien había avalado la respuesta negativa de la ASE ante solicitud de información de una ciudadana, en octubre de 2018, para conocer los detalles de las obras públicas realizadas entre 2009 y 2011.

“En un principio, la ASE se declaró ‘no competente’ y argumentó que la entrega de la información financiera le correspondía a la Secretaría de Finanzas. No obstante, ante un recurso de revisión impuesto por el solicitante, el INAI determinó que ‘toda información generada, adquirida o en posesión de un ente obligado es pública en términos de la Constitución Política de Coahuila’, por lo que le ordenó buscar en todas sus áreas y transparentar los documentos. (…)”.
12 Julio 2019 04:00:00
El poder y la mafia
Para un abogado que conoce los secretos del poder, tiene a su servicio el aparato de justicia y recibe protección desde la Presidencia, convertirse en estrella, codearse con celebridades y tener éxito económico, es juego de niños. Pero cuando los agentes políticos son otros, las cosas cambian. La detención de Juan Collado, por lavado de dinero y delincuencia organizada, jamás habría ocurrido si José Antonio Meade o Ricardo Anaya despacharan hoy en Los Pinos. Tampoco se habrían destapado los escándalos por la recompra de Agronitrogenados y de Fertinal, chatarra pagada por Pemex a precio de oro por órdenes del Peña Nieto. Ni andaría a salto de mata Emilio Lozoya, exdirector de la petrolera.

Mientras el Financial Times le canta la cartilla por su política económica, el presidente López Obrador avanza su agenda contra la corrupción. Collado, entre cuyos clientes figuran “el hermano incómodo” Raúl Salinas de Gortari, el líder petrolero Carlos Romero Deschamps; el expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández, y el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, es la punta del iceberg contra el cual chocó el Titanic de la “mafia del poder”.

Sergio Bustamente Figueroa, socio de Caja Libertad, Sociedad Financiera Popular, acusa a los expresidentes Salinas de Gortari y Peña Nieto de ser las cabezas de una trama criminal: “al amparo de la oscuridad de las leyes financieras del país, (Caja Libertad) realiza actividades ilícitas como banqueo y/o lavado de dinero, negocios cuyos beneficiarios son los dueños o administradores, créditos amañados, sueldos desproporcionados y toda la gama de delitos financieros que se ocurran” (Reforma, 11.07.91).

En la declaración de Bustamante ante la Fiscalía General de la República, publicada por el diario, se lee: “Toda esta organización delincuencial tiene nombres y apellidos: Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, Francisco Domínguez Servien, Mauricio Kuri González (gobernador de Querétaro por el PAN y coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional en el Senado, respectivamente), Juan Ramón Collado Mocelo (señalado como el defensor de la mafia del poder), Javier Rodríguez Borgio (dueño de los casinos Big Bola cuyos adeudos con el fisco rondan los 600 millones de pesos, según Reforma) y José Antonio Rico Rico (presidente de Caja Libertad)».

Si el PRIAN hubiese retenido la presidencia, Bustamante tampoco se habría atrevido a denunciar a los intocables, por temor a ser encarcelado o desaparecido como pasa en un país kafkiano donde las víctimas son culpables y los delincuentes de cuello blanco resultan siempre exonerados, si acaso se les procesa. El fiscal general Alejandro Gertz Manero y el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, deben tener una abultada lista de casos sobre políticos y empresarios involucrados en actos de corrupción.

Los errores de AMLO, algunos graves, se magnifican, y los aciertos se minimizan, pero quién puede refutar la siguiente parte de su discurso inaugural, publicada por el New York Times en su portal, el 1 de diciembre: “Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. (…) Esa es la causa principal de la desigualdad económica, también de la inseguridad y de la violencia que padecemos”.

Gertz y Nieto deben volver los ojos a Coahuila, donde la megadeuda y las empresas fantasma tampoco se explicarían sin esa relación perversa entre las élites políticas y económicas.
10 Julio 2019 04:00:00
Piedra de escándalo
Por la casa blanca de 7 millones de dólares empezó el declive del presidente Peña Nieto, en el segundo año de su gobierno, y por una residencia de 46 millones de pesos, en Campeche, se ha hecho añicos la escasa credibilidad del candidato a la jefatura del PRI, Alejandro Moreno. La mansión de Peña se adquirió a Grupo Higa, contratista federal, y la del gobernador campechano con licencia se construyó con sus ahorros, donaciones y un crédito hipotecario, según su vocero Paul Ospital.

En este caso es aplicable la pregunta de Elba Esther Gordillo al país, en la sucesión de 2006, sobre Roberto Madrazo. El personaje es otro, pero las aspiraciones presidenciales son las mismas. «¿Tú le crees a Moreno? Yo tampoco». Moreno empezó su campaña con el pie izquierdo desde la elección de su compañera de fórmula, Carolina Viggiano, esposa del exgobernador Rubén Moreira, quien amenazó a Ivonne Ortega, la otra aspirante a la presidencia del CEN.

El éxito económico de Moreno confirma que la política, en México, es el medio más efectivo para enriquecerse; y también el más seguro, pues la sustracción de caudales públicos y otros delitos cometidos al amparo del poder, raramente se castigan. Pero cuando un político cae en desgracia, pocas veces se levanta. Un ejemplo es Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, uno de los rostros nuevos del PRI, de acuerdo con el código moral Peña Nieto. Según confesiones de Duarte, el expresidente le hizo llegar una cantidad de dinero, no especificada -«por un cargo de conciencia»-, para pagar «un soborno a sus propios funcionarios» (Reforma, 09-07-19).

La carrera política de Moreno fue meteórica, como la de Peña Nieto y otros de su generación, cuyo signo más visible es la corrupción. El candidato a la presidencia del PRI empezó como síndico del Ayuntamiento de Campeche; ha sido diputado federal dos veces, senador y gobernador. La investigación de Reforma sobre la casa blanca del campechano confirma varias cosas: la proclividad de los mandatarios jóvenes por el dinero, sin importar su procedencia, pues lo mismo lo hurtan del erario que lo reciben de la delincuencia organizada; y la resistencia de los partidos, en este caso del PRI, para cambiar y combatir la corrupción.

A la fórmula Moreno-Viggiano Moreira la persiguen los escándalos. Primero fue la renuncia de José Narro Robles, para no participar como comparsa en una elección amañada; después, las insolencias de Rubén Moreira a Ivonne Ortega, a quien amagó -según declaró la exgobernadora de Yucatán a Pedro Ferriz- con «una consulta nacional para averiguar quién es el padre de su hijo» y «echarle a los coahuilenses encima» si visitaba el estado; la denuncia de Ortega contra Moreira por amenazas; y ahora la mansión en Campeche. Moreno no pudo haberla pagado con su sueldo de gobernador (un millón 184 mil pesos anuales).

Algunos gobernadores ingresan a la mafia del poder para inmunizarse. Igual que los Moreira, Moreno buscó el mecenazgo de Carlos Salinas de Gortari. Aquellos lo trajeron a Coahuila y fue padrino de bodas de Humberto. El aspirante a la presidencia del PRI lo invitó a inaugurar su casa de 46 millones de pesos. Pero quienes mejor lo conocen son los campechanos, igual que al clan los coahuilenses. Adalberto Muñoz, expresidente del Consejo Cívico, puso el dedo en la llaga: el dinero de Moreno proviene de los «moches» por las obras.
09 Julio 2019 04:03:00
Línea directa con AMLO
Los laguneros atribuyen el rezago de su región al favoritismo de los gobiernos de Coahuila y Durango hacia las capitales. Con ese antecedente, Andrés Manuel López Obrador abrió las puertas del Palacio Nacional a la cúpula empresarial de la Comarca Lagunera el 12 de junio para instalar el Consejo Regional de Fomento a la Inversión, el Empleo y el Crecimiento Económico. Es el único orientado a una zona específica, pues la cobertura de los 32 restantes será estatal. El órgano colegiado nacional lo encabeza Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia.

Los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme (PRI), y de Durango, José Rosas Aispuro (PAN), no fueron convocados; tampoco los delegados federales Reyes Flores y Enrique Novelo. Por espacio de dos horas, AMLO, Romo y una treintena de empresarios intercambiaron información y puntos de vista. “El Presidente estuvo muy atento; conoce los problemas, ofreció respaldar a La Laguna y recibió propuestas para desarrollar el sureste”, dijo uno de los asistentes.

El Consejo Regional de Fomento, cuya cabeza es Eduardo Tricio, presidente del Grupo Lala, surgió del Grupo Laguna, formado hace varios años por Roberto Villarreal. Los empresarios sostuvieron reuniones previas con Romo en Monterrey y Ciudad de México. En la junta con AMLO, los temas predominantes fueron: bienestar económico, seguridad, agua y equidad social. Sin duda los más sensibles en una región donde el abatimiento del acuífero provoca problemas de salud (hidroarsenicismo). Durante el moreirato, la violencia colocó a la metrópoli lagunera entre las más peligrosas del mundo. El fenómeno ahuyentó inversiones nacionales y extranjeras, frenó la generación de empleos y expulsó talento y mano de obra calificada a otras regiones.

El 25 de marzo, en Tabasco, donde presidió la ceremonia por los 500 años de la Batalla de Centla, AMLO puso en jaque a La Laguna y desató la tormenta: “Ya no se puede seguir produciendo leche en las zonas desérticas, donde no hay agua. ¿Qué es la leche? Fundamentalmente, agua. Imagínense estar produciendo leche en La Laguna; por eso se están contaminando los mantos acuíferos (…) con problemas ya hasta de arsénico, porque no hay agua, y nosotros tenemos aquí el Usumacinta y tenemos la vocación productiva”.

Además de la refinería en Dos Bocas y del Tren Maya, el Presidente promueve inversiones en estados secularmente abandonados. Por lo tanto, ofreció a sus paisanos “impulsar mucho todo lo que es la ganadería lechera; vamos a producir aquí, en Los Ríos, la leche que ahora se está importando (…) se va a producir en esta región del país, Chiapas y Tabasco”. La reacción en La Laguna fue inmediata. Productores y autoridades defendieron la cuenca. Para calmar los ánimos, el superdelegado del Gobierno federal, Reyes Flores Hurtado, matizó: “El Presidente solo pone como ejemplo una región en la que ha habido sobreexplotación del manto (freático), pero no advierte que se va a detener la actividad, (…) sino que solo se puede fortalecer otra área del país en la que se tienen ventajas climáticas favorables para producir leche sin problemas de disponibilidad” (El Diario, 27-03-19).

El gobernador Riquelme refutó en el mismo medio a Reyes y llevó el debate a otro plano: “no puede insultar la inteligencia de los coahuilenses respecto a las intenciones del Presidente de la República en torno a la cuenca lechera. Esa ocurrencia del Gobierno federal pone en riesgo más de 100 mil empleos en la industria agroalimentaria de La Laguna”.
08 Julio 2019 04:01:00
Encuesta mata consulta
La cancelación del Metrobús Laguna en el tramo de Durango, decidida por el presidente Andrés Manuel López Obrador en un mitin cuyo propósito era entregar apoyos sociales y no otro, truncaría la única obra diseñada hasta hoy para interconectar la zona metropolitana.

La población ocupada de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo y Matamoros es de 441 mil 163 personas. Alrededor del 10% trabaja fuera de sus municipios, pero dentro de la misma conurbación, conforme al estudio Movilidad Laboral Cotidiana en la Zona Metropolitana de La Laguna (ZML), elaborado por el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón (Implan).

El proyecto representa una inversión por 2 mil 380 millones, de pesos, mil 500 millones de los cuales ya se ejercieron en la parte de Coahuila. Sin embargo, mientras el 12% de los trabajadores de Gómez Palacio debe trasladarse a otro municipio para trabajar, en Torreón solo el 4.2% se encuentra en esa situación. En cambio, dice el Implan, “la cantidad de matamorenses que trabajan en Torreón es abrumadoramente mayor” a la de cualquier otro municipio, pues son 7 mil 073 personas, 95% de su población ocupada.

Más de 6 mil gomezpalatinos y de 3 mil lerdenses se desplazan a Torreón, donde tienen su trabajo. Por su parte, Gómez Palacio ocupa casi a 5 mil habitantes de Torreón, a 7 mil 727 de Lerdo y a 310 de Matamoros. Los datos confirman la necesidad del Metrobús tal como fue planeado originalmente.

El 28 de diciembre pasado, durante la presentación de los Programas Integrales de Desarrollo para La Laguna, el presidente López Obrador comprometió ante los gobernadores de Coahuila y Durango 474 millones de pesos para terminar el proyecto. El 12 de junio lo canceló en una improvisada consulta a mano alzada.

De acuerdo con una encuesta de Massivecaller, levantada el 19 de junio a solicitud del Gobierno de Durango, 63.1% de los laguneros juzga necesaria la construcción del Metrobús y 36.9% la rechaza. El desglose por municipio coincide con el estudio del Implan sobre movilidad laboral, pues la obra tiene mayor apoyo en Matamoros: 71% a favor y 28% en contra; en Lerdo la relación es de 70-29 y en Torreón de 61-39. En Gómez Palacio, la oposición sube al 41% y la aprobación disminuye al 58% (Noticieros GREM, 20.06.19).

El Implan advierte que “en una zona metropolitana en donde los límites municipales son divisiones imaginarias, en términos prácticos, para las necesidades de la población el traslado de una ciudad a otra es una realidad”. Destaca, también, que “en cuestiones como la vivienda, el trabajo, el consumo, la educación y la oferta cultural, entre otras, analizar el flujo de personas de un municipio a otro se vuelve trascendente para comprender la dinámica metropolitana e indispensable para el diseño de políticas públicas eficientes”.

Frente a la reacción de los sectores público, privado y social por la cancelación del Metrobús en Gómez Palacio y Lerdo, el presidente López Obrador ofreció una consulta pública para decidir el futuro del proyecto. Sin embargo, una región poco atendida por la Federación y por los gobiernos de Coahuila y Durango, no desea consultas, sino inversiones que atiendan necesidades ingentes. El sistema de transporte metropolitano se planeó justamente con ese propósito. Suspenderlo significaría un retroceso para la ZML, un golpe para millares de usuarios y un premio para los caciques camioneros.

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