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Ricardo Torres
Ricardo Torres
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14 Septiembre 2018 04:00:00
La independencia de los saltillenses
En vísperas de las fiestas patrias, en las cuales se conmemoran las acciones que pusieron fin a los abusos de los españoles; el presidente del Senado, Martí Batres, el jueves pasado, presentó una iniciativa de reforma constitucional, para prohibir de manera absoluta la privatización del agua en México en cualquiera de sus modalidades. La gestión del agua debe ser pública y sin fines de lucro, señaló el senador en su iniciativa.

Esta iniciativa tiene como principal propósito: prohibir a los estados y municipios celebrar contratos con particulares, otorgar concesiones totales o parciales a estos mismos, para que puedan operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica y la prestación de los servicios asociados al agua.

De igual forma, impide otorgar concesiones o contratos a empresas de la iniciativa privada, para proyectar, construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica, o para prestar los servicios asociados a ésta y mucho menos permitir a particulares inmiscuirse en la administración y comercialización del agua potable, es decir, con esta iniciativa se busca evitar toda forma de privatización de la gestión del agua.

De aprobarse la citada propuesta, los saltillenses estaremos en reales posibilidades de recuperar el agua que de manera furtiva entregaron a la empresa Aguas de Barcelona en agosto del 2001, los priistas Óscar Pimentel González, quien se desempeñaba como alcalde de Saltillo, y Enrique Martínez y Martínez, mismo que ocupaba el cargo de gobernador del Estado.

En aquel tiempo, y valiéndose de una serie de argucias y mentiras, el cabildo de Saltillo aprobó la semiprivatización del agua de los saltillenses a favor de la empresa Agbar, permitiéndole adquirir el 49% de las acciones del sistema municipal de agua, llamado en aquel tiempo Simas, en la ínfima cantidad de 8 millones de dólares, lo anterior, a pesar de que el valor de la infraestructura de dicha empresa, según los mismo libros contables, se elevaba a la cifra de 45 millones de dólares aproximadamente.

Cabe mencionar que precisamente el valor de la empresa que se remataba, había aumentado en los dos últimos años anteriores a su venta, esto gracias a que los gobiernos estatal y municipal y la Comisión Nacional del Agua invirtieron en ella una cantidad muy superior a la que los españoles desembolsaron para comprar casi la mitad de las acciones.

Así pues, y por si lo anterior fuese poco extraño, ya una vez en funciones, el municipio de Saltillo otorgó a la empresa accionista minoritaria el control total administrativo y técnico del organismo, permitiéndole hacer de la necesidad del recurso natural un gran negocio.

Desde entonces, y gracias a estos políticos, los saltillenses sufrimos las de Caín lidiando día a día con los abusos y mentiras por parte de la empresa española, la cual no se tienta el corazón al aplicar aumentos constantes a las tarifas de agua y drenaje, y mucho menos para cobrar altos costos por conexión y reconexión a este servicio, el cual para muchas familias es inalcanzable.

Así pues, con esta reforma, el fin de la empresa Agsal se antoja cercano, y con él 17 años de abusos y violaciones constantes a nuestro derecho constitucional de libre acceso al agua. O lo que es lo mismo: ¿quién empieza el grito?
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