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Salvador García Soto
Salvador García Soto
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Salvador García Soto es periodista. Nació en Guadalajara Jalisco, donde cursó la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. En Guadalajara colaboró en varios medios locales y en oficinas de los gobiernos estatal y federal. Fue reportero de la fuente política en El Heraldo de México y en el diario La Crónica de Hoy. Desde 1998 escribe la columna política Serpientes y Escaleras que se ha publicado en los periódicos La Crónica, El Independiente y actualmente en el Universal Gráfico. Fue director general de Crónica y ha colaborado en revistas como Vértigo y Cambio. Durante dos años fue conductor del programa Cambio y Poder que se transmite por Cadena Raza y desde noviembre 2003 colabora en W Radio como comentarista del noticiario Hoy por Hoy tercera emisión y en el programa El Weso.

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14 Septiembre 2019 04:07:00
La cabeza de Cabeza de Vaca en la mira
Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, cometerá un error político fatal si no dimensiona el tamaño del problema que tiene encima con el grave caso de las ejecuciones extrajudiciales y el montaje que policías de su Gobierno habrían realizado en contra de ocho personas a las que, según denuncia del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y testimonios de familiares y vecinos, los agentes estatales secuestraron, torturaron, asesinaron y luego sembraron sus cadáveres para hacerlos pasar como víctimas mortales de un supuesto enfrentamiento a tiros con su misma policía el 5 de septiembre pasado.

No solo porque el tema ya está en la mira nacional e internacional y es objeto de una investigación federal, tanto de la Fiscalía General de la República, ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por otra indagatoria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino porque con este caso, el Mandatario panista que hoy lidera el Grupo de Gobernadores de Acción Nacional se juega la credibilidad y la estabilidad de su Gobierno, que de por sí mantiene una muy tensa relación con la Federación y en esta coyuntura, sus adversarios y enemigos, tanto de la 4T como incluso de su propio partido, tendrían una oportunidad inmejorable para hacerle daño a su Administración y a cualquier proyecto político futuro que tuviera en mente.

El primer síntoma de que Cabeza de Vaca no ha dimensionado que su propia cabeza pende de un hilo si no va al fondo de este asunto y se deslinda completa y creíblemente de un crimen brutal contra civiles que –inocentes o presuntos delincuentes o incluso de ambos– no debieron ser ejecutados y utilizados para simular un enfrentamiento por las fuerzas de seguridad de su Gobierno, es que el Gobernador se limitó a solicitar “una investigación a fondo” del asunto a su procurador estatal, Irving Barrios Mojica, que a pesar de que goce de su confianza, no es precisamente un fiscal con las mejores cartas de credibilidad y eficiencia, además de que por el vínculo político directo que mantiene con él difícilmente podría presentar una conclusión imparcial y objetiva en un caso tan delicado que involucra al mismo Gobierno al que pertenece.

Irving Barros llegó a la Procuraduría de Tamaulipas con un historial dudoso en la procuración de justicia. Él fue como subprocurador de Delitos Federales de la PGR, el encargado de armar y presentar el llamado “michoacanazo” con el que el Gobierno de Felipe Calderón pretendió acusar de vínculos con el crimen organizado a 11 alcaldes, 16 altos funcionarios y un juez del estado de Michoacán en mayo de 2009.

Las detenciones y encarcelamiento de todos esos servidores públicos, ejecutadas por Barros Mojica, terminaron por caerse una a una y ante la “falta de elementos” los jueces liberaron a todos los acusados un año y medio después. De hecho, cuando en el Congreso de Tamaulipas votaron su ratificación, a propuesta del Gobernador, sólo la mayoría panista avaló su nombramiento, mientras que 12 diputados del PRI y otros partidos se abstuvieron al declararse “preocupados por los antecedentes del señor Irving Barros”.

No fue la única vez que el rotundo fracaso del “michoacanazo” le sería recordado a Barros Mojica. Entre 2012 y 2013, luego de ser despedido de la PGR, buscó ser consejero de la Judicatura Federal, pero en las comparecencias ante el Senado, el expediente de los 35 alcaldes y funcionarios de Michoacán acusados y luego liberados volvió a pesar en su contra y no pasó de las primeras rondas de selección.

Después buscó ser fiscal en Guerrero con el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, donde tampoco tuvo suerte y no fue seleccionado por sus antecedentes en el ámbito de la procuración de justicia. Así pasó varios años sin poder ocupar un puesto, hasta que en 2016 el recién llegado Gobernador de Tamaulipas lo rescató y lo propuso para ocupar el primer cargo de fiscal general del Estado.

Recientemente en el caso del asesinato del periodista tamaulipeco Carlos Domínguez, asesinado en Nuevo Laredo el 13 de enero de 2018, la defensa de los acusados de la autoría material de ese crimen acusó al procurador Irving Barros y a su director de Procesos Penales, Natanael Castelán, de haber “fabricado culpables y testigos” en este delicado caso en el que se acusó, con base en un solo testimonio inducido mediante sobornos, a dos jóvenes originarios de Zacatecas, David Mejía y Adrián Montes, a quienes se les ofrecieron 500 mil pesos a cambio de autoinculparse en el asesinato del periodista Domínguez, por parte de un intermediario del director de Procesos Penales de la Fiscalía de Tamaulipas.

El ofrecimiento nunca se los cumplieron y terminaron siendo acusados y procesados con una serie de irregularidades que aún se desahogan en un juicio totalmente irregular, en el que la esposa de uno de ellos ha interpuesto una denuncia de juicio político contra el procurador Barros y contra el mismo gobernador Cabeza de Vaca.

La pregunta es si con ese fiscal, a quien le encargó la investigación de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, el gobernador confía en tener una conclusión creíble y que no genere dudas sobre lo ocurrido en Nuevo Laredo.

Por algo, en su desesperación tras estallar el escándalo esta semana, mientras él andaba de visita política en Washington, visitando el Pentágono junto a su amigo y asesor, el exsenador panista Roberto Gil Zuarth, Cabeza de Vaca pidió “el apoyo del FBI” en las investigaciones del multihomicidio en la frontera de su estado.

Y es que, si antes de este delicado asunto, en el que se acusa no solo una grave violación de derechos humanos sino también un montaje para simular un enfrentamiento y denunciar un clima de violencia desbordada en su estado, al Gobernador panista no lo habían querido recibir en Palacio Nacional, después de estos hechos ni siquiera le han tomado la llamada y la orden del presidente López Obrador, para que la FGR investigue y atraiga las ejecuciones de Nuevo Laredo, fue tajante. “En este Gobierno no vamos a permitir masacres”, dijo el Mandatario federal.

Para colmo, además del fiscal Gertz Manero y su equipo, hay dos funcionarios federales que recaban pruebas sobre las ejecuciones extrajudiciales y la responsabilidad del Gobierno de Tamaulipas en presuntos montajes.

El primero es Alejandro Encinas, quien lleva la parte de derechos humanos, y el segundo Ricardo Peralta, quien ve la parte de la participación del Gobierno estatal en todo este escándalo. A los dos subsecretarios de Gobernación, Cabeza de Vaca les debe facturas recientes: a Encinas no le quiso financiar centros de Atención Migratoria en el territorio de Tamaulipas; y a Peralta lo acusó de reunirse con grupos de autodefensa criminales en el estado. Y ahora ambos lo investigan. Las vueltas que da la vida. Por eso en este momento, el gobernador Cabeza de Vaca lo que más debe cuidar es la primera parte de su apellido.



NOTAS INDISCRETAS…

Mañana será el primer grito de Independencia que dé Andrés Manuel López Obrador. Hay expectación para ver con qué sorprende el Presidente en la ceremonia oficial, no solo porque todos los presidentes siempre le imprimen su estilo y hasta sus “añadidos” en frases o nombres de héroes a la tradicional proclama, sino porque el tabasqueño desde el inicio de su mandato se ha empeñado en demostrar que él es diferente a todos sus antecesores y se esfuerza siempre por romper moldes y formas políticas para dejar claro que con él hay un antes y un después en la Presidencia.

¿Será que a las frases de los “vivas” y a sus héroes predilectos le suma la frase de “Viva la Cuarta Transformación”? Se aceptan apuestas…

En estos días de porros y encapuchados en la UNAM, en los prolegómenos de la sucesión universitaria, hay nombres que han salido a relucir cuando se habla de quienes mueven a los grupos porriles y anarquistas en la máxima casa de estudios.

Hace unos días informamos aquí de una carta extensa dirigida al rector Enrique Graue, por parte de la Unión de Alumnos Trabajadores y Profesores en contra de la Impunidad en el CCH, en la que se critica la incorporación al área de la Seguridad de los Colegios de Ciencias y Humanidades de Marco Martínez Blas, quien colaboró por más de 10 años en Rectoría con Jaime Vázquez, a quien los firmantes ubican como un “oscuro operador de porros y activistas”.

Con los años, comenzó a utilizar a grupos estudiantiles de porros y activistas. Los encapuchados de la UNAM es una de sus más sofisticadas hechuras. El ataque a Rectoría el 3 de septiembre, dicen los trabajadores y alumnos del CCH, es su responsabilidad.

Pero por el modus operandi todo indica que los desmanes en la marcha feminista de hace semanas en la Glorieta de Insurgentes también. Jaime Vázquez, ha sobrevivido los tres cambios de titular en la Secretaría de Atención a la Comunidad durante la Administración de Enrique Graue. Hasta el fin del priismo tuvo la protección del citado Miguel Robles. La institución debe explicar ¿quién lo protege y con qué fines? ¿Cuál es la razón para seguir contando con sus servicios?

Los dados mandan Escalera doble para el puente. Felices fiestas patrias para todos los amables lectores. ¡Y que Viva México!
09 Julio 2020 04:03:00
Visita a Washington: México ganó, AMLO votó
Una primera consecuencia del encuentro de ayer miércoles, el primero entre López Obrador y Donald Trump en la Casa Blanca, es que México, como País y como palabra, salió del estereotipo y el adjetivo negativo en el que se le ha encasillado en las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos, para colocarse como algo positivo. El nombre de México como nación se volvió ayer un concepto codiciado y al que los dos candidatos a la Presidencia del país más poderoso del mundo, lo mismo el demócrata Joe Biden, como el republicano y oficialista Donald Trump, consideran necesario reconocer y halagar no necesariamente porque lo crean, sino porque les conviene reconocer a México como la llave para ganar el voto electoral de los chicanos o México-americanos, estimado en más de 30 millones de posibles votantes en la elección de noviembre próximo.

El que Donald Trump por primera vez en su existencia se haya mordido la lengua y haya evitado proferir adjetivos negativos y descalificaciones como los que siempre ha utilizado para referirse a México y a los mexicanos, es sin duda un logro importante, tal vez más de las circunstancias y el contexto, que de la visita del presidente López Obrador.

Y, como al final, esta primer visita se produjo en medio de una reñida y cerrada contienda por la Presidencia, la reacción del candidato demócrata, Joe Biden, no pudo ser más favorable y positiva para México y los mexicanos: “Trump lanzó su campaña en 2016 llamando violadores a los mexicanos. Él ha propagado el racismo contra nuestra comunidad latina desde entonces. Necesitamos trabajar en sociedad con México. Necesitamos restaurar la dignidad y la humanidad de nuestro sistema de inmigración. Eso es lo que haré como presidente”, dijo el abanderado del Partido Demócrata a la Presidencia de los Estados Unidos.

Por eso decimos que ganó México porque ayer —y muy seguramente será ese el tono en las campañas— los dos candidatos presidenciales del país vecino dejaron en claro lo mucho que les interesa el voto latino y mexicano. Muy distinto el balance de la visita si se piensa en lo que transmitió en su primera vez en la Casa Blanca el Presidente mexicano. A AMLO no le fue mal para sus objetivos porque logró lo que se había propuesto: una visita tranquila, sin sobresaltos ni sorpresas de Trump y por el contrario llena de elogios y de flores para él, para el T-MEC y hasta para su “triunfo histórico” de hace dos años.

Tantos elogios y lisonjas al Presidente más antimexicano que haya habido recientemente y el haber pronunciado frases tan mentirosas como que Trump “siempre ha ayudado a los mexicanos” y que sólo ha tenido para nosotros expresiones de apoyo y amistad, es algo que tendrá un costo inevitable para AMLO. Privilegiar su “amistad entrañable” con Trump y mantener así el apoyo del actual Presidente de EU para su proyecto político de la 4T, difícilmente la mayoría de los mexicanos lo aprobarán y avalarán un discurso que diga que “Trump es el mejor amigo de México y de los mexicanos”. Lo más delicado es que, en el dilema entre mantenerse al margen de la elección estadunidense o tomar partido, el Presidente de México claramente optó por votar desde la Casa Blanca a favor del candidato republicano.

El balance de la primer visita es variopinto y de claroscuros: a México y a los mexicanos no les fue mal y por el contrario salimos del estereotipo y las referencias negativas en el discurso político estadounidense; en todo caso veremos cuál es el costo que paga un presidente mexicano que se olvidó de ofensas, amenazas, sometimientos y racismo, y que prefirió ignorar la lucha de muchos mexicanos inmigrantes en EU, a cambio de unas palmadas en la espalda de su nuevo mejor amigo….

Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre.

08 Julio 2020 04:02:00
García Harfuch salvó la vida, pero no la grilla
Cuando la camioneta Suburban blindada en la que viajaba –como todas las mañanas rumbo al Palacio del Ayuntamiento– comenzó a ser tiroteada por una lluvia de balas de alto calibre en pleno Paseo de la Reforma, Omar García Harfuch le gritó a su guardia y chofer que metiera reversa para tratar de escapar del brutal ataque de los sicarios.

El conductor intentó la maniobra, pero para ese momento, en menos de un minuto, los disparos eran tan intensos que habían dañado la transmisión del vehículo y la reversa no entró; en ese momento el secretario de Seguridad, que iba en el asiento delantero del copiloto, saltó hacia la parte trasera y en un instinto de supervivencia se acurrucó en el piso tratando de salvar la vida, mientras el guardia que conducía se puso en medio de la camioneta para cubrir de las balas a su jefe.

Fueron menos de tres minutos los que pasaron bajo fuego pero debieron ser los tres minutos más largos en la vida de García Harfuch, que sangraba porque ya tenía en el cuerpo tres balas y múltiples esquirlas mientras veía morir a sus escoltas y amigos.

La rápida reacción de la Policía capitalina, quien llegó para repeler el ataque causó que los más de 30 sicarios y tiradores comenzaron a dispersarse y a huir del lugar dejando armas de alto poder, algunas de ellas, como la Barret .50, sin siquiera haberlas podido accionar.

Para ese momento la camioneta en la que viajaba el funcionario, que era el principal objetivo del atentado, ya era una coladera llena de balas con los vidrios estrellados y el motor arruinado, a pesar de su blindaje nivel 7, que no evitó la muerte de dos de los escoltas y que estuvo a punto de ser incendiada por los sicarios, que ya no tuvieron tiempo de completar su plan para aniquilar al titular de Seguridad de la CDMX.

Después que lo estabilizaron y antes de que lo metieran al quirófano para operarlo y sacarle las balas y esquirlas que tenía en el cuerpo, Omar García dictaría ese tuit que, al filo de las 9:30 de la mañana, tres horas después del ataque, confirmaba dos cosas: que el secretario estaba vivo, por lo que habían fracasado los asesinos en su objetivo, y que él sabía muy bien el nombre y el tamaño de quien había mandado matarlo y no tuvo miedo de decirlo con sus cuatro letras: CJNG, a los que llamó “criminales y cobardes”.

Con Harfuch fuera de peligro, en ese momento empezaba otro “tiroteo”, este político y mediático contra el malherido funcionario que había salvado la vida, pero aún no se salvaba de la grilla.

En redes sociales se comenzó a soltar que había sido en realidad un “autoatentado”. Personajes anónimos deslizaban la idea de por qué habían fallado los “sicarios” y por qué abandonaron armas que ni siquiera accionaron.

La insidia no iba sola, se recordaba que el ahora secretario de Seguridad capitalino había sido director de la Policía Federal en Guerrero cuando ocurrió el caso Ayotzinapa. Más allá de las interpretaciones o de las opiniones sobre el trabajo y la figura de Omar García Harfuch, el tiroteo político y mediático en su contra tenía una explicación clara y sencilla: la grilla que se ha desatado en el Gabinete federal por ver quién va a ocupar la Secretaría de Seguridad federal una vez que Alfonso Durazo renuncie para irse como candidato de Morena al Gobierno de Sonora.

Y es que el nombre García Harfuch suena como un posible secretario de Seguridad federal, aunque no es el único. Uno de ellos podría ser quien se quede al frente de la seguridad federal cuando Durazo brinque, literalmente, en busca de su anhelada aventura sonorense, y eso, dicen en el mismo Gabinete, está detrás del golpeteo contra Omar.

Lo que sí es un hecho es que fue más fácil que él se salvara de un ataque de 30 sicarios fuertemente armados y que iban con la intención de aniquilarlo, que del tiroteo político y las grillas que pueblan el Gabinete lopezobradorista… Capicúa de los dados. Repetimos tiro.

07 Julio 2020 04:02:00
Los videoescándalos de Lozoya
Cuando el presidente López Obrador se queja del “silencio” de los medios en torno a la extradición de Emilio Lozoya Austin –que muy probablemente se concrete hacia finales de esta semana o principios de la próxima– lo que en realidad está diciendo el Mandatario es que el exdirector de Pemex no solo viene desde España en calidad de uno de los hombres más encumbrados y cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto, sino que después de un detallado acuerdo con la Fiscalía General de la República, Lozoya viene dispuesto a abrir la “caja de pandora” y detonar un nuevo escándalo político-mediático de corrupción en el sexenio pasado.

Y de acuerdo con fuentes de alto nivel del Gobierno, la información que tanto promueve el Presidente involucra no solo dichos y hechos del que fuera uno de los peñistas más cercanos del primer círculo en Los Pinos, sino también videos y grabaciones de personajes de primer nivel en el Gobierno anterior y en el Congreso, que habrían sido grabados por el propio Lozoya Austin recibiendo sobornos con maletines llenos de dinero en efectivo y que acudieron a su fastuosa oficina del piso 45 de la torre oficial de Pemex.

Es decir, que además de la información que esté dispuesto a dar sobre el caso Odebrecht, Lozoya también ha puesto a disposición de la FGR un paquete de videos grabados por él en su oficina en los que aparecen varios políticos de la oposición en el sexenio de Peña Nieto, a los que él personalmente les entregó maletines llenos de dinero a cambio de que votaran a favor de la reforma energética cuando se discutió y se aprobó en el Congreso de la Unión.

De confirmarse la existencia de ese material, Lozoya se convertiría en el nuevo Carlos Ahumada de la política y estaríamos a las puertas de una nueva edición de los “videoescándalos” del 2003, que en su momento involucraron a figuras del Gobierno del antiguo Distrito Federal ligados al entonces jefe de Gobierno y hoy presidente de la República, como René Bejarano, Gustavo Ponce y Carlos Imaz.

Según las fuentes consultadas Lozoya mencionó concretamente tres cosas en el escrito que presentó ante el juez de la Audiencia Nacional de España para allanarse y aceptar la extradición solicitada por el Gobierno de México y la Fiscalía General de la República: la primera fue, a petición directa del fiscal Gertz Manero, su reconocimiento “a las autoridades mexicanas” por su profesionalismo; la segunda, su disposición a colaborar con información sobre los delitos que se le imputan; y la tercera que él fue “solo un instrumento” de la corrupción del Gobierno peñista y que los actos y acciones ilícitas en las que participó siempre fue por instrucciones de sus jefes inmediatos superiores, es decir el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que presidía el Consejo de Administración de Pemex, y el presidente Peña Nieto.

Veremos en cuanto traigan a Emilio Lozoya desde Madrid –que podría ser el próximo viernes en un avión que mandará el fiscal Alejandro Gertz Manero a recogerlo– cuándo y cómo se detona la bomba de los nuevos “videoescándalos” y quiénes serán los protagonistas de las grabaciones que entregará el exdirector de Pemex que, por lo que tanto repite y anticipa el presidente López Obrador, está claro que viene dispuesto a todo, con tal de salvar su pellejo, no solo cantará con un fuerte “do de pecho” sino que está dispuesto a salpicar suciedad para todos lados.


06 Julio 2020 04:02:00
La BOA empresarial o la alianza MTY-CDMX
Mientras el presidente López Obrador hace maletas para su polémico primer encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, en el país que dejará por unos días al Mandatario no solo le saltan las castañas calientes de las más de 30 mil muertes del Covid, hay también otras castañas que se cocinan a fuego lento, pero que cuando revienten le quemarán las manos al Presidente.

En las últimas semanas ha tomado forma, de distintas maneras, aquel animal político que en forma de un gran bloque amplio opositor invocó el Presidente: la famosa BOA no tiene una o dos cabezas, como lo anticipaba el Presidente, sino varias expresiones que atraviesan sí por las alianzas políticas entre los partidos de oposición para tratar de ganarle las elecciones legislativas en 2021, pero también se extiende a otros ámbitos como el de los empresarios, con quienes por cierto, el Presidente rompió lanzas a partir de que se negó a aceptar sus propuestas de apoyo al empleo y contrataciones de deuda para apoyar la liquidez de las empresas afectadas por el Covid y evitar su quiebra.

Un grupo importante de empresarios ha comenzado a fortalecer una alianza entre el poderoso Grupo Monterrey, que tiene claras y marcadas diferencias con las políticas de la 4T, y con una facción importante del Grupo CDMX conformada por los principales integrantes del Consejo Mexicano de Negocios. A partir de la idea común de que el Gobierno de López Obrador los ha “traicionado” y que, con sus decisiones y políticas, intenta “destruir a las grandes empresas e industrias para que, a partir de lo que quede empezar a repartirlo”, los empresarios regios y capitalinos han trabado alianza con un objetivo claro: combatir al proyecto de la 4T con todos sus recursos económicos, legales y políticos.

Entre los poderosos capitanes del norte y los de la capital ha habido ya varias reuniones presenciales y a partir de la contingencia sanitaria han optado también por realizar reuniones virtuales, pero como saben del riesgo de que estas sean hackeadas y espiadas por las áreas de inteligencia del Gobierno, son cuidadosos y no utilizan plataformas conocidas sino un sistema personalizado de enlaces virtuales que manejan totalmente encriptado y para el que fijan reuniones que solo ellos y sus más cercanos conocen hora y fecha.

Hay dos temas en particular que están en la agenda de la alianza empresarial: el primero tiene que ver con la Ley de Etiquetados, que entrará en vigor en octubre, tras ser aprobada por el Congreso y contra la cual arman toda una estrategia legal y de amparos, ante el daño que esta legislación le causaría al consumo de productos que producen varias de sus empresas. En ese tema se dicen “traicionados” por el presidente López Obrador con el que habían conversado personalmente sobre un “modelo de transición” para la entrada en vigor gradual de esa ley.

El otro tema es el sector energético, donde también han puesto todas sus baterías en combatir, legal y políticamente, a los dos funcionarios que ubican como los “enemigos” de la inversión privada en el sector y como los “radicales” causantes de la política energética estatista y antiempresarial: la secretaria Rocío Nahle y el director de CFE, Manuel Bartlett.

En fin, que con la alianza Monterrey-CDMX está cobrando forma aquella BOA de la que hablaban en Palacio y que, con los recursos económicos y el poder de sus despachos jurídicos, están planeando y actuando para frenar y combatir los planes y leyes de la 4T que afectan a la actividad empresarial, al tiempo que buscan incidir también en los temas políticos y electorales que le quiten poder y mayorías al proyecto lopezobradorista. Dicen que hay que tener cuidado con lo que se invoca... y lo que invocaron en Palacio Nacional hoy cobra forma.
04 Julio 2020 04:07:00
El CJNG y la amenaza de desestabilización
Hace un año, en junio de 2019, una fuente militar del más alto nivel le informó a un grupo de gobernadores que tenían en las áreas de inteligencia castrense un reporte confirmado sobre una reunión que convocaron y llevaron a cabo varios de los capos y jefes de los principales cárteles del narcotráfico en México.

El general no daba muchos detalles sobre dónde y cuándo había ocurrido la “cumbre del narco” pero sí confirmaba, con base en la información que tenía la Defensa, tres datos: el encuentro se produjo, el acuerdo de los líderes del narco era “bajarle dos rayitas a la violencia en el país” y de todos los cárteles reconocidos que operan en México, solo uno no asistió a esa reunión ni avaló la propuesta de disminuir la violencia: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ese hecho, que nos refiere uno de los gobernadores que conoció la información de primera mano, puede explicar por qué de todos los grupos del narcotráfico, el que encabeza Nemesio Oseguera “El Mencho” es en estos momentos no solo el más agresivo y violento, con atentados como el fallido contra Omar García Harfuch y amenazas de muerte como las que le hacen al Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino también el más perseguido y afectado en sus integrantes, intereses y sus cuentas por el Gobierno de la 4T.

La organización del “Mencho” se ha convertido no solo en el grupo criminal más violento y con mayor fuerza armada y territorial en el país, con presencia en 27 estados de la República y catalogado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y por la DEA como “una de las cinco organizaciones criminales y terroristas más violentas” del mundo.

Hoy es también una amenaza para la estabilidad social y política, en la medida que la ofensiva que ha lanzado Nemesio Oseguera en contra del Estado incluye dos acciones nunca vistas en ningún cártel de las drogas que inciden directamente en la gobernabilidad: la primera, las amenazas directas –y ya se sabe, reales– contra figuras importantes del Gabinete presidencial y contra un Gobernador de un estado, y la segunda, su intención de controlar, dominar y someter a la capital del país, la Ciudad de México, sede de los poderes federales.

Ese es el tamaño del desafío que el CJNG ha lanzado, no solo al Gobierno de la 4T, sino al Estado mexicano en su conjunto. A sus confrontaciones por territorio que han disparado la violencia en toda la República, pero particularmente en estados como Guanajuato y Colima, donde se enfrenta al cártel de Santa Rosa de Lima, en el primer caso, y al de Sinaloa, al que le disputa el control del Puerto de Manzanillo, se suma ahora su confrontación directa y abierta con el Gobierno federal en la que el grupo de Oseguera Cervantes tiene claramente una estrategia desestabilizadora que comenzó con el asesinato de un juez federal, Uriel Villegas y su esposa; continuó con el atentado al secretario de Seguridad capitalina, Omar García Harfuch, y planea seguir con las amenazas a al menos cuatro secretarios y directores del Gabinete federal, además de las amenazas al gobernador Alfaro y a la presidenta de la CNDH.

Con ese panorama y una cifra oficial de 54 mil muertos en 18 meses de Gobierno, llegará el presidente López Obrador la próxima semana a Washington en su polémica primera visita para encontrarse con el presidente Donald Trump. Aunque el evento que los reúne, en el que aún no se sabe si se sumará de último momento el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, es el arranque del T-MEC.

El Mandatario mexicano ha dicho que hablará con Trump del tratado comercial pero también podría hablar de beisbol y del operativo Rápido y Furioso ocurrido hace 10 años. La realidad es que habría temas mucho más importantes y prioritarios entre los dos países y uno de ellos, sin duda es la amenaza del CJNG.

El reporte de la DEA de Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019, ya ubicaba que el cártel del “Mencho” ha rebasado las fronteras mexicanas y opera a gran escala en ciudades importantes de los Estados Unidos como Nueva York, Los Ángeles, Miami, Atlanta, San Diego, Chicago y Denver, hasta donde llevan drogas como las metanfetaminas, de las que son ya el principal productor e introductor al territorio estadunidense.

“El CJNG es una de las organizaciones criminales trasnacionales de más rápido crecimiento en México…Es responsable de una proporción significativa de drogas que ingresan a EU y de niveles elevados de violencia en México”, señala el reporte de la agencia antidrogas.

Es posible que en el esperado encuentro de la próxima semana en la Casa Blanca, ni el narcotráfico ni el beisbol sean parte de los temas que toquen los presidentes de México y Estados Unidos, pero sin duda la amenaza de la violencia criminal y el desbordamiento de cárteles como el Jalisco Nueva Generación, sí serán un tema destacado en la campaña de Donald Trump, porque en Washington lo saben muy bien, y así lo dijeron desde 2018 en la orden que dio el propio Trump para desmantelar a las organizaciones criminales más peligrosas para EU, entre las que se encuentra en el primer lugar el CJNG y su líder Nemesio Oseguera “El Mencho”, a cuya cabeza le han puesto un precio de 10 millones de dólares.

Haría bien el presidente López Obrador en dejar a un lado la frivolidad beisbolera y los asuntos del pasado como el ilegal operativo Rápido y Furioso para concentrarse en la amenaza real de desestabilización que hoy enfrenta el Estado con el CNJG y su descontrolado líder Nemesio Oseguera. Sería un tema mucho más apremiante y necesario no solo para tratar con Donald Trump, sino para tomarse en serio y poner a trabajar a su Gabinete de Seguridad, que con todo y su tesón y por más que se reúna todos los días muy temprano, no se caracteriza por los mejores resultados.


¿Supieron antes en Palacio de amenazas a Alfaro?

A propósito de las amenazas de un atentado en contra de Enrique Alfaro, confirmadas por el Mandatario jalisciense a varios medios, en Guadalajara se dice que hace unos días supieron de las intenciones del CJNG, a través de una llamada de un funcionario federal que les dijo que existían amenazas de atacar al Gobernador por no apoyar a ese grupo delictivo.

Este viernes el ofrecimiento de apoyo y de protección que hizo el Presidente para Alfaro y para la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, fue sin duda un gesto importante y necesario ante la gravedad de esas amenazas.

AMLO sabe muy bien que su Gobierno no puede permitir que se atente contra una funcionaria del nivel de la ombudswoman ni contra un gobernador por el impacto que eso tendría en la estabilidad del país y de su propia Administración.

Por eso, a pesar de las serias diferencias y de lo mucho que se había molestado porque lo mencionó por su nombre en los señalamientos sobre las marchas violentas ocurridas en Guadalajara, tuvo que ordenar acciones puntuales a su Gabinete de Seguridad y a las Fuerzas Armadas para que vigilen la seguridad del Gobernador de Jalisco.

Eso lo reconocen y agradecen en el Palacio de Gobierno jalisciense, donde valoran el gesto republicano y responsable que tuvo el Presidente, pero solo les queda una duda: ¿el nombre de Alfaro aparecía también en la llamada capturada por las áreas de inteligencia y que se presentó en la reunión del Gabinete de Seguridad del pasado 11 de junio en Palacio Nacional?

Porque Alfonso Durazo confirmó en su momento la existencia de esa llamada interceptada por el CNI y los nombres de Omar García Harfuch, Marcelo Ebrard, Santiago Nieto y el mismo secretario Durazo, que aparecieron mencionados como objetivos de atentados, y este viernes mismo el presidente López Obrador volvió a decir que desde hace 10 días supieron de la amenaza contra García Harfuch. Y hay quien dice que en esa misma llamada aparecía también el nombre del Gobernador de Jalisco. Si eso es real y nadie le avisó desde ese momento a Enrique Alfaro que corría peligro, el asunto sería más que delicado… Se baten los dados. Serpiente doble.

02 Julio 2020 04:07:00
Marcelo y Videgaray, ¿dos apuestas por Trump?
En el viaje que emprenderá López Obrador la próxima semana con rumbo a la Casa Blanca, está evidentemente la mano de Marcelo Ebrard. El canciller no es solo el traductor oficial del Presidente sino también el cerebro que maquinó, planeó y organizó la que será la primera visita oficial del Mandatario mexicano a Donald Trump, el Presidente estadunidense que hoy está en franca campaña por la reelección.

Junto al yerno y asesor de Trump, Jared Kushner, Ebrard realizó todas las gestiones, consultas y cruces de agenda para afinar este primer encuentro en el que se celebrará, una semana después de iniciado, el arranque del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, que aunque se trata de un acuerdo trilateral, no contará en la improvisada ceremonia de inicio con la presencia del primer ministro de Canadá y será solo un acto encabezado por Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, luego de que Justin Trudeau no confirmara a las insistentes invitaciones del Gobierno de México para que acudiera también a la Casa Blanca.

El propio presidente López Obrador reconoció que hay “riesgos” en esta visita por el momento en el que ocurrirá, a escasas dos semanas de que Donald Trump arrancara su campaña como candidato presidencial del Partido Republicano, y es seguro que fue el mismo Ebrard quien le alertó de esos riesgos que debieron evaluar y sopesar muy bien antes de decidir hacer el viaje. Un político con la experiencia y el colmillo del secretario de Relaciones Exteriores, sabe bien que como decía su admirado Daniel Cosío Villegas, en política y en este viaje, “la forma es fondo” y que, por más que se declare que no es el objetivo ni el interés de este encuentro, la imagen del Presidente mexicano junto al Presidente (y candidato) Trump tendrá un impacto innegable en el ambiente electoral estadunidense.

En ese sentido Marcelo Ebrard parece actuar hoy igual que en su momento lo hizo Luis Videgaray Caso cuando, en plena campaña presidencial en Estados Unidos, invitó a México a Donald Trump y lo llevó hasta Los Pinos el 31 de agosto de 2016. Entonces, como ahora, Trump era el candidato republicano que iba abajo en las encuestas y también aquella visita fue operada y negociada por Videgaray con Jared Kushner, como ahora lo hizo Marcelo. Las dos reuniones, la de hace cuatro años con Peña Nieto y la de ahora con López Obrador, las propuso Trump porque igual ahora que entonces el encuentro le sirve más al candidato republicano, por su desventaja en las encuestas, que al Presidente de México.

No hay nada que haga pensar que Donald Trump no tratará de aprovechar la presencia de López Obrador para mandar un mensaje a los votantes latinos y a los indecisos en Estados Unidos para que entiendan que él tiene perfectamente dominadO y bajo control a México. Parece que las condiciones y el contexto se repiten en estos dos encuentros entre presidentes de México y Estados Unidos, y ante esas similitudes es difícil pensar que el resultado y la interpretación que se dé a la primera reunión Trump-López Obrador no sea la misma que en su momento tuvo la visita del republicano a Los Pinos: México y su Gobierno están apostando por la candidatura y por la reelección de Donald Trump para la presidencia de Estados Unidos.

Por lo demás, Luis Videgaray nunca negó haber sido el cerebro detrás de aquella polémica y cuestionada visita de la que convenció a Peña Nieto, tal y como ahora lo ha hecho Marcelo Ebrard. Sería bueno saber si también el Canciller asumirá después, si las hay, las consecuencias y lecturas que tenga la presencia de López Obrador en la Casa Blanca y si su apuesta en este caso tiene que ver también con sus aspiraciones presidenciales futuras. Está por verse cómo cae en el comité de campaña de Joe Biden y en el Partido Demócrata la reunión; solo falta saber si a Marcelo le sale tan bien la jugada como le resultó a Luis y si su apuesta resulta ganadora, porque si no es así los costos no los pagará solo el canciller, sino el país… Dados girando. Escalera doble.

01 Julio 2020 04:07:00
Tomás Zerón, ¿prófugo en Canadá?
El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, nos dijo ayer martes en radio que ya saben a dónde huyó Tomás Zerón y que tienen confirmada la ubicación actual del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la desaparecida PGR, a quien se le libró orden de aprehensión por delitos contra la justicia y que incluso planean ya la solicitud de extradición al Gobierno del país extranjero a donde huyó el exfuncionario al que pedirán devolver a México.

El mexiquense Zerón será la pieza clave para una de las rutas que está tomando la FGR en las nuevas investigaciones del caso Ayotzinapa que van, por un lado contra funcionarios de los tres niveles de Gobierno que entorpecieron y distorsionaron las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas con prácticas de tortura, detención arbitraria, siembra de pruebas y violaciones de procedimiento, y por otro lado contra las organizaciones del crimen organizado que cometieron la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, en donde el otro personaje clave es el líder de Guerreros Unidos, José Ángel Casarrubias Salgado, “El Mochomo”, capturado la semana pasada en Metepec, Estado de México.

En el caso de Zerón, las imputaciones de la Fiscalía no son solo por la siembra de restos humanos en el Río San Juan, que quedó documentada en video aquel 28 de octubre de 2014, cuando el entonces director de la AIC fue visto en las márgenes del río junto con Agustín García Reyes, un detenido por el caso Ayotzinapa, que fue llevado hasta ese lugar sin ninguna diligencia oficial ni orden de traslado por parte de un juez. A eso se le añaden varias acusaciones relacionadas con las detenciones arbitrarias de varios testigos y acusados que no fueron presentados al Ministerio Público, además de que también se le acusa de estar detrás de las confesiones obtenidas bajo tortura y de otras irregularidades que afectaron el debido proceso y que fueron parte de la llamada “verdad histórica” que impidió llegar a conocer el paradero de las víctimas.

Zerón es, en ese sentido, la punta de la madeja de un entramado de decisiones y acciones que, desde las instancias gubernamentales sobre todo del Gobierno federal y de la antigua PGR, torcieron y ensuciaron la indagatoria oficial hasta convertirla en un laberinto complicado y que, más que apuntar hacia conocer las verdaderas motivaciones de la desaparición forzada y el posterior destino de los normalistas, pretendieron ajustar y orientar las investigaciones para que coincidieran con una versión oficial que nunca quiso ahondar en la participación directa o indirecta de instituciones del Estado mexicano en un crimen cometido en conjunto por el narcotráfico y las corporaciones oficiales que lo protegieron y encubrieron.

Hoy que está prófugo, hay versiones de fuentes cercanas al exfuncionario que indican que habría huido y que incluso el amparo que solicitó la semana pasada lo hizo a través de los abogados porque ya se encontraba fuera. Según esas fuentes, Zerón estaría en una ciudad de Canadá, a donde voló tratando de evitar su detención y porque el Gobierno canadiense es uno de los más escrupulosos en temas de extradición y que el Tratado vigente con México contiene cláusulas que pueden inhibir la entrega de un acusado si se argumenta persecución política, como ocurrió con el caso del hoy senador Napoleón Gómez Urrutia.

Con todo, el fiscal Gertz Manero se dice totalmente seguro de que va a lograr la extradición de Tomás Zerón, tal como acaba de lograr una que parecía también muy complicada: la de Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex que finalmente aceptó allanarse a ser traído desde España a México para ser enjuiciado. Veremos si se confirma primero que Zerón está en Canadá y la respectiva solicitud para extraditarlo; en todo caso se trata de otro encumbrado peñista que también fue parte y actor en la corrupción, en este caso del sistema de procuración de justicia, en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto.



30 Junio 2020 04:08:00
Un viaje incómodo e inoportuno
Tanto se tardó Andrés Manuel López Obrador para decidirse a realizar su primer viaje como Presidente a los Estados Unidos y la que también será su primera salida al extranjero, que ahora que al fin se decidió su salida está levantando polémica dentro y fuera de país.

Los cuestionamientos al momento en el que el Presidente mexicano arribará por primera vez a la Casa Blanca para encontrarse con Donald Trump han surgido lo mismo de la campaña del candidato demócrata a la Presidencia estadunidense, Joe Biden, que del Congreso mexicano en voz del diputado oficialista Porfirio Muñoz Ledo y hasta de organizaciones de mexicanos que viven en EU.

Todos coinciden en calificar la visita de López Obrador como “inoportuna” porque tendrá lugar justo en el arranque de la contienda presidencial en la que su anfitrión en la Casa Blanca, el presidente Trump, es un competidor que además arranca con casi 20 puntos de desventaja y está urgido de cualquier cosa que le ayude a levantar su campaña reeleccionista.

Y aunque el Mandatario de México insiste en que él no va a Washington a apoyar a ningún candidato ni a meterse en asuntos de la política estadunidense, sino a participar en el arranque del T-MEC, que se inicia formalmente este 1 de julio, la realidad es que una imagen suya al lado del candidato republicano tendrá, por más que no se quiera, una lectura política en el ambiente electoral que ya vive Estados Unidos.

“Va a ser una reunión política, en el buen sentido de lo que es la política. Voy a un viaje que tiene que ver con mis facultades que me otorga la Constitución política de México”, dijo ayer lunes el Presidente al defender su viaje a la capital estadunidense.

“¿Pero reconoce que será percibida de manera electoral?”, le preguntaron los reporteros. “Sí, pero nosotros tenemos una tradición de política exterior de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de cooperación para el desarrollo, yo me tengo que ajustar a eso, no soy igual que otros, yo voy a representar a México en un asunto que considero fundamental para el desarrollo de la economía”, respondió López Obrador quien dijo no tener “problemas de conciencia” porque a diferencia de sus antecesores, “no soy un vendepatrias”.

Lamentablemente no todos ven este viaje con la óptica del Presidente mexicano. “Esta visita (que podría llevarse a cabo entre el 4 y 6 de julio para evitar a los demócratas) es un esfuerzo para distraer de las fallas que ambos líderes han tenido en responder a la pandemia del coronavirus”, expresó Juan S. González, exasesor del candidato Joe Biden para América Latina, quien criticó que López Obrador vaya a EU cuatro meses antes de las elecciones presidenciales en ese país, en donde uno de los candidatos es precisamente Biden, y también lamentó que el expresidente Enrique Peña Nieto recibiera a Trump durante la campaña presidencial en Estados Unidos de 2016.

También aquí en el país y en su propio partido, Morena, hay quienes califican de “inoportuno” su primer viaje a Estados Unidos. “Distintas vertientes de opinión coinciden en lo inoportuno del viaje del Presidente a Washington, cuando Trump es repudiado mundialmente por su maniaco racismo contra los afroamericanos, pero también contra los nuestros”, escribió el viernes pasado el diputado Porfirio Muñoz Ledo en su cuenta de Twitter.

“La entrada en vigor del T-MEC parece un pretexto, ya que es difícil que el canadiense Trudeau asista”, agregó el legislador morenista quien citó a “algunos embajadores, como Agustín Gutiérrez Canet (tío de Beatriz Gutiérrez Müller) lo consideran ‘un error histórico’ que exhibe las prisas futuristas en los dos lados de la frontera”.

Los mexicanos que viven en EU y que apoyaron en campaña a López Obrador, también ven riesgoso que el Mandatario mexicano vaya justo ahora a Washington. “Actualmente existen 32 millones de votantes latinos que podrían definir la elección de noviembre. La presencia de López Obrador en Washington podría inclinar algunos de esos votantes en favor de Donald Trump”, expusieron varias organizaciones de connacionales radicados en el vecino país en una carta que le mandaron al canciller mexicano Marcelo Ebrard.

“Le exhortamos a posponer la visita del Presidente hasta después de noviembre cuando exista un presidente electo, y tenga la oportunidad de dirigirse al Congreso estadunidense, como corresponde a un Jefe de Estado”, dijeron organismos como la Red de Poblanos en Nueva York, el Frente Indígena Binacional, la Unión Cívica 1 de Mayo y el Frente de Inmigrantes Chicago, entre otras.

Pero contra todas esas opiniones, López Obrador ha dicho que irá a la Casa Blanca “a pesar de los riesgos” porque él no es un “vendepatrias” y el arranque del T-MEC es fundamental para iniciar la recuperación económica después de la crisis del Covid-19, además de que quiere agradecerle a Donald Trump “lo bueno que ha sido con México”.

Veremos, pues, cómo cae y cómo se interpreta, en el agitado ambiente político estadunidense, una fotografía en estos momentos de Donald Trump y López Obrador dándose la mano. Ya hubo un presidente que se equivocó al reunirse con Trump en plena campaña y el error le costó mucho a Enrique Peña Nieto y al mismo país por el enojo de los demócratas. Esperemos que no haya un segundo presidente que, queriendo o no, cometa el mismo error.

29 Junio 2020 04:09:00
A grandes males, los mismos remedios
En dos videos distintos, pero en el fondo iguales, este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador desencantó sobre las respuestas que dará su Gobierno a dos situaciones inéditas y graves para los mexicanos. Por un lado, ante la crisis económica más grave y profunda que hayamos vivido, el Ejecutivo solo tiene “optimismo” y jura, basado en sus datos y en sus pronósticos —siempre desacertados—, que “vamos a salir muy rápido porque ya tocamos fondo” en una “v” imaginaria que solo él ve y sin ningún tipo de apoyo a las empresas y solo “a la gente de abajo”.

Y luego, ante el desafío brutal que le lanzó el crimen organizado y más concretamente Nemesio Oseguera “El Mencho” y su Cártel Jalisco Nueva Generación, que prácticamente le declaró la “guerra” al intentar asesinar al jefe de la Policía de la CDMX en plena capital de la República, el jefe del Estado saca una banderita de paz, tan blanca y campechana como las guayaberas que luce en sus videos, mientras dice que “no habrá guerra” contra los narcos y que su estrategia de seguridad seguirá inamovible, tratando de ganarle al “Mencho” y al resto de capos sanguinarios con los 3 mil pesos que les da a los jóvenes y con sus programas sociales como arma contra el sicariato.

Su estrategia claramente no ha dado resultados y los casi 40 mil muertos en año y medio de Gobierno no pueden ser ningún indicador de que sus programas y apoyos sociales y económicos a la población más vulnerable funcionen también como programas preventivos del delito que claramente no son. Pero lo más grave es que ante la percepción cada vez más generalizada de un Gobierno débil, que aunque en el discurso diga que “no vamos a negociar como antes con el crimen organizado”, en la realidad se muestra totalmente complaciente y hasta permisivo con los violentos cárteles de la droga.

Si ya la reciente confesión presidencial de que “yo ordené la liberación” de Ovidio Guzmán había confirmado esa debilidad ante el Cártel de Sinaloa, la tibia e inocente respuesta al ataque perpetrado por el CJNG en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México genera más dudas que certezas sobre la capacidad y la fuerza de este Gobierno para controlar y someter a las violentas organizaciones del narcotráfico que siguen siendo las principales generadores de la violencia en toda la República. Y no es que nadie quiera que volvamos a la guerra sanguinaria de Felipe Calderón, pero aun en una estrategia que privilegie la inteligencia y los golpes financieros al crimen organizado, hay momentos en que el Estado en su conjunto y el Presidente como su jefe máximo, tienen que mandar un mensaje de fuerza y dejarle claro, a los criminales y a la sociedad, quién está al mando y quién tiene el poder.

Porque hoy en México, con la violencia cotidiana que se refleja en masacres con decenas de cuerpos asesinados por las pugnas territoriales de los cárteles, liberaciones de capos detenidos, asesinatos de jueces y atentados en pleno corazón de la República contra un jefe policiaco, no está nada claro quién manda: si el que despacha, habla y graba sus videos en Palacio Nacional o los que son capaces de movilizar ejércitos fuertemente armados y de ordenar atentados y ataques de tipo terrorista para amedrentar a la población. ¿Quién es la roca en el zapato para quién?
27 Junio 2020 04:03:00
Omar sabía que ‘El Mencho’  andaba tras sus pasos
La manera valiente y decidida con la que Omar García Harfuch ordenó a sus colaboradores subir un mensaje a su cuenta personal de Twitter, cuando ya estaba herido con tres balazos y esperando entrar al quirófano para una operación de emergencia tras el brutal atentado que sufrió la mañana de este viernes, confirma que el secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX sabía muy bien quién era su agresor, quién había dado la orden y por qué habían intentado aniquilarlo: el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

“Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, dos compañeros y amigos míos perdieron la vida, tengo tres impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra Nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando”, decía el mensaje que, a través de las redes sociales, había dictado, desde el Hospital Médica Sur, el funcionario herido y a punto de ser intervenido. No había ni duda ni temor en sus palabras y lo que sí había era su decisión de mandar el mensaje de que seguía vivo y que no iba a rendirse ni a dejarse amedrentar por el manotazo violento del narco más sanguinario y buscado de México.

La seguridad y contundencia con la que Omar hizo su acusación –muy distinta al tono vacilante con el que más tarde el secretario de Seguridad federal, Alfonso Durazo, diría que “es una hipótesis”– tenía razones y motivos de fondo. García Harfuch sabía que no solo ha golpeado fuertemente a los grupos de narcotráfico capitalino, la Unión Tepito y la Antiunión, brazos operativos del CJNG para el narcomenudeo, sino que él había coordinado y dirigido las investigaciones que llevaron a la detención de Rubén Oseguera “El Menchito”, el 23 de junio de 2015, cuando era titular de la División de Investigación de la Policía Federal; que él detuvo en 2017 a Dámaso López “El Licenciado” en la capital, justo cuando había hecho una alianza con el CJNG; y sabía también que varios de los operativos en los que se estuvo a punto de capturar a “El Mencho” en la Sierra Sur de Jalisco y en Puerto Vallarta, habían sido coordinados por él, primero desde la PF y luego como director de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR.

Por eso no fue sorpresa que el nombre del secretario de Seguridad capitalino apareciera junto a la lista de funcionarios del Gabinete federal que planeaban atacar y atentar los del CJNG, de acuerdo con la grabación de una llamada interceptada a operadores de Nemesio Oseguera por áreas de inteligencia federal y cuyo contenido fue dado a conocer en la reunión del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional el jueves 11 de junio, según reveló el columnista de El Universal, Raúl Rodríguez, en su columna del pasado 17 de junio.

Omar fue informado de esas amenazas dirigidas también hacia Marcelo Ebrard, Santiago Nieto y el mismo Alfonso Durazo, y sabía que detrás de la intención del “Mencho” hay toda una historia.

A mediados de 2019, cuando acababa de renunciar como director de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, Omar García Harfuch fue buscado por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien lo invitaba a sumarse a su Gabinete de seguridad en el estado.

La propuesta de Alfaro, que apelaba no solo a la fama de “buen policía e investigador eficiente” que precedía a Omar, sino también a sus raíces jaliscienses –nieto de Marcelino García Barragán e hijo de Javier García Paniagua– era que García Harfuch creara y dirigiera la nueva Policía Metropolitana de Guadalajara y desde ahí asesorara los temas de seguridad en la entidad.

La oferta era atractiva para Omar García, quien venía de renunciar a una relación de altibajos con el fiscal Alejandro Gertz Manero, que lo veía como un funcionario eficiente, pero le tenía cierto recelo por haber sido parte del Gobierno de Peña Nieto y no apoyaba la política de golpes y detenciones a capos del narco, que difería de la política del nuevo Gobierno de López Obrador.

El exdirector de la AIC ya había tenido contactos con Claudia Sheinbaum, quien le había pedido que le hiciera un diagnóstico sobre la problemática de seguridad en la CDMX, pero no lo había invitado aún a ser parte de su equipo. Pero en el balance entre aceptar la oferta de Enrique Alfaro y apostarle a ser parte del Gobierno de la CDMX, el joven policía no tenía duda: “Yo quiero ser secretario de Seguridad Pública, primero porque tengo un plan muy claro sobre lo que hay que hacer, que es ir contra los grupos de narcotráfico que han desatado la violencia en la ciudad, y también porque en esa posición estuvo mi padre y es una meta personal”, decía entonces García Harfuch.

Y cuando comentaba el interés también de ir a Jalisco siempre tenía una sola duda: “Me encantaría ir allá y crear una nueva policía, pero sé que allá estaría más expuesto, porque es la tierra del CJNG y yo sé que ‘El Mencho’ no me quiere por los golpes que le hemos dado y por la persecución en su contra”.

La forma en que resolvió ese dilema hoy es de todos conocida: en junio de 2019 fue nombrado Jefe de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX y se integró así al equipo de Claudia Sheinbaum y de Ernestina Godoy.

Tres meses y varios casos resueltos y detenciones después –el sacerdote que asesinó al joven Leonardo Avendaño, y cuatro de los asesinos del estudiante Norberto Ronquillo–, la jefa de Gobierno lo nombró secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, a donde llegó para reconocer por primera vez la existencia de “grupos del narcotráfico en la Ciudad de México que operan bajo la misma lógica de los cárteles y que han desarrollado un alto poder de violencia”.

Omar sabía muy bien que las garras del “CJNG” se habían extendido hasta la CDMX y que la detención que hizo el 12 de febrero de este año de Carlos Fernando Huerta Núñez, “El Viejón”, operador personal de Nemesio Oseguera, habían irritado al capo sanguinario, pero tal vez creyó, ingenuamente como muchos, que no se atreverían a atacarlo en la capital de la República.



El brazo del ‘Mencho’ llega hasta la CDMX

El ataque inédito a un secretario de Seguridad de la capital del país no es solo una expresión más de lo impunes e intocables que se sienten los capos del crimen organizado. Ocurrido justo dos semanas después de que el 12 de junio se desataran rumores sobre una supuesta detención o muerte de “El Mencho”, desmentidos después por el Presidente, el ataque y la forma en que lo planearon y ejecutaron, incluso en un lugar residencial y altamente vigilado como el Paseo de la Reforma y las Lomas de Chapultepec, lleva todo un mensaje de quién lo ordenó y equivale a una declaración de guerra al Estado mexicano en general y al Gobierno de López Obrador en particular.

La respuesta que le den las autoridades federales a quienes intentaron ejecutar al funcionario capitalino será tan determinante y significativa para medir la fortaleza y la capacidad de este Gobierno, como lo fue en su momento la decisión de liberar a Ovidio Guzmán.

Porque si no hay una respuesta de fuerza puntual y contundente y si el Gobierno de López Obrador no golpea al “CJNG” con la misma fuerza, entonces el mensaje de impunidad será muy delicado y peligroso.

Porque hacia arriba, después del secretario de Seguridad, solo sigue la Jefa de Gobierno y por arriba de tres integrantes del Gabinete, solo queda el Presidente… Los dados mandan Serpiente doble. Semana negra.



25 Junio 2020 04:02:00
Radicales vs. moderados en Morena
Las pugnas sistemáticas y comunes en Morena ya no son solamente entre las tribus internas y por el control de la dirigencia nacional; ahora, emerge una nueva disputa interior por el poder y hasta por la sucesión anticipada y que amenaza con volverse una fractura: los radicales del morenismo van con todo en contra de los pocos moderados que quedan en el movimiento lopezobradorista e intentan eliminar cualquier expresión de moderación que no comulgue con las posiciones de la izquierda más radical.

La última embestida de los duros radicales de Morena la lanzó ayer miércoles el académico de origen estadunidense John Ackerman, quien pidió en un mensaje a la bancada de Morena en el Senado, la destitución del coordinador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política. La razón para tamaña petición de alguien que ni senador es, fue porque Monreal se atrevió a asistir a una entrevista con Carlos Loret, el mismo que revelara en un reportaje el patrimonio inmobiliario que en unos pocos años y con sueldos de académicos lograron construir Ackerman y su esposa, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

Del estridente e intolerante Ackerman, quien además trata de desviar la atención sobre la exhibición de sus propiedades y riqueza patrimonial de su matrimonio, podría entenderse el golpe al líder del Senado; pero el académico de la UNAM e ideólogo del radicalismo de izquierda no va solo y su ataque representa a toda una corriente que hoy ve en Monreal no solo a un político moderado y cercano al presidente López Obrador, que además tiene interlocución lo mismo con todos, sino también lo ven como un presidenciable de Morena que estorba a los planes y ambiciones de la izquierda radical. Ven a Ricardo Monreal como un “negociador” con grupos que ellos detestan y quisieran eliminar como los empresarios, los comunicadores críticos y hasta los dirigentes de la oposición.

Curiosamente el mismo día que le enderezan esta andanada a Monreal, el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al senador zacatecano para hablar de los temas que se tratarán en el periodo extraordinario del Senado, en lo relativo a las leyes que se modificarán para la entrada en vigor del T-MEC y otros asuntos que aún requieren de consensos y negociaciones con la oposición. En ese encuentro, López Obrador le pidió al líder senatorial que fuera “un puente” para retomar el intercambio interrumpido con los empresarios tras las desencuentros que provocó la crisis por el Covid-19.

Entonces el verdadero fuego amigo en contra del zacatecano no viene de Palacio Nacional sino tal vez de los sótanos de la izquierda más radical que encuentra en la intolerancia y la supuesta lealtad a muerte contra una de los suyos, el pretexto perfecto para embestir contra la figura presidenciable que es el líder del Senado como la oportunidad de eliminar a un competidor para la aún lejana sucesión presidencial.

La pugna entre radicales y moderados en Morena ya tiene que ver no solo con controlar y manejar al partido y sus millonarios recursos, sino que también se pelean las cuotas y codiciadas candidaturas para las elecciones de 2021 y por supuesto el control del Gobierno de López Obrador desde donde pretenden no solo instaurar una “revolución” cada vez más radical y polarizante, sino también definir quién sería el candidato que busque en el 2024 mantener el poder en manos de la izquierda más radical de Morena ….Los dados mandan Capicúa. Repetimos el tiro.


24 Junio 2020 04:03:00
Trump ya espera al ‘buen tipo’ de México
En su segunda gira por la reelección el presidente Donald Trump, llegó ayer lunes a la frontera con México y desde Yuma, Arizona, presumió los avances de su “poderoso y hermoso” muro fronterizo. Volvió a agradecerle al presidente López Obrador, al que se refirió como un “buen tipo”, que le cuide con hasta 28 mil soldados mexicanos la frontera con Guatemala “asegurándose que no crucen” los centroamericanos. Y contra lo dicho en Palacio Nacional, de que no hay aún nada definido ni seguro, Trump dio por un hecho que el Mandatario mexicano “va a venir muy pronto a Washington, a la Casa Blanca”.

Es la primera vez que el Presidente de Estados Unidos se refiere al que sería su primer encuentro personal y oficial con López Obrador y lo hace justo el mismo día que el canciller Marcelo Ebrard declaraba por la mañana que “hasta el día de hoy no se tiene nada establecido”, sobre el posible viaje del Presidente de México a la capital estadunidense para la puesta en marcha oficial del nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.

Pero la euforia con la que Trump celebraba la posible visita de López Obrador, no es compartida del lado mexicano. Apenas el 10 de junio, el Presidente mexicano dijo que veía muy difícil ir a encontrarse con Trump. Por lo pronto, Trump y López Obrador vuelven a coincidir en algo: ya no quieren saber nada del coronavirus, al que cada vez evitan más en sus discursos.

Ya no se muestran preocupados y mucho menos ocupados por la gravedad del problema, además de que ninguno de los dos asume la responsabilidad de un manejo errático y de decisiones tardías de sus gobiernos.

Para Trump, su campaña arranca en franca desventaja, con cerca de 14 puntos abajo en las encuestas que encabeza el candidato demócrata Joe Biden; para López Obrador la profunda recesión de la economía por la crisis del coronavirus, el incremento del desempleo y la inseguridad y violencia del narcotráfico y los feminicidios que siguen aumentando, constituyen un clarísimo handicap en contra que el Mandatario nacional quiere remontar lanzando una agresiva campaña de polarización y contraste contra sus opositores, a los que descalifica y sataniza por querer aliarse en su contra (porque sabe que una gran alianza de oposición le ganaría las elecciones), mientras desacredita anticipadamente a los órganos electorales como el INE y advierte del riesgo de un “fraude” en su contra.

Sería más que interesante ver la fotografía de estos dos personajes juntos, si es que en algún momento coinciden físicamente, porque en sus posiciones y estilos de gobernar –aunque se digan ideológicamente opuestos y de orígenes muy distintos– cada vez son más las coincidencias: los dos saldrán más que desgastados y dañados de la crisis del coronavirus; ambos mantienen firme y fuerte su base política y electoral, pero han perdido popularidad y simpatías en amplios sectores de sus sociedades y lo mismo Trump que López Obrador hoy se ven algo desesperados porque se sienten amenazados por una elección, el 1 en noviembre y el segundo en julio de 2021, de la que depende la continuidad de su proyecto de Gobierno y su supervivencia política... Se agitan los dados. Otra escalera.
23 Junio 2020 04:03:00
Gabinete: enroques y ajedrez electoral
El extraño enroque anunciado el lunes por el presidente López Obrador, en el que saca a Rabindranath Salazar del Banco del Bienestar para meter a Diana Álvarez Maury, mientras al senador morelense lo manda a la subsecretaría de Gobernación, es el inicio de los movimientos de ajedrez político en el Gabinete con miras a las elecciones de 2021. Si al presentar al Boa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dio el banderazo de salida a la lucha electoral, ayer con este intercambio de posiciones comienza a mover sus fichas y alfiles para la batalla que sabe decisiva: la mayoría en la Cámara de Diputados y de las 15 gubernaturas en disputa.

Rabindranath es un político cercano al Presidente y a su principal operador Gabriel García Hernández. Trabaja de cerca con ambos desde antes de que se fundara Morena y fue de los perredistas que no dudaron en seguir a Andrés Manuel en su nuevo proyecto.

Fue el senador con licencia por Morelos quien contrató como asesores y contratistas en ese proceso de ampliación del Banco, a los tabasqueños Carlos Cabal Peniche, exbanquero beneficiado por el Fobaproa, y Alejandro del Valle, exoperador de programas electorales con Arturo Montiel, en una maniobra autorizada también por Gabriel García Hernández. Hoy que el Presidente lo saca de ahí para mandarlo a Gobernación, el movimiento dista mucho de ser un “castigo” y más bien parece una salida estratégica para que Salazar vaya a operar ahora desde una posición política y, de paso, a reforzar con un hombre cercano al Presidente al maltrecho y maltratado equipo de la secretaria Olga Sánchez Cordero.

En ese sentido, la llegada de Salazar a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático sin duda está ligada a las recientes renuncias de Mónica Maccise al Conapred y Mara Gómez a la CEAV, las cuales molestaron mucho al Presidente.

Hay finalmente otra interpretación de la llegada de Salazar a una posición política después de estar como director de la banca social. El senador morelense fue originalmente enviado como superdelegado a Morelos, luego de que su candidatura a Gobernador, que ya estaba definida, le fue arrebatada por la alianza de Morena con Cuauhtémoc Blanco y el PES. Luego cuando llegó como delegado al estado, la animadversión y rechazo del Gobernador fueron tan fuertes que hasta le pidió su cambio inmediato al Presidente. Hoy, cuando Cuauh-

témoc se acerca a cumplir los dos años en diciembre próximo y solo le faltaría un año para poder ser sustituido sin necesidad de convocar a elecciones, Rabindranath, desde Gobernación podría ser un sustituto natural para Morelos.

Sobre la llegada de Diana Álvarez Maury al Banco del Bienestar, esa decisión parece estar más basada en la incondicionalidad y la fidelidad total de la subsecretaria que carece de toda experiencia financiera, pero que podría ser una colaboradora cómoda para la estrategia de Gabriel García que se va a operar desde la red de sucursales del Banco del Bienestar en el manejo del efectivo de los programas sociales. Si Diana Álvarez fue igual candidata a la Corte, en donde hizo un papel casi testimonial en aquella terna donde la lucha siempre fue entre la hoy ministra Margarita Ríos y la jurista Ana Laura Magaloni, hoy la nueva directora del banco social igual puede ser una pieza operativa y flexible en la institución financiera que dispersará el dinero a las bases lopezobradoristas.

Así que si el Presidente ya no piensa ni habla de la pandemia del coronavirus, a pesar de que seguimos teniendo cifras récord de contagios y de muertes por el Covid, es un hecho que sí está pensando y, evidentemente hablando, de muchos otros temas, la mayoría de ellos distractores y golpes de efecto para entretener al pueblo bueno y también a sus opositores, mientras debajo de la mesa mueve sus fichas en el tablero político y electoral, como acaba de hacerlo en el Gabinete.

22 Junio 2020 04:00:00
La austeridad que quitó  seguridad a los jueces
El reciente asesinato del juez federal Uriel Villegas y su esposa, ocurrido en Colima la semana pasada, puso al descubierto la forma en que la malentendida “austeridad” dejó indefensos a los jueces y magistrados a los que se les recortaron los apoyos económicos para gasolina y viáticos para sus escoltas, lo que orilló a muchos de los juzgadores a renunciar a la prestación de las medidas de seguridad que, si bien les eran proporcionadas con camionetas y guardias asignados, tenían que cubrir ellos con su sueldo el pago de combustibles y alimentos para el equipo de seguridad.

Y es que la asignación de medidas de seguridad a jueces y magistrados que llevan casos relacionados con delincuencia organizada, que está contemplada en la propia Ley del Consejo de la Judicatura y que se otorga a través de la Comisión de Vigilancia, se modificó en octubre de 2018 cuando, a propuesta de la entonces consejera Martha María del Carmen Hernández, se eliminó la partida de apoyos económicos que se les otorgaba a los juzgadores para el pago de gasolina y viáticos a las escoltas que tenían asignadas para resguardarlos.

La entonces consejera, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, consideró que el Consejo de la Judicatura no tenía por qué “pagar doble” por la seguridad otorgada a los jueces y magistrados y propuso eliminar el apoyo económico que se le entregaba a cada funcionario que recibía una escolta y que servía para pagar la gasolina y los viáticos de los escoltas asignados.

Según el razonamiento del acuerdo que propuso Martha María del Carmen, la Judicatura solo debía otorgar las escoltas, las camionetas blindadas y los chalecos antibalas y que cada juzgador pagara de su sueldo el mantenimiento del equipo de seguridad.

A raíz de que el Pleno aprobó esa medida “de ahorro”, varios juzgadores comenzaron a protestar y a regresar en 2019 los equipos de seguridad que tenían asignados ante la negativa a invertir cerca del 10% o 20% de su sueldo mensual, cerca de 20 mil pesos para pagar de su bolsillo la gasolina y los viáticos para alimentación de los guardias asignados.

Ese fue el caso por el que el juez Uriel Villegas, al igual que lo hicieron muchos otros, decidió regresar y declinar a las escoltas que tenía asignadas en el oficio que mandó el 21 de febrero de 2019, cuando aún era juez de Amparo adscrito al juzgado del Penal de Puente Grande Jalisco.

A ese acuerdo se refería Uriel Villegas cuando cita en su oficio de declinación el “Artículo 36, fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que regula la asignación, empleo y retiro de medidas de seguridad a servidores públicos del Poder Judicial de la Federación”.

A raíz de las protestas de los jueces el presidente de la Comisión de Vigilancia, Jorge Cruz Ramos, propuso en 2018 otro acuerdo para regresarles los apoyos económicos a los funcionarios judiciales pero el tema se dejó pendiente de revisión y a mediados de 2019, con el cambio de consejeros que terminaban su encargo y la nueva integración del pleno de la Judicatura Federal, ya en plena cuarta transformación la mayoría de consejeros decidieron retirar ese punto con el argumento de la nueva “austeridad republicana”. La paradoja es que el presupuesto de la Judicatura nunca sufrió ningún recorte del Poder Legislativo aún en la actual Administración.

Situaciones como esta, que les costaron la vida al juez Villegas y a su esposa, han hecho que entre los jueces y magistrados se vuelva una queja común y constante que “nunca en ningún Gobierno se habían sentido tan maltratados”.

Y es que con tanta “austeridad malentendida” y con medidas que lejos de mejorar el funcionamiento del Poder Judicial lo entorpecen y lo afectan, los juzgadores terminan sintiéndose abandonados por el Estado que debería protegerlos. Tal vez a eso se refirió el presidente de la Corte y del CJF, Arturo Zaldívar, cuando calificó de “crimen de estado” el brutal doble homicidio ocurrido en Colima. Un Estado que, por ahorrarse unos cuantos pesos en gasolina y viáticos, termina dejando en la indefensión a sus jueces ante las garras del crimen organizado.

20 Junio 2020 04:07:00
AMLO les mete freno a los gobernadores
La orden del presidente López Obrador a su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, fue terminante: “Ningún aval a los gobernadores para contratar deuda o créditos. Lo quieren para las elecciones, no para el Covid, así es que si acaso hasta después de la elección (de 2021) que se les dé el aval”.

La instrucción presidencial, que mete freno a los créditos solicitados por varios gobernadores de oposición que ya obtuvieron incluso autorización de su Congreso local, parte de la desconfianza y la idea de que los mandatarios estatales no sólo “no se aprietan el cinturón”, como él se los ha pedido, sino que además planean meter las manos en las votaciones del próximo año en sus estados.

El primer “frenado” en sus intenciones de contratar 4 mil 600 millones de pesos de endeudamiento para su estado, con el argumento de la crisis del Covid-19, fue el panista Francisco García Cabeza de Vaca, a quien la Secretaría de Hacienda ya le negó el aval federal para que los bancos le dieran los créditos que ya tenía autorizados y que ahora no podrá contratar porque la Ley de Deuda Pública y Disciplina Fiscal le exige contar con la firma del titular de la SHyCP.

Bajo la misma orden, Herrera podría frenar también la deuda solicitada por Enrique Alfaro de 6 mil 200 millones de pesos, y los 5 mil 350 que pretende solicitar el Gobierno de Guanajuato, a cargo del panista Diego Sinhué Rodríguez, si les niega el aval de Hacienda.

La decisión de López Obrador, que es casi una declaratoria de guerra ante los reclamos y quejas de los gobernadores que le demandan “recursos extraordinarios para la pandemia de Covid” y revisión del Pacto Fiscal, la tomó esta semana, luego de que en una reunión con su Gabinete de Seguridad le mostraron un informe de inteligencia federal sobre los aviones privados en los que viajaron seis de nueve gobernadores del PAN que acudieron el sábado 13 de junio a la reunión del GOAN en Dolores Hidalgo, Guanajuato.

“Con razón no les alcanza el presupuesto”, dijo con sorna el Presidente a sus colaboradores cuando le enseñaron las fotos de los Learjet, Turbo Comander, Cessna, Hawker y Turbohélice, entre otras aeronaves en las que arribaron los mandatarios de Chihuahua, Javier Corral; Baja California, Carlos Mendoza; Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; Durango, José Rosas Aispuro; Yucatán, Mauricio Vila; y Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Unos eran rentados y otros propiedad de sus gobiernos.

Fue por ese informe, que contenía detalles de los modelos de avión, matrículas, fotografías y horas de salida y llegada de cada uno de los mandatarios panistas, que el 16 de junio, durante su gira por Tlaxcala, el Presidente soltó el comentario sobre “esos que se reunieron, todavía tienen los aviones privados y están contratando deuda, y siguen gastando como si viviésemos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos, no se aprietan el cinturón”, dijo tras aclarar que es legítimo que los gobernadores del PAN se reúnan pero les pidió que no culpen después al Gobierno federal porque no les alcanza el presupuesto.

En ese mismo discurso, el Presidente expresó su desconfianza de que el dinero que están pidiendo como deuda los estados, lo quieran para influir en las elecciones de 2021. “No vamos a permitir que haya fraude, desde luego no se va a permitir que ningún funcionario se involucre, participe en procesos electorales; me refiero a funcionarios, servidores públicos federales. Pero también vamos a estar muy pendientes del comportamiento de las autoridades estatales para garantizar que haya elecciones limpias y libres, que no estén pensando –lo digo con toda franqueza– los gobernadores que no se va a meter el Gobierno federal, pero que ellos sí van a poder aplicar prácticas de compra de voto, de acarreo, de reparto de dádivas, ahí sí. Vamos a estar muy pendientes”, afirmó.

Por eso, cuando le dio la instrucción a Arturo Herrera, fue muy claro en que no debe dar ningún aval federal a ningún estado porque López Obrador asegura que el dinero de esos créditos planean utilizarlo para la operación electoral en sus estados en los próximos comicios federales y locales del 5 de julio de 2021, cuando se renueva la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y casi 2 mil ayuntamientos.


Si no hay deuda, quieren dinero federal

La respuesta de los gobernadores al Presidente fue automática. Este viernes mismo, desde Monterrey, ocho mandatarios del Frente contra el Covid, le exigieron a López Obrador que les otorgue recursos federales para un plan emergente de apoyo a pequeñas y medianas empresas en sus estados, un programa de largo alcance contra la crisis económica, además de activar un seguro de desempleo y la suspensión de proyectos y programas federales como el Tren Maya, Santa Lucía y Dos Bocas.

El tono que utilizaron los gobernadores de Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Coahuila, Tamaulipas, Colima, Durango y Guanajuato era casi de exigencia y lo plasmaron en las demandas de un nuevo “manifiesto” que le harán llegar al Presidente, junto con la petición de una reunión urgente con él para discutir la implementación de un ingreso básico universal para los mexicanos y la contratación de deuda del Gobierno federal para reactivar la economía del país.

Reiteraron además el planteamiento de revisar el Pacto Fiscal y el sistema de tributación. “Es el momento de unirnos y coordinarnos ampliamente para enfrentar la crisis”, dijo el anfitrión Jaime Rodríguez “El Bronco” al leer el documento que firmaron los ocho mandatarios.

En particular el que este viernes dejó ver su descontento con el presidente López Obrador fue el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Antes de partir a Monterrey donde firmó el “manifiesto” del Parque Fundidora, anunció en su estado que su Gobierno le va a cobrar un impuesto estatal a la CFE, Pemex y a sus empresas proveedoras que operan en la entidad tamaulipeca por las emisiones de gases de efecto invernadero al utilizar combustóleo para generar su producción.

Con los recursos de ese impuesto, dijo, se promoverán la generación de energías limpias y cuidado del medio ambiente en Tamaulipas. “El que contamina paga. No se vale que el Gobierno central y las empresas contaminantes se lleven las ganancias y nos dejen aquí el costo social y medioambiental”, sostuvo el Mandatario panista.

El anuncio lo hizo Cabeza de Vaca después de enterarse de dos mensajes directos y duros que le mandó el Presidente al panista: el primero la negativa de Arturo Herrera a darle el aval necesario para que los bancos le prestaran los 4 mil 600 millones de pesos que pidió; y el segundo mensaje lo dijo en su conferencia de prensa mañanera desde Morelos donde, al hablar del “fraude” que según él cometió Felipe Calderón en 2006 para robarle la Presidencia, mencionó la operación que en su momento hizo Elba Esther Gordillo con gobernadores del PRI para que orientaran el voto en sus estados a favor del candidato panista.

Mencionó que, tanto Elba Esther como Eugenio Hernández, exgobernador de Tamaulipas, saben cómo se operó aquel día de los comicios, y en el caso del exmandatario tamaulipeco recordó que está preso en una cárcel de Cd. Victoria porque lo encarceló Cabeza de Vaca.

“Como ayudaría que el señor Hernández que está en prisión fuera una figura como testigo protegido…Sería extraordinario, ¿no les parece?...Va a haber una propuesta formal de eso”, dijo López Obrador al anunciar que Eugenio Hernández y otros personajes que quisieran dar información y declarar sobre la forma en que operaron aquel fraude en favor de Calderón, podrían recibir amnistía y salir de la cárcel a cambio.

Por eso este viernes Cabeza de Vaca montó en cólera y lanzó no solo su propia propuesta de impuestos estatales a Pemex y CFE, sino que propuso a los otros siete gobernadores con los que tiene alianza, que también impusieran esos impuestos a las empresas federales que son, por cierto, las consentidas del presidente López Obrador.

Como dirían en la escuelita: “hay tiro” y la confrontación entre el Ejecutivo federal y los distintos bloques de gobernadores de oposición cada vez sube más de tono y, ante la batalla electoral del 2021 que, aunque todavía no inicia formalmente ya está prácticamente arrancada, es claro que la guerra central será entre el poder federal y los poderes estatales, que serán los reyes del tablero electoral, con los partidos y las pragmáticas alianzas oficiales y opositoras como alfiles.

Así que, como canta el rezo de los gritones en el Palenque de Gallos: “Cierren las puertas señores…que los gallos ya se soltaron: el giro plateado de Palacio Nacional, contra los gallos pintos, azules, naranjas y tricolores”...Y la pelea será a navajazo limpio… Se baten los dados. Escalera doble.

Semana redonda.
18 Junio 2020 04:07:00
¿Quién mató al juez y a su esposa?
Si en la Fuenteovejuna del gran Lope de Vega la respuesta a la pregunta de ¿quién mató al comendador? tiene una respuesta colectiva que no apunta al autor material del asesinato sino a una colectividad que lo protege, lo encubre y le facilitó el homicidio, en el lamentable y brutal homicidio del juez federal Uriel Villegas y de su esposa Verónica Barajas, está claro que hay un homicida directo que bien podría ser del crimen organizado contra el que el juzgador había actuado y dictado sentencias, pero también hay otros que, a querer o no, facilitaron la ejecución a sangre fría que, en su propio domicilio, sufrió el funcionario del Poder Judicial Federal.

Porque después de haber estado en Guadalajara como Juez de Amparo, Villegas Ortiz sí conoció del amparo de “El Menchito” Rubén Oseguera González, hijo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”, y fue él quien ordenó su traslado de Oaxaca al penal de Puente Grande en Jalisco. En marzo de 2018, cuando era juez sexto de Distrito en Procesos Penales, Villegas Ortiz le ordenó al área de Prevención y Readaptación de la Secretaría de Gobernación, con un oficio, que “sin pretexto alguno, en un plazo de cinco días, se traslade al procesado Rubén Oseguera González”, e incluso amenazaba el juzgador con que si no se cumplía el traslado del “Menchito” a Guadalajara “se ordenara el arresto por 12 horas” del funcionario responsable de Segob.

En los circuitos judiciales de Guadalajara se comenta de otro amparo que habría llevado el juez Uriel Villegas en aquella época sobre un caso relacionado con un Valencia, familiar directo de la esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, Rosalinda González Valencia “La Jefa”. Aparentemente aquel caso no se resolvió favorablemente para la familia de “El Mencho” y eso molestó al capo y a su organización.

Con esos antecedentes, y después de haber llevado esos juicios de “alto perfil” en Jalisco, el 1 de febrero de este año el juez Uriel fue designado por el Consejo de la Judicatura Federal como juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en la ciudad de Colima. En la Judicatura hay, entre otras, dos comisiones: la de Adscripción y la de Vigilancia. A la Comisión de Adscripciones le corresponde decidir a qué Circuitos (estados) deben ser adscritos jueces y magistrados y ahí llama mucho la atención que a este juez se le mandara a Colima, lugar de operación, control y territorio del líder del CJNG, que aunque nació en Aguililla, Michoacán, casi en los límites con Jalisco y Colima, junto con su familia política de los Valencia, hizo del puerto de Manzanillo y de la capital colimense dos de sus centros de operación estratégicos.

Por su parte, la Comisión de Vigilancia del CJF, a cargo del consejero Jorge Cruz Ramos, es la que decide poner o quitar escoltas a los jueces y magistrados, conforme a criterios más de afinidad que con base en evaluación de riesgos. Esa Comisión decidió retirarle todo tipo de seguridad. Ayer miércoles en varios medios se recibieron llamadas de las áreas de Seguridad del Gobierno federal en donde se afirmaba que el mismo juez Uriel Villegas había solicitado “por escrito” que se le retirará la protección, consistente en una camioneta blindada y un par de escoltas que lo cuidaban las 24 horas del día.

La información se difundió primero en varios medios atribuida a “fuentes federales” sin mostrar el escrito, pero por la tarde comenzó a circular a través de mensajes de WhatsApp un oficio membretado del Poder Judicial de la Federación, con el número 33/2019, fechado en “Puente Grande Jalisco a 21 de febrero de 2019” y en el que Uriel Villegas Ortiz firma como juez noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el estado de Jalisco, su cargo anterior al de Colima, y en el que el juzgador se refiere a una comunicación enviada por Carlos Enrique Mendoza, secretario Ejecutivo de Vigilancia del CJF, a quien le dice que tal y como lo expresó en el oficio 19/2019, del pasado 1 de febrero, “en el cual solicité el retiro de medidas de seguridad que tengo asignadas”. El juzgador cita luego los artículos y preceptos legales y termina diciendo: “declino dichas medidas consistentes en vehículos blindados, marca Chevrolet, Suburban con placas de Sonora y el servicio de escolta integrado por seis elementos y prenda de protección personal”.

Lo único que no checa de ese escrito, que aparece con un sello de recibido el 27 de febrero a las 10:27, es que él haya enviado un oficio firmando como juez en Jalisco cuando para esas fechas, se supone, ya había sido enviado a Colima. En todo caso, se fue a Colima sin ningún tipo de protección y allá lo masacraron junto con su esposa, dejando huérfanas a dos niñas de 7 y 3 años.

Si la Fiscalía General de la República de verdad va a investigar y llegar al fondo de esta grave ejecución del juzgador federal, tendría que empezar por preguntar por qué a Uriel Villegas Ortiz lo mandaron a Colima y por qué, aun cuando sea verdad que él lo haya pedido, lo dejaron sin ningún tipo de protección en el territorio del “Mencho”. Porque con esas dos decisiones prácticamente “pusieron” al juez para que lo ejecutaran. Ese parece ser el hilo de la madeja y comienza con el consejero Jorge Cruz Ramos. Así que repetimos la pregunta: ¿Quién mató al juez Uriel y a su esposa Verónica?


17 Junio 2020 04:07:00
Oposición unida u oposición vencida
Lo complicado que resultará una alianza opositora para los comicios del 2021 –más allá de las BOAS conspiratorias que imaginan en Palacio Nacional– será vencer los egos, protagonismos, intereses y desavenencias entre los maltrechos partidos de oposición en México.

Y una primera ocurrió ayer martes, cuando el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, reveló por primera vez públicamente que sí “hay diálogo y negociaciones con las dirigencias de MC y PRD para formar un bloque opositor” que enfrente a Morena en las elecciones parlamentarias y de gubernaturas. Y no terminaba de decirlo el panista, cuando el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, salía a desmentirlo: “No es el momento de hacer cálculos políticos… no creemos, al día de hoy, que la alternativa para 2021 sea hacer bloques políticos”.

La realidad es que sí ha habido contactos y pláticas para conformar una alianza de oposición en 100 distritos estratégicos en los que se le puede ganar a Morena y arrebatarle la mayoría simple en la Cámara de Diputados.

Han participado dirigentes del PAN, de MC, del PRD y en algunos casos hasta del PRI. El tema, según un dirigente partidista que ha asistido a algunas pláticas, es que MC, por la posición de Enrique Alfaro y Dante Delgado, “está muy sobrado y no quiere hacer alianza porque dicen que solos pueden ganar”; mientras que en el mismo PAN hay división de opiniones entre grupos que están a favor y otros en contra de una alianza, igual que ocurre en el PRI donde su dirigente está por hacer alianzas, pero no así otros grupos.

Ese sería un error fatal de los opositores: si no hay una alianza de todos los partidos, o al menos de PAN-MC-PRD, no podrán derrotar al morenismo y a López Obrador; si se juntan, en cambio, hasta por simple matemática se vuelven altamente competitivos y una amenaza real para el control del partido gobernante, no solo en San Lázaro, sino en las 15 gubernaturas que estarán en disputa en 2021.

Los partidos opositores podrían ganar, unidos, hasta 12 de 15 gubernaturas, lo que les daría una posibilidad importante en la elección de los diputados federales porque las elecciones locales impactan la territorialidad de las elecciones.

Si la oposición va separada, el escenario cambia y es muy probable que Morena gane la mayoría de gubernaturas con 8, 10 o hasta 12 triunfos. La única duda ahora para Morena y AMLO es de qué tamaño será la factura que les cobre el electorado en 2021.

Lo que sí es un hecho es que es muy poco probable que Morena pueda ganar las dos terceras partes para tener la mayoría calificada que ahora tiene y tampoco la oposición puede aspirar a eso; en realidad se disputa solo la mayoría simple o relativa –la mitad más uno– y por eso es que el Gobierno de la 4T está adelantando todas sus reformas importantes y ya las aprobó casi todas para no dejar pendientes que ya no pueda sacar en la segunda parte del sexenio. Pero eso sí, la mayoría simple es clave para la aprobación del presupuesto, lo que a su vez se convierte en el codiciado cáliz que le daría continuidad y consolidación al proyecto de López Obrador.

En ese sentido, el resultado de los comicios del próximo año y en particular el de las gubernaturas resulta fundamental, no solo para lo que ocurra en 2021, sino para la prospectiva y los escenarios del 2024.

Así que todo depende de si los dirigentes y las cúpulas de la oposición dejan de lado su soberbia e intereses particulares. Si MC no acepta ir a alianza ni con el BOA, podría ser quien rompa el bloque y le haría un favor a Morena y a López Obrador. Alfaro y Dante podrían aspirar solos a 5 o 10 puntos en la mayoría de los estados, salvo en Nuevo León, pero no aspirarían a más en el resto de las entidades donde tienen presencia testimonial.

Lo que está en juego en los próximos meses y en la votación del 2021 es la supervivencia, tanto para la 4T y López Obrador como para los debilitados opositores que juntos tienen posibilidad, pero separados seguirán siendo débiles… Agitamos los dados. Tocó Escalera.
16 Junio 2020 04:07:00
Operador de Montiel trabaja ahora con la 4T
Alejandro del Valle, empresario que trabaja ahora muy cerca de Gabriel García, el coordinador de los Programas Federales para el Desarrollo y operador electoral de la 4T y que junto con el banquero salinista Carlos Cabal Peniche se encargará de montar las sucursales y cajeros del Banco del Bienestar para dispersar los programas sociales de López Obrador en toda la República, tiene toda la experiencia en el manejo electoral de los apoyos sociales: fue operador directo del exgobernador Arturo Montiel en el Estado de México y de la mano del polémico exdirigente del PRI, Isidro Pastor, ayudó al priismo a ganar elecciones operando con su empresa de call center Telmark-Contac Line, un sofisticado programa de ubicación y afiliación de beneficiarios de programas sociales de aquella época para que votaran por el PRI.

Del Valle Vega fue contratado en 2003 para las elecciones intermedias de aquel año en el Edomex por Isidro Pastor, quien lo recomendó directamente con Montiel porque tenía un método preciso, difícil de detectar y tecnológicamente desarrollado para convertir en votantes del partido oficial a todo aquel que recibiera un apoyo del Gobierno. A través de su empresa desarrolló un sistema que georreferenciaba e identificaba con precisión a todos los beneficiarios de programas del Gobierno y, una vez ubicados con base en el padrón electoral, eran credencializados y afiliados al PRI para llevarlos a votar el día de las elecciones, sin tener que utilizar los padrones sociales. Con ese sistema, Montiel y el priismo arrasaron en aquellas elecciones de 2003 y también operaron el triunfo de Enrique Peña Nieto como Gobernador en 2005.

Hoy ese mismo empresario, que se volvió millonario vendiéndole su modelo sofisticado y tecnológico de coptación del voto al Grupo Atlacomulco del PRI y que, según fuentes del Gobierno de Arturo Montiel, cobró en aquella época hasta 6 millones de dólares por sus servicios y software para el uso electoral de los programas sociales, trabaja muy de cerca con el operador de todos los programas sociales de la 4T, y uno de los hombres de mayor confianza del presidente López Obrador, Gabriel García Hernández. De hecho, el propio Alejandro del Valle Vega se autonombra “operador de la 4T” y presume y hace alarde de su cercanía y servicios al Gobierno lopezobradorista, al que le vendió un contrato con la empresa coreana para la compra de 8 mil cajeros automáticos que se instalarán en las sucursales del Banco del Bienestar para dispersar los pagos de apoyos sociales.

Además de su call center, Del Valle es dueño, junto con su hijo Carlos del Valle Guerrero, de Penny Money, una compañía que se dedica a la operación de remesas de los paisanos en Estados Unidos, servicio que también le ofrecerá al Banco del Bienestar que dirige Rabindranath Salazar.

Gabriel García, desde la Coordinación de Programas para el Desarrollo, que depende directamente del presidente López Obrador, controla fondos públicos por cerca de 75 mil millones de pesos, destinados a los distintos apoyos sociales que otorga el Gobierno federal. Hace unos meses candidatos a la dirigencia nacional de Morena como Mario Delgado y Alejandro Rojas, lo acusaron de operar con las estructuras oficiales de los delegados federales a favor de Bertha Luján para la presidencia del partido.

Por eso llama tanto la atención que una figura como la del operador directo del priista Arturo Montiel esté ahora tan cercano a García Hernández y al director del Banco del Bienestar, Rabindranath Salazar.
15 Junio 2020 04:03:00
Consejos morales contra el coronavirus
El presidente López Obrador no le dio a la mayoría de los mexicanos –salvo a los que reciben sus programas sociales– apoyos económicos, estímulos, descuentos o cancelación de contribuciones fiscales para enfrentar la crisis del coronavirus; tampoco les dio la certeza de un líder serio y eficiente que nos condujera con certidumbre y seguridad en los momentos más difíciles de enfermedad, muerte y desempleo por sus actitudes y mensajes erráticos, cambiantes y contradictorios; y mucho menos fue capaz, en esta dura prueba para su Gobierno y para el país, de concitar a la unión y a la tolerancia por encima de nuestras diferencias y lejos de eso emplazó a definiciones amenazantes y autoritarias sobre si se está con él o contra él.

Pero lo que sí nos dio López Obrador en esta pandemia es una prueba más de que tal vez como gobernante no pueda proteger nuestra vida ni del coronavirus ni de la inseguridad y violencia creciente en su Gobierno y que quizás tampoco pueda garantizarnos trabajo, crecimiento y desarrollo como país, pero sí puede darnos consejos morales sobre cómo vivir nuestra vida y qué debemos o no debemos hacer para ser “buenas personas” y de esa forma “protegernos” de un virus letal y salir de nuevo a la calle, como tendrán que hacerlo a partir de hoy muchos mexi-canos en más de la mitad de la República.

Y en eso de la moralina, nunca escatima nuestro Presidente. No nos dio uno, sino 10 consejos de vida y espiritualidad que, fiel a su costumbre mesiánica –por aquello de los 10 mandamientos y las tablas de Moisés– vienen en un decálogo que tiene de todo, desde recomendaciones sobre buena

alimentación, ejercicio y reducción de estrés, hasta preceptos de conducta para alcanzar la humildad, la bondad y la espiritualidad: “No nos dejemos envolver por lo material, alejémonos del consumismo, la felicidad no reside en la acumulación de bienes materiales, ni se consigue con lujos, extravagancias y frivolidades. Solo siendo buenos podemos ser felices”.

Nadie podría estar en contra del optimismo, la bondad, la humildad y la espiritualidad, incluso de la buena alimen-tación y el ejercicio físico como una fuente de salud y, aunque se le agradecen al Presidente las buenas intenciones, si los mexicanos quisieran mejorar su ca-lidad de vida seguro buscarían, antes que a López Obrador a Gaby Vargas, a Miguel Ángel Cornejo o hasta a la polémica vigoréxica de moda Bárbara Regil; y para vivir nuestra espiritualidad, seguro que acudiríamos a un sacerdote, pastor, gurú o hasta a un monje budista y no a quien nos gobierna.

Por más que haya buenas intenciones en el Presidente y que algunos de los puntos de su decálogo puedan confluir con leyes y políticas públicas contra el racismo, el clasismo, el sexismo o la discriminación, hay otras que de plano vuelven a transmitir esa idea tan arraigada en la 4T y en López Obrador de que el “pueblo bueno y sabio” es también ignorante y tan tonto, que ya no solo tenemos que darle su dinerito en efectivo para que lo gaste como quiera, sino también se le debe aleccio-nar, enseñar, moralizar y hasta recordarle que lo más sano “es el maíz, el frijol y unos pollitos en el corral que no tengan hormonas” y vivir una “vida simple” sin recursos ni preocupaciones.

Ese es el verdadero problema del decálogo del Presidente y de sus actitudes cada vez más extrañas y erráticas, totalmente alejadas, unas veces de la realidad y otras de la ciencia, la técnica y los datos, y las más del sentido común y de su verdadera obligación como líder del Gobierno y del Estado: gobernar no es sermonear; proteger no es moralizar; apoyar no es aconsejar y conducir a todo un país en su diversidad, complejidad y desigualdad, por la pandemia y la crisis más dura que hayamos conocido, definitivamente no se logra solo con optimismo, espiritualidad y bondad, sino con decisiones, por duras e impopulares que sean, con un liderazgo que sea capaz de ver más allá de su intuición y sus convicciones personales, y con un estadista que esté dispuesto a administrar y manejar el dinero público para ayudar y salvar a todos sus gobernados, no solo a los que estén con él, mientras ignora, desprecia y olvida a los que no quieren ser sus incondicionales.

Digamos, para resumir, que en estos tiempos tan duros y difíciles que nos tocó vivir, nos hizo falta un líder con estatura y nos sobró un predicador iluminado que, sin menoscabo de sus buenas intenciones y consejos, no pudo evitar que murie-ran tantos mexicanos –17 mil y contando– ni ha podido hacer que los que seguimos vivos nos sintamos seguros, protegidos y sin miedo para enfrentarnos a un virus con el que ya tenemos que aprender a vivir y convivir.
13 Junio 2020 04:04:00
El día que ‘mataron’ al ‘Mencho’
La versión de que el narcotraficante más peligroso y sanguinario de México, el más buscado por la DEA y el FBI estadunidenses había muerto llegó este viernes muy temprano a Palacio Nacional.

A las 8:05 de la mañana, mientras el presidente López Obrador estaba ya en su conferencia, entre los funcionarios federales se hablaba de un reporte, no confirmado, en el que militares del Ejército habrían matado en un operativo a Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, aunque también circulaban a lo largo del día otras versiones que hablaban de que su muerte se había debido a la insuficiencia renal que padecía a causa de la diabetes.

Para la tarde, el rumor ya era tendencia principal en las redes sociales y se hablaba de que la Sedena y la Marina se encontraban en “alerta”; una fuente de muy alto nivel en la Presidencia afirmaba a esta columna que sí tenían información del supuesto fallecimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que las áreas de inteligencia militar estaban corroborando las condiciones en que había muerto, mientras en otras áreas del Gobierno federal, como la Secretaría de Gobernación, decían no tener información al respecto y en otras, como la UIF de plano aseguraban que el rumor era “falso”.

En las áreas de Seguridad se aseguraba que el origen del rumor se inició por el comentario de un funcionario en la Mesa de Coordinación de Jalisco, en la que participan tanto el gobernador Enrique Alfaro, su coordinador de seguridad y el fiscal del Estado, además de los comandantes de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina. ¿Quién habría iniciado la especie en esa mesa y con qué objetivo, justo en medio del ambiente enrarecido por la confrontación política de los gobiernos de AMLO y Alfaro?

Para la noche de este viernes nadie confirmaba a ciencia cierta la versión sobre el deceso del capo de 53 años y originario de Michoacán que, en muy pocos años, desde que creó su propio cártel en 2010 durante el Gobierno de Felipe Calderón y con un crecimiento exponencial durante el sexenio de Peña Nieto, escaló meteóricamente en el mundo del narcotráfico y, después de trabajar para el cártel de Sinaloa, hizo del CJNG, la organización del narcotráfico con más presencia a nivel nacional y con una capacidad de armamento digna de un ejército, lo mismo por su gran capacidad de fuego, que por su nivel de adoctrinamiento.

En la pandemia de la Covid-19, Nemesio Oseguera, por cuya cabeza el Gobierno de EU pide una recompensa de 10 millones de dólares y lo considera, según un informe de 2019 del Departamento de Justicia como el líder “de una de las cinco organizaciones criminales y terroristas más sanguinarias y peligrosas del mundo”, mientras la FGR ofrece 30 millones de pesos por datos que lleven a su captura, se volvió también un “benefactor social” al repartir despensas en zonas marginadas de Jalisco e incluso en colonias de Zapopan, en plena Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), hasta donde sus sicarios llevaban las cajas con víveres que entregaban “a nombre del señor don Mencho”, sin que ninguna autoridad estatal o federal hiciera nada al respecto.

Hasta el cierre de esta columna, pasadas las 9 de la noche, todavía en algunas áreas de Inteligencia no negaban del todo la versión del fallecimiento del “Mencho”, pero aclaraban que “no hay nada confirmado”.

Y extrañamente las versiones se dejaban correr sin una posición oficial mientras “El Mencho” se volvía la principal tendencia en Twitter en México con más de 12 mil mensajes alusivos a la supuesta muerte del líder del CJNG.

El día que el CJNG incendió a Guadalajara

No es la primera vez que una noticia no confirmada sobre Nemesio Oseguera Cervantes desata todo tipo de reacciones. El 27 de agosto de 2012, en el Gobierno de Calderón, circuló la versión de que “El Mencho” había sido detenido en Zapopan, luego de que huyera de un operativo militar en Tonaya el día anterior, 26 de agosto.


La noticia, que circuló profusamente, desató una violenta reacción de las bases del CJNG que en unas horas incendiaron la ZMG con narcobloqueos, quema de camiones y provocando un caos y pánico entre la población.

La detención fue desmentida entonces por el Gobierno calderonista, cuando su secretario de Seguridad era justamente Genaro García Luna, y todo quedó en un rumor que dejó apanicada a la capital jalisciense y con imágenes del caos que le dieron la vuelta al mundo.

Pero tres años después, la periodista Silvia Otero publicó una investigación en la que, con base en un documento de inteligencia federal, se afirmaba que aquel 27 de agosto sí había sido detenido “El Mencho” por elementos de la Marina que lo habían perseguido después de que tuvo un enfrentamiento en Tonaya con la Policía Federal.

Las fuentes citadas en el documento aseguraban que Oseguera estuvo detenido unas horas pero que, ante la reacción virulenta de los sicarios del CJNG, el entonces gobernador panista de Jalisco, Emilio González Márquez, habría pedido a Calderón que liberaran a Oseguera, a petición de su entonces secretario de Seguridad, Luis Carlos Nájera, quien después sería Fiscal General del estado con Aristóteles Sandoval.

Según esa versión, que en su momento ameritó solo un comunicado de la Secretaría de Marina diciendo que negaba “categóricamente” la información y que ellos siempre que detenían a un presunto delincuente lo presentaban ante el MP, al “Mencho” lo liberaron tras su detención, mientras que a Nájera intentaron matarlo presuntos sicarios del CJNG el 21 de mayo de 2018, ya cuando era fiscal estatal, pero sobrevivió al atentado.

Nájera fue señalado en su momento por el procurador general, Jesús Murillo Karam, de tener presuntos vínculos con la delincuencia organizada, en comentarios que Murillo le hizo directamente al gobernador Aristóteles Sandoval, que a pesar de eso lo mantuvo en el cargo hasta 2015.

A diferencia de aquel 2012 cuando un rumor sobre su captura desató el pandemonium en Guadalajara, este viernes no se reportaba una situación con el violento CJNG. Tal vez ese sea el mejor indicador de que la presunta muerte de “El Mencho” fue solo un rumor que, soltado desde una instancia oficial, como es la llamada Mesa de Coordinación de Jalisco, resulta difícil de entender si fue un simple caso de mala información o si el tema llevaba otra intención.

Por lo pronto, Oseguera Cervantes, el narco más violento y buscado por EU, el mismo que ha burlado y se ha burlado ya de tres presidentes, contando a López Obrador, y cuyos ejércitos de sicarios fuertemente armados atemorizan a más de 10 estados, debió dormir tranquilo en alguno de sus muchos escondites entre la sierra sur de Jalisco, Puerto Vallarta, Guadalajara y Michoacán.

Y debió pensar quizás sonriendo “El Mencho” en aquella frase atribuida erróneamente al Tenorio de José Zorrilla: “Los muertos que vos matáis, gozan de cabal salud”.
Se baten los dados. Serpiente doble. Semana de altibajos.
11 Junio 2020 04:00:00
No hay BOA, pero sí van contra AMLO
Más allá de la jugada política y distractora del Presidente, de las serias dudas sobre la autenticidad del documento que se presentó en Palacio Nacional y del indudable efecto político que tuvo ponerle un nombre reptiliano a sus opositores, la realidad es que aún no existe como tal la Boa o Bloque Amplio Opositor y mucho menos un plan tan detallado y maquiavélico como el que el misterioso integrante de Morena y de la 4T que le vendió al Presidente el dudoso documento, después de que no se lo quisieron publicar en El Universal.

Lo que sí existe y es real en este momento son diversos grupos de oposición, lo mismo en los partidos políticos que buscan una alianza electoral para el 2021, que entre poderosos empresarios que, inconformes con la 4T y sus políticas, financian movimientos civiles como el Frena e intelectuales y organizaciones de la sociedad que confluyen, algunos más radicales y otros más institucionales, en un mismo objetivo: arrebatarle a Morena y a López Obrador la mayoría en la Cámara de Diputados y a partir de ahí preparar el terreno para la revocación de mandato en el 2022.

Por ejemplo, entre los partidos opositores sí hay contactos y pláticas con miras a lograr una coalición electoral que les permita ir juntos, en distritos y en estados, a las elecciones federales y estatales del 2021. El PAN y MC están analizando en qué distritos y estados les conviene y necesitan aliarse para derrotar a Morena, mientras que el PRI y el PAN también dialogan sobre casos específicos de los 300 distritos electorales o algunas entidades que elegirán gobernador, donde pudieran coligarse.
Y aunque no hay nada formal, sí se están explorando las distintas opciones y combinaciones para una alianza que frene a Morena y a la 4T en la Cámara de Diputados y le arrebate el control del Presupuesto federal.

También es real que hay grupos empresariales, como los de Monterrey, que han decidido hacer activismo y financiar organismos civiles que buscarían la salida anticipada del presidente López Obrador. Otros grupos empresariales, como la Coparmex o el CCE tienen una estrategia muy clara que apuesta a la vía electoral y que busca impulsar “liderazgos” y posibles candidaturas, que podrían ser independientes o a través de una alianza de partidos, que garanticen el triunfo en distritos estratégicos.

Hasta ahora esos grupos, todos de oposición abierta a López Obrador y a la continuidad de la 4T no tienen una articulación más allá de los objetivos comunes, pero sí hay esfuerzos y operadores que buscan conectar los recursos y las capacidades de todos esos grupos para garantizar una oposición más efectiva en las urnas en los comicios del 2021. Uno de esos personajes, que dicen está operando y tratando de vincular esfuerzos contra la 4T entre empresarios y partidos es el senador Dante Delgado.

Al coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado se le conoce como un operador consumado que además conoce muy bien al movimiento lopezobradorista porque fue uno de los políticos más cercanos a López Obrador y colaboró de cerca con él en sus primeras dos campañas presidenciales.
10 Junio 2020 04:00:00
La BOA vs. la Morena…  arranca el ring electoral
La disputa política por el 2021 y por la mayoría en la Cámara de Diputados se adelantó varios meses y comenzó en medio de la peor pandemia y crisis económica que haya conocido México. Dos mensajes del presidente López Obrador en los últimos días dieron el “banderazo”: el primero su ultimátum para las definiciones de quiénes están “con él o contra él” del domingo pasado, y el segundo el anuncio ayer martes desde Palacio Nacional de que descubrió un supuesto “documento confidencial” que, en la voz conspirativa de Jesús Ramírez, dio vida al Bloque Opositor Amplio o BOA, que buscaría ganarle el poder en 2021 a través de una serie de acciones para desacreditar a su Gobierno.

No hay certeza ni confirmación de que el documento que reveló ayer el Presidente sea real; de hecho ayer proliferaron los deslindes de la existencia no solo del documento sino de un “compló” como el que se describe en el documento de marras, al que en Palacio Nacional quisieron darle un valor probatorio casi de una gran “conspiración” de empresarios, opositores, gobernadores, expresidentes, intelectuales y periodistas en contra de López Obrador, sin ninguna prueba, más que el dudoso documento, parece una estrategia de “victimización” del hoy Presidente y de su 4T.

Ayer incluso se manejó que el documento que revela el plan siniestro de la BOA, que en el fondo no es otro más que ganarle la mayoría en 2021 a Morena para arrebatarle el control del presupuesto federal a este Gobierno y después buscar enfrentarlo en la revocación de mandato de 2022, pudo haber sido redactado desde una oficina federal, a partir de los datos que aparecen en el PDF que circuló profusamente y cuya elaboración remitía supuestamente al vocero de la Secretaría de Gobernación, Omar Cervantes, quien no solo salió a desmentirlo de inmediato sino a ratificar su “lealtad completa hacia la 4T”.

Anuncios espectaculares contra AMLO aparecen en Guadalajara justo en medio de la pugna abierta que sostienen el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el presidente López Obrador. En medio de acusaciones, anuncios y confrontaciones, lo único cierto en estos momentos es que el proceso electoral federal de 2021, que formalmente comienza en septiembre, parece haber iniciado tres meses antes.

No hay duda de que la oposición se está uniendo para enfrentar a Morena en los próximos comicios por la Cámara de Diputados y aquí mismo hemos hablado de contactos entre el PAN, MC y el PRI; tampoco hay ninguna duda de que, a estas alturas, hay grupos empresariales que están a disgusto con las políticas económicas de López Obrador que desalientan inversiones, que ignoran a las empresas y que les negó todo tipo de ayuda para ayudarlos a no cerrar empleos en la peor crisis económica y que por eso varios de esos grandes empresarios financiarían movimientos de oposición a la 4T.

Pero lo que tampoco genera ninguna duda es que si alguien sabe de tácticas de oposición y de estrategias antisistema para ir minando poco a poco a un Presidente y a su proyecto de Gobierno, ese es Andrés Manuel López Obrador.

Lo mismo que hoy denuncia y presenta como “conspiración” en su contra, él lo hizo al menos contra tres presidentes que le antecedieron. Claro que a la suya le llama “lucha democrática” y a la de sus adversarios “complot para derrocarme”.

Así es que, después de todo, lo que queda claro es que unos y otros, opositores y Gobierno, están pensando ya en sus luchas de poder sin importarles que sigan muriendo mexicanos por la Covid-19 y la angustia y el dolor de miles de familias.

Uno como víctima y como lobo con piel de oveja, y otros jugando a los conspiradores, pero todos buscan lo mismo: el poder, lo que cambia es el discurso de si es “por los más pobres y para acabar con la corrupción” o “para evitar el retroceso histórico de México y no perder todo lo que hemos avanzado”. Juzgue usted a qué lobo le cree. …Se baten los dados. Escalera. Buen tiro.
09 Junio 2020 04:00:00
AMLO se radicaliza: ‘O conmigo o contra mí’
Justo a las puertas de la mayor crisis que haya vivido el país en su historia reciente, en la fase más peligrosa de la pandemia y en medio de un ambiente de tensión social y política, el discurso del presidente López Obrador pasó de la polarización y el contraste de las ideas y las diferencias, al llamado a la división franca y abierta de los mexicanos. En la nueva dialéctica radical del lopezobradorismo solo hay lugar para dos tipos de mexicanos: los que están a favor de su cuarta transformación, a los que identifica como “liberales” y los que se opongan a ella, a los que considera “conservadores”, clasificación en la que incluye también a todos aquellos que critiquen, disientan o cuestionen las decisiones y acciones de su Gobierno.

“Es tiempo de definiciones, no es tiempo de simulaciones, o somos conservadores o somos liberales, no hay para dónde hacerse, o se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país. Se está por la honestidad y por limpiar a México de corrupción o se apuesta a que se mantengan los privilegios de unos cuantos”, dijo el Presidente el pasado fin de semana desde Veracruz, en un mensaje que radicaliza a su Gobierno y lo aleja definitivamente del “movimiento amplio, plural e incluyente”, que propuso a los 30 millones de mexicanos que votaron por él en las elecciones de 2018, para apostar ahora por un movimiento radical y de incondicionales que apoyen ciegamente y sin cuestionamientos su visión de transformación del país.

El Presidente decide apostar en estos momentos delicados y, a escasos tres meses de que comience oficialmente el estratégico proceso electoral de 2021, por un choque frontal no solo contra adversarios políticos y electorales, sino contra aquellos grupos y sectores que están inconformes con su gestión de la pandemia y con la falta de apoyos que le negó al sector productivo y a la clase media, porque los reservó para los sectores más necesitados –donde se ubican también sus clientelas políticas– y para obras y programas emblemáticos.

El problema es que en su discurso de intolerancia, López Obrador parece asumir que solo gobierna para los que piensan como él y se olvida del resto de los mexicanos que, en sentido estricto, son mayoría.
08 Junio 2020 04:07:00
Posible crisis por médicos amparados
Un problema más se suma a la complicada situación que ha enfrentado el IMSS en la pandemia del coronavirus cuando estamos aún en los picos más altos de contagio y con los semáforos en rojo en todo el país: médicos y trabajadores de la salud del Instituto, primero en lo personal y luego en grupos, han encontrado en la vía legal del amparo una forma de negarse a atender pacientes con Covid-19 con el argumento de que no tienen apoyo de la institución que es su empleador ni las condiciones adecuadas para desarrollar su trabajo en condiciones de seguridad y protección.

La estrategia legal del personal de salud podría generar una crisis ante la falta de médicos especialistas que podrían faltarle al IMSS, justo en los momentos en los que se están incrementando los contagios y la demanda de los servicios de hospitalización y terapia intensiva en los estados y en la Ciudad de México. A pesar de que el Gobierno federal ha contratado 7 mil nuevos médicos para el Seguro, se trata en su mayoría de médicos jóvenes y sin tanta experiencia, además de que los médicos jubilados a los que también convocaron la mayoría no han aceptado, aún con el bono que les ofrecieron.

Hasta el momento se sabe de al menos 100 casos de médicos y personal de salud de distintas áreas del Seguro Social que han recurrido al amparo en varios estados de la República, basados en las condiciones de su Contrato Colectivo de Trabajo y asesorados por abogados laborales y por dirigentes de su sindicato, que esgrimen la obligatoriedad legal de que la institución les proporcione a los trabajadores de hospitales y clínicas “todos los instrumentos necesarios para su seguridad y protección”, además de que los trabajadores de la salud exponen que en caso de infectarse con coronavirus, el IMSS lo tomaría como “enfermedad general” y no como “riesgo de trabajo”, por lo que de ser enviados a sus casas recibirían solo el 60% de su sueldo.

Los médicos y el personal de salud tienen miedo y preocupación no solo por ellos sino por su familia, como es natural, y tienen el derecho, basados en su Contrato Colectivo, de ir al amparo y los jueces les están dando la razón. La semana pasada en Guadalajara, en la Clínica 110 del IMSS, 25 médicos trabajadores presentaron el 31 de mayo pasado amparos ante el Poder Judicial de la Federación para no atender pacientes portadores de nuevo coronavirus (Covid-19), pues la semana anterior se les había obligado a hacerlo pese a no contar con la especialidad ni con capacitación requeridas. Lo mismo pasó con 20 médicos del Estado de México que se ampararon en Metepec el 28 de mayo acusando que los habían mandado a atender pacientes con coronavirus sin el equipo de protección necesario, y cuando varios de ellos tenían otras especialidades distintas a las requeridas.

En ambos casos, además de otros que se han presentado en Puebla, los trabajadores de la salud exponen en sus demandas de amparo que en caso de infectarse con coronavirus, el IMSS no lo considera como un “riesgo de trabajo”, sino que lo clasifica como “enfermedad general”, por lo que solo les pagarían el 60% de su salario en caso que los mandara a su casa con el Covid-19. En varios de los amparos promovidos y a los que los jueces federales les han otorgado la suspensión los asesora Mario de la Garza Marroquín, expresidente de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, quien a través de la Organización Civil Renace apoya a los médicos y los representa legalmente en sus solicitudes de amparo, y esa asociación tienen ya cerca de 100 casos documentados en los que se ha promovido el recurso legal ante instancias del Poder Judicial de la Federación.

El temor en estos momentos, entre las autoridades federales y la dirección general del IMSS, es que las solicitudes de amparos continúen y se registre una falta de médicos especialistas sobre todo en estos momentos en los que la curva de contagios y por lo tanto la demanda de hospitalización y atención en medicina crítica seguirán incrementándose y se requieren cada vez más médicos especializados para ayudar a salvar las vidas de los pacientes con coronavirus.


06 Junio 2020 04:07:00
Peligrosos vientos de confrontación
Nada sería más peligroso y doblemente dañino para el país, que la crisis sanitaria y económica por el Covid-19 se contaminara con el encono de la lucha política y electoral por el 2021. Convertir el doloroso impacto por la pandemia, que aún está en la parte más crítica y riesgosa para los mexicanos, en una arena de confrontación política, sería lo mismo que lanzar gasolina y un fósforo encendido en la seca pradera del miedo, el desempleo y la desazón social que en estos momentos recorre la República.

Las expresiones de protestas y disturbios violentos ocurridos el jueves y viernes en Guadalajara, con la bandera de la #JusticiaparaGiovanni, el joven asesinado por policías municipales en Jalisco, y en la Ciudad de México en los entornos de la embajada de los Estados Unidos por un supuesto apoyo al movimiento del #BlackLivesMatter, tienen un hilo en común: la irrupción de grupos anarquistas y violentos que aprovechan cualquier coyuntura o situación de inconformidad y tensión social para actuar con violencia y generar un caos que lo mismo siembra miedo y angustia entre la población, que propicia la respuesta de los cuerpos de seguridad y con ello el desgaste y el cuestionamiento a los gobiernos, sean del partido que sean.

No está del todo claro quién financia y mueve esos grupos que lo mismo aparecen en protestas ciudadanas, que en movimientos feministas, sindicales o del cualquier otro tipo, pero lo que sí está claro es que, más allá de su agenda y motivaciones propias vinculadas a una peculiar interpretación del anarquismo que tiene conexiones internacionales, también hay grupos y personajes políticos que los han llegado a utilizar con fines de golpeteo político o para generar climas de miedo e incertidumbre entre la población.

La relación entre Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, había sido hasta ahora respetuosa, a pesar de sus diferencias políticas y aun en medio de la pandemia del coronavirus en la que cada uno de ellos trae su propia agenda no sólo en los temas de Gobierno, sino también en lo político. Pero el arranque de Alfaro al acusar directamente a Morena y vincular al Presidente por su nombre con la irrupción de esos grupos violentos y anárquicos en las manifestaciones convocadas por estudiantes universitarios el jueves pasado en el Centro Histórico de Guadalajara, tensó sin duda esa relación y complicará la situación en uno de los estados más importantes de la República.

La respuesta directa y airada que le dio el Presidente al Gobernador jalisciense por haberlo mencionado por su nombre y la exigencia de que pruebe sus dichos y “que no se retracte”, habla de que Alfaro encendió la mecha tabasqueña del Mandatario, que este viernes era arropado y defendido por las baterías de Morena, desde los mensajes desde Segob por Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, hasta los posicionamientos de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y del líder del Senado, Ricardo Monreal, cuestionando las acusaciones del Mandatario estatal y el uso de métodos “represivos” en su entidad.

Alfaro, por su parte, al acusar a “oficinas de la CDMX y a los sótanos del poder” de haber infiltrado la protesta de estudiantes jaliscienses por el caso de Giovanni López, trató de reducir el efecto del mismo y matizar el golpe para su administración al desviar un claro problema de abuso y asesinato policial hacia una intervención política del Gobierno federal. La jugada fue audaz, pero tendrá sus costos también para el Gobernador que, por lo pronto, aprovechó la invitación a su estado de los 7 gobernadores que junto a él integran el Frente de Estados contra el Coronavirus, para dejarse respaldar por los mandatarios de Nuevo León, Jaime Rodríguez; Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; Michoacán, Silvano Aureloes; Coahuila, Miguel Riquelme; Colima, Ignacio Peralta; y Durango, José Rosas Aispuro; y Diego Sinhué, de Guanajuato, los cuales cerraron filas en torno a Alfaro y, desde Tequila donde se reunieron, pidieron al Gobierno federal “no caer en provocaciones ni lucrar políticamente con los temas de seguridad”.

El espaldarazo de los 7 gobernadores a Enrique Alfaro, más allá de responder a la alianza estratégica que esos estados han hecho en el tema del coronavirus, lleva todo un mensaje político ante el temor de que el jalisciense enfrente una ofensiva desde el Gobierno federal y de que se busque incendiar a este importante estado del país. Y es que este viernes mismo en el Gobierno federal ya se hablaba de dos temas que podrían “crecerle” al gobernador Alfaro: por un lado el tema de la deuda millonaria que ha solicitado en su estado, el último crédito por 6 mil 200 millones de pesos que le autorizó el Congreso local, y para lo cual requiere el aval de la Secretaría de Hacienda federal; y un expediente que, según fuentes federales, existe sobre un problema de facturas falsas y pagos a empresas fantasma que detectó la Auditoría Superior de la Federación y que estaría siendo investigado en instancias federales.

Por eso, ante los peligrosos vientos de confrontación y los violentos disturbios que esta semana se vieron primero en Guadalajara y luego en la Ciudad de México, vale la pena que los actores políticos, tanto estatales como federales, lo tengan muy claro y se lo piensen dos veces: en un choque como el que iniciaron no solo se puede incendiar a un estado estratégico como Jalisco, sino que de paso se estaría prendiendo la mecha para que muchos grupos radicales se asomen en estos tiempos aciagos del coronavirus y sus crisis. En la confrontación no habría un ganador y los dos, el presidente López Obrador y el gobernador Enrique Alfaro, saldrían golpeados.

La polarización que ya tenemos, atizada además por la incierta y desesperada situación económica y social, sería un coctel explosivo en estos momentos, sobre todo con la ebullición e insurrección que hoy se vive en nuestro poderoso vecino por el mismo tema de abusos, racismo y asesinatos policiales. Las mismas condiciones y, en algunos casos hasta los mismos grupos que incendiaron en horas 140 ciudades de la Unión Americana, también podrían prender el fuego de protestas violentas en México. Así que a nadie le conviene la confrontación frontal, que en estos momentos es echarle gasolina al fuego.


La falta del cubrebocas y un alcalde de negro historial

En el caso del asesinato del joven de 30 años Giovanni López, se mezclaran por un lado las medidas “obligatorias” y con uso de la fuerza pública, como la de portar cubrebocas en esta pandemia, con un problema de violencia e infiltración del narcotráfico en policías municipales como la de Ixtlahuacán de los Membrillos, a la que pertenecían los uniformados que masacraron al joven detenido por no llevar la mascarilla de protección.

Eduardo Cervantes Aguilar, el alcalde priista de Ixtlahuacán, que es parte ya de la Zona Metropolitana de Guadalajara y se ubica a 30 kilómetros de la capital jalisciense, tiene un negro historial en el que lo han vinculado desde la desaparecida PGR, lo mismo a grupos delincuenciales de Jalisco y Michoacán, hasta con desapariciones, secuestros y asesinatos ocurridos en su municipio y denunciados por sus propios pobladores.

Así que, detrás del caso de Giovanni López, hoy motivo de confrontación política, de disturbios y de tendencias en las redes sociales. Está la misma historia de violencia del narcotráfico, corrupción de autoridades, brutalidad de policías infiltrados por el crimen y descomposición social fomentada por la impunidad.






04 Junio 2020 04:07:00
El movimiento de Lilly
La llegada de Lilly Téllez a la bancada del PAN en el Senado dista mucho de ser solo un tema de polémica; es un golpe incuestionable a la radicalización al proyecto lopezobradorista que cada vez se aleja más del “movimiento amplio” de cambio que le ofreció a los mexicanos, en el que cabían distintas expresiones ideológicas, para volverse un Gobierno donde los radicales de izquierda han tomado cada vez mayor control en la definición de las políticas públicas. La periodista que ya ganó una elección por mayoría en Sonora, que se sumó a la coalición Juntos Haremos Historia y que terminó chocando en el Senado con las posiciones más extremas de los morenistas, hoy realiza un movimiento estratégico, que no solo la rescata del ostracismo de ser senadora “independiente”, sino que además la habilita como posible candidata a la gubernatura de Sonora.

Téllez podría ser candidata de una coalición opositora en los comicios sonorenses encabezada por el PAN, pero a la que podrían sumarse también Movimiento Ciudadano e incluso el PRI, para enfrentar al casi seguro candidato de Morena, Alfonso Durazo. Y es ahí donde el movimiento que acaba de hacer la senadora exmorenista cobra una dimensión interesante: Lilly sería una candidata mediáticamente muy atractiva, con arraigo y ampliamente conocida en Sonora, que le complicaría sin duda el panorama a un Durazo que, con su pésimo desempeño en la Secretaría de Seguridad Federal y cifras cada vez más altas de asesinatos, feminicidios, inseguridad y una violencia del narcotráfico desbordada en casi toda la República, tendría la competencia en serio de un bloque opositor con una candidata muy popular.

Si a eso se le suma el desgaste inevitable que sufrirá la popularidad de López Obrador por los efectos de la pandemia del coronavirus y la difícil situación económica y de desempleo que se avizora con una caída del PIB por arriba del 8% negativo –ayer miércoles una encuesta de Enckoll ya ubicaba al Presidente con 45% de aprobación, por primera vez por debajo de la barrera de 50% y con un nivel de desaprobación de 55% de los encuestados– además del debilitamiento de Morena y su caída en las encuestas de intención del voto, entonces el llamado “efecto López Obrador” se va a diluir en los comicios estatales y no tendrá la misma fuerza que tuvo en el 2018, en donde por cierto la misma Lilly Téllez se benefició del aura del entonces candidato morenista.

Los acercamientos entre el PAN y MC para posibles alianzas en el 2021, tanto en las elecciones estatales como a nivel federal, en algunos distritos continúan. En algunos casos específicos, sobre todo en las gubernaturas podría sumarse el PRI y el caso de Sonora, con una candidata como Lilly Téllez, podría ser uno de los primeros experimentos de una coalición amplia, ya sea abierta y oficial o en algunos casos con alianzas de facto, que buscaría arrebatarle la mayoría a Morena y a López Obrador en la Cámara de Diputados.

Veremos cómo transcurren las cosas en los próximos meses, pero por lo pronto, más allá de los ataques y las burlas que recibirá la senadora Lilly Téllez en las redes lopezobradoristas, el movimiento que ayer ejecutaron ella y los panistas podría ser una jugada de ajedrecismo político para avanzar en el complicado tablero electoral del 2021 en donde la oposición, esa misma a la que López Obrador alguna vez llamó “moralmente derrotada”, intentará mover todo tipo de piezas, desde peones, caballos, alfiles y damas, para tratar de darle Jaque Mate al rey del Palacio Nacional y arrebatarle la estratégica mayoría legislativa en San Lázaro, de la que depende nada menos que el control del Presupuesto federal… Dados rodando. Capicúa. Se repite el tiro.

03 Junio 2020 04:07:00
No es terrorismo, los convencemos: Buenrostro
La titular del SAT, Raquel Buenrostro, asegura que los pagos millonarios que han obtenido de grandes empresas no son producto del terror ni del terrorismo fiscal, sino de una labor de “convencimiento” que ella misma ha hecho con los presidentes del Consejo de Administración: “A la pregunta de si ¿es terrorismo fiscal? No es terrorismo fiscal, porque el empresario cumplido no se puede sentir amenazado y el que se sienta amenazado es algo que trae en su conciencia”, dijo ayer martes la jefa de la política fiscal de este Gobierno que en menos de un mes ha logrado recuperar más de 17 mmdp en pagos de adeudos de grandes contribuyentes.

Reveló a los diputados su estrategia para lograr pagos de adeudos millonarios como los de Walmart y Femsa, de más de 8 mmdp cada uno: ya no negocia con abogados o directores de las empresas, sino que recibe directamente en su despacho a los dueños o accionistas principales: “Cuando se le explica al presidente del Consejo de Administración, no al director general, al presidente del Consejo de Administración, porque es el que representa las acciones o el que tiene las acciones mayoritarias, cuando se sientan aquí y escuchan lo que nosotros tenemos y lo que les estamos planteando, es en automático: ‘tienes razón, voy a pagar’”, contó la jefa del SAT y ejemplificó que han tenido negociaciones de 8 meses con despachos de abogados, y con un presidente de Consejo de Administración 40 minutos bastaron para que aceptara pagar.

Los que se sienten presionados o hablan de “terrorismo”, precisó Raquel Buenrostro, son “los incumplidos” y aun así, no son todos. “Son los que terminan diciendo que no se les escucha… Unos son los abogados que dan las asesorías fiscales y que cobran muchísimo dinero para pagar el mínimo de impuestos. En realidad lo que proponen esos abogados a las empresas son defraudaciones fiscales y hay despachos que viven de sugerir a sus clientes los esquemas de defraudación. Eso también ya se tiene identificado cuáles son los despachos”, remarcó la funcionaria.

Así que doña Raquel, la de la “mano dura” en el SAT, no se asume como “terrorista” y más bien se dice “convincente” con los empresarios, sobre todo con los grandes que están haciendo lo que no hicieron por varios sexenios, protegidos y consentidos desde el mismo sistema donde les condonaban o les “arreglaban” sus adeudos. La estrategia de “convencer” y cazar a los grandes deudores seguirá dando frutos y muy pronto se anunciará otro par de corporativos importantes que, como en el chachachá cubano, tomarán chocolate y pagarán lo que deben.

Y una vez que terminen con la lista de los 15 grandes deudores, en el SAT y la UIF, nos dicen, están armando un nuevo expediente que, si se decide hacer público va a ser explosivo: gobernadores que han utilizado empresas fantasma y “factureras” para justificar gasto y erogaciones del presupuesto federal. Tienen ubicados varios casos de gobiernos estatales en donde se contratan los servicios de estas empresas ilegales y que se dedican a la defraudación fiscal, los más avanzados, nos dicen Michoacán y Tamaulipas. ¿Será que en momentos donde la relación entre la Federación y los estados está tan tensa por la pandemia del coronavirus se animarán a sacar ese expediente a los gobernadores?
02 Junio 2020 04:07:00
Entre el SAT y la UIF, tiemblan los empresarios
La imagen de grandes consorcios nacionales y extranjeros, como Femsa y Walmart entregando sus cheques al SAT por adeudos millonarios que antes no reconocían o litigaban en los tribunales, es un buen referente de cómo el endurecimiento de la política fiscal del Gobierno de López Obrador está dando resultados.

Ante el temor de una demanda judicial o una exhibición pública como deudores del fisco, algo que afectaría no solo su imagen sino sus acciones en los mercados financieros, los grandes contribuyentes han comenzado a doblar las manos y han reconocido adeudos que en otros tiempos se negaban a aceptar y preferían mandar a sus despachos de abogados fiscalistas, ya sea a impugnarlos legalmente y ganar tiempo o incluso a pedir “favores” o condonaciones en los más altos niveles del Gobierno, donde solían tener un trato preferencial.

A partir de que el propio Presidente hiciera pública la existencia de una lista con los 15 grandes deudores que le debían al SAT cerca de 50 mil millones de pesos y les sugiriera pagar sus adeudos con la amenaza velada de iniciar acciones legales, los grandes contribuyentes empezaron a aflojar y decidieron pagar “voluntariamente” antes de ser exhibidos o señalados públicamente.

La mano dura de Raquel Buenrostro desde el SAT es el brazo ejecutor, pero la decisión de cobrarles y amagarlos públicamente fue solo del Presidente.

La otra pinza por la que el Gobierno está apretando a los contribuyentes es la persecución de la evasión a través de empresas de outsourcing ilegales, y en ese caso el ejecutor es Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera. El caso más reciente es el del presidente de la Cooperativa Cruz Azul, Guillermo “Billy” Álvarez, acusado junto con su hermano y su cuñado, de lavado de dinero y defraudación fiscal por cerca de mil 100 millones de pesos.

El caso que forma parte de denuncias ante la Fiscalía General de la República que hicieron los socios cooperativistas en contra de Álvarez, por desviar 197 millones de pesos de la Cooperativa, toca no solo al mundo empresarial sino también al mundo del futbol. Álvarez había sido durante décadas una figura cuestionada por sus socios, pero gozaba del favor de políticos de gobiernos anteriores, lo que sumado a sus recursos financieros y legales, le concedía impunidad ante las reiteradas acusaciones.

Y aunque hoy el tema aún no toca al equipo de futbol, entre los empresarios de la Liga MX se ha desatado ya el temor y la incertidumbre de que, desde el SAT y la UIF se inicie una “cacería fiscal” en contra de los equipos de futbol mexicanos. La razón por la que están preocupados los dueños del futbol es porque al menos el 70% de los equipos actuales utilizan también empresas de outsourcing, como las que le detectaron a “Billy” Álvarez, para manejar sus esquemas fiscales, ante las elevadas nóminas que tienen que pagar a los jugadores.
30 Mayo 2020 04:02:00
El choque de dos Méxicos
La pandemia del coronavirus, con todos sus efectos de salud, económicos y políticos, está acentuando las diferencias y la polarización política que ya existía antes de esta situación de emergencia, y ante el inicio de una crisis que se avizora histórica y como un cataclismo que sacudirá al país por sus niveles de desempleo, tensión social
e inseguridad.

Esto endureció las posiciones y las visiones de dos grandes bloques en la sociedad mexicana: quienes ven una “pronta salida y una crisis transitoria” que no nos causará mayores daños porque “vamos muy bien y esto nos vino como anillo al dedo para la cuarta transformación”, y quienes advierten que la viabilidad económica del país, la productividad, la modernidad y la estabilidad social están en riesgo por la forma errática en que se conduce a la República.

No es difícil advertir de manera cada vez más clara el divorcio que existe entre esos dos Méxicos, el de la “cuarta transformación” de López Obrador y sus seguidores que ven las varias crisis del coronavirus como un accidente aprovechado por sus adversarios para intentar golpear al Presidente y a su proyecto político, al que están dispuestos a defender a toda costa junto con sus clientelas políticas, aún a costa de sacrificar a muchos otros mexicanos afectados por esas crisis, y el otro México, el que más allá de una oposición política aún dispersa y sin liderazgos, que intenta colgarse de esta crisis para ganar adeptos, está siendo movilizado más bien desde la sociedad civil, por grupos lo mismo de intelectuales orgánicos, que de empresarios molestos y gobernadores en rebeldía.

Para los primeros, los de la 4T, las expresiones del otro México son “golpismo”, matizado con adjetivos de “blando” o “suave”, pero en su percepción y lógica ideologizada: golpismo puro que quiere “destruir el proyecto político de López Obrador porque afectó sus intereses y desterró sus privilegios.

Para los segundos, se trata de “rescatar al país” y de buscar una salida prematura del poder del tabasqueño “antes de que acabe con todo lo que se ha avanzado”, y aquí hay una subdivisión clara de estos grupos anti-AMLO, entre los que exigen que “renuncie y que se vaya ya” que tienen sí una intención más clara a favor de un derrocamiento o una renuncia forzada, y los grupos que apuestan a ganarle por las vías institucionales, primero en las elecciones de 2021, y luego en la consulta para la Revocación de Mandato en el 2022.

La ‘nueva normalidad’ y la confrontación

Los dos grandes bandos están aprovechando la crisis del coronavirus para velar armas y prepararse para la confrontación pública y política en los aciagos meses venideros. Del lado del Gobierno, la definición ideológica que tomó López Obrador en esta crisis, en la que decidió salvar con los recursos públicos solo a su Gobierno y a sus obras emblemáticas, priorizando en momentos de caída económica el rescate de Pemex y la CFE con dinero público y leyes que regresan el control del estado en el sector energético, ha dejado muy claro que al Presidente, más que salvar al país en esta angustiosa coyuntura, lo que le interesa poner a salvo es su proyecto político.

En ese sentido, el Presidente terminó por decantar y hacer explícita su fobia ideológica hacia las empresas, hacia los empresarios y hacia las clases más pudientes del país, a las que no solo ignoró y desdeñó en sus comentarios y propuestas, sino que les negó cualquier tipo de apoyo fiscal. En dos frases, Andrés Manuel dejó en claro que quiere sacudirse a la actual clase empresarial y pudiente para hacer la suya propia: “Esta crisis nos vino como anillo al dedo” y “la pregunta ahora es qué hacemos con los ricos”.

Del otro lado, los grupos que ven en la 4T una amenaza empiezan a cobrar fuerza y a salir del anonimato de las redes o de las deslucidas manifestaciones clasemedieras, para convocar ya incluso a estrategias políticas.

Por un lado está el FRENA, o Frente Nacional Anti-AMLO, que en su mismo lema define su intención disruptiva y golpista: “AMLO se va”. Este fin de semana, ese grupo, que se mueve ya en varios estados y que se ha vinculado a grupos empresariales del norte, convocó a 41 caravanas de autos en igual número de ciudades para exigir la salida del Presidente.

En mensajes que circulan en las redes llaman a acudir con sus automóviles para salir al centro de Monterrey y de Cd. Victoria. Le piden a la gente estar 10 minutos antes de la mañana y llevar cartulinas con frases como: “¡AMLO dimite ya!” y “AMLO estás despedido”.

Aunque no se ha hecho público cómo se financia este frente ciudadano, se presumen vínculos con grupos empresariales de Monterrey y apoyo también de gobernadores del norte del país.

El empresario Luis Martín Bringas, quien se asumió públicamente como el coordinador del FRENA, era parte del Consejo de Administración del grupo Soriana y hermano de los accionistas principales; pero la cadena de tiendas desde que él hizo público su activismo contra López Obrador se deslindó de él en comunicados y le pidieron que abandonara su lugar de consejero suplente.

La otra vertiente de la organización social que se está armando en contra del lopezobradrismo y de su 4T, parte de la opinión de intelectuales y académicos que analizan los riesgos de la concentración excesiva de poder por parte de López Obrador y los efectos de sus políticas de desmantelamiento y extinción de todo aquello que no coincida con su proyecto ideológico.

Esta semana se difundieron videos donde personajes como Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze, ambos identificados como “intelectuales orgánicos” del periodo neoliberal, según definió el propio Presidente el 18 de marzo del 2019, cuando dijo “que el Estado ya no proteja escritores, que no haya intelectuales orgánicos”, hacen fuertes críticas a la forma de gobernar de AMLO y a su proyecto.

Aguilar Camín participó en una reunión en la plataforma de Zoom con el “Grupo Generativo Patria 62”, que era privada y a la que solo tenían acceso un grupo de académicos y escritores, pero que difundida desde las cuentas de algunos funcionarios de Gobierno.

Sobre la revocación de mandato anticipada, Aguilar Camín dijo que no es el momento: “En este momento te lo podría ganar y podrías estarle dando a él un instrumento político que le urge tener; en cambio si lo dejamos para el año 22 como está planteado en la ley y acordado, entonces lo que tendremos, es un momento institucional de presión hacia la Corte, tenemos unas elecciones en el 21 en donde hay que derrotar a Morena y López, y luego, en el 22, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país, porque no se va a recuperar él muy rápido, que probablemente pierda también la revocación de mandato por pendejo y por petulante”, refirió el escritor.

Krauze, por su parte, participó en un foro virtual sobre Pandemia y Crisis: la Situación hoy en México, donde recordó su ensayo El Mesías Tropical, en el que alertaba del “peligro” que representaba la llegada al poder de López Obrador: “Se trataba de un hombre, de un redentor, que se identifica con la figura de Jesucristo, seriamente lo hace y lo dice, y cuyo objetivo es entonces no el de mejorar la situación de los mexicanos, sino salvarlos, redimirlos y purificarlos”.

Krauze dijo que el modo en que el Presidente “ha mal administrado la pandemia es francamente criminal” y recordó que semanas después de iniciada la emergencia, seguía recorriendo los pueblos y mandaba mensajes pidiéndo a la gente que saliera.

“Si la muy endeble oposición mexicana se organiza, si la sociedad civil se organiza y si las voces independientes que hemos sido calumniados y difamados por el Gobierno nos mantenemos firmes, y todo esto se canaliza en un esfuerzo cívico sin precedentes, podemos recuperar la Cámara de Diputados y las gubernaturas necesarias, para que en los segundos tres años del sexenio de López Obrador, este deje de tener el control absoluto. La reconstrucción en México va a llevar muchos años, una generación, porque la destrucción política, económica e institucional ha sido severa y deliberada”, concluyó el historiador.

Preparémonos pues para una “nueva normalidad” en la que, ante el desorden y el caos que ha privado en el manejo de esta pandemia, cada quien tendrá que cuidarse a si mismo y a los suyos, y mientras tratamos de adaptarnos a esta nueva realidad con la angustia de no enfermar o morir por el Covid-19, el choque de los dos Méxicos será cada vez más estridente e inevitable. Esperemos y apostemos todos a que esto se dirima por las vías democráticas e institucionales. Lo contrario,
sería catastrófico.
28 Mayo 2020 04:02:00
López Gatell, las pruebas y otros datos
Durante cinco horas y media Hugo López Gatell respondió preguntas y duros cuestionamientos de los senadores de la República. No dejó pasar una y, entre largas explicaciones técnicas y respuestas políticas, acusó que algunos senadores utilizaran “mentiras” en sus planteamientos y les recordó que “tienen la carga de la prueba”. Al final, desde Ricardo Monreal, de Morena, con preguntas sobre por qué hacían tan pocas pruebas y si eso no generó un subregistro, y la oposición acusando duramente al subsecretario de “mentirle a los mexicanos sobre la gravedad y dimensión de la pandemia”, el mediático funcionario capoteó, cual diestro torero, las embestidas de los senadores.

Aunque no todas sus respuestas convencieron ni se fue limpio, la de López Gatell fue, según los números internos del Senado, la comparecencia más taquillera entre los senadores en estos tiempos de pandemia. El canciller Marcelo Ebrard era hasta ahora el que más atención había logrado con 30 senadores conectados simultáneamente; el subsecretario de Salud y nueva estrella de la 4T tuvo 75 senadores conectados en las más de 5 horas que habló.

Un senador, miembro de la Junta de Coordinación Política, comentó el encuentro con López Gatell primero en términos políticos y luego en el argot taurino: “Fue dura, por momentos ruda, pero no le fue mal en términos de que respondió a todo y no dejó tema o cuestionamiento sin contestar. Digamos que salió a pie de la plaza, cuando se esperaba que lo cogiera el toro”.

Lo cierto es que el encargado nacional de la pandemia terminó reconociendo, ante el reiterado escepticismo de los senadores sobre el bajísimo nivel de pruebas de Covid 19 que hizo México —0.4% por cada 100 mil habitantes— que el Gobierno del presidente López Obrador decidió no hacer pruebas por considerarlo “un desperdicio de tiempo, de esfuerzo y de recursos y es un distractor de los esfuerzos de vigilancia, prevención y control enfocar las baterías hacia un intento irrealizable de contabilizar”, por lo que reconoció que tampoco tienen interés en hacer pruebas al 100% de la población y que en México no sabemos en realidad cuántos casos de Covid tenemos.

A partir de ese reconocimiento del encargado de la pandemia en nuestro país, de que los datos que nos repite todas las noches son solo proyecciones y no cifras reales sobre el tamaño real de la pandemia, nos encontramos con “otros datos” sobre el panorama y las proyecciones del Covid-19 en México, realizados por uno de los modelos matemáticos más certeros para proyectar la evolución del coronavirus en los distintos países, que es el de Youyang Gu, científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Con gráficas y cálculos matemáticos y estadísticos basados en la información oficial de cada país, que se pueden ver a detalle en la página
https://covid19-projections.com Gu pronostica para México que el aplanamiento de la curva será hasta el 5 de julio. Que las muertes diarias alcanzarían un pico de 2 mil 181 fallecimientos diarios y acumulados al 4 de agosto serían 88 mil, lo cual nos pondría como el tercer país con más muertes, después de Estados Unidos y Brasil. Y finalmente en todas sus gráficas maneja un rango para México (muertes) con límite inferior de 24 mil y superior de 173 mil.

Así que, en lo que nos preparamos para una reapertura económica y un retorno a las actividades a todas luces precipitado, pero apremiante para una economía que se asfixia y con pronósticos cada vez más devastadores —como la caída de 8.8% del PIB que ayer miércoles anunció Banxico—, en parte por la crisis y en parte por la muy limitada y sectaria política de apoyos y rescates fiscales del Gobierno, que cada quien decida a cuáles proyecciones les cree: si a las oficiales del Gobierno, que ya reconoce que, como muchos otros países, desconoce el tamaño y el impacto real de esta pandemia, o a las que hacen otros científicos de las mejores universidades del mundo.
27 Mayo 2020 04:03:00
En vilo todavía los nuevos partidos
Como muchas otras cosas, la pandemia del coronavirus retrasó las revisiones que realizaba el INE para determinar cuántas de las organizaciones civiles que solicitaron registro como partido político obtendrían el reconocimiento oficial. El plazo original para determinar quién obtiene el registro era el 1 de julio, pero la emergencia sanitaria hizo imposible que la autoridad electoral llevara a cabo todas las diligencias.

Y aunque casi todos los reflectores apuntan sobre México Libre y la pregunta en los corrillos políticos gira en torno a si le darán o no el registro al partido del expresidente Felipe Calderón y de su esposa Margarita Zavala, hay otras seis organizaciones con posibilidades y con distintas orientaciones y postulados políticos, que son promovidas por personajes políticos conocidos o por organizaciones sociales o sindicales.

Empecemos por Encuentro Solidario, que postula el Partido Encuentro Social, aliado del actual Gobierno. Sus cuatro pilares: “fortalecer la institución familiar; reformar el régimen democrático bajo pilares éticos; promover una ideología sustentada en respeto a las libertades individuales pero que promueva las clases sociales; y propiciar la reconciliación y pacificación nacional”.

Grupo Social Promotor por México, que promueve a “México, Partido Político Nacional”, es la versión renovada de Nueva Alianza y defienden ser “un proyecto de la gente y una organización de trabajo pasión y compromiso, promotores del cambio y ciudadanos que buscamos un mejor México y promover la participación ciudadana por medio de la democracia”.

A Redes Sociales Pogresistas, su ideología los define como “un proyecto de nación estructurado y pensado en el fortalecimiento de la educación y la recuperación de los valores políticos más importantes” y dicen estar “por un Proyecto Alternativo de Nación” además de una agenda basada en el interés social primordial y dar cabida a “todas las voces y las expresiones”.

Entre los postulados de México Libre, de Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, destaca “la participación ciudadana con base en la ética y orientada al bien común, con el objetivo de lograr un México de libertad, justicia, democracia, con pleno respeto al estado de Derecho y con un modelo de desarrollo sustentable”.

El caso de Fuerza Social por México, como se denomina el partido y la asociación, el impulsor es Pedro Haces Barba, líder de la Catem y político quien fuera senador suplente por Morena del 4 de diciembre de 2018 al 22 de mayo de 2020. Haces ofrece “incondicionalidad plena a AMLO”.

El priista César Augusto Santiago, reconocido como “operador electoral” de ese partido, lidera y representa Alternativa Partido Político Nacional, que postula “nuevas relaciones entre las instituciones de Gobierno y los ciudadanos, así como la defensa de la soberanía y la coexistencia solidaria en la diversidad Nacional”.

Finalmente está el partido Súmate, vinculada con Manuel Espino, exdirigente nacional del PAN y actual Comisionado del Servicio de Protección Federal de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

Por ahora, como dijeran los cronistas deportivos, en el tema de los nuevos partidos “no hay nada para nadie” será hasta que el Consejo General del INE fije los nuevos plazos para verificar y validar las asambleas y afiliaciones, además de la fiscalización del dinero de estos grupos, cuando sabremos cuántos de ellos obtienen el registro y si todo los nuevos partidos serán afines a López Obrador y a su Gobierno o también entrará en el espectro político la única organización opositora en esa lista que es nada menos que la del nuevo “villano favorito” de este sexenio.
26 Mayo 2020 04:02:00
El síndrome Moreira aflora en los estados
La pandemia del coronavirus y el argumento de la falta de recursos extraordinarios desde el Gobierno federal para atender la emergencia sanitaria están siendo utilizados por varios gobernadores del país como el pretexto o la justificación perfectos para la contratación de deuda pública por varios miles de millones de pesos. Aunque cuentan con la autorización de sus congresos locales –con mayorías de tres cuartas partes a veces reales y a veces fabricadas con la compra y cooptación de diputados opositores– en varios de los casos no queda totalmente claro el destino de los recursos millonarios que solicitarán a los bancos y si los montos autorizados están dentro de la capacidad de pago de las entidades, tal como se los exige la ley.

En franca diferencia con el presidente López Obrador, quien ha rechazado la contratación de deuda pública para enfrentar la emergencia y el rescate económico del país e incluso desafiando la petición del Mandatario nacional para que los estados “no se endeuden y mejor se aprieten el cinturón y sean austeros en sus gobiernos”, los ejecutivos estatales están moviendo sus aparatos políticos para adquirir deuda que no solo elevará el nivel de endeudamiento de sus estados, sino que será heredada a las próximas generaciones y al menos a tres administraciones posteriores, pues están contratando préstamos a 20 años, que terminarían de pagarse hasta 2039.

Hasta ahora son principalmente gobernadores de oposición los que están recurriendo al endeudamiento. Enrique Alfaro, de Jalisco, es el caso más significativo, pues logró la semana pasada que el Congreso del Estado le autorizará contratar créditos por 6 mil 200 millones de pesos para “atender los efectos de la crisis del Covid”, y como no contaba con los votos suficientes, el gobernante de MC obtuvo el apoyo de los diputados del PRI, PAN, PVEM y hasta de una diputada de Morena, que se pasó a votar con la bancada emecista. Apenas en febrero de 2019, recién llegado al cargo, Alfaro había pedido y obtenido de los diputados locales una deuda de 5 mil 250 millones de pesos, que sumados a la deuda histórica que ya traía el estado, más un préstamo de un mil millones que pidió en marzo pagadero a 12 meses, alcanzaría los 22 mil millones de pesos. Es decir que en 11 meses que lleva en el Gobierno, Alfaro habría triplicado la deuda pública de Jalisco a un ritmo de endeudamiento de 26 millones de pesos diarios.

El endeudamiento de los estados empezó con Vicente Fox y creció con Felipe Calderón hasta desbordarse en casos tan excesivos como el de Humberto Moreira en Coahuila, que aumentó la deuda de su estado en más de 109 veces, al pasar de 323 millones a 36 mil millones de pesos, que oficialmente se destinaron a financiar programas sociales y obras públicas, pero que en realidad, ante la opacidad sobre el destino de esos recursos, desataron investigaciones judiciales y cuestionamientos, por lo que se llamó la “megadeuda”, que incluso dio pie a la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios aprobada por el Congreso de la Unión en 2016 y que estableció candados legales y la obligatoriedad del aval de la Secretaría de Hacienda federal para que las entidades pudieran contraer deuda.

Hoy, con el pretexto de la pandemia y con la promesa de que van a destinar los millonarios recursos de créditos y endeudamientos a rescatar la economía de sus estados, el síndrome “Moreira” parece recorrer otra vez la República, con la contratación de deudas cada vez mayores por parte de los gobernadores. Todo eso ocurre ante el silencio del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y la evidente molestia del presidente López Obrador, que no está de acuerdo con el endeudamiento y que les ha pedido a los gobernadores “austeridad y más austeridad, y que se aprieten el cinturón”, con la promesa de que si lo hacen aceptaría hasta discutir la revisión del Pacto Fiscal. ¿Será que en algún momento el Gobierno federal dará el manotazo o buscará bloquear las deudas de los gobernadores, como ya lo hicieron en Tamaulipas con la controversia constitucional interpuesta por los alcaldes de Morena?
25 Mayo 2020 04:07:00
Yeidckol, bajo investigación en Morena
El Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar, concluyó una auditoría interna a la gestión de su antecesora Yeidckol Polevnsky, en la que se hizo una revisión sobre todos los gastos y pagos que realizó el partido durante los tres años que duró su presidencia, de diciembre de 2017 a enero de 2020. Y entre los resultados que arrojó la verificación de las cuentas y los reportes financieros hay varios contratos sobre los que pedirán explicaciones a la exdirigente, sobre todo uno de 900 millones de pesos que pagó en compra de inmuebles y mantenimiento a una empresa donde aparecen vinculados sus hijos.

De acuerdo con fuentes internas de Morena, que conocen los resultados de la auditoría, esa es una de las principales razones por las que el CEN ha citado para mañana martes tanto a Yeidckol Polevnsky como a quien fuera su secretario de Finanzas, Joel Frías, para que ambos expliquen, por separado, los diversos contratos y pagos en los que se presumen irregularidades graves, que van desde el presunto tráfico de influencias, por la contratación de empresas vinculadas a una hija y un hijo de la entonces presidenta, hasta sospechas de corrupción.

El primer citado en la casona de Chihuahua 216, donde se encuentran las oficinas del CEN, es el extitular de Finanzas, quien comparecerá por la mañana ante los miembros de la dirigencia para ser interrogado y dar su versión y explicaciones, y después de que él termine iniciará la comparecencia de Polevnsky, quien también será interrogada para que explique, entre otros, ese contrato por 900 millones de pesos y las distintas irregularidades que arrojó la auditoría a su dirigencia de tres años.

El pasado 27 de enero, un día después de ser electo en votación por el VI Congreso Nacional Extraordinario de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar anunció que iniciaría una auditoría al periodo en que Polevnsky fungió como secretaria general en funciones de presidenta, para conocer “el manejo de los recursos económicos”. Para ello, dijo, se contrataría a un despacho externo al que se le dio acceso a todos los registros financieros, bancarios y contables de la gestión de su antecesora, que comenzó a ejercer las funciones de la presidencia del partido el 12 de diciembre de 2017, cuando el entonces dirigente, Andrés Manuel López Obrador, solicitó licencia para irse como candidato a la Presidencia de la República por el partido.

Ya entonces Ramírez Cuéllar, cuya elección como presidente se atribuye a una alianza entre el grupo de Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena, y la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, anunciaba como su primera acción de presidente la investigación de Yeidckol, quien en ese entonces se negaba a reconocer su elección, pero aclaraba que no se trataba de una persecución política: “Lo que queremos es que quede todo claro, todo transparente, de tal forma que le podamos rendir un informe a la militancia de la situación que en estos momentos tiene Morena. No es ni cacería de brujas, simple y sencillamente es para tener claridad de qué es lo que estamos recibiendo”, aclaró el diputado federal con licencia.

Hoy parece que Ramírez Cuéllar ya tiene claro lo que recibió de Yeidckol Polevnsky y lo que ha encontrado en las auditorías son irregularidades de tal tamaño en el ejercicio de los dineros del partido, que ameritan una investigación interna por presuntos actos ilegales. Por eso ha citado a comparecer y para que dé explicaciones a la exdirigente, que primero desconoció su presidencia y después la impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos magistrados ratificaron la validez de la elección el pasado 26 de febrero.

Veremos hasta dónde llega la investigación contra Yeidckol en Morena y el interrogatorio al que será sometida por el CEN de su partido el próximo martes ella y su exsecretario de Finanzas. Por lo pronto, está claro que son varios los grupos internos que se han alineado en torno a que se vaya hasta el fondo de las irregularidades encontradas en su gestión financiera y que a Polevnsky le van a cobrar varias facturas internas a partir de las facturas fiscales que ella pagó como dirigente nacional antes, durante y después de la elección presidencial del 2018. Viene una sacudida fuerte en el partido gobernante.


23 Mayo 2020 04:07:00
Crece la batalla por la generación eléctrica
La disputa por la generación de energía eléctrica en el país subió el viernes de nivel y de tamaño con la entrada en escena de siete gobernadores de la República que le solicitaron al presidente López Obrador “que cancele definitivamente el acuerdo publicado por el Cenace” y amenazaron con tomar acciones jurídicas si no se echan para atrás las disposiciones del mencionado Acuerdo de Confiabilidad, Continuidad, Seguridad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional publicado el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación.

Justo un día después de que López Obrador le ordenó a su Gabinete de energía dar la “batalla jurídica” contra la ofensiva legal de los amparos interpuestos por las empresas afectadas con el acuerdo que cancela y limita la participación de las energías limpias o renovables en el sistema eléctrico nacional, los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Colima y Michoacán firmaron un manifiesto en el que se pronuncian en contra de la cancelación de proyectos e inversiones de energías limpias y se colocan del lado de las empresas afectadas, varias de ellas asentadas en sus estados, y en contra del Gobierno federal.

Desde la ciudad de Parras de la Fuente, Coahuila, donde se reunieron el viernes, los mandatarios de la oposición, Enrique Alfaro, Jaime Rodríguez “El Bronco”, Francisco García Cabeza de Vaca, Miguel Riquelme, José Rosas Aispuro, Silvano Aureoles e Ignacio Peralta, firmaron este manifiesto en el que esgrimen las afectaciones a los estados que cuentan con parques eólicos y solares o que tenían previstas ya inversiones en proyectos de energía renovable, por la cancelación de empleos y hasta del pago de renta a ejidatarios en donde se instalan los generadores de energía eléctrica limpia; también denunciaron que con el decreto que publicó la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director del Cenace, Morcos Flores, favorece la generación de energía con combustibles fósiles en la CFE que no solo es más costosa sino contamina el ambiente y afecta la salud de los mexicanos.

“Nos reservamos el derecho de actuar jurídicamente para defender el derecho de los mexicanos a un medio ambiente sano, la generación de energías renovables y las tarifas eléctricas más bajas”, dijo el Gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, mientras que Alfaro, de Jalisco –quien participó por primera vez en este bloque de gobernadores formado originalmente por el Covid19– comentó que si López Obrador considera que hay algún contrato o una condición irregular “se investigue y se actúe con todo el peso de la ley, pero que eso no sea una justificación para cancelar el futuro de nuestro país”. Y el anfitrión de este encuentro, Miguel Riquelme, de Coahuila, acusó que el acuerdo federal contraviene tratados internacionales y un acuerdo firmado apenas en febrero por todos los estados con el Gobierno federal.


¿Llevarán el tema hasta la corte?

El pronunciamiento de los gobernadores en contra del acuerdo federal en materia eléctrica escala este conflicto porque los ejecutivos estatales tienen facultades para iniciar controversias o acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con esto, si los siete mandatarios opositores decidieran iniciar un recurso de revisión constitucional, el tema se aceleraría e involucraría ya no solo a los jueces y magistrados que atienden los más de 20 amparos interpuestos por empresas afectadas por el decreto, sino a los 11 ministros de la Corte que tendrían en sus manos otro conflicto entre la Federación y los estados, apenas unas semanas después de que resolvieran de manera unánime el tema de Baja California y su reforma de ampliación de mandato que consideraron no solo “inconstitucional” sino un “fraude a la Constitución”.

Además la confrontación de los estados por el tema eléctrico ocurre en momentos en que la relación entre las entidades y el Presidente de la República se ha tensado por el manejo de la pandemia del coronavirus, no solo porque varios gobernadores, opositores y también de Morena, cuestionan duramente la estrategia federal y el manejo de las cifras, sino también porque López Obrador se ha negado a aceptar la petición unánime de los estados para que se les otorguen recursos adicionales para enfrentar al coronavirus en sus estados o al menos, como se lo propusieron hace una semana al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que les reembolsen el gasto que hasta ahora han tenido que hacer de sus partidas presupuestales ordinarias, que no eran precisamente para una emergencia como la actual.

Fuentes del Gobierno aseguran que detrás hay una estrategia para obligar a negociar a las empresas privadas y que acepten una modificación y disminución de las tarifas que le cobran a la CFE por kilowatt generado.

Es decir, Andrés Manuel estaría recurriendo a algo parecido a la “estrategia Trump”: primero tiro la mesa de un manotazo y luego negocio en condiciones de desventaja para los empresarios y favorables para el Gobierno. “No lo van a mover, hasta que no se sienten a negociar las tarifas, lo que significa renegociar los términos de sus contratos”, comentó un funcionario cercano a la Presidencia, quien agregó que López Obrador está convencido de que en varios de esos contratos hubo corrupción y tráfico de influencias.


El negocio de la renta de terrenos

Aunque casi todo el territorio nacional tiene un alto potencial para la generación de energías eólicas y solares, en el caso de la primera, la más desarrollada en México, las dos regiones con más parques generadores se ubican una en el Ístmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y la otra en el Golfo de México en la zona de la Laguna Madre, ubicada en los municipios de Aldama y Soto la Marina. En ambos estados, a partir de las reformas energéticas primero de Fox y Felipe Calderón y luego de Peña Nieto, se generó un movimiento especulativo de tierras por las altas rentas que pagan las empresas privadas que llegan a hacer un pago mensual de hasta mil dólares por cada ventilador instalado en un terreno. Todas esas tierras no solo son muy fértiles y aptas para la ganadería, sino que todo el año tienen corrientes constantes de aire, lo que las convirtió en espacio para varios parques eólicos que ya operan y otros que estaban en proyecto, con su respectivo pago de rentas a los propietarios, en razón de 23 o 25 mil pesos cada mes por cada una de las torres de generación.

Es decir que no solo en Tamaulipas, sino también en Oaxaca, en Baja California o en otros estados que se ven afectados por el decreto del Cenace, además del interés legítimo de defender los empleos y proyectos productivos, y de la defensa del medio ambiente y de los acuerdos para el cambio climático que sin duda debieran ser prioritarios para el país, también hay intereses de algunos políticos que se metieron al tema e hicieron negocios al amparo de la apertura del sector eléctrico.

Ya veremos hasta dónde llega esta batalla en la que de un lado está López Obrador con su gabinete energético encabezado por Rocío Nahle y el cuestionado Manuel Bartlett, y del otro están los empresarios, tanto nacionales como extranjeros, que defienden su derecho legal y la necesaria certidumbre para sus millonarias inversiones, reforzados ahora por siete gobernadores que amagan con ejercer su facultad para llevar este asunto hasta la más alta instancia del Poder Judicial... Los dados mandan Escalera doble. Buena semana y subimos.
21 Mayo 2020 04:07:00
La extraña normativa de salud en el Covid
Al subsecretario Hugo López-Gatell le preguntaron el martes por la noche en su conferencia diaria sobre las investigaciones periodísticas y los cuestionamientos de especialistas sobre el subregistro que maneja en sus cifras, tanto de muertos como de contagiados de Covid 19 en el país. “Pues es un tema ya muy trillado. Seguirá saliendo… no es información nueva, hemos explicado y creo que demasiadas veces cómo funciona la vigilancia epidemiológica, cuál es el uso de la vigilancia de reconocimiento de casos, de laboratorio, de desenlaces clínicos, en casos sospechosos y casos confirmados, y cuál es la vigilancia de la ocupación hospitalaria”.

Justo cuando el encargado nacional de la pandemia de coronavirus decía eso, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, que contabilizó las actas de defunción en la Ciudad de México entre el 8 de marzo y el 12 de mayo de este año, encontró 4 mil 577 actas en las que se menciona como caso de fallecimiento la palabra Covid, Coronavirus o SARS-COV2, ya sea como causa confirmado o probable. La cifra es casi tres veces mayor a la que reporta oficialmente la Secretaría de Salud federal, que el martes informaba de mil 197 decesos por Covid en la capital del país. El subregistro fue reconocido incluso por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien dijo que sí existen esas actas, que son parte de los “casos pendientes” y que se creará un comité para analizarlas y contabilizarlas y que se informará a la población del número real que resulte.

También con el mismo tema “muy trillado”, el infectólogo Alejandro Macías, quien fuera parte del equipo que combatió la pandemia de influenza H1N1 en 2009, insistía ayer miércoles en un tuit: “Covid-19 la cifra de muertos que reporta el Gobierno no corresponde a la real, que debe ser sustancialmente mayor. Incluso cuando dictaminen los casos pendientes habrá una subestimación. La mejor cifra será la que arroje la ‘muerte en exceso’ al comparar con años anteriores”, sugería el también miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Es entendible que al doctor López-Gatell ya le dé flojera volver a hablar de las dudas y cuestionamientos que despiertan sus cifras y sus modelos de estadística y medición de esta pandemia; han sido tan cuestionados dentro y fuera de México y él habla tanto y todos los días en sus largas conferencias y en entrevistas con tantos medios, que ya no debe ser fácil para él estar repitiendo las mismas explicaciones sofistas que, por más que repite, no terminan de aclarar las enormes dudas y desconfianza que existen sobre los registros y datos oficiales del Gobierno en torno al tamaño real del impacto del Covid-19 en la salud y muerte de los mexicanos.

Y si en las cifras de muertos hay dudas fundadas de ocultamiento y subregistro, en los contagios el tema no es diferente. Ya varios gobernadores, empezando por los morenistas Jaime Bonilla y Miguel Barbosa, hicieron pública su desconfianza y su incredulidad por las cifras de contagios que maneja el subsecretario de Salud y su equipo porque no coinciden con los casos que ellos comprueban y reportan al Gobierno federal; y ahí también las explicaciones que ha dado López-Gatell sobre los tiempos que tardan en mandar la información sus unidades epidemiológicas y demás pretextos no han dejado claro el porqué de la diferencia entre lo que documentan con pruebas y reportan los sistemas de salud estatal y lo que registra y reporta Salud federal.

En Mérida, Yucatán, acaba de suceder un caso que desnuda cómo las “directrices del Gobierno federal” sí favorecen el subregistro de casos probados de contagio en los estados. El martes 19 de mayo la Secretaría de Salud estatal y el Ayuntamiento de Mérida hicieron un operativo conjunto para realizar pruebas aleatorias a los locatarios de los mercados de San Benito y Lucas de Gálvez, los más grandes de la ciudad, para detectar casos de personas contagiadas que aun sin presentar síntomas pueden contagiar a otros locatarios o a los clientes. En esos mercados había abiertos solo 250 locales esenciales, de más de 2 mil 300 que existen. Hicieron 119 pruebas y casi la mitad dieron positivo a Covid-19, confirmando 47 locatarios positivos, que fueron reportados de inmediato al Gobierno federal.

Lo extraño vino cuando, por la noche, en el corte de ese mismo martes de la Secretaría de Salud, encabezado por el propio López-Gatell, no se contabilizaron en las cifras nacionales ni en las de Yucatán, donde solo hablaron de 5 nuevos contagios. Cuando se pidió una explicación de por qué en Salud federal no habían registrado los otros 42 contagios, los encargados estatales de la pandemia explicaron que “solo 5 casos pueden explicarse en la Plataforma Nacional debido a que así lo establecen las directrices del Gobierno, por lo que los 42 casos restantes, por normatividad, no son incluidos dentro de la estadística”. Aun así el Gobierno estatal los incluyó en su reporte local en un apartado especial por transparencia.

Sería bueno que el doctor Gatell explicara, si es que no le parece “muy trillado”, por qué razón se limita a los estados a reportar solo cierto número de casos de contagios probados en la Plataforma Nacional y no los que realmente tienen comprobados. ¿Será que por mucho que explica y explica el subsecretario en sus largas alocuciones diarias, no está diciéndonos realmente de qué tamaño son los contagios y las muertes por Covid-19 en México? ¿Así pretenden que volvamos a salir sin conocer realmente dónde están las personas contagiadas sean o no sintomáticas?

NOTAS INDISCRETAS… Mientras el presidente López Obrador se comparaba con Adolfo López Mateos, en su cruzada por volver a hacer de la emproblemada CFE la gran empresa casi monopólica del sector eléctrico, y la secretaria Rocío Nahle seguía envuelta en la bandera de la autosuficiencia energética, el jurídico del Cenace que dirige Marcos Flores pareció doblar las manos y aceptaba como definitiva la suspensión provisional que otorgaron los jueces a 23 amparos interpuestos por las empresas de energías renovables. Al menos así interpretaron los juristas la decisión de permitir las pruebas en las plantas eólicas y solares que habían sido suspendidas y cerradas al emitirse el decreto. ¿Será que el Poder Judicial va a despertar al Presidente de su sueño de ser como López Mateos?... En la Secretaría de Salud muchos se preguntan cuándo el secretario Jorge Alcocer va a hacer pública la información de las generosas donaciones que han mandado a México empresas trasnacionales como Huawei, Sanofi y Lego, entre otras. No se saben ni cantidades de dinero ni equipo que donaron esas compañías y de las que se ha encargado la coordinadora de Vinculación y Participación Social, Mónica Mieres, quien ha recibido a los altos directivos de las empresas. En ninguna mañanera se ha hablado de esas donaciones ni de cuánto dinero o insumos ha recibido el Sector Salud de las compañías extranjeras. Sería bueno que alguien le preguntara al Presidente o al secretario Alcocer que, como pasa de noche en sus temas, está muy calladito con las donaciones millonarias… Los dados mandan Serpiente doble. Caída libre.

20 Mayo 2020 04:07:00
Ramírez Cuéllar al Presidente: ‘No estoy de florero’
Si como dirigente de El Barzón no dudó en llevar caballos hasta el interior de la Cámara de Diputados para hacer escuchar la voz de los deudores de la banca, ahora como dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, tampoco dudó en contestarle al Presidente que descalificó su propuesta de medir las fortunas de los mexicanos ricos.

“Yo llegué a ser diputado con esta bandera, esta ha sido mi lucha permanente. Yo estoy aquí en la presidencia de Morena para lograr este anhelo y el estado de bienestar. Yo no estoy aquí de florero ni de barandal de pleitos internos”.

El diputado con licencia respondía así al desacuerdo del presidente López Obrador que ayer martes por la mañana desautorizó su propuesta para que el Inegi mida la riqueza de los mexicanos más acaudalados y con base en esa información, que debería proporcionarle el SAT sobre patrimonio, gastos e ingresos de los habitantes ubicados en los deciles más altos, aplicar una política fiscal progresiva que incluya tasas más altas de impuestos para los más ricos.

“No creo que sea correcto, se tienen que mantener en privado lo que significan los patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos”, dijo ayer el Mandatario nacional, en lo que se interpretó como una desautorización y descalificación a la propuesta.

Pero apenas un par de horas Ramírez Cuéllar convocó a una conferencia de prensa para defender su propuesta y decir que la va a llevar incluso a la Cámara de Diputados, para lo cual pedirá licencia a la dirigencia de Morena para regresar a su cargo de legislador federal.

“Yo no quiero que entren a las casas ni mucho menos quiero que se difundan los datos personales, eso está prohibido por la ley y la Constitución”, explicó el dirigente, quien dijo coincidir en eso con el Presidente, pero en lo demás, insistió en que seguirá impulsando su planteamiento. “Que el Inegi acceda a datos fiscales y bancarios para cuantificar la riqueza y eventualmente gravar de forma progresiva. Que los que tienen más paguen más”, dijo.

Muy pocos en la 4T y en Morena se atreven a responderle así, directo y a bote pronto al Presidente; de hecho hasta ahora solo lo había hecho Porfirio Muñoz Ledo, compañero diputado de Ramírez Cuéllar.

El momento que escogió Ramírez Cuéllar no parece ser el más adecuado para hacer un planteamiento como el suyo, que involucra no solo abrir la información fiscal privada de contribuyentes en el SAT y los datos bancarios para entregársela a un órgano autónomo como el Inegi, sino además pretende aumentar las tasas de impuestos que paga la población de mayores recursos, en donde se incluyen los empresarios.

En fin, quién sabe si una propuesta como esa pudiera prosperar sin la aprobación del Presidente y de otros dirigentes de la 4T que la descalificaron, pero quién sabe también si, como ya ha ocurrido con otros temas, lo que lanzó el dirigente de Morena no sea también otro “globo sonda” como los que ya ha mandado en otras ocasiones el Presidente para tantear cómo está el terreno para ciertas propuestas de ley que tocan intereses directos de los sectores más poderosos y en los que manda a diputados o senadores a presentarlas como iniciativa propia, cuando detrás traen la intención de Palacio Nacional.

Después de todo sería mucha casualidad que el mismo día que circuló el documento de Morena, que suscribe Alfonso Ramírez Cuéllar, para investigar las fortunas de los ricos y cobrarles más impuestos, el presidente López Obrador haya declarado lo siguiente: “Antes se decía, desde hace muchos años, siglos, se decía ¿qué haremos con los pobres? Ahora no es así, ahora podemos decir ¿qué hacemos con los ricos? Los pobres primero, sin que eso signifique abandonar a los que tienen más recursos económicos”. ¿Pura coincidencia?

19 Mayo 2020 04:07:00
Rocío en el ojo de la tormenta
En medio de rayos, truenos y centellas de empresarios, inversionistas y hasta países por la publicación del acuerdo para la nueva Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, se siente segura y confiada porque su “pararrayos” está ubicado justo en el Palacio Nacional, donde la respaldan totalmente en una decisión tan polémica como impugnable a través de las vías legales.

Y cuando apenas empieza lo que amenaza con ser todo un tema de demandas e indemizaciones para el Gobierno de López Obrador –ayer lunes se otorgaron las dos primeras suspensiones provisionales– los detractores de Nahle en el sector energético, que no son pocos, empiezan a sacarle “asuntos” a la titular de Sener. Primero fue el tema de su compadre, José Quintanilla Ayache, que había recibido un millonario contrato del IMSS en la Ciudad de México para la compra de ventiladores para el coronavirus, a través de su empresa Bidcom Energy, que tenía menos de un año de creada y con un capital inicial de 50 mil pesos; después del escándalo del hijo de Bartlett, al compadre de Nahle le fue cancelado de inmediato ese contrato por la Dirección del Seguro Social, pero ahora los reflectores apuntan a los contratos de la Refinería de Dos Bocas, donde la secretaria Nahle es algo así como la responsable directa de esta obra por encargo presidencial.

Empresas que han participado en las licitaciones para las distintas etapas de Dos Bocas, se quejan de “favoritismo” de “tráfico de influencias” en la asignación de contratos en algunas etapas y apuntan en concreto a Juan Carlos Fong. Empresarios y contratistas de Pemex reconocen a Juan Carlos Fong, como amigo cercano del esposo de Nahle, José Luis Peña, y quien se presenta como “operador de Peña y Nahle”. Fong es dueño de la empresa Construcciones y Reparaciones del Sur, que forma parte del consorcio Huerta Madre, que en conjunto con la holandesa Van Ord, “ganaron” a través de una licitación restringida el dragado de Dos Bocas (5 mil millones de pesos).

Los señalamientos de presunto tráfico de influencias tienen que ver con que cuando Huerta Madre ganó este contrato, tenía una semana de haberse constituido, integrada por Construcciones y Reparaciones del Sur, propiedad de Fong, Constructora Santadreu, propiedad de Manuel Santandreu, que preside el consorcio, así como Comercializadora de Productos, Servicios y Maquinaria Jiménez Falcón.

Uno de los tres participantes a esa “licitación restringida” fue Grupo Boskails, quien se inconformó formalmente con la entrega del contrato, porque entre varias inconsistencias dio a conocer que el capital para crear Grupo Huerta Madre es de 60 mil pesos, “lo cual limita su capacidad técnica y económica para cumplir con el servicio que se requiere en Dos Bocas”. Ese es el argumento en la queja oficial, pero fuera de eso, las empresas aseguran que Juan Carlos Fong presume ante posibles clientes que él es “el contacto” para lograr “los acuerdos”, incluyendo la Lista de Ganadores del Paquete 5, el último concurso del proyecto emblemático del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y para esos “acuerdos” Fong no duda en presumir su relación con José Luis Peña, esposo de Rocío Nahle, y quien es jubilado de Pemex, en donde se desempeñó durante tres décadas en el complejo Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz. Peña acompaña a su esposa durante sus horas laborales y, según se ha publicado en artículos y columnas periodísticas, hace funciones de consejero sin puesto y tiene gran influencia en las decisiones de la secretaria.

Los contratos de construcción de la Refinería siguen siendo una incógnita. No existe un registro como tal en Compranet de las adquisiciones y contrataciones para la Refinería y el único dato que se ha dado abiertamente a través de conferencias y boletines de prensa es la asignación de los cuatro primeros contratos para desarrollo de ingeniería y construcción de Dos Bocas. Hasta ahora Construcciones y Reparaciones del Sur, la empresa de José Luis Fong, ha recibido contratos para despalme y el desmonte del terreno, los de caminos y accesos a la Refinería, así como las obras de drenaje que conectarán dicha planta.

La misma empresa obtuvo también los contratos para los edificios de residencia y militar, y de pilón participa por los tanques y esfera de almacenamiento en donde tiene grandes “posibilidades de triunfo”. Todo eso siendo una empresa pequeña que realiza obra civil, pero que por arte y magia de la cercanía que su dueño presume con José Luis Peña, es especialista en todo tipo de trabajos y está presente en todos y cada uno de los paquetes y actividades adicionales hasta ahora asignados en Dos Bocas.

Así que, según las denuncias de los empresarios que, con más tiempo de experiencia, capacidad financiera y técnica han quedado fuera de las licitaciones, Juan Carlos Fong es quien “reparte” la subcontratación de obras, pues su empresa no cuenta ni con el capital social ni la experiencia técnica para hacerlas, pero sí con la amistad y cercanía con la secretaria y su esposo, lo que lo vuelve, según él mismo presume, el hombre al que muchos acuden para llegar a “acuerdos” y participar en las obras y licitaciones de Dos Bocas.

Hasta ahora se han licitado y asignado cinco de los seis paquetes de la Refinería de Dos Bocas.

Solo falta que se resuelva el contrato del Paquete 5 que se refiere a la construcción del sistema de almacenaje de hidrocarburos. Ese es justamente el paquete por el que Juan Carlos Fong se ufana ante posibles clientes que él es “el contacto” para lograr “los acuerdos”, incluyendo la Lista de Ganadores del Paquete 5, el último concurso del proyecto emblemático del presidente López Obrador, que transcurre a pesar de la pandemia de coronavirus y entre la solicitud de grupos para que se cancele porque, dicen, no hay seguridad en que será rentable ante la crisis de precios de petróleo y las mismas energías renovables a las que todo el mundo está apostando, menos México.
18 Mayo 2020 04:07:00
¿El Gobierno quiere inmunidad de rebaño?
La decisión del Gobierno mexicano de anunciar una reapertura de actividades cuando aún estamos en un pico constante y creciente de contagios de Covid-19, con una curva nada aplanada y más bien ascendente, parece obedecer a dos hechos: primero, a la urgencia de reabrir sectores de la economía que están a punto del colapso ante la falta de apoyos fiscales que no quiso otorgarles el mismo Gobierno y en algunos de los cuales hay presión directa de Estados Unidos para no afectar sus cadenas productivas; y segundo, a que ante la falta de control real de la pandemia y de un modelo epidemiológico que ya fue rebasado y en la confusión total de las cifras, ya no puede saber cuánto durará el pico de contagios y de qué tamaño realmente es la afectación de la pandemia, y opta por un regreso a la actividad y que se contagien los que tengan que contagiarse.

Es como si de facto y sin decírnoslo a los mexicanos, el Gobierno del presidente López Obrador haya apostado, presionado por una economía que se le derrumba por no haberle inyectado recursos y apoyos al empleo, a seguir exactamente el mismo modelo de Estados Unidos, en donde, a pesar del enorme riesgo de que haya nuevas olas de contagios, Donald Trump ordenó reabrir varios sectores económicos y algunos estados republicanos lo siguieron cuando aún no tienen totalmente controlada la pandemia. Lo dijo muy claro el doctor Anthony Fauci ante el Senado de su país: decidir la reapertura por criterios políticos y económicos, antes que por criterios de salud, traerá consecuencias graves.

Y si en Estados Unidos, que con todo su poderío e infraestructura no pudo evitar ser hoy el país con más muertes y contagios convirtiéndose en el nuevo epicentro de la pandemia, la reapertura ocurre cuando nos llevan varias semanas y muchos más recursos en los programas de contención, el panorama es grave en México, y con las consecuencias de una reapertura que además de prematura será desordenada, como la que se empieza a producir ya en varios estados, ante las diferencias y desconfianza entre la Federación y las entidades, podemos esperar seguramente escenarios más complicados y nuevos brotes de contagios.

Porque al final, a diferencia de otros países, como los europeos o los orientales, que están reabriendo su economía y su sociedad no solo cuando efectivamente su curva de contagios no solo estaba aplanada sino era descendente, en México nunca se hicieron pruebas masivas o significativas para ubicar dónde estaban los contagiados y aislarlos. Corea, por ejemplo o incluso España, han tenido brotes controlados en sus reinicios, porque sabían dónde estaban las zonas de riesgo, mientras que los mexicanos saldríamos prácticamente a ciegas, tanto el Gobierno como la población, sin saber cuántos contagiados asintomáticos están en la calle o los centros de trabajo o incluso, cuántos de los que ya tuvieron el virus son realmente inmunes y no pueden contagiarnos.

Al no tener en las primeras dos fases de la emergencia pruebas de contagio o haberlas tenido prácticamente limitadas a un número ínfimo de 0.4 pruebas por cada mil habitantes, hoy ignoramos cuál es el número real de contagiados, sintomáticos o asintomáticos, que hay en el territorio nacional, incluidos aquellos 263 municipios que a partir de hoy podrían reabrir sus actividades y en los que no se reportaron contagios porque tampoco se hicieron pruebas. Y como es muy difícil que en esta fase, a 12 días de reanudar actividades, haya pruebas de contagio, lo que tendría que haber son pruebas de inmunidad, para saber quiénes de los que ya tuvieron el virus no contagian ya o quiénes siguen contagiando; pero tampoco esas pruebas se están realizando y la Cofepris y Salud se han negado no solo a autorizarlas, sino que han prohibido que laboratorios privados las realicen.

Dicen los expertos que solo hay dos formas de volvernos, en lo individual y en lo colectivo, inmunes al Covid-19: a través de una vacuna o contagiándonos todos y desarrollando inmunidad. La vacuna seguramente la habrá pero aún no sabemos cuándo, así que la otra forma, la del contagio masivo, solo la han decidido utilizar dos países en el mundo, con mucho más recursos, infraestructura médica y también con mucho menos población y problemas de salud que México: primero la intentó Gran Bretaña, que después dio marcha atrás y empezó la contención; y Suecia, en donde decidieron disminuir y suavizar el aislamiento social con la idea de que la mayor parte de los suecos contrajeran el virus y desarrollaran inmunidad. Ninguno de esos dos países es comparable a México, que no sólo tiene una población 12 veces más grande que Suecia y del doble de los británicos, por no hablar de la comorbilidad que tenemos por la diabetes, obesidad y problemas cardiacos en los mexicanos lo que nos vuelve mucho más vulnerables y hace más letal al Covid aquí que en otros países.

Así que con todos nuestros subregistros, nuestra ausencia de pruebas, con una República en la que no hay una directriz clara y cada gobierno local decide por encima del federal, empezamos hoy la reapertura paulatina, gradual y anticipada. Si el Gobierno ha decidido apostar a que haya contagios masivos como una forma de desarrollar inmunidad de rebaño, debería ser transparente y decírnoslo. Por lo pronto, que cada quien se cuide y extreme precauciones en lo individual, en lo familiar y contribuya así al cuidado colectivo. Quienes pueden seguir quedándose en casa es mejor que lo hagan y los que tengan que salir porque así lo requiera el sustento, tendrán que aprender a cuidarse y encomendarse a lo que crean porque saldrán, como todo el país, a ciegas.


NOTAS INDISCRETAS… La ofensiva contra Rocío Nahle desde sectores empresariales y de opinión es solo el inicio de lo que se va a transformar en una ofensiva legal y una lluvia de demandas, amparos y peticiones de indemnización por la cancelación de inversiones y proyectos que dejará el decreto presidencial que cancela los proyectos de generación de energías limpias. En realidad Nahle será el pararrayos de esta tormenta que apenas comienza, pero está bien afianzada no solo en sus convicciones ideológicas, que ayer expresaba en un tuit en donde dice que “el sector energético nos da identidad y vamos a su rescate” y que “para el presidente López Obrador primero es el pueblo y después el pueblo”. Es decir que la secretaria de Energía está envuelta en la bandera de la 4T y tiene todo el respaldo del Presidente para aguantar el vendaval ante lo que los empresarios, ambientalistas y especialistas energéticos de México y del mundo ven como un “retroceso grave e histórico”, además de costoso y dañino para el ambiente y el cambio climático, pero la secretaria y sobre todo el propio Presidente, ven como “un rescate” casi heroico de la CFE al intentar volverla de nuevo el monopolio energético que fue en el pasado, casi como si volviéramos unos 30 o 40 años en el tiempo. A eso, Nahle le llama “seguridad y autosuficiencia”. Veremos si resiste la secretaria y el mismo Gobierno lo que se ve venir como una ofensiva nacional e internacional de demandas, amparos y hasta tensiones diplomáticas con países y regiones con los que tenemos tratados y acuerdos comerciales… Los dados mandan Serpiente doble. Mal comienza la semana.
16 Mayo 2020 04:02:00
Los gobernadores piden más y no les dan
El choque entre autoridades nacionales y gobiernos estatales o provinciales ha sido parte de los fenómenos de esta pandemia. En naciones con sistema federalista, los cuestionamientos desde las localidades a las decisiones centrales han tensado las relaciones políticas entre los niveles de Gobierno y han provocado desde encontronazos hasta casos de franca rebeldía de gobiernos locales hacia el poder federal. Le ha pasado a Donald Trump en los Estados Unidos, que ya traía una relación complicada con los estados por temas migratorios y ahora la crisis del Covid la ha agudizado, y le está pasando también a López Obrador, cuya autoridad es desafiada y cuestionadas sus decisiones desde los estados.

Como el Presidente no ha querido reunirse con ellos durante toda esta emergencia sanitaria, los gobernadores del país han estado en comunicación remota con los miembros del gabinete para tratar los temas de la pandemia, aunque los estados han tomado sus propias decisiones, tanto para la atención de los enfermos, como en los tiempos para la próxima reapertura. En eso no ha habido problema y la comunicación ha fluido bien porque el Presidente ha cedido autoridad a los mandatarios locales y, con el argumento de que "no queremos pelear", ha permitido que las entidades federativas definan sus acciones, aunque a veces choquen con las directrices de la Federación.

En donde sí hay un tema que tensa la relación del federalismo mexicano es en el reparto de los dineros para atender esta emergencia sanitaria. López Obrador ha presumido públicamente tener "recursos suficientes" para enfrentar la pandemia y las distintas crisis que traerá, ha hablado de "aumento en la recaudación por casi 50 mil millones" y ha dicho que tiene un fondo extraordinario de hasta 400 mil millones de pesos “por los ahorros de la lucha contra la corrupción”, además de que habló de un aumento de 40 mil millones de pesos al Sector Salud para atender la emergencia. Pero de todos esos recursos los gobiernos estatales no han visto nada.

"¿Dónde está ese dinero, que nos mande para apoyar a los estados?", dijo hace unas semanas el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco.
El jueves al mediodía los gobernadores de la Conago se reunieron virtualmente con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. El encuentro fue privado y había sido solicitado por los mandatarios estatales con un fin específico: pedir apoyo de la Federación con presupuestos extraordinarios para atender la emergencia en sus estados. Y de acuerdo con tres gobernadores que participaron, desde el comienzo del encuentro hubo una petición concreta: que el Gobierno federal, vía Hacienda, les reembolsara a cada estado los recursos que habían destinado hasta ahora para la atención del Covid-19, porque esos recursos era de su presupuesto ordinario para el 2020 que habían tenido que utilizar por la urgencia.

Uno tras otro los gobernadores insistieron en el tema de un reembolso, como una forma de ayudar a sus estados y no desbalancear su gasto normal en los temas de salud habituales, pero Herrera nunca les respondió. Con evasivas y con explicaciones técnicas del presupuesto, el secretario de Hacienda se salió por la tangente y evitó, en casi dos horas que duró la reunión, comprometerse en algo concreto para que los gobiernos estatales tuvieran algún recurso extraordinario. A lo único que se comprometió Herrera, a pesar del bombardeo de los miembros de la Conago, fue a que "sus participaciones federales correspondientes al Presupuesto Federal 2020 están garantizadas", según lo confirmó Hacienda a través de un comunicado.

Fue tan improductiva la reunión virtual con Herrera, que un Gobernador del norte del país, consultado sobre el encuentro, nos dijo: "Puras tonterías estaba hablando el secretario; nunca respondió a nada de lo que le pedíamos. Fue tan infructuosa y aburrida la reunión que yo de plano me desconecté porque no vi intenciones de ayudarnos". Es decir que Arturo Herrera siguió al pie de la letra la instrucción del presidente López Obrador, quien también ha evitado reunirse virtualmente con los gobernadores porque dice que le "van a pedir más dinero y yo no pienso dárselos". O sea que, en medio de la parte más crítica de la pandemia para varios estados, a los gobernadores de plano los batearon en su petición de reembolso de recursos para la emergencia. “El dinero que presume tener el Presidente no es de él, es de la Federación; no le estamos pidiendo nada que no les corresponda a los estados, que hemos tenido que enfrentar esta situación solos, estirando los recursos que tenemos y sin apoyo federal", comentó otro Gobernador que pidió el anonimato. En fin, que el centro acapara el presupuesto en esta crisis y a los gobernadores los dejaron como en aquella canción infantil: "Piden pan y no les dan, piden queso y les dan un hueso".

Peralta se va, tras el revés a Ley Bonilla y corrupción en las Aduanas

El subsecretario de Gobierno de Gobernación tuvo una semana muy complicada: el domingo 10 de mayo informó en las redes sociales que tenía Covid y comenzó su aislamiento, pero para el lunes a su lamentable contagio se sumaba un fuerte golpe político: la "Ley Bonilla" que él había defendido públicamente con argumentos de legalidad, fue no solo declarada inconstitucional de manera unánime por los 11 ministros de la Suprema Corte, sino que entre los razonamientos aprobados estaba el de que esa reforma en Baja California se trató de "un fraude a la Constitución", como lo dijo en su intervención el ministro presidente, Arturo Zaldívar.

Si con eso la situación política de Peralta se había vuelto tan complicada como su estado de salud, para el jueves las declaraciones del nuevo director de Aduanas, Horacio Duarte, y del director de la UIF, Santiago Nieto, pusieron al subsecretario en terapia intensiva del gabinete. Y es que los dos funcionarios que encabezan la lucha contra la corrupción en las aduanas, confirmaron las investigaciones y denuncias ante la Fiscalía General de la República de al menos 6 administraciones aduaneras del país, y algunos de sus titulares que están acusados de lavado de dinero, fueron nombrados por Ricardo Peralta durante su gestión como administrador General de las Aduanas, aunque él se ha deslindado de los posibles actos de corrupción.

Ese mismo jueves por la tarde comenzaron los rumores de su renuncia a Gobernación, lo cual el mismo Peralta desmintió en su cuenta de Twitter, en donde dijo que era falso que hubiera presentado su renuncia y que se encontraba en confinamiento en su casa por el Covid-19. Este viernes ya se daba por hecho que Ricardo Peralta dejará la Subsecretaría de Gobierno, pero no por renuncia, sino porque esa es una de las 10 subsecretarías que ordenó desaparecer el presidente López Obrador.

La versión que daban la noche de este viernes funcionarios del gabinete era que Peralta se irá como embajador a Argentina, donde no han nombrado a nadie después del escándalo del embajador cleptómano Ricardo Casanova. Pero esos mismos funcionarios de primer nivel aseguraban que la orden de que Peralta saliera del gabinete sí fue directa del Presidente por los dos temas mencionados en su contra; es decir que al abogado le darán una salida decorosa y un exilio diplomático en Buenos Aires.

Notas Indiscretas…

El pasado 16 de abril López Obrador le pidió a los gobiernos estatales que no contraigan deuda por el tema del Covid-19 y que sean austeros, a pesar de que reconoció que muchos de ellos recibieron "arcas vacías" por los endeudamientos excesivos del periodo neoliberal. Y parece que con esa línea del Presidente, dos alcaldes de Morena en Tamaulipas, interpusieron dos controversias constitucionales en contra del gobierno estatal, por el endeudamiento de 4 mil 500 mdp que el Congreso local le autorizó al gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca. Una de las controversias la puso el Presidente Municipal de Güemez, Luis Lauro Reyes, y la otra el Síndico del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Salvador Muñoz Contreras. Al parecer los morenistas de Tamaulipas van con todo en contra del Gobernador panista, porque al mismo tiempo que los alcaldes pedían controversia constitucional, los 10 diputados de Morena en el Congreso Local le mandaron una carta al secretario de Hacienda en la que le piden negarle su aval a ese empréstito porque se compromete, dicen, más del 40% de las participaciones federales por 20 años. Los diputados piden la intervención de Hacienda para negarle su aval a la deuda del Gobierno de Tamaulipas y argumentan que con esos 4 mil 500 millones de pesos, Cabeza de Vaca elevaría la deuda del estado a 20 mil millones de pesos. Veremos en qué termina la ofensiva morenista contra el Gobernador de Tamaulipas…
Los dados mandan Escalera doble. Buen tiro.
14 Mayo 2020 04:07:00
‘Nueva normalidad’ en la República disfuncional
Algo que ha marcado el desarrollo de la pandemia de Covid-19 en México, y que la volvió “diferente” al resto del mundo, fue la forma errática en que el Gobierno federal enfocó desde un principio el problema, minimizando el grave impacto que tendría el nuevo virus en la salud y le economía del país y confundiendo advertencias y alarmas, tanto internas como externas, con una “conspiración” en contra del Presidente y su 4T.

Para cuando López Obrador y su Gobierno reaccionaron y dejaron de decirle a la gente que “no pasaba nada, que el problema no era tan grave, que se exageraba y que ni el virus era tan letal”, las cifras de mexicanos contagiados y muertos subían con rapidez. La realidad nos alcanzó y los llamados al aislamiento social y a la “sana distancia” surtieron efecto a medias.

Una de las consecuencias de las contradicciones constantes en las que cayó el Presidente y su grupo de científicos expertos encabezados por el doctor Hugo López-Gatell, fue que en el resto de la República los estados y sus gobernantes comenzaran a tomar sus propias medidas y a desatender los mandatos del Consejo de Salubridad General, convocado tardíamente y con un trabajo a medias a pesar de ser el órgano que la Constitución marca como “máxima autoridad” en una emergencia sanitaria.

Así, fragmentados, divididos y a veces incluso confrontados, nos convertimos en una República disfuncional, justo en la peor pandemia que haya sufrido la humanidad reciente, la que todo mundo considera como el peor colapso internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando estamos aún en esa parte crítica en la zona más poblada del país, el Valle de México, ahora el Gobierno de López Obrador presenta el plan para la reapertura de actividades y el regreso a la llamada “nueva normalidad”.

De entrada, llamó mucho la atención que al presentar ese plan, el propio presidente López Obrador dijera ayer que el protocolo no era de observancia y aplicación obligatoria para los estados y municipios y que a los gobernadores y alcaldes que no les gustara podían no aplicarlo.

No sabemos todavía cómo y cuándo va a terminar esta pandemia en México; desconocemos cuántos mexicanos más se contagiarán y morirán una vez que comience el regreso a la “nueva normalidad”, sobre todo porque somos una sociedad a la que le cuesta mucho seguir normas, protocolos y cambios que serán necesarios y hasta vitales en la vuelta a la cotidianeidad.

Pero lo que sí sabemos es que, fieles a nuestra historia y a nuestra idiosincrasia, los mexicanos, al menos en lo político, lejos de unirnos para enfrentar esta terrible crisis histórica nos dividimos acentuando la polarización que ya veníamos arrastrando y con la responsabilidad de casi todos los actores, empezando por el Presidente, que no paró de confrontar y atacar desde sus mañaneras y siguiendo con opositores, críticos, empresarios y otros sectores que se sumaron al juego de la división. Y una buena expresión de esta desunión es hoy esta República federal, fragmentada y disfuncional, donde al Presidente y a su Gobierno los estados ya no le hacen caso y cada quien actúa como lo entiende y de paso, con los mexicanos asustados en medio de todo esto, jalan aguas para sus respectivos molinos.



13 Mayo 2020 04:03:00
Militarización, llamemos a las cosas por su nombre
El Presidente que habla diario y de todo, no quiere hablar de la militarización de la seguridad pública. Incluso ayer martes evadió el tema en su monólogo diario de la mañanera, mientras su secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, trató de justificar el decretazo para militarizar la seguridad pública y la persecución de los delitos en el país con un argumento tan falso como rebatible: que el “apoyo de las fuerzas armadas” a la seguridad civil “siempre estará subordinado a la Guardia Nacional”.

Y es que ahí está precisamente el problema: la Guardia Nacional siempre ha estado supeditada, en los hechos, al mando militar de la Secretaría de la Defensa. Su comandante Luis Rodríguez Bucio es militar y obedece y le responde al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, y no a Durazo, al igual que lo hacen los generales que dirigen a los guardias nacionales en los estados del país, quienes reportan y obedecen órdenes solo de la Zona o Región Militar de donde se encuentren y no necesariamente del Gobernador ni de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal.

El mismo Alfonso Durazo comentó en una plática reciente con periodistas y directivos de un diario, en la que tuve la oportunidad de escucharlo, que él y su Secretaría de Seguridad no son los rectores ni los que mandan en la labor de dar seguridad a los mexicanos. “Yo solo tengo un papel normativo (en la estrategia de seguridad federal) el mando operativo lo tienen las Fuerzas Armadas”.

¿Entonces, lo saben bien y siempre lo supieron, si el mismo Presidente se lo pidió al Congreso de la Unión en su iniciativa original donde quería una Guardia Nacional completamente militarizada y bajo las órdenes del Ejército, aunque el rechazo de la oposición lo obligó a negociar una “transición de 5 años” para el regreso de los militares a los cuarteles, que es lo que ahora pone en marcha por decreto, por qué no reconocer que, al igual que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, decidieron echar mano de la fuerza militar para controlar la inseguridad y la violencia porque no tenían otra opción ante la gravedad del problema y la capacidad armada de los cárteles del narco?

Ayer me explicaba el Consejero Jurídico de la Presidencia, que en realidad el decreto no es algo nuevo y que “siempre estuvo contemplado en el Artículo 5 transitorio de la ley que creó a la Guardia Nacional”. “No hay tal militarización, solo se está aplicando lo que preveía la reforma constitucional”, comentó el abogado Julio Scherer Ibarra.

Se puede entender la reticencia a reconocer la militarización de la seguridad, así sea con un mandato constitucional; se puede comprender que viniendo algunos de ellos de la izquierda les cueste mucho admitir que son parte de un Gobierno que se apoyó en los militares ante la incapacidad civil de frenar la violencia delincuencial.
Al final lo que tenemos a partir de ayer en la seguridad pública del país es a militares en las calles haciendo labores de policías, deteniendo ciudadanos, patrullando ciudades y municipios, cateando domicilios e iniciando denuncias y hasta interviniendo comunicaciones privadas con orden de un juez, todo eso con mandato constitucional. Eso, aquí y en China se llama militarización, con los matices y atenuantes que quieran ponerle. Como diría el test del pato: “Si grazna como pato, camina como pato y se comporta como un pato, entonces seguro que es un ganso… militarizado”.

12 Mayo 2020 04:02:00
Fracasan Guardia y abrazos; vuelven los militares
El viraje del presidente López Obrador de volver a sacar a los militares a las calles, para que otra vez se hagan cargo de la inseguridad y la violencia provocadas por la delincuencia organizada, puede leerse de varias formas y obedecer a muy distintas circunstancias: la crisis económica y social del Covid-19 será más fuerte que ninguna y hay riesgos de inestabilidad social; la Guardia Nacional no funcionó ni maduró en 11 meses; la estrategia de “abrazos no balazos” fue una pésima ocurrencia; el narco se desbordó ante la ausencia del Estado y Estados Unidos presionó para volver a combatirlos.

Pero en cualquiera de las explicaciones todas, inevitablemente, conectan con dos palabras que definen la estrategia de seguridad federal de la 4T: incongruencia y fracaso.

Incongruente porque después de pasar años criticando y condenando la fallida y sanguinaria militarización del presidente Felipe Calderón a la seguridad pública, que le costó al país 121 mil mexicanos muertos en su “guerra contra el narco”, el presidente López Obrador hoy ordena que las fuerzas armadas del país, el Ejército y la Marina, salgan de nuevo a encargarse de la seguridad pública, con el argumento de que su Guardia Nacional no ha logrado consolidar su estructura, a pesar de que le inyectó 87 mil 200 millones de pesos en menos de un año –17 mil 200 millones en su arranque en 2019 y 70 mil millones este año– y de que se trata de una militarización “extraordinaria”.

Tanto atacar a Calderón y a Peña Nieto, no sin razón, por sus fallidas estrategias militarizadas que le costaron al país cerca de 250 mil asesinatos violentos, para que al final Andrés Manuel recurra exactamente a la misma vía militar.

Solo que ahora el Presidente ordena la militarización de la seguridad con un componente adicional a la violencia desbordada y a la ausencia de Estado, que en su momento esgrimieron los dos expresidentes: la posible inestabilidad social por protestas y aumento de la delincuencia que puede traer la profunda crisis a la que se encamina el país. ¿Se está preparando López Obrador para un país donde los desempleados, y los inconformes con las pérdidas de todo tipo que les dejará el Covid-19 encuentren como freno el manotazo militar?

Como sea, el decreto presidencial que entra en vigor el día de hoy y que dispone “de la Fuerzas Armadas permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria”, es un reconocimiento tácito de que fracasaron rotundamente las dos apuestas en materia de seguridad que hizo el Ejecutivo: primero una Guardia civil en la ley, pero que en realidad siempre estuvo bajo las órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional y sometida al mando militar, y segundo, que su absurda política moralina de “abrazos no balazos” y de consejos a los delincuentes para que pensaran en sus mamacitas, resultó una demagogia muy costosa para los mexicanos que acumuló más de 44 mil muertos en un año 5 meses.

La otra posible explicación para que López Obrador se haya tenido que morder la lengua y modificar radicalmente su política de seguridad, al grado de caer en la incongruencia, podría ser la presión desde Washington.

Tal vez en su muy cacareada amistad con el presidente Donald Trump y en los “favores de amigos” que le ha estado haciendo la Casa Blanca entre la pandemia del Covid-19 y la profunda crisis petrolera, hubo alguna “recomendación o sugerencia” de que su estrategia de seguridad y, especialmente su política antinarco, basada en consejos morales y reconocimiento de derechos a los violentos capos y sicarios, no estaba funcionando y requería un cambio radical.

Así que, el presidente López Obrador y sus analistas y aplaudidores seguro dirán que su militarización de la seguridad pública es muy distinta a las de sus repudiados antecesores, que aquí “sólo es para ayudar a que se consolide la Guardia Nacional” y que “no nos confundan, porque no somos iguales”, pero parafraseando al clásico, “haiga sido como haiga sido” el Ejército otra vez está en las calles y una vez más asume el mando civil de la seguridad en el país.

¿De qué tamaño estarán viendo la tormenta económica, social y delincuencial que se viene por el coronavirus para que, sacrificando la congruencia, hayan recurrido al brazo militar?
11 Mayo 2020 04:07:00
AMLO vs. la prensa
Para ser el primer Gobierno “post-neoliberal” en México, la Administración de López Obrador actúa exactamente igual que los gobiernos más neoliberales de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, en cuanto a su trato y reacción preferencial hacia la prensa extranjera, con la diferencia de que, mientras los salinistas operaban y cabildeaban con los corresponsales extranjeros, los lopezobradoristas salen a descalificar su trabajo y a acusarlos de “conspiración”.

Los reportajes recientes de los periódicos de otros países, como los de The New York Times, El País o The Wall Street Journal, que criticaron el manejo de la pandemia y denuncian ocultamiento o manipulación de cifras para minimizar el impacto del coronavirus entre los mexicanos, no solo calaron fuerte en el ánimo de la 4T, sino que merecieron reacciones inmediatas en mensajes de Twitter y hasta respuestas en video de funcionarios de la 4T, mientras que a esos mismos cuestionamientos hechos por mexicanos, ya sean en investigaciones periodísticas o por especialistas médicos o científicos, “ni los ven ni los oyen”, y cuando responden es para tacharlos de “conservadores”, “opositores” o de “intereses partidistas”.

No está mal que sean tan sensibles a lo que dicen influyentes diarios de otros países, pero sí que sobrerreaccionen cuando se les critica en la prensa extranjera, mientras minimizan y desprecian las críticas internas. En eso se parecen a los gobiernos neoliberales que tanto cuestiona y de los que el Presidente repite a diario que “no somos iguales”. También Salinas y Zedillo en sus gobiernos no dejaban pasar nada de la prensa externa sin responder, en tanto que, particularmente Zedillo, sentía pereza y hasta rechazo por la prensa nacional.

Pero si en la 4T deciden responder a los cuestionamientos que llegan desde el exterior, al menos deberían hacerlo con algo más que descalificaciones, declaraciones y acusaciones de “sospecha de conspiración” contra algunos de los diarios más leídos del mundo. Eso fue lo que hizo el viernes el subsecretario Hugo López-Gatell; lejos de responder puntualmente a los señalamientos graves de “ocultamiento de cifras” y de pretender minimizar el tamaño real de la pandemia y las muertes por coronavirus en el país, el funcionario se dedicó a dar declaraciones políticas, al mismo tiempo que aceptaba el subregistro de casos de “neumonía atípica” que “no alcanzaron a realizarles la prueba del Covid”.

Lo más delicado fue que López-Gatell, confirmando la ideologización y politización del responsable de la estrategia nacional contra el coronavirus, se atrevió a sugerir una “conspiración” desde la prensa extranjera por “la coincidencia de las notas con el día pico de contagios” en México. El video donde el Subsecretario cuestiona y descalifica las investigaciones de los corresponsales y enviados extranjeros, mereció una dura respuesta del periodista del NYT, autor del reportaje, quien se quejó de que solo haya mencionado su reportaje y no el de otros medios, y lo acusó de responder “con declaraciones, pero no con aclaraciones”. Más mesurado y conciso se vio el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, quien sin entrar en mayores honduras se limitó a decir en Twitter que “el Gobierno no oculta información sobre contagios o fallecimientos de coronavirus como suponen algunos medios”.

Así que si en la 4T van a seguir la política salinista de responder a toda crítica de la prensa extranjera, mientras ignoran y desairan las de casa, deberían empezar por definir un buen vocero que primero, no sea como el Presidente, que no entiende lo que le dicen en inglés, pero tampoco pide que se lo traduzcan, y segundo que si va a responder lo haga con argumentos y explicaciones puntuales, y no con teorías conspirativas como el subsecretario López-Gatell.

09 Mayo 2020 04:07:00
El FRENA o la rebelión de los regios
En momentos en que el país se encuentra en la fase más crítica de una pandemia mundial y que la economía entra en una franca recesión que se agudizará por el freno obligatorio a la actividad económica, la relación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y un sector importante del empresariado mexicano ha entrado no solo en punto de ruptura sino de una guerra abierta. Desde Monterrey, poderosos empresarios han comenzado a generar un movimiento que busca propiciar condiciones para una renuncia anticipada en la presidencia de López Obrador.

El movimiento, aunque surge del ámbito empresarial, en el que se suman poderosos capitanes de empresas de Nuevo León y algunos integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, los mismos que en la elección presidencial de 2018 intentaron impulsar una candidatura única de Ricardo Anaya contra López Obrador, está buscando sumar en todos los ámbitos y ya tiene el apoyo de gobernadores del norte del país (Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila) además de medios y periodistas que apoyarían la idea de inducir una renuncia en la Presidencia que tiene intenciones claramente golpistas.

Lo más delicado es que los empresarios que impulsan el movimiento anti-AMLO ya empezaron a buscar el apoyo de Estados Unidos y que han intentado sumar a su propuesta golpista a un sector del Ejército y de la Marina, pero no han tenido éxito.

Representantes de ese grupo ya hicieron contacto con Jared Kushner, yerno de Donald Trump. Utilizando servicios de despachos de cabildeo que operan en Washington, algunos de ellos a cargo de exdiplomáticos mexicanos, le han hecho llegar mensajes a Kushner con el argumento de que la situación económica y social de México se pude complicar tanto, ante las políticas de López Obrador para enfrentar la profunda crisis económica por el coronavirus, que el problema para Estados Unidos y para Trump ya no serán las caravanas de migrantes centroamericanos, sino “las oleadas de migrantes mexicanos que buscarían cruzar ilegalmente a territorio estadunidense ante el desempleo y la pobreza que se va a generar en el país”.

Caras visibles y ocultas

La última vez que se reunieron con López Obrador, los empresarios del Grupo de los 10 o Grupo Monterrey, salieron de Palacio Nacional con posiciones encontradas. En esa ocasión, además de recordarle que “los empresarios no somos adversarios” y advertirle de la necesidad de apoyar con estímulos fiscales y prórrogas a las pequeñas y medianas empresas que generan más de 70% de los empleos nacionales, los dueños y Ceos de los principales consorcios regiomontanos –Cemex, Alfa, Vitro, Xignux, Maseca, Frisa— le pidieron al Presidente que contratara deuda por 1 billón de pesos para que apoyara y rescatara a las empresas mexicanas y evitara una crisis de liquidez que llevaría a la quiebra a muchas pymes.

López Obrador, no solo ignoró olímpicamente sus propuestas, sino que declaró que no piensa rescatar a ninguna empresa y que si tienen que quebrar, pues será responsabilidad de los empresarios. “Con todo respeto, nosotros no vamos a continuar con más de lo mismo. No van a haber rescates para potentados”.

El Jefe del Ejecutivo no solo rechazó los 68 puntos que le planteó recientemente el Consejo Coordinador Empresarial, producto de 11 mesas y foros donde se recogieron propuestas no solo del empresariado de todo el país, sino de organismos financieros, especialistas e instituciones como el Banco de México, para librar la difícil crisis que dejará la pandemia del coronavirus.

Por eso la reacción abierta de confrontación que ha adoptado una parte del empresariado. Por eso incluso dirigentes como Carlos Salazar del Cce, que fue un entusiasta y convencido promotor de la 4T y de López Obrador, después se quejaría de que “nos cerraron las puertas de Palacio” y escucharía las voces de muchos empresarios del país que le pedían promover la salida anticipada del Presidente al grito de “”Que se vaya ya”.

Ante esas posiciones, Salazar fue aún institucional pidiéndoles a los dirigentes del Consejo que esperaran al 2022 y participaran en la consulta de revocación de mandato programada para ese año, con la aclaración de que “necesitaremos 30 millones de votos para pedir que se vaya”.

Pero hay otros empresarios que no son tan institucionales como Salazar. El viernes uno de los socios de Soriana, consejero suplente del Consejo de Administración de la cadena de tiendas mexicana más grande, se destapó públicamente como “líder del Frente Nacional para la Remoción del presidente López Obrador”.

Pedro Luis Martín Bringas, hermano de los dueños de Soriana, dijo que el FRENA, como se denominan, “es un grupo conformado por la iniciativa pública, no privada, que consta de gente de todos los partidos, de todas las clases sociales, de todos los niveles, estudiantes y profesionistas, empresarios y es un grupo, que así como el coronavirus no respetó ricos, pobres, estudiantes o profesionistas, así queremos que FRENA sea el detonante para que antes de 1 de diciembre (de 2020) el señor López Obrador se vaya a su casa y salvemos a este país”.

Incluso, el movimiento de los gobernadores del Noroeste, formado por Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, se conecta también con el activismo de los empresarios en contra de AMLO.

Esos tres estados, encabezados por el independiente Jaime Rodríguez, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, y el priista Miguel Riquelme, no solo han exigido reuniones con el Presidente para coordinar acciones y mayor presupuesto para los estados en la pandemia, sino que también han cuestionado el actual pacto fiscal entre la Federación y los estados y han amenazado abiertamente con romperlo si el Gobierno federal no acepta una revisión a fondo de este convenio que reparte el presupuesto.

Ha subido tanto el tono del discurso de estos tres gobernadores, que incluso sumaron a su alianza a Durango y Michoacán, que en las redes sociales ya circulan propuestas y videos de crear la República del Río Grande, formada por Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León, con lo que no solo se promueve el separatismo, sino que se revive un viejo proyecto fallido con el que en 1840 esos tres estados mexicanos más Texas, que entonces era parte de la República, se proclamaron en contra del Gobierno de Anastasio Bustamante.

Veremos qué rumbo toma esta intentona de los empresarios norteños que, con un Presidente en niveles de aprobación de entre el 60 y el 68% y con un repunte de 8 puntos en medio de la pandemia, no la tiene nada fácil…

Los dados cierran con Escalera doble. Otra semana más en cuarentena. Ánimo y fuerza para los lectores, que ya falta menos.
07 Mayo 2020 05:07:00
López-Gatell vs Narro ¿A quién le creemos?
Lo que empezó como un debate médico-científico y un intercambio sobre modelos estadísticos y epidemiológicos, se tornó anoche en una confrontación que tomó tintes políticos entre Hugo López-Gatell y José Narro Robles. Tras varios días de cuestionamientos al manejo de la pandemia del coronavirus y a los modelos de medición y contención que ha aplicado, anoche el subsecretario de Salud le respondió al exrector de la UNAM y exsecretario de Salud, que cuestionó en un tuit si realmente se “aplanó la curva” con las cifras de contagios cada vez más rápidos y altos entre los mexicanos.

“A ver cuénteme más, qué más dice el doctor Narro”, dijo sonriendo López-Gatell en su conferencia diaria en Palacio Nacional a una reportera que le preguntó si le había mentido a los mexicanos como dijo el extitular de Salud. El coordinador de la estrategia contra la pandemia, lanzó dos dardos envenenados: “Ya no le sigo la pista a Narro, no sé si está en el PRI o si está en la UNAM, pero por ahí debe estar”, comentó primero, para luego decir que respetaba la opinión del “doctor Narro, es un personaje respetable, fue secretario de Salud, fue rector de la Universidad Nacional y fue dirigente del PRI, me parece un individuo respetable”. Pero con todo y el respeto, López Gatell recordó más adelante: “307 hospitales quedaron abandonados, ahorita me acordé del doctor Narro, 307 hospitales quedaron abandonados en la Administración inmediata anterior, por distintas razones”.

El comentario en Twitter de Narro se refería a las declaraciones que el subsecretario hizo en la víspera cuando anunció el 5 de mayo, junto al presidente López Obrador, que “ya hemos aplanado la curva de contagios” del coronavirus. “Con los datos de López-Gatell, llegar a los primeros 6 mil 500 casos positivos de coronavirus, nos tomó 49 días. Alcanzar los segundos, llevó ocho días. Acumular los terceros, solo seis días. Los 6 mil 500 casos más recientes, únicamente 5 días. ¿De verdad aplanamos la curva?”, escribió el exrector de la UNAM.

Narro no ha sido el único médico ni científico que ha cuestionado los datos y el modelo de López-Gatell; el grupo científico de la UNAM para el coronavirus también ha puesto en duda las cifras oficiales realizando sus propios cálculos a partir de multiplicar por 8 el número de contagios en su Centro de Información Geográfica sobre Covid-19, en donde se reportan muchos más casos de los que informa la Secretaría de Salud.

También el exsecretario de Salud, Julio Frenk, quien actualmente es rector de la Universidad de Miami, ha declarado que hay una “subestimación grande” de los casos reales de contagio en México.

Aunque López-Gatell había rehuido hasta ahora la polémica, ayer miércoles, contrario al tono mesurado y contenido que suele manejar, el subsecretario de plano se metió al terreno político al referirse dos veces no solo a la militancia priista del doctor Narro, sino al recordarle de los 307 hospitales que quedaron inconclusos durante su gestión como Secretario de Salud.

¿Qué llevó a López-Gatell a envalentonarse y subirse al ring con Narro? Seguro algo tuvieron que ver las porras que López Obrador le dedicó el martes pasado en su mañanera, cuando el Presidente lo defendió de los cuestionamientos de la prensa con la consigna de “No está solo, no está solo, no está solo”. Pero también la notoriedad y los reflectores que ha acaparado el subsecretario.

Veremos en qué termina este debate público que pasó de la ciencia y la medicina al terreno político y si la nueva estrella de la 4T resulta ser no solo un carismático conferencista y speaker, sino un buen fajador y polemista político ahora que se subió al ring con sus críticos. López-Gatell se enfrenta a personajes que le llevan muchos años en experiencia, capacidad y trayectoria pública y académica; pero como ya lo dijo el Presidente, ese a quien él cree inmune al coronavirus y “una fuerza moral”, “no está solo” y tendrá de sparring, en su esquina, al mejor fajador y provocador que haya conocido la política mexicana.
06 Mayo 2020 04:07:00
Ebrard, otra vez entra al quite
En momentos en que al presidente López Obrador se le ha visto “muy molesto” por el escándalo de la compra de ventiladores a sobreprecio del IMSS al hijo de Manuel Bartlett, sobre el que ya ordenó una investigación a la Función Pública, ayer Marcelo Ebrard prácticamente exhibió las irregularidades que se asoman en esa compra, más allá del posible conflicto de interés o tráfico de influencias, cuando frente al mismo Presidente, el canciller informó, desde la mañanera, que él compró “directamente al fabricante de Estados Unidos y sin intermediarios” 211 ventiladores marca Hamilton a precios de entre 384 mil y 600 mil pesos cada respirador, tres veces más bajo de los 1.5 millones de pesos que pagó el Seguro Social a León Bartlett por ventiladores chinos.

“Estos (ventiladores) son hechos en Suiza, la marca es una de las mejores del mundo, que se llama Hamilton…También han puesto precios habituales, son cuatro modelos los que México está adquiriendo: el T1 Militar, el T1, el C1 y el C3 y valen 21 mil dólares (cada uno) 19 mil dólares, 16 mil dólares y 24 mil dólares. Aquí no hubo ningún intermediario, fue directamente con la empresa que los produce”, dijo Ebrard ayer martes en Palacio Nacional mientras mostraba, con el Presidente atento, las imágenes con la llegada de los cargamentos en una operación presentada con toda la intención como limpia y por la que agradeció incluso el apoyo al presidente Donald Trump, con la frase de que “es en las adversidades donde conoces a los amigos”.

¿Sería casual que Marcelo hiciera este anuncio un día después de que el Presidente ordenó a la Secretaría de la Función Pública que “hiciera su trabajo” y que investigara y sancionara el contrato que el IMSS le dio a León Bartlett Álvarez por 33 millones de pesos por la compra de 22 ventiladores de fabricación china, cada uno cotizado a 1.5 millones de pesos? Todo indica que no.

Una vez más, el Presidente utiliza los oficios políticos de su secretario de Relaciones Exteriores para mandar un mensaje con clara dedicatoria: la emergencia sanitaria y la urgencia de hacer compras de insumos importantes para la pandemia, no justifica ni el pago a sobreprecio, ni el abuso de contratistas, echando por tierra el argumento con el que Zoé Robledo pretendió justificar el pago millonario al hijo de Bartlett, cuando dijo que ante la emergencia “la entrega inmediata eso es lo más importante hoy en el precio de un ventilador, el cual puede entregarse de manera inmediata”.

Parece que, aún en la premura y la urgencia, Ebrard consiguió ventiladores a mucho mejores precios, tres veces más barato y, según lo dijo el mismo canciller, también de mejor marca.

Tantas funciones y atribuciones que le da el Presidente a Marcelo despiertan celos en el Gabinete, no solo por la interpretación que se le dé afuera al papel del canciller “multichambas”, sino porque cuando López Obrador decide recurrir a Ebrard, exhibe y expone a los secretarios y directores que no están haciendo bien su trabajo.

Ayer decían fuentes cercanas de Palacio Nacional que al Presidente lo veían “enojado y muy molesto” tras el reportaje de Mexicanos contra la Corrupción que reveló el que puede ser el primer gran caso de corrupción en su Gobierno.

Por eso ordenó la investigación a Sandoval con el encargo de que “si hay elementos” se castigue no solo al proveedor, en este caso León Bartlett, sino también al funcionario que le dio el contrato, y ahí no se sabe todavía si la responsabilidad recaerá en Zoé Robledo o en la delegada del IMSS en Hidalgo, Claudia Díaz.

Y por eso también, en un intento de deslindar a su imagen y a su Gobierno del posible caso penal por conflicto de interés, sobreprecios o tráfico de influencias, el Presidente mandó ayer a Marcelo a demostrar, en su conferencia mañanera, que las compras del Gobierno, aún con la emergencia de la pandemia, también tienen que ser legales, transparentes, eficientes y éticas, aunque acorde a la visión y al enfoque de este Gobierno, más bien dirían “compras moralmente impecables”. ¿Está preparando López Obrador el terreno para una sanción en el caso del hijo de Bartlett y el IMSS?
05 Mayo 2020 04:07:00
La segunda oportunidad de Irma Eréndira
Irma Eréndira Sandoval tendrá una segunda oportunidad —de las que muy pocas veces se dan en política— para restituir su imagen y credibilidad como responsable de investigar y sancionar actos de corrupción y conflictos de interés en el actual Gobierno. La instrucción que le dio ayer lunes el presidente López Obrador para investigar y sancionar la asignación de un contrato por 31 millones de pesos otorgado por el IMSS a León Manuel Bartlett Álvarez, pone a prueba la congruencia ya no solo de la secretaria de la Función Pública, sino del mismo Gobierno lopezobradorista. En la forma como procese su primer gran caso de posible corrupción, la 4T demostrará si el discurso de “ya acabó la corrupción” y del “no somos iguales a los de antes” es real o es pura demagogia.

El mismo Presidente ayer tuvo que aceptar, casi a regañadientes y no sin antes cuestionar a Mexicanos contra la Corrupción y a Claudio X. González por publicar la investigación periodística que expuso la asignación de contratos al hijo de un miembro del gabinete presidencial. Sin condenar ni juzgar el evidente conflicto de interés y sin mencionar nombres, López Obrador ordenó a Sandoval que investigue y “si resulta responsable esta persona (el hijo de Bartlett, León Manuel Bartlett) tiene que ser sancionado, igual que la persona que le entregó el contrato (el director del IMSS, Zoé Robledo)”.

Ayer mismo, tras recibir la orden del Presidente, la Secretaría de la Función Pública informó en un comunicado que desde el viernes 1 de mayo, fecha en que se publicó el reportaje de Laura Sánchez Ley y Raúl Olmos, había iniciado una investigación sobre el contrato de 31 millones otorgado al empresario Bartlett Álvarez.

Contrario a la descalificación que hizo el Presidente del reportaje de Mexicanos contra la Corrupción, Sandoval aseguró que “la Función Pública agradece las aportaciones de los medios de comunicación y de la sociedad en general que quiera participar, pues resultan importantes para el desarrollo de la investigación”. La secretaria dijo que no se justificarán irregularidades por la situación de emergencia y habló no solo de un tema de legalidad, sino también de moral pública.

Los duros cuestionamientos y el daño que sufrió su imagen pública tras el fallo con el que exoneró a Manuel Bartlett Díaz de un conflicto de interés, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés y tráfico de influencias, luego de que se revelara la posesión de más de 23 propiedades del director de la Comisión Federal de Electricidad, han perseguido a Irma Eréndira Sandoval desde que dio a conocer esa conclusión de sus investigaciones en diciembre de 2019. Aquella exoneración, por la que incluso muchos la compararon con su antecesor en el cargo, Virgilio Andrade, quien con argumentos legales similares dijo no haber encontrado “ningún conflicto de interés” en la adquisición de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto y la “casita” de Malinalco del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le costó a la funcionaria parte de su credibilidad como responsable de combatir la corrupción y vigilar el desempeño de los funcionarios de la 4T.

Pues bien, hoy la secretaria Sandoval tiene otra oportunidad de revisar la actuación de los Bartlett, ahora por hechos y acciones cometidos en este Gobierno.

En las manos de Sandoval está la posibilidad de salvar algo de su congruencia y de alejarse de la inevitable comparación con su antecesor Virgilio Andrade; pero más allá de eso, también está la credibilidad de la 4T y del presidente López Obrador para saber si su lucha y discurso contra la corrupción es real, o si todo fue un engaño o un eslogan permanente de campaña.
04 Mayo 2020 04:07:00
Aquí hay ‘León’ encerrado
Hay algo que no cuadra en todo el escándalo de los contratos millonarios que recibe León Manuel Bartlett Álvarez de distintas dependencias del Gobierno federal. A simple vista el tema resulta tan burdo y tan escandaloso por el inocultable conflicto de interés y el tráfico de influencias que significa que el hijo de un integrante del Gabinete presidencial esté recibiendo contratos —algunos por asignación directa— por casi 200 millones de pesos, que podría equipararse incluso al caso de la casa blanca de Peña Nieto, por el tamaño del conflicto de interés que involucra.

Peor aún, cuando una parte de esos contratos se le entrega al hijo de Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE, justo en la emergencia sanitaria por el coronavirus y por parte de las dependencias del Sector Salud que son las únicas que tienen en estos momentos recursos para contratar servicios, incluso por asignación directa, con el argumento de la urgencia por la pandemia. El hecho de que esas dependencias, IMSS, ISSSTE, Sedena o Semar, hayan optado por asignarle sus contrataciones urgentes precisamente a León Manuel Bartlett, de entre tantos proveedores posibles, no parece una decisión que hayan tomado por descuido o a la ligera los directores administrativos u oficiales mayores, vaya ni siquiera los directores o secretarios.

Entre los miembros del Gabinete es sabido que en este Gobierno todos los contratos públicos de cualquier dependencia, que rebasen los 20 o 30 millones de pesos, personalmente los ve el presidente López Obrador y él decide si la empresa o el empresario que va a ser contratado por las secretarías, ya sea por licitación o por asignación directa —un método legal del que han abusado en esta Administración— es la correcta.

Bajo esa lógica los contratos al hijo de Manuel Bartlett debieron ser “palomeados” previamente en Palacio Nacional. Pero asignarle contratos a un hijo de un miembro de su Gabinete no es algo que encaje para nada en el discurso anticorrupción del Presidente.

Dice un dicho que utiliza con frecuencia el Presidente, que “en política lo que no suena lógico, suena metálico”, y aquí no suena lógico que tantas dependencias del Gobierno hubieran actuado de manera sincronizada y concertada para “ayudar” a León Bartlett y a su acaudalada familia a aumentar su cuantiosa fortuna. Lo que nos lleva a pensar en lo metálico: una de dos, o con tantos contratos “de emergencia” entregados al hijo de Bartlett están armando un fondo para financiar otras cosas —un “cochinito”, pues— conociendo bien cómo opera Bartlett, o el hijo de don Manuel es prestanombres de alguien más.

Todo esto se puede convertir en el equivalente a la casa blanca de Peña Nieto, por el evidente conflicto de interés y el tráfico de influencias que representa, con el agravante de que en el sexenio pasado la corrupción era aceptada, tolerada y hasta promovida por el entonces Presidente que llegó a justificarla como “un fenómeno cultural”, mientras que ahora el presidente López Obrador ha decretado no una, sino varias veces, que “la corrupción ya se acabó” y que en su Gobierno “los corruptos ya no tienen cabida”.

Y si hoy no hay una condena total a estos contratos y el Presidente no ordena una investigación y una sanción ejemplar para saber quién y por qué decidieron otorgarle contratos millonarios al hijo de un destacado miembro de su Gabinete, entonces pasarán dos cosas: el discurso y la credibilidad del Presidente se harán añicos y se confirmaría que en una operación tan burda y tan expuesta, solo puede haber dos explicaciones: o es cinismo puro, o aquí hay, no gato, sino León encerrado.
02 Mayo 2020 04:02:00
El narco está de fiesta
Mientras más de la mitad de la población en México (55% según el reporte oficial) estamos encerrados en nuestras casas por el temor al coronavirus, los cárteles del narcotráfico han sacado a las calles a sus sicarios armados ya no solo a presumir y alardear en videos sobre el control de territorios, ciudades y municipios, sino que ahora también aprovechan la pandemia y la necesidad de la gente para salir a repartir despensas y alimentos a la población, actuando como supuestos benefactores sociales, ante la total complacencia gubernamental y sin que ningún tipo de fuerza pública de seguridad, ni municipal ni estatal y mucho menos federal que les haga frente o se los impida.

Es como si los narcotraficantes, ante la ausencia del Estado y la distracción de las Fuerzas Armadas que ahora están ocupadas atendiendo a enfermos de coronavirus –como antes los mandaron a atrapar migrantes–, percibieran un vacío de poder y estuvieran aprovechando las circunstancias para arrebatarle al Gobierno una facultad constitucional más: la del apoyo y bienestar social, que se añade a las funciones que ya le disputan desde hace casi dos décadas al Estado mexicano, como el monopolio de la violencia y la fuerza pública, el cobro de impuestos (derechos de piso y extorsiones) y hasta la distribución y venta de combustibles e hidrocarburos.

Así en medio de la emergencia sanitaria que vive el país, hemos visto, a través de videos en los que ellos mismos se graban y difunden en redes sociales, el despliegue de escuadrones armados de distintos grupos del narco que llegan a comunidades pobres con camionetas cargadas de despensas y, sin ningún recato y mucho menos prisa, comienzan la entrega organizada ante decenas y cientos de personas que acuden gustosas a recibir las cajas que, como si fueran un producto comercial, vienen rotuladas con marca del cártel de que se trate, ya sea sus iniciales o hasta fotos y diseños con la imagen de conocidos capos del narco.

Lo mismo lo han hecho en las últimas semanas el cártel del Golfo en Tamaulipas, los Zetas en Veraruz, que el Jalisco Nueva Generación en distintos estados y que incluso ha llegado a repartir despensas hasta en Guatemala.

Pero lo que sorprendió esta semana es que “el señor Don Mencho”, como lo llaman los sicarios armados que reparten la “ayuda en su nombre” en colonias de Zapopan y Guadalajara, en la segunda Zona Metropolitana más grande y habitada del país, a plena luz del día sin que ninguna autoridad, ni del Gobierno de Enrique Alfaro ni del Gobierno del presidente López Obrador les molestara ni interrumpiera su “benéfica labor”.

Con más diseño y estilo, porque ella no llega con hombres armados –al menos no visiblemente– Alejandrina Guzmán, la hija de Joaquín “El Chapo” Guzmán, hizo lo propio en Guadalajara, repartiendo cajas de alimentos y víveres con el rostro impreso de su padre, cuyo apodo ha registrado como una marca de propiedad industrial que explota comercialmente con el diseño y venta de ropa y otros artículos bajo la marca El Chapo 701.

Lo más interesante de esta faceta de “promotores sociales” que han asumido los grupos del crimen organizado, que incluso buscan competir entre ellos para ver quién es el más bondadoso y quién le da mejores apoyos a la gente, es que esto ocurre justo en un gobierno cuya bandera más importante es el “bienestar de los más pobres” y la entrega de apoyos económicos directos a los sectores más desprotegidos.

Si el presidente López Obrador se asume como el “defensor de los pobres” y justifica su gasto millonario en sus programas de subsidio directo a grupos vulnerables, hoy parece que no es el único que se preocupa por el llamado “pueblo bueno” y que tiene competencia directa con el narco.

Esta semana le preguntaron a López Obrador qué pensaba de que los narcos anduvieran repartiendo despensas a la población necesitada y muy lejos de condenar esa práctica o considerarla un desafío de los criminales a su gobierno, el Presidente se mantuvo en su discurso moral y defensor de los “derechos humanos” de la delincuencia organizada: “Aprovecho para decirle a los que están en las organizaciones que se dedican a la delincuencia, que he estado viendo que reparten despensas, eso no ayuda. Ayuda más el que dejen sus balandronadas”, dijo el Mandatario sin alterarse y en un tono casi de consejo amistoso.



De los juguetes de Osiel a las despensas del mencho

La pretendida “labor social” de los grupos del crimen organizado no es nueva y ocurre casi desde el origen de los cárteles de la droga en México. Los capos del narco siempre han jugado a ser una especie de Robin Hood o Chucho El Roto en su visión mexicanizada, aunque más bien ellos se asumen más como el maleante Jesús Malverde, que robaba pero ayudaba a la gente.

Pero históricamente ese tipo de ayuda se limitaba a sus lugares de origen o a los pueblos y localidades donde vivían sus familias, a los que ayudaban pavimentando calles o llevando luz eléctrica ante el abandono de los Gobiernos priistas.

Luego, en épocas más recientes, capos como Osiel Cárdenas encontraron en la “labor social” con el reparto de dádivas y artículos como juguetes a los niños o regalos a las madres, una forma de expandir y aumentar no sólo su “base social” y el apoyo y la simpatía de las comunidades para que los cuidaran y protegieran de las acciones policiacas, sino también una forma de expandir sus territorios y, por tanto, sus negocios ilícitos.

Porque eso está también detrás de esta ola de “generosidad” de los narcotraficantes mexicanos que aprovechan la confusión y la incertidumbre, pero también el “vacío de poder” que está generando una situación tan irregular como la pandemia del coronavirus, para ganar espacios y controlar territorios en donde además pueden expandir sus negocios de drogas, extorsión y cobro de derecho de piso.

Cada lugar a donde llegan a repartir despensas, son lugares en los que, además de exhibir abiertamente su presencia, en un claro desafío al Estado mexicano y a los gobiernos estatales y al de López Obrador, también están pensando en colocar puntos de venta y cobro de impuestos.

No es casual, por ejemplo, que en Guadalajara y su zona metropolitana se hayan hecho presentes, con diferencia de días, el CJNG, que hoy controla esa plaza estratégica e histórica del narcotráfico mexicano, y que también la hija de Joaquín Guzmán Loera se haya mostrado repartiendo ayuda a los adultos mayores que están en cuarentena.

Lo que se asoma de fondo es la guerra que mantienen estos dos cárteles, el de Sinaloa y el CJNG, los dos más fuertes en este momento, por el control no sólo de la capital jalisciense sino de la mayor parte del país.

Y todo eso sucede ante la estrategia de un gobierno que ha renunciado, por mandato superior del Presidente, al combate y confrontación de fuerza hacia el narcotráfico, al que ahora no solo se le trata con respeto y consideración “porque no son delincuentes, también son humanos”, según repite constantemente López Obrador, quien a la par que ordena un repliegue táctico de las fuerzas civiles y armadas, decide tratar de convencer a los capos y sicarios más sanguinarios y despiadados, con su ridiculizada de “abrazos no balazos”, en la que les da consejos y prédicas moralistas: “Háganle caso a sus mamás, piensen en ellas y dejen de cometer balandronadas”, les dice el Presidente, una y otra vez, como en llamados a misa, a delincuentes como Nemesio Oseguera “El Mencho”, considerado por la DEA y el FBI como “el criminal más violento y peligroso del mundo”.

Por eso el narco está de fiesta en plena pandemia por el Covid-19. Porque por un lado la Guardia Nacional actúa bajo las órdenes superiores del mando militar al que obedecen de no perseguir ni enfrentar a los narcos en todo el territorio nacional, lo que se refleja en el aumento de homicidios dolosos en el mes de marzo con más de 3 mil 78 ejecuciones, producto de las pugnas violentas de los cárteles.

Y por el otro lado, buena parte del Ejército y la Marina está concentrada en todo, menos en la seguridad nacional: cuando no están atendiendo enfermos por coronavirus, están persiguiendo migrantes o construyendo aeropuertos, por que así lo pide el Presidente.

Dice el viejo dicho popular que “cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta”, y eso está ocurriendo con el narcotráfico en México. Se pasean por el territorio nacional amedrentando, enseñando su poderío y presumiendo sus armas y ejércitos con los que le han arrebatado al Estado sus funciones esenciales y constitucionales.

Ahora lo hacen como un presunto “benefactor” de la sociedad, pero ya le habían quitado antes el monopolio de la fuerza, el cobro de impuestos y el manejo de los hidrocarburos.

El narco sabe que hay un Estado y un Gobierno débil y exhibe no solo los enormes vacíos de poder que existen en este país, sino también la ineptitud y debilidad de todos los niveles de Gobierno, pero especialmente del que tiene la obligación y la facultad legal de combatirlo: la Administración federal al mando de un presidente como López Obrador, que nos prometió que iba a pacificar al país, pero nunca dijo que también les iba a regalar ese mismo país a los narcotraficantes para que hicieran con


30 Abril 2020 04:07:00
Porfirio y AMLO ¿ruptura o distancia?
El diputado que le puso la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador, aquel 1 de diciembre del 2018, es hoy la voz más autocrítica de la 4T y un férreo vigilante y juzgador de los excesos, caprichos y desaciertos presidenciales. Porfirio Muñoz Ledo ha jugado a ser el único contrapeso interno en el proyecto lopezobradorista, cuyas palabras y críticas resuenan con más fuerza ante el corifeo de Morena y del gabinete, donde casi nadie se atreve a contradecir y mucho menos a levantarle la voz al Presidente. Porfirio lo ha hecho y está pagando el costo.

Aunque el diputado Muñoz Ledo insiste en que él no abandonará a la 4T y que no está “distanciado ni personal, ni políticamente” con López Obrador, al que conoce muy bien desde los tiempos en los que él y Cuauhtémoc Cárdenas lo sumaron al naciente PRD, en Palacio Nacional se asegura que el Presidente sí está molesto con la actitud de crítica constante de Porfirio. “Si su capricho de quedarse como presidente de la Mesa Directiva después de terminar su periodo fracturó la relación, sus duros cuestionamientos a la iniciativa de Ley Federal de Presupuesto terminaron de dañar el aprecio y reconocimiento que el Presidente le tenía”, comentó una fuente cercana al despacho presidencial.

Ayer miércoles le preguntaron en su conferencia mañanera sobre lo declarado por Muñoz Ledo, quien lo acusó de intentar acumular más poder violentando la Constitución, y primero dijo que está en su derecho, pero luego cuando le mencionaron el nombre del periódico donde lo habían entrevistado, el Presidente comentó con desdén que “a cualquiera que declare en mi contra le dan las ocho columnas” en ese diario. O sea que Porfirio ya se volvió “cualquiera” para López Obrador después de que al inicio de su Gobierno lo reconociera como figura emblemática de la izquierda y de la 4T, al grado de pedir que fuera él quien le impusiera la banda presidencial.

El mismo Porfirio recuerda que conoce a Andrés Manuel desde hace años y que compartieron durante mucho tiempo los postulados y el proyecto original del PRD. Incluso cuenta que durante mucho tiempo tuvieron un diálogo constante y que cuando López Obrador era presidente nacional del PRD siempre lo buscaba a él y a otros políticos perredistas para reunirse al menos cada semana con ellos a revisar los temas de la agenda política y social del país y definir propuestas y posiciones de su partido.

Hoy ese diálogo entre los dos personajes no existe, al menos no con ese nivel de cercanía y de frecuencia. Las únicas veces que Muñoz Ledo ha podido saludar al Presidente es cuando lo invitan como parte de la bancada de Morena al Palacio Nacional para discutir los temas y peticiones que el Presidente les hace a los diputados de su partido. En esas reuniones, según cuentan algunos diputados que han asistido, normalmente habla el Presidente y ocasionalmente algunos diputados pueden expresar opiniones y puntos de vista, pero el contacto con el Mandatario suele ser muy breve y se limita al intercambio de saludos y de algún comentario a botepronto.

Al final, quienes conocen bien a los dos personajes, dicen que la dinámica que ha tomado la relación AMLO-Muñoz Ledo no les sorprende, porque al final ambos políticos de colmillo y experiencia, cada uno es congruente y fiel a su estilo: Porfirio siempre termina cuestionando y confrontando lo que no le gusta o le parece de los proyectos políticos en los que ha participado durante toda su vida y a fuerza de decir lo que piensa y no quedarse callado termina a veces distanciado, alejado o de plano en rompimientos (lo hizo en su momento con el PRI, lo volvió a hacer con el PRD y también lo repitió con Vicente Fox), mientras que Andrés Manuel también tiene en su historial alejamientos, distanciamientos y hasta traiciones para con políticos que en su momento fueron muy cercanos a él como asesores o colaboradores y a los que, cuando por alguna razón caen de su gracia o les pierde la confianza (en muchos casos porque le dicen sus verdades o le señalan errores), los saca definitivamente de su ámbito de confianza y cercanía.

Así que tal vez no haya una ruptura total entre el Presidente y el diputado Muñoz Ledo, pero es un hecho innegable que Porfirio se volvió una voz incómoda y crítica para el proyecto lopezobradorista. Una voz que, aunque respeta a López Obrador, cada vez le suena más parecida a la de sus adversarios y menos cercana a sus afectos. Qué tan duro y distante estarán viendo a Porfirio que la fuente de Palacio Nacional decía entre en broma y en serio: “Primero le puso la banda presidencial y hoy parece que ya quiere quitársela”.
29 Abril 2020 04:07:00
La tentación del control total
En momentos en que los estados están pidiendo discutir un nuevo pacto fiscal para modificar el reparto de los recursos federales, porque denuncian concentración excesiva del Gobierno federal y reparto inequitativo a las entidades, el presidente López Obrador busca tener un control total sobre los recursos del presupuesto federal y propone modificar las leyes presupuestarias para que su Gobierno tenga facultades extraordinarias para reasignar y reorientar el gasto federal sin tener que pedir autorización de la Cámara de Diputados, en casos de una “emergencia económica” como la que ya enfrenta en estos momentos el país por el coronavirus.

Es decir que, lejos de estar escuchando los reclamos de varios gobernadores que le piden reuniones urgentes para que la Federación apoye a sus estados con recursos extraordinarios para enfrentar la pandemia, y que le proponen discutir a futuro un nuevo Convenio de Coordinación Fiscal para la República, López Obrador está pensando en la manera de hacerse de facultades legales y constitucionales que nunca tuvo ningún Presidente mexicano en la historia y manda una iniciativa a la sumisa mayoría de Morena en la Cámara de Diputados para que en el periodo de “emergencia económica” –es decir por lo menos lo que resta de este 2020 y posiblemente el próximo año– él y solo él decida en qué se debe gastar el dinero público y cuáles son los “proyectos prioritarios”.

La iniciativa presidencial que propone reformar el Artículo 21 Ter. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que el Ejecutivo pueda modificar y reorientar el presupuesto de egresos en caso de crisis o emergencia económica como la que ya enfrentamos por el coronavirus, ha encendido los focos rojos de la oposición, que denuncia con esa propuesta de ley, desde un “intento de alterar el equilibrio de poderes”, hasta la “eliminación de los contrapesos al Ejecutivo federal”, junto con una “apropiación inconstitucional de recursos de la Federación, que también pertenecen a estados y municipios”, hasta la violación a la Constitución que supondría darle al Presidente y a su Secretaría de Hacienda las facultades que hoy corresponden constitucionalmente a la Cámara de Diputados y el control absoluto de los recursos de toda la República.

También el diputado Porfirio Muñoz Ledo advierte que el Presidente está “cayendo en la tentación de concentrar cada vez más poder” y que al hacer caso de “consejeros que le dicen que puede tener todo el control”, puede incurrir en excesos como violar la división de poderes y la Constitución. Agrega que si el Ejecutivo quiere un presupuesto a modo, podría hacerlo sin modificar ninguna ley porque tiene “una mayoría amplísima y por lo que hace a Morena es bastante textual, que aprueba sin ninguna modificación lo que le mande el Presidente”.

“Si él quiere tener otros poderes y estar regido por la Constitución, si quiera como forma tendría que hacerlo. Se está violando la división de Poderes y es inconstitucional. El Artículo 29 constitucional podría utilizarlo para eso, para no pasar por la Cámara de Diputados en un estado de excepción, pero no quieren decretar el estado de excepción”, comentó Muñoz Ledo ayer en una entrevista con el periodista René Delgado. Recordó que el Artículo 49 constitucional prohíbe expresamente que no pueden reunirse dos o más poderes en una sola persona o corporación y eso hay que tomarlo en cuenta. “Puede hacer ahora (López Obrador) reforma a cualquier ley, tiene mayoría en la Cámara de Diputados, ¿para qué quiere más facultades? Hay una actitud de serenidad y de reflexión que yo le conozco al presidente López Obrador, que es la que debe prevalecer”, pidió el diputado morenista.

Muy grave sería para el país que Morena y sus aliados se plegaran esta vez a los designios del Presidente y le dieran facultades que nunca tuvo otro Mandatario en detrimento del de por sí dudoso equilibrio de poderes en México.

En momentos en que enfrentamos la peor pandemia y con ella también la crisis económica más dura que hayamos conocido los mexicanos, con riesgos de desempleo histórico, repunte de la inseguridad y posible inestabilidad social, nada haría más daño para esta República agitada y en la que soplan vientos de inconformidad y hasta separatismo en algunos estados del país, que el mensaje de que se va a fortalecer y a consolidar a la Presidencia imperial que ha querido restaurar Andrés Manuel López Obrador.
28 Abril 2020 04:03:00
¿El Presidente mal informado?
Van tres ocasiones, por lo menos en la última semana, que el presidente López Obrador se resbala públicamente y aparece desinformado o con información equivocada al hacer comentarios sobre acciones y decisiones que tomaron miembros importantes de su Gabinete. La última y más reciente, fue su exabrupto del lunes, cuando se dijo en contra del acuerdo logrado entre el BID-Invest, el Consejo Mexicano de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial para apoyar con créditos a 30 mil pequeñas y medianas empresas mexicanas mediante la compra del facturaje de empresas grandes y otorgar hasta 12 mil millones de dólares de apoyos crediticios a las Pymes.

A pesar de que ese acuerdo había sido avalado en la víspera por su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y celebrado en redes sociales por su secretaria de Economía, Graciela Márquez, y por el canciller Marcelo Ebrard, el Presidente ayer desde su conferencia mañanera tronó descompuesto contra el mismo acuerdo que festejaba su Gabinete:

“No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. ¿Y que ahora Hacienda lo avale? Y qué ¿nosotros estamos aquí de floreros?”, preguntó el Presidente cuando ya Arturo Herrera había dado su aval y parte de su Gabinete lo reconocía como algo muy positivo para la economía. “O cuando dijeron ‘que el Gobierno se adhiera a nuestro plan económico’. ¿Cómo? Es mucha la prepotencia”, remató López Obrador y fustigó a los empresarios por no entender que “el poder político y el poder económico ya no son lo mismo”.

El Presidente no solo aparecía desinformado sobre algo que habían apoyado sus colaboradores sino que tenía información equivocada e imprecisa, al suponer que ese acuerdo entre el BID y los empresarios mexicanos involucraba recursos públicos y deuda para su Gobierno, algo que negaron los empresarios que, unos sutiles y otros más duros, le corregían la plana al Presidente.

Y es que no fue el único desliz que tuvo ayer el Presidente quien, ya encarrerado, pero también con información errónea, arremetió en su conferencia contra el Banco de México por los apoyos que anunció la semana pasada para fortalecer al sector financiero y el sistema de crédito del país, entre las que contemplan recursos para otorgar créditos a Pymes vía la banca comercial.

Ayer mismo salió a responderle Jonathan Heat, subgobernador del Banxico, quien dijo que “el Presidente no tiene nada de qué preocuparse. Primero porque no estamos utilizando reservas nacionales en los programas de apoyo. Y segundo porque no vamos a rescatar a ninguna empresa, sino a apoyarlas con créditos que ni siquiera daremos nosotros sino los bancos”.

Una de las máximas del viejo sistema era que el Presidente era “el hombre mejor informado de todo México”. Pero en la realidad, por más informado que esté, al Presidente, se le van cosas, a veces tan importantes como la fallida captura de Ovidio Guzmán, de la que no estaba enterado. Nadie le pide que esté al tanto de todo, pero lo menos que podría hacer el Presidente es verificar con su Gabinete los temas que competen a sus áreas para verificar la certeza y veracidad antes de desenvainar su espada y arremeter, como hace cada mañana, contra tirios y troyanos. De lo contrario lo seguirán exhibiendo y corrigiéndole la plana.
27 Abril 2020 04:03:00
La Guardia Nacional o la nada
En plena pandemia, con los mexicanos encerrados en sus casas por el miedo al coronavirus, tan solo en el mes de marzo mataron a 3 mil 78 mexicanos en asesinatos dolosos; fue el mes más violento en lo que va del Gobierno de López Obrador y el segundo más violento en la historia reciente por apenas 90 homicidios menos de los 3 mil 158 cometidos en junio de 2018, el más letal. Mientras nos cuidábamos de un virus, la violencia homicida —la que no ha podido controlar este Gobierno— se desbordaba en los estados y municipios con todo y la presencia de la Guardia Nacional que, medida por las cifras y números oficiales, no ha servido absolutamente para nada.

La gran pregunta que surge ante los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la entendible molestia del Presidente es ¿para qué entonces ha servido la Guardia Nacional y qué es lo que está haciendo el nuevo cuerpo policial federal que fue desplegado desde el 2 de julio de 2019 a “todo el territorio nacional” con 70 mil elementos en una primera etapa?

Y no son pocos los estados de la República y los gobernadores que hoy, casi un año después de que les mandaron a la Guardia Nacional a sus estados, bajo el estricto control de los generales de las zonas militares —los únicos a los que los jefes de la guardia obedecen órdenes y reportan— se preguntan cuál es la estrategia que siguen los guardias bajo la dirección del general Luis Rodríguez Bucio. Más de un gobernador ha comentado que la de la Guardia parece seguir más una estrategia de contención y tener órdenes de “no confrontar al crimen organizado”.

Pero la hipótesis de una falta de acción de la Guardia Nacional por “órdenes superiores”, con todo y lo cuestionable y polémica que resultaría, sería la menos grave. El caso documentado la semana pasada en Puebla, donde el lunes 20 de abril nueve integrantes de la Guardia, encabezados por el inspector Abel Olivares Múzquiz, se reunieron con el Presidente Municipal de Venustiano Carranza, Vicente Valencia, en su casa de Villa Lázaro Cárdenas, y luego fueron “invitados” a comer por el hijo del alcalde Rafael Valencia a un restaurante de mariscos, ya desató incluso una investigación interna por los vínculos delincuenciales que se atribuyen a la familia Valencia, vinculados al robo de combustibles y otras actividades ilícitas.

Y es que los Valencia, Rafael, Patricia y el actual alcalde Vicente, son más que una familia caciquil que desde hace por lo menos 12 años tiene controlada la zona de Venustiano Carranza, cuya presidencia se heredan entre hermanos. En investigaciones federales se les asocia con actividades de crimen organizado y con huachicoleo, además de que políticamente fueron un “brazo operador” del gobierno del fallecido Rafael Moreno Valle, de su esposa también fallecida Martha Érika Alonso y del mandatario interino, Antonio Gali.

De la mano de ellos, el pequeño municipio de Venustiano Carranza, ubicado en la Sierra Norte de Puebla, se convirtió en un centro neurálgico para el huachicoleo, aprovechando su ubicación y la gran cantidad de ductos y gasoductos que atraviesan por esa región y sus alrededores. El negocio del combustible robado floreció en toda la región, donde era común encontrar expendios, comercios y bodegas con todo tipo de combustibles, a la par que Vicente Valencia se volvía alcalde en 2008, para luego heredarle el poder municipal a su hermano Jorge Alejandro Valencia, que a su vez se lo entregó a Rafael Valencia, y este se lo regresó otra vez a Vicente Valencia, en medio de cuestionamientos a su elección. A la par, su hermana Patricia Valencia hizo campaña para diputada federal en 2018 y su jefe de seguridad fue nada menos que Abel Olivares Múzquiz, el inspector de la Guardia Nacional que el lunes 20 de abril, al mando de un grupo de 10 guardias con todo y patrullas, se reunió con Vicente Valencia.

¿Será también por eso que 100 mil elementos de la Guardia Nacional desplegados en el territorio nacional no pueden disminuir los índices de violencia 10 meses después de estar vigilando? Si es un caso aislado, delicado, y si no lo es, el comandante Bucio tendrá que demostrarlo no solo sancionando a sus oficiales e inspectores, sino empezando a dar resultados y demostrando que la Guardia Nacional sirve para algo más que para presumir patrullas, armas y uniformes militares.


25 Abril 2020 04:07:00
¿Militares contra el monstruo de las aduanas?
La 4T no ha podido hasta ahora acabar con la corrupción histórica y endémica del sistema de aduanas mexicanas. Van dos funcionarios que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador nombra administradores generales del Sistema de Aduanas y ninguno de ellos ha logrado someter a eso que el mismo Presidente llama “el monstruo de 100 cabezas”, por el tamaño de la corrupción que “es muy difícil” combatir. Otros, que conocen bien el complejo entramado de intereses, crimen, ilegalidad y millonarios negocios que se mueven por los puntos de importación y exportación del país, se refieren a las Aduanas Nacionales como el “píloro del sistema de corrupción”, por ser el paso obligado a las entrañas donde se produce la corrupción más pestilente de la Administración pública federal.

Primero fue Ricardo Peralta, que duró apenas 5 meses en el cargo y que, aunque había puesto en marcha un plan de reestructura y “limpieza” de la corrupción aduanal, las diferencias tan fuertes que tuvo con la entonces directora del SAT, Margarita Ríos Farjat, hoy ministra de la Corte, y con el entonces titular de Hacienda, Carlos Urzúa, le costaron su temprana remoción del cargo y el rescate de su protectora, Olga Sánchez Cordero, que lo nombró subsecretario de Gobierno. Y el viernes, después de que se rumorara por varios días, Ricardo Ahued, renunció también a 11 meses de haber sido nombrado por su amigo, el presidente López Obrador, quien lo había mandado, apenas en mayo de 2019, a “acabar con la corrupción” en las aduanas, misma encomienda que también le había hecho a Peralta.

Según las cifras oficiales que se manejan en el SAT, en las 49 aduanas que hay en México –19 en la frontera norte, dos en la frontera sur, 11 interiores y 17 marítimas– se facturan, solo por concepto del IVA, 447 mil millones de pesos al año por todas las mercancías que pasan a través de los puntos aduanales. El problema es que solo se factura uno de cada 10 contenedores que pasan por las aduanas, mientras los otros nueve los dejan pasar los funcionarios aduanales ya sea por corrupción, por colusión o por miedo y amenazas del crimen organizado.

Esa es la razón por la que López Obrador, a los dos que ha mandado hasta ahora a las aduanas les ha dado la misma encomienda: eliminar la corrupción en el facturaje, donde según los cálculos del SAT, se pierden cada año hasta medio billón de pesos que no ingresan a las arcas del Gobierno por la corrupción y que en realidad debería recaudar 1 billón de pesos en el sistema aduanero. En el año cinco meses que va de este Gobierno, no solo no aumentó la facturación en las aduanas sino que disminuyó.

Nuevo Laredo, la joya de la corona

De los un mil millones de pesos que actualmente ingresan a las aduanas, 20% lo facturan las Aduanas de Tamaulipas, estado en el que se ubican 17 de las 49 aduanas nacionales, entre las terrestres en la frontera con EU y las marítimas. 15 mil contenedores al día cruzan por la Aduana de Nuevo Laredo y todos ellos pagan por hacerlo, solo que unos lo hacen por impuestos y contribuciones al Gobierno federal, mientras que otros, la mayoría, pagan por “derecho de paso” en una corrupción en la que se entremezclan funcionarios federales y crimen organizado.

Hoy la Aduana de Nuevo Laredo está totalmente controlada por el crimen organizado. Hay incluso informes de inteligencia federal que aseguran que la cuota que cobran por contenedor es de 25 mil dólares para no ser revisados y a los que paguen les venden además la “protección y cobertura” para su mercancía, desde San Antonio, Texas, hasta Monterrey, Nuevo León.

Y los que aceptan pagar a esa red formada por funcionarios aduanales de distintos niveles y los líderes del cártel del Noroeste (CDN) que hoy tiene el control de Nuevo Laredo, pueden pasar de todo, excepto armas, municiones y productos farmacéuticos. “Todo lo demás que quepa por el puente puede pasar”, dice un trabajador aduanal que pidió el anonimato. Los agentes aduanales de Nuevo Laredo a su vez pagan cuota al cártel del Noroeste, e incluso los notarios públicos participan también de esa cadena de corrupción porque en los recibos que le dan a los clientes ya les cargan el “impuesto” para los narcotraficantes.

El CDN tienen un control estricto del tránsito de mercancías y contenedores y al que no paga lo paran saliendo de la Aduana para impedirle trasladar su mercancía. Salvo las maquiladoras que son parte de las cadenas productivas o armadoras para Estados Unidos, son los únicos a los que no se extorsiona; pero todo lo demás que pasa para ser consumido en el mercado interno, ropas, calzado, tecnología, alimentos, tiene que pagar el “derecho de paso”.

El dinero en efectivo que viene desde EU también es parte de esa cadena de corrupción que se puede ver gráficamente en los dos lados de la frontera laredense: del lado de Laredo, Texas, está ubicado una equipada oficina del US Customs and Border Protection, que es uno de los recintos fiscales más importante de EU, donde los camiones con sus contendedores se estacionan y se bajan a pagar sus impuestos. Mientras que del lado de Nuevo Laredo, México, no han podido instalar ningún recinto fiscal y los que se han intentado terminan sin funcionar.


Militarizar las aduanas, ¿la solución?

Nuevo Laredo es el principal centro de operaciones de este tipo de corrupción donde participan los funcionarios de la Aduana, los agentes aduanales y hasta la oficina local del SAT, pero no es el único. Este mismo esquema se repite, a diferentes escalas y con distintos grados de penetración, en otras aduanas importantes del país, tanto terrestres como marítimas, como Tijuana, Progreso, Manzanillo, Reynosa, por mencionar solo algunas.

El problema es histórico y se originó desde que los presidentes de la era priista hicieron del Sistema de Aduanas una de las áreas más opacas de ingresos lícitos e ilícitos para los gobiernos y una especie de “premios” y “regalos” para sus amigos, compadres y familiares, que se enriquecieron con licencias aduanales y con el control de puestos fronterizos por los que se comerciaba desde la “fayuca”, el gran negocio del contrabando en la época de la economía cerrada, hasta las drogas que comenzaron a ser enviadas a los Estados Unidos con toda facilidad por las aduanas mexicanas.

El problema de la corrupción se mantuvo con los gobiernos del PAN. En el sexenio de Vicente Fox se decía que la aduana de Reynosa estaba bajo el control de los hermanos Bibriesca, los hijos de la esposa del presidente, Martha Sahagún. Ya en los tiempos de Felipe Calderón, Zenlhi Ye-Gon llegó a declarar cuando ante los jueces en EU que además de la de Manzanillo, él utilizaba la aduana de Reynosa para traficar las sustancias como la efedrina por la que fue detenido.

Hoy, tras el fracaso de dos gestiones que no han podido controlar ni acabar con el “monstruo”, López Obrador habla de la necesidad de hacer “una limpia” en el Sistema General de Aduanas y la clave está en cambiar a todos los administradores de las aduanas, en donde aún hay muchos aún que vienen de los gobiernos anteriores, sobre todo del sexenio pasado de Peña Nieto, donde la corrupción histórica alcanzó niveles nunca vistos también en el comercio aduanal. El Presidente está analizando una propuesta que incluye nombrar a nuevos administradores de origen militar, tanto del Ejército como de la Marina, como una forma de intentar un combate más férreo y frontal a las redes de corrupción aduanera.

La propuesta, que analiza el Presidente, parte de que no solo se pueden obtener 500 mil millones más de ingresos si se elimina la corrupción por facturaje en el sistema aduanero, sino que además, al estar controladas por el crimen organizado, las aduanas también son focos de inseguridad y conflicto para los municipios y estados donde se ubican, porque son lo primero que busca controlar el crimen organizado, por los volúmenes de dinero que se generan, y se convierten en focos de violencia e inseguridad en todo el país.

Así que no sería nuevo que el presidente Obrador, que ayer se veía afectado por la decisión de su amigo Ricardo Ahued, a quien siempre menciona como “un hombre íntegro y honesto” al que por eso mandó a tratar de descabezar al monstruo aduanero, decidiera apostar ahora por los militares para tratar de acabar con la corrupción en las aduanas. Total, si ya los metió a construir aeropuertos, a controlar la seguridad en el país y hasta a atender la salud de los mexicanos por el coronavirus, no sería raro que el próximo director de Aduanas fuera un militar.

23 Abril 2020 04:07:00
Esta columna tampoco le va a gustar al Presidente
El Presidente que se jura “transformador de México”, el que pregona la “democracia” y la “defensa de la libertad de expresión”, el que compara su obra de apenas un año y medio con la Independencia, la Revolución y la Reforma y se autocoloca a la altura de próceres de la Patria como Hidalgo, Madero o Juárez, está demostrando ser mucho más pequeño que esas figuras porque se irrita y se descompone cuando abre un periódico como El Universal y no encuentra artículos ni columnas donde hablen bien de él y su Gobierno.

Y si no encuentra loas, elogios e inciensos en las páginas impresas o en los contenidos de un medio, concluye entonces, desde su confundida e ideologizada visión de la democracia y la libertad de expresión, que “en México no hay periodismo profesional ni ético, porque los periodistas están más cerca del poder, sobre todo del económico, que del pueblo”.

Un juicio tan visceral como injusto, que descalifica el trabajo de tantos periodistas y medios en México, parte además de premisas y razonamientos totalmente equivocados de López Obrador: primero porque él no se asume como el poder, el cual detenta y ejerce con toda su fuerza y dureza, entre los mexicanos. En esa calidad es que los medios y los periodistas le analizamos y lo criticamos, como el poder que representa, porque la esencia y la razón de ser de la libertad de prensa es criticar y cuestionar al poder.

El nivel de intolerancia a la crítica que muestra el Presidente –de cualquier tipo pero especialmente a la de los periodistas- solo puede entenderse de dos maneras: o su ego personal es enorme y no soporta los comentarios negativos ya sea de él o de su Gobierno, o estamos ante un perfil autoritario y dictatorial que, bajo la lógica del blanco y negro o del “estás conmigo o estás contra mí”, confunde y no entiende que la crítica y el análisis que se hace de su Gobierno no es un tema de “liberales o conservadores” sino más bien de la revisión obligada de su papel actual como gobernante y representante del poder.

Cuando el Presidente invoca su “libertad de expresión” para poder criticar y responder él a la crítica que se publica en los medios contra su Gobierno tiene razón en una parte: él tiene el mismo derecho que cualquier otro ciudadano y periodista a expresar y decir lo que piensa y a dar su versión de las cosas; pero a lo que no tiene derecho es a dedicarse todos los días, perdiendo tiempo realmente valioso que podría dedicar a asuntos más importantes y necesarios para el país que gobierna, a estar descalificando, atacando y azuzando a la polarización y la descalificación de los profesionales del periodismo.

Entienda, señor Presidente, que por mucha “transformación” que usted crea estar haciendo, la democracia y las libertades en este país no van a cambiar y que la prensa y los periodistas seguiremos haciendo la labor que nos corresponde, incluso después de que termine su sexenio. Acostúmbrese a la crítica mientras esté en el poder y deje de dar lecciones de moral, de periodismo y de cuanta cosa le preguntan en sus conferencias.

Aquí seguiremos para contar lo que suceda en este país y en su Gobierno, con la libertad que nos otorga la Constitución y con la responsabilidad, el rigor y la ética que nos exige nuestra profesión. Para parafrasear al mismo López Obrador que lo repetía constantemente en campaña y lo ha vuelto a sostener hoy que es Presidente: “Si ser ‘periodista conservador’ es criticar y cuestionar al poder, que me apunten en la lista”.
22 Abril 2020 04:07:00
¿Qué hacemos con Pemex?
Petróleos Mexicanos está cada vez más lejos del plan original del presidente López Obrador que se propuso “rescatarla” y volverla a convertir en la “gran empresa petrolera” que lo mismo impulsaba a la economía nacional que sostenía casi la mitad de los ingresos nacionales del país. Hoy, con el derrumbe histórico de los precios del petróleo, los enormes excedentes petroleros en el mundo y las agresivas políticas de potencias como Arabia Saudita que con sus precios de ganga le roba los mercados asiáticos, la petrolera mexicana se ha vuelto un problema no solo para el Gobierno sino para la economía y el presupuesto de todos los mexicanos.

Convertida en fuente de presión para las finanzas públicas –de donde le han inyectado ya miles de millones de pesos de recursos fiscales para un rescate fallido–y ahora también en una amenaza para la calificación crediticia y el grado de inversión del país, Pemex está a nada de ser una “empresa productiva” que le cueste más al Estado de lo que produce.

Con precios de la mezcla mexicana que por primera vez llegaron el lunes a números negativos de -2.37 dólares y que, aun cuando se recuperen como lo hicieron ayer martes hasta los 7 dólares, seguirán muy por debajo de los 49 dólares estimados en el Presupuesto Federal 2020 y también de los 14 dólares que, según el reporte oficial de Pemex en 2019, le cuesta producir un barril de petróleo. Incluso, si se le cree al Presidente que el costo de producción por barril, es de 4 dólares, como dijo el pasado jueves, la ganancia de 3 dólares sería ínfima y convierte a la producción petrolera en un negocio casi incosteable.

La noticia del derrumbe de los precios de la mezcla mexicana fue recibida en Palacio Nacional casi con más preocupación que la pandemia del coronavirus y que la crisis económica y el cierre de empresas en el país.

El cataclismo petrolero le pegó en una parte neurálgica, ideológica, en el corazón de su proyecto, tanto que con el tono fúnebre y el ceño fruncido, ayer mandó un mensaje: “A todos los mexicanos, decirles que con la caída en el precio del petróleo hay un agravamiento de la crisis económica mundial, que desde luego nos va a afectar... Decir también, como complemento, que tenemos recursos económicos, materiales suficientes, que tenemos de qué echar mano frente a la crisis, porque logramos ahorrar recursos por no permitir la corrupción y por hacer un Gobierno austero, sin lujos y sin extravagancias”. Con su mensaje no solo confirmaba que si hay algo que realmente le preocupe es la crisis petrolera, sino que al mismo tiempo decía que seguirá destinando el dinero de los impuestos para mantener a flote a Pemex y a su devaluada producción.

21 Abril 2020 04:07:00
Miranda, de los juegos de golf y un aeropuerto
Los próximos pantalones color caqui que Luis Miranda Nava tenga que usar, tal vez no sean para jugar golf en un exclusivo campo, como solía hacerlo junto a su amigo de la adolescencia, Enrique Peña Nieto.

Tras revelarse que la Unidad de Inteligencia Financiera está investigando sus cuentas bancarias, el actual diputado federal por el PRI y exsecretario de Desarrollo Social estaría más cerca de ponerse los pantalones color beige, claro si llegara a ser enviado a prisión, que de volver a los días de gloria en los que fue uno de los operadores de más confianza del expresidente de la República.

Y es que Miranda se ha convertido en el próximo objetivo de la Presidencia de la República en su publicitada lucha contra la corrupción. Y el político mexiquense, digno representante de la última generación del Grupo Atlacomulco, no es cualquier objetivo, sino uno que se vuelve estratégico por dos razones: la primera por su conocida cercanía afectiva pero también de negocios con el expresidente Peña Nieto; y la segunda, porque en medio de la pandemia del coronavirus y de los estragos que causará en la salud, la economía y la vida de los mexicanos, el presidente López Obrador necesitará “sangre fresca” para entretener a una sociedad cansada y desesperada, y de un peñista encumbrado para llevar a la piedra de los sacrificios de la corrupción.

No fue casualidad que, tras la repentina muerte de Gerardo Ruiz Esparza –que era el siguiente peñista en la lista de acusados– las investigaciones financieras en contra de Luis Miranda se hayan acelerado y, aunque ya le escudriñaban desde hace tiempo, finalmente se haya hecho pública la indagatoria en su contra por parte del director de la UIF, Santiago Nieto, quien informó que a Miranda se le investiga no solo por temas de corrupción, sino también para evitar la impunidad: “No se trata de que vayan ante los tribunales y que resuelvan lo que sea; no se trata de mandar a altos funcionarios del Gobierno anterior por mandarlos a la cárcel, sino porque cumplan las que hicieron”, dijo el funcionario de Hacienda.

Una de las principales acusaciones que se le investigan a Miranda y que le están documentando con sus movimientos financieros de los últimos años, tiene que ver con el fallido Nuevo Aeropuerto Internacional de Texcoco (NAIM), cancelado por el presidente López Obrador.

Fuentes bien informadas sobre la indagatoria aseguran que Miranda sería uno de los más beneficiados con la construcción porque, utilizando distintos prestanombres, se había convertido en el propietario de la mayoría de los terrenos aledaños al NAIM, donde la administración peñista había proyectado la construcción de un “Hub” aeroportuario en el que se desarrollarían servicios urbanos, hotelería, centros comerciales, servicios de logística y tecnología; toda una “ciudad del futuro” cuyo proceso de construcción, urbanización y desarrollo estaba proyectado para los próximos 50 o 100 años.

Conocedor de primera mano del proyecto Aerotrópolis, cuya inversión total se estimaba en cientos de millones de dólares –unas 30 veces más del costo total que tendría el NAIM– Miranda Nava aprovechó su condición de integrante del Gabinete y amigo cercanísimo del presidente Peña, para acceder a información privilegiada y anticipada sobre el proyecto del aeropuerto y su ubicación final.

Y supo que al menos 4 mil 134 hectáreas de terrenos que entonces tenían poco valor en los municipios de Atenco y Texcoco, se convertirían en un futuro cercano, en una zona de alto valor inmobiliario por la construcción del nuevo aeropuerto y el proyecto que el grupo político mexiquense veía como su “seguro de vida” a futuro una vez terminado el sexenio peñista y con beneficios por varios sexenios más.

Según las fuentes consultadas, Miranda fue de los políticos mexiquenses que más extensiones de terreno compraron en los alrededores del NAIM, pensando en el negocio que harían a futuro. Como muchos otros políticos y empresarios de su estado, fueron cuidadosos a la hora de comprar y escriturar a través de prestanombres, pero dejaron huellas en los movimientos financieros que realizaron por esas fechas y eso es una parte central de lo que investiga y documenta la UIF en contra del actual diputado federal.

El extitular de Sedesol y exsubsecretario de Gobernación sería además una pieza clave en la intención del Gobierno federal para llegar a investigar y acusar por corrupción al expresidente Peña Nieto.

De hecho, aunque el presidente López Obrador salió a negarlo y el propio Santiago Nieto lo desmintió, la investigación contra Peña y su familia sí fue ordenada por la Secretaría de la Función Pública con una petición oficial a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Pero ocurrió que la secretaria Irma Eréndira Sandoval se adelantó y cometió el error de hacerlo público, algo que no gustó ni en la Secretaría de Hacienda ni en Palacio Nacional, donde tuvieron que negarlo por temor a que se viera afectado el “debido proceso”.

Así que, aunque por el momento tiene la protección del fuero legislativo, luego de que en diciembre el Senado entrampara la aprobación de la iniciativa de ley para eliminarlo, al diputado priista eso no le garantiza nada, ante la mayoría aplastante de Morena que podría desaforarlo en un santiamén si se lo llegara a solicitar la Fiscalía General de la República en caso de que exista ya una investigación penal.

Por lo pronto, apasionado del Golf, que solía jugar los fines de semana acompañando a Peña Nieto, Miranda solía decir sobre el expresidente que “los amigos son para siempre” y que él era mejor jugador que Peña y que casi siempre le ganaba.

“No somos buenos, somos malos, pero entre los dos, yo creo que le gano”. Y, sí, lo más seguro es que en la partida por ver quién cae primero por las investigaciones de corrupción del Gobierno lopezobradorista, Miranda vuelva a ganarle a su exjefe y amigo, al ser el primero que, si así lo deciden los jueces, tenga que ponerse los otros pantalones caqui.

Se agitan los dados.

Escalera. Bueno el tiro.

20 Abril 2020 04:07:00
Federación cuestionada, ¿Gobierno rebasado?
Los cuestionamientos y las diferencias en la República suben cada vez más de tono. El Gobierno del presidente López Obrador tiene demasiados frentes abiertos al mismo tiempo y muy poca operación política y diálogo casi nulo para resolverlos. Justo en el momento que nos enfilamos hacia la fase más crítica de la pandemia, en la que se esperan más muertes y la mayor presión sobre los servicios de emergencia en los hospitales del país, el liderazgo federal es torpedeado con acusaciones de “manipulación y mentiras” por los gobernadores de los estados, mientras desde los medios se llama a la población a desconocer y desobedecer las recomendaciones de la autoridad nacional.

La desunión, los intereses políticos y las diferencias ideológicas están prevaleciendo en una coyuntura mundial e histórica en la que el país necesita justo lo contrario: un liderazgo nacional capaz de colocarse por encima de todas esas diferencias e intereses, para unificar y calmar los ánimos políticos y para fortalecer con ello a la nación y su capacidad de respuesta ante la emergencia que pone en riesgo no solo la vida y la economía de los mexicanos, sino la viabilidad misma del país.

Lo que más preocupa es que desde el Ejecutivo federal no parece dimensionarse la gravedad del ambiente político que se genera en el momento más difícil e inconveniente.

No hay, desde la Presidencia ni desde el gabinete, una definición de cómo van a garantizar la estabilidad política y social en tiempos en los que muchos quieren aprovechar la coyuntura para sus planes políticos: si lo harán con “mano firme” o con “mano izquierda”.

“Es la verdadera democracia”, dice el Presidente ayer domingo en un video desde el Palacio, en el que presume que el suyo es “un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

La democracia de la que habla debería estar enfocada en estos momentos difíciles en dialogar con los gobernadores personalmente o en convocar a un gran pacto o acuerdo nacional en el que se sume a todos los actores y sectores que hoy le cuestionan y reclaman. Asumir que el tamaño del reto que el país tiene enfrente, supera el egocentrismo y la necedad ideológica y politizada, y que para que sobrevivamos todos —su proyecto de gobierno incluido— es urgente diseñar un mecanismo de decisión y consenso.

Mandar mensajes, críticas y provocaciones desde una conferencia mañanera —cada vez más inservible para él y más intrascendente para el país—, no está alcanzando para gobernar a un país que se está agitando cada vez más y que avanza, entre el miedo, el aislamiento y la incertidumbre, hacia una situación crítica. Con tantos mensajes cruzados, tantos discursos encontrados y tantos llamados a la rebeldía y al desconocimiento de la autoridad federal, ya no se alcanza a ver a un verdadero líder que esté pensando y trabajando para salvar al país y no solo a su proyecto político; lo que se ve es a un Presidente que empieza a percibirse rebasado por el tamaño del reto que tiene enfrente.


18 Abril 2020 04:03:00
Mensajes y desafíos al Palacio desde la República
La falta de un encuentro directo y de frente (aunque fuera virtual en esta época) entre el presidente López Obrador y los gobernadores está tensando cada vez más las relaciones entre la Federación y los estados de la República.

Como el Ejecutivo federal no quiere que lo presionen pidiéndole recursos económicos extraordinarios para la emergencia del Covid-19, ha evitado convocar a un encuentro urgente que piden la mayoría de los mandatarios locales y ha provocado que, ante la insuficiencia del diálogo con la Secretaría de Gobernación, cada gobernador busque formas de mandarle mensajes al inquilino de Palacio, algunos propositivos y otros francamente desafiantes y de abierta rebeldía.

Tan solo en esta semana hubo varios mensajes de gobernadores, no solo de la oposición sino también de Morena, que acusaban de distintas maneras a la Federación de desatender y menospreciar a las entidades federativas y las necesidades de su población.

Desde el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, que acusó de “mentir y manipular” a los “expertos” federales del subsecretario Hugo López Gatell por no dar cifras reales y actualizadas de los fallecimientos por Covid en su estado, hasta el también morenista gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que cuestionó la llegada de un avión con insumos médicos comprados a China como “una leyenda urbana” porque a su estado y a los poblanos, dijo, “no nos han mandado nada de esos materiales”.

Y si los de casa cuestionan fuerte, los opositores de plano están desafiando el liderazgo del Gobierno federal, con propuestas como la de Jaime Rodríguez “El Bronco”, Francisco García Cabeza de Vaca y Miguel Ángel Riquelme, que proponen cambiar el convenio fiscal de la Federación por tratarse de un pacto injusto y anquilosado para la distribución de los dineros públicos en la República Mexicana.

O está también el panista Javier Corral que, en un tono más respetuoso, pero no menos directo, le pide a López Obrador que “no cancele pero sí posponga sus obras y proyectos (Tren Maya, Dos Bocas y Santa Lucía) para destinar ese dinero a rescatar a la economía del país y a los mexicanos”.

Pero el que de plano se declaró en rebeldía, fue el gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, quien anunció que su estado dejaba de acatar y atender las recomendaciones federales sobre la pandemia, porque no creía en las “mentiras” del subsecretario López Gatell, coordinador de la estrategia nacional nombrado por el Presidente: “Esas medidas que usted está anunciando, Michoacán no las va a acatar porque vamos a cuidar la salud de nuestra gente.

Si ustedes quieren engañar a la población, háganlo, pero no todos estamos con los ojos vendados ni nos vamos con los comentarios poco responsables que han hecho ustedes durante la crisis que estamos viviendo, que siempre han tomado a la ligera. O les gusta mentir a ustedes, no lo creo, o nos obligan a mentir, pero dejen de mentirle a la sociedad mexicana”.

Más políticos, los nueve gobernadores de Acción Nacional, que forman el GOAN, le mandaron esta semana dos cartas al Presidente para pedirle, en la primera, que les mande a todos los estados del país “recursos extraordinarios” para enfrentar la crisis sanitaria por coronavirus, pues aunque dijeron haber recibido el presupuesto normal de salud incluso adelantado, aclararon que esos recursos no alcanzarán y están destinados a atender padecimientos normales de la población y no una pandemia mundial reconocida como la más grave de la historia reciente.

En su segunda carta, los mandatarios panistas de Guanajuato, Aguascalientes, Tamaulipas, Querétaro, Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán, Durango y Chihuahua, le piden al Presidente modificar y ampliar su programa de rescate económico para destinar recursos al rescate y apoyo de pequeñas y medianas empresas, para proteger el empleo de millones de mexicanos, además de recomendarle otorgar prórrogas y descuentos en impuestos y contribuciones federales como las del IMSS, CFE e Infonavit, con el fin de evitar la quiebra y el cierre de empresas que agravarían la recesión económica que ya se anticipa
por el coronavirus.

A todo eso hay que añadir que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, toma medidas y hace anuncios que ya en varias ocasiones se contraponen con lo que dicen tanto López Gatell como el mismo Presidente. Como ejemplo, está el dato de personas intubadas, que Sheinbaum ha actualizado en más de 300 en la Ciudad de México, mientras en las conferencias de Salud siguen hablando de menos de 200.

Así, en menos de ocho días, desde distintos estados le mandan todo tipo de mensajes al Presidente y se percibe una República agitada por cuestiones políticas. Como si los mexicanos no tuviéramos suficiente con el dolor, la muerte y el miedo, además de enfrentar los impactos sanitarios y económicos de la pandemia del coronavirus, encima tenemos gobernantes divididos, confrontados y que ni se comunican ni pueden ponerse de acuerdo para hacer un frente común y unificado en defensa de los mexicanos.

Mientras el Presidente siga escondiéndose en Palacio Nacional y tenga más tiempo para sus largas alocuciones en sus conferencias mañaneras –las más de las veces polarizantes e intrascendentes– que para reunirse y acordar con los gobernadores y con otros sectores estratégicos del país, seguiremos caminando hacia el caos en la total descoordinación y la confrontación entre los distintos niveles de Gobierno.

Reza una frase atribuida al arquitecto tapatío Ignacio Díaz Morales, que se repite tanto en el frontispicio del Teatro Degollado como en Los Arcos de Guadalajara: “Que nunca llegue el rumor de la discordia”.

Y hoy, justo en medio de la peor pandemia que el mundo haya conocido, esa que todos los países y estudiosos califican como el mayor desafío de la historia reciente después de la Segunda Guerra Mundial, la discordia se está asomando entre los mexicanos, entre el Presidente, los gobernadores, los empresarios y muchos otros sectores que se están fragmentando en vez de unirse en la República.

Notas Indiscretas…
Lamentablemente las diferencias y las grillas políticas no solo se dan entre los poderes ejecutivos federales y estatales. También en el Congreso de la Unión, en plena pandemia afloran diferencias y golpeteos entre los senadores.

Primero fue el plan de austeridad del Senado de la República, anunciado por el líder de la mayoría, Ricardo Monreal, que contemplaba ahorros y descuentos a las dietas y aguinaldos de los senadores y de los trabajadores del Estado, que fue duramente cuestionado por el senador de Morena, Germán Martínez, quien en un artículo periodístico le dijo a Monreal que el Senado era un Poder del Estado mexicano y no tenía por qué imitar en todo al presidente López Obrador.

Germán cuestionó que no era con “colectas ni como damas de la caridad” que los senadores debían responderle a los mexicanos, sino diseñando y aprobando leyes para enfrentar la pandemia con apoyos directos a pequeñas y medianas empresas, estatizando los servicios privados de salud durante la emergencia y con diversas medidas que se podían legislar desde el Senado para atender la grave problemática por el coronavirus.

Luego fue la bancada del PAN que con una propuesta de Ley de Emergencia Económica, que propone el pago de un “ingreso básico universal” a todos los mexicanos, consistente en 3 mil 200 pesos mensuales durante la emergencia sanitaria y una serie de apoyos obligatorios del Gobierno federal a las empresas pequeñas y medianas, presionan para que la bancada de Morena acepte discutir su iniciativa en el pleno o los panistas no se presentarían a la sesión convocada este lunes para discutir la Ley de Amnistía que les envío el Presidente.

“Cómo es posible que Morena y el Presidente le den prioridad a una ley que propone liberar reos, narcomenudistas, rateros y otro tipo de delincuentes y no quieran discutir una ley que apoye a los mexicanos para superar esta crisis”.

Anoche Monreal les respondió tanto a los panistas como a su compañero de bancada Germán Martínez, con un video en redes sociales en donde aclara que “al único que le corresponde crear planes de emergencia y definir qué apoyos se otorgan a sectores sociales y económicos con el presupuesto público es al Ejecutivo federal. El Senado no tiene facultades para ordenar la aplicación de recursos en planes de rescate económico”, comentó el coordinador de Morena tratando de poner fin a la polémica. Veremos cómo se pone la sesión presencial de este lunes y si aun con la ausencia del PAN, se aprueba la polémica Ley de Amnistía, que ahora quieren sacar urgente con el pretexto de usarla para liberar las cárceles sobrepobladas ante el riesgo de coronavirus, aunque hay expertos que dicen que para eso, para sacar presos, el Presidente puede otorgar indultos y liberaciones anticipadas, beneficios que ya están en las leyes actuales y no se necesitaría una Amnistía que más bien es un tema político desde la campaña de López Obrador…

Los dados mandan Escalera. 40 días más de cuarentena. Ánimo a todos los lectores.
16 Abril 2020 04:07:00
La rutina de la carpa
El espectáculo de la carpa fue por décadas uno de los entretenimientos favoritos del populacho mexicano y una variante teatral que se convirtió en una válvula de escape y en un foro público para la sátira, la parodia y la crítica política. En un tiempo donde la censura gubernamental se imponía sobre toda forma de expresión que cuestionara al “infalible” Gobierno y a los gobernantes “intocables”, los actores y comediantes de las carpas, se convirtieron en auténticos voceros de la opinión popular que lo mismo cuestionaba al regente del DF, que se burlaba del Presidente, de los gobernadores y de los secretarios del gabinete, ya sea por sus yerros, por sus amantes o por sus corruptelas.

La rutina de la carpa era simple y predecible, pero muy efectiva para desatar la algarabía, el griterío y el alboroto del público que festejaba con gritos, carcajadas y alguna que otra mentada, los puntillosos y afilados comentarios de los actores y comediantes que daban vida a los arquetipos populares de “El Peladito”, “El Charro”, “El Chinaco”, “La China Poblana”, “La Borrachita”, “El Fifí” o “El Valedor”. De las carpas surgieron cómicos muy queridos, algunos terminaban de vez en cuando en la cárcel, por sus ácidas críticas a los políticos, como Jesús Martínez Palillo, y otros se volvieron estrellas del cine y la televisión como Mario Moreno “Cantinflas”, Germán Valdés “Tin-Tan”, Adalberto Martínez “Resortes”, Roberto Soto “El Panzón Soto” y su hijo Fernando Soto “Mantequilla”, Jesús Martínez “Palillo”, Fanny Kauffman “Vitola”, Amelia Wilhelmy y Delia Magaña, (“La Guayaba” y “La Tostada”) y Amparito Arozamena, entre muchos otros.

Aunque es un género ya en desuso, hoy la dinámica de la carpa ha vuelto a ponerse de moda, pero ahora no en improvisados escenarios construidos con láminas o lonas, sino en el mismísimo Palacio Nacional, el centro del poder político y presidencial en México. Las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, pasaron de ser un ejercicio de comunicación e información a convertirse en un espectáculo político, con todo y sus personajes exóticos que hacen preguntas a modo, y con el actor principal que es el Presidente haciendo una rutina de más de una hora, a la que hoy los millennials llamarían “stand up”, pero que se parece más a los números de las carpas mexicanas.

Y es que con su enorme habilidad política y comunicativa, López Obrador ha desarrollado una dinámica que mueve cada día a la opinión pública, a los medios, a los sectores sociales, económicos y políticos y por supuesto a las “benditas redes sociales” a las que pone a hablar y a reaccionar a su ocurrencia o su agenda política de cada día, creando polémicas y dinámicas de “dimes y diretes” sobre temas que la mayoría de las veces no son importantes ni de trascendencia para el país o para los ciudadanos, pero que sí le sirven en su estrategia mediática y política como efectivos distractores.

Tal como ocurría en las viejas carpas, el Presidente hace la mitad del espectáculo y la otra mitad la hace el público (en este caso los ciudadanos y la opinión pública) con sus reacciones, griterías, comentarios, mentadas, memes y escándalos. Todas las mañanas, con sus propuestas, alocuciones y sus mensajes polarizantes, López Obrador desarrolla su rutina bien planeada y dominada desde su púlpito y con sus patiños contratados y pagados por su vocero Jesús Ramírez. Y después de dos horas, en cuanto sale por la parte de atrás de su salón-escenario del Palacio, o a veces incluso antes, sabe que vendrán los gritos, reclamos, aplausos, los memes y las mentadas… la excitación de un público que al reaccionar a los dichos y ocurrencias presidenciales completa la exitosa y probada dinámica de la carpa.

Para que la reacción sea más intensa, iracunda y automática, los mensajes y alocuciones presidenciales siempre contienen ataques bien pensados y dirigidos. Pueden ser a sus enemigos genéricos: “los conservadores”, “neoliberales”, “fifís”, “la prensa vendida”, los “sabelotodo” o “el Prian y los mafiosos”; o también pueden ser a “adversarios” identificables: como los medios, los periodistas, los empresarios, los expresidentes y exfuncionarios del pasado, las calificadoras internacionales y ahora también actores, comediantes y cualquier otro que critique o cuestione sus decisiones y acciones como gobernante.

La dinámica carpense es y ha sido parte fundamental de la estrategia política y mediática del presidente López Obrador. Al principio de su Gobierno la utilizaba para afianzar y mantener su elevada popularidad y su nivel de aprobación que llegó a estar hasta en 80%, pero conforme el desgaste de Gobierno le fue pegando y sus números en las encuestas comenzaron a caer, la enfocó en tratar de detener la caída y para provocar encendidos y efectivos debates y polémicas en la opinión pública para distraer temas como la crisis de seguridad, la falta de inversión y crecimiento económico y el desabasto de medicamentos en el sector salud.

Hoy, en medio de la pandemia de coronavirus, que vino a alterarle todo sus proyectos y planes de Gobierno y que golpeará fuertemente no solo la salud de los mexicanos, sino la economía nacional y familiar con la peor recesión que hayamos vivido en décadas, de nueva cuenta el Presidente recurre a su rutina de la carpa y alborota la gallera con una propuesta de adelantar la revocación de su mandato, con la que pretende volver a su propuesta original de aparecer en las boletas de los comicios federales de 2021, misma que le rechazó de manera rotunda el Congreso de la Unión, en donde por mayoría unánime de todos los partidos, incluido el voto de Morena, se decidió constitucionalmente fijar la consulta de revocación en marzo de 2022, en su cuarto año de Gobierno.

¿Por cuánto tiempo más le funcionará al Presidente el número de provocar y alborotar desde su conferencia mañanera para tratar de controlar y manipular la agenda pública a su conveniencia? Todo indica que no por mucho más, porque si las crisis del coronavirus, la sanitaria, la social y la económica estallan con la intensidad con la que se anticipan, todo el escenario político del país y del mundo va a cambiar y, así como las carpas desaparecieron con la llegada de la radio y la televisión, es muy probable que a López Obrador ya no le alcance su rutina de todas las mañanas para gobernar a un país sumido en crisis.

15 Abril 2020 04:02:00
Jugando a ser Dios
El primer sorprendido con la publicación ayer martes de la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica fue Hugo López-Gatell. A pesar de ser él directamente encargado de la estrategia nacional contra el Covid-19, al subsecretario nadie le avisó que su jefe, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, había autorizado y enviado al Consejo de Salubridad General el documento que contiene los criterios para que los médicos decidan a qué pacientes deberán salvar y a cuáles tendrán que dejar morir, en caso del escenario más catastrófico de la pandemia de coronavirus en el país: aquel donde la demanda de servicios de terapia intensiva rebase las capacidades e instrumentos disponibles para salvar vidas.

La extrañeza y molestia de López-Gatell –según revelaron a esta columna integrantes de su equipo cercano– fue que, en contrasentido de los mensajes y llamados que hace el Gobierno federal para que la población colabore, que se mantenga tranquila en su casa y que confíe en las acciones y decisiones de los expertos médicos y científicos del Gobierno, la guía elaborada en la oficina del secretario Alcocer manda un mensaje totalmente contrario: el del escenario catastrofista que anticipa un caos y un rebasamiento total de los sistemas médicos, el público y el privado, que llevaría a los médicos mexicanos a dilemas como los que vivieron sus colegas en España, Italia o más recientemente Nueva York, en donde, ante la falta de ventiladores, tendrán que decidir, como si fueran Dios, quién vive y quién muere en esta pandemia.

Lo más delicado del asunto no es solo que Alcocer Varela haya decidido, con la otra parte de la Secretaría de Salud y a espaldas de López-Gatell emitir una Guía Bioética que se adelanta incluso a la declaratoria de Fase 3 de Contingencia Sanitaria y que parece ya dar por hecho que ninguna de las acciones preventivas, de las que tanto se ufana el Presidente y el propio subsecretario, van a funcionar y que la cuarentena de más de un mes que se pidió a muchos mexicanos, no evitará el colapso de los sistemas de salud pública.

Lo grave es que con el madruguete al subsecretario encargado lo que se exhibe es que en plena emergencia por el coronavirus, la Secretaría de Salud del Gobierno federal está dividida en dos bloques que se ven muy disparejos y desbalanceados en cuanto a su carga de trabajo: de un lado está Hugo López-Gatell y su equipo de epidemiólogos de la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud, que parecen llevar toda la carga de la estrategia de medición, contención y atención de la pandemia; y del otro el secretario Jorge Alcocer Varela y la otra subsecretaria, Asa Christina Laurell, de Integración y Desarrollo del Sector Salud, que nadie sabe qué está haciendo en momentos en que el sector salud, enfrenta el mayor desafío de su historia.

Es cierto que el popular “doctor López-Gatell”, como lo llaman los medios y las redes, ha acaparado la mayoría de los reflectores y que su exposición diaria en una conferencia de prensa, que ya se ha convertido en la versión vespertina de la mañanera del Presidente, lo hace mucho más visible que el resto de sus compañeros –“colegas y colegos” diría él– de la Secretaría de Salud; pero también en el equipo del subsecretario aseguran que no todos en la dependencia “están jalando parejo” y que hay funcionarios de primer nivel, algunos de ellos muy cercanos al secretario Alcocer Varela, que no están actuando de acuerdo al tamaño del reto que significa para el sector esta pandemia mundial.

Como ejemplo de esa otra parte que no está funcionando en la Secretaría, mencionan la ausencia que ha mostrado la doctora Asa Christina Laurell, quien a pesar de tener bajo su cargo el Cenetec (Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud), un eslabón necesario para recabar datos y construir estrategias, no está de acuerdo con la estrategia de su compañero López-Gatell.

Otro ejemplo de cómo ve el mundo el equipo del secretario Alcocer Varela, es lo dicho por Mónica Mieres, titular de la Unidad de Vinculación y Participación Social de la Secretaría, y quien hace un año tuvo que disculparse después de afirmar, en plena crisis de desabasto, que “no pasa nada” si se les acababan los medicamentos a los pacientes que viven con VIH.

Así que hay dos bloques en la Secretaría de Salud en la parte más complicada de la peor pandemia que haya conocido la humanidad moderna: uno que da la cara todos los días y lleva la responsabilidad directa de hacer que la estrategia funcione y que la gente coopere y no entre en pánico, mientras se logra controlar y contener la demanda hospitalaria; y la otra que, mientras no aparece o guarda silencio, juega a ser Dios y emite una Guía Bioética, que nos hace pensar que México se convertirá en el próximo epicentro del coronavirus y que la enfermedad del Covid-19 va a colapsar ese sistema que el Presidente no se cansa de decir que “estamos listos con todo y preparados desde hace tres meses”.

¿A cuál de las dos visiones de la Secretaría de Salud le creemos?… Los dados mandan Escalera doble. Buen tiro.


14 Abril 2020 04:02:00
Las mentiras del IMSS
Primero fue Monclova, Coahuila, con el primer hospital público -el General de Zona 7 del IMSS- que se volvió un “foco de contagio masivo” con sus tres médicos muertos y más de 36 trabajadores de la salud contagiados; luego vino el escándalo de Tlalnepantla, donde el Hospital General Regional 72 tuvo un brote de Covid con más de 20 médicos contagiados que, según el director del Seguro Social, Zoé Robledo, se infectaron “fuera del hospital”; más tarde fueron Los Cabos y Cuernavaca, en el primer caso otro “contagio masivo” con 42 empleados en el Hospital de Subzona 26 y en el segundo el Hospital General Regional 1 de Morelos, con 4 contagiados entre el personal médico.

Hoy, con las denuncias de lo que sucede en Tijuana, avaladas por el Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, que reconoce que la problemática denunciada en videos de redes sociales, por la falta de insumos de seguridad y capacitación para el personal médico son reales, la crisis ya es inocultable en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con la pandemia del Covid están saliendo a flote todas las ineficiencias, desabastos y carencias en el Seguro Social que, si bien en una parte fueron heredadas, también se agudizaron y se agravaron por las mal aplicadas políticas de austeridad y la alteración de los sistemas de compras y adquisiciones que en su momento provocaron la estridente renuncia de su exdirector, Germán Martínez Cázares.

“Sabíamos que nuestro talón de Aquiles (en la pandemia del coronavirus) iba a ser el Seguro Social, por el desprendimiento y la falta de preocupación por los temas… Puedes tapar el sol con un dedo por un ratito, el director general del IMSS a nivel nacional (Zoé Robledo) debe admitir lo que está mal”, exigió ayer lunes el Gobernador morenista de Baja California, luego de que la dirección del Instituto mandara a su representante en aquella entidad, Desirée Sagarnaga, a desmentir las denuncias de carencias que personal médico de la clínica 20 de Tijuana enviaran al comediante Eugenio Derbez a través de una carta.

La institución más grande y noble del sistema de salud pública en México no puede darse el lujo de colapsar en una pandemia que representa el mayor reto de salud, y el mayor riesgo de inestabilidad social y económica en la historia reciente. Si el IMSS y sus directivos no dejan a un lado la soberbia, la indolencia y la desatención de lo que están gritando en las calles sus médicos, enfermeras y trabajadores de los hospitales, y se ponen a equipar a cada clínica, hospital y centro médico en el país, garantizando la seguridad a la que sus trabajadores tienen derecho por ley, estarán cometiendo una negligencia criminal muy costosa para el país.

Estamos ya tarde y contra el tiempo para que el IMSS atienda los reclamos y evite convertir a sus hospitales en focos de contagio masivo, antes de que comience la fase más crítica de la pandemia. Si no lo hacen, en la República se repetirán escenas tan tristes y duras como las de Italia y España, pero multiplicadas por el tamaño de nuestra población; y el prestigio y la enorme contribución del instituto de seguridad social por excelencia, que nació y existe para cuidar la salud y la vida de los mexicanos, podría convertirse en un enorme riesgo para la población y, como bien lo advierte el gobernador Jaime Bonilla, en el talón de Aquiles que puede llevar al colapso del sistema de salud pública.


13 Abril 2020 04:03:00
En tiempos de pandemia, doble golpe a la ciencia
En momentos en que el país enfrenta una pandemia mundial y a contracorriente de otras naciones que invierten más en esta coyuntura en la investigación científica para enfrentar el impacto del coronavirus, el Gobierno de México está recortando los recursos a todas las instituciones dedicadas a la investigación científica, al aplicarles las mismas medidas de austeridad obligatoria que a otras dependencias burocráticas, como la reducción del 50% de todos sus recursos y la extinción por decreto de los fideicomisos públicos que financiaban también a instituciones científicas.

Con este doble golpe, decenas de proyectos y protocolos de investigación tendrán que ser reducidos, pospuestos o de plano cancelados, ante la drástica reducción de recursos que sufrirán las de por sí reducidas instituciones científicas en el Gobierno de López Obrador.

Un ejemplo de esta severa disminución presupuestal es lo que ocurre en el Cinvestav, uno de los centros de investigación científica y tecnológica más importantes del país, y cuyo director, José Mustre de León, reconoce que ambas medidas “impactarán en forma severa la actividad institucional en lo que resta del ejercicio 2020”.

En un oficio que dirigió a los investigadores del centro científico, adscrito a la SEP, el director Mustre de León les narra la forma en que, primero les afectó, el decreto publicado el 2 de abril en el Diario Oficial de la Federación, que junto con otros casi 300 fideicomisos, ordenaba extinguir el “Fondo de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico del Cinvestav”, que a la fecha tenía un saldo de 74 millones de pesos.

Ante la petición directa que recibió el 3 de abril de la Presidencia de la República para que iniciaran la desaparición del fondo y entregaran esos recursos, el director pidió a la Dirección General de Presupuesto de la SEP que se pidiera una excepción al decreto presidencial, por tratarse de un fondo de investigación científica que tenía proyectos y convenios firmados.

Para tratar de salvar esos recursos del Cinvestav y mantener sus proyectos, el director comenta que se tuvieron que elaborar una serie de escritos y explicaciones detalladas de las “prioridades de financiamiento”.

Con base en eso, dice José Mustre, el 8 de abril, la Subsecretaría de Educación Superior comunicó al Cinvestav que se había finalizado la solicitud para su envío a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y que en ella quedaban comprometidos 58.1 millones de pesos en proyectos prioritarios y quedarían a disposición de la SHCP 15.8 millones de pesos.

Adicional a todo eso le pidieron enviar después una “justificación jurídica y no solo académica y presupuestal”, a petición de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP, la cual ya fue enviada, y ahora tiene que esperar la resolución de Hacienda.

Pero cuando aún no saben si la Oficialía Mayor de Hacienda les respetará al menos los 58.1 millones de su fondo, en el mismo oficio Mustre de León informa a los investigadores que también el 8 de abril la Secretaría de la Función Pública les ordenó reducir en 50% sus gastos de operación y servicios y les pidió cancelar pagos por conceptos no contratados.

“La SEP nos ha indicado que debemos acatar esta medida”.

Así que, aunque se entiende la austeridad y los recortes necesarios para destinar recursos a la atención urgente de la pandemia por Covid, lo que no se entiende es que a organismos e instituciones dedicadas a la investigación científica y tecnológica, que deberían ser indispensables en momentos en los que el país debe desarrollar soluciones científicas y técnicas para una emergencia sanitaria, se les dé el mismo trato que a otras áreas burocráticas.

¿Cómo aspirar a desarrollar una vacuna para el coronavirus o a fabricar nuestras propias tecnologías médicas para la emergencia, si se está golpeando a las ya maltrechas y recortadas instituciones científicas?
11 Abril 2020 04:07:00
Nuestro ‘salvador Trump’, ¿a cambio de qué?
En toda la historia de la muy compleja relación México-Estados Unidos, la experiencia nos enseña que siempre que Washington ofrece un favor a los mexicanos, es porque espera a cambio un beneficio. La frase que el secretario de Estado del presidente Eisenhower, John Foster Dulles, acuñó en los años 50 de que “Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses”, bien valdría recordarla ahora que el presidente López Obrador dice que “muy generosamente” el presidente Donald Trump le ofreció “que nos iba a apoyar con los 250 mil (barriles de petróleo) adicional a lo que ellos aportaron”.

La primera prueba de que la “generosidad” de la Casa Blanca no fue desinteresada, la dio al mismo Trump cuando salió a erigirse ante el mundo como el “salvador de México” frente a la OPEP, para luego aclarar que la ayuda ofrecida de 250 mil barriles de petróleo no fue gratuita ni un gesto del altruismo energético, como lo presentó el Presidente mexicano, sino más bien un préstamo que “ellos nos reembolsarán en una fecha futura, cuando estén preparados para hacerlo”.

De cualquier manera, el mismo Trump aclaró que aún la OPEP tendría que aceptar primero el inédito acuerdo entre México y EU para un préstamo de producción petrolera que nunca se había visto en la historia.

Incluso, en Washington ayer se preguntaban cómo es que el Presidente estadunidense piensa garantizar esa reducción de 250 mil barriles en su producción sin afectar los intereses de las grandes compañías petroleras de su país que, tras la caída de los precios, no están precisamente en su mejor momento.

En todo caso, la pregunta que en México debemos hacernos es ¿a cambio de qué Trump aceptó ofrecerse como el héroe salvador de México y de su alicaída industria petrolera? ¿Qué nueva condición o apoyo le habrá pedido o le irá a pedir en un futuro al presidente López Obrador si es que la OPEP llegara a aceptar el salvamento para nuestro país? ¿Será que el negociante astuto y ventajoso que siempre ha sido el magnate estadunidense solo pensó en el “pago futuro” de los 250 mil barriles de petróleo que le prestó al Gobierno mexicano o acaso pensará cobrar algún interés o crédito por el préstamo?


Desplante de México a la OPEP

Por lo pronto, México y su secretaria de Energía, Rocío Nahle, se convirtieron ayer en la “comidilla” del poderoso mundo petrolero no solo por las largas “consultas” que realizaba la responsable energética mexicana con su jefe el Presidente, frenando por más de 7 horas el avance de la reunión de la OPEP. México se negó desde el principio a disminuir su producción petrolera en 23% y proponía que la baja fuera “proporcional” a la producción de cada país, sugiriendo que, a partir de su producción estimada en 1.9 de millones de barriles diarios (según la proyección la OPEP fijada desde el sexenio pasado), Pemex solo podía reducir 100 mil barriles diarios.

Al final, tras un tenso estira y afloja y de que México no aceptó ceder, la secretaria mexicana se paró de la mesa y dejó colgados a los ministros de energía de 26 países. Es claro –aunque no lo entiendan en otros países– que quien llevó esa negociación a distancia fue el propio presidente López Obrador, para quien la posición inédita de México en una reunión petrolera internacional fue un tema de “resistencia” con el que buscó proteger a la deteriorada Pemex y su mermada producción.

Rocío Nahle fue, en la negociación petrolera, como una pieza de ajedrez, y no precisamente la reina, sino un peón. Lo que el Gobierno mexicano defendía ante la OPEP era que mientras bajar su producción en 400 mil barriles menos para Arabia Saudita o Rusia era, sí un esfuerzo importante, para México era el suicidio.

Por eso López Obrador no quiso ceder en bajar más la producción de 100 mil barriles, sobre todo en un tema como la producción petrolera que para él no es solo un tema económico, sino un asunto ideológico en el que está empeñado en demostrarles a los mexicanos que va a lograr “rescatar a Pemex” y devolverla a su estatus antiguo de la gran empresa paraestatal, algo que se ve cada vez más complicado con los graves problemas financieros de la petrolera mexicana.

En realidad lo que está cediendo, México es el equivalente a lo que se había logrado incrementar con la leve recuperación lograda por el Gobierno con la inyección de miles de millones de dólares a Pemex; incluso hay quien dice que el cálculo del Presidente no era ni siquiera obligar a Pemex a disminuir su producción sino que lo hicieran los productores privados que hoy producen más o menos esos 100 mil barriles.

Ya veremos en qué termina todo el enredo petrolero, si Trump nos salva o no, si es que lo aceptan Rusia y Arabia Saudita y cuáles terminarán siendo las “letras chiquitas” del préstamo de los 250 mil barriles que seguro México y López Obrador terminarán pagando con creces.

Por lo pronto en el mercado petrolero internacional, donde México llegó a ser un actor importante en alguna época –aunque hoy seamos un actor marginal con 1.7 millones de una producción mundial de 80 millones de barriles diarios– ahora seremos un peón de los Estados Unidos, al que Donald Trump tiene que salir a “salvar”. El papel que nuestro país llegó a jugar en el pasado en los acuerdos de la diplomacia petrolera, es cosa del pasado.


A rebeldía fiscal llaman empresarios

La fractura que sufrió esta semana la relación entre el Presidente de la República y una parte del empresariado mexicano se expresó esta semana en dos frases: la primera, de Carlos Salazar, dirigente del CCE, diciendo que “nos cerraron las puertas” del Palacio Nacional; y la segunda de López Obrador reiterando su negación de apoyos fiscales y pidiéndole al mismo Salazar que “nos ayude a cobrarle a empresas deudoras del fisco”.

Después de eso, en varios estados, los empresarios locales han comenzado a llamar a la “rebeldía fiscal” y a dejar de pagar las contribuciones federales, estatales y municipales, ante la falta de apoyos del Gobierno para enfrentar la crisis económica por el Covid-19.

Ayer viernes, el primer estado en donde se anunció una huelga de impuestos fue Tamaulipas, donde el dirigente estatal de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Fecanaco-Servytur) anunció que en una videoconferencia donde se enlazaron los representantes de las Cámaras de Comercio del Estado, que representan a cerca de 20 mil empresas pequeñas, medianas y grandes, acordaron decretar “una suspensión al pago de impuestos y servicios a los tres niveles de Gobierno”. La suspensión, dijo, se decidió por la “actitud retadora” de las autoridades federales de exigir el pago de impuestos obligatorio, cuando las empresas y negocios están teniendo que cerrar y parar por la contingencia sanitaria y porque “México está actuando en sentido inverso a otros países” donde sí se apoya a las empresas ante la crisis económica.

El llamado de los comerciantes y empresarios tamaulipecos –cuyo dirigente Julio César Almanza es muy cercano al gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca– es a que las empresas decreten una suspensión en pago de impuestos federales y estatales, así como servicios que incluyen a nivel federal el IVA, ISR, la CFE, el IMSS, Infonavit y a nivel estatal el ISN y los prediales municipales.

Este tipo de movimientos se están gestando también en otros estados, en donde los dirigentes de los organismos empresariales analizan desde la vía del amparo, hasta la huelga o la suspensión de pagos, para no pagar impuestos y contribuciones, si no hay ningún programa de apoyo fiscal del Gobierno federal.

Por cierto, que en algunos grupos de empresarios planean hacer campañas publicitarias con un llamado para dejar de pagar impuestos y servicios utilizando videos o discursos en los que el actual presidente, López Obrador, cuando era líder social, llamaba a la “resistencia de pagos” contra instituciones como la CFE. “Si otros lo hicieron, por qué nosotros no podemos”, dijo un empresario que promueve esas suspensiones.

Los dados mandan Escalera doble. Seguimos con la cuarentena. Ánimo y fortaleza para todos los lectores.
09 Abril 2020 04:07:00
Gobernadores también se rebelan
La crisis del coronavirus no solo ha desgastado la imagen del presidente López Obrador y su complicada relación con los empresarios. Entre los gobernadores de la República, con quienes no ha querido reunirse en toda esta emergencia sanitaria y solo los ha mandado a hablar virtualmente con los miembros de su gabinete, hay varios estados que no solo cuestionan abiertamente la estrategia y la lentitud del Gobierno federal para tomar decisiones, sino que han optado de plano por implementar sus propios modelos locales de contención y atención de la pandemia del Covid-19.

Los casos más visibles en este rebasamiento a la Federación son los de Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Guanajuato y Chihuahua, todos ellos encabezados por gobernadores de oposición y en donde mandatarios como el emecista Enrique Alfaro, el independiente Jaime Rodríguez “El Bronco”, el priista Miguel Riquelme y los panistas Francisco García Cabeza de Vaca, Diego Sinhué y Javier Corral, han tomado una actitud proactiva y protagónica en el tema de la pandemia en sus estados, con la que acusan falta de respuestas y apoyos rápidos del Gobierno central a las necesidades de sus entidades y, a quererlo o no, desafían el liderazgo y la facultad federal para dictar las medidas sanitarias, sociales y económicas.

En algunos de esos estados, ubicados en regiones altamente productivas e industrializadas del país, como el corredor de Jalisco y El Bajío de Guanajuato, o el norte del país, con Nuevo León a la cabeza y con la Alianza del Noreste con Coahuila y Tamaulipas, mientras Chihuahua se mueve por su cuenta, también coincide que los empresarios de esas entidades han encabezado movimientos de rebelión y desconocimiento a sus líderes de las cúpulas empresariales, además de cuestionar duramente la falta de apoyos fiscales del Gobierno federal.

Es el caso de Jalisco, donde primero Alfaro anunció que los empresarios jaliscienses estaban muy molestos con el presidente López Obrador y con la actitud de sus dirigentes cupulares, y horas más tarde los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, desconocieron a su dirigente Carlos Salazar, por no hacer que se atiendan sus demandas en Palacio Nacional e iniciaron con el hashtag #AJaliscoSeLeEscucha.

La rebeldía de esos estados tiene al menos tres componentes: el primero, la parte política y electoral, en la que algunos gobernadores, sobre todo los que tienen aspiraciones futuras, saben que la crisis sanitaria y económica por el coronavirus es también oportunidad para posicionarse mejor ante sus gobernados y para ganarle terreno político, ellos y sus partidos, al presidente López Obrador que difícilmente saldrá bien librado de la pandemia; segundo, la parte económica en la que hay un reclamo legítimo de que la Federación no concentre todos los recursos públicos, normales y extraordinarios, para atender la emergencia sanitaria y sus efectos económicos, y que apoye con parte de esos recursos a las entidades federativas para atender los daños que sufrirán sus estados en la parte médica y en su economía y empleo; y el tercer componente, que es el más peligroso, la histórica lucha contra el centralismo y la acumulación de poder y facultades presupuestales y hacendarias desde el centro, que se ha acrecentado con el Gobierno lopezobradorista y su presidencialismo vertical, y que puede alimentar proyectos cesesionistas y separatistas que siempre han estado latentes en la República mexicana.

Hasta ahora el presidente López Obrador se ha negado a tener una reunión, ya sea virtual o presencial, con todos los gobernadores, ante la negativa a aceptar que le pidan más recursos para atender la pandemia en sus estados. Ha sido de manera virtual que Olga Sánchez Cordero, la titular de Gobernación se ha estado reuniendo con ellos, junto con el canciller Marcelo Ebrard, el subsecretario Hugo López-Gatell y el coordinador Nacional de Protección Civil, David León, para explicarles las directrices federales de la emergencia sanitaria y escuchar sus dudas, peticiones y reclamos.

Y casi todos los gobernadores, incluidos los que asumen una actitud más crítica y desafiante en esta coyuntura, coinciden en pedir tres cosas: más claridad y certidumbre en los lineamientos federales, más apoyo de la Secretaría de Salud para la realización de pruebas y la atención del Covid-19 en su estados, y tres, y en ese coinciden todos, la posibilidad de hablar directamente con el presidente y que acepten enviar a las entidades federativas más recursos extraordinarias para la emergencia, de los miles de millones que presume tener López Obrador entre sus ahorros y lo que sacará de fideicomisos y fondos de estabilización.

¿Será que en la emergencia por el coronavirus, lejos de la unificación, la cooperación y la solidaridad que requerimos en estos momentos para enfrentar el que todos los países del mundo definen como “el mayor desafío de su historia”, en México terminaremos más divididos y confrontados, sin un liderazgo nacional claro y hasta con una República fragmentada y escindida?
08 Abril 2020 04:07:00
¿Rebelión empresarial contra el Presidente?
En las cámaras empresariales del país hay un clima de rebelión por la falta de apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se niega a apoyar fiscalmente a las empresas pequeñas y medianas para enfrentar la crisis económica que dejará el coronavirus. En organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la ira en estos momentos no es solo contra el Gobierno federal por el “abandono” a los principales generadores de empleo, sino también contra sus dirigentes nacionales a los que acusan de “agachones” y de no exigirle al Presidente que entienda que no quieren un rescate empresarial, sino un plan urgente de protección al empleo.

En un chat privado en el que se comunican los empresarios del CCE el lunes circularon fuertes reclamos contra el dirigente nacional del organismo Carlos Salazar, quien, según algunos participantes en ese grupo, estuvo respondiendo y capoteando los mensajes iracundos de varios dirigentes estatales que le reprochaban “tibieza” ante la bofetada que recibieron del Presidente en su mensaje del domingo pasado, en donde nunca tomó en cuenta las propuestas y peticiones del empresariado.

Ante ese clima en las cámaras empresariales y los organismos cúpula que agrupan a la mayor parte de empresarios medianos y pequeños del país, no es casual que López Obrador haya decidido buscar a los empresarios más grandes y fuertes del país para invitarlos a comer a Palacio Nacional, en busca de obtener un respaldo a su plan económico, duramente descalificado por los empresarios agrupados en el CCE y en la Coparmex. Primero el lunes, el Presidente convocó a los principales empresarios capitalinos: Carlos Slim, Alberto Bailleres, Antonio del Valle, Valentín Diez Morodo, Emilio Azcárraga y Alejandro Bailleres, quienes en una comida de más de tres horas escucharon la explicación del Presidente y aunque le dieron su respaldo, también le dijeron que debe contemplar apoyos fiscales necesarios para las empresas pequeñas y medianas.

Luego de conseguir ser arropado el lunes por los empresarios del Grupo Ciudad de México, el Mandatario buscó al Grupo Monterrey o Grupo de los 10, donde están las 10 empresas más grandes de Nuevo León, que juntas producen también el equivalente al 10% del PIB Nacional. Por la noche se difundió un comunicado oficial en el que dice que “los empresarios de Nuevo León le ofrecieron al primer Mandatario su solidaridad, a pesar de tener diferentes puntos de vista acerca de cómo abordar la presente crisis sanitaria”. Y si bien dijeron “respaldar la prioridad de apoyar a los pobres”, los líderes del sector privado neolonés argumentaron que proteger el empleo es complementario a ese propósito, por lo que se requiere una política pública enfocada a cero despidos y cero cierre de empresas para que la actual crisis sea transitoria. “Los empresarios no somos sus adversarios, por el contrario, somos un componente indispensable en la eventual recuperación económica de nuestro país”.

Es difícil que prosperen las rebeliones en las cúpulas empresariales, pero el rechazo de una parte de los empresarios medianos, combinados y azuzados con la grilla política de algunos gobernadores estatales es real, aunque también lo es que AMLO sigue manteniendo el apoyo y la confianza de los grandes empresarios del país. Pero si no quiere que a su Gobierno le pase lo que a Luis Echeverría y José López Portillo, que acabaron peleados y repudiados por los empresarios –uno por la muerte de empresarios, como el regiomontano Eugenio Garza Sada y el tapatío Fernando Aranguren, secuestrados y asesinados por la Liga 23 de Septiembre, y al otro por la histórica nacionalización de la banca– es momento de que AMLO demuestre si atenderá lo que le exponen los hombres del dinero, o si seguirá, como hasta ahora, convocándolos al Palacio solo para tomarse la foto y presumir su apoyo, sin tomarlos en cuenta en sus decisiones, mientras los empresarios tampoco se deciden a invertir porque su Gobierno no les da certidumbre.

07 Abril 2020 04:07:00
Electoral, el otro efecto del Covid-19
A las lamentables pérdidas de vidas humanas y al golpe mayor que le dará a la economía de todos los mexicanos, la crisis del coronavirus tendrá también un impacto político y electoral inevitable. A partir de cómo manejen esta pandemia los gobernantes de todos los partidos políticos y de lo acertado o errático de las decisiones que tomen, tendrán o un costo político en forma de votos de castigo o bien un reconocimiento de sus gobernados en las urnas.

Estamos en el año previo a una elección estratégica, sobre todo para el proyecto político del presidente Andrés Manuel López Obrador que se juega en los comicios intermedios del 2021 la mayoría en la Cámara de Diputados.

Y hoy más que nunca, en medio de una crisis que pone en jaque a los gobiernos de todo el mundo con una recesión económica comparable solo a la de 1929 y que exhibirá la efectividad y la capacidad –o la ineficiencia e incapacidad– de los líderes y gobernantes para proteger y rescatar a sus ciudadanos de los efectos de esta pandemia, los escenarios políticos también cambiarán cuando pase esta emergencia.

Por ahora, aún en medio de la contingencia, los políticos no dejan de hacer cálculos y de pensar en las elecciones. El presidente López Obrador, por ejemplo, al definir la forma en que su Gobierno responderá ante esta emergencia y los apoyos que otorgará con los recursos públicos, decidió apostar clara y decididamente por su base social y electoral más leal: los beneficiarios de sus programas sociales y asistenciales.

Son 22 millones de beneficiarios de programas sociales, la cifra que hoy manejan en Palacio Nacional y a la que apuestan para ganar las elecciones de 2021. El único problema, nada menor, que tienen los cálculos felices que hacen en Palacio, es que para bajar esos votos y aterrizarlos en las urnas en 2021 necesitarán un partido nacional y fuerte que hoy no tiene el Presidente con Morena. Le ayuda mucho en estos momentos a López Obrador que hoy no se ve una oposición fuerte ni figuras o líderes opositores que estén surgiendo como contrapeso.

Pero también los opositores hacen sus cálculos políticos. Ya antes de la emergencia sanitaria se estaba fraguando y negociando, para el 2021, un polo opositor, una “mega-alianza” electoral entre PAN, PRI, MC Y PRD, para enfrentar a Morena en los comicios intermedios, pero ahora, sin duda el escenario que dejará la pandemia va a facilitar y a mejorar las perspectivas para esa coalición electoral, que sí puede representar un riesgo real para López Obrador y su proyecto en los comicios intermedios.

El cálculo de la “mega-alianza” opositora es simple y su estrategia va por partes: primero quitarle a Morena la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en 2021, y a partir de ahí, en el 2024 “sacar a AMLO y a Morena del Palacio Nacional”.

Para retomar la controvertida expresión del Presidente, de que toda esta terrible crisis del coronavirus le vino “como anillo al dedo”, lo que resulte política y electoralmente después de que termine la pandemia será como ese anillo poderoso de la novela de J.R.R Tolkien. ¿Hacia dónde se mueve ese anillo y quién será su “precioso”? ¿Hacia el dedo índice presidencial o hacia el dedo gordo de una oposición unificada?
06 Abril 2020 04:07:00
AMLO perdió y decepcionó
Cuando el Presidente citó a Franklin Delano Roosevelt como “el mejor presidente en la historia de Estados Unidos”, invocaba al político que aplicó el modelo keynesiano para crear el Estado de Bienestar, reconfigurar la economía devastada por la Gran Depresión y golpear con la intervención estatal al liberalismo ultraortodoxo norteamericano; pero si su invocación iba encaminada a autoerigirse como el “Roosevelt mexicano” en estos tiempos de crisis, incertidumbre y recesión nacional y mundial por el coronavirus, a López Obrador le quedó muy chico su mensaje de ayer para estar a la altura del líder, que hoy no están viendo en él la mayoría de los mexicanos.

Si cuando se declaró, el pasado 30 de marzo, la “emergencia nacional” por la pandemia de Covid-19, la ausencia del Presidente en la emisión de ese mensaje sorprendió y significó la primera oportunidad perdida para rectificar su actuación errática y sus comentarios lamentables, y colocarse por fin al frente de la crisis sanitaria y social, ayer domingo, Andrés Manuel perdió una segunda y, tal vez, última oportunidad de hablarle a todos los mexicanos, para que todos lo vieran como el timonel que nos puede sacar a flote del maremágnum en el que estamos inmersos.

Del mismo tamaño del que se veía su imagen solitaria en el patio vacío del Palacio Nacional, así de minúsculo y decepcionante resultó el discurso pomposamente llamado “Informe Trimestral de Gobierno”. Cifras y más cifras, programas y apoyos sociales para describir a un país que en la retórica presidencial “va muy bien” y no tiene miedo ni temor alguno.

López Obrador perdió ayer, con su mensaje, el apoyo de un sector cuyo voto fue clave para que él ganara el poder: la clase media, a la que le negó cualquier tipo de apoyo fiscal o de estímulo y ayuda a empresas pequeñas y medianas que generan más del 75% del empleo.

En cambio, decidió apostar su resto, apenas en el segundo año de Gobierno, por su base social histórica, su clientela política más fiel y ofrecerles que para ellos sí habrá apoyos y créditos, que el Gobierno creará 2 millones de empleos.

Esos apoyos a microempresas, que son generadoras de empleo y a las que va a ayudar el Presidente con sus créditos, son en su mayoría, más del 50% de changarros que están en la economía informal, lo que nos llevaría a una “changarrización” de la economía del país, muy al estilo de la “economía social” que pregonan los teóricos e ideólogos de la 4T, pero significará la muerte de muchos otros negocios formales y de empresas pequeñas también, pero que no alcanzarán los apoyos gubernamentales.

A eso se refería el Presidente con su polémica frase de que la terrible crisis de salud y económica “nos vino como anillo el dedo”: a que su Administración ha decidido, en medio del diluvio global que se avecina, aplicar una especie de “darwinismo económico”, en el que sobrevivan los que puedan.

Al final, la paradoja terminará siendo que, quien tanto critica y detesta a los neoliberales por ortodoxos, ahora con su 4T caminando incluso por encima de los muertos, ya sean humanos o económicos, está demostrando ser mucho más ultraortodoxo al decidir no mover ni un ápice sus prioridades.

Es López Obrador salvando solo a sus más fieles, mientras al resto de los mexicanos, que son mayoría, les grita desde arriba, en un arca por cierto construida con el dinero de todos: “Sálvense solos y háganle como puedan”.

04 Abril 2020 04:03:00
Por Covid-19, preparan área de ‘Inteligencia en Salud’
Aunque en el discurso el presidente López Obrador diga que solo estamos ante una “crisis transitoria” y que los efectos de la pandemia del coronavirus le cae “como anillo al dedo” a su proyecto de transformación, la realidad es que la dimensión de los efectos negativos que tendrá la enfermedad del Covid-19 en México son aún incalculables para las propias autoridades federales, tanto en la salud de los mexicanos como en la economía nacional por la recesión en que caeremos este año, pronosticada por todas las agencias y analistas nacionales e internacionales y reconocida ya oficialmente por la misma Secretaría de Hacienda y los analistas del
Banco de México.

En el tema sanitario lo único que puede salvar al país de una catástrofe, es el cumplimiento que la sociedad haga del aislamiento social que podría reducir el número de contagios, pero tampoco va a evitar que en las próximas semanas se disparen los casos confirmados de Covid-19 y que la capacidad hospitalaria se vea comprometida, incluso con casos como los que ya comenzaron a ocurrir en hospitales regionales del IMSS, como el de Monclova, donde la falta de equipamiento, insumos y medidas de seguridad y protección para el personal médico (denunciadas en varios estados) convertirán a algunas instalaciones médicas en focos de propagación del virus.

Las muertes serán inevitables y con todo y el Ejército y su Plan DN-III (por cierto un plan específicamente diseñado para “desastres”), la demanda de hospitalización para pacientes críticos podría rebasar la capacidad de respuesta a nivel federal y en los estados.

En esos escenarios, que nadie quiere pero que están contemplados en las proyecciones federales, el Gobierno ha comenzado a tomar algunas decisiones que buscan garantizar la disponibilidad de recursos, sobre todo a partir de dos premisas: el Presidente no quiere aumentar el déficit público ni contraer más deuda (como sí lo están haciendo la mayoría de los gobiernos para enfrentar los efectos de la pandemia) y tampoco se quieren cancelar o sacrificar “por ningún motivo” los “proyectos emblemáticos” de la 4T (Aeropuerto de Santa Lucía, Refinería de Dos Bocas, Tren Maya, rescate de Pemex) y, sobre todo, los programas sociales y de apoyo directo a la población más vulnerable.

Por eso la polémica decisión de decretar la extinción de fideicomisos públicos, una figura que siempre ha sido vista con recelo y desconfianza por López Obrador y que, efectivamente fue utilizada en gobiernos anteriores como un instrumento para el desvío y ocultamiento de recursos públicos, aunque en los últimos años se han aprobado reformas legales y mecanismos que transparentan y vigilan el desempeño de esos fondos públicos utilizados en su mayoría para pagos de pensiones, ahorros como los del Fondo de Estabilización (que por cierto ya utilizó este Gobierno para inyectarle recursos a Pemex), prestaciones laborales, desastres naturales y, precisamente Gastos Catastróficos en la Salud.

¿Podría el Gobierno federal en estos momentos disponer de recursos de esos fideicomisos sin estructura orgánica? Sí, en teoría puede, pero el entramado legal y financiero como están diseñados esos fondos, hará muy complicada la disponibilidad de esos recursos, que significan cerca de 878 mil millones de pesos, según el reporte de Finanzas Públicas al cierre de 2019, sin que se afecte a trabajadores, jubilados y a algunos programas públicos importantes o sin que se enfrenten incluso recursos legales de impugnación.

Pero esa es solo una medida, que tiene que ver con los escasos recursos financieros para atender la pandemia; hay otra decisión que están tomando en el Palacio Nacional y que tiene que ver con la forma de atender y enfocar el tamaño de esta emergencia
sanitaria.

El Gobierno de López Obrador tiene lista una reforma a la estructura de la Secretaría de Salud en la que se va a desaparecer la Dirección de Epidemiología, hoy a cargo del doctor José Luis Alomía, para crear en su lugar un “Centro Nacional de Inteligencia en Salud”, algo como el equivalente al antiguo Cisen pero para emergencias y crisis sanitarias como la del Covid-19. Hasta ahí el tema suena lógico y habla del tamaño real con el que las autoridades están viendo los efectos de esta pandemia, que dista mucho de la “crisis transitoria” o el “anillo” a la medida que comenta el Presidente.

La propuesta de reforma, que surge del equipo del doctor Hugo López-Gatell, va en la línea de la gravedad que tiene este tema en el mundo y la forma en que la mayoría de los países está enfocando el problema, y estaría acorde con la intención de crear un área de “inteligencia” especializada en el tema de salud pública.
Lo que no parece encajar con esa intención es el perfil de la persona que están pensando nombrar como titular del Centro Nacional de Inteligencia en Salud. Entre científicos allegados al Gobierno de la 4T mencionan el nombre de Dwight Dyer, un consultor independiente en temas de energía y seguridad en México, con doctorado en Ciencia Política y maestría en Estudios Asiáticos por la Universidad de California de Berkeley.

Los mismos científicos que conocen el proyecto de reforma de primera mano, cuestionan por qué se nombraría en esa nueva área de inteligencia en salud a un especialista en temas energéticos, políticos y de seguridad, más que a un científico.

El currículum de Dyer confirma experiencia en el sector público y en el privado. Fue subsecretario de Hidrocarburos en la Sener de 2017 a 2018, en el sexenio de Peña Nieto, y antes, en el Gobierno calderonista, de 2009 a 2012 trabajó como director General de Análisis de Inteligencia en el Cisen. El resto de su experiencia en el sector privado fue como analista de riesgos y consultor independiente.

De concretarse la reforma a la estructura de Salud y el nombramiento mencionado en la nueva área de inteligencia sanitaria, el mensaje sería que por el tamaño y el nivel de daño que dejará la pandemia en México –como en el resto del mundo– en el Gobierno lopezobradorista, más allá del discurso falaz y demagógico que maneja el Presidente, están viendo la realidad que también ven los gobiernos del resto de los países: que el Covid-19 es una amenaza histórica no solo para la salud, sino para la seguridad nacional y la estabilidad social y política del país y del mundo.

Notas Indiscretas…
En medio de la contingencia sanitaria en el país y por razones que no están muy claras, el Gobierno federal volvió a otorgarle el 90% de los contratos de la licitación del IMSS para el servicio de laboratorios de análisis clínicos, a empresas que integran el llamado “cártel de la Sangre”, como Hemoser, Centrum Promotoria Internacional e Impromed, a pesar de que varias de ellas habían sido “rescindidas” en sus contratos en Puebla y en varios estados de la República por las delegaciones estatales del IMSS, por diversas irregularidades en el cumplimiento de sus contratos.

Según el “Acta de Fallo” de la licitación LA-050GYR988-E7-2019 de la Dirección de Administración del IMSS, fechada el 1 de abril de 2020, las empresas mencionadas, que habían sido acusadas de conformar un “cártel” en el que sus dueños confabulaban para acaparar, con prácticas de sobornos y “moches”, licitaciones públicas e inhibir la competencia en el área de los suministros para laboratorios clínicos en el sector público, se llevaron el 90% de la millonaria licitación en donde el contrato más bajo fue por 49 millones de pesos, y el más alto por mil 999 millones de pesos, todos para el abasto de insumos para laboratorios de análisis clínicos en el Seguro Social.

La decisión, que pasó desapercibida en medio de la emergencia por coronavirus, echó por tierra la idea de que la 4T iba a “limpiar de corrupción” la industria de suministros para laboratorios y, según versiones que dan algunos laboratorios afectados, tuvo que ver con “cabildeos y padrinazgos” de algunos funcionarios públicos en la Oficialía Mayor de Hacienda y la Secretaría de Salud, a través del Consejo Nacional de Salud.
Los dados mandan Serpiente. Semana difícil para todos los mexicanos. Arriba el ánimo y la unión
nacional.
02 Abril 2020 04:03:00
Ruiz Esparza, muerte e investigación
Con la muerte del exsecretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, se queda trunca una de las investigaciones de corrupción más importantes del pasado sexenio. La Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, tiene abierto un expediente en el que investigaban manejos irregulares en varias de las obras millonarias ejecutadas desde la SCT en el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que incluye desde el inconcluso Tren México-Toluca, hasta los programas carreteros federales y varios contratos públicos entregados a la empresa OHL tanto en el Estado de México como a nivel federal.

Aunque en la UIF de Hacienda se afirma que el expediente sobre la corrupción en la SCT no se agota solo en la figura del exsecretario y que podría continuar abierta la investigación sobre otros exfuncionarios involucrados, personajes cercanos al político mexiquense que falleció ayer miércoles en un hospital de la Ciudad de México, luego de ser internado esta semana por un infarto cerebral, sostienen que antes de enfermar y morir, Gerardo Ruiz Esparza ya había hecho una “cesión de bienes” notariada, que incluía sus cuentas bancarias e inversiones, a su esposa y a su hijo, Gerardo Ruiz Dosal, y que ese movimiento lo hizo precisamente al enterarse de que era investigado por las autoridades hacendarias.

Con esa maniobra legal de haber cedido y heredado en vida todos sus bienes y recursos financieros, se perdería la ruta del dinero que podía haber investigado Inteligencia Financiera, incluidos recursos que pudieron haber salido de fideicomisos públicos. Ese dinero, en teoría, quedaría “inimputable” y no podría ser reclamado por las autoridades federales aun cuando decidieran continuar la investigación, a pesar de la muerte del extitular de la SCT, y aunque la Fiscalía General de la República llegara a lograr que un juez fallara sobre los presuntos desvíos de recursos públicos.

“Ruiz Esparza -dicen las fuentes cercanas a la familia- sabía que era el siguiente en la lista de Santiago Nieto y por eso se previno cediendo todos sus bienes materiales y económicos a sus familiares, además de que con esa acción legal, pudo haber tratado de proteger también a sus dos jefes en el gobierno anterior: Luis Videgaray Caso y el expresidente Enrique Peña Nieto”.

El comentario de la fuente ilustra el nivel de cercanía que tuvo Gerardo Ruiz Esparza con el presidente Enrique Peña Nieto, quien a pesar de los escándalos y los señalamientos que proliferaron en su contra desde el sexenio pasado, nunca quiso removerlo del cargo y lo aguantó aun después del fracaso del tren México-Querétaro y de todo el costo que tuvo para el gobierno peñista el tema de la inversión china en esa obra, que estuvo detrás del golpeteo y declive político del expresidente.

Ruiz Esparza fue mucho más que un amigo de Peña Nieto. Político de la vieja guardia mexiquense, era uno de los hombres más cercanos al también fallecido Alfredo del Mazo González, de quien fue coordinador de su fallida campaña por el gobierno de la CDMX en 1997. Colaboró con varios gobernadores y, entre la clase política mexiquense, era visto como una de sus posiciones estratégicas en el Gabinete del expresidente. Su paso por la SCT tuvo precisamente la función de garantizar a los políticos y empresarios del Estado de México contratos e inversiones importantes del sexenio que fueron desde el mencionado tren México-Toluca, hasta el cancelado NAIM de Texcoco, pasando por los programas de infraestructura carretera.

Veremos si ese expediente financiero que estaba próximo a judicializarse y que fue uno de los más nutridos del sexenio peñista -atravesado transversalmente por la corrupción en todas las áreas y niveles del Gobierno federal— se cierra y se archiva con la muerte del exsecretario de Comunicaciones y Transportes y con su “cesión de bienes” anticipada, o si Santiago Nieto y la UIF, persistente como es, encuentra materia y presuntos responsables adicionales para continuar las investigaciones y pedirle a la Fiscalía General de la República que proceda penalmente.

NOTAS INDISCRETAS… Enrique Alfaro, Gobernador de Jalisco, declaró ayer que no quiere “pensar que lo que está haciendo López-Gatell es cuidar la estadística, porque sería, literal lo digo, un acto de traición a la patria”, esto ante la postura del subsecretario de Salud de negarse a realizar pruebas masivas de Covid-19 en el país. De hecho, Alfaro, que ha sido uno de los gobernadores más activos en la pandemia y de los más críticos con la estrategia del Gobierno federal, acusó ayer que la Administración General de Aduanas, que depende del SAT y de su directora de hierro, Raquel Buenrostro, siguen poniéndole trabas a la importación de un paquete de miles de pruebas rápidas que el Gobierno de Jalisco compró a una empresa que las trajo del extranjero, pero que han sido retenidas en la Aduana mexicana en la frontera con Estados Unidos. Incluso, el Gobernador tuvo que reconocer que la empresa a la que se había contratado por 20 millones de pesos, canceló la entrega de las pruebas y el contrato, ante los impedimentos que le pusieron en Aduanas para importar los insumos médicos. Por eso Alfaro sospecha que desde el Gobierno federal, y menciona directamente a López-Gatell, le quieren impedir que haga pruebas para que no exhiba las estadísticas oficiales de contagio del Covid-19. ¿Será?… Por cierto que en la primera reunión virtual que tuvieron los gobernadores del país con la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y con el canciller Marcelo Ebrard y el subsecretario López-Gatell, varios mandatarios sacaron el tema y la exigencia de que el Gobierno federal explique si les va a dar “recursos extraordinarios” para atender la emergencia sanitaria y ayudar a las empresas y negocios locales para cuidar el empleo. Dicen que a cada comentario que hacía un gobernador sobre el dinero, doña Olga, Marcelo y López-Gatell le hacían una faena digna de Manolete, es decir, las toreaban para no comprometerse a hablar de dinero extra para los estados… Otros gobernadores que se quedaron con un palmo de narices en la citada reunión virtual fueron los de Sonora, Claudia Pavlovich; de Chihuahua, Javier Corral, y de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, quienes no lograron convencer al gabinete del presidente López Obrador, de que incluyera a la minería como un sector esencial y, por lo tanto, exento de ser paralizado durante la actual contingencia. En la reunión remota, los tres mandatarios norteños expusieron las consecuencias que generará la medida para sus entidades, especialmente en los lugares en donde la única opción de trabajo es la minería. Sonora es el principal estado minero del país, con 30% de la producción nacional de ese sector, líder en la extracción de minerales como el cobre, en tanto que Chihuahua genera aproximadamente 12% del total del país, mientras que Coahuila cuenta con la principal cuenca carbonífera de México, que suministra insumos para la Comisión Federal de Electricidad. A pesar de eso y de los argumentos que dieron los tres gobernadores, al término de la reunión se determinó no considerar como esencial a la minería, y esta tendrá que paralizarse hasta el 30 de abril, lo que, sin duda, tendrá efectos negativos como desempleo, falta de pago de impuestos federales, estatales y municipales. Todo un paquete el que le dejó el Gobierno federal a los estados mineros, quienes, tienen una bomba de tiempo en sus manos… Giran los dados. Escalera.
01 Abril 2020 04:00:00
Ebrard, ¿jefe de Gabinete?; Herrera y Durazo, regañados
La decisión de que fuera Marcelo Ebrard quien saliera a hacer la declaratoria oficial de “Emergencia Sanitaria” en el país, en lugar del titular del Ejecutivo o cualquier otro miembro del Gabinete, la tomó directamente el mismo presidente López Obrador, quien designó al secretario de Relaciones Exteriores como el “único responsable de hablar y dar anuncios de la parte política” en la emergencia del coronavirus en el país. “Aquí, en mi ausencia, el que toma las decisiones políticas es Marcelo”, les dijo el Presidente el lunes por la mañana a su equipo de colaboradores.

En Palacio Nacional, durante la reunión de Gabinete que se llevó a cabo a las 6 de la mañana para tratar los temas urgentes de la pandemia del Covid-19, en sustitución de la reunión habitual del Gabinete de Seguridad, López Obrador les habló fuerte y claro a sus colaboradores más cercanos, y en medio de regaños para algunos y llamadas de atención para otros, el Mandatario definió que para hablar de las decisiones de su Gobierno, en relación a la emergencia sanitaria, solo hay dos voceros autorizados para hablar en su nombre: la parte médica la va a manejar el subsecretario Hugo López-Gatell, y en la parte política el único autorizado es Marcelo Ebrard Casaubón.

Eso explica por qué, la noche del lunes, en el anuncio oficial de la declaratoria de emergencia que se hizo en la conferencia de prensa en el mismo Palacio Nacional, al centro de la mesa estaba el canciller, mientras que a su derecha se encontraba el secretario de Salud, Jorge Alcocer, de mero adorno, y a la izquierda el subsecretario Hugo López-Gatell. Y atrás, en el fondo, aparecía la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a quien ni siquiera sentaron en la mesa, en un claro desplazamiento de la responsable de la política interior en el Gabinete.

Pero así como Marcelo Ebrard salió fortalecido de esa reunión del lunes –tanto que en los corrillos políticos se volvió a hablar del papel del canciller como “presidenciable”, “vicepresidente” o hasta “jefe de Gabinete” virtual– hubo otros secretarios de Estado a los que no les fue nada bien en ese mismo encuentro con el Presidente, que estuvo especialmente “duro” con sus colaboradores, según comentan un par de asistentes a ese encuentro.

Por ejemplo, cuando Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana presentó sus estadísticas más recientes y confirmó un “repunte” en los índices delictivos por el crecimiento de delitos graves en el mes de marzo, como los homicidios dolosos, el Presidente se encendió y le reprochó molesto al sonorense: “Se los dije, que sus cifras anteriores no marcaban tendencia”, comentó en relación al último reporte que Durazo presentó en la conferencia mañanera del pasado 23 de marzo cuando presumió una “baja marginal” en los homicidios dolosos en febrero de este año, cuando reportó 2 mil 766 homicidios en el país, contra los 2 mil 819 registrados en enero. Esa diferencia de 53 homicidios presumida por Durazo le valió el reclamo presidencial.

“Las muertes por coronavirus no podremos hacer nada para evitarlas, eso es algo de la naturaleza, pero esas otras muertes (las de la violencia y la inseguridad en el país) sí las podemos evitar”, recriminó el Presidente a su secretario de Seguridad, a quien le dijo que “no se debe abandonar la estrategia de seguridad” y les exigió reforzar las políticas de seguridad en todo el territorio para abatir los índices de homicidios violentos.

Cuando llegó el momento de revisar las compras de insumos médicos y medicinas para la emergencia del coronavirus, el regaño fue para el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. A la pregunta del Presidente de si ya habían adquirido todas las medicinas y los equipos urgentes, como ventiladores, para atender a los enfermos del Covid-19, Herrera respondió que no, que habían surgido “complicaciones administrativas” porque en otros países no aceptaban las facturas mexicanas, por lo que no se habían realizado todas las compras necesarias y solicitadas por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud.

Cuando salieron de esa reunión el lunes pasado, en la que el Presidente, como siempre lo hace, sentó a su derecha a Julio Scherer y a su izquierda a Lázaro Cárdenas Batel, a varios les quedó la sensación de dos cosas: que el Presidente estaba irritable y presionado por toda la situación que enfrenta su Gobierno –entre coronavirus, crisis económica, caída petrolera y el peso vapuleado– y que en el juego de fuerzas y posiciones del Gabinete, la actual emergencia sanitaria y el cambio de escenarios políticos, electorales y sociales que traerá, fortalecen a algunos como Marcelo y debilitan a otros que salieron desplazados, regañados y vapuleados.


Notas Indiscretas…

La enorme difusión y la crítica nacional e internacional que generó el video del saludo del Presidente a la señora María del Consuelo Loera, madre del “Chapo” Guzmán, cayó muy mal en el ánimo del Presidente y en su primer círculo.

Aunque López Obrador explica que fue un “saludo casual” y que a él le avisaron que la señora había ido a encontrarlo en un punto del nuevo camino que iba a supervisar en su gira por Badiraguato, en el análisis interno de la Presidencia hay la idea de que “pudo ser una trampa” la que le pusieron al Mandatario.

Primero porque alguien debió avisarle a la señora Loera o a sus abogados que la acompañaban, el punto exacto donde se iba a detener el Presidente, luego porque, cuando él acepta ir a saludarla en un gesto de “humanidad” –según su propia explicación— hay personas que lo graban desde que se enfila hasta la camioneta, cuando le da la mano y hasta cuando camina de regreso a su vehículo y lo aborda, con excesiva confianza tocándole el hombro y jalándolo del brazo, el abogado defensor del “Chapo”, José Luis Meza.

Lo que más extraña y que incluso se ha pedido investigar desde Palacio Nacional es quién y con qué intención filtraron ese video a los medios y a las redes sociales, pues se tiene la presunción de que todo pudo haber sido planeado para golpear al Presidente ¿Será?... Se baten los dados. Capicúa. Repetimos el tiro.

31 Marzo 2020 04:07:00
AMLO y el cártel de Sinaloa, ¿humanidad o debilidad?
El Presidente implacable contra la corrupción, el que no ha tenido miedo de enfrentar todos los intereses y a los políticos del viejo sistema prianista, el que no soporta a los “delincuentes de cuello blanco” y enfrentó a la mafia del huachicol dentro y fuera de Pemex, el que no le teme ni siquiera al coronavirus y lucha todos los días con las resistencias y las conspiraciones de sus adversarios -los “conservadores”- que quieren que le vaya mal a su Gobierno, solo se ha doblegado y enternecido ante dos apellidos que parecen producirle debilidad muy especial: Guzmán Loera.

Primero fue el contacto con la madre de Joaquín Guzmán Loera, vía epistolar en febrero de 2019. En la primera de tres cartas que le ha enviado, María del Consuelo Loera le pedía ayuda para algo que, López Obrador debió saber, era imposible: la repatriación de su hijo de Estados Unidos. Luego otra carta de la nonagenaria en julio del mismo año y la designación de sus dos abogados, José Luis Meza y Juan Pablo Badillo -los que defendieron al Chapo- para que fueran apoyados por oficinas federales para conseguir su objetivo, además de tramitarle una “visa humanitaria” a la madre del Chapo. Finalmente fue la carta de ayer, 29 de marzo, donde le informa del fracaso de las negociaciones y le insiste que la ayude para ver a su hijo que “tengo más de 5 años sin verlo”.

La segunda vez que ayudó, directa o indirectamente a la familia del Chapo fue en octubre de 2019, con la cuestionada liberación de Ovidio Guzmán López, estando ya detenido por soldados de élite del Ejército Mexicano.

Curiosamente en ambas ocasiones, ante los fuertes cuestionamientos que ha desatado dentro y fuera de México, el Presidente ha invocado las mismas razones para justificar su actuación, que de un modo u otro beneficia a la familia de Guzmán Loera: “fue por razones humanitarias”, ha dicho López Obrador.

El argumento de “humanidad” que invoca López Obrador para apoyar y ayudar de la manera en que lo ha hecho a la señora Loera puede entenderse, pero no alcanza para explicar por qué a ella sí, el Presidente la ayuda, la saluda de mano y le ofrece todo el apoyo de su Gobierno para ayudarla a que vea a su hijo —por cierto uno de los delincuentes más violentos y sanguinarios que ha habido en México— y por qué no a todas las madres de hijos encarcelados, asesinados o desaparecidos.

Por lo pronto, mientras no haya explicaciones más convincentes sobre la actitud presidencial, solo queda concluir que, además de trasnacional, el cártel de Sinaloa ha resultado “transpartidista y transideológico”, pues no solo nació, creció y se consolidó en el régimen del PRI, para después volverse en los dos sexenios del PAN la organización de narcotráfico más poderosa del mundo y El Chapo Guzmán el capo más buscado, sino que ahora en tiempos de la 4T al parecer sigue contando, al menos con el buen ánimo y la “humanidad” del presidente López Obrador. Ahora sí, que parafraseando al clásico que alguna vez citó lo de su plumaje que no se mancha, el cártel sinaloense transitó del neoliberalismo a la 4T sin perder una sola pluma.
30 Marzo 2020 04:03:00
México en la hora cero: #QuédateEnCasa
Lo dicen las autoridades y lo confirman las experiencias en varios países: hemos llegado al momento en el que el aislamiento social, y su cumplimiento estricto por parte de las familias y los ciudadanos, es la última oportunidad que nos queda de evitar que México y los mexicanos vivamos una catástrofe sanitaria, humana y médica por
el coronavirus.
El golpe de la pandemia, en contagios, víctimas y daños económicos, ya no lo podemos evitar, pero sí está en nuestras manos hacer que ese golpe no sea tan duro, reduciendo el número de casos de contagio y salvando así a nuestro sistema de salud del colapso.
El tono de alarma, casi angustiado, con el que el subsecretario Hugo López-Gatell repitió el sábado, hasta en tres ocasiones, que nos quedemos en casa, ilustra el momento clave que vivimos. Lo que el encargado nacional de la estrategia contra el coronavirus quería transmitir es que si no entendemos y no colaboramos como sociedad podríamos caer en una crisis de salud que rebase las capacidades humanas, hospitalarias y de recursos. Algo como lo que le pasó a Italia y España, pero multiplicado por tres por el tamaño
de nuestro país.

La analogía parece absurda, pero para entender lo que López-Gatell quiso decir en su mensaje, estamos en esa escena que siempre se repite en cualquier película de terror cuando la joven que huye despavorida del monstruo o del asesino serial y se encuentra con una bifurcación del camino. En el cine de horror la joven siempre tomará el camino donde le espera el asesino-monstruo que encarna todos sus miedos e irremediablemente morirá.

La pregunta es ¿qué haremos los mexicanos ante esa disyuntiva? ¿Iremos por el camino donde nos espera lo peor o tomaremos el camino que nos puede salvar no de la crisis, pero sí del colapso? Lo dijo también el mismo López-Gatell: hoy podemos aminorar el tamaño de la pandemia mundial en México, pero no evitaremos sus estragos.
Conforme las medidas de aislamiento social y parálisis de la actividad económica continúen, en este momento al menos por un mes más, aunque las autoridades dicen que esta epidemia en el país puede durar hasta siete meses, serán cada vez más los sectores de la producción, del comercio y los servicios los que se verán afectados y más mexicanos los que pierdan su empleo.

Después de un sismo, un huracán o una pandemia como la que vivimos, la experiencia nos dice que es previsible esperar escenarios sociales complicados. La misma Ciudad de México ha vivido ya ese tipo de experiencias con los sismos de 1985 y de 2017, cuando esos desastres provocaron conflictos sociales y de seguridad. Y ahora esta ciudad volverá seguramente a ser el epicentro de la pandemia en su punto más complicado.

Se van a necesitar autoridades muy fuertes y decididas a tomar acciones necesarias para controlar el orden y la estabilidad social. E incluso, en algún escenario extremo, podría ser necesario declarar un estado de excepción en algunas partes del país. El único que tiene facultades legales y constitucionales para decretar el Estado de Excepción con el apoyo de la Guardia Nacional, es el Presidente de la República. ¿Lo haría?

Nadie quiere pensar en escenarios tan difíciles y cualquier político lo pensaría dos veces antes de tomar una medida tan extrema, sobre todo si lo que más le preocupa es su popularidad y aprobación. El viernes pasado fue ubicado por varios encuestadores que miden la aprobación presidencial como el “punto de inflexión” en la popularidad y la aprobación del Presidente, que ya rompió el piso sicológico de 50% de aprobación; y bajando de esa cifra se rompe un límite en el que ya la desaprobación es mayor que la aprobación.

Hoy más que nunca necesitamos un Presidente fuerte, sano y que esté dispuesto a ejercer su autoridad, primero en esta emergencia, para salvar la vida del mayor número de mexicanos posible, y después, en lo que venga, utilizando todos los instrumentos y las facultades que le da la Constitución.

28 Marzo 2020 04:02:00
En medio de la emergencia por Covid, ¿jaloneo por recursos?
Aunque no cuadran las cuentas y los que saben de temas presupuestales ponen en duda la cifra, el anuncio del presidente López Obrador de que su Gobierno tiene listo un fondo extraordinario de 400 mil millones de pesos para combatir la pandemia del coronavirus en México, desató no solo especulaciones por saber de dónde surge ese supuesto fondo y si es real tal disponibilidad de recursos, sino también ambiciones y exigencias de los gobernadores estatales que han comenzado a presionar con que si es real que la Federación tiene esos recursos para la emergencia sanitaria, entonces debe repartir también a las entidades del país.

El Presidente anunció el 24 de marzo pasado en su conferencia mañanera, que gracias a los ahorros y a que ya no hay corrupción en su Gobierno, se tienen “fondos extras para usar de alrededor de 400 mil millones de pesos” y dijo que con ellos garantiza que se mantendrán los programas de bienestar en su Administración.

“Además del presupuesto, porque la recaudación ha sido buena, tenemos una recaudación 7% superior a la del año pasado, con como 45 mil millones de pesos; tenemos el presupuesto sin déficit y 400 mil millones de pesos adicionales. Esto nos permite tener recursos para enfrentar la caída de los precios del petróleo, para que continúe la construcción del aeropuerto, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya…”, aseguró el Mandatario.

Nadie sabe exactamente dónde están esos recursos que mencionó el Presidente, porque no aparecen ni en la Ley de Ingresos ni en el Presupuesto de este año, ni siquiera en el apartado de extraordinarios, y algunos han especulado si no se trata de lo que queda del Fondo de Estabilidad que le heredó el Gobierno de Peña Nieto, aunque a ese fondo le quedaban solamente 160 mil millones de pesos después de que se destinara la mayor parte al fallido rescate de Pemex.

Pero por lo pronto, la abultada cifra del supuesto Fondo Extraordinario ya llamó la atención de los gobiernos estatales, sobre todo cuando el país se enfila hacia una recesión económica por los efectos de la pandemia del coronavirus.

Piden gobernadores ‘reunión urgente’

En ese sentido va el llamado que este viernes hicieron los tres gobernadores que conforman la llamada “Alianza del Noreste”: el panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; el priista de Coahuila, Miguel Riquelme, y el independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, quienes pidieron una reunión inmediata (con el presidente López Obrador) “para coordinar acciones y evaluar recursos médicos, técnicos y financieros” y para que haya mayor consenso en la toma de decisiones conjuntas entre Federación y estados.

En su segunda reunión desde que se erigieron el 19 de marzo pasado como Coordinación Interestatal Noreste en contra del Covid-19, los tres mandatarios estatales se encontraron este viernes en Saltillo y desde ahí lanzaron una petición para que el Presidente tome “acciones urgentes” en la frontera norte con Estados Unidos e incluso propusieron cerrar la entrada a México a viajeros procedentes del país vecino y solo permitir el comercio, ante el agravamiento de los casos en territorio estadunidense.

Los tres gobernadores coincidieron en la necesidad de que López Obrador llame a una reunión con los estados para tomar medidas conjuntas para el “rescate económico” de los distintos sectores que se verán afectados por la crisis que traerá el coronavirus, sobre todo en el Norte del país.

Se deben establecer, dijeron los mandatarios locales, espacios económicos de acuerdo a las necesidades de cada estado en esta contingencia sanitaria.

“Que nos convoque, es importante que hagamos una política todos juntos”, pidió el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, quien reconoció que los estados no pueden ordenar el cierre de la frontera con EU, pero sí pueden pedírselo y acordar con el Presidente que tome medidas como restringir el paso a visitantes de EU o incluso limitar los vuelos y los viajes internacionales.


‘No habrá más recursos’

Pero la intención de los gobernadores estatales de solicitar una reunión urgente con el Presidente, fue leída rápidamente en Palacio Nacional como un intento de presionar a López Obrador a que les aumente los recursos a los estados con motivo de la emergencia por el coronavirus.

De entrada, la posición del Gobierno central es que “no habrá recursos extraordinarios para los estados” y este viernes mismo un funcionario de la Presidencia comentó a esta columna, a pregunta expresa de si se va a compartir con las entidades federativas el fondo extraordinario de 400 mil millones de pesos: “Que se compren un cinturón más pequeño (los estados) porque van a tener que apretarse, ya que no habrá más recursos federales”.

Según ese mismo funcionario, que pidió omitir su nombre, precisamente por la contingencia del Covid-19, la Secretaría de Hacienda ya les adelantó a los gobiernos estatales sus partidas federales para salud y les entregó por anticipado lo que corresponde hasta el mes de junio de este año, a fin de que tengan recursos suficientes para atender la emergencia sanitaria en sus estados.

“Más de eso no va a haber y si quieren ver al Presidente para pedirle más recursos, van a perder el tiempo porque les dirá que ya se les entregó incluso por anticipado lo que les corresponde por ley”, insistió la fuente presidencial.



En fin que, a reserva de que sean reales los 400 mil millones de pesos que el Presidente dice tener listos y “en caja” para sortear la tremenda crisis económica que se viene en el país, y cuyos pronósticos de contracción y crecimiento negativo van del -2% del PIB hasta el -7%, veremos si ese fondo alcanza para salir bien librados de la que sería la peor recesión en la historia reciente de nuestro país, mayor incluso que la de 1995 y la de 2009, y solo por debajo de la que tuvimos en 1930.

¿Será que si existe esa cantidad de dinero el Gobierno federal se la queda toda y no comparte nada a los apurados estados?

Los dados mandan Escalera doble. Fortaleza, paciencia, tolerancia y unión para los lectores y sus familias en estos días aciagos.



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