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Raymundo Riva Palacio
Raymundo Riva Palacio
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14 Octubre 2019 04:07:00
El poderoso López Casarín
En el penthouse de un edificio sobre Periférico Sur, a la altura de San Ángel Inn, se encuentra el centro de operaciones empresariales de Javier López Casarín, que se presenta en su sitio oficial como un empresario innovador que fundó el grupo Reinventando México.

No dice nada que desde este año es funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y menos aún, del papel que jugó durante la transición el año pasado, donde por instrucciones de Marcelo Ebrard, quien había sido nominado como próximo secretario de Relaciones Exteriores, concretó el infame acuerdo migratorio con Estados Unidos y la peor crisis migratoria en la historia de México.

Nada se hubiera sabido de estos acuerdos secretos de Ebrard y su viejo amigo, violentando todas las normas -como el que alguien sin representación alguna tomara decisiones de Estado-, sin informar al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que estaba en funciones, ni consensuar con el equipo entrante de la Secretaría de Gobernación, de no ser por una revelación importante, aunque marginal, en el nuevo libro de los corresponsales del The New York Times en la Casa Blanca, Julie Hirschfield y Michael Shear, Border Wars: Inside Trump’s Assault on Inmigration.

Hirschfield y Shear, dicen sus editores en Simon & Schuster, identificaron a los jugadores detrás de las políticas antiinmigrantes de Trump, mostrando cómo planearon, tropezaron y pelearon por cambios importantes en la política de migración que polarización a la nación. Los autores describen en el libro a López Casarín como “la mano derecha” de Ebrard, quienes el 15 de noviembre de 2018 acordaron en Houston los controvertidos Protocolos de Protección Migratoria, donde quienes piden asilo esperan la solución a su solicitud en México, donde, incluía el compromiso, México daría visas humanitarias. Este último punto provocó la crisis migratoria que tuvo como consecuencia la amenaza del presidente Trump de imponer aranceles que, a su vez, significó la cesión de soberanía más grande que se recuerde en tiempos de paz.

Ebrard ha vendido su gestión con Estados Unidos como un gran éxito, pero las revelaciones de Hirschfield y Shear, obligan al escrutinio del papel del canciller y López Casarín. Al futuro canciller nunca le gustó que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador designara como embajadora ante la Casa Blanca a Martha Bárcena, una experimentada y reconocida diplomática que durante mucho tiempo antes de la elección, junto con su esposo, Agustín Gutiérrez Canet, tío de Beatriz Gutiérrez Müller, platicaban sobre política exterior. Ebrard intentó bloquearla, e incluso retrasó su ratificación en el Senado. 

La tensión entre Ebrard y Bárcena explotó en los primeros días de diciembre, cuando la embajadora lo confrontó porque tenía información de que la hermana de López Casarín estaba abriendo una oficina para llevar los asuntos del canciller sobre la avenida K en Washington, donde se encuentran las grandes empresas de cabildeo en esa capital. Bárcena, según personas que conocieron la conversación, lo encaró y le dijo que debía quedarle claro que quien llevaba los asuntos de México en Estados Unidos era ella. Cuando en enero pasado la columnista de El Heraldo de México, Marta Anaya, mencionó la existencia de la oficina alterna, la cancillería lo negó. Se había cancelado la apertura porque el presidente López Obrador había sido enterado de ello en noviembre.

Ebrard se quedó sin oficina alterna, pero a López Casarín le había dado atribuciones ilegales, Por ejemplo, sin representación oficial alguna, le instruyó a encargarse personalmente de la visita de Ivanka Trump, la hija del Presidente, invitada oficial a la toma de posesión de López Obrador. La noche del 1 de diciembre, Ebrard ofreció una cena oficial en la Casa de la Bola en honor a la delegación de Estados Unidos que había asistido a la toma de posesión, donde figuraban la entonces secretaria de Seguridad Territorial, Kirjsten Nelson, y los gobernadores de Arizona, Doug Ducey, y de California, Jerry Brown.

En la puerta, recibiéndolos, no estaba el director de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino Lilia Casarín, tía de Javier López Casarín, quien fungió como maestro de ceremonias sin tener en ese entonces ningún cargo. 

La usurpación de funciones iniciada en Houston seguía. El vocero de la cancillería, Roberto Velasco, dijo que López Casarín fue solo un facilitador con los estadunidenses porque Bárcena no había sido ratificada, sin tomar ninguna decisión. No explicó por qué un ciudadano sin responsabilidad legal, asumió funciones oficiales. Pese a que las señales de la irregularidad en el actuar de ambos empezaron a surgir en la prensa, no se detuvieron.

En marzo, el internacionalista Fausto Pretelín escribió en su columna en El Economista que era acompañante de Ebrard en reuniones internacionales, como una que citó el 3 de febrero en Montevideo, y meses antes, en la organización de la seguridad de la visita del secretario de Estado, Mike Pompeo, a la casa de la transición de López Obrador el 13 de julio. “Fue López Casarín”, agregó Pretelín, “el personaje que coordinó y distribuyó La Verdad de la Línea 12 del Metro, escrito con rasgos de libelo que incluía documentos en defensa del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard”.

Los arreglos oscuros de Ebrard y López Casarín han quedado expuestos. No se sabe qué pasará y si las revelaciones en Estados Unidos provoquen una reacción en el Senado. Por lo pronto, su incondicional, como presidente del Consejo Técnico, Académico y Científico del Consejo Consultivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, un órgano desconcentrado de la cancillería, copresidió una reunión sobre innovación en Nueva Delhi, pasando encima del jefe de la delegación mexicana, el subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián Ventura. 
11 Octubre 2019 04:07:00
El oscuro Anexo 23
El pasado martes, el presidente Andrés López Obrador tuvo un desayuno de trabajo con diputados de Estados Unidos, donde estuvieron los secretarios de Relaciones Exteriores, Hacienda y del Trabajo. La reunión, aunque se le reconoció su importancia, se mantuvo en bajo perfil. En la página personal del Presidente se difundió un comunicado kosher y de trámite, que no mostró lo relevante del encuentro y el personaje que encabezó a los estadunidenses, Richard Neal, presidente del Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de Diputados. Ese Comité, uno de los más poderosos en el Capitolio, es el que maneja el presupuesto y autoriza adquisiciones. Asimismo, es el órgano clave para determinar si los demócratas podrán sentirse cómodos con un nuevo acuerdo comercial con México y Canadá, que remplazará al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Los diputados no vinieron a perder su tiempo ni a hacer cabildeo: pasaron revista al Gobierno de México, y evaluaron si, como le habían exigido, estaba cumpliendo con acuerdos que, si no secretos, se han mantenido opacos ante la opinión pública. Estos acuerdos tienen que ver con compromisos adicionales en el Anexo 23 del convenio norteamericano, que aceptaron los mexicanos ante las demandas demócratas, y como única alternativa para que su aprobación pudiera pasar al estatus de viable y posible. El camino se allanó el 19 de julio, cuando una avanzada bajo el liderazgo de Earl Blumenauer, presidente del Subcomité de Comercio del Comité de Medios y Procedimientos, le dijo a López Obrador que para que aprobaran los demócratas, necesitaban ver no solo la reforma laboral, sino las garantías de que se va a ejecutar.

Los estadunidenses estaban muy escépticos. En ocasiones anteriores y gobiernos distintos, compromisos adquiridos por los mexicanos nunca fueron completados. En esta ocasión, le dieron al Presidente tres meses para que mostrara las garantías. En el comunicado del Comité que encabeza Neal -no mencionado en el boletín del presidente López Obrador-, se reveló que vinieron a “evaluar la capacidad del país para avanzar en las reformas prometidas e implementar los cambios legales, institucionales y culturales de acuerdo con las leyes mexicanas y los requerimientos renegociados del acuerdo” (subrayado mío). La presencia del secretario Arturo Herrera fue estratégica: decirles de dónde saldría el presupuesto para que caminara la reforma, que detalló la secretaria Luisa María Alcalde.

Los secretarios fueron puestos a prueba por los legisladores estadunidenses con el aval del Presidente, a quien le interesa enormemente que se apruebe el acuerdo con Estados Unidos y Canadá, como ha dejado claro en su sumisión ante al presidente Donald Trump, al hacer todo lo que desee para evitar su enojo. Alcalde explicó “los requerimientos renegociados del acuerdo” contenidos en el Anexo 27. Originalmente, el acuerdo negociado por los exsecretarios Ildefonso Guajardo, de Economía, y Luis Videgaray, de Relaciones Exteriores, y el representante del presidente electo, Jesús Seade, fortalecería las normas y derechos laborales, en particular la negociación colectiva para promover salarios más elevados -hasta en 17.2% en una primera instancia-, y mejores condiciones laborales.

A los demócratas les pareció insuficiente. En mayo reformaron el Anexo 27 para facilitar la implementación del derecho a sindicalizarse a través de organismos independientes, y ampliar la reforma laboral para facilitar el registro de elecciones sindicales y mecanismos de resolución de disputas. Pero una condición demócrata, que aceptó el Gobierno de López Obrador, es que el acuerdo no se pondría a voto hasta que los demócratas en el Congreso y el Senado revisaran la ley y evaluaran si satisface los requerimientos de la extensión al Anexo 27. La preocupación en el Capitolio es que no había suficientes dientes en la legislación para asegurar que el Gobierno fortaleciera las nuevas leyes laborales. La oposición del canciller Marcelo Ebrard a que las leyes fueran supervisadas por un cuerpo externo, como en este caso los legisladores estadunidenses, fue ignorada por López Obrador, quien permitió que extranjeros evaluaran y corrigieran la reforma laboral. 

Aun con esta insólita cesión de soberanía -permitir a un poder extranjero escribir leyes laborales mexicanas-, los estadunidenses no quedaron satisfechos. “Nuestra reunión con el presidente López Obrador arrojó luz sobre el deseo y las intenciones del Gobierno mexicano de llevar a cabo su reforma de justicia laboral, pero Estados Unidos necesita ver que esas garantías sean aplicadas”, dijo Neal en el comunicado dado a conocer por su Comité. “Aprecio el compromiso positivo y estoy ansioso de ver que México cumpla con su obligación para implementar los cambios necesarios para materializar su propia visión para la reforma, y satisfaga los demandantes estándares laborales y de ejecución que serán requeridos en la renegociación del TLCAN”.

Es decir, los diputados estadunidenses quedaron a gusto con la música, pero no ven clara la partitura. Ni Herrera ni Alcalde, mucho menos López Obrador, les dieron la certidumbre de que lo ofrecido será cumplido. Se fueron menos inquietos de lo que estaban hace 10 meses, pero aún no están convencidos de dar el voto a favor del acuerdo. Acción, no palabras, es lo que han demandado desde mayo cuando hablaron con el Presidente, y aún no terminan de concretarse las promesas de hacer las cosas como quiere el Capitolio. López Obrador le ha dado mucho a Estados Unidos, en migración y ahora en comercio, pero no deja de ser puesto a prueba y sometido a más presiones. Lo tienen controlado y lo sabe. Por eso siempre elude confrontar al presidente Trump o a su Gobierno. Por lo mismo, hay acuerdos en lo oscurito de los que no quiere hablar. Sería muy indigno y vergonzoso admitir lo que ha entregado y lo poco que, hasta este momento, ha recibido a cambio.

10 Octubre 2019 04:05:00
Las lecciones de El Guasón
A mediados de septiembre, el Pentágono recibió un boletín del FBI con la leyenda “Para Uso Oficial Solamente”, en donde advertía que la película “El Guasón” (“Joker”) había generado una actividad inusitada en las redes sociales vinculadas a los llamados “inceles”, el acrónimo en inglés para grupos de extremistas que se consideran “celibatos involuntarios”. Días después, el Pentágono recibió información de inteligencia de la policías de Texas donde alertaban que en la Dark Web, la puerta de entrada al mundo más tenebroso, ilegal y clandestino en el universo digital, habían encontrado “conversaciones muy preocupantes y específicas relacionadas a atacar un cine durante el estreno de la película”. El 18 de septiembre, el Pentágono emitió una alerta a su personal sobre el potencial de un tirador asesino en las proyecciones.

“El Guasón”, producido por Warner Bros., que habla de un enfermo mental, sicópata, se estrenó esta semana y rompió récord de taquilla. En Estados Unidos y el mundo vendió 247 millones de dólares en boletos, con lo que superó a Venom, lanzada el mismo fin de semana del año pasado, que recaudó 80 millones de dólares. En la alerta del Pentágono, le pidió a su personal estar atento a los estrenos, identificar al menos dos rutas de escape en los cines y en la eventualidad de un tiroteo, “correr, esconderse y pelear”. No hubo ataques el fin de semana, y le película fue aclamada mundialmente.

David Erhlich, en una crítica de la película en IndieWire, un portal para directores independientes, la industria y los cinéfilos, escribió: “Es una película sobre los efectos deshumanizantes del sistema capitalista que engrasa la escalera económica, borrando la línea entre la riqueza privada y el valor de la persona, hasta que la vida misma pierde su valor absoluto. En escala personal y política, ‘El Guasón’ encuentra que las cosas en este mundo necesitan estar muy, muy mal, antes de que la gente se preocupe por cambiarlas. El trauma transforma”.

En efecto, “El Guasón” es un thriller oscuro y violento. Es Hollywood, pero también desnuda al mundo y a México. De acuerdo con su director, Todd Philips, reforzado en sus parlamentos por el actor principal Joaquin Phoenix, “El Guasón” es apolítico, pero refleja “nuestro mundo –como apuntó Erhlich– que está predispuesto a pensar que ‘Arturo’ –el nombre del villano– es el modelo a seguir: solitario, hombres blancos creativamente impotentes que son arrastrados a ideologías odiosas por las comunidades indignadas que las fomentan alrededor de ellas”.

La película es una distopía. “El Guasón”, asesino de yuppies impertinentes de Wall Street, de su madre, de un afamado animador de televisión, de policías, doctores, y todo aquello que en el statu quo de la sociedad de Ciudad Gótica enfatiza la ruptura social, la enorme de la brecha de la desigualdad, con autoridades débiles y principios de anarquía que escalan hacia la violencia colectiva y enajenada, donde es visto como un mesías, el antihéroe involuntario en un entorno que recuerda el movimiento Occupy Wall Streethace casi 10 años, sin líderes, que se rebeló contra el poder de las corporaciones y la forma como los que más tienen, acumulaban todavía más, a través de los altos salarios a sus fiscalistas, contadores y abogados, en detrimento de quienes menos tienen.

“Como la máscara de Guy Fawkes en ‘V de Vendetta’,” escribió Phil de Semlyen en la edición inglesa de Time Out, “el maquillaje de payaso de Arthur es adoptado como la cara de la protesta, y mientras se gradúa en la persona de ‘El Guasón’, se convierta en la figura simbólica de la multitud indignada”. La película es una declaración política, véase por donde se vea, un manifiesto a favor de las víctimas de la opresión y el empobrecimiento de los 80, la época en la que se desarrolla la vida disfuncional de Ciudad Gótica, cuyo contexto en la vida real fue el neoliberalismo que arrancó a finales de los 70 en el Reino Unido y Estados Unidos, cuando miles de trabajadores se fueron a las calles despedidos, cuando industrias completas desaparecieron y comenzó a cambiar la cara del mundo.

Ese mundo produjo sociedades indeseadas. Lo dice “El Guasón” a “Murray Franklin”, imitación del legendario Johnny Carson e interpretado por Robert de Niro, en el colofón de la película, donde al aire en su show nocturno revela sus crímenes y justifica, sin justificar, el abandono al que fue sometido por la sociedad. Esa revelación, abre la presión social en Ciudad Gótica, que se colapsa y le da entrada a la anarquía. El grito que ratifican, reproducido por los tabloides desde el asesinato de los jóvenes banqueros, era “matar a los ricos”. Las condiciones socioeconómicas de marginación y la iniquidad en avanzar por la escalera hacia el desarrollo, son galvanizadas por la violencia de “El Guasón” contra aquellos a quienes la multitud identifica como emblemas de su desgracia.

El discurso de “El Guasón” agrede con violencia, con resentimiento, identificando a quienes son los buenos para enfrentarlos con quienes son los malos, la lucha de los villanos con las víctimas, el balance intercambiable y confuso entre el orden y el caos. De Semlyen relacionó la película con “una visión de pesadilla de la última era del capitalismo”. Las frases irresponsables entran como llamado a la acción entre quienes menos tienen o aquellos que buscan revanchas contra quienes tienen mas. Nada es absoluto; todo es relativo. Cuesta trabajo entenderlo y caminar hacia procesos de sanación social, de reconciliación con nosotros mismos, sin olvidar a quienes hicieron cosas indebidas y que paguen. Pero entrar a la oscuridad de Ciudad Gótica en espera de un guasón, es suicidarnos, como individuos y como sociedad.
09 Octubre 2019 04:06:00
La regenta Claudia
Regente es una palabra de varias acepciones. Una es política, de quien gobierna. Si hablamos del Gobierno de la Ciudad de México, también cabe la definición de administración. Regencia es como se llamaba al entonces Distrito Federal, que era un departamento administrativo del Gobierno federal. Lo encabezaba un regente, al que más adelante se le llamó jefe de Gobierno del Distrito Federal, nombrado por el presidente en turno. Desde 1997, cuando el cargo pasó a ser de elección popular, la izquierda ha gobernado la hoy Ciudad de México, cohabitando con gobiernos del PRI y del PAN, manteniendo una distancia y abordaje crítico a los problemas comunes. Esa relación autónoma con el Gobierno federal ya no existe. Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con sus acciones y omisiones, la desapareció y se convirtió en regenta. 

Sheinbaum fue electa en las urnas, con una gran legitimidad y amplio mandato. Sin embargo, se ha subordinado al presidente Andrés Manuel López Obrador de una manera vergonzosa, quien le resuelve los problemas que generalmente la atropellan. Es un apéndice de López Obrador, de quien se mimetizó. Cada vez que el Presidente da una instrucción, ella repite el mensaje y sus palabras. Cada vez que se le va la ciudad de las manos, lo que es cotidiano, el Presidente ordena a su Gabinete que le ayude a salir del pozo. No quería Guardia Nacional, y se la pusieron. No podía con las bandas de narcomenudistas, y el Cisen y la Marina entraron a su rescate. Iba a entrar en desabasto de combustible, y el director de Pemex le dio todo lo necesario para evitarle problemas. El lunes, fue la Secretaría de Gobernación quien negoció con los líderes de taxistas que estrangularon a la Ciudad de México durante 12 horas, para que levantaran sus bloqueos.

López Obrador la estima como alguien casi de la familia desde hace varios lustros, y si por ellos fuera, sería la candidata a la Presidencia en 2024. El Presidente la ha cuidado sobremanera desde los sismos de 2017, cuando el equipo de mayor confianza de López Obrador recibió instrucciones de apoyarla para evitar que cometiera tropiezos, en particular cuando parecía que el colapso del Colegio Enrique Rébsamen, en la entonces delegación que ella encabezaba, se la iba a llevar entre sus escombros. Cuando un par de sicarios ejecutaron a dos israelíes en Artz Pedregal, para desviar la opinión sobre el crimen organizado, sacrificaron al entonces secretario de Seguridad Pública, Jesús Orta, a declarar la sandez que se trataba de un crimen pasional. 

Hasta ahora la han protegido, pero ¿hasta cuándo será esto posible? La semana pasada, ante la creciente exasperación de la ciudadanía ante las órdenes a la policía capitalina de no hacer nada frente a la violencia y destrozos urbanos de los grupos anarquistas, colaboradores del presidente López Obrador dijeron que no iban a seguir permitiendo esa política impulsada por Sheinbaum, porque estaba a punto de volverse un conflicto entre ciudadanos. La obligaron a desplegar una estrategia -los irresponsables “cinturones de paz”, que violaron la Ley Federal del Trabajo y el Estatuto de Roma, que es un instrumento de la Corte Penal Internacional-, pero respaldaron sus acciones con un despliegue de fuerza federal, incluida la Policía Militar. 

Sheinbaum tiene rendimientos decrecientes, sin cumplir aún el año de Gobierno, al haber permitido -con su confusa decisión de no afectar la libertad de manifestación-, tolerar la paralización de la Ciudad de México de manera constante sin importar que afecte la libertad de terceros, se produzcan daños en propiedad privada, y afecten la economía capitalina. En algunos momentos, la ciudad es gobernada por los más violentos, no por sus autoridades.

La protesta de los taxistas del lunes afectó a la ciudad por 12 horas. Protestas policiales han frenado diversas partes de la capital durante más de 10 horas. Agricultores de todo el país afectaron la zona poniente de la ciudad y el Centro Histórico por más de cinco horas. Todo tipo de grupo social, organizado, gritón, y de preferencia violento, pone en jaque a la ciudad ante la mirada pasiva de la Policía, cuyas órdenes son no intervenir. Hasta vecinos inconformes con políticas microlocales han bloqueado el segundo piso del Periférico.

La Ciudad de México es de quien trabaja la mejor protesta o se organiza con mayor eficiencia para violar la ley, a sabiendas que las autoridades sirven de florero. El ambulantaje regresó a Paseo de la Reforma y volvió a inundar la Plaza Pino Suárez. Los taxistas, que le han tomado la medida a las autoridades, recibieron prórrogas indefinidas para pasar revista, y los temibles microbuseros -la amenaza más grande para los capitalinos- pudieron retomar algunas de las rutas de donde los habían erradicado. La capital es la segunda entidad más violenta del país y, como no se había visto, sus calles se han vuelto campo de batalla de organizaciones criminales.

A Sheinbaum le quedó grande el cargo, que explicaría por qué López Obrador ha intervenido tantas veces como sea necesario a los asuntos de la Ciudad de México. Claramente no quiere que Sheinbaum fracase y se vuelva un lastre para sus propios fines. ¿Hasta cuándo será posible? Por lo pronto, la fuerza del Presidente es suficiente para apuntalarla pese a sus yerros y deficiencias, pero ser regenta de la Ciudad de México no es solo un despropósito sino una regresión. No se luchó por democratizar la vida pública capitalina y conquistar la autonomía del Ejecutivo federal para que Sheinbaum desmantele, por inepta y sumisa, lo que con tanto esfuerzo se construyó.

Nota: En la columna de ayer se identificó a la CRE como el Consejo Regulador de Energía, cuando en realidad es la Comisión Reguladora de Energía.

08 Octubre 2019 04:06:00
El tsunami de López Obrador
El acuerdo presidencial se mantiene sólido. Andrés Manuel López Obrador hiló cinco meses consecutivos de aprobación ciudadana (68%), según la encuesta mensual que publica El Financiero. Pero además, se reflejó un consenso revigorizado, al revertir tendencias a la baja que se veían observando en sus atributos y políticas en los meses anteriores. Todo subió en esta nueva encuesta publicada el lunes, su honestidad, su liderazgo, su credibilidad. Incluso, hasta que una mayoría sienta que la seguridad va mejorando, que su lucha contra la corrupción va en camino ascendente y que la economía está bien. La estrategia de comunicación política a través de las mañaneras va funcionando.

Al mismo tiempo, sin embargo, la brecha entre sus gobernados se está ensanchando. La sociedad que invierte, la que mueve la economía, provee los equilibrios, la que le ayuda a reducir la opacidad, que con los contrapesos permite que la gestión sea más eficiente, está bajo acoso y ataque permanente por parte de López Obrador, embarcado en un proceso de desinstitucionalización, no para desaparecerlas, como en un principio parecía ser su objetivo, sino para colocar a sus incondicionales dentro de sus órganos de dirección para influir en ellos y que no dificulten el cambio que desea.

La renuncia de Eduardo Medina Mora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le permitirá presentar una terna con tres personas que respondan a su proyecto.
Próximamente enviará sus propuestas para el relevo en la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recientemente hizo lo mismo en el Consejo Regulador de Energía y está cambiando a los consejeros independientes de Pemex. A través de los instrumentos democráticos que se fueron construyendo en el último cuarto de siglo, está mediatizándolos. El Presidente está tomando el control de los pilares del Estado, como el Congreso, que acata inopinadamente sus deseos, y la Suprema Corte, cuyo presidente, Arturo Zaldívar, parece crecientemente subordinado a López Obrador.

El presidente está en el mejor de los mundos. Alto consenso ciudadano para lo que quiera hacer, con un mandato poderoso. Contra sus enemigos utiliza la mañanera para amedrentarlos y hostigarlos, utilizando como fuerte arma política al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera, que suelen acusar públicamente con investigaciones sin terminar. El último caso es el de Medina Mora, que no tenía planes de renunciar, hasta que fue ablandado la semana pasada cuando la UIF congeló las cuentas de varios de sus hermanos, como parte de su investigación por el presunto delito de lavado de dinero y enriquecimiento. A quienes expresan puntos de vista distintos, los descalifica y etiqueta de conservadores que defienden el status quo, entendido este, en la verbena popular del nuevo Gobierno, como defensores de un sistema corrupto y lleno de privilegios.

La encuesta de El Financiero revela que el discurso del Presidente, la demagogia y la propaganda, recuperaron energía y está penetrando eficientemente entre la población. Ello le da espacio de maniobra y le reduce presiones. López Obrador tuvo éxito en el último mes, si uno ve los resultados del estudio demoscópico, en la administración de las expectativas, que es como un gobernante tiene que caminar durante su gestión. Levantó esperanzas sobre el combate a la corrupción, a partir probablemente de las acciones contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, que a su vez llenaron el imaginario colectivo –expresado a través de la prensa política– con su sed de venganza para que el expresidente Enrique Peña Nieto sea sometido a juicio. Mejoró sustantivamente (8%) la percepción sobre el combate a la delincuencia, sin hacer nada salvo manejar el discurso de la contención. De la misma manera, sin tampoco hacer nada visible, el respaldo a la Guardia Nacional creció cinco puntos, de 62% a 67%, y sus negativos cayeron seis, de 22% a 16 por ciento.

Las mañaneras, que han sido criticadas ampliamente, mostraron un nuevo apoyo para López Obrador. Entre agosto y septiembre, según la encuesta, repuntó 5% el apoyo nacional a ese modelo de comunicación, colocándolo en una aprobación de 59%, un nivel que no había tenido desde febrero, cuando estuvo en 69%. Los negativos de las mañaneras también se redujeron significativamente, de 21% a 16%, casi igual que lo que tuvo de febrero a mayo. Es decir, el Presidente no se desgastó, pese a que en las últimas semanas se ha equivocado con informaciones abiertamente falsas.

Los mexicanos, siguiendo con los datos de El Financiero, le están perdonando todo a López Obrador. El discurso, por tanto, está teniendo impacto y éxito. Sin embargo, como el mismo admite en privado, la aprobación no será para siempre, lo que suele repetir entre sus colaboradores para que no se dejen engañar por la magia efímera de la demoscopia. La administración de expectativas que le funciona se sostiene en temas económicos de bolsillo, donde el incremento al salario mínimo, el diferencial de tasas de interés, la transferencia directa de recursos en sus programas sociales y las remesas, neutralizan las preocupaciones en otros campos, como el de la seguridad y el empleo formal.

El problema de lo bien que lo hizo en el último mes es, paradójicamente, su principal riesgo. Las expectativas pueden administrarse hasta el momento que se tienen que entregar resultados, particularmente económicos. No puede alterarse el ingreso y el dinero en el bolsillo. Si López Obrador puede torear desafíos como las guerras comerciales del presidente Donald Trump, o que no se apruebe el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, o que haya una baja calificación para Pemex, mantendrá el apoyo de 7 de cada 10 mexicanos. ¿Es probable? Sí.

¿Posible? Eso sí que no.
07 Octubre 2019 04:07:00
El avión que no se vende

En tres ocasiones en los últimos días, la venta del avión presidencial TP-01 José María Morelos y Pavón ha estado en boca del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ofreció que los 150 millones de dólares en que estima se venderá, irán para zonas marginadas y el programa migratorio. Sin embargo, a menos que pase algo que nadie en la industria de la aviación cree que sucederá, eso tendrá que esperar. El avión presidencial que compró el Gobierno del presidente Felipe Calderón y solo usó el presidente Enrique Peña Nieto, no va a ser vendido en ese monto, según ha trascendido en la industria, porque no hay compradores dispuestos a pagar más de 70 millones de dólares.

Solo hay dos interesados, el magnate petrolero texano, presidente de Coastal Corporation, Oscar Wyatt Jr., de Houston, y su socio Morris Douglas Jaffe Jr., de San Antonio, que entre sus empresas está Jetran, que es de aviación. Fuentes de la industria dijeron que la oferta que hicieron al Gobierno mexicano fue por 69 millones de dólares, aunque están dispuestos a ofrecer alrededor de otros 250 millones por la flotilla de aviones oficiales, todos en tierra desde que asumió la Presidencia López Obrador, que incluye 60 aeronaves y 70 helicópteros, con un valor estimado en 370 millones de dólares.

De acuerdo con el portal airlines.net, los empresarios llevan años adquiriendo aviones y revendiéndolos. Así le hicieron con 90 aviones de US Airways tras los atentados terroristas en Estados Unidos en 2001 y la dramática caída de pasajeros, que colocaron con clientes en México, Canadá y el Caribe para reemplazar su vieja flotilla de aeronaves. Por eso voltearon a México cuando el presidente López Obraror puso en el mercado la flotilla de aeronaves gubernamental, encabezada por el avión presidencial, que llamó “una ofensa para los mexicanos” y símbolo de “la opulencia y lo ridículo”.

El TP-01 fue enviado a Victorville, un aeropuerto a unos 80 kilómetros de San Bernardino, en California del Sur, donde no hay aviación comercial pero que entre sus servicios está el de pensión aérea. El avión fue acomodado ahí por Boeing, y de acuerdo con el contrato de servicio MXG-SU-1808929 obtenido por Milenio a través de Transparencia en febrero de este año, está pagando poco más de un millón de pesos al mes, con un plazo de un año y la posibilidad de renovarlo por otro. 

Cuando el avión iba a partir para California, la cuenta oficial de Twitter del Gobierno de México celebró su partida y la puesta en venta de un avión “casi nuevo y muy lujoso”. No lo es tanto, salvo que por lujo se incluya todo el sistema de seguridad y comunicaciones que tiene un avión presidencial, como el mexicano. En diciembre de 2015 se publicó en este espacio que la compra del avión fue presentada al Congreso para su aprobación y lo incluyó en el presupuesto de 2012. El dictamen se aprobó el 15 de noviembre de 2011, con 425 votos a favor, incluidos 45 legisladores del PRD, incluidos dos prominentes morenistas hoy en día, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y el alcalde en Azcapotzalco, Vidal Llerenas.

La decisión técnica y financiera fue adquirir el 787 Dreamliner de la Boeing, uno de los aviones más sofisticados de la industria que tienen gobiernos y más de 55 aerolíneas en el mundo. El que adquirió el Gobierno tiene una arquitectura más ligera que cualquier otro avión comercial, que le permitía ser más eficiente en consumo de combustible y tener un mayor rango de vuelo. En ese momento había dos tipos de Dreamliners, el modelo 9, con más capacidad de pasaje y un precio de lista de 250 millones de dólares, y el modelo 8, que costaba 212 millones.

El avión presidencial tuvo un precio inferior al modelo 9 -231 millones de dólares-, pese a los avanzados sistemas de telecomunicaciones y defensa que se le incorporaron. Durante la campaña, López Obrador dijo que había costado 7 mil 500 millones de pesos (573 millones de dólares al tipo de cambio de noviembre de 2012, cuando se cerró el trato con Boeing), aunque en realidad, Banobras, que hizo la operación financiera, pagó menos de la mitad en ese entonces. Ese avión nunca tuvo la capacidad para 280 personas, como dijo López Obrador, sino para 110, y estaba lejos de ser un avión lujoso, para los estándares de la aviación gubernamental. Por ejemplo, el Air Force One del Presidente de Estados Unidos, un Jumbo 747, con quien lo comparó, tiene salas de conferencias y comedores, y su precio es de 379 millones.

La configuración del avión presidencial es uno de los problemas para poder venderse. Estuvo armado de acuerdo con lo que pidió el Gobierno -como es la configuración de las aeronaves presidenciales en el mundo-, por lo que su capacidad de pasajeros es reducida, para efectos comerciales, y las turbinas tienen menor potencia, porque tiene menos peso. Adicionalmente, el TP-01 era el avión que la Boeing utilizó como demo en todo el mundo, y similares a él existen otros tres en el mercado. Es decir, es una nave vieja para la velocidad como van los modelos Dreamliner y no sirve para vuelos comerciales, además de que resultaría más económico para una aerolínea comercial adquirir uno nuevo.

El avión José María Morelos y Pavón se está deteriorando pese al servicio de mantenimiento contratado, y entre más demore su venta, menos dinero se obtendrá por él. Los clientes también se han estado desanimando, y de una decena cuando se anunció su venta, se redujo a la mitad en verano y ahora sólo están Wyatt y Jaffe, a quienes todavía no les aceptan la oferta.




04 Octubre 2019 04:07:00
La irresponsabilidad de Sheinbaum
Ante la violencia desatada durante las marchas en las últimas semanas y la crítica por la inacción de la policía, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respondió con una estrategia ilegal e irresponsable, con la cual volvió a incumplir con su responsabilidad prima como autoridad: el uso de la fuerza, no para reprimir sino para que, dentro de la ley, haga respetarla a quien pretenda violarla. Utilizó a civiles como carne de cañón contra los violentos para que suplieran el deber del gobierno. Y para que no hubiera daños en propiedad privada o inmuebles públicos, tapió con vallas de metal todo el Centro Histórico, afectando la vida económica, la libertad de tránsito y el orden público.

Esta solución no caminará en el tiempo. La forma como respondió a la crítica por permitir que grupos anarquistas realizaran desmanes, causaran daños y se adueñaran de las calles del centro, es insostenible. Utilizar civiles en lugar de policía para que enfrenten a los anarquistas o a quienes irrumpan con violencia en la vida cotidiana es un acto cobarde, no de Gobierno. Pretender que con ese tipo de estrategia evitará que siga escalando la tensión y que las posibilidades de un enfrentamiento entre civiles y anarquistas crezcan con cada marcha, es ingenuo al dejar que sea el azar el que resuelva el dilema.

La idea para contener la violencia fueron los “Cinturones de Paz”, una instrucción de Sheinbaum girada el martes a todas las dependencias capitalinas para que aportaran 300 trabajadores y sirvieran de colchón entre los manifestantes en la conmemoración de la matanza de Tlatelolco de 1968, y los grupos anarquistas. Ninguna fuerza pública mediaba entre ellos. Fueron personas sin capacitación para contener, a quienes se obligó a cumplir una función para la cual no fueron contratados. Peor aún, la disposición de Sheinbaum violó el artículo 135 de la Ley Federal del Trabajo que prohíbe a los trabajadores “ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de terceras personas”.

Hubo golpes, gases, algunos heridos y mucha suerte para las autoridades, porque los grupos de anarquistas que llegaron al Centro Histórico a cumplir con la agenda que sigue el anarquismo insurreccional desde hace 20 años -provocar y llamar la atención de los medios como forma de protesta contra el modelo económico global y neoliberal- no incluían su corpus más experimentado -que se vio a plenitud en la violencia que desataron cuando Enrique Peña Nieto tomó posesión como presidente en 2012-, ni su capacidad de ataque regular, que incluye bombas molotov. No está claro si a través de los vasos comunicantes de los anarquistas con miembros de los gobiernos de Sheinbaum y del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quienes comparten objetivos, hubo una negociación para que se redujera el nivel de violencia. 

Pero utilizar burócratas como escudo humano frente a los violentos, es idéntico al empleo de mujeres y niños por parte de los cárteles de la droga para impedir que sean atacados por la policía. A la utilización de civiles para cuidar que la policía no interviniera en su contención, que al final ese fue el resultado, se le agrega la forma como tapiaron las fachadas de comercios e inmuebles creando una trampa en la ruta de la marcha. Esto planteó un escenario de alto riesgo, producto de otra falla estratégica, al creaR embudos para los civiles en caso de que hubiera estallado la violencia dentro de esos caminos bardados con metal. 

En la planeación de operativos cuyo objetivo es dispersar a quienes violentan el orden público, nunca se les encierra para emboscarlos, sino se deja una puerta de escape, deliberadamente, para que por ahí puedan huir, reduciendo de esta forma el grado e intensidad de la violencia. Las autoridades capitalinas no hicieron eso, y levantaron muros de metal, prácticamente imposibles de saltar, con cordones de policías en las calles donde no se había tapiado con las vallas. Si no hubo consecuencias que lamentar, se debió a que los anarquistas no tenían la intención de escalar los enfrentamientos -como se puede ver al analizar sus comportamientos en otras marchas a lo largo de los años-, y no como resultado de una buena estrategia policial.

Blindar resuelve coyunturalmente para Sheinbaum el problema del vandalismo en comercios, pero no es una solución de corto, mediano o largo plazo. No puede recurrir al mismo ejercicio cada vez que haya marcha, porque como en el caso de los “Cinturones de Paz”, transferir a la sociedad una responsabilidad de Gobierno, y pedirle indirectamente que sea ella la sacrificada porque la autoridad no quiere pagar costos políticos al tener que cumplir con sus obligaciones de ley, es insostenible. El pozo donde se ahogó el niño no se tapa cada vez que haya niños merodeando; se cancela y punto. En este caso, no se trata solo de evitar que se dañen comercios sacrificando a comerciantes y consumidores, sino que se impida que terceros afecten sus derechos, su libertad y su vida cotidiana.

Sheinbaum tiene que dejar atrás sus dogmas de oposición y asumir los costos de gobernante. No es reprimiendo a quien violente la ley, sino aplicando la Ley. Para reforzar esa acción, el uso de la fuerza pública siempre debe ser opción, no para reprimir, sino para restablecer el orden de las cosas. Para eso existen protocolos para la policía y organismos de derechos humanos que pueden acompañarlos en sus tareas para impedir abusos, y trabajo de inteligencia. Por encima de ello, se necesita actuar con responsabilidad y valor, dos cualidades de las que hasta ahora carece Sheinbaum.
03 Octubre 2019 04:07:00
1968: ¿crimen de Estado?
Claudia Sheinbaum tenía 6 años cuando inició el movimiento estudiantil de 1968 que concluyó con la matanza en Tlatelolco del 2 de octubre. No participó en las manifestaciones -salvo que la hayan llevado sus padres en hombros-, ni fue víctima de la represión policial y militar durante los tres meses que vivió ese movimiento, pero como a muchos de su generación, aquel episodio marcó su vida y definió su participación política. Ayer, como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, recordó aquella tarde en la Plaza de las Tres Culturas, el campo de batalla de soldados contra soldados y militares contra brigadas paramilitares, donde quedaron atrapados cientos de personas en el fuego cruzado, y calificó lo sucedido ahí como un crimen de Estado. ¿Lo fue?

Un crimen de Estado se define como una serie de acciones donde un Gobierno rompe sus propias leyes o las del Derecho Internacional -genocidios, torturas, crímenes de guerra y corrupción-. Incluye el papel de las instituciones para cometer o condonar esos crímenes, lo que añade dificultad teórica para encontrar una definición jurídica del crimen de Estado. En el caso de lo que sucedió en Tlatelolco, la contraparte teórica es la tesis de Max Weber del “Estado soberano”, que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza, empleado por el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, quien en su informe de Gobierno un mes antes, dijo que todo tenía un límite, “no podía tolerar que el orden legal fuera roto irrevocablemente”, y que utilizaría “a las Fuerzas Armadas”. Así lo hizo, pero alejándose de las normas y procedimientos que regulan la tesis weberiana, al cometer violaciones a los derechos humanos y al debido proceso, detenciones arbitrarias, declaraciones falsificadas y dejar, cuando menos, 44 muertos.

Aquella herida que marcó la historia -parafraseando al historiador Gastón García Cantú-, se ha discutido y analizado desde diferentes ángulos, pero uno que distorsionó la dialéctica con el movimiento estudiantil y cerró los caminos para una solución pacífica, sigue en tinieblas, pese a que el resultado de la matanza definió la sucesión presidencial. Díaz Ordaz, un abogado de mano dura, optó por la solución de fuerza propuesta por su secretario de Gobernación, Luis Echeverría, y dejó de lado la posición negociadora del secretario de la Presidencia, su amigo Emilio Martínez Manatou. 

Díaz Ordaz asumió la responsabilidad total de los hechos en su quinto informe de Gobierno en 1969, pero ni él ni nadie de su Gobierno, salvo Echeverría, fue llevado a juicio. El exsecretario de Gobernación, símbolo de la represión, fue indiciado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos, que creó el presidente Vicente Fox, por su presunta responsabilidad en los hechos de 1968, en la represión del Jueves de Corpus en 1971, y en la Guerra Sucia de los 70. Lo detuvieron en 2006, pero por edad y salud estuvo en prisión domiciliaria hasta 2009, cuando obtuvo la libertad absoluta y se le exoneró del delito de genocidio.

Fernando Gutiérrez Barrios, quien era el jefe de la Dirección Federal de Seguridad, fue muchas veces señalado de haber instruido a sus agentes de campo en la represión el 2 de octubre. Sin embargo, de acuerdo con las instrucciones que dio ese día, que se encuentran en el Archivo General de la Nación, no hizo nada irregular o ilegal. Ciertamente, las instrucciones para atacar a grupos indefensos, como aquellos en Tlatelolco la tarde del 2 de octubre, no se dejan por escrito, pero su papel como represor ese día, nunca se documentó. Sus agentes formaron parte del Batallón Olimpia, un grupo paramilitar al mando del general Luis Gutiérrez Oropeza, jefe del Estado Mayor Presidencial, en donde participaron miembros de ese cuerpo militar de élite, la Policía Judicial y la Policía del Distrito Federal. Ninguna de sus cabezas, el general secretario de la Defensa, Marcelino García Barragán; el general Gutiérrez Oropeza, el procurador general Julio Sánchez Vargas, Luis Cueto, jefe de la policía capitalina, o su superior, el general Alfonso Corona del Rosal, jefe del Departamento del Distrito Federal, fue indiciado. 

Hasta hoy se desconoce con certeza cómo la disputa por la candidatura presidencial fue causa indirecta de la matanza de Tlatelolco, ni las traiciones dentro del gabinete de Díaz Ordaz. Filmaciones inéditas de aquella tarde muestran cómo desde la vieja Torre de Tlatelolco, que era la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se comenzó a disparar contra la multitud en la plaza, hacia donde corrieron soldados para protegerlos. ¿Fueron francotiradores del Estado Mayor Presidencial? Es un misterio. 

El primero en caer herido esa tarde fue el general José Hernández Toledo, responsable militar de la operación en Tlatelolco, por un balazo desde el Edificio Chihuahua, en cuyo tercer piso estaban los líderes estudiantiles encabezando el mitin, quien fue relevado en el mando por el general Jesús Castañeda Gutiérrez, miembro del Batallón Olimpia, y a quien nombró Echeverría su jefe del Estado Mayor. ¿Acaso el general Hernández Toledo respondía al general García Barragán y al ser eliminado como jefe militar de la operación, el general Gutiérrez Oropeza lo sustituyó con uno de los suyos? También es un misterio.

Probablemente no alcance la ley para decretar que fue un crimen de Estado, pero vistos los resultados políticos de la matanza, Echeverría en la Presidencia, los jefes militares del Batallón Olimpia promovidos, el general Coronal del Rosal marginado, el entonces presidente del PRI, Alfonso Martínez Domínguez, cercano a Díaz Ordaz y enemigo de Echeverría, defenestrado en 1971 tras la trampa para culparlo de la represión del Jueves de Corpus, se puede argumentar que lo que sucedió hace 51 años fue en realidad un golpe de Estado. 
02 Octubre 2019 04:07:00
La amenaza anarquista
La prensa política amaneció el lunes con críticas a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por no defender la libertad y cuidar los derechos de sus gobernados, y abandonarlos a la violencia de grupos radicales infiltrados en marchas para generar caos e ingobernabilidad. Sheinbaum dijo que la violencia callejera en la ciudad era lo menos malo, al explicar que la inacción de la policía fue porque haber intervenido contra los anarquistas, como se definen desde hace un cuarto de siglo quienes utilizan esos eventos para provocar mediante actos vandálicos, habría resultado peor.

Es decir, mejor que destruyan monumentos, comercios, restaurantes, vehículos, incendien edificios, y sean dueños de las calles durante las horas que deseen, porque aplicar la ley generaría más violencia. Las críticas la tienen sin cuidado. Sheinbaum anticipó que para la próxima marcha del 2 de octubre, tampoco actuarán. Una vez más, el Centro Histórico de la Ciudad de México se convertirá en territorio comanche. Quien más violento se ponga, entonces, más posibilidades tendrá de quedar impune.

La racional de Sheinbaum es que si aplican la fuerza –legalmente la tiene un Gobierno– para evitar desmanes y hacer respetar la Ley, la respuesta que tendrán es el búmeran de mayor violencia y las críticas de ser un Gobierno represor, como solían calificar a la autoridad cuando eran oposición. Usaban políticamente las acciones de fuerza del Gobierno para impulsar una agenda política y generar apoyos. Ahora que están del otro lado, están atrapados por la realidad de ser autoridad o antisistémicos. Es cierto que estos grupos buscan, literalmente, que haya muertos, porque así alimentan su causa, pero el problema es que al ser Gobierno, la inacción tiene consecuencias políticas y legales, y lejos de desactivar el problema con los anarquistas, los fortalecen.

Los anarquistas en México han ido escalando la violencia desde diciembre de 2009, cuando incendiaron 28 patrullas en Toluca, y detonaron explosivos en cajeros automáticos en esa capital, Metepec y San Luis Potosí. En un comunicado que circuló por internet, se identificaron como miembros de la Brigada de Acción Simón Radowiski –un anarquista argentino que asesinó a un jefe policial que murió en México 45 años después–, y se adjudicaron la responsabilidad de esos ataques y de otros seis bombazos para demostrar que “siguen activos”.

Un informe del Cisen, hoy Centro Nacional de Inteligencia, identifica a 17 grupos anarquistas en el país: Acampanada Revolución, Bloque Anarko Sur, Bloque Anarko Norte, Bloque Autónomo Libertario Xalapa, Bloque Negro Aguascalientes, Bloque Negro Anarquista, Casa en Movimiento Chanti Ollin, Células Autónomas de Revolución Inmediata “Praxedis G. Guerrero”, Centro Social Okupado Casa Naranja, Colectivo Autónomo Magonista, Coordinadora Estudiantil Anarquista, Cruz Negra Anarquista, Federación Anarquista de México, Frente Oriente, Miserables Libertarios, OkupaChe y Reacción Salvaje, vinculado a radicales ambientalistas.

Entre 2010 y 2018, de acuerdo con un reporte en Televisa, han participado en 91 acciones violentas. Por ejemplo, los dispositivos explosivos que se utilizaron en Toluca y Metepec eran iguales a los que se emplearon en septiembre de 2009 contra una sucursal bancaria en el sur de la capital, en una boutique en una exclusiva avenida en el poniente, y en una distribuidora Renault en el oriente, que fue reinvindicado por las Células Autónomas de Revolución Inmediata “Práxedis G. Guerrero”, que acompañó su comunicado con una denuncia contra la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las inmediaciones del Reclusorio Norte, donde se encuentran presos militantes de la vieja Liga Comunista 23 de Septiembre, de la Unión del Pueblo –que al fusionarse se convirtió en el Procup–, y del EPR.

En ese comunicado también mencionaron a cuatro camaradas suyos detenidos en diciembre de 2009, acusados de tirar bombas molotov en el sur de la Ciudad de México y por robo durante los disturbios callejeros en la capital durante la marcha del 2 de octubre. Ese comunicado fue difundido entre otros sitios por el portal lahaine.org, alimentado desde España y América Latina por una red de organizaciones sociales y extremistas entre las que participa activamente el colectivo Auditorio Che Guevara, un “espacio autónomo de trabajo autogestivo” que existe como “territorio liberado” dentro de Ciudad Universitaria en lo que hasta 1968 se conoció como el Auditorio “Justo Sierra”.

Ese colectivo maneja el servicio Noticias de la Rebelión y el taller Ricardo Flores Magón, el anarquista mexicano más famoso, multicitado por el presidente López Obrador. Entre al menos dos de las organizaciones que reivindicaron aquellos atentados hay vasos comunicantes. Una es el Frente de Liberación Animal, que atacó la boutique, que es una organización anarquista que pertenece a las redes del llamado Bloque Negro, que llegó a México para apoyar al Subcomandante Marcos y el EZLN en 1994. Aunque no hay vinculación evidente con las Células Autónomas, existe una relación indirecta a través de las redes insurgentes cibernéticas, bajo la autoridad máxima de la organización guerrillera las Milicias Insurgentes Ricardo Flores Magón, que nacieron en 1996, opera en la mitad del país, y reclutaba cuadros en Texcoco y Chimalhuacán.

Los grupos anarquistas son más serios de lo que intentan hacer creer a la gente López Obrador y Sheinbaum, y no tienen nada que ver con los “conservadores”. El artilugio retórico es sus contradicciones, pues algunos de esos grupos tienen ramificaciones con Morena y algunos de sus intelectuales orgánicos asesoran informalmente a miembros del equipo del presidente. Como movimiento, no son simpatizantes de él ni de Morena, a quienes ven como enemigos, de la misma forma como veían a los gobiernos del PRI y del PAN. Tapar el sol con un dedo, como lo están haciendo, no resolverá la violencia callejera, sino la incentivará. El problema que tienen es la disyuntiva de la gobernabilidad externa o la gobernabilidad interna.

01 Octubre 2019 04:07:00
La amenaza anarquista
La prensa política amaneció el lunes con críticas a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por no defender la libertad y cuidar los derechos de sus gobernados, y abandonarlos a la violencia de grupos radicales infiltrados en marchas para generar caos e ingobernabilidad. Sheinbaum dijo que la violencia callejera en la ciudad era lo menos malo, al explicar que la inacción de la policía fue porque haber intervenido contra los anarquistas, como se definen desde hace un cuarto de siglo quienes utilizan esos eventos para provocar mediante actos vandálicos, habría resultado peor.

Es decir, mejor que destruyan monumentos, comercios, restaurantes, vehículos, incendien edificios, y sean dueños de las calles durante las horas que deseen, porque aplicar la ley generaría más violencia. Las críticas la tienen sin cuidado. Sheinbaum anticipó que para la próxima marcha del 2 de octubre, tampoco actuarán. Una vez más, el Centro Histórico de la Ciudad de México se convertirá en territorio comanche. Quien más violento se ponga, entonces, más posibilidades tendrá de quedar impune.

La racional de Sheinbaum es que si aplican la fuerza –legalmente la tiene un Gobierno– para evitar desmanes y hacer respetar la Ley, la respuesta que tendrán es el búmeran de mayor violencia y las críticas de ser un Gobierno represor, como solían calificar a la autoridad cuando eran oposición. Usaban políticamente las acciones de fuerza del Gobierno para impulsar una agenda política y generar apoyos. Ahora que están del otro lado, están atrapados por la realidad de ser autoridad o antisistémicos. Es cierto que estos grupos buscan, literalmente, que haya muertos, porque así alimentan su causa, pero el problema es que al ser Gobierno, la inacción tiene consecuencias políticas y legales, y lejos de desactivar el problema con los anarquistas, los fortalecen.

Los anarquistas en México han ido escalando la violencia desde diciembre de 2009, cuando incendiaron 28 patrullas en Toluca, y detonaron explosivos en cajeros automáticos en esa capital, Metepec y San Luis Potosí. En un comunicado que circuló por internet, se identificaron como miembros de la Brigada de Acción Simón Radowiski –un anarquista argentino que asesinó a un jefe policial que murió en México 45 años después–, y se adjudicaron la responsabilidad de esos ataques y de otros seis bombazos para demostrar que “siguen activos”.

Un informe del Cisen, hoy Centro Nacional de Inteligencia, identifica a 17 grupos anarquistas en el país: Acampanada Revolución, Bloque Anarko Sur, Bloque Anarko Norte, Bloque Autónomo Libertario Xalapa, Bloque Negro Aguascalientes, Bloque Negro Anarquista, Casa en Movimiento Chanti Ollin, Células Autónomas de Revolución Inmediata “Praxedis G. Guerrero”, Centro Social Okupado Casa Naranja, Colectivo Autónomo Magonista, Coordinadora Estudiantil Anarquista, Cruz Negra Anarquista, Federación Anarquista de México, Frente Oriente, Miserables Libertarios, OkupaChe y Reacción Salvaje, vinculado a radicales ambientalistas.

Entre 2010 y 2018, de acuerdo con un reporte en Televisa, han participado en 91 acciones violentas. Por ejemplo, los dispositivos explosivos que se utilizaron en Toluca y Metepec eran iguales a los que se emplearon en septiembre de 2009 contra una sucursal bancaria en el sur de la capital, en una boutique en una exclusiva avenida en el poniente, y en una distribuidora Renault en el oriente, que fue reinvindicado por las Células Autónomas de Revolución Inmediata “Práxedis G. Guerrero”, que acompañó su comunicado con una denuncia contra la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las inmediaciones del Reclusorio Norte, donde se encuentran presos militantes de la vieja Liga Comunista 23 de Septiembre, de la Unión del Pueblo –que al fusionarse se convirtió en el Procup–, y del EPR.

En ese comunicado también mencionaron a cuatro camaradas suyos detenidos en diciembre de 2009, acusados de tirar bombas molotov en el sur de la Ciudad de México y por robo durante los disturbios callejeros en la capital durante la marcha del 2 de octubre. Ese comunicado fue difundido entre otros sitios por el portal lahaine.org, alimentado desde España y América Latina por una red de organizaciones sociales y extremistas entre las que participa activamente el colectivo Auditorio Che Guevara, un “espacio autónomo de trabajo autogestivo” que existe como “territorio liberado” dentro de Ciudad Universitaria en lo que hasta 1968 se conoció como el Auditorio “Justo Sierra”.

Ese colectivo maneja el servicio Noticias de la Rebelión y el taller Ricardo Flores Magón, el anarquista mexicano más famoso, multicitado por el presidente López Obrador. Entre al menos dos de las organizaciones que reivindicaron aquellos atentados hay vasos comunicantes. Una es el Frente de Liberación Animal, que atacó la boutique, que es una organización anarquista que pertenece a las redes del llamado Bloque Negro, que llegó a México para apoyar al Subcomandante Marcos y el EZLN en 1994. Aunque no hay vinculación e-vidente con las Células Autónomas, existe una relación indirecta a través de las redes insurgentes cibernéticas, bajo la autoridad máxima de la organización guerrillera las Milicias Insurgentes Ricardo Flores Magón, que nacieron en 1996, opera en la mitad del país, y reclutaba cuadros en Texcoco y Chimalhuacán.

Los grupos anarquistas son más serios de lo que intentan hacer creer a la gente López Obrador y Sheinbaum, y no tienen nada que ver con los “conservadores”. El artilugio retórico es sus contradicciones, pues algunos de esos grupos tienen ramificaciones con Morena y algunos de sus intelectuales orgánicos asesoran informalmente a miembros del equipo del Presidente. Como movimiento, no son simpatizantes de él ni de Morena, a quienes ven como enemigos, de la misma forma como veían a los gobiernos del PRI y del PAN. Tapar el sol con un dedo, como lo están haciendo, no resolverá la violencia callejera, sino la incentivará. El problema que tienen es la disyuntiva de la gobernabilidad externa o la gobernabilidad interna.
30 Septiembre 2019 04:05:00
El tigre está suelto
No fueron pocos los que interpretaron como amenaza la afirmación que hizo el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en la convención anual de banqueros en Acapulco, que si se diera un fraude electoral él no frenaría el descontento popular y no sería él quien amarrara al tigre. La metáfora generó reacciones de alarma, por lo que trató de matizar sus declaraciones. No hubo fraude en la elección, sino un voto masivo a su favor que le dio enorme legitimidad a su victoria y a su Presidencia. Sin embargo, él no dejó de seguir alimentando al tigre con la exacerbación de sus sentimientos y un discurso de odio que afirma no tener, pero que todos los días ejecuta contra todo aquel que, deliberadamente o no, interfiere en sus planes. Su obsesión contra un pensamiento diferente llega a veces a lo absurdo.

Hace unos días, en su conferencia de prensa matutina, al hablar sobre la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, dijo que en un vuelo a la Ciudad de México, el capitán informó a los pasajeros que tendrían una demora para aterrizar por la saturación en el aeropuerto Benito Juárez. Cualquier persona que haya viajado a esta capital en los últimos años, sabe que rara vez, sobre todo en la noche, llegará a tiempo porque siempre está saturado. López Obrador sugirió, sin embargo, que el piloto había exagerado la saturación, porque seguramente era “simpatizante del conservadurismo”. Dijo textualmente: “Lo que quieren es que haya saturación de más en el aeropuerto y nos echen la culpa a nosotros”. 

La sobrevaloración que tiene el Presidente de sí mismo, corresponde a su ego al pensar que todo lo que sucede tiene que ver con él. No es el epicentro del mundo ni todos están atentos a lo que hace o deja de hacer. Pero la retórica con la cual procesa inconvenientes -algunos ajenos a su responsabilidad, como la saturación del aeropuerto-, polariza y enfrenta. Su visión maniquea de la vida pública ha colocado a quienes no son sus incondicionales como enemigos, y los combate todos los días. A quienes lo apoyan, se les han sumado grupos violentos tolerados por el Gobierno.

La toma de casetas, por ejemplo, se ha convertido en un método sistemático de allegarse recursos los fines de semana. Las autoridades consienten que se tomen las casetas en horas específicas de la mañana sin que intervengan. El resultado práctico es una especie de impuesto social para compensar, quizás, la falta de recursos y de crecimiento derivado de la política económica. Ofrecer amnistía a delincuentes -en lugar de reponer procesos para hacer justicia dentro de la ley-, y ofrecer disculpas a los victimarios y olvidar a las víctimas, aumentan la combustión social. La impunidad para el que violenta y afecta las libertades de terceros, envía señales de apoyo para que se ultraje, sin castigo y hasta con alegría -“las benditas redes sociales”, justifica-, a todos aquellos a quienes apunta el Presidente en sus mañaneras. 

La tolerancia al vandalismo ante la mirada pasiva de la policía de la Ciudad de México durante la marcha por el quinto aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, dejó pintas que decían “quema al rico”, una evocación al discurso del Presidente donde acusa que todo aquel que ha tenido en su vida movilización social, lo ha logrado gracias a un sistema de privilegios, abusos y corrupción de los gobiernos anteriores, por lo que son “conservadores” y “neoliberales”. En otra marcha 48 horas después, por la despenalización del aborto, activistas dañaron muros y rejas de la Catedral Metropolitana, y prendieron fuego a la puerta de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México.

La permisividad a la violencia del presidente López Obrador, con los mensajes claros a quienes delinquen que las fuerzas de seguridad no irán detrás de los criminales porque “no van a reprimir” -confusión conceptual o posición política que manipula la aplicación de la ley con un delito-, y que prefiere becarios a sicarios, porque la forma de pacificar el país es con abrazos y no balazos, otorga carta blanca a quienes quieran cometer delitos o utilizar la fuerza para alcanzar sus objetivos.

El tigre está suelto, pero no aquel que veía López Obrador durante la campaña electoral, como consecuencia de un fraude electoral que lanzarían a las calles a miles de personas para impedirlo. El que soltó al tigre es su discurso que blinda a criminales, y el que reiteradamente llama a la acción -el ataque violento a todo lo que no es López Obrador y su proyecto-, para que se sumen a su lucha por transformar el país. Su estrategia es altamente riesgosa.

El presidente López Obrador está conjurando un clima de violencia entre los buenos, que son los que lo respaldan, y los malos, que son el resto de los mexicanos, los que se mantienen pasivos y neutrales, y los que discrepan de él. Su discurso de empoderamiento lo acompaña con llamados implícitos al ajuste de cuentas mediante demagogia simplista pero efectiva ofreciendo el paraíso e identificando a los demonios. No es, como dice, Presidente de todos los mexicanos, sino de una parte. Esta división que hace diariamente con la semántica, fractura el tejido social y alimenta el encono. Cuidado. Tenemos experiencias amargas. Recordemos siempre que el clima mata.

Nota: en la columna “Ayotzinapa, el oscuro teniente”, publicada el jueves pasado, se identificó a Leonardo Vázquez Pérez, exsubdirector de Seguridad Pública de Guerrero, como un teniente retirado. La Secretaría de la Defensa precisó que Vázquez Pérez alcanzó ese grado en la Fuerza Aérea, donde fue operador aéreo, pero que fue dado de baja en 2001.
27 Septiembre 2019 04:07:00
¿Siguen vivos?
Desde hace varias semanas en el Gobierno federal se mencionaba con insistencia la posibilidad de que un número no identificado de normalistas de Ayotzinapa, que fueron privados de su libertad hace cinco años en Iguala, no hubieran sido asesinados como afirmó el exprocurador general Jesús Murillo Karam, sino que estuvieran vivos. Hipótesis de ello han corrido desde que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014, por declaraciones que nunca se confirmaron y que se centraban en que la organización criminal Guerreros Unidos, en cuyas manos cayeron aquella noche de verano, habían hecho leva con varios de ellos y los tenían trabajando en los campos de amapola. Sin embargo, la duda sobre si estaban muertos provenía de un documento que nunca fue integrado por el Gobierno anterior en el expediente del Caso Ayotzinapa, del análisis técnico de los teléfonos celulares de los normalistas, realizado por el FBI a petición de la PGR y del que no se tenía conocimiento hasta ahora.

Una investigación de más de dos meses realizada por los reporteros de Eje Central, María Idalia Gómez y Jonathan Nácar, revela que un total de 27 celulares atribuidos a normalistas, continuaron operando seis semanas después de que fueron atacados en Iguala. Autoridades, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y expertos internacionales, han dicho que varios teléfonos continuaron activos después del crimen. Sin embargo, lo que encontró el FBI es que el patrón de comportamiento de los teléfonos fue el mismo que tenían previo al crimen. Es decir, la red de vínculos de los teléfonos fue la misma antes y después del 26 de septiembre, como si nunca hubieran desaparecido.

Los informes del FBI obtenidos por Eje Central muestran que las llamadas realizadas antes del 26 de septiembre a municipios de Guerrero, Chiapas, Morelos, Puebla y la Ciudad de México, continuaron realizándose a los mismos teléfonos -cuyos propietarios no están identificados- hasta dos meses después de la desaparición. No hay una explicación que resuelva las incógnitas, pero el FBI señaló en su informe que los números revisados tenían un comportamiento “consistente con el mismo usuario”. 

La pregunta ¿siguen vivos? cobró una fuerza que no se tenía antes, y renueva la esperanza de los padres de volver a ver a sus hijos con vida. El subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, responsable de la Comisión de la Verdad sobre el Caso Ayotzinapa, la reforzó el jueves al anunciar que las nuevas búsquedas serían de vida, como han pedido en estos cinco años los padres de los normalistas.

Será la primera vez que los busquen con vida desde el 30 de septiembre de 2014, cuando tras una llamada del general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, al presidente Enrique Peña Nieto, para informarle que un soldado de Inteligencia Militar, Julio César Patolzin, infiltrado en la Normal de Ayotzinapa y que iba con los estudiantes cuando fueron atacados, no aparecía, se enfocaron las investigaciones en determinar cómo los habían matado y en dónde podrían encontrarse sus cuerpos. 

El tema de la telefonía celular fue expuesto por primera vez por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que detectó que 17 aparatos de los normalistas habían seguido activos después de la desaparición. El Gobierno de Peña Nieto, sin embargo, no profundizó las investigaciones, y hasta el 6 de julio de 2017 admitió ante la CIDH que tres chips y nueve teléfonos pertenecientes a los normalistas habían sito utilizados con posterioridad a los hechos de Iguala, y que a la Policía Federal le correspondía indagar esas pruebas.

La Policía Federal no hizo nada, y de ahí derivan nuevas líneas de investigación en contra de los excomisionados de la Policía Federal, Enrique Galindo y Manelich Castilla, así como en contra del excomisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, bajo el presunto delito, cuando menos, de omisión. Además de ellos, cabría la posibilidad de que se abra otra en contra del exprocurador Jesús Murillo Karam, responsable directo de no haber integrado el análisis de telefonía del FBI al expediente del Caso Ayotzinapa. De acuerdo con exfuncionarios de la PGR que participaron en la investigación, Murillo Karam nunca les informó de la existencia del documento. En la constancia de expedientes que se entregó a la CNDH, tampoco figura el reporte.

El FBI realizó el análisis de la telefonía celular a partir de la información que le proporcionó el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. No se sabe con precisión la fecha cuando pidió la PGR el apoyo del FBI, pero sí cuándo entregó sus resultados. De acuerdo con Eje Central, el primer reporte se entregó con fecha 7 de noviembre de 2014, y el segundo 14 días después. Las fechas son importantes. 

El 7 de noviembre fue la conferencia de prensa de Murillo Karam, inmortalizada por la frase “ya me cansé”, donde dijo que aunque se mantendría la investigación clasificando a los normalistas como desaparecidos, “no tengo ninguna duda de que ahí hubo un homicidio masivo”. El 28 de enero de 2015 ofreció otra conferencia de prensa donde dijo que la “verdad histórica” es que los cuerpos de los 43 normalistas los habían incinerado en el basurero de Cocula, y sus cenizas arrojadas al río San Juan. 

Los documentos revelados este jueves muestran que Murillo Karam desestimó la información del FBI y nunca la tomó en cuenta para revalorar sus conclusiones.
Peor aún, que la escondió para no incorporarla a la investigación. Haberlo hecho, habría derrumbado sus conjeturas, o cuando menos lo habría obligado a matizarlas. No hacerlo abre la vía a una acusación por omisión u obstrucción de la justicia.
26 Septiembre 2019 04:07:00
Ayotzinapa, el oscuro teniente
El 24 de junio de 2013 Acapulco amaneció con perros muertos en las calles con mensajes dirigidos al subsecretario de Prevención y Operación Judicial de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, el teniente retirado Leonardo Vázquez Pérez. “Que te quede claro y no se te olvide la mano que te dio de comer. Acuérdate del tío Arturo Beltrán Leyva que te mató el hambre y que te la sigue matando a ti y a tu familia aunque ya no está con nosotros”, decía uno. 

“Ya basta de estar asesinando a nuestra propia gente, a la misma gente que te tendió la mano y te sigue dando de comer. Deja de molestar a las tiendas que de ahí sale el dinero para que tú tragues. Respétanos. Este atento llamado es para que agarres la línea del Tío como siempre lo has hecho y nos ayudes a limpiar toda la bola de secuestradores y extorsionadores”, señalaba otro.

Cuando esto sucedió, Beltrán Leyva llevaba poco más de cuatro años muerto, abatido por comandos especiales de la Marina que lo cazaron en Cuernavaca. Aquel 16 de diciembre de 2009, tras un operativo de cuatro días, la poderosa organización que comandaba, enfrentada con sus antiguos socios del Cártel del Pacífico, empezaba a ser desmantelada. Los marinos nunca toman prisioneros. Los hermanos Beltrán Leyva eran figuras clave en el narcotráfico, controlaban la seguridad de los jefes y sus familias en el Cártel del Pacífico, y administraban el corredor Ciudad de México-Cuernavaca-Acapulco de cocaína y precursores químicos para las metanfetaminas.

A la muerte de Arturo, esa organización se dividió. Una parte creció como Guerreros Unidos, cuyos fundadores, Alberto y Mario Pineda Villa, que eran pistoleros de Beltrán Leyva, fueron asesinados por órdenes de este capo cuando descubrió que estaban secuestrando y extorsionando a sus espaldas. La otra parte se agrupó en Los Rojos, fundado por Jesús Nava Romero, quien murió junto con Beltrán Leyva. La organización de los Beltrán Leyva se fragmentó  y nunca volvió a tener la misma fuerza. 

Vázquez Pérez no estaba ajeno a ellos. Sujeto a una nueva investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, es una figura de interés para las autoridades. Sinaloense, llegó a Acapulco donde vivía su hermana, que era una de las parejas sentimentales de Beltrán Leyva, sobre la costera de Acapulco, en una casa que años antes le habían incautado. Eran los tiempos en que Beltrán Leyva compraba favores y protección. Vázquez Pérez se incorporó como subsecretario de Seguridad de Guerrero, aunque todavía no tienen claro las autoridades cómo entró al cargo. Ahí estuvo casi cinco años, sin que se conozca de una acción policial significativa de su parte.

Cuando aparecieron los perros muertos con los mensajes, su nombre llamó la atención de las autoridades. El rompecabezas sobre su probable relación con el narcotráfico no ha terminado de armarse, pero tras la cadena de eventos en los últimos años, la presunción es que se encontraba más cerca de Guerreros Unidos, donde jugaba clandestinamente un papel importante la hermana de los Pineda Villa, María de los Ángeles, quien era la esposa del alcalde José Luis Abarca cuando desaparecieron los normalistas en Iguala. 

Esa organización controlaba Iguala y seis municipios aledaños en Tierra Caliente, y los policías municipales fueron quienes detuvieron y les entregaron a los normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014, actuando como reacción a lo que pensaban era un ataque de Los Rojos, que tenían influencia en otros municipios de esa región, Chilpancingo y Morelos. Abarca y Pineda Villa fueron protagonistas importantes en el crimen contra los normalistas, aunque siempre lo han negado, y su estructura policial estaba supervisada desde Chilpancingo por Vázquez Pérez, a quien el gobernador Ángel Heladio Aguirre había nombrado secretario de Seguridad el 13 de enero de 2014.

Tras el crimen contra los normalistas, el nombre de Vázquez Pérez siempre estuvo presente, pero no en el primer plano. Cuando el Gobierno de Aguirre colapsó, se fue a Estados Unidos, donde ya se encontraba su hermana, y cuando sintió que las cosas se habían enfriado, regresó discretamente a vivir en Guadalajara. Extrañamente, el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no le prestó suficiente atención, pese a que su nombre apareció en una libreta de contactos que pertenecía a Sidronio Casarrubias Salgado, uno de los líderes de Guerreros Unidos que fue puesto en libertad en julio del año pasado porque el juez consideró que los dos testimonios donde narraba cómo habían detenido y desaparecido a los normalistas, habían sido extraídos mediante torturas.

Información obtenida por los investigadores del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lo regresó al primer plano de las sospechas sobre el grado de involucramiento que pudo haber tenido en la desaparición de los normalistas, particularmente en omisiones al no haber informado con detalle y rapidez sobre los movimientos que estaban haciendo los estudiantes. La Comisión de la Verdad llamó a declarar la semana pasada al exgobernador Aguirre, al exfiscal Iñaki Blanco y, de manera precisa, a Vázquez Pérez. Las principales preguntas fueron sobre el papel del exsecretario de Seguridad. La próxima semana irán a declarar, pero a la Fiscalía General.

Vázquez Pérez ha mantenido un perfil extremadamente bajo durante todos estos cinco años, pero finalmente está en el centro de la investigación. No hay acusaciones formales en su contra, pero las autoridades creen que si habla lo que sabe, podrán entender partes importantes de lo que sucedió aquella noche y lo que pasó con los normalistas de Ayotzinapa. Dentro del gobierno de Aguirre había varios funcionarios que le tenían enorme desconfianza y hoy se está viendo por qué.

25 Septiembre 2019 04:07:00
El asesinato de Garza Sada (y II)
Cuando se presentan las oportunidades hay que aprovecharlas porque quizás nunca regresen. No es algo que se le dé al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando sale de su hábitat natural: el neoliberalismo, la corrupción, los conservadores, sus adversarios, sus diferencias. Palabras convertidas en concepto político para justificar lo que sucedió y lo que viene. Retórica hueca para cubrir deficiencias conceptuales e indefiniciones políticas. Por eso, cuando le preguntaron el lunes sobre el episodio protagonizado por Pedro Salmerón, exdirector del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que llamó “jóvenes valientes” a quienes asesinaron a don Eugenio Garza Sada hace 46 años, lamentó la polémica y dijo: “Hay que evitar la confrontación… ir al cambio por el camino de la concordia”.

El Presidente se escabulló. “Nuestros adversarios, los conservadores, que están moralmente derrotados, están buscando todas nuestras posibles fallas o errores porque quieren articularse, quieren agruparse, quieren construirse en un grupo reaccionario como los que ha habido cada vez que se lleva a cabo una transformación en nuestro país”, dijo en la conferencia de prensa mañanera, eludiendo el debate. “Yo me he tenido que autolimitar mucho, no saben cuánto, pero todos tenemos que hacerlo porque así lo requieren las circunstancias y porque vamos avanzando sin confrontación, sin desgaste, desde luego sin agresiones mayores, sin violencia”.

Tiene razón en que cada cambio radical presenta resistencias fuertes. Emiliano Zapata se levantó en armas contra la industrialización de los ingenios en Morelos, como él mismo, sin empuñar las armas, se ha rebelado y desmantelado el proceso de industrialización del país de los últimos 40 años. Son acciones reaccionarias, que es lo que achaca a otros. Quienes se oponen al cambio climático y a la equidad de las mujeres, como sucede con él, también son clasificados mundialmente como conservadores, aunque en realidad forman parte ineludible de la agenda de izquierda. López Obrador, es una contradicción viva entre el conservadurismo que ataca y el progresismo que proclama.

Sobre este tema dice mucho pero no dice nada. De la renuncia de Salmerón, a quien elogió como historiador, dijo que su decisión dejó sin argumentos a “los adversarios”. Pero al mismo tiempo, lo justificó políticamente, reduciendo a lo personal el asesinato del fundador del Grupo Monterrey. “Hay que separar entre los familiares del señor Garza Sada, que tienen sentimientos de dolor por haber perdido a un ser querido, a los amigos también”, dijo en su conferencia, “(de) los adversarios políticos nuestros. Por ejemplo, el que salgan los expresidentes y agarren esto de bandera en contra de nosotros”. Qué triste, para todos.

El asesinato de Garza Saza, un desastre militar de la Liga Comunista 23 de Septiembre, dio pie a otros asesinatos, el del empresario tapatío Fernando Aranguren, y el del cónsul de Estados Unidos en Guadalajara, Terence Leonhardy –la Liga nunca supo que era agente de la CIA con cobertura diplomática– secuestros como el del cónsul honorario en Guadalajara, Anthony Duncan Williams y del empresario sonorense José Hermengildo Sáenz, o el fallido contra Margarita López Portillo, hermana del entonces Presidente electo.

Las acciones guerrilleras provocaron una respuesta feroz del presidente Luis Echeverría, que desató una guerra sucia contra los movimientos armados, que fue continuación de la larga noche de represión en México. El Gobierno de Echeverría tenía infiltrada a la LC23S y supo con antelación del secuestro contra Garza Sada, pero no hizo nada por evitarlo. Era una época en la cual estaba confrontado con el Grupo Monterrey y el asesinato, por omisión, también fue su responsabilidad.

No es desconocido que Echeverría creaba conflictos para resolverlos él mismo. El más importante, quizás, el del movimiento estudiantil de 1968, donde se jugaba la candidatura presidencial con el secretario de la Presidencia, Emilio Martínez Manatou, y que se inclinó por quien le representó al presidente Gustavo Díaz Ordaz la mano dura intransigente, no la conciliadora y negociadora. Esa cerrazón fue lo que detonó la lucha armada, cuando cientos de universitarios vieron que las opciones políticas estaban cerradas y consideraron que solo mediante las armas podrían cambiar al país. Por diferentes razones, que no son motivo de este texto, fracasaron. Pero en el camino se fueron autodestruyendo con asesinatos y acciones contra la población, ejecuciones contra policías o ajusticiamientos internos por diferencias ideológicas.

Sí hay razones suficientes para discutir lo que hizo el Estado Mexicano con aquellos disidentes y con sus prácticas salvajes contra quienes se le rebelaban, como también existen para las autocríticas de los asesinatos y excesos que cometieron las guerrillas justificando su necesidad de cambio. Al presidente López Obrador no le parece que debe ser motivo de discusión, pero en los hechos toma postura. Por ejemplo, el lunes el Estado Mexicano –así se dijo– ofreció una disculpa pública a Martha Alicia Camacho Loaiza, exmilitante de la LC23S, que fue una de las víctimas de la guerra sucia. El domingo en Los Pinos, se entregó el premio “Carlos Montemayor” a dos exmiembros de la misma organización.

Es decir, sí hay una definición presidencial en los hechos, pero no así en las palabras. López Obrador ha dicho reiteradamente que la opción armada no es solución, y el mandato de las urnas el año pasado demostró que sí es posible el cambio mediante votos, no balazos. Su legitimidad le permitía abrir este debate y zanjar de una vez las diferencias históricas que arrastramos desde entonces.

Desgraciadamente no lo hizo. En cambio, pronunció una vez más frases baladís.

“(En) este ambiente hay que procurar serenar, tranquilizar”, dijo. Pero volvió a atacar a los empresarios, a los funcionarios públicos, a los medios. Nuevamente, gasolina sobre el pasto seco. Nuevamente, un debate frustrado.
24 Septiembre 2019 04:08:00
El asesinato de Garza Sada (I)
En la política todo está vinculado, hasta lo que no está. Soslayarlo puede reabrir las heridas y dividir. Esto sucedió la semana pasada, donde la conmemoración luctuosa por el asesinato de don Eugenio Garza Sada, un empresario ejemplar que le dio fuerza moral y dirección a los industriales en Monterrey, la acompañó Pedro Salmerón, hasta ese momento director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con un mensaje en Facebook donde elogió a Garza Sada y explicó el contexto social y político de aquellos años de febril actividad guerrillera, llamando a sus asesinos “jóvenes valientes”. Esas palabras, sacadas de contexto pero desafortunadas al no tomar en cuenta el entorno polarizado e irracional que se vive, desataron una polémica encendida.

El asesinato de Garza Sada no enorgullece a la izquierda, aunque en ella se refugió Salmerón para ocultar su poco tacto político y fugarse hacia delante, al decir que era la extrema derecha fascista quien lo atacaba. Salida fácil y hueca, como las que hoy abundan. Este tema no está resuelto. María de los Ángeles Magdaleno recordó en un ensayo en el número 99 del Boletín de Investigaciones Históricas de la UNAM en la primavera de 2014 que el Partido Comunista había calificado a la Liga Comunista 23 de Septiembre, la de los “jóvenes valientes” que asesinaron a Garza Sada, como “un grupo manejado por la ultraderecha, sin ninguna ideología revolucionaria”, lo que de otra forma documentó el periodista Jorge Fernández Menéndez en 2006 con su libro Nadie Supo Nada, donde demuestra que el Gobierno del presidente Luis Echeverría supo con bastante tiempo de antelación que se planeaba el secuestro del empresario –tenía un informante, Leonel, en la célula que lo planeó– sin que hiciera nada por impedirlo.

El asesinato de Garza Sada está profusamente documentado en los expedientes de la extinta Dirección Federal de Seguridad en el Archivo General de la Nación. Está también la génesis de la Liga Comunista 23 de Septiembre, su desarrollo, sus planes y sus fracasos. En el expediente 11-235-74 H250 L-11 figuran las declaraciones de Ignacio Arturo Salas Obregón, primer líder de esa guerrilla. La LC23S se fundó el 15 de marzo de 1973 en la casa del dirigente del Frente Estudiantil Revolucionario, Fernando Salinas Mora, “El Richard”, en Guadalajara, y según la declaraciones de Salas Obregón, “desde la primera reunión se planteó la necesidad de efectuar el secuestro de alguna persona importante para obtener una fuerte cantidad de dinero y la liberación de compañeros presos en diferentes cárceles”. Posteriormente se determinó que la víctima sería Garza Sada, haciendo a un lado otra víctima potencia, Eugenio Garza Lagüera.

No parece fortuito que hayan pensado en un empresario de Nuevo León. Salas Obregón estudió en Monterrey y, paradójicamente había estado en un instituto que recibía apoyo financiero de quien fue víctima. Ahí conoció a Raúl Ramos Zavala, quien tenía la idea de unificar a todos los grupos armados, objetivo que no vio porque fue abatido en un enfrentamiento en 1972, pero que lo introdujo con quien sería uno de los jefes de la célula que realizó el atentado. Salas Obregón declaró que “asesoró y supervisó” los planes del secuestro, pero admitió que su ejecución recayó en los responsables del Comité Coordinador Zonal, Jesús Piedra Ibarra –hijo de doña Rosario Ibarra de Piedra–, José Ángel García Martínez y Javier Martínez Torres, quien ejecutó al chofer y al ayudante de don Eugenio cuando defendieron al empresario, y que también murió en el atentado. Los otros autores materiales del asesinato, según el Expediente 11-235 L-31 H 240-254, fueron Anselmo Herrera Chávez, que murió durante el ataque, Elías Orozco Salazar, que fue procesado en Monterrey, Edmundo Medina Flores e Hilario Juárez García, que escaparon. Salas Obregón y Piedra Ibarra fueron detenidos más adelante por la DFS, y desde entonces están desaparecidos.

De acuerdo con Salas Obregón, interrogado por la DFS, se iba a pedir como rescate de Garza Sada la liberación de todos los presos que pertenecían a la LC23S, que se les proporcionara un avión para salir de México, y 5 millones de pesos en dólares, que acompañarían con la exigencia de la publicación de las bases fundamentales de la guerrilla, un llamamiento a obreros, campesinos y estudiantes, así como una huelga general. Eso no sucedió, como tampoco tendrían éxito final en su objetivo de cambiar el régimen por las armas. Como escribió Magdaleno en su ensayo, “los militantes de la LC23S y otros grupos, integraron una guerrilla que retó militarmente al Estado y este casi los aniquila”.

El Estado lo encabezaba el presidente Echeverría, quien de acuerdo con el Expediente 11-219-972 de la DFS, consintió el asesinato. Al día siguiente del atentado, los empresarios del Grupo Monterrey publicaron un desplegado en el periódico local Tribuna, donde preguntaban: “¿Hacia dónde nos llevan nuestros políticos demagogos que cada vez vociferan y alardean de los sistemas comunistas? ¿Por qué aguantarnos asaltos, robos, asesinatos y terrorismo?” Los empresarios tildaban de “populista” a Echeverría y el Presidente los veía como sus enemigos. Doscientas mil personas acudieron al funeral, y ahí, en su cara, le gritaron “asesino”. Rogelio Garza Zambrano, sobrino de don Eugenio, político y empresarios, dijo años después: “Echeverría no jaló el gatillo, pero ese crimen fue fruto de su retórica seudorrevolucionaria”.

Los abusos fueron de las dos partes. La guerrilla, cuyas tácticas produjeron más secuestros y asesinatos, y el Gobierno, que desató una feroz guerra sucia contra las guerrillas, donde murieron decenas, quizás cientos de ellos, pero también arrasaron con personas inocentes. Ese capítulo no ha sido cerrado políticamente, y el tropiezo de Salmerón abrió involuntariamente la oportunidad, que lamentablemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no aprovechó. De ello hablaremos mañana.


23 Septiembre 2019 04:07:00
La noche de Iguala
El domingo 28 de septiembre de 2014, Jesús Murillo Karam, procurador General de la República, informó al presidente Enrique Peña Nieto y a sus principales colaboradores, sobre el ataque a los normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 en Iguala. “Se trata de una depuración entre narcotraficantes”, dijo con contundencia, recordó uno de los asistentes en esa reunión. En la lógica que tenía el Gobierno peñista, llevada al absurdo como estrategia para combatir la inseguridad, no meterían las manos. La lectura del exprocurador no era precisa, y el manejo que dieron fue un desastre. Minimizar que en el centro de una lucha entre grupos criminales en Iguala habían quedado atrapados decenas de estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, harían que aquella noche fuera uno de los detonantes del fracaso de Peña Nieto y el principio del fin de su sexenio.

El Gobierno de Peña Nieto nunca encontró el motivo real del crimen contra los normalistas –hasta hoy, solo se tiene la certeza de que uno de los 43, murió– que cumple cinco años esta semana, pero las investigaciones que nunca se detuvieron permiten tener como hipótesis de trabajo que fueron privados de su libertad y probablemente asesinados la mayoría de ellos, al menos, dentro del marco de la guerra entre Guerreros Unidos y Los Rojos, que luchaban por el control de dos corredores de droga, el de Iguala-Ciudad Altamirano-Estado de México, dentro del territorio de los primeros, y el de Acapulco-Chilpancingo-Ciudad de México, además del trasiego, distribución y comercialización de la heroína, extraída de la amapola, cultivada en esa Tierra Caliente.

Una hipótesis que ha venido sumando más evidencias es que aquel 26 de septiembre, cuando llegaron dos autobuses a Iguala con los normalistas –que se apoderaron de otros dos en la terminal– activó a Guerreros Unidos que estaban en alerta por información que tenían que Los Rojos habían llegado a su territorio para atacarlos. Esto fue detonado por un ataque al lavado de autos Los Peques, de los hermanos Benítez Palacios, que utilizaban los guerreros para llevar a sus víctimas y descuartizarlas. El ataque a Los Peques fue desestimado inicialmente por las autoridades, al no haber comprobado los dichos de algunos vecinos que lo habían referido.

Nuevas pesquisas señalan que los Benítez Palacios, al ser atacados, se replegaron a sus casas, donde se enfrentaron dos o tres veces con Los Rojos. Aparentemente, este ataque era en represalia porque tres días antes habían asesinado en la cercana Mezcala a Narciso Vázquez Arellano, uno de líderes locales, hermano de quien era vocero de la Sociedad de Estudiantes de Ayotzinapa, que se hacía llamar Omar García Vázquez. La alerta fue dada por Víctor Hugo Benítez, “El Tilo”, al jefe de plaza en Iguala, Gildardo López Astudillo, “El Gil”, a quien le aseguró, según las investigaciones, que se transportaban en taxis y autobuses. Esto explicaría, por ejemplo, el ataque al autobús donde viajaba de regreso a Chilpancingo el equipo de futbol Los Avispones, y a varios taxis que iban detrás de ese autobús.

Policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, detuvieron a los estudiantes para entregárselos a Guerreros Unidos. El jefe del 27 Batallón de Infantería, el teniente coronel José Rodríguez Pérez, hoy general brigadier retirado, fue notificado por un representante militar en el C-4 de esa ciudad sobre actos violentos en Iguala, y llamó al secretario de Seguridad Pública Municipal, Francisco Salgado Valladares, para ofrecerle ayuda. La respuesta fue que tenía todo bajo control. Lo que no conocía el militar en ese momento, que él era parte de la estructura criminal de Guerreros Unidos.

En mayo de 2016, Murillo Karam dijo que no había móvil en la desaparición de los normalistas, porque “todo sucedió sin planearlo”, cuya versión fue asentando la idea de que los normalistas habían estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. No obstante, la variable del narcotráfico siempre estuvo presente, derivado de las declaraciones de los presuntos criminales que dijeron en sus declaraciones que estaban infiltrados por Los Rojos. El Gobierno de Peña Nieto, nunca quiso hacer públicas sus investigaciones sobre la penetración de ese grupo en la normal de Ayotzinapa, ante el temor que lo acusaran de criminalizar a la rural.

Según Felipe Rodríguez Salgado “El Cepillo”, acusado de asesinar a los normalistas en el basurero de Cocula, varios de los jóvenes señalaron a Bernardo Flores Alcaraz “El Cochiloco”, de haberlos llevado a Iguala ese día, apoyado por cuatro supuestos estudiantes, quien recibía órdenes telefónicas de Omar García Vázquez. Nuevas líneas de investigación están tratando de determinar si todos los jóvenes que iban en los autobuses aquella noche, realmente eran normalistas. Una hipótesis es que alrededor de la mitad no estudiaban realmente en la normal y estaban relacionados con Los Rojos.

La idea de que sí se dio la desaparición dentro del conflicto entre bandas criminales ha crecido. Incluso los padres de los normalistas pidieron al Gobierno la captura de Santiago Mazari, “El Carrete”, líder de Los Rojos, para que aportara información para entender lo que sucedió esa noche. Mazari fue detenido a finales de julio. Las nuevas pistas no paran ahí. Apuntan también a funcionarios del Gobierno, entonces, de Ángel Heladio Aguirre, y de policías federales.

Nota: La diputada Dolores Padierna envió una carta de más de 359 palabras a El Financiero en relación a la columna Los Nudos de Ayotzinapa, y afirmó que era falso que ella y René Bejarano hubieran apoyado al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca. La columna nunca los relaciona con Abarca, sino con una red corrupta y criminal que involucraba a miembros del PRD, el PT y Morena en Guerrero, a la que no se refiere.

20 Septiembre 2019 04:07:00
Los otros datos de Claudia
Claudia Sheinbaum rindió su Primer Informe de Gobierno al frente de la Ciudad de México. Está insatisfecha en el tema de inseguridad, donde tiene un pendiente con los ciudadanos, dijo. Pero también dio sus datos: de diciembre a agosto, los homicidios dolosos disminuyeron 34%; las lesiones dolosas por arma de fuego, 45%, y el robo de vehículo, 27 por ciento. En agosto de 2018, comparó, el promedio diario de homicidios fue de 3.55 y en 2019, de 3.16. Hasta ahí sus datos, que no coinciden con la información del Gobierno federal.

Los datos de incidencia criminal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad -que recibe la información de delitos de las procuradurías, como sería la de la Ciudad de México-, clasificado por la consultora GLAC, son muy diferentes. En el periodo diciembre de 2017 a agosto de 2018, hubo mil 128 homicidios dolosos, mientras que en los nueve meses de su gestión, de diciembre de 2018 a agosto de 2019, la cifra fue de mil 222. Es decir, no disminuyeron 34% como afirmó, sino bajaron únicamente seis crímenes en el mismo periodo. Pero si se mide de enero a diciembre, como es el estándar para hacer las comparaciones, ese delito subió 18%, según el Observatorio Nacional Ciudadano.

Sheinbaum afirmó que las lesiones dolosas por arma de fuego tuvieron una caída radical de 45%, porcentaje que no figura en las cifras oficiales. Según el Secretariado, el homicidio doloso con arma de fuego se incrementó 14.42%, a 849, durante su periodo de gobierno, contra 742 en el mismo lapso de la administración anterior. El robo de vehículo, que señaló había bajado 27%, tampoco es real: bajó 0.84%, de 8 mil 532, a 8 mil 460. El éxito que proclamó es falso, aunque bien podría haber dicho que en esos delitos que escogió mencionar, hubo una contención. No sirve mucho para la propaganda, pero sí para su honestidad política. Nada para celebrar, al final de cuentas, pero al menos no se le disparó la violencia como en muchas otras partes del país.

Hay otros delitos que no mencionó, como el robo a casa habitación con violencia, que se disparó 56.55%, de 336 a 526, o el del robo a negocio con violencia, que subió 29.83%, de 3 mil 201, a 4 mil 156. Los robos a vehículos con violencia bajaron de 2 mil 911, a 2 mil 797, pero sin violencia subieron de 5 mil 621, a 5 mil 663. El robo a transportistas con violencia se disparó de 57 a 89, pero sin violencia se redujo de 10 a 5. Los robos a transeúntes, con y sin violencia, se redujeron 27.16% (a 12 mil 964) y 40.58% (2 mil 91), respectivamente.

El secuestro bajó de 258 a 153, como también las lesiones dolosas, de 5 mil 408, a 4 mil 838, pero la extorsión escaló dramáticamente, de mil 460, a 2 mil 173, y las violaciones se mantuvieron prácticamente igual, de 967 a 970. El total de delitos de todo tipo tuvo una mejoría mínima de 0.03%, al pasar de 184 mil 892, a 173 mil 736. “Tener mejores cifras no significa tener mejores resultados”, dijo David Blanc Munguía, investigador de Causa en Común, que se ubica en una corriente de opinión de expertos que han demostrado la imprecisión de las cifras presentadas por Sheinbaum.

La declaración de Sheinbaum de que la seguridad sigue siendo un tema pendiente es correcta. Mentir a los ciudadanos informando cifras que no existen, no lo es y, además, es innecesario. Pese a la muy mala percepción que existe sobre su Gobierno en materia de seguridad, se podría argumentar que en las condiciones actuales que vive el país, con el desastre de la estrategia a nivel nacional, a nueve meses de gestión, sus resultados son positivos. No se puede aún afirmar que se revirtió la tendencia criminal, pero tiene a su favor que contuvo algunos delitos y en otros están subiendo a menor tasa que en la Administración anterior. Eso está bien, pero está lejos de poder cantar la victoria que pomposamente entonó ante el Congreso capitalino. Sobre todo, cuando su Gobierno ha recibido todo el apoyo federal para cuidarla y evitar que la ciudad se le incendie y la afecte políticamente. Varias áreas del Gobierno federal han sido puestas a su servicio como con ningún otro gobierno estatal en el país.

La Ciudad de México, desde hace muchos años, tiene la mejor policía por cuanto a número y equipamiento. Además conviven la Policía Federal, que aún no ha sido liquidada, las Fuerzas Armadas y servicios de policía privados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, contra lo que Sheinbaum quería en un principio, ordenó el desplazamiento de unidades de la Guardia Nacional a patrullar la capital, y la Central Nacional de Inteligencia -el viejo Cisen- ha efectuado tareas de inteligencia en la capital para que pueda dar golpes de alto impacto ante la ciudadanía.

Pese al tutelaje del Gobierno federal, como describió el diputado Guillermo Lerdo de Tejada en su posicionamiento ante Sheinbaum durante el informe, sus datos fríos tienen que ser analizados en contextos mayores para ubicarlos en su justa dimensión. Una de las variables a considerar la dio el diputado del PAN Christian Von Roehrich, quien la confrontó en el Congreso local con el número de denuncias durante el primer semestre del año (127 mil 322) por haber sido víctimas de un delito, contra la disminución de 50% de las personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público. “Tenemos más delitos y menos detenidos”, dijo el diputado. “En pocas palabras, mayor impunidad”. Sí, como lo admitió Sheinbaum, nos queda a deber. 

19 Septiembre 2019 04:05:00
Los nudos de Ayotzinapa
Las contradicciones no son lo único que tiene metido al Gobierno federal en un problema de difícil solución en el caso Ayotzinapa. La acotación que se pretende hacer en la nueva investigación, difícilmente podrá ser lograda. El subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas abrió el coliseo para ofrecer sangre a los mexicanos, al denunciar al exprocurador general Jesús Murillo Karam y al exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, como responsables de un proceso por el que, por decisiones del juez federal Samuel Ventura, fueron liberados 77 presuntos responsables del crimen contra 43 normalistas. La Fiscalía General irá por ellos y puede llegar a detenerlos incluso, pero echada la rueda a andar, no se podrá parar. 

Encinas es la representación de esa contradicción. En enero pasado, al instalar la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, dijo que el punto de partida serían los informes del grupo independiente de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el equipo forense argentino, que fue el primer grupo extranjero que trabajó con los padres de los normalistas. Los dos concluyeron que varios testimonios claves habían sido obtenidos mediante torturas, lo que violaba el debido proceso. La izquierda, entre otros, elogió el trabajo y reiteró que había sido un crimen de Estado, donde participaron soldados y policías federales.

En reconocimiento abierto del Gobierno al trabajo del grupo de expertos, el fiscal general Alejandro Gertz Manero nombró a su secretario técnico, Omar Trejo, jefe de la Unidad Especial para el Caso Ayotzinapa. Poco tiempo pasó para que en el nuevo Gobierno vieran que las cosas no eran como las creían. Ni al presidente Andrés Manuel López Obrador ni a Encinas les gustó el rumbo de aquello que inicialmente celebraron cuando, en septiembre del año pasado, el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Reynosa, le dio el marco jurídico a la Comisión de la Verdad que querían formar, y le dio la razón a tres presuntos culpables del crimen, incluido Gildardo López Astudillo, “El Gil”, que los habían torturado para autoincriminarse. 

Ahora, el Presidente y el subsecretario se quejan del Poder Judicial, mostrando claro antagonismo con su postura de hace meses. No se sabe cómo va a cuadrar las cosas Encinas, pero si la línea que persigue es procesar solamente a Murillo Karam y Zerón, lo va a rebasar el caso. Si no alcanza a ver el mediano y largo plazo de lo que inició, le faltarán brazos para nadar a puerto seguro. Junto con el ala más beligerante alrededor del Presidente, acusó al 27 Batallón de Infantería, con asiento en Iguala, de responsabilidad en el crimen, por lo cual debería llamar a declarar a su entonces jefe, el coronel José Rodríguez Pérez. También al jefe de la 35ª Zona Militar, el general Alejandro Saavedra Hernández, a quien el Gobierno de Guerrero le informó lo que estaba sucediendo, así como al exsubsecretario de Gobernación Luis Miranda, con quien el exgobernador Ángel Heladio Aguirre hizo lo mismo. No menos importante el jefe de la Zona Naval en Acapulco en ese entonces, el almirante Rafael Ojeda, actual secretario de la Marina.

Y hay más: Alfredo Higuera Bernal, quien durante los dos últimos años del gobierno de Peña Nieto tuvo a su cargo la investigación del caso Ayotzinapa, fue nombrado por Gertz Manero subprocurador especializado para Investigaciones de la Delincuencia Organizada. También ratificó a Roberto Ochoa como subprocurador de Procesos, responsable antes y ahora de revisar las resoluciones de los tribunales y los cierres de instrucción. El actual jefe de la Agencia de Investigación Criminal, que también depende de la Fiscalía, Vidal Díaz Leal Ochoa, era el responsable de inteligencia de la PGR en los tiempos de la desaparición de los normalistas.   

Es decir, el Gobierno de López Obrador cuenta con personas que conocen a fondo el caso, la información y los contextos de cómo y cuánto avanzó la investigación. En los archivos del Centro Nacional de Inteligencia, antes el Cisen, deben estar las minutas del Grupo de Coordinación Guerrero, donde se documentó la penetración de los grupos criminales Guerreros Unidos y Los Rojos en las estructuras políticas de Guerrero, sin que se hiciera nada a nivel federal. Esas minutas, que oficialmente no existen, podrán darle al Gobierno una idea muy clara del entramado político-criminal que se vivía en 2014, cuando desaparecieron los normalistas, aunque no les gustará. Esa red corrupta y criminal involucraba a miembros del PRD, el PT y Morena, que tenían relaciones estrechas con la corriente perredista de “Los Chuchos”, y con los morenistas René Bejarano y Dolores Padierna. Un exfuncionario que participó en esas reuniones reveló que las razones por las cuales nunca se procedió eran “políticas” -no querían involucrar a la izquierda con el crimen contra los normalistas.

Este mapa de vínculos sobre los funcionarios y exfuncionarios que sabían lo que sucedía en Guerrero, lo que pasó aquella noche en Iguala en septiembre de 2014 y su investigación, perfila la trampa en la que se metió Encinas con sus palabras ligeras. A menos, claro, que como demanda el núcleo duro de López Obrador, lleve al paredón político a miembros del Ejército y de la Marina, a comandantes de la Policía Judicial, a tres administraciones de la vieja PGR, a quienes Gertz Manero recicló, y a líderes de su coalición de Gobierno, para documentar lo que han dicho durante cinco años, que fue “un crimen de Estado”. Estos nudos no serán fáciles de deshacer. Menos aún, de encontrar la verdad legal a lo que sucedió con los jóvenes sin ahogarse en sus contradicciones. 
18 Septiembre 2019 04:05:00
El gobernador investigado
La violencia en Nuevo Laredo, que alcanzó una difusión nacional por la presunta ejecución de ocho personas a manos de comandos de élite de la Policía Estatal de Tamaulipas, ha generado una ola de reacciones en aquel estado, combinado con mensajes anónimos en las redes sociales donde se acusa a funcionarios del Gobierno de proteger a organizaciones criminales que están luchando contra el cártel del Noreste para arrebatarle la aduana en ese punto fronterizo.

Fuera de lo público son las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y varios de sus colaboradores.

Funcionarios federales revelaron que están analizando operaciones financieras del gobernador y de un familiar, que llamaron la atención del Gobierno de Estados Unidos, que está pidiendo información al respecto. La UIF de la Secretaría de Hacienda está tratando de determinar si esas operaciones fueron con recursos de origen ilícito.

Por su parte, la SSPC avanza en una investigación para determinar la responsabilidad de colaboradores importantes de García Cabeza de Vaca en la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía estatal, en los hechos de violencia en Nuevo Laredo y otras partes del estado.

A lo largo de la última década, en este espacio se han hecho menciones de la presunta vinculación del Gobernador y de su secretario de Gobierno, César Augusto Verástegui, con el crimen organizado, que han sido rechazadas por ambos en diferentes momentos.

Las imputaciones contra García Cabeza de Vaca han sido tan fuertes y constantes, que durante el Gobierno de Felipe Calderón fue obligado a tomar dos veces el polígrafo para poder determinar si tenía o no vínculos con el narcotráfico, luego que la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizara (Siedo) abriera una
averiguación en su contra en 2009.

El 23 de enero de 2012, recién entrado el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la Siedo tomó la declaración ministerial de un testigo protegido de la DEA, llamado “Ángeles”, en la Corte Federal del Distrito Oeste
en San Antonio, Texas.

“Ángeles” es el empresario Antonio Peña Argüelles, cuya detención fue dada a conocer un mes después por el delito de lavado de dinero y como enlace del exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, con los cárteles de la droga, fue puesto en libertad en 2014, luego de declararse culpable.

En esa declaración, Peña Argüelles dijo que en septiembre de 2004, el gobernador Yarrington le dijo que necesitaba conseguir recursos del cártel del Golfo para apoyar la candidatura de García Cabeza de Vaca a la alcaldía de Reynosa, porque tenía especial
interés en que ganara.

Él le ayudaría con los votos, y Peña Argüelles pidió dinero, de acuerdo con su testimonio, a Héctor Sauceda Gamboa, hermano de Gregorio Sauceda Gamboa, “El Metro 2”, miembro del cártel del Golfo y jefe de plaza en Reynosa, quienes le proporcionaron medio millón de dólares.

Peña Argüelles declaró que le entregó personalmente el dinero a García Cabeza de Vaca en un hotel de esa ciudad. Una vez que ganó las elecciones para alcalde de Reynosa, Peña Argüelles afirmó que en enero de 2005, García Cabeza de Vaca le dijo que “cualquier cosa que necesitara el cártel del Golfo”, se la hicieran saber. Como respuesta, agregó, le entregaron una lista de personal que trabajaba en la Dirección de Seguridad Pública municipal para que fueran reacomodados o que no los movieran de su sitio, como sucedió con el director de Tránsito.

Las acusaciones contra García Cabeza de Vaca fueron desechadas, aunque los testimonios de “Ángeles” fueron pieza importante en la acusación de EU contra Yarrington de ser parte de la estructura de mando del cártel del Golfo y por lo que enfrenta a la justicia en ese país.

García Cabeza de Vaca ha estado en el radar de las corporaciones policiales de México y EU desde hace casi tres lustros, pero nunca se ha procedido en su contra por delitos relacionados al crimen organizado o lavado de dinero.

Incluso, mantiene vigente su visa a EU, donde vive su familia y pasa buen tiempo. Las investigaciones que se llevan a cabo en su contra y sobre su entorno familiar y profesional incorporan nuevos elementos y más información.
Entre los altos funcionarios del Gobierno que tienen información de la red de complicidades en Tamaulipas se encuentran el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, que estaba al mando de la Cuarta Región Militar que componen Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, y el comandante del 77 Batallón de Infantería, Anastasio Santos, que estuvo comisionado en Ciudad Victoria.

El Gobernador de Tamaulipas ha sido respaldado por un sector del PAN que en los últimos años estuvo vinculado a Puebla y desde donde le enviaron dos recomendados que hoy están siendo cuestionados públicamente e investigador por las autoridades federales.
Uno es Irving Barrios Mojica, el fiscal del estado, muy cercano a la exprocuradora Marisela Morales, y que participó en la construcción fallida de los casos llamados “El Michoacanazo” y la “Operación Limpieza”, en el Gobierno de Calderón.

El otro es Félix Arturo Rodríguez, quien fue acusado de extorsión y privación de libertad en aquel estado, y que es el responsable de los comandos especiales, varios de los cuales están acusados de la ejecución en Nuevo Laredo.

García Cabeza de Vaca enfrenta al Gobierno federal sin mayores respaldos. La protección que le brindaba su partido se acabó, y sus viejas relaciones han visto declinar su poder. Dentro del Gobierno no existe un buen ánimo hacia él, pero serán las investigaciones las que determinen su futuro.
17 Septiembre 2019 04:07:00
Nuevo Laredo, la putrefacción
La crónica de la violencia y los ajustes de cuentas que se viven actualmente en Nuevo Laredo, comenzaron el 4 de enero de 2017. Ricardo Martínez Chávez, coordinador regional de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, fue emboscado por un comando poco antes de la medianoche y lo acribillaron. Iba acompañado de una agente del Ministerio Público, un jefe de departamento y un agente de la Policía Investigadora. Se informó que el ataque se dio después de haber tenido una reunión de trabajo, pero nunca se dijo con quién y de qué se trataba esa junta. Lo que sucedió en ese encuentro, según se colige de informes de inteligencia del Gobierno federal, es lo que motivó el asesinato. 

De acuerdo con la información de inteligencia, aquella reunión de trabajo en enero de 2017 había sido para enviar el mensaje al Cártel del Noreste, que tiene bajo su control Nuevo Laredo, Guerrero y Mier, en el pequeño cuerno tamaulipeco que encierra a Nuevo León, que todos los acuerdos que podrían haber tenido en el pasado, se cancelaban. Esa región no estaría ya más en su control. En desafío claro, respondieron asesinando al mensajero. Hoy se encuentra sujeta a proceso por ese crimen Sofía del Carmen, quien era la presunta jefa de la plaza de Nuevo Laredo, y sobrina de los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, el Z40 y el Z42, que fundaron ese cártel tras las rupturas internas de Los Zetas y el Cártel del Golfo.

Un día después, sucedió otro evento vinculado. El delegado estatal del Cisen, Marco Francisco González Meza; el coordinador general de la Policía Federal de Tamaulipas, Sergio Licona Gómez; el inspector general Tito Jiménez Vázquez y el oficial Macedonio Hernández murieron en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo cuando se dirigían a una reunión de emergencia del Grupo de Coordinación Tamaulipas, para decidir las acciones a seguir tras el asesinato de Martínez Chávez. Oficialmente se dijo que se había tratado de un accidente y la camioneta blindada de la Policía Federal en la que viajaban quedó prácticamente destrozada a un costado de la carretera.

El asesinato de Martínez Chávez cimbró las estructuras de seguridad. Escasos dos meses antes, Francisco Javier Cabeza de Vaca había asumido la gubernatura y había designado como nuevo fiscal a Irving Barrios Mogica, con un historial negro de sus tiempos cuando trabajó en la PGR durante el Gobierno de Felipe Calderón. Barrios Mogica era jefe de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y fue pieza instrumental de la entonces procuradora, Marisela Morales, en la manipulación de testigos para acusar a personas públicas, como sucedió con el llamado michoacanazo, cuando se detuvo a 10 alcaldes y 25 funcionarios estatales y municipales en Michoacán, y la llamada Operación Limpieza, que se fue desmoronando y dejó en entredicho el trabajo de la PGR y de su entonces titular, Eduardo Medina Mora.

Barrios Mogica nombró a Martínez Chávez, quien también había trabajado en la PGR en las áreas que combaten la delincuencia organizada, como coordinador regional en Nuevo Laredo. El gobernador designó a Félix Arturo Rodríguez, quien llegó directamente de Puebla, donde estaba acusado de extorsión y privación de libertad, como director del Centro de Análisis de Información y Estudios de Tamaulipas, responsable de los comandos especiales, algunos de los cuales son los que están presuntamente acusados de la ejecución de ocho personas en Nuevo Laredo la semana pasada. Informes del Gobierno federal señalan que algunos de sus integrantes forman parte de varias organizaciones criminales enemigas del Cártel del Noreste.

Tamaulipas está podrido en términos de seguridad, como lo muestra el microcosmos de Nuevo Laredo, donde la cadena de violencia sugiere que las organizaciones criminales se están alineando con las fuerzas de seguridad del estado para eliminarlos. En Mier, el municipio que sirve de barrera que impide fácilmente llegar a grupos rivales a Nuevo Laredo, opera el grupo conocido como Los Metros, una escisión del Cártel del Golfo, fundado por Jorge Eduardo Costilla, El Coss, exlíder del Cártel del Golfo, que se alió con el Cártel del Pacífico, cuyo brazo armado es el Cártel Jalisco Nueva Generación, antes de ser detenido y extraditado a Estados Unidos.

Contra el CJNG, dicen funcionarios federales, defiende el Cártel del Noreste la aduana de Nuevo Laredo, la principal frontera del comercio con Estados Unidos y Canadá. El control de esa aduana, por donde cruzan 13 mil 500 contenedores al día, es altamente redituable para los grupos criminales, que cobran miles de dólares por cada unidad que cruza. De acuerdo con informes de inteligencia, el Cártel del Noreste, en colusión con autoridades federales, maneja la aduana, por donde entran todo tipo de mercancías -sobre todo dinero-, salvo explosivos, municiones y medicinas. 

Esa aduana es tan peligrosa que cuando el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, era administrador general de Aduanas del SAT, el secretario de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda, le recomendó no meterse en la de Nuevo Laredo, y que si se concretaba la mudanza de su dependencia a esa ciudad, como deseaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, viviera en Laredo, Texas, no en territorio mexicano. Peralta fue relevado en mayo.

El asesinato de Martínez Chávez se dio cuando el Cártel del Noreste entendió que el statu quo en el que operaban se iba a modificar y el crimen fue la respuesta de lo que enfrentarían si lo intentaban el Gobierno o sus adversarios, el CJNG, que es el que pretende apoderarse del control de la aduana de Nuevo Laredo. Por esta razón, Nuevo Laredo vive en zozobra desde hace más de dos años y medio.
13 Septiembre 2019 04:07:00
El enigma de Nuevo Laredo
Desde hace más de una década, la violencia en Tamaulipas ha sido muy difícil de explicar, no por sus desenlaces sanguinarios sin escrúpulos, sino por la complejidad de la anatomía del fenómeno. Durante años se ha tejido una red de políticos, empresarios, líderes sindicales, activistas y periodistas vinculados a organizaciones criminales, pero al mismo tiempo, políticos, líderes sindicales, activistas y periodistas han enfrentado a los cárteles y en muchos casos, sufrido las consecuencias; es decir, el exilio o la muerte. El gran marco que envuelve a todos es la sociedad, mujeres, hombres, hijas, hijos, madres, padres, familiares, amigas, amigos, conocidos, que quedan en medio de todo, sin trincheras donde guarecerse y a la merced de aquel que, en ese momento, tenga la mayor capacidad de fuego.

Hoy es turno de Nuevo Laredo, la gran frontera mexicana del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, desde donde arranca la superautopista IH 35 que conecta hasta Toronto y sirve de distribuidor para alrededor de 100 mil millones de dólares de productos que exporta México anualmente a esa región, que lleva años atrapada entre esos dos fuegos. En los últimos días ha estado en el ojo nacional porque un grupo de gasolineras se negó a abastecer de combustible a militares por las amenazas del narcotráfico, y por la difusión de la denuncia del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, de una posible ejecución extrajudicial de cinco hombres y tres mujeres.

Las autoridades estatales iniciaron una investigación, a lo que se sumó, con la suya propia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, frente al repudio que ha levantado este caso, que comenzó con una balacera entre Las Tropas del Infierno, el brazo armado del Cártel del Noreste, una escisión de Los Zetas, y policías municipales. El Comité de Derechos Humanos afirmó que había sido un “montaje” y que los policías los habían asesinado. Lo que parece claro no es tan claro, y habría que caminar de manera muy prudente en esa investigación al haber antecedentes de eventos similares montados, empero, por el CDN.

El pleito armado entre Las Tropas del Infierno y la Policía Municipal comenzó el 19 de agosto pasado, cuando inició un operativo contra los grupos criminales. Los municipales estaban instalando un filtro de seguridad en la carretera que conduce a Piedras Negras, Coahuila, cuando un presunto comando del CDN llegó a ese punto y comenzó a dispararles. Tres policías resultaron heridos, y uno murió en el hospital. El 27 de agosto, un grupo especial de la Policía Estatal enviada como refuerzo fue atacado en las inmediaciones del aeropuerto por presuntos miembros de ese cártel, donde murieron siete personas.

Esa misma noche, decenas de personas fueron al hotel donde se hospedan para impedir la entrada y salida de personas y vehículos. Algunos de ellos llevaban niños en brazos que colocaron como escudo, demandando la salida de la estatal de Nuevo Laredo. Al día siguiente, cuando la Policía Municipal iba a trasladar a tres internos del Centro de Ejecución y Sanciones a una cárcel federal, uno de ellos, líder del CDN, estalló una protesta de aparentes familiares que acusaron a la policía de movilizaciones irregulares. En medio de la confusión, los policías fueron atacados dentro del Centro y perseguidos hasta el hotel donde se hospedan.

La siguiente acción, el 4 de septiembre, fue resultado de las amenazas a los gasolineras para que no vendieran combustible ni a policías ni a militares, que trajo a Nuevo Laredo a la atención nacional. Desde entonces, antes las presiones del Gobierno federal para que no discriminen el servicio –el recurso legal para forzarlas a vender combustible a quien lo solicite–, el CDN extendió sus amenazas a todo tipo de comercio, para que no les vendan ningún producto.

Esta historia ya la hemos visto otras veces, en otras ciudades. Ante la presión contra los delincuentes, los cárteles movilizan a la sociedad a través de sus amplios tentáculos mediante la complicidad o el temor, generando acciones cívicas en su contra y utilizando las redes sociales para denunciar “abusos policiales” y “desapariciones”, que detonan de manera natural acciones jurídicas basadas en presuntas violaciones a los derechos humanos. Las comisiones que los defienden intervienen, en algunas partes de manera auténtica y en otras movilizadas por los grupos delincuenciales. El propósito de los criminales, al utilizar a la sociedad y a órganos como las comisiones de derechos humanos, es paralizar las acciones policiales y militares.

En el caso de Nuevo Laredo, la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas informó el jueves que suspendió temporalmente a los policías involucrados en la presunta ejecución de ocho personas el 5 de septiembre en Valles de Anáhuac, un fraccionamiento semiabandonado, en reacción a la difusión que tuvo la denuncia del Comité de Derechos Humanos. La acción gubernamental neutralizará indirectamente los operativos.

La razón de porqué la Policía Municipal en Nuevo Laredo realizaba los operativos, es porque en junio de 2018, tras una serie de hechos similares a los que estamos observando, la Marina tuvo que dejar de hacerlos ante medidas cautelares que le impedían operar en esa región tamaulipeca. No hay información suficientemente creíble para saber cuál es el fondo de lo que está sucediendo hoy en esa ciudad. Es cierto que el CDN ha mostrado capacidad de penetración en la sociedad para manipularla, pero también, las ejecuciones extrajudiciales no son ajenas al fenómeno de la violencia que vivimos desde hace dos décadas.

Uno pensaría que la investigación alumbrará el camino al origen de lo que sucede en Nuevo Laredo. Sin embargo, la experiencia dice que una vez más, no sabremos qué tan podrido está México.
12 Septiembre 2019 04:06:00
Aguanten, digan guácala y abrácenlos
La zona serrana de Guerrero está sufriendo. Hay un desplazamiento forzado que ha dejado pueblos fantasmas porque familias enteras huyeron ante la presencia y ataques de grupos criminales que los robaban y mataban. “Se ha roto el tejido social”, dice un habitante de esas comunidades. “Ha caído drásticamente el pequeño comercio, la ganadería, la agricultura. Las escuelas de esta zona son una tristeza. En pocas palabras, se respira desesperanza y miedo”. Esta realidad se la describió por carta al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y al senador Félix Salgado Macedonio, quien es de Guerrero. No tuvo ninguna respuesta de ellos, aunque Durazo, de manera indirecta, le respondió.

Este ciudadano recibió respuesta de Leonel Cota Montaño, subsecretario de Seguridad Pública, pero no le dio certidumbre ni tranquilidad. El exgobernador de Baja California Sur y expresidente nacional del PRD, donde se incubó Morena, le dijo: La desintegración social y la inseguridad de su pueblo es una muestra de cómo “miles” de comunidades en el país “se fueron contaminando con la presencia de grupos armados, la siembra de enervantes y del mercado ilegal de las drogas”. También, agregó, refleja el proceso de fortalecimiento de los grupos criminales mientras se daba el abandono del territorio por parte del “Estado neoliberal, que, preocupado solo por hacer negocios y servir a los intereses de unos cuantos, dejaba en el abandono el campo y a los sectores más humildes y necesitados de la población”. 

El diagnóstico es certero. En algún momento que nadie tiene claro, el tejido social se rompió y los valores se trastocaron. Y todo se fue descomponiendo más y más. A mediados de los 90, en las zonas residenciales de una de las ciudades cuna de grandes capos de la droga, sus habitantes impedían, mediante la presión y el aislamiento social, que narcotraficantes fueran sus vecinos y que estuvieran en la escuela y las fiestas con sus hijos. Una década después, ante la falta de oportunidades económicas, la visión había cambiado. Dejar a sus hijos arriesgar diariamente su vida a cambio de dinero y una vida que jamás tendrían, fue aceptado como divisa de cambio por una vida corta. En dos de las más grandes ciudades mexicanas, los capos fueron admitidos socialmente. Los estereotipos en las narconovelas en televisión crearon modelos a seguir para cientos de jóvenes.

El Estado mexicano no hizo nada. Desde mediados de los 80 abandonó el campo y achicó las instituciones que lo atendían. El EZLN, que nunca se involucró con el narco, fue una expresión clara de ese abandono: su surgimiento se dio en las zonas cafetaleras que dejó a su suerte el Instituto Mexicano del Café, al ser cerrado. En la sierra de Guerrero, el Ejército, pragmáticamente, cerró los ojos por décadas permitiendo que los campesinos cultivaran amapola. Un general, confrontado por esa tolerancia, respondió: “Si no lo hacemos, se mueren de hambre”. El tejido social no podía fortalecerse. No había Estado para atender esa fractura nacional. El modelo neoliberal tuvo en ello una de sus más grandes externalidades.

Cota lo refiere bien en su carta al vecino de la sierra de Guerrero, pero no abre un camino que avizore soluciones. Su respuesta es descorazonadora porque está llena de propaganda y lugares comunes. “Con la honestidad y responsabilidad que debe caracterizar a un Gobierno que quiere transformar al país, le comentamos y nos comprometemos con lo siguiente”, le dijo. “El proceso de reconstrucción del Estado mexicano, para reorientarlo al servicio de los sectores, regiones y comunidades de todo el país, llevará un tiempo razonable que va de tres a seis años… Las bases de la reconstrucción del Estado empiezan con las políticas sociales de bienestar con apoyos a los adultos mayores, discapacitados, becas para estudiantes y cobertura en educación y salud… La nueva política económica… contempla incrementos salariales arriba de la inflación… La presencia y operación de la Guardia Nacional… es solo un complemento de las políticas económicas y sociales del nuevo proyecto de nación… de nada sirve enviar a la Guardia Nacional si antes no han llegado los programas sociales, educativos, económicos y culturales”.

¿Cómo le hace la gente en zonas como la serrana de Guerrero? ¿Mandando a volar a los criminales y a los cárteles de la droga como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador? Decirles, cuando los vean, ¿“fuchi” y “guácala”? Obviamente no, pero tampoco existe un plan alterno. La carta de Cota confirma que el combate a criminales no es la prioridad, que la prevención -que es lo que significan los programas sociales- es la primera vía, aunque para que eso pueda darse, no bastarán los tres a seis años que planteó el subsecretario como horizonte, sino cuando menos una generación para comenzar a verse el impacto. Objetivamente hablando, eso no será posible solo con abrazos sin balazos. 

La receta que propone el Gobierno está incompleta. El Gobierno de Felipe Calderón fracasó porque no fue integral -solo funcionó la policial-militar-; el de Enrique Peña Nieto se hundió porque primero no hizo nada, y luego siguió el ejemplo de Calderón, sin atender lo social. Vamos para allá. La crítica que hace Cota al pasado, también es al presente. El Gobierno está aniquilando programas que daban soporte al tejido social y soslayando, como los antecesores, al campo. El presupuesto para el próximo año es una muestra. Le quitan dinero y están prendiendo una bomba de tiempo. A los municipios también les reducen las participaciones federales. El programa de becas para jóvenes, casi se redujo 70 por ciento. No hay para donde voltear. Ni tampoco, por su estrategia, espacio para la esperanza.
11 Septiembre 2019 04:07:00
No disparen, soy periodista
La violencia retórica de las mañaneras contra medios y periodistas, ha sembrado el mal ejemplo. Fuera el diálogo, bienvenida la descalificación artera e impune. La soberbia del poder es lo que marca la hora política de estos tiempos agrios y oscuros, donde las normas se están desvaneciendo rápidamente en muchos campos. Entre los empoderados y los oportunistas, definidos por la falta de recursos dialécticos para discutir, replicar y defenderse -legítimo derecho de cualquier servidor público-, funcionarios de diferentes niveles se han sumado a la ola: si el Presidente saca la cimitarra para cortar cabezas por las mañanas y encabeza el Comité de Salud de Robespierre, ¿por qué no seguir su ejemplo?

El último en la lista de los que se formaron en la fila presidencial es el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien se quejó públicamente de que la cobertura de los medios sobre la violencia en la región, le cargue la mano a su estado. Se refería a un incidente reciente en Jilotlán de los Dolores, que está en Jalisco, donde los medios hablaban únicamente de su turbulento vecino michoacano Tepalcatepec. El reclamo tiene fundamento, pero no cómo lo hizo: “Está bien que somos famosos”, dijo en una conferencia de prensa, “pero también es injusto que todos quieran que suceda en Michoacán… Ahí están la comandanta (Denise) Maerker y el comandante Ciro Gómez Leyva que hacen apología de actos en Michoacán que están fuera de la ley”. Aureoles no solo personalizó en ellos su molestia por la cobertura sobre la violencia en su estado -realidad objetiva-, sino que en la cotidianeidad de plomo de su tierra, marcó sobre sus pechos un blanco para disparar. 

El penúltimo en esa lista es el director de Comunicación Social de la Comisión Federal de Electricidad, Luis Bravo Navarro, quien utilizó papelería oficial y tiempo de oficina -que pagan los contribuyentes-, para escribir dos cartas en defensa de su jefe, Manuel Bartlett, por un asunto de su vida privada. Una fue enviada al director de Excélsior, Pascal Beltrán del Río, para quejarse de su articulista Leo Zuckerman, quien retomó una investigación periodística de Arely Quintero, difundida en el programa de Carlos Loret en W Radio, sobre propiedades de Bartlett que no fueron anotadas en su declaración patrimonial. Quejándose del uso del verbo “descubrió” en su texto, para referirse a la investigación, Bravo Navarro escribió:

“¿Descubrió, podría decirnos el señor Zuckerman qué se descubrió? Porque los datos de Quintero y Loret son absolutamente falsos, carecen de sustento periodístico y de fundamentación legal. Podría entenderlo de otros que se jactan de ser periodistas y se cuelgan de las mentiras, pero el impoluto señor Zuckerman, crítico y analítico, se limita a repetir las falsas aseveraciones de un sicario del periodismo, tal cual un copy paste?”. 

Bravo Navarro, poblano como Bartlett, que fue director de Comunicación Social del PT en el Senado, que coordinó Bartlett, quiso ser sarcástico con Zuckerman y le endilgó calificativos, aunque ninguno tan grave como llamar a Loret, que tiene un historial brillante como periodista, “sicario del periodismo”. Igual le fue a Carlos Puig, columnista de Milenio, quien el viernes recibió una carta del mismo comunicador para protestar que se hubiera hecho eco de la misma información de Quintero y Loret, en su colaboración del día anterior. En esta misiva, Bravo Navarro fue más elaborado que con Zuckerman. Cuestionó a Puig el uso de sus palabras burlándose de su “periodismo de investigación” -que el columnista le recordó el lunes que se confundió de género periodístico-, y llamándolo “loro”.  

Al final, Zuckerman le hizo notar el mal uso de dinero de contribuyentes para su gesta contra la prensa, y Puig, tras agradecerle a Bartlett que lo leyera, remató con “sigo pensando lo mismo”. Maerker también le respondió a Aureoles de manera concreta y sólida. Violencia hay en Michoacán y Tepalcatepec, motivo de la molestia del Gobernador, y un grupo criminal de Jalisco, amenazó al Alcalde y al pueblo. El alegato de Maerker, periodísticamente impecable. Ahora, como el Gobernador cree que el Alcalde también es criminal, entonces ¿hay que dejar de cubrir el drama que vive ese municipio?

El mal ejemplo de las mañaneras ha cundido. Desde hace un buen tiempo los políticos y las figuras públicas ven más fácil atacar al mensajero que al emisor de los mensajes. Pero es solo hasta los últimos meses cuando el discurso contra medios y periodistas ha llegado a provocar rencor y odio en varios casos. Esto no va a parar. Se sabe cuándo inició, pero no cuándo terminará. Esto es algo que deberían pensar los políticos y sus colaboradores cuando deciden salir en defensa de posiciones legítimas, pero con violencia en la descalificación, insultos y amenazas indirectas. Los climas, se ha dicho repetidamente en este espacio, matan. 

Los climas matan. No es una figura retórica. Según Artículo 19, de 131 periodistas asesinados en México desde 2000, 11 han caído durante el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En estos meses, varios periodistas han sido agredidos en la calle, insultados, retomado frases del Presidente para acosarlos y denostarlos. Seguramente no es la intención del Presidente, pero en su alrededor, o más allá, como los casos de Aureoles o Bravo Navarrete, eso no se sabe. 

Con la violencia extendida por todos lados -no solo por los delincuentes-, al tener la lengua suelta y pronta para disparar al mensajero, se construyen condiciones sociales que pueden terminar en una fatalidad. Cualquiera en su sano juicio pensaría que no es lo que nadie de ellos desea, pero una reflexión sobre el costo de una palabra incendiaria, bien valdría la pena para ahorrarnos lamentos, recriminaciones y esquelas.
10 Septiembre 2019 04:06:00
Impuestos: vivir o morir
En octubre de 2016 se aprobó la Ley de Ingresos en el Congreso, que eliminaba los subsidios a la gasolina y contenía nuevos gravámenes para 2017 a los Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios, conocidos como IEPS. En 2018, en la campaña de José Antonio Meade, consideraban que esa medida, conocida como el gasolinazo, aniquilaría sus pretensiones presidenciales y regalaba a su rival, Andrés Manuel López Obrador, material para atacarlo y captar nuevos electores. Rocío Nahle había dejado claro la estrategia desde abril de ese año, cuando escribió en Twitter: “Reducir el IEPS para tener una gasolina más barata, buscar rehabilitar refinerías y rescatar el sector energético son parte de mis propuestas en mi proyecto sobre Energía”. Dieciséis meses de golpeteo contra el gasolinazo ayudó en las urnas. Lo que vino después fue irrelevante para millones de mexicanos.

El presupuesto para 2019, trabajado en conjunto por la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Enrique Peña Nieto y el equipo de transición del presidente electo López Obrador, mantuvo los IEPS, contrario a lo que había ofrecido que no habría más gasolinazos. No impuso nuevos, pero mantuvo los vigentes. El sábado, la Secretaría de Hacienda volvió a dejar sin estímulo fiscal a la cuota del IEPS, por sexta semana consecutiva a la gasolina Premium, y elevó el de Magna y Diésel. Simple. El IEPS, junto con las remesas, se han convertido en el ingreso que ha permitido evitar una crisis económica al Gobierno y darle márgenes de maniobra a costa de los consumidores.

Somos el octavo país que más gastamos en gasolina, con 4.2% de gasto por ingreso por hogar, casi el doble de Estados Unidos (2.1%). El costo de la gasolina comparado con Estados Unidos es casi 20% más cara. Según los indicadores de globalpetroprices.com, el costo promedio del litro de gasolina, al 2 de septiembre en Estados Unidos, fue de 15.46 pesos, mientras que en México fue de 20.78 pesos, superior al costo en Canadá, Brasil, todo Centroamérica (menos Costa Rica) y todo el Caribe (menos Barbados). Esto se explica por el IEPS, que casi duplica el costo del combustible.

Los impuestos, el favor no solicitado que le hizo a López Obrador el Gobierno de Peña Nieto, le ha ayudado a sobrellevar fiscalmente la desaceleración y la caída en la demanda externa –salvo las exportaciones, que tuvieron un buen rendimiento por el tipo de cambio–. Por eso el discurso oficial es ambiguo y escurridizo. No hay oficialmente gasolinazos, pero se mantienen los impuestos que así se definen. Los impuestos suben en términos nominales pero no reales, aunque la gente pague más por lo mismo.

El paquete económico para 2020, que entregó el domingo el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, al Congreso, incluye una actualización de los IEPS, con lo cual subirán los precios de refrescos y bebidas edulcorantes en general, y el tabaco. “Cuando Hacienda tiene emergencias, siempre recurre a esos impuestos”, dice el consultor Carlos Alberto Martínez, que trabajó en esa Secretaría y en el Banco de México. La recaudación es el principal vector del paquete económico, dividido en dos grandes ejes.

El primero es el combate a la evasión, y aumentarán las sanciones –tipificarla como delincuencia organizada– se trabajará para cambiar la percepción de que se puede defraudar al fisco porque las consecuencias son limitadas –o sea, que regrese el miedo al fisco– y disminuir sustancialmente las condonaciones de impuestos. La segunda medida fortalece la recaudación, que se hará cobrando impuestos en la economía digital –aplicaciones como Uber, Airbnb o entrega de comida rápida– servicios digitales prestados por residentes en el extranjero –como Google y Facebook– pago del ISR por arrendamiento –casas, departamentos y locales pagarán impuestos–, retención del IVA a la subcontratación laboral, facilidades administrativas para los trabajadores informales –y captar también de ellos– e incentivos fiscales a ejidos y comunidades.

El paquete económico prevé recaudar el próximo año poco más de 6 billones de pesos, que es un incremento nominal de 5.4% con respecto a 2019. Si se tiene éxito, se habría recuperado la pérdida de recaudación tributaria de 7.5% en el primer semestre de este año, en comparación con 2018, por la caída en las captaciones del ISR, el IVA, y la desaceleración en los IEPS. Sin embargo, los instrumentos que le dan al SAT para alcanzar este propósito parecerían ser insuficientes para poder seguir haciendo más con menos el próximo año, y alcanzar las metas planteadas en el paquete económico.

Varios de sus presupuestos están anclados en supuestos, como la expectativa de crecimiento, que se daría si se firma el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, o invierte el sector privado, que hasta hoy no tiene incentivos fuertes para hacerlo. La consultora Eurasia reportó esa cara de la moneda a sus clientes, al decir que el paquete es “demasiado optimista (la tasa de crecimiento está arriba de la estimada por los analistas privados del Banco de México, y la elevada plataforma petrolera) y muestra un lento relajamiento (la reducción de 1% a 0.7% del PIB del superávit primario)”, mientras se mantiene el gasto en las prioridades de López Obrador.

Una persona cercana al Presidente, involucrada en las negociaciones presupuestales está escéptica que alcance el dinero, y comparte la línea de pensamiento que López Obrador tiene que aumentar impuestos. La mayoría de las personas que conocen o han observado al Presidente, piensan que eso no va a suceder. Pero hay realidades objetivas y urgencias. Como lo planteó esa persona, “de que haya dinero depende el futuro de la 4T, y el dinero solo puede llegar de impuestos”. Será la lucha entre el López Obrador dogmático, y el López Obrador pragmático.
09 Septiembre 2019 04:06:00
¿Evangelizar criminales?
El 1 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador incumplió su promesa de amnistía para procesados y sentenciados por delitos relacionados con el narcotráfico. Iba a ser presentada en el Congreso como una iniciativa preferente para que fuera discutida y con seguridad, dada la mayoría de su partido, aprobada en un mes. Ya nadie ha dicho nada de tan polémica propuesta, lo que era un retorno a la sensatez. Sin embargo, en los hechos, tampoco parece necesaria.

El crimen organizado se mueve impune por el país, disputando territorios con sus adversarios, movilizando comunidades para vejar a militares y policías federales, y generando con esas imágenes la sensación de ingobernabilidad.

Desde febrero, cuando el Presidente anunció en Palacio Nacional “el fin de la guerra contra las drogas”, las condiciones han cambiado para los cárteles. Sus líderes tienen extendido una especie de salvoconducto con la afirmación de López Obrador que “no se han detenido a capos porque no es nuestra función principal”, con lo que sus márgenes de operación deben haberse ampliado sustancialmente.

Las frases no ayudan al Presidente. Si su intención era despresurizar a una sociedad en zozobra por la violencia, el discurso quedó rebasado. Si el propósito es minimizar el fenómeno, la incidencia delictiva lo ha derrotado. Pero López Obrador no ceja.

El fin de semana en una gira por Tamaulipas, donde días antes las gasolineras se negaron a reabastecer de combustible a los soldados y policías federales por amenazas del crimen organizado, López Obrador envió un mensaje a los criminales para que se desistieran de ello.

“Amenazaron a este grupo de gasolineros de que no vendieran al Ejército y la Policía, están mal, así no es la cosa”, les dijo el Presidente. “Yo los llamo a que recapaciten, que piensen en ellos, pero sobre todo en sus familias, en sus mamás, en sus mamacitas”.

La dulzura con la que les habla y la ausencia de una estrategia para combatir integralmente al crimen organizado, los empodera. En su gira tamaulipeca lo estaban esperando con pancartas de bienvenido miembros de la “columna cívica general Pedro José Méndez”, una escisión de la “columna armada Pedro J. Méndez”, vinculada al cártel del Golfo, con quien su Gobierno había tenido contactos.

La ruta cambió para que no se topara con ellos, pero el comité de recepción habla por sí mismo del ánimo hacia el Presidente por parte de esos grupos. En la campaña presidencial fue detenido en un retén de narcotraficantes, y dejado pasar sin mayor problema al identificarse.

¿Quiere decir que hay un pacto del Gobierno con el crimen organizado? Hasta donde se conoce, no hay tal. Pero la política de dejarlos pasar y dejarlos hacer, construye una relación funcional para los criminales.

El propio Presidente, en un uso caprichoso de conceptos para justificar la no acción contra ellos, ha dicho que el Ejército no será utilizado para “reprimir” criminales. A quien delinque se le aplica la ley, y si es necesario, por la fuerza. Eso no es reprimir, sino cumplir con la obligación de un Gobierno. No aplicar la ley contra un criminal es incumplir con la ley y la responsabilidad de una autoridad.

Esta actitud pasiva, tolerante y por omisión, cómplice, ya ha sido notada. El nuevo embajador de Estados Unidos en México ha recibido informes donde le mencionan esta política del Gobierno de López Obrador, que afectan o pueden afectar intereses económicos de ese país en México.

Los jefes de la DEA y el FBI han visitado al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, en sus oficinas en México para discutir estos temas, que han sido mantenidas en secreto por el Gobierno. El secretario de Estado, Mike Pompeo, ha discutido ampliamente con el canciller Marcelo Ebrard sobre el trasiego de drogas por México a Estados Unidos. La presión, a nivel de insistencia en las conversaciones, está creciendo.

El Gobierno de EU ha donado equipo a la Policía Federal y a las Fuerzas Armadas, y les ha dado entrenamiento para interceptar cargamentos de droga y erradicación de cultivos de amapola, sin que las estadísticas muestren un cambio en la tendencia.

Desde mayo el presidente Donald Trump se ha referido en cuando menos dos veces al tema del narcotráfico y su poder en México. A López Obrador se le van a seguir enredando los temas con la Casa Blanca si no hay ajustes en sus políticas y, de inmediato, en sus discursos.

La lógica de López Obrador, según personas que han estado en sus discusiones, es que si no combaten a los cárteles la violencia se reducirá –como se ha señalado varias veces en este espacio, esa fue la estrategia en el inicio del Gobierno de Peña Nieto y fue un rotundo fracaso–, y que la droga que ellos lleven a los consumidores de EU, no es problema de México, sino de Trump.

Esta racional es simplista y las cosas no funcionan de esa manera. El problema es bilateral, aunque por la asimetría entre los dos países, la carga del combate al narcotráfico siempre recae en México. El consumo no es único de EU, y desde 1996, al pagar en especie los cárteles colombianos el trasiego, existe un mercado interno.

Cerrar los ojos a la actividad de los cárteles o voltear a ver a otro lado mientras producen, comercializan, distribuyen y transportan su droga, es un error. Querer evangelizar a los criminales es un acto cristiano, pero no de Gobierno. Su actitud los empodera y su estrategia les irá regalando territorio y control. Si su intención no es co-gobernar con los cárteles de la droga, cuidado, porque eso es lo que está construyendo.
06 Septiembre 2019 04:08:00
Los datos reales de López Obrador
Desde hace varios días las mañaneras se han convertido en un rehilete de distracción. El espionaje en el comedor de Palacio Nacional, con una cámara a la vista de todos, sin sonido, que no transmite y para la cual hay que sacarle la memoria para ver qué grabó. El tema de su salud, donde inventar una afirmación inexistente en esta columna le regaló 48 horas de diversión a las redes sociales. La suspensión del fiscal de Veracruz, Jorge Winkler, le ayudó en este esfuerzo distractor, como también el indeseado agandalle de Morena en la Cámara de Diputados para retroceder la ley electoral –que finalmente logró a partir de 2021– más de 22 años. López Obrador es un maestro en comunicación política y con un posgrado en plantar temas en la opinión pública para que se entretenga y no voltee a ver los asuntos que sí importan. El circo mediático ocultó la realidad de la economía nacional en vísperas de la entrega del presupuesto este domingo, que para describirlo gráficamente, es como un motociclista atropellado que llega a la sala de emergencias donde se apuran a evitar que entre en shock.

El presupuesto que llevará el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a la Cámara de Diputados el domingo por la tarde, está siendo altamente esperado por los inversionistas, los analistas y todos los que tomarán decisiones estratégicas a partir de los números que presente. De cómo establezca la tasa de crecimiento, el ingreso por recaudación, la plataforma petrolera, el superávit fiscal, el gasto y la deuda, por citar algunos de los datos más relevantes, dependerá si la misma noche de ese día los mercados se vuelven locos porque no le creen al planteamiento del Gobierno, o le dan el beneficio de la duda porque la información en el presupuesto les parece razonable. Esto es lo que anticipa Herrera será el paquete que entregará; otra cosa es lo que, en esta última etapa, decida el presidente López Obrador.

Los analistas se muestran ligeramente escépticos sobre lo que pueda suceder. Un análisis de la consultora Eurasia a sus clientes señala que Hacienda tiene poco margen de maniobra ante la caída de las finanzas públicas para mantener el superávit fiscal –ofrecido por el presidente en su informe el domingo pasado– de 1.3% del PIB al tiempo de disponer de los recursos para sus programas sociales. Varios bancos y calificadores internacionales están advirtiendo a sus clientes de la probabilidad de que se baje el grado de calificación de Pemex –porque no convenza su plan financiero–, con lo cual arrastraría la deuda soberana de México. Si esto se diera, probablemente comenzarían a irse inversiones del país, con una creciente pérdida de confianza. Los análisis técnicos tienen fundamento en los indicadores de la economía durante los primeros siete meses de este año:

Los ingresos petroleros cayeron 18.2%, de 567 mil 700 millones de pesos a 483 millones 300 mil.

El impuesto sobre la renta creció 0.0%, de mil 10 millones, a mil 51.

El IVA se redujo 1.7%, de 558 millones 200 mil pesos, a 571.

La deuda interna creció 167%, de 7 mil millones 36 mil pesos, a 7 mil millones 227 mil.

La deuda externa se elevó 9.5%, de 202 mil 400 millones de dólares, a 211 millones 100 mil.

El indicador Global de la Actividad Económica, que muestra la evolución del sector real de la economía ha crecido en el año 0.2%, que significa una caída de 1.4% de cómo recibió la economía del gobierno anterior.

Las ventas al menudeo dejaron de crecer y cayeron de 2.2% a 1.7%.

El desempleo creció de 3.4% a 3.5%.

El impuesto a las gasolinas, que es un impuesto indirecto que se cobra a los clientes, creció de 98 millones a 170 millones de pesos.

Estos son los datos reales de la economía de los primeros siete meses de Gobierno de López Obrador, aunque el Presidente afirme tener otros datos. La información no surge de las mañaneras, como él mismo ya califica su comunicación circular de todas las mañanas en Palacio Nacional, sino de los reportes de la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y el Inegi. Los acentos en el presupuesto estarán en la recaudación de ingresos. El presupuesto deberá contener cifras de ingreso conservadora en petróleo y gas, contra lo que sugiere el gabinete energético, si se busca que el presupuesto sea creíble. La recaudación por la vía fiscal es lo que viene reforzado.

El Gobierno está trabajando con el Congreso para generar ingresos. Morena presentó una iniciativa para cobrar el IVA a las plataformas digitales que dan servicios de alojamiento, transporte, y comida, que no será suficiente. También estará la elevación del delito de defraudación fiscal a delincuencia organizada y seguridad nacional, y el combate contra las facturas falsas, por donde se evaden 300 mil millones de pesos anuales. En la cocina, sin saberse aún si se presentará, es un cambio de régimen en la venta de medicinas, para que pasen del sistema del IVA a exención de impuestos. Para el consumidor no significa nada, porque de cualquier forma no pagaría impuestos, pero ese cambio de régimen significaría alrededor de 80 mil millones de pesos anuales menos, que se entregan anualmente a las empresas farmacéuticas.

Nuevas medidas de austeridad, señaló Eurasia, son probables y “mostrarán desesperación” del Gobierno para encontrar recursos adicionales. Tampoco considera, pese a las señales de la semana pasada, que el Presidente modifique su oposición a inversión privada en el sector energético, que le daría recursos frescos. Su pronóstico es pesimista y ve que los riesgos políticos hacen probable un mayor deterioro económico de las finanzas públicas en 2020.
05 Septiembre 2019 04:06:00
La cacería de Winkler
Finalmente, el Congreso de Veracruz cumplió un objetivo, que se unieran las facciones de Morena que representaban los intereses del gobernador Cuitláhuac García, de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y del superdelagdo en el estado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para un propósito claro: tener la mayoría para suspender al fiscal del estado, Jorge Winkler, y sacarlo del cargo. Requirieron una mayoría simple por ser una suspensión con carácter temporal, que tendrá que ser calificada si se busca la definitiva. En todo caso, fue anulado, y el fiscal heredado de la administración de Miguel Ángel Yunes, que había aprovechado la pugna entre las facciones de Morena, dejó de ser una pesadilla para el Gobernador. El problema es que para lograrlo, en Veracruz violaron flagrante y cínicamente la ley. Pero vayamos por partes.

El martes se publicó una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial de Veracruz, el Tomo III, donde se informó del “Acuerdo de la diputación permanente de la Sexagésima Legislatura que como medida cautelar, control y defensa de la supremacía constitucional, resuelve separar temporalmente al C. Jorge Winkler Ortiz del cargo de fiscal general del estado por el presunto incumplimiento del mandato constitucional de contar con certificación, revalidación y registro correspondiente para la permanencia en el cargo”. Ipso facto, Winkler dejó la Fiscalía y lo sustituyó Verónica Hernández, una abogada con larga experiencia como notaria, fiscalista y derecho civil y administrativo, aunque de penalista nada.

Al hacerlo, el Congreso violó el Acuerdo 08/XLIV/19 suscrito en la Reunión Conjunta de Seguridad de la XLIV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública el 8 de julio pasado, que señala: “Se ratifica el Acuerdo 1/III-SE/2019 de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación por el cual se instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que, por conducto del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, lleve a cabo la reforma correspondiente al Artículo Tercero Transitorio de los Lineamientos para la Emisión del Certificado Único Policial, a fin de modificar el plazo establecido para que las instituciones de seguridad pública cumplan los requisitos para la expedición del CUP a todos sus integrantes, debiéndose ampliar el término a dieciocho meses contados a partir del 10 de septiembre de 2019 y se publique en el Diario Oficial de la Federación”.

Si alguien alega que la suspensión temporal de Winkler se dio el 3 de septiembre, cuando ese acuerdo entraría en vigencia para la obligatoriedad siete días después, hay otro documento con fecha del 17 de mayo, el Acuerdo 1/IV-SE/2019, que establece una prórroga de plazo de vigencia de las evaluaciones de control de confianza: “La Comisión Permanente de Certificación y Acreditación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de evaluar a los integrantes de la Guardia Nacional, acuerda prorrogar por un periodo de un año el plazo de la vigencia de las evaluaciones de control de confianza establecidas en el Artículo 6, fracción V, de los Lineamientos para la emisión del Certificado Único Policial, de aquellos integrantes de las instituciones de seguridad pública cuyo término de vigencia venza en los 12 meses siguientes a la publicación de este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación”.

Es decir, desde mayo la ley protegía a Winkler, como lo hacía con Éric Cisneros Burgos, secretario general de Gobierno veracruzano, que tampoco tiene la certificación mandatada por la ley. No es el único caso. Hay altos funcionarios, altos mandos y cientos de policías que no cuentan con la certificación exigida. Hay altos funcionarios federales que tampoco tienen la doble certificación, por lo que no tienen acceso a información de calidad de los servicios de inteligencia extranjeros. Incluso, cuando menos uno de ellos ha cancelado reuniones con algunos jefes de esas agencias y declinado invitaciones para ir a Washington. 

En este sentido, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está actuando de forma idéntica a la del expresidente Enrique Peña Nieto durante su primer año: no combate a criminales, deja que los cárteles y las bandas se aniquilen entre sí, y pide prórroga para la certificación de funcionarios y policías. La diferencia entre ambos es que el gobierno de Peña Nieto no manipuló la ley de una manera tan públicamente artera para utilizarla discrecionalmente contra un funcionario que le incomodara a algún gobernador priista.  

Los resultados de Winkler en la Fiscalía veracruzana están lejos de ser los mínimamente esperados. La violencia en el estado continúa teniendo la impunidad por omisión o comisión como su común denominador, sin que el fiscal haya podido marcar un punto de inflexión. Es decir, si el Congreso hubiera pensado en la seguridad de los veracruzanos, podría haber encontrado la forma de despedirlo por incompetente. Incluso, se podrían haber explorado las vías para que dejara el cargo porque su presencia generaba una creciente inestabilidad política, en perjuicio de los ciudadanos. Pero eso no es lo que estaba en la cabeza de los legisladores evidentemente. Tomaron la decisión de cazarlo.

La manera por la que optaron para suspenderlo, como se demostró párrafos arriba, es una violación a la ley y a los acuerdos que el propio gobernador García suscribió con sus pares y el Gobierno federal. Violar la ley para que se alinearan las fuerzas veracruzanas al Gobernador es una ruptura del estado de derecho. A muchos no les importa eso en México, hoy y antes, para ser claros, pero ante las dificultades que enfrenta la economía mexicana y la creciente incertidumbre jurídica que está transmitiendo el Gobierno, no le conviene al Presidente ni al país la reiteración de atropellos como el que se acaba de dar en Veracruz.

04 Septiembre 2019 04:07:00
Réplica de un fugitivo
Interpol, por petición de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, emitió una ficha roja para la detención preventiva de Gonzalo Gil White y otros cuatro socios de la empresa Oro Negro, acusados de los presuntos delitos de administración fraudulenta y abuso de confianza con un daño superior de 750 millones de pesos. El caso en sí mismo es importante, y el contexto aún más. Gil White es hijo de Francisco Gil Díaz, uno de los economistas más respetados por toda una generación de expertos y un secretario de Hacienda tan poderoso en el gobierno de Vicente Fox, que actuaba prácticamente como vicepresidente para asuntos económicos. Gil White se encuentra prófugo, y al no ser considerados esos delitos como graves, podría enfrentar su litigio en libertad.

Gil White considera que la acción de la Procuraduría capitalina es una venganza fabricada para perjudicarlo. “Hemos sido víctimas de un ataque doloso en una carpeta de investigación que lleva la Procuraduría de la CDMX repleta de faltas al debido proceso y pruebas falsificadas”, escribió el empresario en una carta dirigida a esta columna, como réplica a un texto publicado el 22 de agosto. “Estas pruebas fueron insertadas en información proporcionada por el SAT a la PGR en violación del artículo 69 del Código Fiscal, y son el fundamento para el aseguramiento de las cuentas de Oro Negro que acarreó la quiebra de la empresa y la pérdida de empleos para cientos de trabajadores”.

La columna comparaba la historia de Gil White y Oro Negro a un mapa de poder y privilegios, de conflictos de interés y protección que se extendió durante tres gobiernos, a propósito de dos demandas en tribunales de Nueva York por más de 700 millones de dólares. El empresario precisó que las demandas son diferentes. Una, la que interpuso, fue contra los tenedores de bonos y “otras partes” que le causaron un daño a Oro Negro “al confabularse con la administración anterior de Pemex”, durante la gestión de Emilio Lozoya. 

Esa demanda está relacionada con contratos de arrendamiento de plataformas marinas durante los primeros años de gestión de Lozoya que le generaron más de mil millones de dólares. Los términos de los contratos fueron cambiados por el colapso del mercado petrolero en 2015-2016 que provocó la caída de los precios del crudo en alrededor de 60 por ciento. Oro Negro tenía créditos que no pudo pagar y empezaron sus problemas insalvables con sus accionistas. Dos fondos extranjeros lo demandaron por la forma unilateral de tomar decisiones corporativas en detrimento suyo e ignorar las exigencias de gobierno corporativo en Oro Negro. Los tribunales mexicanos les dieron la razón y los bonistas le ganaron un concurso mercantil, por lo que se quedaron con las plataformas. Oro Negro fue declarado en quiebra el 13 de junio pasado.

Gil White rechaza los argumentos por los cuales perdió la demanda. “Oro Negro celebró diversos convenios modificatorios con Pemex para darle alivio presupuestal ante la caída de los precios del petróleo”, escribió. “A pesar de tener los términos más favorables para Pemex, fue la única empresa a la que se le suspendió el 40% de su flota sin pago. Cuando Pemex buscó hacer permanentes las reducciones temporales, Oro Negro aceptó las condiciones propuestas por Pemex. No obstante, insólitamente Pemex terminó en forma unilateral e ilegal los contratos cuando Oro Negro buscó la protección de las cortes para reestructurar sus pasivos”. Esto es lo que llevó a Gil White a la demanda en la Corte Sur de Nueva York, razón por la cual, afirma, la Procuraduría de la Ciudad de México actuó en su contra como represalia.

Gil White responsabiliza de sus desgracias al “esfuerzo coordinado” entre Pemex y el inversionista David Martínez “para quebrantar la empresa y consolidar sus activos en la operación de Seamex”, que es una sociedad entre el inversionista y la empresa Seadrill. En su carta a esta columna no da más detalles de esta acción supuestamente coordinada en su contra, salvo que, afirma, recibió contratos “más ventajosos” que los del resto de la industria, mediante adjudicaciones “sui generis”. Gil White subraya: “Oro Negro nunca participó en actos de corrupción ni recibió beneficios o un trato preferente por parte de Pemex”. 

Sobre la segunda demanda referida, Gil White señala que fue interpuesta por los accionistas estadunidenses de Oro Negro bajo los términos que permite el Tratado de Libre Comercio de América del Norte “ante el trato discriminatorio del que fueron objeto por parte de la administración anterior y que resultó en la expropiación de su inversión”. Esta demanda podría representar un fuerte daño financiero al Gobierno de México, pero Gil White asegura que él no es parte de este litigio. 

La carta, enviada directamente por él a través de un correo electrónico, es una réplica sobre precisiones para evitar malas interpretaciones, que no aportan mucha información pero sí muestran su sentir sobre el proceso que se le sigue en México, iniciado por un gobierno del PRI, y profundizado por un gobierno de Morena. Esta paradoja, tampoco la explica.
  
P.D. Una pregunta mentirosa y con dolo le fue hecha en su conferencia de prensa matutina al presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmando que en la columna de este lunes, quien esto escribe señaló que el Presidente estaba enfermo del corazón “y se iba a morir muy pronto”. Falso totalmente. Al describir la rapidez con la que avanza su proyecto político, se mencionó en el texto que le urgía consolidarlo “porque cree que su corazón no le alcanzará para acabar el sexenio, pese a que no hay ningún indicio de que esté mal”. El Presidente no cayó en esa provocación infame y reiteró que su salud se encuentra perfecta.
03 Septiembre 2019 04:00:00
López Obrador para siempre
Andrés Manuel López Obrador asegura que reelegirse no está en su cabeza ni en sus planes. Muchos no le creen, pero esta idea también ha sido muy consistente a lo largo de los años. Sin embargo, el hecho de no pretender hacerlo, no significa que la construcción de un andamiaje para la preservación de su proyecto a través de los años, no sea de la más alta prioridad. A López Obrador le urge establecer esas bases para levantar el nuevo edificio que eternice lo que comenzó en diciembre. Sabe, porque así lo ha dicho, que el respaldo popular que tiene ahora es efímero y tiene que aprovecharlo. Hay quien piensa que su ideal es un Maximato, como el de Plutarco Elías Calles, pero no es así. Le urge consolidar su visión de país de forma muy rápida, porque cree que su corazón no le alcanzará para acabar el sexenio –pese a que no hay ningún indicio de que esté mal– incluso su rechazo a viajes largos en avión tiene que ver con este temor.

Al gran plan de López Obrador lo abraza el discurso de la cuarta transformación, pero nunca aparece en la retórica ni se observa desde el exterior del Gobierno. Es, sin embargo, un ambicioso proyecto electoral muy inteligentemente diseñado. Está montado sobre las 266 coordinaciones regionales y territoriales donde operará, cuando esté desplegada totalmente, la Guardia Nacional. En esos puntos no solo se concentrará el esfuerzo para tratar de restablecer la seguridad, sino que se acompañará con la aplicación de la mayor parte de los programas sociales para que, de acuerdo con la promesa presidencial, se demuestre que con trabajo y bienestar se resuelve el problema de la seguridad y valide su estrategia. El resto del país, fuera de esas regiones, es desechable.

En esas zonas se concentra la mayor parte de la población, mayoritariamente urbana y electoralmente valiosa. No tienen que buscar el apoyo de todo el país, sino basta con el voto mayoritario en esos 266 puntos. La cuarta transformación se ancla a este proyecto. No es una tarea sencilla. Hoy la presencia y legitimidad de López Obrador le permite tener una concentración absoluta del poder. Pero el traslado automático de esa autoridad sobre los electores es imposible. López Obrador ha venido haciendo un trabajo de poda para sembrar la semilla de Morena, achatando y mediatizando a la sociedad, neutralizando y anulando a quienes discrepan de su proyecto, y realineando a las instituciones a su modo.

Junto con ello, la arquitectura jurídica que permitirá el cambio de régimen está prácticamente completa, al haber sido desmanteladas las reformas energética y educativa que deseaba aniquilar López Obrador. Por la vía de los amagos y jugando con los tiempos, ha ido remplazando con incondicionales a los miembros de los órganos autónomos reguladores para que operen a favor del proyecto. Con manotazos también ha logrado que el sector privado, en muchos casos temeroso, accedan –por ahora básicamente de palabra– a colaborar en la construcción del México que imagina.

Con amenazas de iniciar investigaciones penales ha paralizado a la clase política y limitado sus posibilidades de organización opositora. Sus campañas de difamación ha buscado inhibir al pensamiento crítico. De manera clara ha iniciado el proceso de creación de instituciones sobre las cenizas de las instituciones de la segunda generación de reformas democráticas, como el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o para deshidratar a las universidades públicas a través de la creación de sus 100 universidades de adoctrinamiento para sus cuadros.

El modelo de López Obrador, es un cambio del viejo régimen por el nuevo, que toma del sistema político que se encuentra en agonía lo que le sirve para su perpetuación, el control lineal sin disidencia, una vieja tipología autócrata, para dirigir verticalmente el dinero de los recursos sociales a la creación de entornos en paz y construir bolsas de bienestar de donde esperan obtener en cada votación el apoyo a las y los candidatos de Morena. La ingeniería electoral es la base de todo. López Obrador dice que el éxito del 1 de julio fue haber trabajado las secciones electorales, que suman en total 68 mil 436. Y como está el diseño para Morena, en solo una fracción de ellas está la llave de la victoria.

El tema electoral es lo único que le importa a López Obrador al 100 por ciento. En sus giras, a lo que dedica tiempo es a hablar con los líderes de Morena locales para que le den un informe de cómo se va implantando el partido y dónde hay alertas que tienen que atenderse. En Palacio Nacional, una de las tres personas más influyentes en López Obrador es Gabriel García Hernández, el coordinador de los delegados federales, quien es el cerebro de este plan. García Hernández es quien define en dónde se aplicarán los programas sociales, seleccionados por valor electoral, y tiene superioridad jerárquica, aunque meta legal, sobre los propios miembros del Gabinete.

El diseño es llevar el clientelismo a un nivel superior y más sofisticado, con apoyos estratégicamente dirigidos, en donde toda la estructura piramidal tiene como cabeza de playa a los “servidores de la nación”, las brigadas desplegadas en el país para que al alimón de los trabajos que realizan, como el censo del Bienestar o la entrega de programas sociales, reclutan cuadros para Morena. El Gobierno está montado sobre ese plan y debe operar en función a sus intereses. Por ahora no hay nada que pueda enfrentarlo o vulnerarlo. Es decir, si no sucede algo extraordinario en el país, Morena habrá para rato y López Obrador para siempre.

02 Septiembre 2019 04:01:00
La cosmogonía de Macuspana
Hasta ahora, el modelo de país del presidente Andrés Manuel López Obrador es lo que dice no ser. Ya no hay corrupción porque la barrió de arriba hacia abajo -que es el método que dijo en campaña utilizaría para purificar el país-, ya no hay balazos porque hay abrazos, ya no hay avión presidencial, ni Los Pinos, ni Texcoco, ni Reforma Educativa, ni Reforma Energética, ni lujos, ni ostentaciones. Aunque no es parte de su discurso, tampoco hay el crecimiento prometido, ni bajó la violencia que dijo tendría una inflexión en sus primeros meses de Gobierno, ni hay paz en el país. Hasta ahora, López Obrador es el Presidente del no. Lo que sí existe es el país que se imagina -por tanto aún imaginario- hecho realidad a través de su poderosa narrativa. 

En su realidad alterna, la guerra contra el huachicol fue un éxito -los datos de Pemex lo contradicen-; la lucha contra la delincuencia avanza aunque falta más por hacer -los datos de su Gobierno dicen lo contrario-; cancelar el aeropuerto de Texcoco le ahorró pagar a los mexicanos millones de pesos -que en realidad era un costo autofinanciable-; el programa para jóvenes sin escuela ni trabajo es un éxito -no ha superado el 40% y ha perdido fuerza-; se restableció el estado de derecho -justo cuando su partido violó la ley en el Congreso para perpetuarse en la presidencia-; tener a ProMéxico era “ridículo” y ni Japón, Francia o Alemania tienen algo parecido –-los tres sí tienen ese equivalente-. La lista podría seguir, aunque quizás la síntesis de todo está en cómo llamó a este acto constitucional: “Tercer Informe de Gobierno al Pueblo de México”. Así, dos alocuciones partidistas previas, las convirtió en actos de Estado.

En todo caso, el resultado hasta ahora de este primer corte de caja legal es un sacudimiento nacional que ha hecho crujir todo el andamiaje institucional y la arquitectura del país. López Obrador lo llama “la cuarta transformación”, comparando su modelo con la Independencia, la Reforma y la Revolución. Visto con objetividad, ese discurso renovador tiene que ver con otro cambio radical, que es el otro sí de su joven administración: el retorno al presidencialismo más fuerte que hemos vivido desde hace cuando menos unos 40 años, donde el poder está concentrado en una sola persona, que busca quitarse obstáculos del camino: órganos reguladores, ONGs, prensa crítica y empresarios. A ellos se refirió indistintamente en su mensaje, al afirmar que “estaban moralmente derrotados”. El Poder Judicial, por otra parte, está en camino del sometimiento; el Poder Legislativo está hincado frente a él.

El andamiaje de una democracia le estorba a la construcción del país que quiere. Como prácticamente todas las cosas que han sucedido en su Gobierno, no hay engaño. Su mundo se construyó en la cosmogonía de Macuspana, su tierra, durante sus años de formación. Lo que bajo esa óptica interpretó, moldeó al Presidente que hoy nos gobierna. Quizás el Tren Maya es un sueño de aquellos años, con su confusa visión de desarrollo, donde habla del periodo del desarrollo estabilizador de los 70, pero da las estadísticas del periodo del milagro mexicano de los 50. A pocos les importa esta diferencia, pero habla de cómo las ideas se mezclan y cruzan en su cabeza sin contexto, ni tiempo y espacio.

Solo observándolo en ese marco de referencia, se puede entender, o cuando menos intentar comprender acciones como sus rituales de respeto por “la madre tierra” y por los pueblos originarios -con los que ha convivido por décadas-, y que esté empeñado en iniciativas tales como que las carreteras del sur se construyan a mano, sin maquinaria industrial, y que las escuelas las levanten los maestros y los padres de familia. Soslayar totalmente procedimientos, regulaciones, reglas de operación y controles que las obras significan, no es algo ajeno al Presidente. El mundo de López Obrador es otro, que todos tengan trabajo, que se haga agricultura de autoconsumo y un ingreso fijo, sin importar que sea bajo. Es la búsqueda de una sociedad menos desigual, aunque el piso de la igualdad sea un retroceso en el desarrollo.

Por primera vez en la historia, más de 51% de los trabajadores gana entre uno y dos salarios mínimos, lo que significa entre 9 y 18 dólares por día, que es lo que cobra un trabajador en Estados Unidos -una economía con la cual el Presidente gusta comparar la mexicana-, reveló Tomás de la Rosa en una serie de trabajos analíticos publicados en Eje Central. En 2005, 27.7% de la población ocupada ganaba más de tres salarios mínimos, y actualmente se cayó a 11.6%, msientras que en ese mismo periodo, el número de personas ocupadas que ganan entre uno y dos salarios mínimos se elevó de 38.6, a 51.3 por ciento. Estos datos perfilan un país rumbo a la precariedad, que es lo que el presidente López Obrador parece entender como sociedad igualitaria. Por eso piensa que es mejor tener un país agrícola que una economía de servicios.

Desde el universo de Macuspana, López Obrador también observó las oleadas democráticas en el mundo -incluido México-, pero no es algo que esté debajo de su piel. Se dice democrático pero este sistema político de contrapesos y rendición de cuentas es algo con lo que no se siente cómodo -que tampoco es algo novedoso- y trata de colocarle muros. Su modelo no es democrático, sino utilizar los recursos de la democracia para imponer el suyo, la cuarta transformación, que es eminentemente político, con un andamiaje que se está construyendo para garantizar, electoralmente, la hegemonía transexenal de Morena. De esto hablaremos en una próxima columna.
30 Agosto 2019 03:52:00
La larga luna de miel
Las noticias no podían ser peores. Desabasto de medicinas causado por la burocracia en su Gobierno que ponía en riesgo la vida de cientos de niños. El crecimiento en picada, dos puntos debajo del paraíso prometido. El peso que tanto presumía como sinónimo de prosperidad, escalando a más de 20 por dólar. La violencia como nunca, matanzas y decapitados pintando de rojo el país y él, en plena confusión, defendiendo del Ejército a los criminales, mientras a los soldados los humillan porque sus instrucciones son aguantar las vejaciones. Todo en una semana, donde los cañonazos partirían cualquier blindaje. Pero el de Andrés Manuel López Obrador no. Su figura sigue siendo refractaria. El Presidente más poderoso que se tenga en la memoria sigue recibiendo altas dosis de vitamina.

La última encuesta nacional de Buendía, Laredo y Asociados, dada a conocer el miércoles, muestra la confianza en López Obrador. El 71% apoya su trabajo, y un mismo porcentaje se dice optimista sobre el futuro. Todavía más. Si hoy se realizara una consulta ciudadana sobre la revocación de mandato, 8 de cada 10 mexicanos marcarían la casilla para que continuara en el cargo, pese a que el 51% piensa que los problemas ya lo rebasaron. La luna de miel de que goza se ha prolongado con vaivenes de éxtasis. 

Este es un fenómeno conocido en América Latina en los últimos años, recuerda Felipe Noguera, uno de los consultores políticos más reconocidos en la región. Lo ha visto en los presidentes populistas Ernesto Kirchner, en Argentina, y Rafael Correa, en Ecuador, que iniciaron sus gobiernos con políticas fiscales conservadoras, vigilando el superávit y la macroeconomía, al tiempo de inyectar dinero a programas sociales, como lo está haciendo López Obrador. 

Con el tiempo, el balance entre el rigor fiscal y los programas sociales fue perdiéndose e inclinándose hacia la entrega de dinero para sus clientelas político-electorales, causando ilusiones equivocadas en gobernantes con otras filosofías e ideologías. Por ejemplo, Mauricio Macri, en Argentina, subraya Noguera, que si bien se enmarca como neoliberal dentro de la geometría política, profundizó la inyección de recursos en los programas sociales de Cristina Fernández, la esposa y heredera de Néstor Kirchner en la Casa Rosada, que lo llevó al colapso económico en el que se encuentra. López Obrador no está, cuando menos todavía, en esos mundos de crisis, pero por su perfil no sería raro que siguiera sus pasos.

Pero hablar sobre ese futuro es ocioso al ver el respaldo del Presidente en este momento, a quien le perdonan todo. Su luna de miel, como la tuvieron los sudamericanos, no fue efímera, sino que se extendió por un tiempo que no se había experimentado. Una razón importante de ella, piensa Noguera, es que entendieron lo que nunca pasó con los neoliberales, que la comunicación política y social debía de ser intensa, y debían estar en campaña permanente. De eso critican sus opositores a López Obrador, sin entender que la razón de su éxito es precisamente eso. Campaña permanente y comunicación política, a través de una narrativa consistente y persistente.

La narrativa está anclada en el tema de la corrupción, donde López Obrador ha perfeccionado el discurso. Va más allá de culpar de todo al pasado, y como sucedió esta semana, ante una pregunta sobre el desorden y caos en su partido Morena, respondió que si van por el camino de otros partidos, él termina su militancia. Esta reacción es típica en él, quien antes de que le lleguen los problemas, los aleja. Si Morena lo puede contaminar, rápidamente mete el antídoto: si en Morena hay corrupción, son ellos, no yo, y termino mi relación con el partido. Al Presidente le funciona muy bien este discurso, que compacta todos los días durante un promedio de media hora, en lo que se conoce como “la mañanera”.

Al rendir su primer informe legal de gobierno el próximo domingo, López Obrador habrá sostenido 189 “mañaneras”, de acuerdo con el análisis de Spin, Taller de Comunicación Política, en donde ha priorizado, con 40.5% del total de preguntas, a medios digitales, que como justifica el Presidente, nunca habían tenido tanta prominencia porque no existían. Como en muchos otros temas, esa mentira no se la cuenta a la mayoría de los mexicanos. La televisión, en cambio, el principal medio de comunicación masiva -que él entiende perfectamente que así es-, apenas alcanza a hacer 10.9% de las preguntas.

El diseño de las mañaneras refuerza esa estrategia. De acuerdo con Luis Estrada, director de Spin, la probabilidad de que se pueda hacer una pregunta al Presidente si está sentado en la primera fila, es de 60%; la probabilidad si se encuentra en la segunda, es de 24%. Al estar controlada la primera fila mayoritariamente por comunicadores digitales, son ellos los que preguntan, adulan o le regalan al Presidente la oportunidad para inyectar un tema que no estaba en la agenda nacional, golpear a quien difiere de sus acciones de Gobierno o difamar en función de su estado de ánimo. López Obrador le ha dado cuatro veces la palabra a Ni uno Más, ni un Corrupto Más en Gobierno, y dos veces a Nopal Times y Charro Político, plataformas digitales que respaldan incondicionalmente al Presidente. En cambio, el Financial Times, el periódico financiero más importante del mundo, solo ha preguntado
una vez.

La estrategia ha sido altamente funcional y podrá prolongarla tanto como logre mantener el equilibrio fiscal y el dinero a programas sociales, lo que le dará la estabilidad financiera y social. Se derrumbará si pierde el balance, en cualquier sentido. Y hasta entonces se acabará esta luna de miel que se ve eterna.






29 Agosto 2019 04:01:00
Las desgracias de Cuitláhuac
Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz, no es más torpe porque el día no tiene más horas, ni luce más ignorante, porque prefiere guardar silencio. Su desgracia es que encabeza el estado más violento del país, y la desgracia es que es protegido del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pagó la confianza y el respaldo que le ha dado con el escarnio masivo de las redes sociales. El Gobernador le dijo al Presidente una mentira sobre la masacre del martes en Coatzacoalcos, y el Presidente la repitió al país desde Palacio Nacional. Algo tiene que hacerse con el Gobernador, por su incapacidad de mando, falta de liderazgo, incompetencia como político, y lastre para López Obrador.
Pensar en un proceso de destitución en el Congreso, debe ser una opción.

Veracruz necesita de un gobernador que gobierne. Requiere de un líder que tenga a su equipo cohesionado, y no como sucede ahora, en pugna permanente con el fiscal Jorge Winkler, que se ha trasladado a la falta de colaboración entre él y el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, a quien ha sostenido el gobernador, respaldado por el Presidente, pese ser destituido en 2016 en la procuraduría de Nuevo León por presunta extorsión. El dislocamiento del Gobierno tiene a la violencia como su principal externalidad.

Es insólito que un estado donde la seguridad es la prioridad máxima, el gabinete de seguridad esté peleado entre sí, al grado de no hablarse entre ellos. Veracruz arrastra la violencia desde los gobiernos de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, pero se volvió campo de batalla entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas desde diciembre pasado, coincidiendo con la llegada de García al poder.

Regresaron las matanzas, primero en Minatitlán, donde 14 personas –incluido un bebé– fueron asesinadas en abril, y el martes en Coatzacoalcos, donde hasta hoy suman 26 víctimas de un atentado en un table dance donde un grupo armado presuntamente vinculado al CJNG tiró granadas, incendió la puerta y bloqueó las salidas de emergencia. En delitos de alto impacto como secuestro y robo con violencia, Veracruz está en los peores lugares del país.

Según la consultora GLAC, en el primer semestre de este año Veracruz estaba en el último lugar de secuestros; hasta abril, la tasa por 100 mil habitantes era de 1.87 secuestros, contra la media nacional de 0.45. La incidencia delictiva se incrementó este año en 122%, y la gestión de García ha sido tan ineficiente, que la Cámara Nacional de Comercio y el Consejo Coordinador Empresarial locales, propusieron un juicio político contra él y el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Carranza, impuesto por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que presume tener el control de ese municipio.

El descontrol que tiene el gobernador en el estado no puede ser escondido por los esfuerzos presidenciales en la comunicación política. Ni siquiera en ese campo pudo ser capaz García, y proporcionarle información fidedigna a López Obrador sobre lo que sucedió en Coatzacoalcos la víspera. En su conferencia de prensa, el Presidente aseguró que el presunto autor material de la masacre había sido puesto en libertad por la Fiscalía de Winkler. Documentos que se hicieron públicos casi inmediatamente después de la afirmación del Presidente, revelaron que fue la Fiscalía General la que puso en libertad al presunto asesino porque los delitos por los que lo habían detenido no eran graves, sin verificar sus antecedentes.

Esa falla en el área de inteligencia y la ausencia de una verificación en las bases de datos policiales, devolvió a la calle a quien presuntamente provocó la muerte de decenas de personas, como aparente represalia porque en ese bar de mala muerte en Coatzacoalcos, Caballo Blanco, no vendían productos con el sello del CJNG. Cuatro días antes, el 24, de acuerdo con el portal e-veracruz.mx, el mismo grupo privó de su libertad y asesinó a Agustín Javier Ronson, junto con otra persona, por esa razón. Un dramático video sobre su asesinato, por ahorcamiento, comenzó a circular desde este miércoles en las redes sociales.

Tras el secuestro del dueño del Caballo Blanco, la Marina detuvo en Coatzacoalcos a uno de los líderes del CJNG. Cualquiera con un mínimo de conocimiento de los grupos criminales, podría saber que la suma de los dos eventos anticipaba que habría una reacción criminal. Eso fue lo que sucedió el martes. El CJNG volvió a dar una muestra de fuerza y poder frente al Estado y el estado. Fue en Coatzacoalcos, donde el deterioro ha sido continuo desde diciembre y que junto al cercano Minatitlán, la zona petrolera, se ha vuelto en campo de batalla de los cárteles de la droga.

El estado es ingobernable. Los empresarios han emprendido el éxodo, los robos a la industria se multiplican. Solo en Coatzacoalcos, de acuerdo con la ONG Ciudadanos Unidos, hasta junio había desaparecido entre el 30% y el 40% del sector productivo, ante la exigencia del derecho de piso. García no ha hecho nada para frenar el éxodo empresarial. Tampoco los cuerpos de seguridad vislumbraron el riesgo de lo que se venía acumulando.

La violencia se ha extendido, y la procuración de justicia es inexistente. El gobernador, protegido por el Presidente. García se ha convertido en un lastre para López Obrador y lo está arrastrando políticamente. Tiene que sacudírselo. Ese pie con gangrena le va a subir por el cuerpo a menos que se lo corte. Tener un pelele en un estado problemático no le funcionó, pero es mejor pagar el costo que el Congreso, dominado por Morena, lo lleve a juicio político y lo destituya, a que siga contaminando la cruzada de López Obrador.
28 Agosto 2019 03:53:00
La sumisión de Slim
La fotografía en Palacio Nacional es histórica. El presidente Andrés Manuel López Obrador, todo poderoso, con el empresario más rico de México y uno de los más acaudalados del mundo, Carlos Slim, a sus pies y bailando la música que le tocaban en el Salón de la Tesorería. El poder económico, como tantas veces lo ha dicho López Obrador, subordinado ante el poder político. La mañanera del martes es, en este sentido, una nueva prueba material del argumento, que se comenzó a construir en la praxis cuando de un manotazo sobre la mesa, canceló la obra del nuevo aeropuerto internacional de Texcoco. Desde ese momento, López Obrador estableció los términos de su relación con el sector privado, que ha sido consistente, congruente y clara.

Aquello fue una demostración de fuerza. Nunca más los empresarios volverían a formar parte de la toma de decisiones, ni mucho menos, como dejó entrever, ser ellos quienes gobernaban al Presidente. Cuando canceló Texcoco, contra el consejo de sus cercanos, Slim ofreció una conferencia de prensa donde criticó la decisión y dijo que eso sería frenar el crecimiento. Este martes, dijo que el crecimiento era “intrascendente”, y que lo que se necesitaba era una inversión masiva en proyectos públicos. Notable la maroma del ingeniero, quien pese a conocer hace casi 20 años a López Obrador, no lo conoce. O no cree lo que dice, y trata de endulzarle el oído con un objetivo particular, sin entender que la abyección es una actitud que el Presidente no aprecia.

Slim fue el invitado de honor en la mañanera, donde se anunció el acuerdo gasero. Una de sus empresas era una de las cuatro que fueron amenazadas por el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, con llevarlas a un litigio, pero su contrato era tan marginal en cuanto al total de los siete gasoductos en conflicto, y tan baja la escala del negocio para su conglomerado, que era la que menos presionaba. Pero la ascendencia de Slim sobre los empresarios tenía otro peso, que fue el que utilizó el Presidente, como símbolo de consenso y concordancia, durante el evento en Palacio Nacional.

Ahí, el Presidente lo llamó al atril cuando quiso, y le pidió que hablara. Slim se fue de más en sus declaraciones, como el calificar de “intrascendente” el crecimiento. Si el ingeniero lo hubiera dicho a lo largo de su vida, como otras de sus posiciones polémicas, como la que tiene sobre la informalidad, habría mostrado congruencia. Pero sus expresiones han estado en las antípodas y, más en prejuicio de su imagen, dio la impresión de querer quedar bien con el presidente, respaldando su dicho del viernes pasado en Tabasco, donde en reacción al informe del Inegi sobre el crecimiento en el segundo trimestre, declaró que el crecimiento no importaba porque había desarrollo, mejor distribución de la riqueza –donde Slim también tiene puntos de vista divergentes–, y mayor poder
adquisitivo.

“¿Qué tiene que hacer entonces un empresario?”, preguntó un miembro del Consejo Coordinador Empresarial. En primer lugar, no pelearse con el Presidente, tenga su empresa o no relaciones comerciales con el Gobierno. En segundo lugar, tener una comunicación fluida y franca. Un empresario sí puede contribuir a la buena marcha del Gobierno y del país, pero no mediante la adulación, sino a través de una comunicación abierta y honesta, no de sumisión sino de interlocución.

En parte tiene razón López Obrador al desconfiar del sector empresarial, y no solo por sus prácticas. Hubo muchos gobiernos donde algunos empresarios sentían que eran ellos quienes gobernaban, no el Presidente, pero el Presidente se dejaba intimidar. No es fácil confrontar a alguien cuyo poder económico puede mover el PIB, pero tampoco puede haber nadie por encima del jefe del Ejecutivo. Este tipo de relación puede no ser siempre fácil para ninguna de las dos partes, pero es de respeto mutuo y de certidumbre: cada uno sabrá que lo que le dicen es lo que piensan y no tratan de engañarlo. La palabra es un activo y tiene un alto valor.

Pero moverse un empresario por el camino de buscar quedar bien, lisonjero y agachado, no los lleva por buen camino. Un gran ejemplo es el de Claudio X. González Laporte, una de las figuras más notables del empresariado mexicano en más de 40 años, con quien tiene viejas fricciones López Obrador, hasta integrarlo a “la mafia del poder”. La antipatía entre ambos siempre ha estado presente, pero en las últimas reuniones con el Consejo Mexicano de Negocios, en las fotografías y en las declaraciones González Laporte se ha mostrado meloso. Poco le ha servido. No hay ningún empresario como él y su hijo Claudio X. González Guajardo, fundador de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que hayan sido identificados más veces por el Presidente como sus adversarios, enemigos de su Gobierno y saboteadores de su proyecto.

Hay empresarios que en el último año han intentado por diferentes maneras ser bien vistos por el Presidente, comprando equipos de beisbol, el deporte de López Obrador, o pagando coberturas en revistas del corazón para algunos de sus cercanos. Hay otros que le han dado cobertura retórica, justificando todo lo que hace, porqué y cómo lo hace. En el péndulo de la interlocución, se fueron hasta la genuflexión. No se ayudan, porque esa actitud no cambiará lo que López Obrador ha sido siempre. Pero tampoco apoyan al Presidente, porque muchos de ellos no son sinceros. Si quieren contribuir realmente por el país, que dejen de lanzar besos y tomen acciones. Por ejemplo, un diálogo respetuoso y sincero, sin alabanzas ramplonas.
27 Agosto 2019 04:00:00
Acuerdo gasero
El presidente Andrés Manuel López Obrador tenía programado para este lunes un encuentro vespertino fundamental con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, con los representantes de las gaseras con las cuales se enfrentó y amenazó que llevaría a litigio, y con miembros del Consejo Coordinador Empresarial que han servido como mediadores y facilitadores. Si las cosas terminan como apuntaban antes de ir a Palacio Nacional, este martes podría darse el anuncio de un acuerdo con lo cual un conflicto innecesario se habrá conjurado. Nadie espera que las cosas salgan mal en el último minuto, pero habrá que esperar el anuncio.

López Obrador había dicho que el jueves pasado se iba a anunciar el fin de las negociaciones, pero el endurecimiento de Bartlett en la última plática del miércoles impidió llegar a buen puerto. Bartlett ha sido una figura muy dura en la negociación, por la ignorancia que ha mostrado en materia financiera y su intransigencia, describen varios de sus interlocutores, en la negociación de temas donde podía haber entendimiento. Esa postura rígida y sin matices obligó al Presidente a hablarle fuerte hace unas semanas y señalarle que no iba a permitir que se fuera a un litigio que iba a durar mucho y les iba a costar, por lo que el diferendo con las gaseras tenía que resolverse en la mesa de las negociaciones.

Para entonces, el Presidente ya tenía encima las presiones de Estados Unidos y la información que le había dado su equipo de que no ganarían un litigio en los tribunales internacionales. Los miembros del Subcomité de Comercio del poderoso Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes se lo plantearon directamente a López Obrador en Palacio Nacional, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, también lo ventiló con el canciller Marcelo Ebrard durante su última reunión en la Ciudad de México. Previamente, la embajadora en Washington, Marta Bárcena, recibió llamadas de la Casa Blanca y el Departamento de Estado donde le plantearon el tema y su pronta solución. Tras esas comunicaciones, el Gobernador de Texas, Gregg Abbott, el estado más afectado por el impasse, le envió una carta al Presidente urgiéndolo a resolver el problema. Además, la posición de Bartlett estaba cerrando la pequeña ventana que todavía existe para que se apruebe el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá en los próximos 60 días.

La declaración optimista del Presidente de la semana pasada se fincaba en un encuentro que había sostenido con el mismo grupo días antes en Palacio Nacional, donde fue muy claro en que a él solo le interesaba ver el tema de las tarifas y cuánto ahorro iban a tener los consumidores. Para llegar a ese punto ya habían logrado sortear una convicción equivocada de Bartlett. El director de la CFE no entendía que el contrato con las gaseras era por servicio de transporte de gas, y exigía que los gasoductos pasaran a poder de la paraestatal. Ante la insistencia de Bartlett, la impresión que dejó y se hizo ver de diferente manera, fue que lo que buscaba, en palabras claras, era la expropiación de los gasoductos. Expropiar es una acción que el Presidente ha rechazado sobre cualquier inversión, por las múltiples consecuencias negativas que tendría para su Gobierno.

La negociación se ha dado de manera independiente con las cuatro gaseras que operan siete gasoductos: IEnova, filial de Sempra, con fuertes vínculos en la Casa Blanca y el Capitolio; TransCanada, que tiene detrás al Gobierno canadiense; Fermaca, empresa mexicana que está apalancada con bancos internacionales -por lo cual un litigio, como planteaba Bartlett, iría a tribunales internacionales no solo comerciales-, y Carso, cuya participación en el mercado es marginal en la escala del corporativo, cuyos contratos con la CFE tienen condiciones particulares. 

Por insistencia del Presidente, el tema central con todas fue el de las tarifas y la extensión de los contratos. De acuerdo con personas que participaron en las negociaciones, cada empresa planteó su propuesta de ahorro, nivelada a 25 años con posibilidades de extensión, con lo cual calculaban el ahorro, y se lo dijeron al Presidente, de alrededor de 15 por ciento. El anuncio del jueves pasado reflejaría el éxito de la negociación, donde las dos partes ganaban. Pero no contaban con Bartlett.

El director de la CFE decidió que lo que quería el Presidente no bastaba, y el miércoles dijo que quería seguir discutiendo las cláusulas de fuerza mayor de los contratos. Lo que establecen los contratos es que las “fuerzas mayores” pueden durar hasta dos años, tiempo en el cual la CFE debe pagar por el servicio de transporte de gas, y que si no se resuelven, se cancelan, pero no por decisión de la CFE, sino que es facultad de cada empresa.

Esa cláusula fue uno de los pilares de la afirmación de Bartlett de que eran contratos “leoninos”, refiriéndose en particular al gasoducto Guaymas-El Oro, que cruza Sonora y Sinaloa, que entró en operación en 2017, pero que ante los sabotajes de la comunidad yaqui dejó de operar en agosto. Los yaquis afirmaron que la empresa IEnova, propietaria del gasoducto, no les había informado los detalles de la obra, pero un juez desestimó el amparo al comprobar que sí les habían informado. En agosto, Bartlett firmó una prórroga de cuatro meses a IEnova para seguir negociando con los yaquis para evitar la cancelación del contrato.

Las conversaciones de jueves y viernes arrojaron avances y puntos de entendimiento con Bartlett, que les hicieron abrigar expectativas de éxito. Las empresas confiaban en que tras la reunión con López Obrador en su despacho, podrían limpiar el resto del camino, que era poco, y que se pudiera anunciar en la mañanera. Pero no querían anticipar nada. Con Bartlett, nada era seguro.

26 Agosto 2019 03:51:00
De mañaneras, cretinos y algo más
El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a uno de sus temas favoritos, insultar periodistas. En esta ocasión le tocó a quien esto escribe, a quien llamó cretino por haber publicado una columna El Negocio de las Mañaneras, el lunes pasado, en donde se hacía referencia a que empresas estaban aprovechando el formato caótico que tienen sus conferencias de prensa matutina, para plantar preguntas, pagando 200 mil pesos a quien la formulara, para obtener del Presidente una respuesta que apoyara sus intereses particulares. Fue un denuesto gratuito. No le faltaré el respeto a López Obrador, por la investidura presidencial, ni a Andrés Manuel, como individuo, porque los vituperios no son lo mío.

La ofensa la hizo el viernes durante su mañanera en Villahermosa. En la víspera le habían hecho la pregunta en Palacio Nacional, pero había eludido una respuesta directa. En esta ocasión no solo la tomó sino que mostró su enojo, que es una apreciación subjetiva, y su desinformación, que es una apreciación objetiva. El rápido intercambio de preguntas y respuestas, fue así:

Presidente: “Nosotros tenemos que entender que la política es un imperativo ético, no puede haber un doble discurso, una doble moral. Digo esto también porque leyendo ayer (jueves), de un columnista de esos famosísimos, que eran muy famosos pero ya ahora las redes sociales están arrasando, tienen que revisar eso los columnistas famosos de antes. Decía un columnista que aquí pagábamos, repartíamos chayo de 200 mil pesos. A ver, a ver, a ver ¿cómo está eso?”.

Periodista: “¿Riva Palacio?”.

Presidente: “Sí, Riva Palacio. Imagínense la falta de respeto, que además qué desfachatez. Eso no es cinismo, es cretinismo. Pero hay que respetar a todos, ¿no?”.

Curiosa su forma de respeto. Pero veamos. El Presidente acusó: “Decía un columnista que aquí pagábamos, repartíamos chayo de 200 mil pesos”. El texto dice lo siguiente:

“… Es una conferencia sin acotamientos ni reglas de juego, donde López Obrador se lanza todos los días a la selva, donde hay interlocutores domesticados que se mezclan con profesionales de la información. Ahí era donde se encontraron las ventanas de oportunidad. Si el Presidente respondía cualquier pregunta, ¿habría manera de controlar las preguntas que pudieran afectar a una persona o a una empresa? ¿Podría haber censura previa de esas preguntas?

“No era posible tener ese control. La jungla en Palacio Nacional es real. Lo que sí encontraron, cuando menos en dos casos que han trascendido, es que si no se podía impedir una pregunta y una respuesta del Presidente, sí se podía contratar que uno de los presentes cotidianos en ‘las mañaneras’ repreguntara para lograr hacer un control de daños y minimizar la crisis que podría desatar un comentario negativo de López Obrador en cadena nacional. Por 200 mil pesos hubo personas que asisten todas las mañanas a la comparecencia del Presidente, que aceptaron la tarea de contra preguntar”.



Entonces, el Presidente se equivocó, leyó mal o le informaron peor. En el texto, para evitar confusión, desinformación o mala fe, se puntualizó: “El negocio de las mañaneras, es pertinente saberlo y tenerlo presente, no es algo diseñado o tolerado por López Obrador”. (El subrayado es mío).

La diatriba del Presidente es difamatoria porque es mentira. La columna mencionó que era una iniciativa de empresas, no de la Presidencia, y que López Obrador era ajeno a esos manejos. En todo caso, como demuestra la manipulación que hizo de él quien le proporcionó combustible para la calumnia, demuestra que “el formato que él construyó, que diariamente alimenta y que casi siempre goza, a decir por su lenguaje de cuerpo, favorece la existencia de estas estrategias que aprovechan las condiciones inéditas en las que se da la comunicación circular”.

Después de sus insultos, paradójicamente, quien esto escribe recibió más información sobre el tema: una contratista de una empresa paraestatal, ofreció dinero para que le hicieran una pregunta al Presidente, y pudiera conocer la posición de López Obrador sobre un tema específico de su mayor interés; un Gobierno estatal también pagó para plantar otra pregunta para que al ventilarse públicamente el tema de su interés, pudiera desencadenar una serie de acciones de Gobierno; y en otro caso, la crítica a una empresa la obligó a pagar desplegados en prensa para neutralizar los ataques.

La columna mostraba la vulnerabilidad del modelo de comunicación y sus riesgos, para que se pudieran hacer ajustes. Era un ejercicio normal en la prensa, alumbrar en donde se considera hay algo que debe observarse para corregirse.

En los medios no se espera agradecimiento por lo que es su trabajo, pero tampoco una filípica. En cualquier caso, este momento no deja de ser parte de la picaresca matutina y del anecdotario profesional. Sin embargo, hay una variable preocupante.

Si el Presidente decidió subirse a una locomotora y estrellarse contra un muro, con injurias sin el menor sustento y totalmente errático, la pregunta y duda es si así es como toma las decisiones que afectan la vida de 130 millones de mexicanos.

Que insulte a un periodista o a alguna otra persona es, salvo personas relevantes, un pie de página, a lo más, en la crónica de su sexenio. Pero si resuelve políticas públicas o acciones estratégicas sin información y manipulado fácilmente por sus asesores, sí tenemos un problema como país por su no método de toma de decisiones.

López Obrador mostró que le hierve la sangre y explota en retóricas violentas, sin tener datos ciertos. No es la forma como se deben tomar las decisiones, menos aún las de un jefe de Estado. Su responsabilidad requiere de eso, responsabilidad, lo menos que se le exige a un Presidente.


22 Agosto 2019 03:51:00
Fondos buitre contra López Obrador
A los flancos abiertos que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, uno enorme, con potencial devastador, está tomando fuerza. Lo paradójico es que no fue generado por él ni por sus adversarios. Esa batalla, que se libra en tribunales de Nueva York, comenzó antes de sentarse en la silla presidencial. Dos demandas presentadas en los tribunales por más de mil 700 millones de dólares fueron emprendidas por Gonzalo Gil White y la empresa que dirigía, Oro Negro. Pero Gil White, miembro de una familia de alcurnia, fue más allá y decidió jugar con todo. Vendió la demanda mayor a una sociedad secreta con lo que abrió la puerta para un litigio de fondos buitre, largo, oneroso en extremo, si se pierde el pleito.

En el mundo binario que tanto le gusta a López Obrador, esta es una batalla entre el poder viejo y el poder nuevo, que arranca en 1990, cuando Gil White y su primo José Antonio Cañedo White, fundaron Grupo Axis, el primer escalón de una red de contactos, apoyados por las relaciones familiares, que les dio acceso al capital global y les permitió lucrar de las modificaciones en el Código Fiscal instrumentadas en el último año del Gobierno del presidente Vicente Fox, por el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, padre de Gil White, que detonaron su fugaz crecimiento en el sector.

Los conflictos de interés y el respaldo de Gil Díaz a su hijo y su sobrino no fueron cuestionados. México era otro México, y en el mundo de los símbolos y los signos, eso era una combustible que aprovecharon los jóvenes para crear empresas para créditos corporativos en el sector energético, que obtenían respaldo de fondos de inversión internacionales. Gil White utilizaba el efectivo a futuro de los contratos de Pemex, su único cliente, para convencer a fondos, inversionistas y afores, de inyectarle capital y para
endeudarse.

La historia de Gil White y Oro Negro es un mapa de poder y privilegios, de conflictos de interés y protección que se extiende durante tres gobiernos. Aunque su primera empresa arrancó en los 90, en la agonía del sexenio de Fox se establecieron los cimientos que los harían despegar espectacularmente. Su primer director fue Luis Ramírez Corzo, a quien llevó Gil Díaz en la dirección de Pemex durante el Gobierno de Fox, bajo el cual nació Oro Negro en 2012. En el Gobierno de Felipe Calderón, durante la gestión en Pemex de Juan José Suárez Coppel, uno de los alumnos preferidos de Gil Díaz en el ITAM, que fue su coordinador de asesores en Hacienda, la empresa de Gil White obtuvo el registro como proveedor de plataformas petroleras, y 10 días antes de terminar el sexenio, le asignaron sus primeros dos contratos. Oro Negro iba a ser una mina de dinero.

Cinco meses después de llegado el gobierno de Enrique Peña Nieto, bajo la dirección de Emilio Lozoya, Pemex le otorgó a Oro Negro otro contrato de arrendamiento de otras dos plataformas marinas, en el inicio de una serie de asignaciones durante los primeros tres años de esa administración que les generó más de mil millones de dólares. Oro Negro y los primos Gil White y Cañedo White, eran poderosos y su apellido pesaba. Los tribunales mexicanos les dieron la razón cuando dos fondos extranjeros los deman-daron por la forma unilateral de tomar decisiones corporativas en detrimento de ellos, y soslayaron las exigencias de sus accionistas para robustecer el gobierno corporativo de Oro Negro.

Cuando el mercado petrolero se colapsó en 2015-2016, y los precios cayeron de más de 100 dólares el barril a alrededor de 40, Gil White se negó a renegociar con Pemex tarifas y contratos, con lo que comenzaron sus problemas con la empresa y los tenedores de bonos. Oro Negro no pudo pagar los créditos porque el ciclo de flujo diseñado por Gil White perdió volumen y la burbuja que creó se reventó. Los bonistas le ganaron un concurso mercantil, obteniendo la posesión y propiedad de las plataformas, y el 13 de junio pasado declararon en quiebra a Oro Negro.

Gil White debió verlo venir. Junto con Oro Negro, demandó una semana antes a acreedores, inversionistas y a personas relacionadas con su defensa, por daños y perjuicios por mil millones de dólares en el Juzgado Federal del Sur en Brooklyn, que lleva los casos más importantes de Estados Unidos, acusándolos de coludirse con Pemex para quitarle Oro Negro. Al mismo tenía la demanda contra el Gobierno mexicano al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Gil White, además, hizo algo que puede resultar una calamidad para México.

El 7 de junio, un día después de deman-dar en Nueva York, firmó un contrato con una empresa constituida un mes antes en Delaware, CM Squared ON LLC, para venderle la demanda de mil millones de dólares, por lo cual recibiría un anticipo, con lo que abrió la puerta para una demanda tipo fondos buitre, que son aquellos donde prefieren alargar un juicio que creen ganado, porque más dinero les van a pagar, que fueron el principio de la debacle financiera Argentina.

El caso está abierto y los primos son prófugos de la justicia desde julio, buscados por administración fraudulenta y abuso de confianza por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Gil White se encuentra en Coconut Grove, al sur de Miami, moviendo sus piezas y sus relaciones, que confía le alcancen para ganarle a todos. Mucha soberbia sin duda, pero si las partes en conflicto no actúan correctamente, les puede ganar la partida. Esto, sin duda, sería un desastre para México.
21 Agosto 2019 04:01:00
Texcoco, entre berrinches y leyes
El juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Juan Carlos Guzmán, tomó una decisión la semana pasada cuya alta politización oculta sus alcances. Uno de ellos podría ser que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Santa Lucía, uno de los cuatro grandes proyectos de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador, nunca se construya. El otro, que podría ser que el aeropuerto cancelado en Texcoco pudiera ser revivido como obra en algún momento. El destino de estas obras no pasa por la política. De hecho, las decisiones políticas de López Obrador soslayando la Constitución, es lo que ha puesto en un brete a Santa Lucía. Al mismo tiempo, el Poder Judicial ha sido benevolente con él. No importa lo que haga con la ley, cierra los ojos.

El juez Guzmán emitió dos resoluciones en el fallo de un amparo del colectivo #NoMasDerroches, donde suspende cualquier obra en Santa Lucía hasta determinar si la decisión del Gobierno, como señala el Artículo 134 Constitucional, “cumple con los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el gasto público”, y que mientras eso se prueba, cancela el desmantelamiento de las obras en Texcoco. La reacción del Presidente fue una vez más política y mediática, pero jurídicamente errático. “Es un sabotaje legal”, describió la acción del juez, acusándolo implícitamente de actuar de manera ilegal. Pero estas escaramuzas nos plantean diáfanos los escenarios: la política contra la ley, y viceversa, la ley contra la política.

El amparo contra Santa Lucía es parte de la estrategia del colectivo #NoMasDerroches, que encabezan Causa en Común, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, la Coparmex, el Consejo General de la Abogacía Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y México Unido Contra la Delincuencia, al que se han sumado organizaciones civiles, despachos de abogados y, como afirman, “cientos de ciudadanos”. En el campo político, son probablemente los enemigos número 1 del presidente López Obrador, y su estrategia se compone de 147 juicios de amparo para que se revise la legalidad de la cancelación de Texcoco y asegure que el proyecto de Santa Lucía cuente con todos los dictámenes y permisos ambientales requeridos.

Según el juez Guzmán, el Gobierno debe determinar si actuó en función de que Texcoco no reunía todos los preceptos indicados en el Artículo 134 Constitucional. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así fue, y tiene publicado en su home de internet un largo alegato sobre el porqué el Presidente canceló Texcoco. Todas sus afirmaciones técnicas, ambientales y financieras fueron desmentidas por las autoridades de la Administración pasada. Este documento está lleno de valoraciones subjetivas y calificativos, alineado en su retórica al discurso de López Obrador, contrario al de la dependencia, de que se canceló por actos de corrupción.

En todo caso, como lo estipula el Artículo 134, serán instancias técnicas las que evaluarán los resultados de los ejercicios; es decir, la cancelación de Texcoco y la construcción de Santa Lucía. Un abogado comentó que nadie va a auditar al Presidente, por lo que todo lo que diga no será tomado en cuenta por el Poder Judicial, que ha sido consistente en sus omisiones sobre el Ejecutivo. En ningún momento ha externado alarma, preocupación o extrañamiento por sus constantes violaciones a la Ley, como en quizás la más notable, presentar al Congreso un Plan Nacional de Desarrollo sin cumplir con los fundamentos legales. López Obrador no tiene problema en este sentido. Al tener controlado al Congreso, hace lo que quiere con la Legislatura y las leyes. Al tener amedrentado al Poder Judicial, neutraliza al otro contrapeso. Como agregó el abogado, al final se reducirá a un análisis constitucional teórico, y los jueces resolverán a modo.

Esto es lo que probablemente sucederá con Texcoco, donde los técnicos revisarán los alegatos de las dos partes para tomar su decisión. En el caso de Santa Lucía, como sugiere un observador de la industria, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes haría bien en comenzar a preparar un escenario ante la posibilidad de que pierda el amparo sobre esa obra. Recientemente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó un permiso de impacto ambiental por 28 años para la construcción de Santa Lucía, pero condicionado a que la Secretaría de la Defensa Nacional, responsable de la obra, amplíe sus estudios, porque el primero que entregó tenía 52 errores, de acuerdo con la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. 

El Gobierno no pasa ese escollo aún, que sería el primero. De acuerdo siempre con el 134 Constitucional, también deberá probar la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que la obra sea eficiente, eficaz, transparente y con honradez en el gasto público. Eficiente y eficaz falta por ver el estudio final, pero la información oficial hasta el momento señala que las metas originalmente planteadas sobre el incremento de la capacidad de pasajeros, están por debajo de lo anunciado. Tampoco se sabe el resultado final del estudio sobre la simultaneidad de operaciones con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, que según el consenso internacional no es posible. La transparencia está en entredicho, pues el Gobierno está evaluando considerar la obra de Santa Lucía un tema de seguridad nacional, con lo cual podría mantener todo en opacidad.

Si Texcoco muere en forma definitiva, la suerte de Santa Lucía no estará decidida por descarte. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, tendrá que aportar la información técnica, ambiental y financiera completa que cumpla con lo establecido en el 134 Constitucional. De otra forma, será el gran fiasco, no para el secretario, sino para el Presidente. 
20 Agosto 2019 03:50:00
‘El viernes ocurrió algo muy importante’
Una semana de ira creciente por las declaraciones de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al acusar de “provocación” actos violentos violencia desatados por la frustración de que los feminicidios crezcan tanto como la impunidad, tuvo un primer colofón el viernes, con una marcha vespertina que se salió del control de las propias organizadoras, reflejada en los medios de manera crítica el sábado, y de abundante reflexión el lunes donde la prensa se llenó de explicaciones sobre el por qué había razones objetivas en el sedimento de la explosión.

El debate se abrió en diversas tribunas. Un pensamiento que invita a decodificar y entender el momento, apareció en la página en Facebook de Conversa Mujeres Mx, un proyecto colectivo de mujeres para dialogar y reflexionar:

“El viernes vivimos emociones muy fuertes. Nos miramos entre nosotras y nos descubrimos las unas a las otras... enojadas, rabiosas, desesperadas, unidas.

Tanto que juntas perdimos el miedo. Aunque fuera por unos instantes. Es interesante pensar sobre esto. Por unas cuantas horas, de verdad, no sentimos miedo estando en la calle. ¿Cuántos momentos al día pueden estar fuera de sus casas sin tener la alerta puesta? ¿Cuándo pueden estar en la calle sin estar pendientes del potencial peligro en algún lugar de su inconsciente?

“El viernes, por unos breves momentos, la calle fue nuestra. Descubrimos que juntas somos muy fuertes. Descubrimos en la otra la rabia de una, y eso nos hizo sentir menos solas. Vimos en los ojos de desconocidas sentimientos que conocemos perfectamente. Sentimientos que nos acompañan allá donde vamos.

“Me pregunto, hermanas, quiénes se creen que somos aquellos que comentan con tanto odio hacia nosotras. De dónde creen que salimos, qué creen que buscamos para que discursen así. Quizá no sepan que somos mujeres normales, de su día a día. Somos su vecina, su prima, su amiga, su alumna, o su maestra, somos la becaria, la panadera, la trabajadora de la limpieza, la que trabaja en su propia casa, la que abrió un negocio, la que despidieron ayer que te caía tan bien, la que te atiende en el hospital cuando te enfermas, la que te vende boletos en la taquilla del cine, la que hace las películas que ves en el cine, la que trabaja en recursos humanos de tu empresa, la que te lleva en Uber...

“No, no somos alienígenas buscando joderles la ciudad, ni tampoco terroristas, no somos un grupo de mujeres despechadas, no somos un grupo de mujeres vengativas, no somos un grupo de mujeres incoherentes (somos muchas, eso debería darte una pista), no somos un grupo de narcos ni mujeres que quieren hacer dinero vendiendo cuerpos de hombres, ni tampoco un grupo de locas. Somos las mujeres de sus vidas. Aunque no lo soporten.

“Ojalá miraran a su alrededor, en sus escuelas, sus trabajos, sus familias, en sus redes sociales... a sus amigas y les dieran, al menos, el beneficio de la duda. Ojalá se preguntaran: ¿Qué será tan grave como para que un grupo inmenso de mujeres desconocidas entre sí, se organicen para vandalizar mi ciudad? ¿Qué nos quieren decir con tanta rabia que han llegado a ese nivel? ¿Qué les molesta tanto que se han expuesto así? ¿Cuánto tiempo llevaban intentando hacerse escuchar? ¿Cuántas marchas pacifistas, cuántas peticiones al Gobierno, cuántas organizaciones, cuántos comunicados?

“Me pregunto si podrán hacerse una idea de la valentía que supone enfrentarse a todos para luchar por nuestras vidas. Porque 10 feminicidios al día suponen, literalmente, un genocidio silencioso. Me pregunto, compañeras, si se han percatado que este también es un problema de clase. Porque, claro, David, el estudiante de Comunicación de la Ibero no empatiza con este problema, porque sus amigas no han desaparecido; incluso Daniela, tu compañera de trabajo que dice que ni machismo ni feminismo, no ha entendido que este problema también le afecta a ella, porque no tiene amigas que se fueran un día a la escuela y no regresarán. Porque son 10 mujeres al día menos pero en la prensa hacen eco como dos al mes. Quizá es que ninguno de ellos se da cuenta de que esa cifra no es solo una cifra. Son 10 vidas menos, pero de cuerpos que tienen menos valor que los suyos. Tan poco valor que nadie está haciendo nada. Tan poco valor que les parece escandaloso vandalizar una ciudad o quemar una comisaría por exigir que se detenga la masacre.

“Quizá ellos no tengan miedo y ellas achaquen su miedo a cosas individuales. Pero el viernes, hermanas, ocurrió algo muy importante que no debemos dejar que nos arrebaten. El viernes nos descubirmos las unas a las otras, poderosas. Y si perdemos ese sentimiento, si nos olvidamos de lo que vivimos el viernes, vamos a volver atrás. Y no podemos permitirlo. El viernes descubirmos que hay mujeres que están dispuestas a llegar a donde haga falta por nosotras. ¿Y qué hay más hermoso que eso?. El viernes hubo tanto pinche amor que nos descubrimos y ahora no podemos volver a cubrirnos.

“Spread the word. Ahora más que nunca. Júntense. Hagan colectivos, organícense. En sus escuelas, en sus barrios, en sus casas. No nos van a proteger ellos, no nos van a cuidar, no nos van a salvar. Nos tenemos que salvar nosotras y el viernes entendimos que sí podemos hacerlo. Si la guerra es por la vida, estamos dispuestas a hacerla. Porque sin guerra las que morimos somos nosotras. La paz solo es paz para algunos privilegiados que se enfurecen porque una vez al año sintieron la rabia que sentimos nosotras a diario. Y eso, que lo que tocamos fue un monumento”.

Pensemos. Aprendamos. Entendamos.
19 Agosto 2019 04:01:00
El negocio de las mañaneras
La modalidad única en el mundo de comunicación política instaurada por Andrés Manuel López Obrador en lo que se conoce como “la mañanera”, ha sido útil y funcional para los propósitos del Presidente. Aunque cualitativamente no domina la agenda informativa –aproximadamente siete de los 10 temas que trascienden a la opinión pública son los que plantean los medios–, cuantitativamente domina la conversación, lo que le permite mantener sólido el consenso para gobernar. El ritual de “la mañanera” ha ido evolucionando en la manera como la perciben sus interlocutores y generado una diversidad de estrategias para propósitos diferentes.

En un principio todo era expectativa, que rápidamente viró a ser un espectáculo que generaba angustias y temores, al ser utilizado por el Presidente para ajustar cuentas con individuos o sectores. Desde el atril convertido en patíbulo, juzgó y sentenció a empresarios y empresas, periodistas y medios, organizaciones de la sociedad civil y políticos de oposición, utilizando el terror como método de sumisión. Tuvo éxito con algunos a los que arrodilló, mientras que otros de sus interlocutores comenzaron a imaginarse formas más inteligentes para poder obtener los mejores frutos de la maravillosa oportunidad de tener todos los días durante casi una hora y media al Presidente, respondiendo todo tipo de preguntas.

De esta peculiaridad extraordinaria en la relación permanente con el Presidente, que a la vez generó la certidumbre de que en “la mañanera” siempre atacaría a una persona, organización, negocio o sector que se le atravesara en su estilo de gobernar y su proyecto de cambio de régimen, varios interlocutores comenzaron a analizar y descubrir ventanas de oportunidad para sacar un mayor provecho, más allá de lo meramente informativo, de esas comparecencias públicas. El formato ampliaba las posibilidades.

Periodistas de medios perfectamente acreditados acuden al ejercicio diario, pero una de las innovaciones en “las mañaneras”, comparado con el realizado a principios de esta década cuando López Obrador era jefe de Gobierno en la Ciudad de México, fue la inclusión y participación de personas ajenas a los medios de comunicación, pero que experimentaban con otras formas de comunicarse con la gente. La mayor novedad fue la integración –siempre sentadas y sentados en la primera fila del salón de las comparecencias–, de representantes de medios nativos digitales, todos proclives al Presidente y dispuestos a preguntar cualquier cosa para denostar a sus interlocutores críticos, lanzar lisonjas sin pudor a López Obrador, y hacerle preguntas a modo para que pueda ajustar alguna cuenta pendiente, enfatizar en una idea o desviar la opinión pública de un tema incómodo.

Lo más importante de todo es que pese a la colocación de preguntas para inyectar oxígeno político al Presidente, no hay filtro alguno. Es decir, es una conferencia sin acotamientos ni reglas de juego, donde López Obrador se lanza todos los días a la selva, donde hay interlocutores domesticados que se mezclan con profesionales de la información. Ahí era donde se encontraron las ventanas de oportunidad. Si el Presidente respondía cualquier pregunta, ¿habría manera de controlar las preguntas que pudieran afectar a una persona o a una empresa? ¿Podría haber censura previa de esas preguntas?

No era posible tener ese control. La jungla en Palacio Nacional es real. Lo que sí encontraron, cuando menos en dos casos que han trascendido, es que si no se podía impedir una pregunta y una respuesta del Presidente, sí se podía contratar que uno de los presentes cotidianos en “las mañaneras” repreguntara para lograr hacer un control de daños y minimizar la crisis que podría desatar un comentario negativo de López Obrador en cadena nacional. Por 200 mil pesos hubo personas que asisten todas las mañanas a la comparecencia del Presidente, que aceptaron la tarea de contra preguntar –en el entendido que quien temía que iba a ser balconeado de manera negativa, les entregara un menú de respuestas ante probables preguntas.

La falta de organización y control en “las mañaneras”, junto con la eterna disposición del Presidente para hablar de todos los temas y tener una respuesta para cada cuestionamiento, duda o exigencia para que tome una posición, fue vista en otro caso por un interesado que pagó para que uno de los habituales en Palacio Nacional, hiciera preguntas con intencionalidad negativa sobre una empresa competidora, en busca de una respuesta negativa. En este caso, el intento no resultó, porque ante la provocadora pregunta, López Obrador evadió la insidia.

El pagar para que se hagan las preguntas, como fue en este caso, no logró el objetivo por la forma como reaccionó el Presidente. La contrapregunta, hasta donde se sabe, nunca hubo necesidad de hacerla. El negocio de “las mañaneras”, es pertinente saberlo y tenerlo presente, no es algo diseñado o tolerado por López Obrador. Sin embargo, se puede argumentar, el formato que él construyó, que diariamente alimenta y que casi siempre goza, a decir por su lenguaje de cuerpo, favorece la existencia de estas estrategias que aprovechan las condiciones inéditas en las que se da la comunicación circular, como describe el Presidente el ejercicio, parafraseando lo que alguna vez le explicó Carlos Monsiváis, sin orden ni filtros.

También se puede argumentar que están timando al Presidente, cuyo cristianismo moldea su convicción sobre la buena fe de las personas y que seguramente jamás pensó que este tipo de arreglo pudiera construirse en “las mañaneras”. Los interesados con agendas extrainformativas han encontrado la vulnerabilidad en este evento, eje rector de su Gobierno. Influir en el Presidente es muy difícil para sus colaboradores, pero la debilidad que lo hace susceptible a manipulación es su protagonismo, verticalidad y desorden en la organización del instrumento que inventó.
16 Agosto 2019 03:51:00
Una traición dolorosa y un robo de 2 millones
Rosario Robles mostraba enjundia al iniciar la semana. “Estoy aquí para demostrar mi inocencia y confío plenamente en la autonomía del Poder Judicial”, dijo el martes por la tarde, minutos antes de comparecer por segunda ocasión ante el juez. “Como siempre se los he dicho, con las faldas bien puestas, tomando al toro por los cuernos y dando la cara”.

Sus abogados le habían dicho que con seguridad la iban a vincular a proceso, pero que no se preocupara porque estaba todo arreglado para que no fuera a la cárcel y se defendiera en libertad. Robles se los creyó, le entregó a una persona que estaba vinculada con la defensa 2 millones de pesos y tomó un avión a Europa para irse de vacaciones con su hija. A su regreso descubriría cuántos la traicionaron. En la parte más sórdida de la semana donde Robles perdió su libertad, se encuentran dos episodios desconocidos, cuyos detalles han comenzado a emerger del círculo cercano a la
exsecretaria de Estado.

Ella estaba preocupada por las acusaciones que estaba preparando la Fiscalía General por el caso conocido como La Estafa Maestra, aunque públicamente mostraba una imagen diferente. La ausencia de huellas en los documentos donde presuntamente se probaban triangulaciones con universidades y empresas fantasma, mediante las cuales se calculaba un daño al erario por más de 5 mil millones de pesos, le daba tranquilidad.

No sabía en ese momento que dos exfuncionarios que trabajaban con ella, habían declarado en su contra, inculpándola del delito. Y uno más, de quien jamás hubiera imaginado una puñalada, sospecha Robles, probablemente también la entregó, Emilio Zebadúa, su oficial mayor y quien presuntamente armó el enjambre financiero del presunto delito. Tampoco que dentro de su equipo de abogados le hicieron creer que ya habían negociado
con las autoridades.

Cercanos a Robles revelaron que los abogados le dijeron que con 2 millones de pesos podían comprar a los fiscales para que pudiera defenderse en libertad. La persona que le decían cooperaría con ella tenía un alto cargo en la Fiscalía General de la República.

Lo identificaron como Juan Ramos López, quien fue nombrado originalmente por el fiscal Alejandro Gertz Manero al frente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), y que a la salida de Felipe Muñoz de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, a fines de mayo, fue
trasladado a ese cargo.

Ramos López no es una persona bisoña. Fue subsecretario de Seguridad Pública cuando Gertz Manero encabezó la dependencia en la primera parte del gobierno del expresidente Vicente Fox, y trabajaron cerca durante los 18 últimos años. Al llegar Gertz Manero a la Fiscalía no hizo cambios inmediatos en ciertas áreas delicadas. Uno de los que parecía haber sobrevivido el cambio de Gobierno fue Muñoz, que había sido un dique para las investigaciones.

Tan pronto como fue relevado, todas las averiguaciones sobre funcionarios federales se destrabaron. Inclusive, se descongelaron pesquisas que realizó el SAT y que se encontraban archivadas desde hace cuando menos tres años, como la de Robles, Zebadúa y sus cercanos.

Si Ramos López había aceptado 2 millones de pesos, como le hicieron creer, Robles podía sentirse tranquila sobre su futuro mediato, por lo que no regresó de Italia, donde se encontraba, hasta 72 horas antes de ir a comparecer el lunes al Reclusorio Sur, por Xochimilco.

En esa idea debe encontrarse una de las razones subjetivas de su reacción y la de sus abogados, cuando el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, estimó que debía ser enviada a prisión. De acuerdo con sus allegados, Robles no entendía por qué si se había pagado a un alto funcionario para que la protegiera,
no lo había hecho.

La primera reacción de la defensa tras la decisión del juez fue explosiva, acusando al juez y al Poder Judicial de haberse erigido en un tribunal de Estado. Poco a poco, Robles se fue dando cuenta que la habían timado, aunque en su entorno no pueden ubicar con precisión el momento o el día.

Lo que sí les quedó claro es que el subprocurador Ramos López no estuvo involucrado en ningún menjurje de esa naturaleza –de haber revisado sus antecedentes, se habría dado cuenta que esa posibilidad nunca iba a existir– y que el dinero que entregó, nunca llegó ni a la Fiscalía ni al juzgado.

El engaño a Robles no ha alcanzado aún sus últimas consecuencias. Se combina con la decepción de sentirse abandonada. La exsecretaria, que se enfrentó con la parte tecnócrata del Gabinete de Peña Nieto, buscó apoyo en el secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong.

Su relación se fortaleció y tejió amistad con su esposa y con la hoy senadora Nuvia Mayorga. Uno de sus abogados, Julio Antonio Hernández Barros, trabajó con Osorio Chong como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y dos de los testigos que declararon en su contra, también pertenecían
a ese grupo político.

No está confirmado quién le mintió a Robles sobre el subprocurador Ramos López, si se es parte del equipo hidalguense o está relacionado con el otro bloque de abogados, encabezado por Xavier Olea. Pero detalles de cómo la entregaron están fluyendo y, según sus cercanos, la ha llenado de incertidumbres.

La última es sobre el rol de Zebadúa, que está amparado. Información que le allegaron esta semana indica que su entrañable amigo y viejo colaborador también está cooperando con la FGR para inculparla, lo que sería el equivalente al tiro de gracia. Estamos atestiguando que la parte oscura de su proceso es más violenta que el juicio mismo.
15 Agosto 2019 04:02:00
Larga prisión para Rosario
Los abogados de Rosario Robles están convencidos de que la exsecretaria de Estado no pasará ni dos meses en la cárcel, que es la fecha en que se prevé la segunda audiencia para desahogar pruebas. Todo indica que su diagnóstico está mal, y lo más probable, como se ve el caso de Robles en este momento, es que pase una larga temporada en prisión. No debió haber pisado la cárcel, pero los yerros de la defensa y una comparecencia ante un juez que se excedió en sus atribuciones, se combinaron para que duerma en Santa Martha Acatitla. Para entender cómo se hundió ella misma, y las dificultades que enfrentará en el proceso ante un juez en sus 15 minutos de fama, hay que empezar por el principio.

El delito por lo cual se le vinculó a proceso está en el artículo 214 fracción III del Código Penal Federal, donde señala su violación si “por cualquier acto u omisión… no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades”. En su declaración, Robles dijo que le avisó al presidente Enrique Peña Nieto “de primera mano”, en los acuerdos que tenían o a través del teléfono rojo. Es delincuente confesa. La ley especifica claramente “por escrito”, lo que nunca hizo. Dentro de la administración pública, este tipo de comunicaciones las llaman “save my ass e-mail” o “save my ass brief”, para describir cómo los informes por escrito los eximen de esa responsabilidad.
 
Robles fue omisa, y por esa razón el juez Felipe de Jesús Delgadillo le dijo que la forma como dijo informar al expresidente, no era suficiente. Su incumplimiento fue total. Para efectos judiciales, Peña Nieto no fue puesto al tanto por Robles. Su defensa también planteó que le había avisado a su sucesor, José Antonio Meade, pero una vez más, erró. El presunto delito es porque ante el estipulado legal de que “evite (los presuntos actos delictivos) si está dentro de sus facultades”, Meade no pudo incurrir en él por omisión o comisión, porque no podía “evitar” algo que ya estaba consumado; en este caso, como señala la fracción III del Artículo 214, el daño grave al patrimonio. Cuando la sustituyó en la Secretaría de Desarrollo Social, lo que se hizo mal, irregular o ilegal, ya estaba hecho.

Los yerros de Robles y su defensa no impiden ver, sin embargo, la extralimitación en la que incurrió Delgadillo, un juez de Control que cuando Robles presentó como prueba el acta entrega-recepción en la Sedesol, dijo que “era una joyita porque de este papel pueden devenir acusaciones para otros servidores públicos”. El exceso de Delgadillo fue patente al actuar como un juez de Instrucción, que es una figura que existía en el viejo sistema penal. 

El nuevo sistema penal acusatorio lo obliga a cumplir con los principios de imparcialidad, contradicción y equilibrio procesal, cuya valoración violó, además que socavó la ley que defiende porque el juez de Control no puede ordenar diligencias ni estimular y dirigir líneas de investigación, como lo hizo al pedir a la Fiscalía General que determinara antes de este viernes si era o no procedente que se iniciara una investigación, por los mismos delitos imputados a Robles, en contra de Meade, que estuvo al frente de Sedesol por poco más de un año. Con su protagonismo, Delgadillo violó la autonomía de la Fiscalía General al socavar el artículo 20 de la Constitución y sus leyes secundarias.

Visto de esta manera, si Robles fue a la cárcel de una manera clara al violar la ley, también debería de ser sancionado -administrativamente, en este caso- el juez Delgadillo, por violar el Artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su fracción VIII obliga a preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo, lo que claramente incumplió. Con el juez no va a suceder nada. Es la estrella en estos momentos, el Baltazar Garzón y el Sergio Moro de los tiempos mexicanos de la revolución de terciopelo. Tampoco se espera un extrañamiento del Poder Judicial, que si bien trata de mantener autonomía e independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, cae más veces en la sumisión pusilánime que en el equilibrio entre poderes -por lo menos hasta lo que va del sexenio.

La actitud de Delgadillo dejó mucho que desear al querer dirigir a la Fiscalía General hacia una investigación específica, que es prerrogativa única de los fiscales. También sorprendió el mutis que hicieron los fiscales ante la irrupción ilegal del juez, cuya responsabilidad tiene como fin resolver la situación jurídica de la persona sujeta a proceso, no ordenar oficiosamente diligencias. 

Delgadillo rompió de paso con el principio de presunción de inocencia de Meade, al provocar con su desafortunada declaración el llamado “efecto corruptor”, inspirado en la doctrina constitucional estadunidense, que el ministro Arturo Zaldívar, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, introdujo en 2013 para alegar a favor de la liberación de la secuestradora francesa Florence Cassez, porque el manejo de medios sobre su detención, alegó, había afectado la decisión imparcial del juzgador.

Robles se encuentra en desventaja. Pisar la cárcel, como reconocen sus abogados, no era lo que esperaban. Estaban convencidos de que sería vinculada a proceso, pero que se defendería en libertad. No será así. En las condiciones actuales, sus márgenes de maniobra legal se reducen. A las acusaciones de la Fiscalía hay 105 nuevas indagatorias que abrió la Unidad de Inteligencia Financiera en su contra. Que se arme de paciencia y sus abogados de mejor estrategia, porque la noche en la cárcel promete ser larga.
14 Agosto 2019 04:00:00
Rosario, Rosario…
Rosario Robles siempre ha sido una mujer terca. En sus luchas políticas y al confrontar a sus críticos. Es soberbia y con un carácter altivo que no siempre le favorece. Su personalidad, de alguna manera, es a la que se le puede echar la primera culpa de que haya pasado la noche en una celda de la prisión de Santa Martha Acatitla, la primera secretaria de Estado en correr por esa suerte judicial en 30 años, desde que Eduardo Pesqueira, secretario de Agricultura en el Gobierno de Miguel de la Madrid, fue detenido en el primer año del sexenio de Carlos Salinas, acusado de enriquecimiento ilícito e irregularidades cometidas durante su cargo. Desafiante, no se preparó con el rigor que debía haberlo hecho, pensando que como no había firmado nada, nada debía ni temía. Por esto mismo, la principal razón de su encarcelamiento y que su caso escalara exponencialmente es gracias a los abogados a los que se encomendó.

La confianza que depositó Robles en sus abogados defensores fue a prueba de armas nucleares. El equipo se lo recomendó Xavier Olea, el controvertido exfiscal de Guerrero, quien sugirió a sus hijos y a un despacho para que la defendieran de la acusación de la Fiscalía General que causó un daño al erario por 5 mil 73 millones de pesos. Los abogados fracasaron al cometer errores elementales. Por ejemplo, que presentaron como prueba de residencia identificaciones con diferente dirección, que fue una de las razones por las cuales el juez Felipe de Jesús Delgadillo la envió a la cárcel.

Pero la políticamente más sensible, es no haber combatido la acusación de los fiscales de que había sido omisa en frenar las irregularidades e informar a su jefe inmediato superior. La forma como sus abogados la defendieron fue decir que ella no fue omisa porque informó al expresidente Enrique Peña Nieto, de las irregularidades, señaladas por la Auditoría Superior de la Federación, mediante el teléfono rojo, como se identifica la red intragubernamental y en sus acuerdos, y de haber notificado a José Antonio Meade, quien la sucedió en la Secretaría de Desarrollo Social, por lo que la próxima semana debe presentar copia certificada del acta entrega-recepción en esa dependencia.

El acta entrega-recepción no debe ser un documento toral en el juicio a favor de Robles. Por ley, en todas las actas de entrega se incluyen las auditorías, por lo que deberá contener las observaciones de la ASF y las respuestas que le dieron. Además no son documentos secretos, porque esas observaciones se derivan del análisis de la cuenta pública. Lo que pretendían los abogados defensores, se puede conjeturar, es demostrar que al no seguir ella al frente de Sedesol, no podía solventar las observaciones realizadas por el entonces auditor, Juan Manuel Portal, y que tenían que haber sido respondidas por su sucesor.

Fue otro error de los abogados defensores. Meade presentó denuncias a partir de la información de las auditorías y sancionó donde correspondía, lo que no hizo ella en su momento. En los siguientes análisis de la cuenta pública no se repitieron las imputaciones que se le habían hecho a Robles. La Fiscalía la acusó de omisión en la supervisión de actos que resultaron en daño al erario, que no continuaron en la gestión de Meade, de acuerdo con la información pública. Mencionar sus abogados que informó a Peña Nieto y a Meade alimenta el imaginario colectivo, pero no la exime de la obligación que tenía y su incapacidad para desvirtuar los dichos del auditor Portal.

Robles fue acusada por tres exfuncionarios en la Sedesol y en la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) de que pese a ser informada de las irregularidades no hizo nada, y la forma como la defendieron solo provocó que el caso se magnifique en tribunales. Su defensa rápidamente dijo ayer que no llamaría a declarar ni a Peña Nieto ni a Meade, pero al haber sido señalados durante la comparecencia, pueden ser llamados por la Fiscalía, sobre todo porque el propio juez Delgadillo preguntó si no podrían imputar al excandidato presidencial por los mismos delitos que la acusada.

La defensa de Robles parece dislocada. La semana pasada plantearon la posibilidad de señalar como parte de las irregularidades a Ernesto Nemer, actual jefe de la bancada mexiquense en San Lázaro, quien inició el sexenio de Peña Nieto como subsecretario del ramo en Sedesol. No prosperó, cuando menos hasta ahora, porque Nemer estuvo completamente desvinculado, administrativamente, y políticamente marginado en todos los hechos que le imputan a Robles. Quería la defensa un mexiquense como acompañamiento de su cliente, pero Nemer no podrá ser.

La posibilidad de que Robles se acoja al criterio de oportunidad que prevé la ley, donde ella evita ser juzgada a cambio de cooperar con la autoridad aportando pruebas de irregularidades o ilegalidades de sus superiores, sigue abierta. La gran interrogante es si ella está dispuesta a declarar contra el expresidente, de quien es muy cercana desde que comenzó a colaborar con él en el Gobierno del Estado de México. Esa previsión de la ley abriría la caja de Pandora del Grupo Atlacomulco y conectaría, de acuerdo con personas que conocen detalles de los tratos oscuros de Robles con Los Pinos, con el expresidente Peña Nieto. Una tiene que ver con las instrucciones que recibían sus más cercanos colaboradores directamente de la secretaría particular del expresidente para el manejo de los recursos, y la otra sobre cómo un pariente de Peña Nieto se fue quedando con terrenos federales para su usufructo. De estos temas se hablará más adelante.
13 Agosto 2019 04:01:00
Antídoto contra López Obrador
Estaba tan cantada la victoria de Alejandro Moreno en la elección para presidir al PRI, que se percibió como un hecho irrelevante. No generó expectativas, ni inyectó ánimo. La carga negativa que arrastra el partido habría perjudicado a cualquiera que ganara, porque el lastre va más allá de las personas. Por lo mismo, Moreno tiene una enorme posibilidad y oportunidad para convertir la crisis en la que está el PRI a una etapa de vida, o será quien termine de enterrar al partido cuya hegemonía él vio en su fase terminal. Lo que tiene que hacer es aquello por lo que los gobernadores priistas le dieron su apoyo, al considerar que el partido requería de una cara diferente que tuviera, sobre todo, ganas de encabezarlo.

Moreno lo dejó entrever varias veces durante su campaña, cuando sus adversarios cambiaban su sobrenombre “Alito” por “Amlito”, dada la forma como el entonces gobernador de Campeche trataba al presidente Andrés Manuel López Obrador. En su defensa recordaba las declaraciones que hizo durante la campaña presidencial donde lo confrontó, buscando comprensión por la condición en que se encontraba y la necesidad que tenía para impedir castigos presupuestales. Eso ya acabó, y ahora deberá probar que ni es un apéndice de López Obrador, ni el PRI será un partido satélite de Morena.

“Alito” lo necesita hacer rápido y que la gente lo note. Requiere ganar espacio y credibilidad para recuperar votos y que en las elecciones intermedias de 2021 no se evapore el PRI. Necesita hacer espuma y que López Obrador se enganche con sus provocaciones –porque sólo con provocaciones podrá captar la atención– y, dependiendo de cómo lo ejecuta y gestiona, ganará credibilidad en su liderazgo y construirá expectativas para el PRI. De otra forma quedará sepultado por el PAN, y eventualmente será rebasado por Movimiento Ciudadano, cuya tendencia va al alza.

La única forma como puede hacerlo es aplicar la receta que siguió López Obrador cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y quería atraer la atención de los capitalinos para mostrar que estaba atento y resolviendo los problemas de la ciudad, y después, al ver el peso de su palabra, marcar agenda para construir su primera candidatura presidencial. Es decir, necesita una contramañanera. Si el Presidente ha hecho de su mañanera la forma de gobernar, el mismo formato debe ser empleado para ser oposición. Lo tradicional huele a rancio.

Hasta ahora, López Obrador tiene a la sociedad de rehén a lo que pueda hacer o decir en las mañaneras. Sus interlocutores son pasivos, y exudan temor. Salvo en los medios de comunicación, nadie ha confrontado sus hechos y dichos. Moreno no tiene que imaginarse y diseñar la forma como va a ser líder en la oposición, sino aplicar la fórmula exitosa de López Obrador. ¿Lo logrará?

No es lo mismo López Obrador que Moreno. De hecho, el único antídoto contra López Obrador sería tener como cuña al propio López Obrador. En la visión de los gobernadores priistas, “Alito” es lo más cercano que tienen a ese ideal. En el ideal de “Alito”, eso es lo que desea. La traducción operativa sería esa contra mañanera que podría tener diariamente, una hora después de que el Presidente terminara su comparecencia pública, sólo para refutarlo, mostrar sus contradicciones, imprecisiones o falsedades. Las posibilidades de atraparlo en las propias trampas que construye el Presidente son inmensas. De acuerdo con SPIN Taller de Comunicación Política, hasta ayer lunes, López Obrador llevaba 175 mañaneras –contadas únicamente de lunes a viernes–, en su joven sexenio, donde produce 245 afirmaciones “no verdaderas” por semana, de las cuales seis son claramente falsas.

Si López Obrador ha hablado en promedio 89 minutos durante esas mañaneras y controla de manera centralizada el mensaje, el discurso y el protagonismo, los márgenes de equivocación son enormes. Y algunos de esos errores son monumentales, como cuando dijo que había imprenta en México desde hacía 10 mil años, cuando en realidad Johann Gutenberg la inventó hasta 1452 en Alemania. Este lunes afirmó, como explicación del porqué el equipo mexicano había tenido tan alto rendimiento en los Juegos Panamericanos de Lima, dijo que porque las cosas ya habían cambiado, el ánimo estaba en alto y había desaparecido, salvo en pequeños grupos, el mal humor social. ¿Cómo midió el Presidente el humor social? El cuestionamiento podría ser directo, inclusive con bromas y provocaciones: ¿el humor social lo mide el índice de la felicidad del Presidente?

Moreno no tiene que ser grosero con el Presidente, pero sí presentar el contraste con sentido del humor y trabajo sofisticado, que le dé rapidez y profundidad para poder responderle casi en tiempo real. Su trabajo sería el equivalente a lo que en el Reino Unido es el gabinete en la sombra, que opera dentro del sistema parlamentario donde un grupo de expertos de la oposición, bajo el liderazgo del presidente de la Cámara de los Comunes, forman un gabinete espejo para analizar las políticas y acciones del Gobierno. La oposición en San Lázaro y el Senado no se atrevieron a poner en práctica esa iniciativa, pero Moreno tiene la mesa puesta para ello, si se decide a hacerlo.

Prominencia, reflectores, empatía y credibilidad es lo que necesita Moreno para ser un buen dirigente en tiempos extraordinarios, por las características políticas y mediáticas de López Obrador. Sin embargo, no tiene mucho espacio para donde moverse, si quiere el nuevo líder del PRI trascender, ser relevante, significar algo en la política y, sobre todo, ser un dirigente digno de la oposición y no un palero del régimen, que son las disyuntivas a las cuales se enfrentará.
12 Agosto 2019 04:06:00
Uruapan, recuerdo de la muerte
Diecinueve cuerpos desmembrados y colgados regresaron a Uruapan a la arena pública. Apurado por la prensa a una definición, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que de ninguna manera declararía la guerra a los cárteles de la droga, porque esa estrategia fracasó. Esa es la percepción pública, derivada de un error de la comunicación política del presidente Felipe Calderón, que sigue pagando el costo de la propia distracción causada por haber declarado la guerra al narcotráfico, sin anticipar que su fuerza retórica ocultaría el análisis de su estrategia a partir de sus méritos. 

La estrategia de Calderón rompió los equilibrios de los gobiernos previos con el crimen organizado, donde no enfrentaban a todos en forma simultánea, sino eran aleatorios y selectivos. Los cárteles sabían que si un sexenio les tocaba ser perseguidos, al siguiente la cacería caería sobre otros. De esa forma, pactaban entre ellos territorios y pagos de piso. En Uruapan, precisamente, eso comenzó a desbaratarse en septiembre de 2006, cuando La Familia Michoacana dejó cinco decapitados sobre la pista del prostíbulo Sol y Sombra, en desafío al Cártel del Milenio, placenta del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Semanas antes de tomar posesión, Calderón tenía un diagnóstico sobre la penetración del narcotráfico en México. Más de 80 municipios eran controlados totalmente por los cárteles en Guerrero y Tamaulipas. En Michoacán, la lucha entre criminales rebasaba al gobierno de Lázaro Cárdenas -hoy coordinador de asesores del Presidente-, y le pidió ayuda a Calderón. La DEA, en una reunión secreta en Cuernavaca en septiembre de 2006, presionó para que no fuera laxo como el presidente Vicente Fox, y combatiera decididamente a la delincuencia organizada.

La estrategia cambió. Sacó a la calle a las Fuerzas Armadas para combatir junto con la Policía Federal a todos los cárteles simultáneamente, modificando los incentivos de no pelear entre ellos para evitar la fuerza del Estado, por tener que pelear con los demás para sobrevivir el embate del Estado. La violencia se disparó. El entonces procurador Eduardo Medina Mora decía que se habían equivocado al “pegarle al avispero” sin prever que la atomización de los cárteles haría surgir grupos más pequeños y más violentos con enorme rapidez. Criticaba sutilmente al arquitecto de la estrategia, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que había adaptado lo que hicieron en Palermo, Bogotá, Medellín, Miami y Nueva York.

Calderón se vistió de militar -otro error- y endureció su discurso. García Luna explicaba que el incremento en la violencia era resultado del combate frontal, y que la estrategia consistía en ser más rápidos que los cárteles en su reorganización y reclutamiento. Afirmaba que si lo hacían bien, la incidencia delictiva bajaría. En mayo de 2011, con 2 mil 131 homicidios dolosos registrados, se dio ese punto de inflexión, y comenzó a bajar la tasa. Sin embargo, convencieron a Peña Nieto de que la violencia obedecía a que el Estado los confrontaba y prohibió combatirlos. Ocho meses después, al ver la equivocación, revocó la orden. Llegó tarde. Dejarlos en paz permitió a los cárteles su recuperación.

Uruapan es uno de sus botones, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación recuperó el control territorial y está liquidando a una de las externalidades de la guerra de Calderón, la banda de Los Viagras. El mismo error comete López Obrador. No está enfrentando a los cárteles y quiere que sean las propias organizaciones criminales las que se depuren. Dejar de combatirlos, como hizo Peña Nieto, no resolverá la inseguridad ni bajará la violencia. Permitir que opere el Cártel Jalisco Nueva Generación elevará los índices criminales y aumentará los homicidios dolosos, como se está viendo en el comparativo con los gobiernos anteriores.

Uruapan es claro ejemplo de ello. Como publicó La Voz de Michoacán el viernes pasado a propósito de los 19 cuerpos desmembrados y colgados, “asesinatos, balaceras, cuerpos embolsados, ataques a civiles y servidores públicos, calcinados, mutilados y decapitados han sido los constantes hechos de violencia ocurridos en Uruapan desde que comenzó este año”. Ha sido el semestre más violento en esa ciudad, al incrementarse 175% la incidencia delictiva, y en el primer semestre del año, casi se duplicaron los homicidios dolosos registrados en ese mismo periodo del año pasado.

La segunda ciudad más grande en Michoacán es un microcosmos del país, y un anticipo del destino al que vamos si no se corrige el rumbo. Peña Nieto dejó un desastre de país en materia de seguridad y un sistema colapsado. En el primer mes de gobierno de López Obrador, la cifra de homicidios dolosos llegó a 2 mil 474; en junio, fueron 2 mil 560. Funcionarios federales celebraron la imperceptible baja y aseguran que la incidencia decrecerá. Probablemente subirá porque a la estrategia equivocada de no combatir cárteles se le suma el factor adicional de la política de austeridad, que redujo la capacidad de fuego de las fuerzas federales, mientras que la impunidad a los narcotraficantes les da altos márgenes de utilidad para contratar más asesinos y comprar mejores armas. 

El gobierno de López Obrador va hacia el pantano en donde se ahogó el gobierno de Peña Nieto. Aun así, hay una gran diferencia entre ellos. Peña Nieto y su gobierno fueron incapaces de sanar lo que dejaron pudrir, pero nunca se plantearon como estrategia final abrazos en lugar de balazos. Dada esta visión, si no hay una reconsideración radical, de lo mal que estuvimos el sexenio pasado, estaremos peor en el futuro.

Nota: En la columna del 8 de agosto se menciona incorrectamente que Luis Vega Aguilar es diputado plurinominal. Fue registrado como tal, pero la asignación de plurinominales no le favoreció ante los resultados electorales. 
09 Agosto 2019 04:02:00
Morir en la Mixteca
La muerte en México ha pasado a ser una estadística. Estamos tan expuestos a convivir con la violencia, en la vida cotidiana o a través de la mirada de los medios de comunicación, que alcanzamos niveles de insensibilidad y déficit agudo de asombro. Nos parece tan normal la violencia en la que estamos inmersos –no distantes o ajenos-, que las escenas más dantescas han convertido el horror en memes. Preferimos fugarnos a enfrentarlo. Lo vemos bajo el prisma de la nota roja no de una sociedad enferma que ha sido instrumental de grupos de interés, que durante años han logrado aniquilar el principio del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado.

Lo vimos en Tlahuelilpan en enero, donde militares y policías federales fueron testigos de cómo decenas de personas estaban suicidándose al robar combustible de un ducto, porque les prohibieron intervenir ante el temor de provocar violencia. La inacción dejó un saldo de 154 personas muertas. No aprendemos, como lo acabamos de ver en Cohuecan y Tepexco, municipios poblanos en la puerta de la región Mixteca, donde durante 10 horas de este miércoles, la furia se apoderó de esa comunidad que cazó personas que acusaron de secuestradores. Al final de la jornada, siete nombres quedaron en el registro de las muertes que podrían haberse evitado.

La pregunta ya no es a dónde hemos llegado, sino para dónde vamos. La cronologíade la masacre, publicada por el diario digital Cambio de Puebla, da cuenta de un Estado fallido, donde las autoridad, para efectos de su responsabilidad, fue inexistente, y la fuerza militar de la Guardia Nacional o las fuerzas federales, no intimidaron a nadie, pese a que en algún momento llegaron a tener 148 elementos en la zona de violencia.

La bitácora de la barbarie empieza a las 10 y media de la mañana, cuando en el municipio de Tepexco, vecino de Cohuecan, cuatro personas privaron de su libertad a un hombre de aproximadamente 61 años, identificado por Cambio como un ganadero local. A las 11 de la mañana con 17 minutos, sigue la crónica, la Policía Municipal fue alertada por un vecino sobre lo que sucedió, y pidieron refuerzos a sus colegas de Cohuecan, al dirigirse hacia ese municipio los atacantes. Encontraron al ganadero –aún no está claro si vivo o muerto–, pero no alcanzaron a dos de los secuestradores, que huyeron por una barranca. Los otros dos detuvieron a una persona que pasaba por ahí en su camioneta. Al negarse a entregársela, le dispararon un tiro en la cabeza.

A las 12 del día y 23 minutos, según la crónica, 40 personas de la Junta Auxiliar –la autoridad comunitaria– de Los Reyes Teolco, se sumaron a la búsqueda y captura de dos de los secuestradores, a quienes en modo turba comenzaron a golpear. Habían oído que el ganadero estaba muerto, por lo que se negaron a entregarlos a las autoridades policiales. Cuarenta y tres minutos después, tomaron la justicia en sus manos y los colgaron de un tablero de basquetbol frente a la Presidencia Municipal de Tepexco. Ya había 250 vecinos en el lugar, que dijeron que sólo bajarían los cuerpos para quemarlos.

Cuarenta y un minutos después llegaron 72 refuerzos policiales municipales, la Policía Estatal y un grupo pequeño de la Guardia Nacional. Ni así entregaron los cuerpos. Las policías querían persuadirlos a que se los entregaran, pero los pobladores continuaron el avasallamiento de la autoridad. En esas estaban cuando los pobladores notaron que dos personas se escondían a orilla de la carretera y rápidamente los señalaron y juzgaron como secuestradores. La Policía Municipal los llevó a la comandancia municipal de Tepexco, pero la turba enajenada los sacó de la instalación sin que nadie se les opusiera, y ahí mismo los golpeó hasta matarlos.

A las 3 y media de la tarde, un hombre llegó a Tepexco y dijo que los dos últimos linchados trabajaban con él. Sin mayor explicación, lo acusaron de ser el líder de la banda de los secuestradores, lo tundieron a golpes y lo colgaron. Las autoridades no resolvían nada. La calma pareció llegar a esa región mixteca, mientras las autoridades aseguraban que se habían aplicado correctamente los protocolos sobre linchamientos, pero que como la gente estaba muy enojada y había gente armada, optaron por no actuar.

Abiertamente, la autoridad claudicaba de su responsabilidad primaria, proveer seguridad. Para que no sucediera algo más, desplegaron Guardia Nacional, Policía Estatal y municipales. Poco sirvió. Entre las 8 y media y las 9 de la noche, vecinos de Cohuecan y Tepexco, que no habían dejado de buscar a los llamados secuestradores, los encontraron en una barranca, los golpearon y los colgaron. La Guardia Nacional y las policías estatales y municipales, les habían dejado libre la noche para la cacería, porque como los vieron descontrolados, se replegaron.

La capacidad de fuerza policial era muy superior a la de los mixtecos enajenados, pero la instrucción fue no actuar para evitar actos qué lamentar. Decisiones políticas que no protegen vidas. No es novedad. Hace muchos años que el Gobierno perdió el uso legítimo de la fuerza, que es un derecho único, y es rehén gente como la de Cohuecan y Tepexco. Cuando se apoya el uso legítimo de la fuerza –que está regulado y se sanciona el abuso–, la respuesta colectiva es que es un acto de represión. Es falso. La interpretación es amañada e ignorante, pero sirve políticamente, a costa de muertos y proliferación de linchamientos. Muchos piensan que es mejor ese costo que el que pueda significar evitarlo. Seguiremos apáticos frente a este horror. Ya cambiaremos cuando este crimen nos pegue cerca de casa.

08 Agosto 2019 04:15:00
Con Rosario, la caldera se calienta
Si las cosas avanzan como anticipó la Fiscalía General de la República, Rosario Robles se convertirá hoy en la funcionaria de mayor rango del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en ser imputada por un presunto delito de presunción, y si no ha cambiado de opinión el fiscal Alejandro Gertz Manero, probablemente por delincuencia organizada. Robles decidió dar una batalla política en el campo mediático, entendiendo los principales términos del proceso que le quieren abrir, pero también dejando abierta la posibilidad de que podría llegar a ser un punto de negociación, que le ofrezcan el criterio de oportunidad incorporado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De seguir esa estrategia, la Fiscalía de Gertz Manero podrá encontrar una escalera al cielo.

El Artículo 256 del Código establece la aplicación del criterio “cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”. Robles ha dado muestras de que está dispuesta a cumplir con la segunda parte del enunciado, y falta ver si también lo está para aportar información que presuma delitos más graves. No le queda mucho tiempo, ni tampoco tiene mucho espacio. Su comparecencia hoy en el Reclusorio Sur obedece a la acusación de presuntos delitos investigados por la Fiscalía. Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera encontró 105 operaciones de presuntos desvíos de recursos del erario hacia empresas fantasma, por lo que próximamente habrá una nueva denuncia. 

Robles se dice segura de que está limpia de cualquier delito que le imputen, porque no encontrarán su firma en ningún documento. Sin embargo, la Fiscalía General tiene dos testigos que declararon en su contra y que trabajaron con ella en la Secretaría de Desarrollo Social, aunque forman parte del grupo político del exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong. La investigación de la UIF no tiene testigos, sino documentación sobre las triangulaciones financieras en donde aparece la mano de Emilio Zebadúa, quien fue su oficial mayor en las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

En ambos casos, las investigaciones no tienen como destino final el lucro de Robles o sus cercanos, sino la utilización de recursos para campañas políticas. De acuerdo con reportes de prensa, se le vincula al desvío de mil 300 millones de pesos para campañas políticas, en lo que se le denominó coloquialmente como “la estafa maestra”, que según el abogado de la exsecretaria, es una “ficción”. Con la nueva denuncia de la UIF, que encontró operaciones que nunca fueron vistas por la Auditoría Superior de la Federación que observó las irregularidades en las secretarías encabezadas por Robles, las acusaciones en su contra cada vez serán mayores y el caso más complejo para que pueda salir avante. 

En todo caso, podría ir a la cárcel varios años, mientras se defiende. La pregunta es si, dadas las condiciones en las que se encuentra, está dispuesta a guardar el secreto de todo lo que sabe sobre esas operaciones irregulares, aunque ella no sea responsable directa. Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, inició el camino del criterio de oportunidad, y está dispuesto a abrir la cloaca del gobierno peñista.

La puerta que puede tirar Robles y permitir que entre la Fiscalía para subir la escalera es la de Ernesto Nemer, a quien el entonces presidente Peña Nieto le impuso como subsecretario del ramo, y cercano a Luis Miranda, quien fue subsecretario de Gobernación y secretario de Desarrollo Social. Nemer acompañó a Peña Nieto desde que comenzó a escalar en el Estado de México, y fue su coordinador de campaña para la gubernatura. Junto con Miranda trabajó en la operación política para que alcanzara el poder mexiquense y manejaron las elecciones intermedias en el estado y la campaña presidencial.

En aquellos años mexiquenses, el dinero era todo. Aquel grupo guardaba millones de pesos en efectivo en sus bóvedas, donde acumulaban los recursos por lustros, incluso hasta una década, para ser utilizados más adelante. Al llegar al Ejecutivo federal, no hubo muchos cambios en las actitudes. Miranda fue el gran ejemplo cuando, después de muchos desencuentros con la Coordinadora magisterial, sacó la chequera del Gobierno y les repartió dinero para que dejaran de oponerse a la reforma educativa. 

El dinero político de Peña Nieto tenía un cajero, Luis Vega Aguilar, secretario de Finanzas en el gobierno mexiquense de Peña Nieto, y a quien puso en la Secretaría de Finanzas del PRI, donde fue el responsable de la Operación Zafiro, revelada por Mexicanos Contra la Corrupción, mediante la cual presuntamente se desviaron 650 millones de pesos de siete estados, a través de 12 empresas fantasma, para campañas priistas. En la investigación sobre los desvíos de Robles aparece también Vega Aguilar, a quien -como a ella y a Zebadúa- el viernes pasado le congelaron sus cuentas bancarias. Vega Aguilar fue protegido por Peña Nieto haciéndolo diputado, como hizo también con Nemer, sobre quien hay sospechas de su participación en “la estafa maestra”.

La carta de Robles para minimizar el daño jurídico, porque el político y su reputación están hechos añicos, es el criterio de oportunidad para revelar el enjambre que hicieron los mexiquenses durante el sexenio de Peña Nieto. Hacerlo sería reconocer culpabilidad, pero no habría consecuencias legales para ella. Si decide por esa estrategia, podría aportar evidencias para que la Fiscalía y la UIF actúen legalmente en contra de la élite mexiquense, en España o en San Lázaro. Su valoración será personal y política, sin olvidar, como parece ser hasta ahora, que está tragándose todo lo que hizo y lo que no.
07 Agosto 2019 04:01:00
Nos quieren ver la cara de tontos
Desde el domingo pasado, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llena la arena pública con un discurso que a primera vista refleja un compromiso pleno en la defensa de los mexicanos en el exterior, y muestra indignación ante el asesinato de ocho conciudadanos por parte de un supremacista en El Paso. Su retórica escala con los días.
Dice que analizan si acusan al asesino por terrorismo, sugiere su extradición y plantea el interés de saber si Patrick Crusius tenía cómplices, porque el Gobierno está preocupado que haya más personas que piensen como él. La secuencia de intenciones es absurda. No porque Ebrard lo sea, sino porque quiere vernos la cara de tontos. De acuerdo con el Artículo 19 de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, México no tiene jurisdicción en otro Estado, pero le ayuda al Gobierno a desviar la atención de los temas que lo aplastan: la inseguridad y el deterioro económico.

Los señuelos son tragados por muchos, por el horror de la matanza de El Paso y la cercanía por las víctimas mexicanas. Ebrard juega con las emociones, propias de un Gobierno que las transmite todo el tiempo para construir el consenso para gobernar, dentro de una aparente estrategia que estimula el sentimentalismo para olvidar otras preocupaciones y angustias. La empatía del Gobierno para con las víctimas se traduce en empatía de la sociedad con su Gobierno, que ha caminado estos días por un sendero donde no se mete con el presidente Donald Trump, pese al repudio generalizado en su país y el mundo por no comprometerse con una reforma para el control de armas, al tiempo de desplegar juegos pirotécnicos mediante la retórica.

Insistir que quieren acusar a Crusius de terrorismo, es una táctica de distracción. La discusión pública sobre terrorismo doméstico en Estados Unidos, como se ha clasificado políticamente el ataque, no significa que vayan a acusar al asesino de terrorista. Estados Unidos tiene una ley sobre terrorismo doméstico, pero las autoridades texanas no tienen necesidad de ser demagogos y tampoco perderán el tiempo con acusaciones que magnifican el homicidio, pero son jurídicamente vulnerables. Crusius fue acusado de homicidio calificado, y habrá nuevas acusaciones una vez que concluyan las investigaciones y se presenten a un gran jurado del condado de El Paso. El fiscal quiere imputarle el delito de crimen de odio y pedir la pena capital. 

En ningún momento han hablado de acusarlo por actos terroristas. La ley de terrorismo doméstico no incluye en esa categoría a los asesinatos masivos. Un fuerte debate en Estados Unidos es que esta insuficiencia refleja racismo, al calificar a jihadistas como “terroristas” por ser musulmanes, mientras los terroristas estadunidenses son “lobos solitarios”. No existe tampoco una ley internacional sobre el terrorismo, porque no hay acuerdo sobre su definición. 

Ebrard dice que, para México, Crusius es “terrorista”, y plantea extraterritorialidad. Adelanta querer su extradición, pero es un ardid mediático. Aunque el asesinato no fue necesariamente aleatorio por la amenaza contra los “hispanos” en su manifiesto, los abogados del Gobierno mexicano tendrían que probar que Crusius iba directamente a matar a las personas que asesinó. La Fiscalía General, en todo caso, no tiene competencia, y la valoración sobre la acusación chocará con esa realidad.

Todo esto lo saben Ebrard, el fiscal y el Presidente. No son ignorantes ni ingenuos. Es un juego de espejos. Lo más básico de la estratagema es la “preocupación” de que haya más personas que piensen como Crusius. Sobra. Ese pensamiento existe desde la Colonia en Estados Unidos, que motivó la Guerra Civil que no resolvió el problema, que se arrastró en el siglo 20 y no ha cesado. El canciller juega para la gradería en la construcción de percepciones. Que la atención se centre en El Paso, no en México. Los problemas están afuera, no adentro. Regresamos a los 80, cuando el sistema político forzaba a hablar mucho de lo exterior para no hablar de lo interior.

Sin embargo, en el mediano plazo, este discurso podría ser contraproducente para el Gobierno. El artículo 139 del Código Penal Federal establece prisión de 6 a 40 años y hasta mil 200 días de multa, por los delitos que resulten, “al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación”.

Elevar la atención de los mexicanos sobre la posibilidad de acusar de terrorista a quien comete ese tipo de crímenes, abre una puerta en México. Por ejemplo en Minatitlán, donde en abril hubo una matanza de 14 personas confundidas con un grupo de narcotraficantes. Un comando hizo lo mismo que Crusius: utilizó armas largas, disparó aleatoriamente y causó terror. Bajo el criterio de Ebrard, también son terroristas. 

Los familiares de las víctimas de Minatitlán podrían acusar a los asesinos de terrorismo de acuerdo con el Código Penal, e ir más allá y acusar de omisión a las autoridades estatales y federales para resolver la matanza, y de probable complicidad del Gobierno federal porque no combate narcotraficantes. Crusius y los sicarios son lo mismo, aunque lo fraseen diferente. La estrategia que dice Ebrard seguirá en El Paso, podría ser replicada en contra del Gobierno en Minatitlán. No sería este el único caso, pero la verborrea demagoga de las autoridades lo presentan involuntariamente como un posible arquetipo para juicios por terrorismo en México.

06 Agosto 2019 04:02:00
Desgaste presidencial
Quienes observaron al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa el lunes desde Valle de Bravo, pudieron haber apreciado a una persona que se veía desaliñada, con ojeras notorias y un rostro de fatiga. Se podría entender porque sus horas de sueño, para las cuales es muy disciplinado, se alteraron por la matanza de mexicanos en El Paso. Gobernar a México ha resultado bastante más complejo de lo que pensaba el Presidente, aunque públicamente dice lo contrario. La permanente molestia contra la crítica en los medios exuda frustración ante la observancia de sus yerros, limitaciones y contradicciones, lo que se ha reflejado intramuros. Uno de sus más leales colaboradores admitió que ya prácticamente nadie le dice nada en las sesiones masivas previas a las mañaneras, porque no quieren que los regañe y descalifique en público.

El Presidente sufre un desgaste pronunciado. En febrero, López Obrador alcanzó un máximo de aprobación al llegar a 81%, que representaba 27 puntos arriba del porcentaje de mexicanos que votaron por él en la elección presidencial. Para la medición de junio, había caído 15 puntos, una tasa que se mantuvo estable en julio, de acuerdo con la encuesta de aprobación presidencial publicada por El Financiero este lunes. Es un margen importante que mantiene el consenso para gobernar, pero está lejos de ser una cifra extraordinaria. De hecho, es apenas un punto más de lo que tuvieron Vicente Fox y Felipe Calderón al medirse el primer semestre de sus presidencias. Fox cayó durante su primer año de gobierno, pero Calderón se mantuvo. La duda es qué sucederá con López Obrador.

Si se realiza una proyección a partir de la encuesta de El Financiero, la probabilidad de que López Obrador siga cayendo es alta. Esta afirmación es casi un pleonasmo. Cuando se ha llegado tan alto en las encuestas, se aplica la mecánica clásica de Isaac Newton: todo lo que sube, tiene que caer. La gravedad política de López Obrador muestra claramente esa caída. El porcentaje de aprobación de 66% es el principal dato duro del estudio, pero no refleja el desgaste. Para verlo hay que comparar los resultados de esta última medición con la que hizo el periódico al cumplir el Presidente 100 días en el cargo. 

En los rubros torales donde existe la pregunta expresa, la aprobación de López Obrador cae y el desacuerdo sube. El más pronunciado, paradójicamente, fue su caballo de batalla durante tres campañas presidenciales: la corrupción. A la pregunta si veían muy bien/bien (MB/B) el combate a la corrupción, 53% aprobó las acciones presidenciales en su corte a los 100 días, mientras que 24% lo desaprobaba y lo calificaba de muy mal/mal (MM/M). En la encuesta de julio, la respuesta MB/B se desplomó 37 puntos (21% aprobó), y la MM/M se elevó 27 (51% desaprobó). 

A los 100 días de Gobierno, 58% de los encuestados calificó la seguridad pública como MB/B, contra 22% que la pensaba MM/M, pero en julio, las cifras se habían invertido: 33% respondió MB/B y 42% dijo MM/M, lo que significó una caída en la aprobación de 25 puntos, y un incremento de 20 puntos en la desaprobación. En el tema de la economía, a los tres meses 53% dijo que la conducción económica era MB/B contra 24%, que al responder MM/M reprobaba esa gestión. Tres meses después, la respuesta MB/B cayó 30 puntos (23% de aprobación de los encuestados) y la respuesta MM/M subió 27 puntos (51% de desacuerdo). Los niveles de satisfacción cayeron 16 puntos en la aprobación, y se elevaron 12 puntos en el desacuerdo.

La encuesta de julio reflejó insatisfacción en cómo está enfrentando la pobreza -otro de sus compromisos históricos-, la salud, los apoyos sociales, la educación y la obra pública, que de alguna manera se pueden explicar por los recortes presupuestales en todas las áreas, las deficiencias en la asignación de recursos para la compra de medicinas, el subejercicio y la desorganización dentro del Gobierno que impactó en la no entrega de los programas sociales, así como al parar la construcción, se deshidrató la economía. Dos datos duros del estudio que refuerzan estos desacuerdos tienen que ver con la percepción de los colaboradores del Presidente, donde 39% respondió a la pregunta cómo calificaría al Presidente, con MM/M, contra 35% que dijo MB/B, y la forma como perdió respaldo en su capacidad para dar resultados, donde si bien 45% respondió MB/B, 35% dijo MM/M. 

El Presidente mantiene altos niveles en sus principales atributos, honestidad (58% de aprobación, contra 24% de desacuerdo), y liderazgo (53% de aprobación, contra 32% de desacuerdo), pero al revisar los resultados en el manejo de los temas, cabe la interpretación de que el discurso del Presidente de que todo lo malo que existe es culpa del pasado, está perdiendo efectividad. Los mexicanos empiezan a no creerle, y a cuestionarlo sobre promesas incumplidas, como muestra la mala calificación en el rubro de la corrupción. No le ayudaron para mejorar esa percepción, según refleja la encuesta, los procesos contra la exsecretaria de Estado Rosario Robles, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, y el abogado de las élites Juan Collado.

La medición no prende los focos rojos al Presidente, pero sí es una llamada que requiere su atención. El desgaste tiene que ver con el discurso y su comunicación política, que empieza a mostrar vacuidad e ineficiencia. Los sofismas también han perdido efectividad. La ventaja es que apenas lleva siete meses en el Gobierno, y tiene suficiente tiempo para corregir y administrar de manera más inteligentemente las expectativas -si admite que está mal y va mal.
05 Agosto 2019 04:00:00
Hasta a los de casa muerde
La Fiscalía General de la República es tan autónoma, tan independiente, que hasta a los de casa muerde. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, da muestras inequívocas de su poder y lleva algunas cosas hasta lo inverosímil. De esta manera, se le fue encima a la Secretaría de Hacienda y quiere llevar a la cárcel dos funcionarios y dos exfuncionarios del Instituto de Administración de Avalúos Nacionales porque se negaron a entregarle sin sustento legal seis inmuebles que la vieja Procuraduría General de la República puso a su disposición tras los sismos de septiembre de 2017, porque no estaban en condiciones de seguir siendo utilizados y el riesgo que significaba para cientos de personas.

Gertz Manero quiso forzar las cosas mediante el amedrentamiento que, para algunos, puede convertirse fácilmente en terr-or ante la posibilidad de ir a la cárcel. Cuando el Indaabin, el acrónimo del Instituto, se negó a restituir por la fuerza y al margen de la ley los inmuebles, la Fiscalía General inició de oficio la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000397/2019, y giró citatorios a cuatro personas para entrevistarlos en calidad de testigos –una ca-tegoría donde no pueden dejar de ir a comparecer porque entonces violarían la ley–, y quería imputar a dos altos funcionarios del instituto quebrantar los artículos 214 fracción IIII y el 217, fracción I del Código Penal Federal.

El primero se refiere a que conociendo por razón de su empleo que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la administración pública federal, por cualquier acto u omisión no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades. El segundo al servidor público que ilícitamente otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, con recursos públicos.

A quien tiene en el umbral de la imputación es al director general de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, Alan Daniel Cruz Porchini, y al expresidente del Indaabin, Julio César Guerrero Marín. Los dos fueron citados a comparecer el jueves pasado –aunque se suspendió la audiencia–, junto con Luis Gregorio Ojinaga de la Luz, director de Gestión de Uso de Inmuebles, y a Angélica Vargas Béjar, en ese entonces subdirectora de Evaluación y Usos Alternos del instituto. De la lectura de la documentación del caso, se puede argumentar el uso abusivo de la autonomía del fiscal, al grado de que pueda criminalizar a funcionarios porque cumplieron con la ley.

Todo comenzó el 1 de febrero de 2018, cuando la extinta PGR puso a disposición del Indaabin de manera voluntaria seis inmuebles porque no podían seguir siendo utilizados, luego que los dictámenes estructurales realizados tras los sismos de septiembre de 2017 establecieron que no podrían seguir ocupados y sugerían su desalojo. Entre estos se encontraban los edificios principales sobre Paseo de la Reforma, otro más donde estaban áreas sensibles de investigación e inteligencia, y tres adicionales, todos ellos en la Alcaldía Cuauhtémoc. La puesta a disposición y la entrega-recepción de los inmuebles se hicieron conforme a la Ley General de Bienes Nacionales. La entrega física de los inmuebles se concluyó en octubre y noviembre del año pasado.

La extinta PGR propuso su venta y que los recursos se le etiquetaran, pero al no te-ner facultades sobre ese tipo de decisiones, no procedió. Entonces, en acatamiento de las normas, el Indaabin notificó a todas las instituciones del Gobierno federal sobre los inmuebles para conocer si había interés en alguna de ellas para que le fueran transferidos. Al no existir interés alguno, conforme a la norma de que en ese caso dictaminara el mejor uso y aprovechamiento de los inmuebles, concesionó cuatro de ellos a privados que invertirían en ellos y los rehabilitarían, sin que dejaran de ser patrimonio federal.

En marzo comenzaron los problemas. Francisco Sáenz de Cámara, coordinador de Planeación y Administración de la Fiscalía, le pidió a la Oficialía Mayor de Hacienda que se le restituyeran los inmuebles y solicitó al Indaabin que evaluara la solicitud. El 15 de abril, la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, le envió a Sáenz de Cámara la respuesta del Indaabin, donde detallaba los resultados de los dictámenes estructurales, las recomendaciones de desalojo y los procesos de concesión, concluyendo que “no resulta procedente atender de manera favorable la solicitud”.

La respuesta de la Fiscalía fue ir tras los que consideraba responsables. Gertz Manero no actuó en contra de Buenrostro o del presidente del Indaabin, Luis Mariano Cortés, sino contra su antecesor y contra funcionarios de segundo nivel del Gobierno actual, y omitió incluir en la carpeta de investigación las respuestas de Buenrostro y de Cortés a la Fiscalía, con lo cual el Mi-nisterio Público Federal, obtuvo información parcial, donde se puede argumentar manipulación de la justicia.

La audiencia original para los testigos y los imputados fue diferida para el 1 de agosto, porque el juez consideró que la Fiscalía General incumplió el Código Nacional de Procedimientos Penales al no proporcionar en tiempo copias de la carpeta de investigación a los imputados, con lo cual no podían armar una defensa adecuada. Se desconocen las razones por las que el miércoles pasado se dio un nuevo aplazamiento de la audiencia.

La actitud de Gertz Manero recupera sus batallas intramuros en el Gobierno de Vicente Fox, por lo cual abrir fuego amigo contra Hacienda no es algo insólito en él. Hace unos 15 años ganó en primera instancia su pleito, pero después lo perdió. Aquello debería haber sido una lección, para recular hoy en su pretensión y buscar una forma no arbitraria de salirse con la suya.

02 Agosto 2019 04:00:00
El rencor del Presidente
El presidente Andrés Manuel López dice que no es vengativo. Pero de que guarda un profundo rencor por lo que sucedió en la elección presidencial de 2006, no hay duda. López Obrador tiene muy bien identificados a quienes no ve como adversarios sino como enemigos, los expresidentes Carlos Salinas y Felipe Calderón, con quienes tiene un diferendo histórico y, todo sugiere, está en proceso de ajustar cuentas. Lo transpiró ayer en su comparecencia ante la prensa cuando le preguntaron sobre Rosario Robles, y si seguía pensando que era un chivo expiatorio.

“Sigo pensando lo mismo, que los responsables de la tragedia nacional son los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado, nada más que ya no puedo decirles como les decía antes”, dijo. O sea, “la mafia del poder”.

La pregunta sobre Robles fue fraseada de una manera extraña, donde no se inquirió directamente sobre la investigación, pero le abrió a López Obrador el contexto para regresar 12 años en la historia. “Si no se hubiese llevado a cabo el fraude del 2006, no estaría el país como está”, agregó.

“Ese fraude causó muchísimos daños porque impusieron a Calderón. Nosotros hicimos un compromiso que no íbamos a desatar la persecución, no es mi fuerte la venganza, ni siquiera a los que nos hicieron mucho daño, no solo el daño personal, no sólo porque me robaron la Presidencia, sino porque por ese fraude hundieron al país”.

López Obrador no supera la elección presidencial de 2006, que perdió ante Calderón por sólo 243 mil 934 votos. Nunca admitió el resultado y profundizó un conflicto postelectoral para solicitar, por fuera de la ley electoral, que hubiera un recuento general de votos. Calderón envió a un emisario, Florencio Salazar Adame, un expriista que se sumó a su campaña, para hablar con dos personas cercanas a López Obrador y proponerle que abrieran todas las urnas y recontaran todas las boletas, con la condición de que quien resultara perdedor, aceptaría la derrota. Como respuesta solo hubo silencio.

López Obrador revivió ese año con toda fuerza, pero en un contexto donde están alineándose las cañoneras. Salinas es a quien responsabiliza primariamente de “imponer” a Calderón, y “robarle” la elección, tras una embestida para descarrilar su campaña presidencial al difundir escandalosos videos producidos por el empresario argentino mexicano, Carlos Ahumada, a quien el abogado Juan Collado llevó ante el expresidente para entregárselos y fraguar el desprestigio de López Obrador.

Collado está en la cárcel enfrentando un proceso por supuestos nexos con la delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que Ahumada, de la nada, volvió a la escena pública criminal, al desempolvar la Fiscalía General una denuncia de Robles en su contra por la falsificación de documentos y la firma apócrifa de un pagaré, que había desestimado la vieja Procuraduría General de la República en 2013.

Entonces, lo que tiene es al autor intelectual y material de los videos políticos donde aparecía el secretario particular de López Obrador, René Bejarano, recibiendo miles de pesos, y a su secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, jugando en Las Vegas, así como al facilitador del encuentro con Salinas, en la picota. Los dos expresidentes no tienen cargos en su contra, pero ya los colocó López Obrador en la línea de fuego.

Los videoescándalos son una historia de intriga. Comenzó su difusión en marzo de 2003, cuando Ahumada estaba siendo perseguido por López Obrador, que empezó a cerrarle sus empresas y cancelarle contratos en la Ciudad de México. Ahumada había financiado campañas políticas del PRD, incluida la de López Obrador para el Gobierno del entonces Distrito Federal, y como pago le habían dado contratos de obra pública.

Rosario Robles lo metió al partido y Ahumada amplió sus financiamientos. Bejarano no era el único. Le da miles de pesos a Carlos Imaz, en ese entonces esposo de Claudia Sheinbaum –y les pagó una vacación en París, en el espectacular George V–, y a Horacio Duarte, que fue representante de López Obrador en viejo INE y actualmente es subsecretario de Trabajo.

La persecución de Ahumada se originó cuando suponía el entorno del entonces jefe de Gobierno, financiaría la cuarta intentona presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas, cruzándosele López Obrador. Ahumada, soberbio e ingenuo, decidió ponerse en manos de Salinas, confiando en que sus videos le impedirían llegar a la Presidencia. Lo dañaron, pero prematuramente.

A Ahumada todos los desecharon por ser un lastre, pero la lucha en las élites continuó. López Obrador revivió ayer esa afrenta y describió a sus enemigos políticos.

Salinas está residiendo en Londres, Calderón en la Ciudad de México y Ahumada, que tiene órdenes de aprehensión en este país, en Buenos Aires, donde ha querido replicar lo que hizo en México, ante la preocupación del Gobierno del presidente Mauricio Macri.

Collado está en la cárcel, y aunque se le relaciona más con el expresidente Enrique Peña Nieto, es el tronco del que se pueden desgajar las ramas. Es él portador de los secretos patrimoniales de toda una generación de priistas, no sólo los que se ven hoy en día, sino otros más, muy influyentes en su momento, que se cruzan a su vez con empresarios metidos en el sector minero, energético y de medios de comunicación, enemigos del Presidente.

Calderón no forma parte de ese grupo, aunque López Obrador lo vincula por la elección de 2006. Es una externalidad revigorizada del rencor de López Obrador, que se reflejó de manera evidente en su tono, retórica y lenguaje de cuerpo, al enseñar que esta vieja guerra que reabrió ayer, no tiene luz al final del túnel.
01 Agosto 2019 04:03:00
Los amigos (extorsionadores) de Lozoya
En el verano de 2015, Emilio Lozoya, el entonces muy poderoso director de Pemex, me recibió con la indignación contenida en su oficina. La reunión pactada para hablar de la empresa se convirtió en un reclamo, al haber puesto en entredicho la integridad de dos personas muy cercanas a él, que trabajaban en la paraestatal. Lozoya quería refutar una columna sobre la corrupción en Pemex publicada en julio, en donde se señalaba a sus amigos, Froylán Gracia, coordinador ejecutivo de la Dirección General, y Arturo Henríquez Autrey, director de Procura y Abastecimiento de Pemex, responsable de las adquisiciones. En aquel encuentro incómodo, Lozoya dijo responder plenamente por la honestidad de los dos. La columna que motivó la reunión decía:

“Nadie quiere decir en voz alta lo que para algunos es un escándalo palaciego: la confrontación entre dos secretarios de Estado, Luis Videgaray de Hacienda, y Pedro Joaquín Coldwell de Energía, con el director de Pemex, Emilio Lozoya. Los temas son variados: mala gestión en Pemex y corrupción. Hay incluso una investigación sobre funcionarios de la empresa por presuntas ilegalidades, como comisiones multimillonarias por entrar a la licitación petrolera, o pagos para conseguir citas con Lozoya…

“Varios inversionistas mexicanos y extranjeros se han quejado en los últimos meses de abusos por parte de mandos en Pemex. Funcionarios federales dijeron que el secretario de Energía investigó denuncias de que uno de los colaboradores más cercanos a Lozoya le pidió 7 millones de pesos a un empresario petrolero mexicano para conseguirle una cita con el director de Pemex. Otro caso se dio el año pasado, cuando representantes de una empresa petrolera texana estuvieron en Pemex para preguntar detalles sobre la Ronda Uno de la Reforma Energética. Les pidieron 20 millones de dólares… Los petroleros se negaron y dejaron de interesarse en los campos que se pondrían a subasta meses después”.

En 2015, la corrupción ya tocaba los pisos más altos en Pemex. Lozoya lo negaba y decía que sus colaboradores no tenían ninguna razón para pedir dinero, porque riqueza tenían de antemano, sobre todo Henríquez Autrey, cuya familia cercana, Autrey Maza, se habían asociado con Alonso Ancira para quedarse con Altos Hornos de México, que se privatizó en el gobierno de Carlos Salinas. Ancira se encuentra en España, perseguido por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por presunto lavado de dinero en relación a la venta de Agro Nitrogenados a Pemex, por el cual la Fiscalía General acusa a Lozoya de corrupción.

Sin embargo, Henríquez Autrey, de acuerdo con información confirmada –en aquella columna de 2015 apenas se esbozaba– se dedicaba a actividades que iban más allá de sus responsabilidades oficiales. El responsable de compras de Pemex extorsionaba a dueños de empresas que tenían relación con la paraestatal. El amigo de Lozoya pedía cuatro millones de dólares mensuales a empresarios que, decía, eran en realidad para el director de Pemex. Gracia, quien era el que cobraba por citas para ver a Lozoya, formaba parte de este círculo. En una casa en la colonia Nueva Anzures, no lejos de Pemex, era a donde se entregaba el dinero en efectivo. Esa casa tenía cámaras escondidas para videograbar a todas las personas que llegaban a ella. Ahí llegaban a llevar mujeres eslavas para divertimento de políticos o empresarios, quedando los videos como seguros de vida o, eventualmente, para extorsiones.

Hernández Autrey renunció a Pemex en septiembre de 2015, luego que se dio a conocer en los medios una fotografía tomada en 2013 en Los Cabos, con Amado Yáñez, socio mayoritario de Oceanografía. La fotografía fue proporcionada por Martín Díaz, socio de Yáñez, de quien se había distanciado. Las imágenes mostraban un ambiente de camaradería lo cual, cuando menos, generaba la percepción de un conflicto de interés. Era todo lo contrario, la PGR del entonces titular Jesús Murillo Karam, recibió información de que Yáñez era uno de los empresarios a los cuales estaba extorsionando Henríquez Autrey a nombre de Lozoya, y que ese encuentro terminó muy mal, pues el empresario petrolero se negó a seguir pagándole a la extorsión. Meses después de ese choque, Lozoya acusó a Yáñez de fraude y logró que lo detuvieran. El dueño de Oceanografía recuperó la libertad en 2017.

Las investigaciones por la venta de citas para Lozoya no siguieron adelante. Tampoco se procedió en contra de Gracia ni de Henríquez Autrey. Aunque el director de Pemex tenía en contra a Videgaray, el alter ego del Presidente, la relación de Lozoya con Enrique Peña Nieto estaba anclada en intereses económicos superiores que incluían servicios a la familia presidencial. En una ocasión, la segunda vez que Videgaray le pedía la renuncia de Lozoya, Peña Nieto le respondió que era la última vez que le permitía hablar del tema, y que no lo cesaría. Toda la información que acumuló Murillo Karam contra Lozoya se congeló. La que construyó el exprocurador Raúl Cervantes en los temas relacionados con Odebrecht, también. El caso contra Lozoya fue congelado por el último encargado de despacho en el Gobierno de Peña Nieto, Alberto Elías Beltrán.

La corrupción en Pemex fue el pri-mero de los grandes casos en los que intervino Gertz Manero. Según personas que conocen la investigación, no es el más sólido sobre Lozoya, pero es el principio. Lozoya, que decía tras salir de Pemex que si lo abandonaba Peña Nieto, hablaría todo lo que sabía, tiene abierta la amenaza. La duda persiste si se va a entregar próximamente a la Fiscalía, y si esta procederá contra sus colaboradores. Pero la información que tiene es nuclear contra un gobierno que avaló o que hizo cómplice por omisión, al ex director de Pemex.
31 Julio 2019 04:06:00
La cobardía de Lozoya
Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), dio la cara a la opinión pública desde la clandestinidad, al responder un cuestionario que le presentaron conjuntamente los diarios Süddeutsche Zeitung, de Münich; Tamedia de Zúrich y el portal Quinto Elemento Lab, de la Ciudad de México. Lozoya dijo que había una persecución política contra él y su familia, calificándolo como un “ataque cobarde y sin fundamentos”. El cuestionario que le presentaron los medios fue devuelto, ya respondido, tres días después de que detuvieran a su madre en Alemania, por petición de la Fiscalía General de la República (FGR).

“En dicha persecución política atacan a mi familia. A mi madre se le acusa que haya recibido dinero de alguna cuenta mía antes de que yo fuera funcionario público”, afirmó Lozoya en su defensa epistolar. “¿Qué clase de delito es ese? Además de los delitos que se nos imputan no ameritan prisión preventiva en México, pero a pesar de eso el Gobierno le mintió o se coludió con un juez en México para general órdenes de aprehensión”.

Las respuestas de Lozoya no se inscriben en las motivaciones que llevaron a la FGR a solicitar las órdenes de aprehensión. Según funcionarios federales, las órdenes en las cuales aparece relacionada su madre tienen que ver con el Caso Odebrecht, donde varios de sus ejecutivos declararon ante la Fiscalía brasileña que investiga la corrupción del conglomerado de la construcción, que le entregaron 10 millones y medio de dólares entre 2012 y 2014, presuntamente para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y para obtener contratos durante ese gobierno. La imputación en México es como autor material de lavado de dinero, que es un delito que no alcanza fianza.

El proceder de Lozoya no sorprende. Las propias autoridades mexicanas están asombradas que el exdirector de Pemex esté más preocupado en él que en su familia, toda vez que sabía de la existencia de un voluminoso expediente que había sobre él. No hay sorpresas en ello.

Lozoya fue a ver al fiscal general Alejandro Gertz Manero antes de que el caso se enredara y saliera la orden de aprehensión en su contra. Gertz Manero le pidió que declarara, pero Lozoya le respondió que él era inocente y, como insiste públicamente, no había cometido ningún acto de corrupción. El fiscal le insistió, mostrándole el voluminoso expediente, que tenían evidencia que lo inculpaba. Lozoya se mantuvo en su posición.

De acuerdo con los funcionarios federales, ante la decisión de Lozoya de no declarar y de fugarse de la justicia, se siguió con el proceso que terminó con la orden de aprehensión de su madre por el presunto delito de lavado de dinero y asociación delictuosa, y la emisión de una ficha roja de Interpol para la ubicación de su esposa, su hermana y una corredora de bienes raíces que participó en operaciones inmobiliarias relacionadas con el caso de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados, que adquirió a sobreprecio de Altos Hornos de México, por lo cual también su dueño, Alonso Ancira, está detenido en España acusado de presuntos delitos de corrupción.

Un funcionario federal defendió la captura de la madre de Lozoya. “Su firma aparece por todos lados”, dijo de manera figurativa para subrayar que documentos que sirven de evidencia sobre el caso Odebrecht, fueron firmados por ella.

Lozoya pudo haber declarado cuando se lo pidió Gertz Manero y haber aclarado la participación de su madre y su familia en los presuntos casos de corrupción, lavado de dinero y asociación delictuosa, pero no lo hizo. Para un funcionario que no está a cargo de la investigación, resulta inverosímil que la madre y la esposa, que pertenecen a una de las familias más ricas de Europa, con el control del mercado de jugos y panes de caja, participaran en una operación ilícita. Pero al mismo tiempo, resulta aún más inverosímil que Lozoya no se hubiera presentado ante la justicia para librarlas de los cargos.

“Es un cobarde”, afirmó.

La Fiscalía General está buscando a Lozoya en varias partes del mundo. No se tiene idea en dónde pueda estar. La última vez que se obtuvo una confirmación de su paradero, antes de que se girara la orden de aprehensión, fue en Dallas.

Pero de entonces a la fecha, nadie sabe, fuera del círculo más cercano del exdirector de Pemex, en dónde se encuentra. Varias personas que trabajaron estrechamente con él en Pemex tienen propiedades en Texas, y uno de ellos, Froylán García, que sigue vinculado a Lozoya, creen las autoridades que pudiera ser el informante confidencial de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, en donde salta el nombre del expresidente Enrique Peña Nieto.

La defensa de Lozoya es responsabilizar al expresidente y al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray por lo que sucedió en Pemex. Ninguno de ellos ha respondido, que es lo que desea la defensa de Lozoya. Paralelamente existe la investigación sobre los presuntos sobornos de Odebrecht para la campaña presidencial de 2012, cuyo coordinador general era Videgaray, aunque quien se encargaba de las finanzas era Luis Vega, cuyo nombre no ha aparecido en todo el esquema de presunta corrupción relacionado con el exdirector de Pemex.

La Fiscalía de Gertz Manero sigue encontrando información sobre Lozoya, pero no la ha judicializado. Es el momento de las estrategias. Por un lado apretar a la familia para que se entregue a las autoridades. Por el otro, forzar a la Fiscalía a cometer errores y que se le caigan los casos. En el Gobierno aseguran que eso no sucederá, aunque la probabilidad con tantos frentes abiertos,
es que así sea.
30 Julio 2019 04:06:00
Rosario, candidata a la guillotina
La investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Rosario Robles, durante su gestión como secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, están apuntando hacia una imputación de carácter penal.

La investigación, como parte de un ejercicio de revisión de expedientes congelados o soslayados durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue llevado a cabo por el fiscal Alejandro Gertz Manero, quien en seis meses de la actual Administración ha dado la cara pública muy pocas veces, pero se ha metido a revisar, en muchos casos personalmente, las averiguaciones de la vieja PGR. La que toca a Robles se refiere a la llamada Estafa Maestra, donde presuntamente se desviaron cientos de millones de pesos del erario a través de convenios con universidades públicas.

La Estafa Maestra, como tituló una investigación periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y Animal Político en septiembre de 2017, surgió en 2015, cuando la PGR comenzó a investigar desvíos de recursos públicos de la Sedesol y de Sedatu, con base en las revisiones de las cuentas públicas realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 2011, que la llevó a presentar una serie de denuncias ante las autoridades. El trabajo periodístico reveló la entrega de más de 7 mil millones de pesos en contratos ilegales donde participaron 11 dependencias federales, ocho universidades y más de 50 funcionarios, centrando el ojo de la investigación en las gestiones de Robles en ambas secretarías.

Tras la denuncia ante la PGR hace ocho años, se abrieron 23 procedimientos sobre funcionarios públicos y rectores de universidades en 2015, cuyos
resultados solo produjeron acusaciones en contra de funcionarios de nivel medio y algunos de ellos, incluso, que no habían sido denunciados por la Auditoría.

En enero pasado, Gertz Manero informó que se investigaba a más de 60 funcionarios de la Sedesol y la Sedatu, por el presunto desvío de más de 800 millones de pesos, y que se habían imputado a seis funcionarios de esta última, cuatro de ellos quedaron liberados de las imputaciones al desistirse la FGR de las acusaciones, y uno de los dos restantes, que sí fueron vinculados a proceso, afirmó que habían falsificado su firma, con lo cual se declaraba inocente.

La Fiscalía reestructuró en mayo la investigación y elevó la calidad del delito, al considerar que la Estafa Maestra había sido una operación realizada desde el corazón del Gobierno federal, por lo que las acusaciones se plantearían como un posible delito de Estado para lo cual se incurrió en otro más, el de delincuencia organizada. De acuerdo con Gertz Manero, esa era la posibilidad para poder profundizar en el caso que dijo que provocó un daño por casi 6 mil millones de pesos al erario público.

No se conoce ningún documento firmado por la exsecretaria que pudiera vincularla a un acto de corrupción, pero la reclasificación que realizó el fiscal general a la indagatoria de la Estafa Maestra, abrió la posibilidad de que haya acusaciones en su contra por parte de excolaboradores, por lo que se le pudiera imputar por el presunto delito de delincuencia organizada, que es cuando tres o más personas actúan concertadamente para cometer uno o más delitos graves a fin de obtener beneficio económico, político o material. La corrupción no era un delito grave hasta febrero de este año, cuando la Cámara de Diputados, donde hay una mayoría de Morena, el partido en el poder, la reclasificó.

Nadie en el actual Gobierno ha señalado públicamente a los altos funcionarios del Gobierno de Peña Nieto vinculados a presuntos actos irregulares o ilícitos, pero existe una lista en la Presidencia de ocho exmiembros del Gabinete legal y ampliado sobre los cuales ya se tienen expedientes. Quien aparece en el primer lugar de la lista es Robles, sobre la que han avanzado las investigaciones al umbral de la imputación. No hay información oficial sobre el estado que guarda la indagatoria en contra de la exsecretaria de Estado, que años antes como presidenta del PRD, estuvo involucrada en la campaña de Andrés Manuel

López Obrador para la jefatura de Gobierno en la Ciudad de México.
Los intentos por hablar con Robles resultaron infructuosos, pero en anteriores comunicaciones sobre las imputaciones de corrupción, dijo que no existían denuncias en su contra en la ASF.

Antes de la elección presidencial, Robles afirmó que estaba “de lo más tranquila” más allá de quien llegara a la Presidencia. En ese momento, aseguró: “Afortunadamente siempre he vivido de mi trabajo y nadie, absolutamente nadie, puede ofrecer una prueba que acredite lo contrario. No hay información alguna. No hay complicidad alguna. No tengo nada que temer”.

En una comunicación en julio de este año, Robles insistió en la inexistencia de denuncias de la Auditoría en su contra, y admitió que las autoridades habían investigado sus bienes y cuentas. “Resulta que como siempre dije, no tengo nada
que esconder”, remató.
En su última comparecencia como secretaria en la Cámara de Diputados en octubre pasado, dijo que los recursos por los que la acusan fueron para realizar trabajos de la Cruzada Contra el Hambre, que fue uno de los grandes programas del sexenio peñista.

De concretarse la imputación, Robles será la segunda alta funcionaria en el Gobierno de Peña Nieto que tiene problemas con la justicia. El primero fue Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien se encuentra prófugo. Las investigaciones de la FGR se enfocan hasta este momento en funcionarios del Gobierno de Peña Nieto. No habrá tregua. Tampoco, por cierto, para el expresidente.
29 Julio 2019 04:04:00
Asesinato en Artz
Poco más de 24 horas después del asesinato de dos israelitas con un historial criminal en Artz Pedregal, el centro comercial más lujoso de América Latina, cuatro cuerpos fueron encontrados con huellas de tortura en un paraje en la carretera Picacho-Ajusco. Las autoridades investigan si los dos eventos están relacionados. Pero más allá de confirmarse la hipótesis, lo que sucedió la semana es un asunto muy grave: la guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva por la Ciudad de México, cuyo corazón es el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, por donde llegan ilegalmente el fentanilo, precursores químicos para las metanfetaminas y cocaína, y cuyas venas son el narcomenudeo. Aquí, los delitos federal y del fuero común son indisolubles.

La guerra entre cárteles abrió un nuevo campo de batalla, brutal, y hasta ahora, impune. Lo que sucedió en Artz es la mejor demostración. Un par de asesinos presuntamente alquilados por el Cártel Jalisco Nueva Generación –siguiendo el modelo de su superior, el Cártel del Pacífico, que subcontrataba sicarios para ejecuciones en la Ciudad de México–, que decidieron el crimen en un lugar logísticamente muy difícil para salir bien.

El restaurante donde se cometió se encuentra a casi 100 metros del Periférico y no hay rutas alternas para escapar salvo esa vía rápida, que se encuentra a escasos 180 segundos, corriendo, del cuartel general de la Policía Federal. Sin embargo, al menos uno de los asesinos y dos personas que servían de “muro” para seguridad, se escaparon literalmente, frente a sus narices. Solo se detuvo a una mujer que estuvo a punto de huir.

Lo que mostró este desastre en la seguridad, fue falta de capacidad táctica y nula reacción. La policía capitalina actuó ante la llamada de emergencia, pero sin establecer los “protocolos de tirador activo”. Es decir, buscaron intervenir como si el escenario fuera un incidente ordinario, lo que sugiere por qué dos de los “muros” pudieron someter fácilmente a un policía cuando se iban a dar a la fuga en un automóvil, y cruzaron disparos con una patrulla que llegó sin que pudiera frenarlos. El número era similar entre policías y sicarios –el estándar policial para tener éxito es cuando menos tres oficiales por cada civil–, pero la capacidad de fuego era totalmente asimétrica.

Durante muchos años las zonas donde se movían personas de alto ingreso, con vinculaciones a la clase política o empresarial, tenían una vigilancia especial porque, de sucederles algo, el impacto en la opinión pública iba a ser tan grande, que repercutiría inmediatamente en la percepción de inseguridad colectiva y el Gobierno. Eso ya no existe al haber sido desmantelado.

Por esa razón, para cubrir el hoyo en el que está el aparato de seguridad, se decidió correr la versión de que había sido un crimen “pasional”, a sabiendas de que era falso, pero que ayudó a despresurizar en un primer momento la carga sobre la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a costa, sin embargo, del continuo descrédito del secretario de Seguridad Pública y la procuradora locales.

La estrategia mediática blindó políticamente a Sheinbaum, cuando menos temporalmente, pero no resuelve el problema de fondo. El asesinato de Benjamín Yeshurun Sutchi, conocido como “Jony Ben”, y de Alon Azulay, mostró también serias deficiencias en los servicios de migración y de inteligencia del Gobierno mexicano. Los dos, conocidos en Israel por sus actividades criminales, entraron a México y obtuvieron visas de trabajo sin ser detectados. Es una deficiencia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero arrastrada, por la debacle en la estrategia de seguridad, desde el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

La destrucción de las bases de datos de inteligencia criminal realizada por el anterior Gobierno, no se han podido reconstruir y el nuevo Gobierno está considerando tirar todo y comenzar desde cero. El Cisen no alertó sobre la presencia de los israelitas en la Administración anterior, aunque se desconoce si fue por la falta de información de Migración. Su sustituto, el nuevo Centro Nacional de Inteligencia, tampoco tuvo conocimiento aparente de la presencia de los criminales israelitas.

Estas deficiencias alertan sobre el derrotero que está tomando la violencia en la Ciudad de México, y la expansión de la guerra entre los cárteles sin temor al Gobierno, a la Guardia Nacional y a nadie. En paralelo y sin ser excluyente, si se confirma que los casos de Artz y El Ajusco están relacionados, demostrará que los aparatos de contrainteligencia de la delincuencia organizada son más eficientes y efectivos que los del Gobierno. Si la línea de investigación no se sostiene, nos quedamos de cualquier forma con preguntas e incertidumbres, sobre las capacidades policiales y de inteligencia del Gobierno actual, y su visión estratégica del fenómeno.

El Gobierno de López Obrador está pagando las consecuencias del desastre que heredó de la anterior Administración, pero tampoco hay señales que habrá una estrategia diferente. El asesinato en Artz podría ser un punto de inflexión, pero no se ve así dentro del Gobierno, que está decidido a mantener los mismos principios de que produjeron en la Administración anterior la crisis de violencia que se vive.

La racional es que este tipo de crímenes forman parte del enfrentamiento en el país entre grupos criminales, y hay que dejar que se liquiden unos a otros. En el Gobierno de Felipe Calderón se insistió –y no le creían– que el 92% de los homicidios dolosos era entre criminales, pero no dejó de combatir a los cárteles. El mismo diagnóstico hizo el Gobierno de Peña Nieto, pero dejó de afrontarlos. Así le fue. Si el de López Obrador imita al de Peña Nieto, así le irá.
26 Julio 2019 04:06:00
El ‘superyó’ de Andrés Manuel
Las conferencias de prensa mañaneras se han convertido en muchas cosas. Una de ellas, de suma importancia, es que ha permitido ver qué piensa, cómo piensa y qué sabe el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al ser un político con una incontinencia declarativa, sin miedo o prurito a ningún tema que se le pregunte porque para todo tiene una respuesta o una evasiva, el ping-pong que sostiene diariamente, manipulado, improvisado o espontáneo, abre una ventana a su pensamiento, a sus niveles de conocimiento, sus percepciones y sus prejuicios. El lunes fue una de esas mañaneras altamente enriquecedoras sobre el superyó del Presidente, que permitió la introspección de lo que cree debe ser el papel de los medios de comunicación, sus alcances y sus límites.

En su conferencia del lunes, el Presidente se refirió a cuatro medios de comunicación, de diferente historia y línea editorial, a los que agrupó en una misma bolsa, la de la descalificación. Se quejó del portal sin embargo.com, porque dio a conocer un video donde aparece su hijo menor en un campamento de verano que cuesta 40 mil pesos semanales. Fustigó a Reforma porque publicó que al mudarse a Palacio Nacional, ocuparía uno de los 12 espacios donde no hay acceso al público. Se volvió a meter con el diario británico Financial Times, por apoyar las reformas estructurales del presidente Enrique Peña Nieto, y lo más ilustrativo se dio durante un diálogo con Arturo Rodríguez, de Proceso.
“Estamos buscando la transformación y todos los buenos periodistas de la historia siempre han apostado a las transformaciones”, dijo López Obrador cuando lanzó una crítica a Proceso, porque no es pusilánime con su Gobierno. Rodríguez reviró: “Los periodistas militantes sí”. Le replicó: “Es una visión distinta, sí, pero Zarco estuvo en las filas del movimiento liberal y los Flores Magón también”.

Su visión es distinta porque no entiende la diferencia entre prensa independiente y militante. La militante, como la de Francisco Zarco y los hermanos Flores Magón, cumple un papel distinto al de la prensa independiente. Zarco y los Flores Magón utilizaban el periodismo como plataforma política, y eran más políticos que periodistas. Incluso, su vida periodística inició después de entrar a la política. No obstante, sus aportaciones periodísticas fueron contra la dictadura, por la libertad y la independencia, que es similar a lo que han hecho por décadas –sí, décadas–, los periodistas de Proceso, Reformay sinembargo.com. Cualquier acusación de lo contrario, como hizo el Presidente, es una calumnia.

López Obrador añadió en su visión de los medios: “Los mejores periodistas que ha habido en la Historia de México, los de la República Restaurada, todos, tomaron partido”. Sin embargo, una de las característica de la prensa en ese periodo, reconocida por todos los historiadores, fue que era “libre”, más que militante, y de amplia crítica al poder centralizado de Benito Juárez y su evolución hacia el autoritarismo, un proceso interrumpido por su muerte. Existía una opinión pública “libre y alerta”, recordó Daniel Cosío Villegas, que tenía una “amplia libertad de expresión”. López Obrador piensa diferente y peyorativamente sobre los medios libres.

“Es muy cómodo decir ‘yo soy independiente o el periodismo no tiene por qué tomar partido o apostar a la transformación’”, dijo en la mañanera. “Entonces, es nada más analizar la realidad, criticar la realidad, pero no transformarla”. Es vasta su confusión. A los cuatro medios les recriminó por informaciones, no opiniones ni editoriales. Mezcló géneros periodísticos sin darse cuenta los géneros. El Presidente no tiene que saber de ellos, pero cuando acusa a medios o periodistas, debería ubicar correctamente el espacio de su interpelación. Quiere juzgar y replicar, bienvenido, pero que lo haga con conocimiento de causa.

López Obrador acusó maniqueamente a todos los medios que no militan por su anunciada transformación de estar contra el cambio que anuncia. No quiere medios libres, sino dóciles y serviles. Ni siquiera su prensa militante se ajusta a esos imperativos caprichosos. Es difícil encuadrar su pensamiento porque no tiene referentes claros al confundir el papel de los medios de comunicación. Nunca han sido agentes de cambio, como él cree, sino que son el vehículo para que los agentes de cambio –el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial– se movilicen.

El mejor ejemplo es el Caso Watergate, que terminó con la renuncia del presidente Richard Nixon en 1975. La investigaciónla inició el The Washington Posten 1972, que batalló aislado durante largos meses sin que el resto de la prensa se interesara en el tema. Creció hasta que las investigaciones sobre el financiamientode campaña de Nixon se publicaron un año después en The New York Times. El trabajo de los medios hizo que el Congreso iniciara su propia investigación y cuando encontró violaciones constitucionales de Nixon, se movilizó la Suprema Corte de Justicia. Ningún periódico tiró al Presidente, pero sin la prensa, los agentes de cambio no hubieran actuado contra la ilegalidad presidencial.
25 Julio 2019 04:06:00
Otra bomba sobre López Obrador
Señales ominosas están llegando desde Estados Unidos a Palacio Nacional, y el presidente Andrés Manuel López Obrador no las está entendiendo. Así sucedió en la cena con Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump y asesor especial en la Casa Blanca, cuando le advirtió que si no frenaba la migración habría sanciones comerciales, que produjeron un arrodillamiento para evitar nuevos aranceles. Y así está pasando en estos momentos. En aquella ocasión, la tormenta tuvo dos avisos, en forma de llamadas de la Casa Blanca y del Departamento de Estado a la embajadora en Washington, Martha Bárcena, para presionarla sobre la contención migratoria. En los últimos días, la embajadora recibió dos nuevas llamadas alertando sobre un mismo tema: el arbitraje mediante el cual la Comisión Federal de Electricidad quiere anular contratos con EInova, filial de la gasera estadunidense Sempra, que puso en el limbo compromisos adquiridos. La molestia radica en la violación mexicana del estado de derecho.

El tema de la suspensión de los compromisos es mucho más grave de lo que se imagina López Obrador. Incluso, es lo más delicado y peligroso que ha enfrentado desde que asumió la Presidencia y puede tener enormes consecuencias económicas, comerciales, legales y reputacionales. Lo que detonó el director de la CFE, Manuel Bartlett, respaldado por el Presidente, es el incumplimiento de contratos a partir de la lectura errónea del mismo –si se llega al arbitraje internacional va a perder–, así como una violación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al incorporar la suspensión del servicio de gas a través de un nuevo gasoducto del Sur de Texas a Tuxpan, dinamitando los compromisos legales y comerciales de México con sus socios norteamericanos.

López Obrador no tiene clara la dimensión y profundidad de lo que estas acciones implican. Ayer, en la conferencia de prensa matutina repitió la retórica tramposa de Bartlett: 1) “los contratos no fueron aprobados por el Consejo de Administración ni los firmó el director general”, dijo, lo cual es una verdad falsa porque en ese momento no existía un Consejo de Administración, sino una Junta de Gobierno, que fue la que los firmó y autorizó; 2) quieren un nuevo acuerdo porque “las tarifas están por las nubes” y equipararlas a las que se cobran en Estados Unidos, Alemania y Francia, aunque esas tarifas fueron impuestas por la CFE por contratos de exclusividad, con un costo de 3.5 dólares por un millón de pies cúbicos de gas, contra 3.3 dólares en el mercadodoméstico estadunidense, y 4.5 dólares que paga Alemania por el gas ruso.

La voz de Bartlett tiene más peso que la de varios de sus colaboradores, que han tratado de persuadirlo de que el director de la CFE le ha presentado información errónea o definitivamente falsa y lo que está haciendo es riesgoso. Pero si ignora a quienes le hablan al oído, menor interés debe tener con otras voces. El viernes pasado se reunió en Palacio Nacional con los miembros del Subcomité de Comercio del muy poderoso Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Diputados, encabezados por su presidente, Earl Blumenauer, para hablar sobre la aprobación del nuevo acuerdo comercial norteamericano. En la reunión le expresaron su preocupación por el litigio que pretendía Bartlett contra la gasera –que es también contra Trans Canada, cuyo Gobierno ha sido más beligerantey público que el estadunidense. Una semana después, dijo: “No se puede, ya es la última vez que lo digo, aceptar un contrato leonino”.

López Obrador está jugando con el fuego que le puso Bartlett en las manos. El director de la CFE utiliza una cláusula del contrato que prevé sanciones en caso de incumplimiento, para cancelarlo, lo que es una aberración jurídica. Para forzar esa negociación y a otros cambios de contratos similares en diferentes gasoductos, suspendió el servicio en Tuxpan. El gasoducto está terminado y lleno de gas natural que no ha podido descargarse desde el 26 de junio, pese a que el costo por compensarlo con gas natural licuado es de poco más de un millón de dólares diarios.

Ese gasoducto parte de Brownsville, en donde se concentra todo el gas de Texas, que tiene excedentes, y que deberá empezar a quemarlo si no se soluciona este diferendo. El gobernador de Texas, Greg Abbot, por si alguien olvidó, fue uno de los principales partidarios de Trump para llegar a la Presidencia, por lo que Bartlett abrió un flanco innecesario a López Obrador, a quien también convenció de que no afectaría el acuerdo comercial. Los señalamientos de los diputados el viernes pasado son una señal de que no es así. Adicionalmente, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, figura clave en la aprobación del acuerdo, es de California, donde tiene su sede Sempra. Un anterior chantaje que sufrió Sempra en Baja California, fue resuelto por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, tras presiones de Washington para actuar conforme a Derecho, luego que la senadora de California, Dianne Feinstein, alertó a la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, de lo que estaba pasando.

Washington se está agitando. Las llamadas a la embajadora Bárcena son una señal de inquietud sobre lo que consideran una arbitrariedad, y el domingo pasado en su reunión con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el secretario de Estado, Mike Pompeo, fuera de agenda, le expresó la confianza de que el tema de las gaseras sería resuelto conforme a Derecho. Bartlett no quiere hacerlo porque no entendió el contrato, pero está arrastrando al presidente y a México, donde un litigio por violar la ley afectará inversiones, crecimiento y reputación.
24 Julio 2019 04:06:00
Hezbolá en México
La Secretaría de Relaciones Exteriores debió estar sumamente ocupada en política doméstica la semana pasada porque no envió ningún representante de alto nivel a Buenos Aires, donde se llevó a cabo una reunión para coordinar acciones contra el terrorismo en todo América Latina. Estuvieron los cancilleres y representantes de Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Perú. Es decir, naciones donde hay actividad terrorista o se cruza el terrorismo con el narcotráfico. En el comunicado final, las 16 naciones expresaron “su preocupación por las actividades que redes de Hezbolá continúan realizando en algunas áreas del Hemisferio Occidental”.

El comunicado conjunto fue como todos los de su tipo, ambiguo y general, pero el secretario de Estado, Mike Pompeo, que comenzó en Buenos Aires una rápida gira por América Latina que concluyó en la Ciudad de México, para llevar el mensaje de Washington a toda la región, dijo que se requería intercambio de información para combatir el terrorismo, y que la “solidaridad” entre las naciones era el “antídoto” para la amenaza. Diplomáticos mexicanos dijeron que ese tema no estuvo en la agenda de las pláticas que tuvo Pompeo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

El nombre de Hezbolá estuvo todo el tiempo en el discurso, por el financiamiento que tiene de Irán para sus acciones terroristas –que es se como considera son en una gran parte del mundo–, en el contexto del conflicto entre Estados Unidos e Irán, y por los rastros de esa organización islámica chií libanesa –que es un partido político en Líbano–, de sus vínculos con el crimen organizado en América Latina. La presencia de Hezbolá en México ha sido minimizada por el Gobierno desde que comenzó a ser documentada hace casi 20 años, y el actual no es la excepción. Documentos judiciales en Estados Unidos han demostrado que esa organización financió algunas de sus actividades militares con dinero de Los Zetas, y a través de esos vínculos, el Cártel de Sinaloa envió cuadros a Irán para adiestrarse en la preparación de autos-bomba, que comenzaron a usar en 2008.

En un testimonio el año pasado ante el Comité de Servicios Armados del Senado, el almirante Kurt W. Tidd, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, advirtió que China, Rusia e Irán estaban cortejando “algunos de nuestros socios estratégicamemente más importantes en América Latina y el Caribe, y apoyando regímenes autoritarios y antiamericanos”. El Gobierno de Enrique Peña Nieto pagó de manera costosa su acercamiento a China, y tres de los cuatros proyectos de infraestructura del sexenio –Cabo Pulmo, el Tren Bala México-Querétaro y Dragon Mart– se cancelaron por la participación china.

Cuando el nuevo secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, le preguntó a su antecesor Gerardo Ruiz Esparza sobre si seguía existiendo interés chino en el proyecto ferroviario, le dijo que sí, pero que le recomendaba que checaran primero con Washington. En el caso de Irán, ese Gobierno apoyó con votos e influencia a Gabriela Cuevas para que fuera electa presidenta de la Unión Interparlamentaria en 2017, quien consiguió que López Obrador le diera una diputación plurinominal para poder seguir en el cargo. La geopolítica no se le da mucho a los gobiernos de México, aunque le provoque dolores de cabeza innecesarios.

La política de avestruz no frena lo que sucede en su entorno. Un caso que habla de esta característica mexicana se divulgó en diciembre de 2011, cuando la DEA acusó a Ayman Joumaa, un ciudadano colombiano-libanés, de facilitar grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, y lavar dinero para “numerosas” organizaciones de tráfico de drogas, incluyendo –resaltó la agencia– a Los Zetas. Alrededor de 850 millones de dólares de Los Zetas fueron lavados en el Lebanese Canadian Bank, varios de cuyos ejecutivos y subsidiarias estaban ligadas a Hezbolá. Joumaa, de acuerdo con la acusación, recibía de 2 a 4 millones de dólares en la Ciudad de México de Los Zetas y los enviaba a Hezbolá, tras cobrar comisiones de 8 a 14 por ciento.

La presencia de Hezbolá en México fue registrada por primera vez en 2001, cuando se detuvo a Mahmaoud Yousef Kourani, uno de sus operadores, tras meter a Estados Unidos a más de 300 libaneses sin documentos, con el apoyo del dueño de un café en Tijuana, Salim Boughader Mucharrafille. En 2010, con información y presión de Estados Unidos, las autoridades impidieron la creación de una red de Hezbolá en América Central que encabezaba Jameel Nasr, que había contratado a mexicanos que tenían familiares en Líbano. Y en 2012, se detuvo a tres personas en Yucatán, que se sospechaba pretendían establecer una célula de Hezbolá. Entre ellos estaba Rafic Mohammad Labboun Allaboun, que había estado preso en Estados Unidos por un fraude bancario, que las autoridades de ese país ligaron a Hezbolá.

En junio pasado, el Gobierno de Estados Unidos emitió una alerta sobre cuatro presuntos terroristas del Estado Islámico que querían entrar sin documentos a Estados Unidos. Fueron detenidos en Nicaragua antes de llegar a México. En ese momento, el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Alfonso Durazo, minimizó la alerta y descartó la presencia de terroristas en este país –como en el pasado. Sin embargo, las investigaciones en otras naciones sobre la presencia de Hezbolá en la región no paran. Desde hace tiempo Colombia y Estados Unidos investigan la infiltración de Hezbolá en pandillas asociadas con el narcotráfico, por las rutas de las FARC, que cruzan el Triángulo del Norte centroamericano y México, que se mantienen intactas. Afuera están los semáforos rojos. Aquí, preferimos no darnos por enterados.
12 Julio 2019 04:06:00
Lo inmoral de la 4T
La moral para el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene dos caras. La de sus adversarios y oponentes, donde todos son inmorales y por tanto corruptos, y la de él, donde nadie es inmoral ni corrupto porque como él no lo es, tampoco el resto. “Somos diferentes”, dice con frecuencia, “no somos iguales”. Sus dos visiones de moral, sin embargo, se mueven bajo los mismos referentes que en el pasado. Su aplicación es discrecional, y cuando se le llega a confrontar con una contradicción, evade. Es lo que está tratando de hacer luego que Carlos Urzúa, en su carta de renuncia como secretario de Hacienda, denunció la existencia de conflictos de interés de “personajes influyentes del actual Gobierno”. López Obrador respondió: “Yo no veo conflicto de interés”.

Tampoco lo vio nunca el expresidente Enrique Peña Nieto por el escándalo de la casa blanca, pero a finales de noviembre de 2014, López Obrador dijo que era “un soborno, un moche” el hecho que una constructora que hizo obra pública en el Estado de México hubiera adquirido una residencia para su exesposa. Dijo que con acciones como esa “supuesta” compra de la casa “se está pisoteando, socavando, manchando, degradando la institución presidencial”.

Peña Nieto incurrió en un claro conflicto de interés. Se da cuando un interés personal, familiar, profesional, laboral o de negocios puede afectar el desempeño imparcial y objetivo de sus funciones públicas, y lo limita o le impide cumplir plenamente con sus responsabilidades. Pero también se da cuando provoca la percepción de corrupción que genera ilegitimidad, que es lo que sucedió en el caso de la casa blanca.

La carta de Urzúa es clara, pero a la vez medrosa, al denunciar los conflictos de interés, sin decir de quién se trata, o de qué se trata. Cuando uno conecta sus reclamos de imposición de personas sin experiencia en el sector hacendario, con influencia en Palacio Nacional que incurre en conflicto de interés, es claro que se refiere al jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, un empresario que es responsable de la banca de desarrollo –contra la ley que le da esa facultad sólo a la Secretaría de Hacienda–, que apoya proyectos empresariales, como podrían ser los personales. También controla a Margarita Ríos Farjat, jefa del Sistema de Administración Tributaria, donde el sector empresarial es el más revisado de todos por ser el mayor contribuyente.

Pero los conflictos de interés dentro del Gobierno de la cuarta transformación no se limitan a Romo. De hecho asombra el número de ellos que se han hecho públicos sin que causen escándalo. Uno muy notorio es el del fiscal general Alejandro Gertz Manero y Javier Coello Trejo, el abogado del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, revelado por Animal Político y Quinto Elemento Lab. Coello Trejo representó a Gertz Manero en una denuncia penal para investigar la muerte de su hermano. Es decir, tuvieron una relación profesional importante que nunca reveló ninguno de los dos, hasta que fueron descubiertos, y que arroja una sombra de sospecha sobre la imparcialidad y objetividad de Gertz Manero en el proceso que se le sigue a Lozoya. Cuando le preguntaron a López Obrador sobre esto, dijo que le tenía plena confianza al fiscal, que no creía que fuera ilegal, aunque quizás sí moral, dejando esa decisión a su colaborador. Por menos fustigó a Peña Nieto durante más de un año; en esta ocasión, se lavó las manos.

Otro conflicto de interés, público, que no ha causado escozor, fue el nombramiento de Omar Gómez Trejo como jefe de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa. Gómez Trejo es un experto en derechos humanos, pero el haber sido secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que rechazó la versión del Gobierno anterior sobre el Caso Ayotzinapa, lo coloca en un conflicto de interés. Más allá de la objetividad con la que pueda desarrollar su trabajo, dados sus antecedentes, siempre existirá la sospecha de parcialidad.

Hay otros conflictos de interés que no han trascendido a la opinión pública que están generando incomodidad en el Gobierno. El más importante es el de José Luis Peña, esposo de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien está vinculado a empresas que hacen negocios con Pemex. Este conflicto de interés es el secreto a voces más sonoro dentro del Gobierno, y el más delicado.

El conflicto de interés se puede resolver notificando a la Función Pública la existencia de un conflicto de interés, como lo hicieron la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, y de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y el consejero jurídico Julio Scherer, donde dejaron claro en qué temas tocan esos linderos por cuestiones personales o familiares. Cuando es más tenue la línea, como el caso de Peña, se debe romper el vínculo.

El conflicto de interés pasa por reconocer su existencia y aislarlo para evitar que se convierta en corrupción. El nuevo régimen que está tratando de construir López Obrador está infectado de conflictos de intereses, como los señalados, o el nepotismo. La negación absoluta de ello no lo ayuda, ni tampoco el sofisma que todo el Gobierno es honesto porque él lo es. Esta realidad, como otras que estamos viendo, lo podría alcanzar con mayor fuerza que a Peña Nieto, porque el número de casos de estas situaciones es mucho mayor de lo que fue en el pasado. Cuidado. Hay que atender los síntomas antes de volverse enfermedad.
11 Julio 2019 04:06:00
¿Dónde está el piloto?
En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció lo que probablemente es la presentación más cándida de su vida pública. Registrémosla, es la mañanera 152 en su día 222 de gobierno. Estuvo llena de revelaciones sobre las intrigas y enfrentamientos en Palacio, con detalles de quién contra quién y el porqué de las pugnas. La narrativa también muestra la otra cara, de cómo el Presidente, que sabía lo que sucedía en su entorno, dejó que corrieran los conflictos, solapó las diferencias y, en la mayor contradicción de todo, respaldó al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, pese a pensar que representaba el continuismo, que explícitamente rechaza. Es decir, se desnudó como un Presidente que no controla a su equipo, donde cada quien, si lucha por su territorio, puede hacer lo que quiera. El desorden, como modus operandi de un Gobierno extravagante.

El Presidente admitió ante la prensa: “Estamos en un proceso de transformación, aquí no se oculta nada, no es que salió del Gobierno por motivos de salud. Es un hombre con criterios, como nosotros”. López Obrador confunde la transparencia y el ejercicio de gobierno. No tiene por qué mentir, pero la forma como explica su apertura demuestra que cada quien, por tener criterios propios, puede hacer lo que se le plazca, incluso denunciar al Presidente, quien observó cómo se despedazaban sus principales colaboradores para la política económica sin intervenir, ni hacer un control de daños para neutralizar el mensaje de la renuncia de Urzúa de que los conflictos internos son ordinarios.

Luego, añadió: “Tuvimos, entre otras discrepancias, lo del Plan (Nacional) de Desarrollo, que hubo dos versiones, y la versión que quedó es la que yo autoricé, que incluso me tocó escribirla porque había otra versión. Y sentí que era continuismo”. El Plan es responsabilidad de Hacienda, pero cuando Urzúa llevó el documento técnico al Presidente, le incorporaron 70 páginas de contenido político, sin haber leído el contenido. Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, trató de minimizar el escándalo y aseguró que eran lo mismo. Luego el Presidente dijo que el documento de Hacienda eran “anexos” del Plan. Ayer lo presentó como si esa parte nunca hubiera existido. Las mentiras no abonan a su credibilidad.

En esa misma idea, López Obrador agregó: “Era una concepción todavía en la inercia neoliberal y había que marcar la diferencia”. Su política económica, con Urzúa y con Arturo Herrera, su sucesor, hasta ahora, es neoliberal: disciplina fiscal, déficit cero y control macroeconómico. La inercia neoliberal que señala, por diseño estratégico, fue una instrucción presidencial. Urzúa no se mandaba solo. Aplicó lo que le pidió el Presidente y continuó reduciendo el gasto público y la nómina del Gobierno, que evoca la reaganomics del presidente Ronald Reagan, quien junto con la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, lanzaron la segunda oleada del neoliberalismo en 1977-1978.

El Presidente entró entonces a detalles: “También (hubo) discrepancias en el manejo de la banca de desarrollo. Yo le encargué a Alfonso Romo que ayudara en la coordinación para el funcionamiento de la banca de desarrollo y no había en esto acuerdo, o sea, había diferencias entre ellos notorias”. Fueron más que eso. Los consejos de administración los encabezaba Urzúa, quien desacreditaba lo que presentaban los directores de la banca de desarrollo, que recibían instrucciones de Romo, el jefe de la Oficina de la Presidencia. El primer encontronazo fue en Nafín, en diciembre, y desde entonces las pujas no cesaron, sabiendo de ello el Presidente. Cuando le preguntaron a López Obrador si una de las causas de la renuncia era Romo, respondió: “Sí, seguramente eso era algo evidente, tenían diferencias y con otras áreas”. Esta disputa nunca la sofocó, pese a que con el paso de los meses varios miembros de su equipo tomaron partido por Romo en contra de Urzúa.

El Presidente no se contuvo en seguir narrando los problemas: “Diferencias también se tuvieron con el SAT, con la directora del SAT”. Margarita Ríos Farjat, jefa, no directora, del Servicio de Administración Tributaria, que es una de las herramientas de las que dispone Hacienda para manejar la tesorería, fue nombrada por Romo con la aprobación del Presidente. El principal problema con ella explotó el viernes pasado, cuando quiso forzar una ley contra las empresas fantasmas -son cinco grandes evasores fiscales los que tiene en la mira, incluido un neoleonés-, a lo cual Urzúa se opuso. El entonces secretario de Hacienda maniobró y estuvo a punto de colocar a Renato Sales como contrapeso de Ríos Farjat, pero López Obrador lo vetó.

La plática de Urzúa con López Obrador sobre su renuncia fue el lunes, pero no hizo nada el Presidente por que su salida fuera ordenada, como tampoco lo hizo con Germán Martínez, cuando renunció al Seguro Social. En los dos casos hubo recriminaciones sobre obstáculos y sabotajes internos, de los cuales sabía el Presidente y dejó correr. Igual que ahora sucede en Morena, donde dos miembros de la nomenklatura, Yeidckol Polevnsky y Bertha Luján, están peleando a sartenazos sin que el Presidente ponga orden. Vendrán quizá más renuncias, anticipó el Presidente. 

En efecto, hay algunos en camino, como ha discutido con su equipo sobre los conflictos entre Gobernación y la conserjería jurídica, la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Energía y Pemex, o la Secretaría de Bienestar hacia adentro y con la Presidencia. Son demasiados los choques internos por territorio y poder, al amparo de la omisión del Presidente, a quien por sus funciones podría señalársele una irresponsabilidad. El piloto del Gobierno y el país, no gobierna ni guía. Reina el libre albedrío que produce un desbarajuste sistémico.
10 Julio 2019 04:06:00
Romo derrotó a Urzúa
La carta de renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda es una denuncia. Igual a la de Germán Martínez a la dirección del Seguro Social. El texto de Urzúa es de hastío y derrota, convirtiéndolo en la primera gran víctima del presidente Andrés Manuel López Obrador, por su significancia en el Gobierno y el contexto en el cual se da la salida. Los mercados reaccionaron inmediatamente, actuando intuitiva y emocionalmente, como siempre, a partir de las incertidumbres que revelaba una crisis en el sector hacendario, que lucha todos los días por mantener el control de la macroeconomía -aplaudida hasta ahora por el mundo-, tirando la cotización del peso con el dólar. Pero la renuncia, paradójicamente, puede no ser tan mala noticia como parece, sino todo lo contrario.

En su carta, Urzúa dio algunas claves del porqué de su salida. “Discrepancias en materia económica hubo muchas”, escribió. El único desacuerdo de fondo, y todo el tiempo desde antes incluso de iniciar el Gobierno, fue con Alfonso Romo, el jefe de la Oficina del Presidente, quien le ganó la partida. En la renuncia, Urzúa le cortó un traje a la medida: “Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual Gobierno con un patente conflicto de interés”. Mejor, imposible.

El único conflicto de interés “patente” entre su función de Gobierno y sus negocios es de Romo, un empresario e inversionista a cargo de la relación con empresarios e inversionistas. La “imposición” de funcionarios inexpertos en asuntos hacendarios fue hecha por Romo. La principal se dio en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos Farjat, una abogada neoleonesa que para poder asumir el cargo se tuvieron que cambiar los requisitos. No fue la única cabeza de playa que sembró en el territorio de Urzúa. Todos los directores de los bancos de desarrollo fueron propuestos por Romo. 

Urzúa se iba incomodando cada vez más porque, aparte de Romo, estaba a disgusto con otras acciones, expresado con claridad en su carta, al afirmar que “se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”, refiriéndose al nuevo aeropuerto en Santa Lucía y a la refinería de Dos Bocas, y exteriorizando su molestia por el último choque intramuros, con Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, quien quiso anular contratos con transnacionales del gas, generando incertidumbre jurídica en el exterior.

La molestia de Urzúa fue expresada hace casi tres semanas durante una reunión vespertina en Palacio Nacional, donde se discutieron los ajustes al gabinete y el reordenamiento de la Administración Pública. Su salida estaba anunciada, pero no se esperaba en estos momentos. Una de las principales razones de su molestia era cómo lo había reducido el Presidente, al convertir al secretario de Hacienda en un jefe de compras gubernamentales y no en el funcionario que debería de estar atendiendo y cuidando a los mercados. Su papel de guardián de la disciplina fiscal lo cumplió con creces, pero su papel dentro del gran concierto estratégico interno, estaba disminuido.

Quien tomó ventaja del contexto fue Romo, más enfocado en la inversión y en el sector privado, que es uno de los brazos estratégicos que el Presidente le cortó a Urzúa. Romo, que está previsto deje la Oficina de la Presidencia en manos del actual consejero jurídico, Julio Scherer, tendrá que mantener la relación con los inversionistas y el sector privado, con los que lidia indirectamente a través de sus brazos en Hacienda. Bajo esta óptica, la salida de Urzúa no es perjudicial, como ha sido la primera lectura, al ser resultado de una lucha interna donde predominó aquel que ha insistido al Presidente en la necesidad de cuidar a los mercados y al sector privado. 

En esta misma línea de pensamiento, la llegada de Herrera a Hacienda refuerza el procedimiento estratégico del Presidente. Herrera era el funcionario de Hacienda mejor evaluado por los analistas internacionales, luego de que en enero, cuando se hizo el road show en Nueva York para presentar el plan de negocios de Pemex, Urzúa decepcionó a sus interlocutores que lo describieron excesivamente bromista y frívolo, mientras que al nuevo secretario -que tiene una experiencia internacional que no tenía su predecesor- lo vieron con enorme capacidad y conocimiento de sus temas.

Sin embargo, la promoción de Herrera no significa que el modelo de operación aprobado por el Presidente se modifique. Al contrario, si López Obrador aceptó la renuncia a Urzúa, es porque no iba a cambiar su modelo de operación. Herrera tendrá que seguir haciendo ajustes al gasto público, recortando la nómina del Gobierno y hurgando en los dineros públicos para reforzar la capitalización de Pemex y armar un buen plan de negocios. No va a tener problemas con él. En el pasado, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México y renunció Urzúa como secretario de Finanzas a la mitad de su administración, lo sustituyó el subsecretario Gustavo Ponce, quien fue cesado en medio de un escándalo de conflicto de interés y dispendio, relevándolo Herrera, quien en ese entonces era director de Gestión Financiera.

La renuncia de Urzúa regresa cohesión al equipo económico de López Obrador, que había vivido una ambivalencia por la guerra interna del exsecretario de Hacienda con Romo. La estabilidad interna ayudará al Presidente, al carecer Herrera de la estatura de Urzúa, ante el Presidente, que aliviará las presiones que sentía por la tensión con Romo. 

El Gobierno necesitará explicar a los mercados el fondo del cambio para no generar una interpretación equivocada, pero sobre todo, si el Presidente decidió por la ruta de Romo, mantenerse en ella. 
09 Julio 2019 04:06:00
Prisión para el zar anticorrupción
Ernesto Canales fue el primer fiscal anticorrupción en el país, en el Gobierno de Jaime Rodríguez en Nuevo León, sin que su gestión fuera exitosa. Sí le sirvió, empero, para que durante casi tres años la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México no procediera penalmente contra él por el presunto delito de fraude en contra de Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, por 6 millones de dólares. Las autoridades capitalinas bloquearon la aplicación de la justicia por considerar que se confrontarían con Rodríguez. Ahora, el blindaje se acabó. El Juez Vigésimo Cuarto Penal ordenó el 24 de junio a la Procuraduría que localice, aprehenda e ingrese a Canales al Reclusorio Oriente.

Durante todo este tiempo Canales, cuya oficina para el combate a la corrupción fue disuelta por la Fiscalía neoleonesa en marzo por su ineficiencia, se declaró inocente y el Gobernador lo respaldó. Desde que se revelaron los detalles del caso en este espacio en marzo de 2016, Canales acusó a quien esto escribe de mentiroso y Rodríguez sugirió que se trataba de una ofensiva de sus adversarios que estaban siendo investigados por presuntos delitos de corrupción. La imputación significaba una contradicción en el ideario de Rodríguez, pero el Gobernador optó por mantenerlo en su Administración pese a la documentación del presunto delito.

La orden de aprehensión girada en su contra y que incluye a su exsocio César Francisco Méndez, tiene su origen en la denuncia que presentó la señora Cusi el 26 de marzo de 2012, por no haberle entregado 6 millones de dólares, en ese entonces unos 64 millones de pesos, como contraprestación por la entrega del 16% de acciones de Televisa de la sucesión testamentaria. Meses antes de que se revelaran los detalles del caso, en 2015, Canales buscó amparos para bloquear fallos del Ministerio Público que impidieran el esclarecimiento del caso. Dos años después un Tribunal Colegiado falló en su contra, pero aún al quedar al descubierto que había mentido, las autoridades capitalinas no actuaron. Tampoco hizo nada el gobernador Rodríguez, que había ganado la elección en Nuevo León con una sola promesa: combatir la corrupción.

Rodríguez reclutó a Canales como su zar anticorrupción pese a que el proceso en su contra estaba abierto y se defendía en los juzgados. El objetivo fundamental de Rodríguez, que puso en manos de Canales, fue documentar actos de corrupción del gobernador Rodrigo Medina y ponerlo en la cárcel. El Gobierno neoleonés investigó operaciones financieras y triangulaciones con empresas off shore, sin que jamás le pudieran probar nada ilícito. Paradójicamente, documentó la defensa de la señora Cusi, Canales se quedó con los 6 millones de dólares mediante transferencias a empresas en el extranjero.

Apenas en junio pasado, Canales le concedió una entrevista al periódico El Occidental de Guadalajara, donde afirmó: “Como una humedad ha permeado la corrupción en toda la sociedad, y si la política es no perseguirla, ahora sí que el país está condenado a ocupar un lugar de los bajos del mundo, lo que impacta en el interior y en el exterior, porque es un enjambre… Por no perseguir los casos de corrupción hay impunidad. Lo que se trata en los juicios penales es castigar a los culpables, y si no hay juicios penales, menos hay culpables, a pesar de que el ojo de la sociedad dice que la corrupción está en todos lados”.

Canales no pudo probar en libertad su inocencia en la acusación de fraude en su contra, y tendrá que seguir el juicio en prisión. Aunque el delito por el que lo acusaron no es grave en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio, en el viejo orden sí lo es, y al estar su caso radicado en el anterior sistema, tendrá que ir al reclusorio. En la entrevista, señaló: “La corrupción es un delito establecido en las leyes y se tiene que acabar con las mismas leyes, con el castigo al corrupto y que sirva al funcionario de ejemplo y de antídoto para evitar actos de corrupción”.

El exzar anticorrupción deberá estar a la altura de sus palabras, pero el hecho en sí mismo deja abierta otra puerta, la forma de hacer política de Rodríguez, que lo mantuvo en el cargo pese a los señalamientos en su contra. Ahora pagará el costo político por defenderlo sin al menos haber explicado públicamente por qué, pese a la documentación en contra de su excolaborador, lo mantenía en el cargo. La experiencia vista a través de los ojos de Rodríguez es algo que los políticos no deben minimizar.

El expresidente Enrique Peña Nieto pagó muy caro su omisión al no actuar contra el exgobernador Javier Duarte, pese a las presiones internas y de su partido, convirtiéndose Veracruz en el catalizador de la corrupción en su Gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha hecho de la lucha contra la corrupción una cruzada moral, debe aprender de esos casos, porque las quejas de corrupción en su Gobierno empiezan a emerger. Como dijo Canales a El Occidental, “la corrupción no se acaba con actos de amor o de perdón”. López Obrador, más que nadie, no debe olvidarlo.

Nota: Rosario Robles refutó una mención en la columna de ayer, “Ya se fue Peña Nieto”, donde una persona escuchó una conversación de ella con el expresidente donde le reclamó que la estuviera dejando sola. Dijo que esa conversación no se refería a ella, “porque no he tenido hasta ahora ningún problema”, sino porque le habían dado la espalda a José Narro.
08 Julio 2019 04:06:00
Ya se fue Peña Nieto
Enrique Peña Nieto se convirtió hace dos semanas en el segundo expresidente que decide autoexiliarse ante el temor de represalias políticas o penales por parte del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El primero fue Carlos Salinas, que partió del país antes que asumiera la Presidencia en diciembre pasado, y obtuvo recientemente la residencia en el Reino Unido.

Peña Nieto partió a España con visa de turista, y no regresará sino hasta finales de año o, si puede, extenderá su ausencia por una temporada más larga. Salinas se fue sin esperar lo que podría venir sobre él en términos de hostigamiento, sabedor de que existe con López Obrador un diferendo insalvable desde hace muchos años. Peña Nieto escuchó los consejos de que sus frivolidades estaban generando un creciente malestar dentro de Palacio Nacional.

El caso del autoexilio de Peña Nieto no debió haber sido fácil su convencimiento. Desde la transición personas cercanas a él y a quienes les tiene gran confianza en sus consejos, le recomendaban que lo mejor sería, por la forma como se estaba construyendo el ecosistema político durante ese periodo, que se fuera una temporada de México, pero sin éxito. Peña Nieto decía que no veía razón alguna para irse, y que se mantendría viviendo entre Ixtapan de la Sal y la Ciudad de México. Las cosas cambiaron por dos momentos que sirvieron para mostrarle que la tranquilidad prometida por López Obrador, estaba cambiando.

La primera llamada de atención vino días después de la boda de la hija del abogado Juan Collado, uno de sus íntimos amigos, a mediados de mayo, cuando circularon fotografías de la mesa de honor donde se encontraba el cantante español Julio Iglesias, pero sobre todo, lo que motivó gran irritación en Palacio Nacional, quienes los acompañaban: los ministros de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Eduardo Medina Mora, el exprocurador interino Alberto Elías Beltrán, y el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps. Varios medios identificaron a ese grupo como “la élite del poder”.

Días después de que apareció la fotografía en la prensa, se giró la orden de aprehensión contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en el gobierno de Peña Nieto. “Para que sigan tomándose fotos”, dijo un cercano colaborador de López Obrador, como si esa acción judicial hubiera sido consecuencia de la publicidad del evento. Tras el comentario, sin embargo, estaba la molestia de la falta de cuidado y pudor político, que se traducía como un mensaje de desafío al nuevo Gobierno.

Pocas semanas después se reveló que se había iniciado una investigación contra Beltrán. Hay una más sobre Romero Deschamps y, de acuerdo con funcionarios federales, la más acabada es contra Rosario Robles, por el tema de la llamada “estafa maestra”.

Peña Nieto debió haber tenido noticias que había empezado a montarse un cerco judicial contra varios miembros de su gabinete. Robles, que fue secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Territorial y Urbano, le reclamó en un momento donde estuvieron apartados en esa boda que la estuviera dejando sola. Personas con conocimiento de primera mano de los generales de esa conversación dijeron que en un momento le dijo molesta a Peña Nieto: “Eso no fue lo que habíamos quedado”.

No está claro qué habían acordado, pero en el contexto, dos meses antes de la elección presidencial, hubo un entendimiento entre López Obrador y Peña Nieto –aparentemente a través de intermediarios– de que el entonces candidato se comprometía a no perseguirlo penalmente, si no se entrometía en la elección. Nunca ha quedado claro si ese compromiso abarcaba a varios de sus colaboradores. Como lo ha dicho varias veces López Obrador, Peña Nieto no se metió en el proceso y, hasta ahora, tampoco hay ninguna instrucción para que se inicie una investigación directa sobre él.

Pero fotografías como aquella de la boda han generado crisis dentro de Palacio Nacional ante los reclamos de los colaboradores del Presidente del porqué no actúa contra Peña Nieto, y críticas en la opinión pública de que su promesa de combatir la corrupción no se está cumpliendo. Ese tipo de protagonismo no es bien visto en el entorno presidencial que ven en ello sorna. En el marco de esa presión creciente contra López Obrador, salieron a la luz otras imágenes de Peña Nieto, hace poco más de 15 días, en unos XV años, donde bailó con su actual pareja y con la novia de uno de sus colaboradores de sus tiempos de Presidente.

Las reacciones dentro del Gobierno a esta nueva afrenta de Peña Nieto llegaron a oídos del expresidente. Uno de los argumentos que se le expusieron fue que López Obrador seguía manteniendo el compromiso de no actuar contra él, pero que se tenía la impresión de que cada vez se molestaba más por la imprudencia política de su predecesor, lo que podía llevar en el corto plazo a que autorizara que se le investigara. Haber cruzado la línea de la cautela y el bajo perfil, que había mantenido durante un largo tiempo, prendieron los faros amarillos.

Peña Nieto entendió lo que estaba sucediendo, en el contexto de lo que estaba pasando en Palacio Nacional, donde las presiones económicas y políticas podrían llevar a López Obrador a buscar un distractor enorme –nada más grande que abrir una investigación penal contra un expresidente–.

No se sabe si eso pudiera finalmente suceder, pero es un escenario que ya se concretó en 1995, cuando ante la profunda crisis del sistema de pagos, se persiguió a Raúl Salinas, hermano del expresidente. Peña Nieto empacó y, discretamente, voló a Madrid.
05 Julio 2019 04:06:00
El secreto de ‘Rafael’
La crisis causada por la insurrección -hasta ahora pacífica- de la Policía Federal, obligó al presidente Andrés Manuel López Obrador a hacer lo que no quería que sucediera: ver al retrovisor. El secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Alfonso Durazo, desdobló “la mano negra” detrás de la protesta, disparando en varias direcciones. La que visiblemente parecía más importante, es el viejo ajuste de cuentas de López Obrador con Felipe Calderón -el expresidente que realmente odia- desde la elección presidencial de 2006, a quien Durazo prácticamente responsabilizó de toda la putrefacción de la Policía Federal, aunque en realidad fue quien la reconstruyó del desastre que dejó Vicente Fox, en cuyo gobierno trabajaron varios miembros del gabinete actual. Pero el retrovisor no tiene el alcance de 12 años, sino de cuatro. El dato puntual es la auditoría que se hará a la cuenta pública de 2018 en las áreas de seguridad, y al esclarecimiento de la compra de un sistema llamado “Rafael” en 2015.

Durazo no precisó el tipo de compra en ese año, al proporcionar información parcial. “Rafael” no es un sistema, sino es una empresa israelí, Rafael Advance Defense Systems Ltd., con sede en Tel Aviv, que de acuerdo con un perfil empresarial de la compañía, “desarrolla y comercializa tecnologías para mercados civiles de alto crecimiento basado en tecnologías de defensa”, que abarca los campos de soluciones de seguridad y ciberseguridad. De acuerdo con los expertos, tiene equipos de telecomunicaciones con una plataforma de fusión de datos. Tampoco aportó la información completa para poder revisar la partida que señaló fue por 2 mil 458 millones de pesos, de los cuales, dice, hay pagos pendientes por mil 300 millones.

Pero más allá de los detalles de ese contrato, es quiénes fueron los responsables de ello. Aunque por razones legales la adquisición tuvo que ser firmada por el coordinador de Servicios Generales del Órgano Administrativo Desconcentrado de la Policía Federal, Eduardo Zavala, las decisiones sobre qué comprar y a quién, no dependían de él. En ese entonces, la estructura de la Comisión Nacional de Seguridad, que reemplazó a la Secretaría de Seguridad Pública Federal cuando fue absorbida por la Secretaría de Gobernación al iniciar el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, la encabezaba Monte Alejandro Rubido, quien había sustituido en marzo de 2014 a Manuel Mondragón y Kalb, quien desarrolló el primer plan de seguridad, desde ese entonces, para Durazo, a petición de él, que fue el primer diagnóstico que tuvo en sus manos López Obrador.

Como comisionado general de la Policía Federal se encontraba Enrique Galindo, responsable de la matanza en Tanhuato en 2015 y quien fue destituido después del fallido y trágico operativo en Nochixtlán, Oaxaca, en 2016. Pero la pieza crucial en el entramado de la seguridad pública en aquellos años estaba en Frida Martínez, quien, como se publicó en este espacio en febrero pasado, “es muy cercana a uno de los hermanos del actual coordinador de la bancada del PRI en el Senado, y había sido directora general de Recursos Materiales y Adquisiciones de la Oficialía Mayor de Hidalgo, cuando Osorio Chong era gobernador. Al iniciar el sexenio peñista, el secretario de Gobernación la nombró jefa de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del Cisen, de donde la trasladó a la Policía Federal como secretaria general. Desde ese cargo manejó un creciente presupuesto, donde hay fuertes sumas de dinero que se desconoce por qué fueron manejadas dentro del rubro de seguridad nacional, por lo que no tenían que rendir cuentas a nadie.

“Bajo su administración en la Policía Federal se canceló el pago de equipos y sensores de vigilancia en el penal de El Altiplano, aprovechado por Joaquín “El Chapo” Guzmán para fugarse en 2015; se dejaron de proporcionar uniformes a los federales, a quienes también los abandonaron muchas veces al no pagar su hospedaje cuando estaban de comisión, obligándolos a dormir en la intemperie. El problema de los contratos de alimentos se ubica sobre todo en el campo de las cárceles, que el gobierno de López Obrador está arrastrando porque actualmente no han podido pagar la alimentación en los penales”.

Las explicaciones de López Obrador sobre las razones para acabar con la Policía Federal y tener una Guardia Nacional manejada y controlada por militares, se expuso en esa columna, tienen nombre y apellido: el de Miguel Ángel Osorio Chong, el autor intelectual de la fusión de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en Gobernación, aunque el Presidente no lo hubiera mencionado. Aun hoy, no han mencionado ningún nombre, López Obrador o Durazo, pero ya establecieron los años en los cuales están revisando posibles actos de corrupción. Son 2015 y 2018, donde van a revisar las cuentas de Gobernación. Osorio Chong dejó la titularidad de ese despacho en enero del año pasado, pero su sucesor, Alfonso Navarrete Prida, no quedó satisfecho con la entrega-recepción de su antecesor. Había 20 millones de pesos que no se documentaron de la gestión anterior.

La rebelión de la Policía Federal obligó al Gobierno a buscar responsables. Durazo se remontó 12 años a la destrucción de la Policía Federal, pero se ha publicado en este espacio desde noviembre de 2012 cómo fue el gobierno de Peña Nieto el que desmanteló lo que se había hecho y su incompetencia detonó la espiral de violencia que heredó a López Obrador. El Presidente hace bien en buscar las fuentes del desastre que le dejaron para tratar de reconstruir lo destruido. Los oscuros manejos de dineros en la Policía Federal el sexenio anterior son un buen principio. Tienen a “Rafael” para desmontar lo que se tejió en seis años.
04 Julio 2019 04:06:00
Motín en la Policía Federal
La liga finalmente se rompió. Fueron meses de acusaciones de corruptos, de humillaciones políticas, maltrato y desprecio por parte del nuevo Gobierno. Vivieron bajo amenazas de iniciar procesos penales para quienes no quisieran ser trasladados al Instituto Nacional de Migración y al resto lo trataron como objetos desechables. Los mandaron a las calles en condiciones laborales que nunca habían tenido y cuando se quejaron, los insultaron. Ningún respeto se había mostrado a una institución que durante años fue la primera línea de fuego contra los criminales. Desaparecerla e integrarla al Ejército, bajo el paraguas de formar parte de la nueva Guardia Nacional, como planteó el Gobierno, galvanizó la molestia que venía creciendo y que provocó el miércoles una rebelión que cambió el metabolismo en el corazón de las áreas de seguridad pública federal.

La rebelión comenzó a las 4 de la mañana del miércoles. A las 5:08 de la mañana se emitió el primer informe a las autoridades superiores, que daba cuenta de que los policías federales que iban a salir del Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa para pasar exámenes de control de confianza, habían cerrado los accesos para impedir la salida o entrada de cualquier vehículo. A través de los chats de los policías federales, comenzaron a llegar los avisos de refuerzos. Los primeros salieron de la zona de San Juanico, sobre la carretera que conecta la Ciudad de México con Pachuca, donde se encuentra un cuartel de la Policía Federal y de la Gendarmería –una base policial muy grande y considerada modelo–, y bloquearon la autopista.

Una alerta, jamás confirmada, apareció en los celulares: “Compañeros ya vienen los PM (policías militares) con equipo antimotin para sacarnos… compañeros, compañeros hay que apoyarlos y vienen los guachos (soldados) con antimotín no hay que hacerles caso no hay que ser militarizados ánimo, ánimo”. Los reportes mostraban que la rebelión no se limitba a los policías federales a quienes les habían quitado prestaciones, antigüedad y los habían alejado de sus familias para ser tratados como elementos de segunda clase dentro de la Guardia Nacional, sino que se estaban sumando elementos de las siete divisiones de la Policía Federal en todo el país. Solo en la Ciudad de México hubo seis bloqueos, incluidas la sede de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana y el cuartel general de la Policía Federal.

La rebelión pudo haber sorprendido a muchos, pero se venía gestando. El detonante fueron unas notificaciones que recibieron policías federales el martes, donde les informaban que a partir de la fecha del oficio estarían bajo las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional que significaba un cambio radical a sus esquemas laborales: se acababan los descansos de cinco días al mes por 25 días de trabajo consecutivo, incluidos los fines de semana. La operatividad, que era el equivalente a un bono de riesgo, de 9 mil 800 pesos, también desaparecía. Serían absorbidos por el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas a partir de enero de 2020, cuando también entraría en vigor la homologación de sus salarios con los de los militares. No sabían a cuánto equivaldría porque aún no lo precisa la Secretaría de Hacienda.

Los policías federales dejarían de ser civiles y pasarían a ser militares, aunque asignados a la Guardia Nacional, que es un cuerpo paramilitar mediante el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador dio los primeros pasos para desaparecer a la Policía Federal, y sentar las bases para que, si encuentra las condiciones políticas durante su sexenio, eliminar a las Fuerzas Armadas, que serían absorbidas a esa nueva estructura que entró en vigor el domingo pasado. Las nuevas condiciones perfilaban que cerca del 30%, según circuló en los chats de los policías federales, pensaban pedir su baja, aun cuando no les dieran el finiquito.

El presidente López Obrador dijo durante la conferencia de prensa matutina que no se iba a despedir a nadie que cumpliera con los requisitos –uno muy importante es el peso, donde los militares están exigiendo dietas para reducir hasta 35 kilos– ni tampoco se iban a modificar sus prestaciones, lo que contrarrestó con la información que les habían dado a los policías federales en la víspera. Pero volvió a arremeter contra los policías al asegurar que la institución “se echó a perder” al relajarse la disciplina y se cometieron abusos. El Presidente incurrió una vez más en el error que llevó a esta crisis, al personalizar en los policías las deficiencias, omisiones e incluso corrupciones de algunos mandos superiores, o en la Secretaría de Gobernación durante la Administración del presidente Enrique Peña Nieto.

La rebelión no fue sofocada, y los federales preparaban continuar este jueves la protesta con un paro nacional. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, buscó neutralizar la rebelión con paliativos, algunos concretos –como el regreso de seguros médicos privados, que sirvieron para salvarle la vida a decenas de policías heridos en combate– y la no separación de sus familias. Poco efecto tendrán en el fondo del problema. La convicción es que los desaparecerán, que los militares aceptarán quedarse con un mínimo número de ellos y, sobre todo, que las palabras llegaron tarde. Las humillaciones, vejaciones, amenazas y descrédito permanecen como heridas incurables.

Las autoridades esperan sofocar la revuelta y podrá ser esa la solución inmediata. Pero el daño permanece. La moral dentro de la Policía Federal es muy baja, como consecuencia del maltrato sistemático del Gobierno, como lo ratificó ayer mismo el presidente López Obrador. Más allá de alcanzar un resultado favorable, no ganan él, ni Durazo, ni los policías federales. Esta crisis favorece a los criminales. Nadie parecer saber para quién trabaja.
03 Julio 2019 04:06:00
Los soldados de la 4T
La cuarta transformación tiene un estado superior, el paraíso, pero terrenal, no metafísico. Para alcanzarlo, sin embargo, se necesita la fe. Y para alimentar la fe y utilizarla como catalizador, se necesita un ejército. Esta milicia la tiene lista el presidente Andrés Manuel López Obrador, miles de personas en espera de sus instrucciones para comenzar a difundir el evangelio de la “nueva patria” que anunció el lunes en el Zócalo, que se sustentará en la inyección de principios éticos. López Obrador, un hombre profundamente religioso, fundamenta en ese conjunto de valores el éxito del país que desea. El general que comandará las tropas que diseminarán sus postulados es Arturo Favela, quien fue presentado nacionalmente el 8 de junio, al ser uno de los invitados a hablar en Tijuana, en el acto presidencial tras la suspensión de la aplicación de aranceles.

Favela es presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas, la Cofraternice, y lo conoce hace más de 20 años, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México. “Somos amigos”, dice. “Nuestra amistad se basa en una relación cien por ciento espiritual, no política. Mi amistad es con él porque es un hombre de integridad, es un hombre de principios y valores. Un hombre que lucha por la justicia, equidad especialmente de los más desvalidos”. Al mando de él, decenas de pastores evangelistas predicarán en templos y casa por casa la Cartilla Moral, comenzando por 100 mil folletos que repartirán en todo el país en una semana.

López Obrador es cristiano, aunque suele esconder sus creencias, sin esconder su religiosidad, y con Favela ha caminado durante un largo trecho de su vida pública. López Obrador ha hecho de la religión un elemento inseparable de la estructura política del país, como lo hizo Ruyolá Musavi Jomeini, que regresó a Irán del exilio en París a principio de 1979, para encabezar la Revolución Islámica ese mismo año que derrocó al sha Mohammed Reza Pavlevi, y transformó dramáticamente el horizonte político y religioso en su país, escribió en 2008 Gregg Bruno, en un memorando para el Consejo de Las Américas.

El Presidente no ha dado detalles de cómo instrumentará el adoctrinamiento de los mexicanos, pero la semana pasada, en una entrevista con Enrique Hernández en el programa El Hueso de W Radio, Favela reveló cómo lo habían acordado. La entrevista de casi 19 minutos, sintetizada aquí por espacio, no tiene desperdicio.

EH: El Presidente no va a misas católicas o a cultos evangélicos, ¿verdad?

AF:Que yo sepa no. El (miércoles de la semana pasada) le presuntaron en la mañanera qué religión profesaba y dijo “yo soy seguidor de Jesús”. Eso es ser discípulo de Jesucristo. Un seguidor de Jesús es un alumno, un estudiante de la vida de Jesús. Jesús murió en la cruz, pero siempre defendió a los pobres, siempre defendió a las mujeres. Siempre defendió a los niños y a los ancianos.

EH: ¿Es verdad que usted incluso en Palacio Nacional ha orado junto con el presidente López Obrador el Memorial de Benito Juárez, padre del Estado laico mexicano?

AF: No el Memorial, pero sí hemos hecho oración, por supuesto que sí. Y no solamente en Palacio Nacional. Lo hemos hecho en Torreón, Coahuila, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a solas, en público. El Presidente no se avergüenza de tener una vida espiritual.

EH: ¿Cuál va a ser y cómo va a ser la particpación de las iglesias evangélicas en la predicación, o propagación de la Cartilla Moral de López Obrador?

AF: A partir de las dos reuniones que Confraternice ha celebrado con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, una el 21 de febrero y otra el 13 de marzo, el Presidente nos hizo favor de invitarnos para apoyarlo en diferentes programas sociales a las iglesias cristianas evangélicas, aglutinadas en Cofraternice. Una de las invitaciones que nos hizo fue propagar la Cartilla Moral de Alfonso Reyes.

EH: Y esta labor ¿cómo se va a realizar en la práctica? ¿Van a ir de puerta de puerta? ¿De iglesia en iglesia?

AF: Inicialmente, las 7 mil iglesias que están integradas en Cofraternice van a recibir una porción de la Cartilla Moral para los mismos feligreses.

EH: Entonces cuando uno llegue a misa va a recibir la Cartilla Moral...

AF: Correcto. En los templos, nosotros no le llamamos misa, le llamamos culto. Y otra estrategia, el segundo paso, es a personas que no vienen a los templos cristianos evangélicos, como cuando evangelizamos, aprovechamos para repartir casa por casa o en eventos masivos.

La Cofraternice cuenta con feligreses en 7 mil congregaciones. Según Favela, la totalidad de cristianos evangélicos es de alrededor de 35 millones, y en Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, estado de México, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, “tenemos más del 50% de la población total”. Favela habla el mismo lenguaje de López Obrador.

EH: ¿Por eso le han ofrecido esa red?

AF: Somos un ejército de Dios, de Jesucristo, pero también estamos listos para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador, no sólo en la distribución de la Cartilla Moral , sino en otros proyectos sociales.

EH: ¿Le parece que eso es violatorio del Estado laico?

AF: Por supuesto que no. (La semana pasada) el Presidente dijo que “Estado laico es donde caben todas las iglesias de todas las confesiones religiosas, los ateos, los agnósticos, los 125 millones de mexicanos”. Eso es Estado laico, pluralidad, libertad, democracia, derechos humanos, no anti religiosidad. El Estado laico no significa ateismo.

Ciertamente, la religiosidad de López Obrador está presente en todos sus actos, discursos y acciones. Un elemento más de división nacional.
02 Julio 2019 04:06:00
La 4T y el fin del Estado
La celebración para conmemorar el primer aniversario de la victoria en las elecciones presidenciales, es el primer paso para convertir esa fecha en un símbolo de la cuarta transformación. Su discurso en el Zócalo, coronación del día donde comenzó ese cambio profundo que promete, fue la ratificación de lo que se ha propuesto: el desmantelamiento del Estado Mexicano tal y como fue concebido en 1928 para la construcción de otro nuevo. A eso se refiere cuando habla de un cambio radical, una transformación de raíz. “Se trata de construir una patria nueva”, dijo desde el templete en la plaza pública, y acabar con “el régimen corrupto y despiadado que prevalecía”. Ninguna novedad en la retórica, una narrativa épica sobre el antes, el hoy y el futuro.

El pasado era opresor, pero el presente que ofreció construye futuro, mediante la transformación de la vida pública. Esa metamorfosis significa el desmantelamiento de lo que existía y que está tirando a pedazos en forma acelerada. En su discurso lo dibujó de manera sencilla al hablar de las transferencias directas de recursos, sin intermediarios, que es uno de los cambios más profundos que ha hecho en siete meses de Gobierno al cancelar derechos adquiridos en más de 20 programas sociales, como Prospera y el Seguro Popular, y desaparecer el edificio social que levantaron cinco presidentes. El poder centralizado y vertical, contrario a todo aquello por lo que se luchó durante dos generaciones, debilitando el autoritarismo hasta que tuvo que abrirse, restaurado hoy a plenitud, y presumido desde el corazón político del país como una de las grandes rupturas con todo lo que acabó hace un año.

En este poco tiempo, López Obrador demolió prácticamente todo el Pacto por México e hizo una serie de contrarreformas que estableció, jurídicamente, el nuevo andamiaje institucional. Vendrá ahora una segunda fase, que es el reordenamiento del Gobierno para darle una nueva dirección. Dentro de esa nueva etapa está considerando la desaparición de varios órganos autónomos, comenzando por aquellos que le estorban a su transformación. Los primeros, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Regulatoria de Energía, con los que públicamente ha expresado su molestia. La destrucción del Estado como lo conocemos es la aniquilación de las instituciones, como bien lo dijo desde hace más de una década cuando tras perder la elección federal declaró “¡al diablo las instituciones!”.

El Presidente es consistente, y en esa congruencia radica su repudio a las reformas políticas de segunda generación. No le interesa el Instituto Nacional Electoral, porque no encuentra valor a su trabajo o, porque su sola existencia le impide reorganizar el país en su ideal, sugerido en algún momento de su Presidencia, mediante el equivalente de los Comités de Defensa de la Revolución cubanos, que es una organización de masas que tiene permanentemente movilizada a la población para defender las conquistas mediante el trabajo directo con las personas y la comunidad. Tampoco la Comisión Federal de Competencia, porque su visión no es la de una economía de mercado, sino la de una centralmente planificada. La existencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como la conocemos, está en entredicho, así como todos los órganos de transparencia, a los que considera rémoras que tiene que sacudirse. Estos organismos autónomos también se encuentran en el horizonte de la desaparición. Pero antes que ellos sucumbirán varias secretarías de Estado, o serán compactadas en otras dependencias.

La lista la encabeza Economía, a la que ya despojaron del manejo del comercio exterior, entregándole a la Secretaría de Relaciones Exteriores lo único internacional valioso que parece apreciar el Presidente: el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. El canciller Marcelo Ebrard está realizando funciones de ministro de Economía sin cartera, como quedó demostrado esta semana al encabezar una misión comercial a China para explorar las formas de incrementar el comercio bilateral. Ebrard también se quedó con la promoción del turismo, mientras que el 75% de los recursos para ese sector, fue desviado para la construcción del Tren Maya. La desaparición de la Secretaría de Turismo también está sobre la mesa, al no interesar el viajero internacional y enfocar la estrategia en lo que llaman “turismo de barrio”, que es el desarrollo turístico en zonas como Iztapalapa.

El achicamiento y reordenamiento del Gobierno en esas áreas desnuda lo que significa la cuarta transformación: voltear hacia adentro y convertir a México en una isla para su desarrollo. López Obrador quiere un país que coma lo que produce, que genere sus propias fuentes de desarrollo energético para el consumo y la industria, que le apueste a la mano de obra intensiva –por definición masiva–, donde la tecnología no sea utilizada con el propósito de incrementar el empleo, optando por volumen y no por calidad. Uno también que no dependa de los empresarios, cuyo sector está en el escenario de ser destruido. Ayer en el Zócalo habló de uno de esos sectores, el de telecomunicaciones, al que le antepondrá una empresa estatal de telecomunicaciones. Pero no será el único.

Su proyecto “por el bien de todos, primero los pobres”, está marchando en forma veloz. Hacia ellos enfoca su esfuerzo, marchando sobre las clases medias y las altas. La victoria, remachó para impedir el olvido, acabó con el “régimen corrupto y despiadado”. Este mismo año, prometió, se terminará de erradicarlo y quedarán sentadas las bases para la transformación política del país. Ya se verá, llegado el momento, si es tan buen gestor de la construcción de un nuevo Estado, como exitoso ha sido en la destrucción del que estructuró y dio orden a México durante nueve décadas.
01 Julio 2019 04:06:00
En espera del manotazo
La declaración del senador Ricardo Monreal sobre un Gabinete que dejaba qué desear y no acompañaba al presidente Andrés Manuel López Obrador, no fue públicamente compartida por él, quien de esta manera escondió del público lo que prepara en privado, el ajuste de su equipo y una reorientación de su Gobierno. Monreal no es el único cercano al Presidente que ha hablado con él sobre el Gabinete, que se ha venido revisando desde mayo. La semana pasada hubo reuniones en Palacio Nacional donde se discutieron esos cambios. Pero lo más importante, de acuerdo a lo trascendido, no fueron las personas sino el rumbo que el presidente quiere imponer a la siguiente etapa de su Administración.

Quedó el entendido de que López Obrador quiere un cambio radical dentro de su Gobierno, pero lo que no quedó del todo claro, por lo difícil que es descifrar al Presidente y lo incierto de sus decisiones, es hacia dónde realmente quiere dirigirse para saber qué aires oxigenarán su golpe de timón. En el interior del Gobierno hay confrontación entre el sector moderado del Gabinete y el sector radical, donde hay líneas claras que los definen.

El moderado es el más capacitado técnica y políticamente, que es el que busca contener aquellas políticas que le han hecho daño –como los enfrentamientos con sectores o incumplimientos de promesas, como no suspender subastas en el sector energético–, mientras que el ala radical se caracteriza por ser dócil a las instrucciones presidenciales y, en términos de capacidad, más limitada.

Los radicales en el Gobierno son los que han encabezado las acciones que más daño le han hecho López Obrador –además del sector energético, el social, por ejemplo–, aunque también lo ha mermado la incapacidad en varias áreas, como documentó la última encuesta de aprobación presidencial elaborada por GEA-Isa, ya sea por la deficiencia de políticas “adecuadas”, carencia de personal experimentado, así como recortes presupuestales “autoimpuestos y desmedidos” que redujeron la capacidad de operación y registraron seis crisis que pudieron no darse. El estudio los enumeró:

1.- Desabasto de gasolina en el Centro y Occidente del país por la reducción de importaciones y el cierre innecesario de ductos para combatir el huachicol.

2.- Crisis de violencia sin contención, por la ausencia de instituciones y estrategias.

3.- Contingencia ambiental en la zona metropolitana de la Ciudad de México, por los recortes presupuestales y el mal manejo de la emergencia.

4.- Deficiencias “severas” en la prestación de servicios de salud por la desaparición de Prospera y Seguro Popular, los recortes presupuestales, las licitaciones tardías y los despidos de personal.

5.- Degradación de la calificación crediticia de Pemex por la ausencia de un plan eficaz de rescate, y la decisión presidencial de hacer la refinería de Dos Bocas.

6.- Crisis migratoria y conflicto con el presidente Donald Trump por la política inicial de puertas abiertas a los inmigrantes centroamericanos y de otras nacionalidades.

En diversas reuniones en Palacio Nacional sobre los ajustes al Gabinete y al equipo de Gobierno, se han puesto los nombres de los y las principales candidatos a ser relevados, pero al final todo queda en la manera como López Obrador concibe su trabajo y su funcionalidad, al ser el eje de todo, y de quien depende si qué ala se impone dentro de su Gobierno y en el diseño de su plan de navegación. Hasta ahora, el radicalismo que lleva adentro lo ha inspirado, y esta ambivalencia también fue planteada, con otro lenguaje, durante la reunión de la semana pasada.

Los moderados en el Gobierno, ha trascendido, están llegando a la frontera de lo posible para resistir, porque tampoco hay mucho espacio para que puedan seguir apuntalando a un Gobierno y buscando persuadir al Presidente de tomar acciones ante los pronósticos negativos sobre el crecimiento y el diagnóstico que ven bancos, consultoras e instituciones financieras en México y el mundo, para que no aísle sus decisiones o las empaquete con fines político-electorales. La posibilidad que le dejaron sobre la mesa es que es a la moderada, de mantenerse la línea actual, se irá del Gobierno, ante los altos costos que estarán pagando por avalar acciones en las que no creen, y que van en detrimento directo de su prestigio profesional.

Lo que hará López Obrador es un enigma. De acuerdo con lo que trascendió de esa reunión, la sacudida que quiere el Presidente en su Gabinete y en toda la Administración pública, no mostró el camino que quiere seguir. Dentro del ala radical hay quien argumenta que las advertencias sobre la economía no son reales, ante indicadores sobre consumo y empleo, sin explicar que los mexicanos siguen teniendo dinero por las tasas de interés, las transferencias directas de recursos no productivos y mejoría salarial por el incremento al salario mínimo.

En el mediano plazo, salvo que haya un milagro, esto se desvanecerá porque la macroeconomía terminará arrollando lo micro. Guillermo Valdés, socio de GEA, lo explica de manera clara: se vienen juntando todos los elementos debajo del centro –que son las personas que tienen liquidez– que están abriendo un socavón, donde tarde o temprano, todos caerán. La visión del Presidente sobre lo que no se ajusta a su realidad, es totalmente distinta, que es lo que tratan de conciliar con él los moderados, que piensan que el golpe de timón tiene que alejarse de la radicalización. Ir en esa dirección, cierto, es afectar a los duros en su Gobierno, que van ganando la partida sin comprender lo que su victoria significaría en estos momentos económicamente tan delicados para el país.
28 Junio 2019 04:06:00
Al rescate de Claudia
El 15 de noviembre del año pasado, a tres semanas de asumir la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum afirmó que no hacía falta la presencia de la Guardia Nacional en la capital, donde la seguridad la iban a manejar con la policía local, para “tomar el control de la gobernabilidad y de la seguridad en la ciudad”. El 20 de febrero insistió que su Gobierno contaba con “una estrategia clara y precisa para disminuir los índices delictivos”. Que se quede la Guardia Nacional en los límites de la capital, y que atienda los problemas en el estado de México, dejó entrever. Lo que vino fue un desastre.

La incapacidad de su Gobierno para combatir la criminalidad fue tan grande como sus declaraciones. Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció ayer que desplegará la Guardia Nacional en toda la Ciudad de México.

¿Qué es lo que sucedió en el incipiente periodo en el que Sheinbaum ha sido jefa de Gobierno? Un desastre.

Los delitos totales se elevaron 11.94% durante los primeros cinco meses de este año en comparación con el mismo periodo de 2019, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública y la consultoría GLAC. Pero todos los delitos con violencia se elevaron. Homicidios dolosos, 35.62%; robos, 24.31%; robos a casa habitación, 92.44%; a negocios, 172.69%; de vehículos, 42.16%, y 177.27% a transportistas. En todos estos rubros la incidencia delictiva superó ampliamente la registrada en el estado de México, que en un principio señalaba sutilmente como principal foco rojo en la zona.

El secuestro del fuero común se disparó 244.44% (contra 28.79% que subió en el estado de México), y el secuestro del fuero federal se elevó 33.33% (contra una disminución de 5% en tierras mexiquenses). La extorsión subió 95.05%, las violaciones 342.4% –leyó perfectamente bien, 342.4%, y los delitos patrimoniales 12.71%. El pretexto que daban Sheinbaum y su gabinete por el incremento de la violencia, era que la administración anterior había maquillado las cifras, pero que estaban mejor que como les habían dejado el Gobierno. Esa justificación está prácticamente enterrada. El presidente López Obrador explicó en su conferencia de prensa matutina que el desplazamiento de la Guardia Nacional en las 16 alcaldías, responde al incremento de los delitos, especialmente los homicidios.

No se sabe cuántos miembros de la Guardia Nacional serán desplegados en la Ciudad de México, que en papel, es la ciudad más vigilancia en el mundo.

De acuerdo con los especialistas, la capital federal tiene un estado de fuerza de mil policías por cada 100 mil habitantes, que supera muy ampliamente el promedio internacional recomendado, de 289 por cada 100 mil habitantes.

Por tanto, si con esa capacidad de fuerza la seguridad se les descontroló y subió la incidencia delictiva, lo que queda al descubierto es la pésima estrategia que instrumentaron Sheinbaum y su equipo.

La jefa de Gobierno ha estado cambiando a miembros de su equipo de seguridad, pero mantiene a las cabezas, que son quienes diseñaron la estrategia. No pudo contener la incidencia delictiva pese a que, sin que se diera a conocer, desde hace varias semanas lo que queda del Cisen, convertido en Agencia Nacional de Inteligencia, empezó a aportar información sobre las bandas delictivas en la Ciudad de México, que permitió la captura de varios de los líderes de las dos principales organizaciones criminales, La Unión Tepito y Fuerza Antiunión.

La ayuda que ahora recibirá con la Guardia Nacional se hará formalmente y se le va a descargar el problema político que estaba hundiéndola.

En el fondo, si uno recuerda el modus operandi político-electoral del Presidente, de eso se trata. La Ciudad de México es su granero de votos y no puede darse el lujo de perderlos. Si la violencia golpea indiscriminadamente a los habitantes de la capital, el respaldo se le irá mermando, como se puede apreciar la tendencia a la baja en su aprobación presidencial.

Aún se mantiene alto, pero en cinco meses perdió casi 20 puntos de aprobación, que no es poco. La sola presencia de la Guardia Nacional será un inhibidor para los delincuentes, y permitirá avanzar en el abatimiento de algunos delitos, al ser una fuerza de tareas de acción rápida, que es como está concebida.

Paralelamente, al entrar al rescate de Sheinbaum, también saca del hoyo a su delfín para la candidatura presidencial. Si es la Guardia Nacional la que se hará cargo de la seguridad en la capital, los buenos resultados que ofrezca serán capitalizados por López Obrador y Sheinbaum, pero si los resultados son malos, los negativos serán absorbidos por la Guardia Nacional.

Políticamente es una jugada inteligente del Presidente, y en materia de seguridad, puede beneficiar de manera importante a los capitalinos. Eso es lo que habría que esperar.

Lo que no está claro es qué tipo de estrategia seguirán. Si la Ciudad de México tiene una fuerza policial sobrada, la Guardia Nacional incrementará el número de policías por 100 mil habitantes. En el anuncio de su desplazamiento está el primer error estratégico. No es más importante la fuerza en calle que el trabajo de inteligencia.

El desastre de Sheinbaum viene no sólo de la incapacidad de su equipo en el diseño de estrategias, sino en el desprecio a la utilización de la inteligencia como herramienta central para combatir criminales. Si se le sigue despreciando por el cliché primitivo que sólo se usa para espionaje político, nada será suficiente para frenar a la delincuencia. Pero hay que ser optimistas.

Hay señales que, aunque no lo declaren, esos lugares comunes los están dejando atrás.
27 Junio 2019 04:06:00
Cuidado con Pemex
Todo lo que se puede hacer lo está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador para capitalizar Pemex y persuadir a los mercados y a las calificadoras que la ingeniería financiera que se le aplica le permitirá salir del hoyo en el que se encuentra. No ha regateado nada para que no le bajen el grado de inversión, que arrastraría la deuda soberana y con ello al país entero. El esfuerzo del Presidente es muy importante, pero están olvidando importantes detalles en Palacio Nacional que no tienen que ver con lo cual comulga la lucha contra la corrupción, sino con un aspecto que no han visto con claridad: la estrategia para limpiar al país también puede destruirlo.

Expliquémonos para que no haya duda. La lucha contra la corrupción debe profundizarse para desterrarla de Pemex o de donde se encuentre. Pero no debe plantearse como si lo que estuviera corrupto es la institución. ¿Es Pemex el corrupto o son corruptas, corruptos sus funcionarios? La forma como el Gobierno está desdoblando el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, al que se acusa por lavado de dinero, lo ha rebasado. No es el presunto responsable de un delito grave, sino la institución. Lozoya, en la ruta segunda, es más chico que Pemex, y la empresa estatal es el primer blanco para fumigar. Por ello, el fiscal general Alejandro Gertz Manero inició investigaciones sobre el Consejo de Administración, que tomaba las decisiones estratégicas, y sobre PMI Comercio Internacional, que es una filial de Pemex registrada en Houston, para comercializar el petróleo mexicano en el exterior.



Mucho cuidado

Mezclar personas con instituciones suele ser un problema semántico mexicano, y estamos tan acostumbrados a ello que no hacemos distinciones. Existen y, en el caso Lozoya son fundamentales. Si permea en el mundo que la corrupción de la que acusan a Lozoya fue por un problema sistémico, y que en la principal empresa del Estado existía un mecanismo para robar a la nación, el menor problema será Lozoya, o el expresidente Enrique Peña Nieto, o el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, o todos los integrantes del Consejo de Administración de Pemex. El problema será del país, del Gobierno y como consecuencia, de los mexicanos, porque sería Pemex a quien se le señalaría como corrupta y mientras se deslindan responsabilidades, la apretarían financieramente en el mundo.

Un ejemplo para analizar es el de Petróleos de Venezuela, conocida por su acrónimo PDVSA, cuya crisis fue resultado de la corrupción de la burocracia, tanto civil como militar, que hicieron negocios a cambio de comisiones con empresarios locales. Los actos de corrupción propiciaron un descuido en la actividad petrolera venezolana, donde la falta de inversión en la producción propició la caída de su plataforma petrolera y el incremento en los costos de administración. Las ganancias de PDVSA no alcanzaban para reanimar la empresa, ante el tipo de componendas que tenían sus directivos con empresarios, que resultaban beneficiados por el tipo de contratos que les daban los ejecutivos venezolanos a cambio de sobornos.

Esto se paró abruptamente cuando se metió Estados Unidos. La última acción fue el 28 de enero, al designar el Departamento del Tesoro a PDVSA como sujeta a sanciones en Estados Unidos, por lo que toda las propiedades y los intereses de la empresa en la jurisdicción de ese país, fueron bloqueadas y se prohibió realizar transacciones con la compañía. Paralelamente, el Tesoro cortó el acceso al Banco Central de Venezuela a divisas, y limitó sus transacciones financieras internacionales. Desde 2017 ya no puede acceder a financiamiento para su deuda en los mercados estadunidenses, que es una de las razones por las que detonó su crisis.

Es cierto que el problema de corrupción en Venezuela es distinto al de México, pero si se analiza el discurso de sus líderes, es más grave lo que sucede aquí. El presidente Nicolás Maduro rechaza las acusaciones y asegura que es una agresión más del presidente Donald Trump. López Obrador dice que la corrupción es profunda –por eso envió a dirigir Pemex a su amigo Octavio Romero Oropeza–, y Gertz Manero, respalda esa línea discursiva al señalar que el Consejo de Administración deberá responder por los actos de Lozoya. En el caso mexicano, el Tesoro norteamericano no tendría que investigar a Pemex; el Gobierno lópezobradorista ya lo hizo y ya concluyó: es corrupta.

Sin darse cuenta, el Gobierno mexicano abrió la Caja de Pandora. Si Pemex es corrupto y también la estadunidense PMI Comercio Internacional, que aunque no son empresas públicas que operan dentro de las bolsas de valores si pasan sus recursos a través del sistema financiero en Estados Unidos, entonces son sujetos a investigaciones del Tesoro y el Departamento de Justicia. En cualquier momento se podría anunciar que están investigando la corrupción en Pemex, por presuntos daños patrimoniales en Estados Unidos y, como siguiente paso, emitir sanciones como las que impusieron a PDVSA. En el hipótetico caso que eso sucediera, los 100 mil millones de dólares de deuda de Pemex, tendrían serias dificultades para refinanciarse, y la empresa sería acotada para vender petróleo en el mundo.



Las consecuencias serían catastróficas

El presidente López Obrador no puede permitir que ese escenario exista, y no es difícil neutralizarlo. Los casos de corrupción los debe individualizar, separando a las instituciones, y blindando a Pemex. La institución después de todo, no era la corrupta, quienes la manejaban y administrada, en el peor de los casos, son los responsables y deben ir a la cárcel. Pero no deben arrastrar al precipicio a Pemex, que es lo que están haciendo en estos momentos.
26 Junio 2019 04:06:00
La batalla de las medicinas
La suspensión de la subasta para la distribución de medicamentos programada para este lunes por una falla técnica, volvió a levantar tolvaneras y suspicacias. Nada extraño para un negocio de 70 mil millones de pesos anuales y fuertes intereses económicos. El Gobierno ha esbozado el monstruo con el cual se enfrenta al haber consolidado las compras, pero aún no revela la magnitud del tamaño y poder de quienes se sienten afectados. Apenas si lo dejó entrever el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien al subrayar que el aplazamiento no afectaría la distribución de medicinas, dijo que el desabasto es un tema “inducido”. Hay indicios de que así es. Y como botones de muestra:

*En mayo, mientras hablaban representantes de la industria químicofarmacéutica con la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, quien les explicaba los nuevos medicamentos para el VIH con avances tecnológicos para sustituir los antirretrovirales con una década de rezago que querían introducir al mercado para que se diera una competencia que redujera los precios, entró una llamada del IMSS, donde alertaban que había comenzado una manifestación encabezada por el presidente de la organización Derechohabientes Viviendo con VIH/SIDA de ese organismo, Luis Adrián Quiroz, donde denunciaban que había desabasto porque la Secretaría de Salud no había comprado los fármacos. “Ni siquiera habíamos terminado de hablar cuando ya se habían movilizado”, recordó un funcionario involucrado en las pláticas.

*Media hora después de iniciada la manifestación, se dio el primer reporte de desabasto en la Ciudad de México, y unas horas más tarde, llegó otro más de Sonora. Las denuncias de desabasto se dieron casi simultáneamente en hospitales de Baja California, Chihuahua, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, generando “histeria”, como calificó un funcionario. No había explicación para acusar al Gobierno de desabasto, porque el contrato de distribución que se heredó del gobierno de Enrique Peña Nieto estaba vigente -todavía lo está-, y en los inventarios gubernamentales había suficiente medicamento. “Quiroz mintió”, recordó un funcionario al hablar de la protesta que organizó.

*Las autoridades de Salud notaron movimientos extraños, que parecían sabotajes internos en clínicas del IMSS y el ISSSTE. Pero hasta el momento, sólo en una del ISSSTE encontraron evidencia de ello. El responsable de una de las farmacias dentro de una de sus clínicas, se negó a aplicar el antirretroviral porque dijo que no había jeringas, decisión que respaldó con un oficio. Ese documento resultó apócrifo, por lo cual las autoridades presentaron una denuncia penal, cuya investigación ya inició.

*Desde los estados comenzaron a abundar informaciones sobre desabasto. De acuerdo con funcionarios consultados, en efecto hubo desabasto, pero no fue por un problema del Gobierno actual, sino porque los gobiernos estatales, algunos de ellos combinando dos administraciones en un periodo de seis años, dejaron de pagar las medicinas a los proveedores –destacando Veracruz y Tabasco–, utilizando los recursos federales etiquetados para otros fines, con la aceptación de los delegados federales del Sector Salud, que hasta antes de su eliminación, controlaban alrededor del 70% de las compras de medicinas locales.

Los intereses en el sector se comenzaron a golpear desde que se rompió el encadenamiento entre los laboratorios y los distribuidores. De acuerdo con los funcionarios, este esquema propiciaba una corrupción, donde incluso hasta en tres momentos se tenían que pagar comisiones por una misma medicina, el laboratorio, a la logística y a funcionarios del Gobierno. Ese epílogo de intermediarios inició las tensiones.

El 20 de marzo las autoridades de Salud y Hacienda empezaron a hablar con la industria, con los laboratorios, con las asociaciones, y con los representantes de las embajadas cuyos países venden medicamentos a México, para explicarles los nuevos términos de su relación con el Gobierno, y las reglas del juego para las licitaciones que incluyeron, como uno de los elementos centrales, que sólo podrían participar quienes tuvieran el registro sanitario.

Entre jaloneos se llegó al consenso para realizar la subasta para la distribución de los medicamentos el 24 de junio, donde podían participar todos aquellos que cumplieran con los requisitos, y comenzaron a llegar las preguntas para pedir aclaraciones y precisiones sobre el proceso, que es un procedimiento regular. El año pasado se registraron 168 proveedores; este año 311. En total se realizaron ocho mil 500 preguntas, y 80 de ellas mostraron irregularidades.

Por ejemplo, 17 proveedores realizaron una misma pregunta; 15 otra pregunta; otros 15 una más, y así se fueron registrando, como si fuera copy paste, con los mismos errores semánticos y de ortografía. Otro botón de muestra: siete diferentes proveedores, en dos rubros diferentes, hicieron la misma pregunta, que decía: “Por favor confirmar que la inspección física por atributos E REFIERE(el énfasis es mío) únicamente en los printos de entrega y no en los puntos finales de destinos, dado que no se tendrá rastreabilidad en las entregas a destino final”.

La industria de los medicamentos ha reaccionado críticamente a la propuesta del Gobierno, aunque funcionarios federales insisten en matizar el sector, no como un bloque, sino como una sola área donde más se sienten afectados. De acuerdo con el subsecretario López-Gatell, son los distribuidores. La batalla de los medicamentos va a tener víctimas que antes fueron verdugo, según la descripción de algunos funcionarios.

Como se apuntó líneas atrás, hay una investigación penal contra cuando menos un funcionarios del ISSSTE por esconder medicamentos, y está abierto un procedimiento contra uno de los grandes distribuidores que también participar en el sector alimentario. Las sospechas de corrupción en el sector las han ido documentando y se van a dar a conocer. No se sabe cuándo será, pero esta olla de presión se está abriendo.
25 Junio 2019 04:06:00
La mañanera del lunes
La conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este lunes no sólo fue diferente porque se realizó desde Cancún, sino por la forma como la prensa de Quintana Roo lo cuestionó por las afirmaciones sobre seguridad y el sargazo. El Presidente afirmó que en un mes se redujo a la mitad el número de homicidios dolosos, y dijo que el fenómeno –provocado por el cambio climático– era un problema “heredado” que no era “gravísimo”, como muchos lo han asegurado–incluido el Gobierno estatal que hace dos semanas emitió una alerta de emergencia por el sargazo en las playas de la Riviera Maya. Los periodistas locales no aceptaron las respuestas que les dio López Obrador, y lo confrontaron. Sus respuestas fueron la confirmación de lo que viene para el resto del sexenio.

“El sargazo es un asunto menor”, dijo el Presidente. “Lo voy a ejemplificar. En la Ciudad de México se recogen diariamente 13 mil toneladas de basura y el sargazo significa recoger 341 mil kilos. Estamos hablando del 3% de la basura que se recoge en la Ciudad de México”. Un reportero le replicó de inmediato: “Las playas son diferentes, el turismo, la imagen”. López Obrador pidió que lo dejara terminar de responder. “Estamos hablando del 3%, 341 kilos de sargazo, 13 mil toneladas de basura, 341 kilos diarios de sargazo”, repitió. “Una tonelada diaria se recoge al día, según el Gobierno”, atajó otra reportera, y lo metió en contradicciones. “Mil toneladas”, dijo López Obrador. “Eso es.Trece mil toneladas de basura en la ciudad, si estamos hablando de como el 8%, más o menos”. En dos respuestas, el Presidente mostró que había errado su estimación en 5 por ciento.

Los periodistas continuaron. “Presidente –le dijo otro reportero–, nada más una precisión del sargazo. ¿Por qué se declaró emergencia a 11 municipios si nos está diciendo que no es tan importante?” El reportero le pidió explicación sobre porqué los hoteles de Cancún cobran a sus huéspedes dinero para limpiar las playas y datos sobre cuántas estaban contaminadas. López Obrador no respondió, pero insistió: “Lo que puedo decir es que no es un asunto delicado, mucho menos grave, que tiene solución y que ya estamos trabajando. Eso es lo que puedo comentarles”. Sus respuestas incomodaron a los periodistas locales y una de ellas, María Cristina de la Cruz, reportera y columnista del portal Macrix Noticias, lo interrumpió:

“Es un exceso de optimismo, Presidente, y eso es faltar a la realidad de lo que se está viviendo en Quintana Roo. Aquí estoy yo. ¿Y sabe qué? Es una situación realmente tremenda. El Gobierno del estado incluso se trata a través de sus medios de comunicación un día a culpar a su Gobierno de negligencia por la tardía, la mala forma en cómo está atendiendo el tema del sargazo, al día siguiente vemos portadas de usted y del Gobernador casi de cachetito. Entonces, la cosa es que en medio de todo eso la industria hotelera está sufriendo grandemente por el tema del sargazo y no se ha transparentado absolutamente nada de los dineros desde el año pasado, en donde se habló de muchos millones de pesos invertidos para atender esta problemática que está costando hoy a Quintana Roo.

“También en ese exceso de optimismo, Presidente, es que su Cisen o quienes le están informando, le están informando mal. Nosotros, que somos reporteros de aquí y que cubrimos diariamente la nota roja, tenemos más de dos, a veces alcanzamos hasta un pico de ejecutados de tres, hasta cuatro con heridos de siete, siete personas. Es una situación lamentable. El feminicidio está a todo lo que da en Quintana Roo; no hay investigación. Hay tres reporteros asesinados; hay dos reporteros que están huyendo. Es una situación lacerante. La industria restaurantera está realmente castigada, se está reduciendo la vida nocturna en Quintana Roo en la zona norte. Hay una situación realmente grave y muchos responsabilizan aquí a su Gobierno, desde que usted asumió, de todo lo que está pasando.

“Lamento mucho… que usted esté manejando tanto optimismo, cuando nosotros hoy estamos en una situación realmente de emergencia social, Presidente, y hay una miseria, hay cada vez más narcotráfico, hay cada vez más armas circulando, hay cada vez más miseria en Quintana Roo y eso no puede ser posible… No esperamos cifras alegres, no esperamos que nos venga a decir lo que no es, que no corresponde a una realidad… Y espero, por favor, Presidente, que usted hable con mayor sinceridad con base a cifras reales, no maquilladas, no cifras engañosas que no corresponden en lo absoluto a una realidad que a todos en Quintana Roo nos afecta”.

El Presidente respondió: “Yo no digo mentiras y siempre hablo con la verdad, y siempre he considerado la honestidad como lo fundamental, es lo que estimo más importante en mi vida, y no engaño. Tengo tres principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Yo sé que ustedes tienen una visión distinta, yo la respeto, pero yo voy a defender siempre mis puntos de vista, además, estoy acostumbrado a polemizar y a defender mis posturas… No coincido con lo que tú planteas, pero respeto tu punto de vista”.

En realidad, no respeta puntos de vista u opiniones divergentes. López Obrador no soporta la crítica, aunque dice ser un defensor de la libertad de expresión, y la mañanera del lunes fue un buen ejemplo de lo que no va a cesar en el sexenio: la intimidación a quien ejerza el derecho a expresarse libremente por discrepar del Presidente.
24 Junio 2019 04:06:00
López Obrador no verá a Trump
Como en otras ocasiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue llevado por la prensa a decir cosas que no están seguras, no existen o, incluso, ni siquiera hay intenciones verdaderas de hacer. El viernes dijo que “sería conveniente” una reunión con el presidente Donald Trump después del 7 de septiembre, luego que se cumpla el plazo de 90 días que dio el jefe de la Casa Blanca a México para que reduzca “drásticamente” la inmigración. López Obrador señaló que le gustaría tener ese encuentro como parte de un interés general, porque quisiera “procurar estas reuniones bilaterales” con él y otros jefes de Estado. Esto es falso.

López Obrador no sólo siempre dice que “la mejor política exterior es la política interior”, sino que tiene una aversión al mundo. No lo entiende, ni le interesa. No es algo nuevo, sino una constante en su vida pública. Su cosmogonía es local y no ve importancia a desarrollar un trabajo internacional. En el caso de Trump hay un matiz. Aunque en lo privado sus expresiones no son aduladoras, en público extrema precauciones para no confrontarlo. Depender en más de 80% de la economía de Estados Unidos es la razón. Y poderosa sin duda. 

Su deseo de reunirse con él, no es cierta en estos momentos. Hubo interés verdadero cuando habló en marzo con Jared Kushner, yerno y asesor especial de Trump, a quien se lo sugirió. La respuesta fue que en ese momento no había condiciones para llevarla a cabo, por lo que plantearlo en la Casa Blanca estaba fuera de discusión. Desde entonces no ha habido propuesta de ninguna de las dos partes para ir construyendo las condiciones, para que se reúnan López Obrador y Trump. 

Lo que mencionó el viernes sobre su interés para hablar con él después de septiembre, es una frase que se ajusta a la línea seguida por López Obrador para no confrontarlo e irritarlo. Colaboradores del Presidente admiten que un encuentro con Trump, por lo menos en el corto plazo, no es deseable, y no está en el interés de nadie en Palacio Nacional. La consideración principal es que llevar a López Obrador con Trump es colocarlo en una posición que puede ser contraproducente porque es imposible saber cómo actuará el estadunidense, que suele romper acuerdos o ignorar a sus asesores. Está la experiencia cercana de cómo fue la relación personal con el expresidente Enrique Peña Nieto, que es algo que no quisieran que se repitiera con López Obrador.

Jugar ajedrez con Trump, quien suele utilizar ese tablero como línea de boliche, sería una estrategia más acuerpada si López Obrador entendiera que desarrollar una política internacional activa de su parte, le redundaría en beneficios para lidiar con el Presidente estadunidense al ir logrando respaldo a su postura. No es suficiente que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sea el que vaya tejiendo esos apoyos en el mundo; los presidentes o jefes de Estado son quienes tienen que concretarlos. Pero la real politik, vigente desde los 70, cuando le echó por última vez una mirada al mundo López Obrador, es algo que le es inclusive, quizás, porque no lo entiende.

La mejor demostración de ello fue su falta de interés de ir a las tomas de posesión de presidentes latinoamericanos -donde envió representantes de bajo perfil-, perdiendo la oportunidad para tejer lo que retóricamente dice anhelar, el liderazgo regional, o declinar desde un principio participar en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G-20 en Osaka, a finales de este mes, donde dialogan las economías más importantes del mundo.

Colaboradores de López Obrador argumentan que no había mucho que hacer en el G-20 porque lo único importante iba a ser el resultado del encuentro que tengan Trump y el presidente chino Xi Jinping, lo cual ciertamente dominará el encuentro, pero bajo esa lógica reduccionista, no iría ninguno de los líderes que estarán en Osaka. López Obrador perdió la oportunidad de haber podido tener reuniones bilaterales y cabildear recursos para el desarrollo económico en Centroamérica.

El Presidente de México no se siente cómodo en esos entornos. En realidad, no se siente a gusto en ningún ambiente que no domine o donde no sea el centro de atención. No habla nada fuera del español -aunque hay traductores- y tampoco ha tenido ningún roce o experiencia sustantiva, incluso a nivel privado, con el mundo. Pero sobre todo, carece del interés y de la visión sobre lo que es la globalización, que la repudia a partir de una visión anacrónica de la interdependencia, en donde juegan y buscan aprovechar sus ventajas líderes que son verdaderamente de izquierda sin recovecos analíticos sobre realidades que desaparecieron hace décadas. 

López Obrador comete un error. Aislarse lo debilita. No lo ven así en el Gobierno, donde tienen una visión sobredimensionada de lo que son. Un alto funcionario dijo que el no ir a Osaka enviará el mensaje de que no están de acuerdo con Trump y mostrará la molestia de López Obrador. Eso no sucederá. El que no vaya será interpretado de muchas maneras, pero esa no. El propio Presidente desnuda la sumisión en la que se encuentra. En la conferencia del viernes dijo: “Nosotros estamos dispuestos a dialogar. Sí nos gustaría tener este encuentro, pero yo no fijo la agenda”. Es decir, sí le gustaría, pero él no decide. Su agenda la maneja Trump, y él se ajusta a lo que le digan de Washington. Así no construye respeto. El Presidente y el canciller tienen que revisar su estrategia porque el camino que siguen no los beneficiará, reuniéndose o no con Trump.
21 Junio 2019 04:06:00
Calma señor Presidente
Andrés Manuel López Obrador tiene la mecha muy corta. No es el primer Presidente que es explosivo. De los últimos sexenios, Felipe Calderón y Ernesto Zedillo se prendían rápidamente o eran muy groseros con sus colaboradores. La diferencia con López Obrador es que aquellos cuidaban que sus explosiones no fueran públicas, mientras que él exterioriza todo -justifica que su pecho no es una bodega-, y tiene fijaciones en la cabeza.

Ayer, molesto por el titular principal de El Financiero sobre la caída del empleo durante mayo, volvió a disparar, de la nada, contra Pablo Hiriart, quizás el columnista más crítico del Presidente.

López Obrador tiene otros clientes en las mañaneras. Mexicanos contra la Corrupción y Reforma son sus preferidos, a quienes identifica -con otras palabras- como cabezas de playa del neoconservadurismo mexicano y bastión de la resistencia a su proyecto de nación. En esto también es diferente a sus antecesores. Carlos Salinas, molesto por la cobertura de El Financiero sobre la deuda externa, le retiró toda la publicidad de Gobierno, mientras que José López Portillo le retiró la publicidad a Proceso con una frase que se volvió clásica: “No pago para que me peguen”. 

Los medios no son su único blanco matutino. Dependiendo del tipo de acciones que va a seguir su Gobierno, son víctimas de su retórica las instituciones autónomas, el Poder Judicial, los empresarios, los banqueros, políticos del viejo régimen y quien se le atraviese en el camino, incluidos miembros de su gabinete a quienes con inusual regularidad descalifica y desmiente. Las tensiones con actores políticos, agentes económicos o con organizaciones de la sociedad se acentúan porque sus molestias se dirimen en público, a diferencia de sus antecesores, que lo procesaban con discreción, pero también, con mayor efectividad. 

No quiere decir que el Presidente no tenga derecho alguno de expresar su inconformidad con lo que se dice o se publica, pero pierde esa efectividad de antaño porque parecen pleitos callejeros entre iguales. Y aunque López Obrador tiene un comportamiento más de opositor y líder social que de Presidente, esa dinámica de conflicto es asimétrica y pierde por el desbalance. Por ejemplo en el caso de las medicinas, donde ha hablado de presuntos actos de corrupción, pero por la manera casuística e informal, pero agresiva que utiliza, él mismo quita valor a sus señalamientos -perfectamente documentados por cuando a abusos-, porque parece ser uno más de sus agarrones cotidianos.

Quien le caliente la cabeza antes de subirse al paredón que instaló en el Salón de la Tesorería en el Palacio Nacional, es a quien más debería de reclamarle que lo coloque en una situación que a nadie, empezando por él, ayuda. El Presidente ha utilizado la mañanera para controlar la agenda y construir consenso para gobernar, pero la forma como lo hace ha llevado a que no controle la agenda -domina el tiempo de exposición, pero los temas de coyuntura los coloca la prensa, que muchas veces lo arrolla en la arena pública-, ni tenga el consenso necesario para un gobernante, particularmente en situaciones tan complejas y delicadas como las que viven México y su Gobierno.

El consenso que solidifica todas las mañanas López Obrador es con sus clientelas incondicionales, que lo respaldarán incluso hasta la ignominia. Ellos son importantes en elecciones, pero insuficientes para gobernar. La construcción del consenso no puede ser dinamitado todos los días. Requiere el apoyo nacional real, donde cabe la discrepancia, para que comprometa a todos los sectores a respaldar el cambio radical que desea para el país.

Muchas cosas que plantea son necesarias y se habían convertido en indispensables para sanear la vida pública, pero la forma, no el fondo, es lo que lo acota al prevalecer su carácter mercurial sobre su cabeza. Maneja un modelo más apegado a las mayorías populistas -que se dan con mayor frecuencia en los regímenes parlamentarios-, que a la democracia madisoniana, que busca siempre los consensos para afinar la toma de decisiones.

Cualquiera de los dos es funcional y puede ser eficiente, pero dentro de un marco de análisis convencional. López Obrador es todo menos convencional. Muy pragmático, cuenta con la legitimidad de los años de lucha política y de las urnas para poder moverse entre las tormentas, a veces sumido en contradicciones, sin que tenga costo político en su fuerza para gobernar.

Pero como él mismo lo reconoce, el apoyo popular que hoy respalda a su personalidad, no será para siempre. Lo que hace, lo definió nítidamente Sergio Aguayo, quien el lunes escribió en su colaboración en Reforma al hablar de la mesura ante el presidente Donald Trump y la derrota ideológica de la 4T, que la actitud de López Obrador es “rijosa en el interior y sumisa hacia el exterior”.

Rijoso es una persona conflictiva, que pelea. Ese es López Obrador, mediante la percepción construida y proyectada a nivel nacional en la mañanera. Eso no le conviene a él, a su Gobierno o al país entero. Los mexicanos siempre andamos en busca de un líder, y difícilmente habrá alguien que vivió un presidente con sus cualidades de liderazgo. Pero ese líder tiene que ser para todos, no solo para una minoría, que aprecien y respalden su energía y voluntad política para cambiar las cosas. Se requiere convencer, no amedrentar; persuadir a quienes discrepen con él, pero sin amagos ni amenazas. Si así lo hiciera, muchos que hoy lo ven con temor, le darán el apoyo, que tampoco debe regatear. Temple y calma se necesita de López Obrador, que a cambio obtendrá lo que requiere para su éxito sexenal: respaldo y respeto nacional.
20 Junio 2019 04:09:00
Lo peor de nosotros
Los mexicanos somos xenófobos y racistas. No es nuevo. Somos hipócritas y sibilinos, que al escudarnos siempre en sonrisas y calidez al primer contacto, proyectamos una imagen contraria a lo que somos debajo de la epidermis. Discriminamos por el color de la piel, por condición socioeconómica, y hasta por la forma como se habla y viste. Usamos palabras para marcar las diferencias -como al emplear nacos, indios y fifís genéricamente, y georreferenciar el racismo, como cuando al describir comportamientos se habla de los “satelucos”-. Hemos dividido la Ciudad de México en corredores socioculturales que levantan fortalezas de norte a sur y de oriente a poniente, edificados desde una edad temprana, cuando los niños y las niñas cursan la primaria. 

La nuestra es una sociedad refractaria, rígida y hermética, aun entre nosotros mismos. Muchas veces no queremos ver los monstruos que llevamos dentro. Somos de una cordialidad extrema cuando decimos como parte de nuestros modales “la casa de usted” cuando hacemos una referencia al lugar donde vivimos, sin que en la mayoría de las veces demos pasos para adelante. ¿Cuántas personas que suelen decir eso como muletilla de urbanidad pasan a la siguiente fase y abren realmente las puertas de la casa de uno al extraño? Nos excedemos en atenciones cosméticas y siempre decimos a quien hacía años no veíamos: “Qué gusto verte. He estado pensando mucho en ti. ¿Cuándo nos tomamos un café?”. La respuesta es idéntica. Sabemos que eso no se siente ni se piensa, pero forma parte de un código de comunicación muy mexicano, y muy falso.

Vivimos en una sociedad compleja. Recuerda a veces la japonesa, donde los grupos sociales son cerrados y muy difíciles de penetrar. Quienes van a las escuelas preescolares adecuadas, irán a las primarias, secundarias y preparatorias correctas para ingresar a la Universidad de Tokio, estar en los clubes sociales de las élites, en donde se casarán, escalarán en los trabajos y llegarán con solidez a la política. Quienes no recorren ese camino tendrán una vida más azarosa y de posibilidades acotadas. A veces, atisba espejos de sociedades podridas donde no queremos reflejarnos, como el fanatismo ideológico llevó a genocidios como en Camboya, o las diferencias de clase que provocaron la tragedia de Ruanda, o la manipulación de los políticos que enfrentaron a una sociedad, como en Venezuela. 

No hemos llegado a situaciones extremas, pero no hay nada que impida una evolución hacia esos estancos indeseables, porque no estamos reflexionando lo suficiente en cómo la crisis migratoria ha galvanizado nuestros viejos traumas y hecho florecer, por obra y gracia de las redes sociales, la xenofobia y el racismo. La sumisión gubernamental ante los deseos del presidente Donald Trump para que México le haga el trabajo sucio de contener la migración en el Suchiate, ha colocado al presidente Andrés Manuel López Obrador en una contradicción.

La política migratoria con un énfasis en los derechos humanos de los migrantes, sin matices ni orden por la urgencia política y existencial de revertir años de maltrato y corrupción de las autoridades mexicanas en contra de las personas más vulnerables, por su condición de refugiados económicos o que escapaban de la muerte, fue tan éticamente acertada como increíblemente desarticulada, y llevó al cambio radical urgente de dirección, ante las amenazas comerciales de Trump. Los errores los pagamos caro todos, y en el caso del Gobierno, se sigue profundizando el costo. El racismo y la xenofobia son su peor cara, afloradas con velocidad.

Apenas en octubre, la hipocresía mexicana se disfrazaba de solidaridad al paso de las primeras caravanas de hondureños, cuando la gente les regalaba comida, ropa, o convertían sus vehículos en transporte colectivo para trasladarlos. Los gobiernos locales abrieron albergues donde llegaban ciudadanos a expresar materialmente su simpatía. Pero cuando comenzaron a taponearles la entrada a Estados Unidos, el fenómeno se problematizó. Tijuana fue la primera llamada de atención, donde el impacto de una asimilación forzada provocó que en breve tiempo el apoyo a la migración se volviera rechazo. 

La solidaridad se agotó cuando los mexicanos vieron que sus empleos y servicios tendrían que compartirlos con extranjeros que estaban de paso. Los discursos presidenciales de proporcionarles techo, comida y empleo, aceptando las imposiciones de Trump para que se quedaran en México durante meses mientras se procesaban sus solicitudes de asilo, se volvieron contraproducentes. López Obrador insistió, profundizando el malestar, anunciando creación de empleo para los migrantes -cuando se está desplomando el empleo en México por su política de austeridad y la desaceleración económica-, e inyección de recursos en El Salvador, cuando las carencias en medicinas y el empantanamiento de los programas sociales han generado indignación en muchos sectores.

Lo peor de la condición humana emergió en México, al ver que los migrantes se convertían en un grupo privilegiado por el Gobierno a costa de su propio bienestar. Es difícil argumentar con quienes se sienten afectados y despojados, que la reacción desatada enferma a las sociedades de manera irreversible, con odios y rencores que se incrustan en el estómago y envenenan el alma. Estar dispuesto a dar algo a quien más lo necesita, siempre acompaña el discurso, pero es una actitud que no prolifera cuando hay que actuar en consecuencia. No ayuda un Gobierno que hace de la lucha de clases un método para consolidar el poder. Así ha sido siempre López Obrador, quien, sin embargo, no había experimentado la contradicción de sus actitudes políticas. Urge hoy que tome la bandera contra la xenofobia y la discriminación, y que calme al monstruo que despertó, porque es un búmeran que también le pegó.
19 Junio 2019 04:06:00
Peña Nieto: el objetivo
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores de Estados Unidos, la Securities and Exchange Comission, tiene un Programa de Informantes que ha sido redituable. Mediante este programa para combatir la corrupción, aquellos informantes cuya información lleve al éxito una investigación, reciben entre el 10 y el 30% de las sanciones impuestas, siempre y cuando superen el millón de dólares. Son incentivos muy fuertes para los llamados whistleblowers, y desde 2011, la Comisión, conocida por sus siglas SEC, ha pagado más de 276 millones de dólares a quienes les han soplado secretos. Uno de estos informantes señaló al expresidente Enrique Peña Nieto de recibir sobornos de un empresario italiano por la operación de venta de Fertinal a Pemex en 2015, adquirida con sobreprecio.

Una copia de la declaración del informante a la SEC fue entregada a Noé Cruz, un veterano reportero en temas energéticos, y que publicó en El Universal. Peña Nieto, que se ha caracterizado por ser muy lento en responder, actuó con prontitud. A las 11 de la mañana con 38 minutos escribió en Twitter: “Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas esta mañana en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también se vio obligado a tomar una posición durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Dijo no tener información de una investigación sobre Peña Nieto, pero señaló que “es muy difícil que un Presidente de la República no se entere de un negocio de esa magnitud”. López Obrador no mintió. En la investigación que se abrió en México no figura el nombre de Peña Nieto, lo que de ninguna manera excluye el presunto involucramiento revelado por el susodicho informante de la SEC.

Las hojas de la acusación del informante que mostró El Universal, dejan más preguntas que respuestas. No es una declaración que haya salido de la SEC, cuyas investigaciones son guardadas con enorme secrecía hasta que dan a conocer los resultados de la pesquisa, cuando esta resulta en una sentencia de culpa y resarcimiento económico. Por lo que se aprecia en el documento, esas copias salieron de un despacho de abogados, quizás del informante o de personas vinculadas a él. En uno de los párrafos difundido se deduce que el informante firmó una petición “TCR”, acrónimo de Tip, Complaint or Referral (Tip, Queja o Referencia), que es un formato de siete páginas con preguntas y explicaciones que se le piden a quien la firme.

El extracto de la declaración difundida por el periódico está expurgado, lo que indica que la persona que se lo proporcionó al diario no quería que una serie de nombres, acciones y fechas salieran a la luz pública, con lo que se evita revelar quién es el o la informante. Los nombres que ahí aparecen son los de Fabio Mássimo Cobarruvias Piffer, que vendió Fertinal a Pemex; el dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas, porque los fideicomisos del empresario se manejaban en Banco Azteca, y Peña Nieto. La acusación del informante señala que a través de un fideicomiso que se creó para la operación con Pemex, el Fideicomiso 470, se sacó el dinero para el presunto soborno a Peña Nieto. Ningún otro nombre aparece abiertamente en la declaración, al haber sido expurgado. Ni siquiera, extrañamente, el de Emilio Lozoya, quien como director de Pemex hizo el estudio para la compra de Fertinal en 2015.

El documento publicado tiene algunos detalles que son diferentes a los documentos oficiales en Estados Unidos. Uno de ellos es que aparece el nombre de Cobarruvias sin el segundo nombre, Mássimo, ni el apellido materno, Piffer. Puede ser irrelevante, pero llama la atención. El que haya nombres y aparentemente fechas y lugares expurgados, dejando únicamente tres protagonistas de la operación de Fertinal, sugiere que Peña Nieto es el objetivo central del informante, que también quiere embarrara Salinas, cuyo nombre resurgió colocó recientemente en el escenario Proceso.

La pregunta que queda no es sólo quien aportó los detalles de la operación, sino para dónde va. El abogado de Lozoya, Javier Coello Trejo, ha puesto sobre la mesa los nombres del expresidente y del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y en la víspera de la publicación de El Universal, adelantó su deseo de llamar a declarar a Peña Nieto. En una entrevistaen Foro TV el martes, Coello Trejo reveló que la operación de compraventa de Fertinal no fue con dinero de Pemex, sino que salió de Nafin, que en ese entonces dirigía Jacques Rogozinski, y Bancomext, que encabezaba en el momento que se concretó la venta, Alejandro Díaz de León, actual gobernador del Banco de México. La autorización de quién pagaba, debió salir de Hacienda. Su cliente, precisó, “no se mandaba solo”.

¿Es Videgaray el objetivo de Lozoya? Los dos terminaron muy mal su relación, pero se desconoce si el exdirector de Pemex es el informante. ¿Es Peña Nieto a quien pretende inculpar? Para que pudiera comprobarse, tendría que haber documentos del Fideicomiso 470 que lo vincularan directamente, lo que hay que esperar y ver. Lozoya es prófugo de la justicia, pero la acusación de lavado de dinero no tiene nada que ver con la operación de Fertinal. Esta revelación eleva la presión sobre López Obrador para actuar en contra de su antecesor, a partir de un nuevo escándalo mediático lleno de verosimilitudes e incertidumbres que, lo único concreto que se puede observar, es que regresa la atención al abandonado tema de la corrupción.

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