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Vicente Bello
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18 Abril 2019 04:00:00
Ley para combatir la corrupción y la mala leche
El Senado de la República aprobó el jueves 11 una ley de contenido totalmente inusual en México: La Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, con la que se busca alentar el valor de la honestidad en la población. Se premiará a quienes sean honestos, y se promoverá la buena fe, al mismo tiempo que se censurará y castigará el engaño, el oportunismo o sea la mala leche. Con esta nueva norma, por ejemplo, desaparecerán los inspectores en todo el país.

He aquí partes medulares de la presentación del dictamen, en voz de la senadora Ana Rivera, en representación de las tres comisiones dictaminadoras: “La iniciativa de ley en materia de dictamen tiene como finalidad establecer las bases e instrumentos legales para generar un nuevo paradigma de gobierno basado en la confianza ciudadana, en donde se presume la buena fe y se reconozca a quienes cumplen con sus obligaciones regulatorias y fiscales de forma espontánea a través de la recepción de beneficios y facilidades administrativas para que puedan ejercer de manera óptima sus actividades económicas y con menos trámites administrativos”.

Su objetivo es fomentar la confianza ciudadana otorgando beneficios y facilidades administrativas relacionadas con la actividad económica que desempeñan las personas físicas y morales, para lo cual se establecerá un padrón único de fomento a la confianza ciudadana que formará parte del catálogo nacional de regulaciones, trámites y servicios al que se refiere la Ley General de Mejora Regulatoria.

La operatividad de la ley será responsabilidad de la Secretaría de Economía a través de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la cual se coordinará con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para suspender las actividades de vigilancia, inspección o verificación que efectúen personas inspectoras, verificadoras, inspectoras, ejecutoras y cualquier figura análoga adscrita a aquellas, únicamente respecto de aquellas personas inscritas en el padrón único de fomento a la confianza ciudadana.

Pero tampoco los beneficios y facilidades a las que se hace referencia no son incondicionales ni absolutos, pues el segundo párrafo del artículo 1º de la Ley señala con precisión que sus disposiciones no serán aplicables tratándose de las materias fiscal y aduanera, mientras que el artículo 5º precisa como requisito para ingresar al padrón, que el solicitante se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y fiscales.

El ingreso al Padrón Único de fomento a la confianza ciudadana no puede ni debe entenderse como un medio de inmunidad para evadir responsabilidades fiscales y regulatorias, pues su cumplimiento y requisito sine qua non para el ingreso al padrón, además de que en caso de que las personas que ya se encuentran inscritas no se les exceptuará de las actividades de vigilancia, inspección o verificación del estado, cuando estas tengan por objeto resguardar la seguridad de la población, constatar que cuenten con medidas de protección civil, las que tengan como fin proteger los intereses del consumidor y las relativas al sector financiero.

En suma, la ley es muy clara en precisar que las personas que integran el padrón serán susceptibles de ser denunciadas e investigadas por irregularidades en sus obligaciones fiscales y regulatorias en cuyo caso se suspenderá provisionalmente su registro en el Padrón Único.

El Pvem en voz de Rogelio Zamora: “Sin duda este nuevo instrumento legal marca un punto de inflexión en la evolución de las leyes y del propio sistema jurídico mexicano porque deja de lado el carácter punitivo y sancionador que normalmente han tenido nuestras leyes para iniciar una nueva relación entre los órganos que ejercen el poder público y la ciudadanía, basadas en principios éticos como la confianza que es un requisito sine qua non para las buenas relaciones entre las personas”.

La creación del Padrón Único de Fomento a la confianza ciudadana, que se va a implementar con esta iniciativa, busca ser una base de datos voluntaria de ciudadanos que están siendo beneficiados por programas sociales y que constatan que sus impuestos están siendo retribuidos y utilizados de manera correcta.

Vemos con buenos ojos también la participación de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en este nuevo andamiaje jurídico que tendrá atribuciones para lo siguiente.

Primero. Para fomentar la cultura de la legalidad.

Segundo. Promover los convenios de coordinación entre diversas autoridades de todas las entidades federativas, así como de la Ciudad de México para brindar facilidades administrativas a los ciudadanos que tienen o ejercen el comercio, también para generar un entorno de confianza entre las personas físicas y morales que realizan actividades, como decía, comerciales con la administración pública.

Alejandra León, del PT, dijo: “Todos los aquí presentes sabemos que la sociedad está cansada de la corrupción y que la democracia, así como el crecimiento económico de nuestro país, depende de la transparencia”.

La corrupción tiene un inmenso costo social y económico para México. No puede ser posible que el Foro Económico Mundial lo estime en un 2 por ciento del PIB, que el Banco de México, así como el Banco Mundial, en un 9 por ciento y el Centro de Estudios Económicos del sector privado en un 10 por ciento.

El reporte de competitividad del Foro Económico Mundial señala a la corrupción como el principal inhibidor de la inversión en México.

“Es necesario propiciar un cambio de paradigma, es fundamental renovar la confianza de las y los ciudadanos en las instituciones, situación que solo será posible si se fomenta una cultura de la legalidad como eje rector del desarrollo económico”.

Comenzaban. (Continuará)
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