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Raymundo Riva Palacio
Raymundo Riva Palacio
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18 Junio 2018 04:07:00
Votó Rico McPato
Siempre se mete uno en problemas cuando hace cosas buenas que parecen malas. Pero se pone peor cuando uno hace cosas que piensa buenas para todos porque lo son para uno, sin decirle al resto lo que piensa hacer. Esto es lo que le sucedió a Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis y presidente del Consejo Mexicano de Negocios, que tiene ascendencia e influencia sobre el 29% del Producto Interno Bruto. Sus manejos sibilinos a favor de Ricardo Anaya en la lucha por la Presidencia, sin consensuar con la mayoría de sus pares en ese grupo selecto, le estalló, como se pudo apreciar en la prensa política desde el jueves pasado, donde lo señalaron de manipulador de encuestas para favorecer a quien, no sólo de corazón, sino de convicción militante, está ayudando.

Ramírez ha estado engañando a muchos con un doble juego. La primera señal de que el exitoso empresario tenía una agenda oculta para la mayoría de sus pares, fue la publicación de un desplegado en varios periódicos de la Ciudad de México el 3 de mayo titulado Así No, en el cual respondía los calificativos de López Obrador contra cinco miembros del Consejo que acusó de hacer campaña en su contra. El Consejo condenó las palabras de López Obrador y dijo que era preocupante que denostara a quienes no compartían sus ideas. Varios miembros del Consejo se enteraron del manifiesto cuando lo vieron publicado, porque nunca les pidieron su autorización para suscribirlo.

López Obrador no se amilanó. “Para ser claro”, añadió como réplica al desplegado, “no quieren dejar de robar y no quieren perder el privilegio de mandar. No es sólo hacer negocio, sino se sienten los dueños de México. Tienen confiscadas las instituciones, tienen secuestrado al Gobierno”. La iniciativa de Ramírez agudizó el encono a niveles inéditos, y provocó que 10 días después se reuniera Ramírez con Alfonso Romo, coordinador de Estrategia de la campaña de López Obrador y enlace con los empresarios, para despresurizar el conflicto, que comenzó a desactivarse días antes, durante una comida del jefe de Cinépolis con Gerardo Esquivel, el asesor externo económico del candidato, con quien coincidió en los 90 en Harvard, cuando ambos estudiaban en aquella universidad.

Las garantías de que el consejo no apostaba por ningún candidato y trabajaría con quien resultara electo presidente, siempre fueron mentiras de Ramírez, quien llevaba meses apoyando discretamente de Anaya. Amigo cercano al expresidente Felipe Calderón, luchó para evitar que Margarita Zavala dejara el PAN, y le pidió al presidente Enrique Peña Nieto que declinara su candidato José Antonio Meade a favor de Anaya. Cuando los líderes de la coalición anayista presentaron una queja en la Organización de Estados Americanos en marzo por el uso faccioso de la PGR en contra de él, Ramírez también viajó a Washington para cabildear en los tanques de pensamiento de esa capital contra el Gobierno peñista por el manejo político de la justicia en detrimento de su candidato. El doble juego que mantuvo durante meses, llegó a su fin la semana pasada.

La columna Bajo Reserva en El Universal reveló el jueves que Ramírez escondió a los miembros del Consejo una encuesta donde Anaya estaba en tercer lugar, para impulsar entre sus miembros de la Coparmex, donde aparecía en segundo lugar. La columna no dio mayores detalles, pero esa encuesta fue elaborada por la empresa de Gabriela de la Riva, a quien desde el año pasado le comisionó el Consejo estudios de preferencia electoral, para tomar mejores decisiones para sus apoyos y financiamientos. La primera encuesta fue en noviembre, donde López Obrador tenía 30% de preferencia de voto, seguido de Anaya con 24% y Meade con 20. La siguiente fue entregada el 18 de enero, donde López Obrador y Anaya mostraban un incremento en las preferencias de 2%, mientras que Meade estaba estancado en 20.

La encuesta que ya no distribuyó Ramírez la entregó De la Riva el 5 de junio pasado, donde López Obrador aparecía con 44% de la preferencia electoral, mostrando una estabilidad desde abril, pero con cambios significativos en el segundo lugar. Anaya apareció en la encuesta a mil 516 personas –como todas las anteriores que había hecho–, con 20% de preferencia electoral, que significó una caída de 4% con respecto a la anterior medición del 15 de mayo, mientras que Meade aparecía con 24% de preferencia electoral, que representó un incremento de cinco puntos porcentuales con respecto a los datos de un mes antes. De la misma manera, el número de indecisos se redujo a 8%, casi la mitad de lo registrado previamente.

La forma como empezó a trascender en los medios la molestia en el equipo de Meade por el ocultamiento de la encuesta de De la Riva, se entiende por la necesidad que tienen de posicionar al candidato oficial en el segundo lugar y que de esta forma se pueda construir, en estas dos últimas semanas cruciales de campaña, la opción del voto útil. La manipulación que hizo Ramírez al proporcionar a los miembros del consejo otra encuesta, no la que habían revisado y utilizado por meses, no fue sólo por el resultado de una preferencia coyuntural por Anaya, o la lectura de que él iba en segundo lugar.

Ramírez está jugando política a espaldas de los miembros –o la mayoría de ellos– del Consejo Mexicano de Negocios a favor de Anaya. Hizo cosas buenas, para él, que no sólo parecen malas, sino terribles, al intentar desinformar a quienes jamás debía haber engañado, sus pares.
15 Junio 2018 04:07:00
La otra cara de Andrés
Debajo de la propuesta de amor y paz de Andrés Manuel López Obrador, con la cual ha ido administrando inteligentemente su ventaja en las preferencias electorales, se encuentra Andrés Manuel López Obrador. Es la otra cara del luchador social que auténticamente sueña con un país donde haya menos desigualdad, que la riqueza se reparta mejor y que haya un futuro mejor para los mexicanos. Es el rostro del político hábil y evasivo, que antepone su posición moral ante cualquier cuestionamiento, con lo cual ha sorteado sin mayor dificultad, ante la falta de memoria colectiva, la opacidad y falta de transparencia, que son herramientas indispensables para la rendición de cuentas en una sociedad organizada democráticamente, que lo han acompañado a lo largo de su vida pública. Sorpresivamente, Ricardo Anaya y José Antonio Meade, agudizaron sus contradicciones con dos revelaciones durante el último debate presidencial. Meade era cuestionado por Anaya por su presunta omisión en el caso de un contrato de una planta petroquímica entregado a la empresa brasileña Braskem, filial de Odebrecht, que corrompió a funcionarios en 11 países, y a su socia estratégica mexicana Idesa, cuando respondió que la pregunta tendría que ser para López Obrador, porque Javier Jiménez Espriú, a quien piensa nombrar secretario de Comunicaciones y Transportes de llegar a la Presidencia, tenía vinculaciones con esa compañía. López Obrador no lo defendió y dejó que él mismo se encargara de ello. El jueves, en una entrevista de radio, respondió indirectamente a este espacio donde se señaló que eso implicaría un conflicto de interés, que eso era falso.

Técnicamente, tiene razón, por la sencilla razón que no es funcionario público, por lo que sin importar si sabía o no de las corruptelas de Braskem como miembro del Consejo de Administración de Idesa –y tener acceso al proceso de licitación de la petroquímica y los detalles de sus negociaciones con Pemex–, sus decisiones no tuvieron incidencia real sobre la sociedad. Pero políticamente, se encuentra en el terreno del conflicto de interés, porque al estar reuniéndose en nombre de López Obrador con transportistas o autoridades portuarias, por citar dos áreas donde Idesa cruza transversalmente sus negocios, al mantener su silla en el Consejo de Administración de la empresa familiar, abre la puerta a la percepción que sus acciones y decisiones sean motivadas por intereses ulteriores. Los conflictos de interés rara vez incurren en ilegalidades, pero están permeados por la ilegitimidad. Si Jiménez Espriú llegara a ser secretario de Comunicaciones y Transportes sin renunciar a Idesa y vender, si tiene, sus acciones en la empresa, el conflicto de interés en el que incurriría sería análogo al que cometió el presidente Enrique Peña Nieto con su “casa blanca”. Peña Nieto nunca comprendió que aquello era un conflicto de interés, que detonó la espiral de desaprobación a su gestión que galvanizó la ira en su contra. López Obrador, a quien le importa muy poco el tema de la ética en el servicio público, ha guardado silencio. No así en otro tema similar, planteado por Anaya, con el constructor José María Rioboó, su asesor en temas de infraestructura, a quien cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México le dio obra pública mediante adjudicaciones directas. López Obrador dijo que no había nada irregular en las adjudicaciones y que fueron auditadas. En efecto, su Gobierno las entregó y su Gobierno las auditó. La entonces secretaria del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaun, garantizó la pulcritud del proceso, pero, igualmente, ordenó que el proceso de adjudicación de la obra se reservara por 25 años. Es decir, nadie podía revisar lo que se había hecho en una obra pública que, por definición, debería de ser lo más transparente posible porque precisamente en ese sector es donde las posibilidades de corrupción se potencian. En la defensa de su amigo Rioboó, López Obrador trazó una comparación interesante. Recordó que el nuevo hangar presidencial también se dio mediante una adjudicación directa a un amigo de Peña Nieto, el empresario Juan Armando Hinojosa. Esa obra fue por alrededor de 210 millones de pesos, cuyo costo fue revisado por la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, el Gobierno no escondió el valor de esa obra –cuyos detalles fueron libremente cuestionados por los medios de comunicación–, contra la construcción del segundo piso señalada por Anaya, que costó 187 millones de pesos, pero manejada con un criterio de seguridad nacional. Lo mismo hizo Sheinbaum, como delegada en Tlalpan, de los permisos de ampliación del colegio Enrique Rébsamen, que se colapsó por los sismos del año pasado.

Como en el caso de Jiménez Espriú, el de Rioboó tampoco significa que haya ilegalidades, pero refleja un patrón de comportamiento político de discrecionalidad y doble rasero. La exigencia de ética política y honestidad en los demás; opacidad sin controles externos en casa. Esta doble cara atenta contra la consolidación de un sistema de rendición de cuentas y equilibrios, que han venido trabajando por años personas y organizaciones de la sociedad civil, algunas, por cierto, que trabajan con López Obrador y Sheinbaum. 

Un sistema de pesos y contrapesos no está en el ánimo de López Obrador, como lo reveló en una entrevista de radio ayer Jiménez Espriú, quien dijo que le comentó que no se preocupara, que “ya no saben qué inventar para atacarlo”. No acepta que en un sistema democrático, la transparencia ayuda a evitar abusos del poder y reduce la impunidad. Si llega López Obrador a la Presidencia, dados sus antecedentes, habrá que estar atentos para que no frene la consolidación de la democracia en México.

Nota: En la columna anterior, se mencionó que José Antonio Meade era secretario de Hacienda en 2011. En efecto, pero cuando presidió el Consejo de Administración de Pemex era secretario de Energía, cargo que ostentó del 7 de enero al 9 de noviembre de ese año.
14 Junio 2018 04:09:00
Las tribulaciones de Jiménez Espriú
Quienes conocen a Andrés Manuel López Obrador notaron su sorpresa cuando en el tercer debate presidencial, José Antonio Meade afirmó que la familia de Javier Jiménez Espriú, designado como eventual secretario de Comunicaciones y Transportes, es socia de una empresa vinculada con la constructora brasileña Odebrecht, que repartió sobornos por años en México. López Obrador se fue ligeramente para atrás y levantó las cejas. Se recompuso rápidamente y sonrió, pero el golpe estaba dado. Jiménez Espriú dijo inmediatamente que era una mentira, pero ayer admitió la relación de su familia, como se había dicho, con una empresa asociada con una filial de Odebrecht, que también formó parte del esquema de corrupción trasnacional del conglomerado.

López Obrador conoció a Jiménez Espriú cuando estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM a principio de los 70. Era secretario general administrativo en la rectoría de Guillermo Soberón, y desde su oficina manejaba a los porros que le ayudaban a la gobernabilidad en el campus universitario. Luego fue director de la Facultad de Ingeniería –donde lo recuerdan como uno de los mejores que hayan encabezado la escuela–, y a principio de los 80 luchó sin éxito con Octavio Rivero Serrano por suceder a Soberón.Tras esa derrota, Jiménez Espriú pasó al ostracismo en la vida pública, y en 2005, cuando López Obrador preparaba su primera campaña presidencial, lo incorporó en su equipo. Cuando Meade vinculó a su familia con una empresa asociada con Odebrecht, quienes conocen a López Obrador observaron que acusó el golpe por la sorpresa.

La corrupción de la constructora brasileña ha provocado la captura y detención de presidentes y políticos en varios países latinoamericanos, pero en México y Venezuela, los casos de soborno han corrido en cámara lenta, lo que ha llevado denuncias de impunidad en el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.Uno de los funcionarios que han sido señalados como parte del entramado de corrupción es Meade, a partir del hecho que como secretario de Hacienda y presidente del Consejo de Administración de Pemex, avaló en 2011 el contrato de suministro de etano el año anterior entre Pemex Gas y Petroquímica Básica, con la empresa brasileño mexicana Braskem Idesa, para construir la planta Etileno XXI en Veracruz.

Idesa es una empresa mexicana fundada hace más de medio siglo, que se asoció con Braskem, que es una filial de Odebrecht. Braskem era dirigida por el exdirector de finanzas de Odebrecht, Carlos Fadigas, quien de acuerdo con testimonios en la Fiscalía brasileña en Curitiba, que tiene el caso de la corrupción del conglomerado, dijo en 2013 en una reunión con inversionistas, que habían acompañado la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012 “de tiempo completo”. 

Braskem y Odebrecht admitieron en diciembre de 2016 haber participado en un esquema de corrupción internacional y reconocieron su culpabilidad y pago de una multimillonaria multa al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que intervino porque mucho dinero pagado pasó por el sistema bancario de ese país.

En uno de los documentos del Departamento de Justicia, Braskem reconoció que proveyó fondos a la División de Operaciones Estructuradas –“el Ministerio de la Corrupción”, describieron las autoridades estadunidenses– de Odebrecht, para canalizar recursos a paraísos fiscales para esconder sobornos a funcionarios y partidos políticos extranjeros entre 2002 y 2014. Idesa se ha desvinculado de los actos de corrupción de Odebrecht y de Braksem, alegando que fue una asociación estratégica la que forjaron. 

Jiménez Espriú ha buscado neutralizar el haber sido desnudado por Meade. En un breve comunicado, dijo que era una acción desesperada y mentirosa del candidato. En el debate, Meade señaló: “En el tema de Odebrecht, la pregunta no debería ser para mí, Ricardo (Anaya). Debería ser para Andrés Manuel porque el socio de Odebrecht en México es la familia de Jiménez Espriú”.

La afirmación, técnicamente, es correcta. Idesa, socia de Braksem, fue fundada por su suegro, Pascual Gutiérrez Roldán, y dirigida actualmente por uno de sus hijos, Patricio, sobrino de su esposa y hermano del embajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, entrañable amigo del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. 

El secretario de Comunicaciones y Transportes designado, aseguró que ninguno de los proyectos en los cuales participa con López Obrador, está relacionado con Idesa. Sin embargo, es un conflicto de interés. Si bien el proyecto donde trabajó la empresa familiar con Braksem trató con Pemex y el área de comunicaciones y transportes no está directamente involucrada, hay puntos de contacto en materia de transportación y utilización de puertos que le tocaría manejar en la Secretaría donde, de ser presidente López Obrador, pero sobre todo, porque es miembro del Consejo de Administración, donde comparte asiento con inversionistas estadunidenses ligados a la industria petrolera y egresados del ITAM, ambas figuras estigmatizadas por López Obrador.

Como miembro del Consejo de Administración, Jiménez Espriú tuvo que haber revisado el proyecto de Braksem y apoyado la sociedad estratégica con esa filial de Odebrecht, aun después del escándalo de corrupción. Meade no lo acusó de corrupto, pero tampoco abundó en el tema. De lo que se trata es de un conflicto de interés, que si bien no significa ilegalidad, arroja sombras de ilegitimidad. Por un conflicto de interés, Peña Nieto no ha podido sacudirse la percepción de corrupción de la casa blanca. Esta es una buena prueba para ver la solidez de López Obrador, y ver si el candidato es químicamente puro en temas de integridad, o su rasero, como el de los políticos tradicionales, también es doble.
13 Junio 2018 04:07:00
Mérida: la batalla de los sexos
El último debate presidencial no produjo con claridad quién es realmente el segundo lugar. Ricardo Anaya y José Antonio Meade dejaron de golpearse de manera sistemática –lo hicieron tangencialmente–, y enfocaron sus críticas a Andrés Manuel López Obrador, quien toreó los cuestionamientos y dejó de contestar los señalamientos particulares que se le hicieron. Pero si nos atenemos a la experiencia de los dos debates anteriores, no importará que haya mostrado sus carencias conceptuales y limitaciones retóricas, porque por muchos adeptos que haya perdido anoche en Mérida, muy probablemente será un porcentaje insignificante o irrelevante frente a la ventaja que tiene en las preferencias electorales. Tampoco era en quien se enfocaba la atención, centrada en sus rivales que están compitiendo por el segundo lugar y con la necesidad de mostrarse como los únicos que pueden desafiar en las urnas a López Obrador.

Anaya y Meade viven un proceso de autodestrucción mutua al mantenerse encerrados en un juego de suma cero, donde cada quien quiere ganar proporcionalmente lo que el otro pierda, llevando la elección presidencial a una contienda entre tres, donde la superioridad del puntero, Andrés Manuel López Obrador, en el careo con cada uno de sus rivales, no la hace competitiva, sino cómoda. No fue una elección, como se suponía el año pasado, que se diera en tercios. El diagnóstico sobre el malestar del electorado contra el gobierno y su deseo de cambio, resultó mayor de lo estimado y con una tendencia al alza sistemática.

El último debate presidencial confirmó las tendencias electorales y la lucha de las estrategias. Ni Anaya ni Meade buscaron lastimarse, ni López Obrador cometió errores costosos.

El puntero administró su ventaja sin correr riesgos, como lo hizo en los dos debates anteriores. Sus adversarios buscaron los contrastes con López Obrador en sus propuestas y mostrar que el puntero en las preferencias tiene más hoyos negros en su gestión como gobernante en la Ciudad de México, de lo que la mayoría de sus simpatizantes probablemente desconocen o no se acuerdan.

A dos semanas y media de la elección Anaya y Meade siguen atrapados en su laberinto. La forma como se puede explicar lo que sucede es a través del ejercicio de “La Batalla de los Sexos” en Teoría de Juegos, que sirve para analizar problemas frecuentes en la vida diaria, donde sólo se juega una vez y no prevé una comunicación previa que permita conocer la estrategia de cada uno. Es un ejercicio simétrico donde los jugadores y sus estrategias son intercambiables pero, a la vez, no alteran el resultado final.

“La Batalla de los Sexos”, donde cada jugador busca maximizar su ganancia, analiza el comportamiento de cada uno en un entorno de ambigüedad. El ejercicio establece que cada uno tiene sus preferencias para este juego que se refiere a la coordinación de las estrategias donde ninguno conoce la estrategia del otro jugador. Por ejemplo, Anaya, tiene cuatro opciones. La más preferida (1) es que él y Meade elijan que el candidato del PAN es quien enfrentará a López Obrador como la segunda opción más fuerte; la siguiente (2) es que ambos decidan que el que tiene más posibilidades es el PRI; la que le sigue (3) es que Anaya se queda con el PAN y Meade se queda con el PRI, sin mover sus posiciones, como hasta ahora; finalmente, (4), la peor opción es que Anaya decida apoyar al PRI y Meade al PAN.

En el caso de Meade, valga la pena la redundancia, la elección preferida por el priista (1) es que él y Anaya opten por la candidatura del PRI como la mejor opción para enfrentar a López Obrador; la siguiente (2) es que Meade decida apoyar la candidatura de Anaya, por considerar que tiene más posibilidades; en la selección posterior (3), Meade permanece inamovible, al igual que Anaya, por lo que no hay voto estratégico y los dos partidos y sus aliados compiten hasta el final como lo han hecho hasta ahora, sin coordinación alguna. La última opción (4), la peor alternativa para Meade, es que apoye a Anaya, mientras que el candidato panista apoya al PRI.

Hay una variable asimétrica en “La Batalla de los Sexos”, donde se altera el orden de las preferencias y que, según los expertos, refleja mejor la realidad. En este caso, las opciones 2 y 3 se invierten. Para efectos de argumentación, significaría que si Anaya elige ir solo a la lucha sin Meade, se entiende que mantiene su estrategia de golpeteo contra el PRI y el presidente Enrique Peña Nieto hasta el final.

Aún si Meade conociera la preferencia de Anaya, en esta variable del ejercicio, tampoco habría coordinación entre ambos porque el panista mantendría las amenazas de meter a la cárcel al Presidente y preferiría ir solo que en una alianza con el PRI. Esta solución beneficia al candidato más egoísta, cuya dominación sería impuesta por la fuerza, ante un débil comportamiento de su adversario.

Una variable no prevista en el ejercicio la introdujo el colaborador de Anaya, Diego Fernández de Cevallos, quien sugirió esta semana que un pacto con Meade -sin aclarar quién como candidato-, sería mejor que la victoria de López Obrador. Esta variación del juego sí podría modificar el resultado, a diferencia de la primera matriz, donde se muestran las decisiones que se pueden dar sin que alteren los resultados finales. Fernández de Cevallos proponía que Anaya o Meade declinaran por el otro para derrotar al puntero, pero anoche se vio que esa opción, la cooperación coordinada, no está en su mente.
12 Junio 2018 04:06:00
El Everest de Meade
La caída de las preferencias electorales del candidato del frente Ricardo Anaya nunca fue tan pronunciada como esperaban en el cuarto de guerra del candidato oficial José Antonio Meade, ni en el despacho del presidente Enrique Peña Nieto. Toda la operación planeada por el coordinador de la campaña, Aurelio Nuño, aprobada por el Presidente –con quien revisa la estrategia hasta tres veces por semana–, suponía que para que la candidatura ciudadana cuajara, habría que hacer de la contienda una lucha entre dos, donde Anaya fuera eliminado de la competencia mediante una guerra sucia. Ninguna funcionó. Incluso, el último intento por descarrillar al panista con un nuevo video que insinúa actos de corrupción, no tiene todavía consecuencias claras.

La guerra sucia se mantiene, pero la candidatura ciudadana fue abandonada, aunque se mantenga en el discurso, y el PRI juega un papel fundamental para darle el piso desde donde pueda crecer hasta buscar ser un rival para el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador. El pacto entre Peña Nieto y López Obrador, como ha planteado Anaya, es inexistente, de acuerdo con la ruta crítica que tiene el PRI para Meade. Remontar la enorme ventaja que tiene López Obrador, lo dice públicamente el líder del partido, René Juárez, es difícil pero no imposible. Esa ventana de optimismo se fundamenta en los datos internos sobre preferencias electorales, aportados por el encuestador de cabecera de la campaña, Rolando Ocampo.

Ocampo es un encuestador con gran experiencia y calidad técnica, que trabajó en el gobierno de Vicente Fox y que antes de sumarse al equipo del candidato oficial, era vicepresidente del Inegi. Sus encuestas difieren significativamente de las publicadas, que tienen a López Obrador con una preferencia de voto superior al 50%. Los datos de Ocampo lo ubican con una amplia ventaja de 36%, 12 puntos arriba de Meade, y 13 delante de Anaya. Esos 36 puntos son aproximadamente 18 millones de votos, casi la misma votación que tuvo Peña Nieto en 2012, y muy lejos de los 30 millones de votos que apuntan las encuestas publicadas para López Obrador.

La hipótesis de trabajo en el cuarto de guerra de Meade parte de la convicción de que la muy amplia ventaja de López Obrador tiene que ver más con una burbuja –es políticamente correcto decir que votarán por el candidato de Morena– y con el ocultamiento de voto –es vergonzoso decir que votarán por el PRI–, que con una tendencia que se confirmará el 1 de julio. Los expertos en estudios de opinión consideran que aún si la ventaja de López Obrador en la actualidad es asombrosamente grande, sería muy difícil que perdiera la elección. La campaña de Meade confía en que pueden apostar todavía a la victoria.

Aún antes de tener los resultados que entregó Ocampo al cuarto de guerra, la meta de votos priistas que se habían fijado era de 25%, cercana a la que obtuvo Peña Nieto en 2012, pero superior a la de Roberto Madrazo en 2006. La decisión de Peña Nieto de imponer a Enrique Ochoa al frente del PRI para lograrlo, probó ser uno de sus peores fracasos. Ochoa se olvidó de las estructuras estatales del PRI, antagonizó con las bases y, en núcleo de las tomas de decisiones, llegó un momento en que prácticamente no se hablaba con Nuño, quien rechazaba todas sus propuestas. Peña Nieto estuvo a punto de cometer un segundo error y nombrar a Nuño como sustituto, que habría mantenido la zozobra en el partido. La llegada de Juárez revitalizó al partido y se pararon las fugas hacia Morena, pero no está claro si fue demasiado tarde. Los priistas están muy enojados con Peña Nieto y su equipo –Nuño es un puñal clavado en su corazón–, como lo demostraron en las elecciones estatales de 2016: de 600 mil priistas movilizados en Veracruz, 400 mil votaron contra el candidato a gobernador del partido; de 250 mil movilizados en Chihuahua, 100 mil votaron por Javier Corral. En Tamaulipas dejaron de votar más de 150 mil; en Quintana Roo y Durango más de la mitad votaron por la oposición.

El trabajo de Juárez es recuperarlo y aportar ese 25% –20% sería lo menor–, lo que no sería suficiente. A ese porcentaje necesitan sumarle el apoyo de gobernadores panistas que den la espalda a Anaya, con lo cual, estiman en el cuarto de guerra, podrían sumar 15% de votación a Meade, aunque los panistas voten por sus candidatos a nivel local. Del candidato esperan que pueda jalar un mínimo de 8% de los votos ciudadanos sumados a los que puedan aportar sus aliados en Nueva Alianza y el Partido Verde. Si logran esos números estarían en condiciones de presentar una batalla competitiva con López Obrador, porque más allá de los cálculos y escenarios de que pueda estar sobre representado en las encuestas, están convencidos de que su votación, aún sin alcanzar el doble de lo que obtuvo en 2012, como perfilan los estudios de opinión, sí estará muy por arriba de su techo de 35 por ciento.

Pero este escenario pasa irreductiblemente por la caída clara de Anaya al tercer lugar, no sólo en porcentaje, sino que sea patente la tendencia hacia abajo. De esta aritmética electoral en el cuarto de guerra de Meade se desprende el intento por el nuevo empuje a su descarrilamiento. Ya se verá en el último debate esta noche en Mérida si el planteamiento tiene alas para volar o, como está creciendo la percepción, este arroz sí se coció.
11 Junio 2018 04:07:00
La resistencia de Anaya
Desde antes de comenzar su campaña presidencial, las posibilidades de Ricardo Anaya de ganar la elección, objetivamente hablando, eran nulas. Había dos razones fundamentales. La primera es la fractura estructural dentro del PAN por la forma como se hizo de la candidatura, que llevó a que los dos únicos presidentes panistas estuvieran en su contra, y las reticensias de casi la mitad de los gobernadores del PAN que llegaron al poder en contra de los deseos de Anaya. La segunda tiene que ver con el voto útil que ha venido pidiendo para derrotar al puntero en las preferencias electorales, donde la apelación central es a priistas, sin cuyo respaldo no le alcanzaría en las urnas, pero cuya mayoría de militantes no van a votar por él.

Con un partido cojo –tampoco hay legiones perredistas reforzando al candidato de su coalición– y una campaña mediocre, lo sorprendente es que Anaya no haya colapsado. A esto hay que sumarle la cruzada desde el Gobierno y la guerra sucia emprendida en su contra hace meses. Por una razón que aún nadie puede explicar, Anaya se mantiene todavía en el segundo lugar de las preferencias electorales, con lo cual la expectativa de votarlo como el segundo lugar está viva.

La elección está a menos de tres semanas y el tiempo se acaba para las estrategias. Si Anaya se mantiene arriba de los 20 por ciento en tendencia de voto, la elección será entre tres, con lo cual él y el candidato oficial, José Antonio Meade, perderán irremediablemente debido a la canibalización del voto opositor a Andrés Manuel López Obrador, de Morena. La prisa la tiene la campaña de Meade para demostrar que son el segundo lugar con una tendencia al alza, mientras que Anaya tiene una caída sostenida que lo llevará al tercer lugar. El tiempo, una vez más, corre en su contra para tener una candidatura, al menos competitiva, contra López Obrador. Por eso, una vez más una mano amiga de Meade en las estructuras de poder, apareció el jueves pasado al poner a circular en redes un video editado donde Juan Barreiro, hermano de un empresario queretano vinculado al candidato que investiga la PGR por lavado de dinero, habla cándidamente sobre negocios irregulares que presuntamente eran para financiar la campaña presidencial de Anaya.

El video revela una trampa contra Barreiro, a quien después de ganarse su confianza, lo inducen a hablar. Grabado subrepticiamente, aparentemente en un hotel en Madrid dentro de una investigación multinacional sobre presunto lavado de dinero de la familia Barreiro y Anaya, el video voló literalmente en los medios de comunicación desde la misma noche del jueves y se convirtió en una bomba hacia el interior de la campaña donde, de acuerdo con personas con conocimiento de primera mano, están “devastados”. La reacción de Anaya, acusando una vez más al Gobierno de una guerra sucia en su contra, con la modalidad agregada que forma parte de una estrategia para ayudar a López Obrador a ganar la Presidencia, parece agotado. Sin embargo, su defensa-ofensiva por el video lo revitalizó, le volvió a dar un nuevo sentido a su campaña –el enemigo externo que lo quiere destruir por miedo– y le inyectó oxígeno en días que eran aciagos.

La imagen de un candidato sin creatividad ni control sobre su equipo iba creciendo. Hacia el interior de su campaña hay mucho desorden, sin mariscal de campo que controle al equipo y con muchos generales en constante conflicto. Anaya, quien asumió equivocadamente esa tarea desde un comienzo, alcanzó hace tiempo su Principio de Peter. Sus principales apoyadores, financiera y políticamente, los grandes empresarios, empezaron a ver que quizás se habían equivocado de apuesta para enfrentar a López Obrador. La reunión en el Consejo Mexicano de Negocios fue un punto de inflexión. Como el resto de los candidatos, acudió a su cita con cerca de una cuarentena de los barones del dinero en México, pero según varios de los asistentes, Anaya habló generalidades, sin densidad alguna.

Lo peor, sin embargo, no fue él –sólo superado por Jaime Rodríguez en la evaluación más baja de los cuatro–, sino sus acompañantes, su estado mayor y los presidentes de los partidos de la coalición, entre quien destacó, por impertinente, Dante Delgado, presidente de Movimiento Ciudadano, quien al ensalzar al candidato identificó por nombre y apellido quiénes de los presentes en el salón ya le habían expresado su apoyo. En un contexto de actitudes que normalmente son sibilinas, esa indiscreción con toda intención de buscar más apoyos provocó lo contrario, y algunos de los empresarios exhibidos se retiraron del salón.

Anaya sigue de pie todavía, resistiendo, pero no está claro si lo que vemos es sólo el cascarón de un cadáver político. El video, lleno de imágenes circunstanciales de corrupción, no parece tener la fuerza suficiente para que su lenta caída se haga pronunciada y que aquellos que ya tienen dudas sobre el éxito de su candidatura, cambien de barco. Todo lo que se ha hecho contra él sólo consiguió congelar su ascenso en preferencias electorales, como arrancó el año, pero no consiguieron colapsarlo, de acuerdo con todas las encuestas. Tampoco sirvieron como envión para Meade.

La explicación de Anaya sobre la difusión del video es que se trata de un pacto entre el presidente Enrique Peña Nieto y López Obrador para evitar que gane y meta a la cárcel al inquilino de Los Pinos. El argumento es increíblemente reduccionista y falso. El objetivo no es ese, sino que le gane Meade a López Obrador, lo que se explicará mañana.
08 Junio 2018 04:08:00
Iguala, ¿crimen de Estado?
La imputación política ha perseguido desde 2014 al presidente Enrique Peña Nieto: la desaparición de los 43 normalistas de Iguala el 26 de septiembre de ese año, fue un crimen de Estado. La definición convencionallo caracteriza como “la desviación organizacional por parte de agencias del Estado que involucra la violación de los derechos humanos”. Ninguna institución que revisó y estudió el actuar del Gobierno federal en la investigación de la desaparición de los estudiantes ha señalado que se trató de un crimen de Estado, pero existen bases sólidas para que esa imputación tenga asideras en el campo político y, por tanto, permite un golpeteo sistemático y permanente contra la Administración peñista. La paradoja para el Presidente es que se lo ganó a pulso.

La falta de oficio político fue la entrada a esta pesadilla política-jurídica que acompañará a Peña Nieto aún después de concluir su Presidencia. La noche del 26 de septiembre, el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre, se comunicó con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, incondicional y confiable para el presidente Peña Nieto, para informarle que había un serio problema con normalistas de Ayotzinapa en Iguala. No había suficiente información en ese momento, pero en el Gobierno federal, que tenía información policial y de inteligencia civil y militar de lo que pasaba, no hicieron nada. Miranda no alertó a sus jefes, ni dispuso de acciones federales extraordinarias para intervenir inmediatamente en ese caso. La omisión inicial, sin embargo, se iría reforzando con la insolencia y arrogancia frente a los hechos, que continuaron marcando esos primeros días en Los Pinos.

El domingo 28, los periódicos de la Ciudad de México dieron cuenta pormenorizada de la represión a la que habían sido sometidos los normalistas por parte de la Policía Municipal de Iguala. Pero en Los Pinos había otra lectura, inducida por el procurador Jesús Murillo Karam, cuya información llevó a la conclusión a los colaboradores del Presidente, “que todo había sido un conflicto entre narcotraficantes”. A uno de los presentes en esa reunión se le hizo ver que quienes estaban involucrados eran normalistas de una escuela que por décadas había sido beligerante y confrontada con la autoridad. “Ahí todos son narcotraficantes”, respondió tajante. Era un punto final a esa discusión sin entender que el tema, por la propia naturaleza de que las víctimas eran estudiantes, tomaría una dimensión muy diferente a la que habían analizado. La soberbia era la marca de la casa.

Un día después, el lunes 29, en la reunión de estrategia que tenía el jefe de la Oficina de la Presidencia, Aurelio Nuño, se preguntó sobre el caso. Cuando la respuesta fue que estaban involucrados policías municipales de Iguala, Nuño determinó que era un caso estatal, que lo debería resolver el gobernador Aguirre, porque no era de competencia federal. Ese diagnóstico permeó lo que vendría días después con la actitud y el discurso presidencial. Al día siguiente, Peña Nieto lamentó los hechos y subrayó que “es muy claro que el Gobierno federal no puede sustituir las responsabilidades que tienen los propios gobiernos estatales. Había ya, en ese momento, una contradicción: si como dijo Murillo Karam, era un conflicto entre “narcotraficantes”, al ser ese un delito federal, la PGR debió haberlo atraído. Las inconsistencias se acumulaban.

El CISEN y la Marina enviaron reportes diarios a Los Pinos sobre el caso de Ayotzinapa, pero la forma como se procesaban y sintetizaban, hacían que el presidente tuviera menos información, en cantidad y calidad, que si leyera un periódico. Peña Nieto no tenía información relevante sobre lo que estaba pasando, pero tampoco le importó mucho, porque no exigió que se la dieran. El gobierno estaba ausente y crecían las críticas en la opinión pública sobre su omisión. La PGR, que por oficio tenía que involucrarse, buscó dar golpes efectistas y trató infructuosamente de procesar al gabinete de seguridad de Aguirre, y vincularlo al crimen organizado que para esos momentos, ya se tenía evidencias de su participación central en la desaparición. No había bases para ello, por lo que no avanzaron en esa línea.

Voltearon a ver al gobernador Aguirre, pero había dos líneas contrapuestas en el equipo de Peña Nieto. Por un lado, en la PGR varios funcionarios intentaron obtener declaraciones ministeriales que lo involucraran y abrirle un proceso, y por el otro, en Los Pinos sostenían que el gobernador debía ser apoyado en su cargo porque él tampoco era responsable, y su salida del gobierno no resolvería sino complicaría las cosas. Aguirre finalmente tuvo que pedir licencia ante la descomposición en Guerrero, pero cuando dejó la gubernatura, un mes después, su salida no tuvo ningún impacto; se había agotado el tiempo para contener, como hizo el presidente Ernesto Zedillo con el gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa, en 1995 en la matanza de Aguas
Blancas.

Tarde se dieron cuenta del error cometido. Nunca admitirían que sus acciones fueron provocadas por incompetencia y soberbia. Nuño es hoy coordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade. Murillo es un operador político del PRI. Miranda es candidato plurinominal al Congreso. Su jefe, Miguel Ángel Osorio Chong llegará por la vía plurinominal al Senado. El entonces jefe del Cisen, Eugenio Imaz, es hoy consejero en la Embajada de México en España. Nadie de los directamente involucrados pagó nada por lo que hizo y dejó de hacer. Quien tiene que rendir cuentas ante la historia y eventualmente ante la justicia es Peña Nieto, a quien un crimen municipal se le volvió de Estado.
07 Junio 2018 04:08:00
El secretario de Andrés
Nadie será más importante para Andrés Manuel López Obrador si gana la Presidencia, que su secretario de Hacienda. En víspera de su reunión con el Consejo Mexicano de Negocios, a quienes no les gusta el enfoque populista de su modelo económico –rectoría del Estado sobre la economía en lugar de ser su regulador, más gasto público y menos inversión privada, con los riesgos que esto conlleva para mantener la disciplina fiscal–, sus asesores dijeron a la prensa que el candidato estaba pensando en Guillermo Ortiz y en Santiago Levy como potenciales secretarios de Hacienda. Pero el martes, López Obrador congeló a todos. Su secretario de Hacienda sería, como anunció en diciembre, Carlos Manuel Urzúa, que hizo ese trabajo en el primer medio del Gobierno del hoy candidato presidencial, cuando gobernó la Ciudad de México.

A tres semanas de la elección presidencial, el énfasis del proceso electoral ya no está en la contienda en sí mismo, sino en qué tipo de arquitectura de gobierno tiene el puntero en preferencias. El proyecto económico es donde hay un profundo desacuerdo, porque el modelo de López Obrador sería, de materializarse sus palabras en hechos, un regreso de medio siglo. Los nombres de Ortiz y Levy se presentaron el lunes como un mensaje a empresarios e inversionistas de que la disciplina fiscal se mantendría y que no habría ocurrencias en política económica.

Ortiz y Levy son lo contrario del pensamiento de López Obrador. Tecnócratas entrenados en la escuela de la globalización, de control al gasto público y énfasis en el desarrollo a partir del sector externo, chocan con quien promulga el proteccionismo, el uso del gasto público para estimular el desarrollo, y un mercado interno que coma, vista, calce y se mueva, con lo que produzca. López Obrador se reunió con Ortiz hace un par de meses, según trascendió a la prensa, sin que nadie de su equipo lo haya desmentido. El enlace con Levy se dio a través de Julio Scherer, uno de sus colaboradores antiguos con quien lo une una fuerte amistad y confianza de años.

Los dos trabajaron en el gobierno de Ernesto Zedillo, a quien López Obrador le debe en gran medida donde se encuentra. En la campaña para el Gobierno de la Ciudad de México en 1999, el PRI impugnó la candidatura de López Obrador porque su residencia no estaba en la capital federal sino en Tabasco –donde votaba–, lo que lo hacía inelegible. Zedillo forzó al PRI a retirar la impugnación para permitirle contender. Lo que sucedió con López Obrador es una historia conocida, y Zedillo es una figura pública que rara vez ha criticado.

Cualquiera de los dos serían caras conocidas en el mundo que, en caso de ganar la elección, transmitirían el mensaje de seriedad a inversionistas que podrían dar el beneficio de la duda a López Obrador en su eventual gobierno. Un secretario de Hacienda requiere no sólo tener conocimiento de la hacienda federal, sino la relación con sus pares en el mundo que le puedan tomar la llamada y recibirlos en el momento que lo solicitaran. Urzúa, el secretario de Hacienda designado, economista bien entrenado, no pertenece a ese mundo. No fue lo suyo, y no le interesa conocerlo.

En un despacho en el diario The Wall Street Journal horas antes de que trascendieran a la prensa los nombres de Ortiz y Levy, su corresponsal en México se refirió a Urzúa como un economista que se sentía bien preparado para el encargo, por haber manejado el presupuesto de la Ciudad de México que, dijo, es más grande que algunos países de América Latina, aunque omitió que son las pequeñas economías poco complejas, y por haber negociado el presupuesto capitalino con una asamblea opositora. Las analogías son chabacanas. El mejor ejemplo es el del presidente Enrique Peña Nieto que pensó que México era Toluca, y así le fue en su gestión política.

Urzúa le dijo al Journal que su objetivo era adelgazar la burocracia, con un gobierno más eficiente y luchando la corrupción, a fin de liberar fondos para utilizarse en la política social. La meta que tiene asignada por López Obrador es encontrar cuando menos 500 mil millones de pesos anuales para comenzar a cumplir sus promesas de campaña. Urzúa planteó como objetivo ahorros anuales del 2% del PIB, por unos 400 mil millones de pesos.

Para ello piensa recortar salarios a los funcionarios de alto nivel –que limitará la calidad de la alta burocracia que difícilmente querrá trabajar casi pro bono–, así como a funcionarios medios y superiores –creando incentivos para la corrupción que quieren combatir–, además de eliminar la corrupción, que algunos cálculos estiman en 900 mil millones de pesos. Aún si fuera correcto el dato, esos recursos no están en una bolsa del presupuesto, y no podría, por eficaz que fuera la lucha contra la corrupción, disponer de esos recursos de manera inmediata.

“No seré un secretario de saco y corbata, sino un secretario de manos a la obra”, le dijo al Journal. En lugar de atender reuniones internacionales –como las del FMI, el Banco Mundial, el BID, el G20 y APEC, por mencionar algunas– se quedará en México en la reingeniería del presupuesto mexicano. Este pensamiento no es exactamente lo que no necesita López Obrador para ganar confianza y generar certidumbres en México y el mundo. Si no es Ortiz o Levy, tendrá que buscar, de ganar la Presidencia, un secretario de Hacienda a la altura del desafío que tendrá. Urzúa no es una persona deshonesta; solamente no está preparado para el cargo.
06 Junio 2018 04:07:00
El ideario (y la venganza) de Andrés
Es impecable el ideario de Andrés Manuel López Obrador. Dice que falta un cambio verdadero en México, lo que es indiscutible si uno ve el repudio que hay contra el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y el colapso de sus niveles de aprobación. Subraya que se tiene que acabar con la corrupción y la impunidad, lo que ha sido un reclamo nacional y de creciente beligerancia desde que brotó el conflicto de interés presidencial con la compra de la “casa blanca”. Recuerda que hay mucha desigualdad económica, social y pobreza, los tres ingredientes que han provocado que un modelo de desarrollo económico que hizo crecer a muchas naciones durante mucho tiempo, haya tenido como una externalidad la marginación y el olvido de las mayorías. ¿Alguien podría estar en desacuerdo con esos principios rectores para lo que quiere ser presidente?

Nadie, por supuesto, pero no lo es todo. Esas palabras las pronunció el lunes, cuando andaba de gira en Hidalgo, y en vísperas del diálogo con el Consejo Mexicano de Negocios, el grupo de los capitanes de la industria mexicana que tienen influencia en el 29% del Producto Interno Bruto, como estimó en 2014 el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación. Los 37 empresarios que lo integran son la élite empresarial mexicana, que integran una red corporativa de 142 empresas y comparten mil 459 asientos en sus consejos de administración. López Obrador acudió a la convocatoria con ese grupo, algunos de cuyos miembros se han enfrentado con él en fechas recientes. Iría, anticipó, “para que no haya malos entendidos”, a explicar su proyecto de nación.

Precisamente ahí se encuentra el corazón del diferendo. El proyecto de nación que plantea pertenece a un mundo que dejó de existir en 1971, cuando el ideal de país que sueña López Obrador, el desarrollo estabilizador, un modelo con una economía de mercado donde el Gobierno tenía un fuerte papel intervencionista mediante el gasto público. Los objetivos de esa economía centralizada, estatista, por el papel rector y promotor del desarrollo del Gobierno, son los mismos que ahora propone López Obrador. El modelo fue puesto en práctica por el presidente Adolfo Ruiz Cortines, tras la devaluación del Sábado de Gloria en 1954, cuando el peso se fue de 8.65 por dólar a 12.50. El modelo empezó a naufragar en 1970, cuando el bienestar no llegó a todos, la producción mediante la sustitución de importaciones –que quiere regresar el candidato– llegó a su tope y el déficit fiscal se amplió. El presidente Luis Echeverría insistió en el modelo, que defendía la paridad cambiaria, hasta que estalló con una devaluación en la víspera de su último Informe, cuando el peso cayó a 22.88 unidades por dólar.

Las grandes críticas que han hecho los empresarios a López Obrador en las dos últimas semanas –varios de ellos miembros del Consejo Mexicano de Negocios–, se centran en esa visión obsoleta del mundo. En Hidalgo dijo que les explicaría su proyecto y despejaría sus dudas. El proyecto sigue sin convencer, y sus dudas prevalecerán hasta que el candidato de señales convincentes de que el discurso sobre el desarrollo estabilizador, la sustitución de importaciones, regresar a los precios de garantía para los productos agrícolas, dejar de exportar petróleo para producir gasolinas y regresar el subsidio a los combustibles no es más que retórica de campaña, y que entiende que esas ideas son para sus fieles, no para la realidad.

Lamentablemente, eso no fue. Su proyecto de nación, como un botón de muestra de lo disociado que está con la realidad, cuesta 4 mil billones de pesos, es casi 80% del presupuesto de 2018. Es imposible que cumpla con sus ofertas de campaña, por más voluntad política y buenas intenciones tenga.

López Obrador dijo que su propósito sería ir “conciliador y con la mano tendida”, que lo fue en un entorno de civilidad como el que existió, pero no de honestidad. En Hidalgo, cuando la prensa le preguntó sobre qué haría si los empresarios con los que habló, a algunos de los cuales ha llamado “rapaces”, le pidieran disculpas por haberlos llamado “traficantes de influencias”, no reculó ni un instante sino al contrario. De todo ello tenía pruebas, porque no acusaba en falso. El tono era anticipo de lo que encontrarían en la reunión. Cada quien con su música; cada quien con su partitura. Pero está bien, había dicho López Obrador, cada quien tiene derecho a disentir, porque así debe ser una democracia.

Grandes palabras, pero retórica hueca. Con él no hay derecho a disentir. La tolerancia no está entre sus virtudes ni es un atributo de su núcleo duro. Quien piensa diferente es acosado por sus legiones organizadas en las redes sociales controladas por su equipo. Quien discrepa se va al ostracismo. Quien lo critica es denunciado con epítetos descalificadores. Una larga cadena de juicios de valor denostadores contra quien ha osado tener una opinión contraria a él, incluso entre sus aliados más consistentes, fue publicada por Fernando García Ramírez en El Financiero el 21 de mayo, quien apuntó: “Si ahora que está en campaña, fundando la República Amorosa, agrede, insulta, calumnia, veja y ejerce su propia guerra sucia, podemos imaginar lo que sería de llegar a ser presidente de México”.

En efecto, como lo vieron los empresarios y aprecia cuando menos la mitad del país, no son proyectos distintos, sino dos naciones diferentes: la del 2018, el presente y el futuro, y la de López Obrador. El 1 de julio, esto es lo que estará en disputa.
05 Junio 2018 04:07:00
Advertencia para Andrés
Las movilizaciones de la Coordinadora Magisterial en la Ciudad de México, recrearon los peores momentos de 2013 cuando tomaron el Centro Histórico de la capital federal en protesta contra la reforma educativa. Este lunes suspendieron clases en el sur del país, estrangularon por horas varias arterias de la capital y chocaron con la policía en la carretera de Cuernavaca. No tuvieron la intensidad de años recientes, pero una vez más trajeron a la mente la alteración del orden social para alcanzar sus objetivos políticos: que liberen a maestros que cometieron delitos del fuero común y que les condonen sabotajes a la reforma educativa. Junto con ello recordaron a quién apoyan en la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, quien ha prometido la cancelación de la reforma.

López Obrador, puntero en las preferencias electorales, ha escogido a la disidencia magisterial como uno de sus grandes aliados tácticos en su campaña presidencial, junto con quien enemiga histórica, la exlíder magisterial, Elba Esther Gordillo. Lo que los divide históricamente a las dos facciones magisteriales, los une la coyuntura, la oposición al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a partir de la reforma educativa. López Obrador ha sido muy consistente en que una de sus primeras acciones en el gobierno, de ganar la Presidencia, será abolirla.

Aún si ganara la Presidencia y tuviera la mayoría en las cámaras, no sería un proceso fácil. Para cancelar la Reforma Educativa se requiere una mayoría calificada en el Congreso, el Senado y en 16 más uno de los congresos locales. Pero tampoco es imposible o inviable, que es lo que en las últimas semanas ha comenzado a causar alta preocupación en el mundo, donde evalúan la educativa como la reforma más importante de Peña Nieto, incluso superior a la energética por la magnitud del cambio en el destino del país si tiene el éxito que se espera.

El equipo de López Obrador ya recibió un mensaje importante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que agrupa a 35 de las más poderosas economías en el mundo. Hace unos cuantos días, Gabriela Ramos, quien es la directora de Gabinete del secretario ejecutivo de la organización, José Ángel Gurría y Sherpa de la OCDE ante el G-20 –los Sherpas en el G-20 son funcionarios senior que se encargan de guiar el proceso político de los países miembros antes de que se presenten las recomendaciones a los líderes de esas naciones–, habló con Esteban Moctezuma, quien es el responsable de construir la plataforma social para López Obrador, y quien es su secretario de Educación designado.

Ramos le expuso a Moctezuma que si López Obrador llegara a la Presidencia y cancela la reforma educativa, la OCDE no descansará en denunciar –esta no fue la palabra que utilizó– la regresión de su gobierno y en hablar en cada uno de los foros a donde acudan, que además de numerosos cuentan con una alta calidad de interlocutores, sobre las consecuencias que tendrán esas acciones para la educación en México. No se conoce la fecha exacta de esa conversación, o si fue personal o telefónica. En enero viajó Ramos a México junto con Gurría para participar en un foro de la OCED, donde señaló a la prensa: “Lo que le diríamos a cualquiera de los candidatos que están conteniendo en esta justa democrática, es que miren estas reformas (hablaba en general) y les den oportunidad para que sigan rindiendo frutos, porque están rindiendo fruto, y el problema s que si uno no las sigue avanzando, evidentemente hay posibilidades de que se vayan para atrás”.

En aquel foro, Gurría dijo que las reformas habían generado 80 mil millones de dólares en compromisos de inversión, que no podían retroceder. Se pueden reformar las reformas, precisó, pero no cancelarlas. Gurría ha sido uno de los principales promotores de las reformas peñistas, que permitieron que México se fuera alineando con los mecanismos de desarrollo a nivel internacional. En esa misma reunión, el secretario de Educación, Otto Granados, le pidió que la OCED realizara una evaluación de la Reforma educativa, que comenzarán a hacer en junio próximo y los resultados serán dados a conocer, se estima, en octubre.

La semana pasada, el semanario británico The Economist, advirtió que si ganaba López Obrador, la reforma educativa estaba en riesgo, aunque matizaba que si en este año la reforma no mostraba resultados positivos, le daría argumentos a su pretensión. Gurría y Ramos siempre han elogiado la reforma, cuya evolución conocen por el trabajo permanente de los expertos de la OCDE con la Secretaría de Educación Pública. Para el informe de este año la SEP quiere que incluyan los datos del ciclo escolar 2017-2018 en la evaluación final de este sexenio, ya que normalmente sus informes tienen de uno a dos años de desfase.

Las advertencias de Ramos a Moctezuma se enmarcan en el contexto de la forma como la educación impacta en el desarrollo de las naciones, y las consecuencias para el desarrollo de México que puedan tener la cancelación de esa reforma. El caso de los niños en Oaxaca siempre ha sido un ejemplo muy utilizado para combatir la cancelación. Las protestas y suspensión de clases en las primarias de ese estado provocaron que en la última década los niños perdieron 50 días de clases por año. Sólo en lo que va del año, los niños oaxaqueños han perdido casi dos semanas más. La educación no importa, sino utilizarla como divisa de cambio para fines políticos, lo que la OCED advirtió a López Obrador que no permitirá.
04 Junio 2018 04:10:00
Los primeros cañonazos
Andrés Manuel López Obrador olió la sangre de la victoria en Tamaulipas. La semana pasada instruyó a su coordinador electoral en esa región, Ricardo Monreal, comenzar la batalla contra el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien en junio de 2015, con una votación arrolladora, le arrebató al PRI el poder estatal que siempre habían tenido, con lo que demostró recursos políticos, económicos y capacidad de movilización, que tienen preocupado al puntero en las preferencias presidenciales.

La motivación de López Obrador debe ser preventiva, ya que avanza –según las encuestas– a conquistar el estado, y debe querer que nadie se lo impida. El problema es el patrón nacional donde se han roto las normas de convivencia y se está arrastrando a los ciudadanos al estado primario en el que se encuentran combatiendo los actores políticos.

La semana pasada Monreal ofreció una conferencia de prensa en Ciudad Madero, que nadie imaginaba en dónde terminaría. “Le hago un llamado al gobernador para que no meta las manos, ni él, ni su gente”, comenzó Monreal sin mostrar evidencia que apoyara su denuncia sobre injerencia ilegal en el proceso electoral. “Hemos tenido una actitud de respeto para él. No queremos que esa actitud se pierda. Andrés le manda decir al gobernador que no se meta. Por mi conducto, le manda decir que no actúa de manera ilegal”.

La prensa tamaulipeca buscó al gobernador García Cabeza de Vaca para conocer lo que pensaba de las imputaciones de Monreal, y conforme avanzaba su respuesta, el lenguaje fue subiendo de tono, semántico y acusatorio. “Hemos sido muy respetuosos del proceso electoral, pero en particular hemos sido muy respetuosos con las leyes electorales en Tamaulipas”, comenzó. “Si existe algún elemento que tenga él conocimiento o alguien de algún partido político de irregularidades en el proceso electoral, que meta las denuncias correspondientes. Nosotros nos vamos a mantener firmes en nuestras convicciones de apoyar y respaldar todas las acciones que sean encaminadas a desarrollar un proceso democrático”.

Entonces, se dispararon los cañonazos. “Yo le recordaría a él”, dijo García Cabeza de Vaca de Monreal, “que lo corrieron de la Ciudad de México por corrupto. Por eso no fue candidato a (la jefatura de gobierno de) la Ciudad de México. Esa no es una presunción, es una realidad. Que no venga a descargar su ira e impotencia con esa actitud amenazante que no ayuda en nada a este proceso electoral”. La respuesta de Monreal llegó cargada de ira:

“Llamé de manera respetuosa a que el gobernador sacara las manos y los pies (eso no lo dijo en un principio) del proceso. Era un llamado respetuoso pero reaccionó de manera violenta el gobernador del estado de Tamaulipas. Yo le recuerdo que una de las características que debes asumir como gobernante es la prudencia, la serenidad, la sensatez; no el hígado porque siempre pierdes. Hice señalamientos puntuales en un afán de buena fe. Reaccionó violentamente e hizo una acusación. Le exijo que lo demuestre. Dijo que había salido de la Ciudad de México por corrupción. Tengo 40 años en el servicio público; he sido tres veces diputado; dos veces senador; gobernador y delegado de la Cuauhtémoc.

“No voya permitir que un gobernador como él esté difamando. Por eso le exijo que demuestre en qué parte, con qué juez, o con qué órgano de control estoy acusado y sancionado por corrupción. Y si no, que se retracte y ofrezca una disculpa. Yo tengo expedientes, lo recordarás gobernador, del 2009, de la averiguación de la SIEDO, la 012, y sabes muy bien a lo que me refiero. No sé por qué estás gobernando. No sé por qué estás impune, pero es un asunto de la autoridad que tendrá que responder”.

La averiguación a la que se refirió Monreal es la PGR/SIEDO/UEJDCS/012/2009, que contiene la declaración ministerial de Antonio Peña Argüelles, a quien una corte federal en San Antonio encontró culpable en 2014 de haber lavado dinero para el cártel del Golfo y Los Zetas, así como de haber sido intermediario entre esas organizaciones criminales y el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, quien enfrenta un proceso en Estados Unidos como parte orgánica de esos cárteles. Peña Argüelles declaró que en 2004 le pidió Yarrington conseguir apoyos económicos del cártel del Golfo para inyectar a la campaña de García Cabeza de Vaca a la alcaldía de Reynosa. La investigación, hasta donde se sabe, sigue abierta.

Monrealfue más allá en el reto al gobernador. “Estoy acostumbrado a enfrentarme a sátrapas, a tiranos, a este tipo de personajes autoritarios”, dijo. “No les tengo temor. No soy tu lacayo ni tu bufón. No te estás enfrentando con uno de tus lambiscones. Te voy a enfrentar con la ley en la mano”.

Ala velocidadde una declaración y una respuesta, el conflicto electoral se volvió en uno judicial, pendenciero, amenazante y totalmente alejado del proceso democrático en el que todos pregonan se encuentra México. Qué mas falsedad en la retórica extendida que lo que este episodio desnuda. Vivimos en un conflicto que cada vez profundiza su división, alimentados por un espíritu vengativo, abundante en intolerancias, donde las pieles son muy suaves y los rencores muy profundos. Ya no hay puntos medios. La polarización dejó de ser polar y tiene múltiples expresiones de discordia y encono. El 1 de julio no será el mejor o el peor día de unos y otros tras el resultado electoral. El día 2, si las cosas siguen por este derrotero, empezaremos a ver el fruto de nuestra furia.

01 Junio 2018 04:07:00
Árbitro chafa
El mejor trabajo de un órgano electoral es cuando no se nota. El peor, cuando está en el centro del escenario como el protagonista principal. Desde hace tiempo esto es lo que ha pasado con los consejeros electorales, cuyo presidente es Lorenzo Córdoba. Siempre están involucrados en asuntos contenciosos, con los tribunales, con los partidos, con los candidatos, con los medios de comunicación. El Consejo Electoral del INE tiene mucho de temerario y arbitrario. Pero también suele estar metido en problemas por sus propias contradicciones. La última tiene que ver con la legalidad de la candidatura que registraron de Nestora Salgado; la que viene, legalidad de la candidatura que registraron de Napoleón Gómez Urrutia.

Los consejeros electorales han estado atrapados toda la semana en sus propias declaraciones. Al iniciar la semana no veían ningún error u omisión de su parte al haber otorgado el registro de candidatura a Salgado, candidata plurinominal de Morena al Senado, pese a tener doble nacionalidad. A la mitad de la semana ya habían matizado su opinión, y consideraban que al no haber denuncia no tendrían por qué intervenir en revisar su legalidad, cuando menos por ahora. Al no ser un caso “público y notorio”, dijo el consejero Benito Nacif, tendrá que haber una denuncia para investigarse, y esto, hasta después de las elecciones.

Los consejeros están atrapados en lo que llaman actos de buena fe, y sus omisiones legales. El Artículo 32 constitucional establece que “la ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad, y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad”. Se puede restablecer ese derecho pleno, siempre y cuando, como señalan los artículos 17 y 18 de la Ley de Nacionalidad, se presente la renuncia vía certificado de nacionalidad a los mexicanos a los que otro Estado atribuye diversa nacionalidad.

El problema para los consejeros electorales es que fue tan abierto el tema de la doble nacionalidad, tan público y notorio, que la propia Salgado afirmó hace unos días que no renunciaría a ser estadunidense . Se burló de ellos o los desafió. El Instituto Nacional Electoral ya admitió que cometió un error al revisar la documentación de Salgado, y está abierta la posibilidad de que, en caso de ganar, nunca se le otorgue la constancia de mayoría. Pero si sucede con Salgado, tendrá que pasar también con Gómez Urrutia, candidato plurinominal de Morena al Senado. Gómez Urrutia tiene la nacionalidad canadiense y sólo presentó su certificado mexicano de nacionalidad. Los consejeros se lo aceptaron y cometieron un error: lo que vale es el certificado del Gobierno canadiense que le retira la ciudadanía. Ese documento, no existe.

El Consejo Electoral del INE ha tenido una serie de actuaciones y tomado decisiones que parecen encaminadas a agradar a Andrés Manuel López Obrador. El caso de Salgado y Gómez Urrutia son dos ejemplos, pero los antecede la organización de los debates presidenciales. Desde otoño pasado decidieron en forma unilateral las plazas, las horas y, sobre todo, los temas de los debates. De esa forma escogieron que el primero sería sobre corrupción y gobernabilidad. En todas las encuestas de cada elección, el tema de mayor interés para los electores es el económico, lo que permite señalar que si en la mente de los consejeros hubieran estado los ciudadanos, habría seleccionado el que más preocupa a la mayoría. Optaron por ir por el que provocó la ira contra el Gobierno y golpeado a su candidato presidencial. El PRI buscó que se cambiara el orden temático, pero nunca se aceptó meterlo siquiera a discusión. Los consejeros jugaron políticamente sin revelar el método por el cual seleccionaron los temas. En la campaña de José Antonio Meade consideraron que este orden lo perjudicaba.

Las actitudes de los consejeros electorales también han provocado actos de autocensura en los medios, donde en varias organizaciones, ante la confusión sobre sus criterios sobre qué es información, análisis o propaganda, han limitado coberturas ante el riesgo de que algún día en que amanezcan de mal humor, decidan emprender una querella contra un medio. Las acotaciones auto impuestas en los medios han llevado a los absurdos de las coberturas que se están realizando, donde lo relevante no es lo importante de lo que sucede, sino que todo esté absolutamente balanceado para darle gusto a los consejeros. La justicia de puntos equidistantes no es justicia. Es el justo medio aristotélico provee justicia, no la llevada a cabo por el INE.

La democracia electoral pregonada por el INE ha costado trabajo que la apliquen en los hechos. Por ejemplo, a finales de 2016, Córdoba afirmó que revisarían la utilización de los recursos de los candidatos en los medios, pero no podían plantear que los políticos no hablaran de política; en 2018, censurar los debates en los medios durante la intercampaña. “Somos muy liberales en el tema de la libertad de expresión”, ha dicho Córdoba, pero Ciro Murayama, uno de sus más cercanos demostró el talante del grupo: porque no le gustaban los mensajes en Twitter del propagandista de López Obrador, John Ackerman, bloqueó sus comentarios. Ante la presión pública, rectificó. El episodio no es una mera anécdota, sino habla mucho de lo que el INE de Córdoba ha sido a lo largo de todo este tiempo: autoritario, déspota e hipócrita. Un árbitro, pues, realmente chafa.

Nota: En réplica a esta columna el miércoles donde se indicó que Manuel Mondragón y Kalb se formó en la escuela policial de Alfonso Durazo, el doctor negó haber trabajado con quien fue jefe de la Policía en la Ciudad de México durante el gobierno de José López Portillo.
31 Mayo 2018 04:09:00
Peña baja el telón
Qué equivocados estábamos muchos en agosto de 2014. En este mismo espacio se escribió el día 8: “La próxima semana esperan se promulgue la reforma energética, con lo cual sucederán dos cosas importantes: finaliza el ciclo de las reformas económicas de segunda generación impulsadas por el Presidente, y empieza el sexenio de Enrique Peña Nieto. El Gobierno comenzó en términos formales el 1 de diciembre de 2012, pero la administración de la política y la economía durante los primeros 615 días del sexenio, no tendrá nada que ver con los mil 574 que le quedan por delante. Esta fue una fase de contención; en la que viene el Presidente estará sin manos atadas y con todas las herramientas que le pidió al Congreso para la transformación del país. Mover a México tendrá que dejar de ser un discurso, y convertirse en realidad”. ¿Cuál fue la realidad que venía? Incompetencia, es lo que demostró.

Para ese entonces llevaba un año de fractura con las élites tras la reforma fiscal, que provocó que en agosto de 2013 su nivel de aprobación cayera por debajo de la desaprobación. “Retomará la iniciativa y probablemente la mano suave de todo este tiempo de negociación de reformas, regrese a la rigidez de esa clase política mexiquense sofisticada y apabullante”, se apuntó entonces. “Peña Nieto necesita salir bien en 2015 para estar mejor en 2018. La apuesta es grande, y cuando se juega alto, se gana mucho o se pierde mucho”. Esto último es lo que sucedió.

El Presidente jugó en ligas para las que no estaba capacitado ni él, ni su equipo. La ruptura con sus aliados, los empresarios, fue visto entonces y todavía ahora, como la recuperación del poder pleno en Los Pinos, sin compartirlo con los barones industriales, como creían había sido en el pasado, sin entender que inclusión no era cesión, y que el consenso para gobernar se construía, no lo dinamitaba la soberbia.

Movió a la nación, pero en su contra. Otoño parecía que sería su coronación anticipada, pero el 26 de septiembre, 43 normalistas de Ayotzinapa fueron privados de su libertad. Insensibles en Los Pinos, dijeron que era un tema de narcotráfico y no intervinieron. Para cuando reaccionó el Presidente, esa desaparición ya era su responsabilidad y el crimen era de Estado. La incompetencia, una vez más, lo llevó a ese punto.

Si las cosas comenzaban a descuadrarse dramáticamente, se pusieron peor cuando en octubre apareció la “casa blanca”. Un conflicto de interés que nunca supo resolver porque jamás comprendió que ese fenómeno no se traduce automáticamente en corrupción, se convirtió en el símbolo de corrupción de su gobierno y la marca indeleble de su sexenio. Un poderoso secretario de Estado asegura que los empresarios, molestos por el maltrato de Los Pinos, se contaron entre las fuerzas oscuras que contribuyeron a magnificar la percepción de la corrupción presidencial.

No les fue difícil anidar la idea. La rapacidad cometida o solapada institucionalmente será una las historias de antología del sexenio. Peña Nieto batalló contra la percepción durante más un año, pero en diciembre de 2016 tiró la toalla. En una reunión con un grupo de periodistas, admitió que no había nada que hacer, y que todo lo que intentara no iba a modificar las cosas. Desde entonces era un presidente resignado. Sólo le quedaba machacar permanentemente sobre las bondades de sus reformas y escoger un candidato presidencial que pudiera mantener al PRI en el poder. Le había ido electoralmente mal al PRI en 2015, y en 2016 le fue peor. Escoger un candidato no militante del PRI fue su apuesta, pero una vez más, la incompetencia de él y de su equipo que no negociaron cuidadosamente una imposición en un partido molesto con su jefe político, terminaron de romper la última alianza que le quedaba, con su propio partido.

Arrancó el 2018 con ganas de vencer en las elecciones, y al menos dos veces por semanas, discutía con Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de José Antonio Meade, la estrategia electoral. El Presidente, sin embargo, ya estaba en otra realidad. Cuando fue inevitable el relevo en el PRI, le dijo a Nuño que él sustituiría a Enrique Ochoa. Eso hubiera sido un gatopardismo, al significar Nuño y Ochoa lo mismo. Nuño lo persuadió que no era una buena opción. El viejo toque político del mexiquense, se había agotado. Personas que han hablado con él tras los últimos intentos por revivir la candidatura oficial previo al primer debate, lo vieron tranquilo. En público se le veía relajado, inclusive contento.

Es la despresurización del que perdió la angustia y se le fue la adrenalina. En este caso, se puede argumentar, de quien se sabe que su tiempo y el de su partido, acabó, aún antes de realizarse la elección. Asimismo, personas que han conversado con él sobre el otro tema contencioso, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, coinciden en que la presión que tenía se disipó, y su impresión es que Peña Nieto dejó de preocuparse si se ratifica este año o sea otro presidente el que lo continúe o lo mate. Lo último en esta misma línea, es el llamado empresarial a que haga algo en materia de seguridad y que no endose el problema al siguiente presidente.

Peña Nieto respondió derrotado. Ha bajado el telón de su sexenio y espera entregar la estafeta. Estas son las señales que envía todos los días y que, hasta ahora, no hay absolutamente ninguna que indique lo contrario.
30 Mayo 2018 04:08:00
Los muertos de Peña
Ciento siete mil homicidios dolosos en lo que va del sexenio, hablan muy mal de la estrategia de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto. En Chihuahua, Guanajuato, Guerrero y Tamaulipas, los reportes de balaceras y asesinatos son cotidianos. Hay zonas en el país donde nuevamente, como hace 15 años, no se pueden visitar, y viajar por carreteras por las noches se ha vuelto muy peligroso en varias regiones del país. El incremento de ataques a empresas, asaltos físicos, secuestros y extorsiones, tienen muy ansiosos y preocupados a los empresarios, que ya vieron afectados sus negocios por el alza galopante de la violencia, subrayan el colapso de su política. Mal cierre tiene el Presidente en el tema que más lastima a la sociedad, gran lastre que añade carga al final de su sexenio.

Las cúpulas empresariales le están exigiendo que no deje el problema de la seguridad al próximo gobierno, y que apure las reformas que se tienen que hacer para frenar la violencia al alza que no pueden esperar. Los empresarios pecan de ingenuidad en su desesperación para que el Gobierno federal haga algo. ¿Por qué tendría que hacerlo? El Presidente le compró de cabo a rabo la estrategia de seguridad a su exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y está convencido de que la violencia desatada está asociada con dos factores: que los gobiernos estatales y municipales no han hecho su trabajo, y que su repunte se dio con los cambios de gobiernos locales en los dos últimos años. Bajo esta racional, el problema no está en la Federación, sino en el ámbito estatal.

La falta de autocrítica no ayuda al diagnóstico correcto. ¿Qué hizo Peña Nieto de saque de su administración?

*Fusionó a la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación, revirtiendo dos años de construcción de un nuevo andamiaje institucional, al reinstalar el viejo concepto de la policía política montado en la seguridad pública. Al frente de ella colocaron a Manuel Mondragón, quien se formó en la escuela de Arturo Durazo, jefe de la Policía durante el gobierno de José López Portillo, uno de los momentos más oscuros en la seguridad pública.

*Desmanteló Plataforma México, con lo cual se dañaron años de trabajo sistemático de inteligencia criminal, porque estimaban que no sería para nada. La tecnología utilizada en los sistemas de inteligencia criminal fueron compartidos para hacer inteligencia política.

*Permitió que se despidieran a los mandos de la Policía Cibernética porque sus salarios eran altos. Una de las consecuencias más claras se vio al no poder actuar con celeridad para evitar los ataques a los bancos.

*Su estrategia de prevención nunca funcionó. Jamás le dieron presupuesto y terminaron quitándole todos los recursos para lo que iba a ser, habían dicho al arrancar el Gobierno, la pieza toral de la política de seguridad pública. Todo se quedó en un ejercicio de propaganda.

*Se dejó de combatir durante ocho meses al crimen organizado, ante el supuesto de que era el combate frontal lo que generaba la violencia en las calles, que permitió que los cárteles se fortalecieran. Esa omisión por ignorancia permitió que la violencia comenzara su repunte a los niveles de descontrol e ingobernabilidad que se viven ahora.

*Se armaron grupos de autodefensa, en realidad paramilitares, varios de ellos vinculados con el crimen organizado, cuyas secuelas se ven todavía en Guerrero y Michoacán. Apoyarlos con armas y protección, les dio legitimidad y profundizó el problema de la inseguridad y el crimen organizado.

*Se pospuso dos años el examen de control de confianza para policías municipales, con lo cual su vinculación con criminales se intensificó. En este espacio ya se ha señalado que de haber existido, muchos de los municipales que participaron en el crimen contra los 43 normalistas de Ayotzinapa, no habrían cometido ese delito porque jamás habrían pasado esos controles.

¿Qué hizo Peña posteriormente?

*Regresó a la política de combate al crimen organizado del expresidente Felipe Calderón pero con la misma deficiencia: no atacó integralmente el fenómeno. Las causas sociales y económicas que son aceleradoras del fenómeno, permanecieron sin ser transformadas. Y al igual que la administración previa, se echó la culpa de sus deficiencias a los gobiernos locales.

*No pudo, o no quiso, sacar un nuevo modelo de policía, pero presionó para que se aprobara la Ley de Seguridad Interior, con lo cual se podrá tener a las Fuerzas Armadas permanentemente realizando tareas de seguridad pública. 

*El trabajo con los gobiernos estatales de ir fortaleciendo a las policías locales y gradualmente ir retirando al Ejército de las calles, se quedó en discursos. El encargado de planear la estrategia con los gobernadores, Osorio Chong, nunca lo hizo; el presidente tampoco le pidió cuentas.

*Pese a los fracasos visibles como la fuga de “El Chapo” Guzmán, que evidenció el colapso de los sistemas y protocolos del Sistema Penitenciario Federal, nadie de los responsables principales de que existieran las condiciones para el escape, fue procesado.

*Nunca se pidieron cuentas a los responsables de la seguridad pública del porqué si el presupuesto se incrementó casi cuatro veces en los primeros cinco años del Gobierno, la fuerza policial nunca se incrementó. ¿En dónde quedó ese dinero? No se sabe, porque la información está reservada.

Con tantas pifias, omisiones, negligencias o encubrimientos que se han dado en el gobierno peñista en materia de seguridad, ¿cómo esperan las cúpulas empresariales que el presidente  rectifique el rumbo? Es esperar demasiado de Peña Nieto que, en esta materia, como en otras que serán analizadas próximamente, ya cerró la cortina.
29 Mayo 2018 04:05:00
La captura de ‘El Abuelo’
La captura de Juan José Farías Álvarez es más que la detención de un presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación. Es la cara más impura de la fallida estrategia contra la delincuencia organizada del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Durante casi cinco años lo arroparon como uno de los primeros líderes de los grupos de autodefensa en Michoacán y lo invitaron a sus reuniones de planeación y estrategia. No les importó que hubiera estado en la cárcel años antes por ser uno de los operadores del Cártel del Pacífico en el trasiego de las metanfetaminas. Lo necesitaban para eliminar a Los Caballeros Templarios. Farías Álvarez, “El Abuelo”, fue uno de los precursores de los grupos paramilitares equipados y protegidos por el Gobierno para aniquilar a un cártel.

La agencia de noticias michoacana Quadratín lo describió como “narcotraficante, homicida, autodefensa, empresario y hasta miembro del quinceavo Cuerpo de Caballería de Defensas Rurales, dependiente de la 43ª Zona Militar”, quien supuestamente era un objetivo prioritario para el Gobierno y Michoacán, al ser uno de los incondicionales del jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, apodado “El Mencho”. En todos estos últimos años, eso nunca pareció ser relevante. “El Abuelo” se movía por Tepalcatepec, sin mayor problema. Sus antecedentes y redes de protección habían sido expuestas en este espacio el 31 de julio de 2013, cuando se publicó:

“Tepalcatepec es un municipio en Tierra Caliente, Michoacán, frontera con Jalisco, que según un reporte confidencial del CISEN de 2007, estaba controlado por el cártel de Sinaloa –hoy Pacífico–, y era puerta de entrada a Jalisco de los precursores de las metanfetaminas que llegaban a los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas procedentes de India y China. La plaza la manejaba el Cártel del Milenio –de los hermanos Valencia–, que se había unido a los sinaloenses en 2006 para enfrentar al cártel del Golfo y a Los Zetas. El representante era, según el mismo documento, Uriel Farías Alvarez, ‘El Paisa’, en ese entonces presidente municipal del PRI…

“El hermano de ‘El Paisa’, Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”, había organizado a los “Antizetas”, un grupo para repeler al cártel adversario. Su red de protección abarcaba, según el CISEN, a la Secretaría de Seguridad Pública local y a miembros de la Iglesia en Tepalcaltepec. “El Abuelo” estaba vinculado a la red del empresario Zhenli Ye Gon, y su hermano, jefe de la protección, fue detenido en 2009 en el caso de El Michoacanazo, aunque después recuperó la libertad por falta de pruebas.

“El problema en Tepalcatepec no era desconocido para el Gobierno de (Felipe) Calderón en 2007, cuando se agravó. Esto sucedió porque fue tan eficaz el golpe a los cárteles, que se quedaron sin dinero para pagar sicarios, con lo que se dio el traslape de delitos federales al fuero común. Los matones del cártel de Tijuana se mudaron a los secuestros exprés para ganar dinero, mientras Los Zetas se expandieron a la trata, extorsión y piratería, para sobrevivir. En ese traslape falló la estrategia de Calderón al no tener la solidez institucional para enfrentar los delitos del fuero común, y perdió el tiempo culpando a los gobiernos estatales de no hacer nada, cuando en realidad nunca tuvieron ni el dinero ni el tiempo para fortalecer sus cuerpos policiales. Por otro lado, la estrategia de Calderón dejó vacíos sin llenar, como el haber detenido a los Farías Álvarez, que mantenían con violencia la estabilidad, y no fortaleció institucionalmente al municipio.

“En cinco años, el vacío se volvió un conflicto. Los Zetas se metieron a Tepalcaltepec y en el cambio de Gobierno de Calderón al de Enrique Peña Nieto, el hueco institucional que se dio a nivel federal fue aprovechado por el Cártel Jalisco Nueva Generación –la nueva cara del cártel del Milenio–, para impulsar a las policías comunitarias y a los grupos de autodefensa civil en Tierra Caliente. Si los grupos en Tepalcatepec son inspiración o no de ese grupo criminal, no se sabe. Que sí existen cárteles de la droga en esa zona bajo el disfraz de grupos de autodefensa y policías comunitarias, es un hecho”.

Tepalcatepec era por donde los precursores de las metanfetaminas que llegaban al puerto de Lázaro Cárdenas importados de China por el empresario Zhenli Ye Gon, que sigue preso en Estados Unidos, para el cártel del Pacífico, entraban a Jalisco para ser convertidos en drogas sintéticas en los laboratorios instalados en el estado. La muerte de Arturo Beltrán Leyva, en el colofón de la fractura dentro de esa organización criminal, así como la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán, dio origen a otra escisión, donde surgió el Cártel Jalisco Nueva Generación, que tomó el control de las rutas que trabajaban los Beltrán Leyva para Guzmán.

Los Farías Álvarez aparecían profusamente en el expediente de Zhenli Ye Gon de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada. La razón por la que no se quedaron en la cárcel cuando fueron indiciados es porque el conflicto intragabinete en el Gobierno de Calderón, hizo que la PGR no judicializara las intercepciones telefónicas que aportó la Secretaría de Seguridad Pública en el caso de El Michoacanazo.

El gobierno de Peña tenía toda la información, pero en lugar de armar nuevamente los casos, decidió utilizarlos dentro de los grupos paramilitares para aniquilar Los Caballeros Templarios. La captura de “El Abuelo”, cierra un capítulo del desastre de la política de seguridad pública, pero las consecuencias legales por esa limpieza crimina, faltan por verse.
28 Mayo 2018 04:07:00
Encuestas espurias
Muy pocos años bastaron para que una vez que se instalaran las encuestas como una de las herramientas en campañas políticas en los 90, comenzara a desacreditarse el instrumento. Los primeros síntomas fueron en la campaña presidencial de 2000, cuando al registrar unas mediciones la ventaja de Vicente Fox sobre Francisco Labastida, hubo quien corrió al PRI para canjear la censura del estudio por canonjías. Más adelante surgió la publicación de encuestas que nadie sabía quién había hecho, que eran difundidas por periódicos influyentes en la Ciudad de México que siempre beneficiaban a los candidatos del PRI o al Gobierno. Luego, vino un brinco a la sofisticación.

Lo más aberrante, por lo impúdico, se dio en las elecciones intermedias de 2015, cuando dentro de periódicos de “prestigio” se instauraron como modelo de negocio encuestas a modo. Se pagaban y como parte del paquete combo, se publicaban y difundían en los sitios web. Encuestas a la carta, para el mejor postor. Llegó a tener sus momentos de tensión entre cliente y proveedor, como sucedió en el caso de un candidato de oposición, que pagó por una encuesta que nunca salió publicada. Cuando reclamó, como quedó registrado en pláticas del chat a las que se ha tenido acceso, el vendedor le dijo que había habido un problema técnico, pero que se la reponía gratuitamente con otra encuesta, de cualquier candidato que le indicaran. El cinismo en su máxima expresión.

Esto es lo que George F. Bishop llamó “las impresiones espurias en la prensa”, en un muy vigente libro –cuando menos para México– publicado en 2005, La Ilusión de la Opinión Pública: Hecho y Artefacto de las Encuestas de Opinión Pública (Rowman & Litlefield Publishers, Inc.), donde mencionaba la preocupación de los encuestadores profesionales por la proliferación interminable de seudo encuestas que se difundían en los medios de comunicación, en internet y a través del teléfono, que transmitían información contradictoria a los electores, porque se obtenía de cuestionarios amañados, con un fraseo tramposo y una selección tendenciosa de los encuestados.

Bishop citó un artículo escrito años antes por la finada Eleanor Singer en la edición del 50 aniversario del Public Opinion Quarterly, sobre su utilización y diseminación al público sin control. “Las seudoencuestas (telefónicas, escritas o con muestras a conveniencia)”, escribió Singer, “son reportadas como si fueran reales, las discrepancias entre encuestas son reportadas sin explicación, y lo noticioso del hallazgo precede a la calidad del proceso mediante el cual se obtuvo la información”. Su creciente prevalencia, añadió Bishop, refuerza la ilusión del público que de que está informado sobre cada tópico posible bajo el sol.

Este tipo de distorsiones descritas por la manipulación de un instrumento, dañan profundamente los procesos electorales y minan la democracia. Esto no es un lugar común. En la medida que la confusión reine por las contradicciones de los estudios publicados, en donde no haya costo alguno para quienes de manera tendenciosa o comercialmente por los medios de comunicación que practican esta aberración e inventan, el electorado no sólo va confiando menos en el instrumento, sino además, utiliza los datos que se acomoden mejor a sus ideas y sentimientos, en la mar de resultados mezclados entre verdaderos y falsos, para descalificar procesos y perder la confianza en el sistema democrático, al crear múltiples realidades subjetivas que se contraponen.

Aunque en los últimos años el Instituto Nacional Electoral ha buscado tener un control claro sobre el mal uso de las encuestas, como solicitar metodologías y bases de datos de los estudios a las empresas, así como de manera particular que se entregue toda la documentación sobre quién pagó el ejercicio, todavía hay lagunas en las cuales varios mercenarios en los medios de comunicación están actuando sin escrúpulo en estas campañas electorales.

En un caso reciente, un funcionario de un medio habló con el equipo de un candidato para decirle que su última encuesta le daba muy buenos resultados, pues había ampliado de manera significativa su ventaja sobre el tercer lugar. Pero, alegó, como lo suyo era el negocio, necesitaba que le pagaran 4 millones de pesos. La propuesta fue rechazada y cuando se publicó la encuesta, quien originalmente estaba en tercer lugar, ya figuraba en segundo. En otro caso, donde el medio tenía una mayor difusión, el costo de la publicación de la encuesta como la tenían, era de 10 millones de pesos. A quien se buscaba extorsionar rechazó igualmente la propuesta y, como en el caso anterior, el segundo lugar que tenía se convirtió en tercero.

Qué tantos casos más hay como esos, no se sabe. Pero las casas encuestadoras establecidas y con larga trayectoria, han enfrentado críticas en los últimos años porque los resultados no coincidieron con lo que venían registrando, pese a la insistencia sistemática de que una encuesta no pronostica cómo van a votar los electores. Consulta Mitofsky ha llegado al extremo, para reiterar en ello, que cada vez que saca una nueva encuesta electoral, coloca una etiqueta que dice: “Falta mucho para la elección. No caiga en la tentación de pensar que no habrá cambios”.

La proliferación de encuestas espurias no ayudan al clima electoral. Al contrario, han distorsionado el proceso al haber sido utilizadas por algunos protagonistas para demostrar que sus candidatos estaban mejor de lo que señalaban otras encuestas.
25 Mayo 2018 04:07:00
El agarrrón de Videgaray y Guajardo (réplicas)
La relación entre los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, ha sido difícil en algunos momentos, en buena parte por el fuerte carácter de los dos que los ha llevado a discutir con energía, pero no está rota ni mucho menos dividida su posición en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esta es una conclusión de la respuesta de los secretarios a lo publicado aquí este jueves, que remataron: están de acuerdo al 100 por ciento. Aseguran que no hay fisuras entre ellos y mucho menos aún posiciones distintas en la mesa de las negociaciones, como refirió esta columna citando al periódico The Wall Street Journal. A juicio de Videgaray, la prensa ha caído en el juego de las filtraciones de la Oficina del Representante Comercial de la Casa Blanca.

Las filtraciones son un subproducto de los sistemas abiertos, y reflejan las tensiones dentro de un Gobierno, o las acciones de este para cambiar y alterar las decisiones y acciones de sus interlocutores. En la política de Estados Unidos, las filtraciones, los leaks, son utilizadas regularmente. Hay filtraciones no autorizadas, donde quien las realiza busca impulsar o sabotear una decisión o una política aprobada, y hay autorizadas, donde una institución o un gobierno está alineado en busca del mismo objetivo. A decir de Videgaray, esto es lo que ha venido sucediendo dentro de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, donde la oficina de Robert Lighthizer ha buscado alterar la negociación o presionar a las partes involucradas mediante la utilización del Wall Street Journal como su vehículo preferido.

El Journal citó el miércoles a un funcionario estadunidense que afirmaba: “Es sumamente difícil llegar a un acuerdo con México porque parece haber una división importante entre quienes quieren alcanzar un acuerdo y quien no”. Esta columna recordó que el diferendo entre los dos secretarios ya había sido expuesto –y nunca desmentido– en la prensa mexicana, donde, como se apuntó ayer, la discusión había sido ganada por Guajardo, quien convenció al presidente Enrique Peña Nieto de que lo mejor que podía hacer era una buena negociación y no una entrega de concesiones que tendría repercusiones negativas en la industria mexicana. Si en la línea del Journal, Videgaray mantenía una posición distinta en Washington, se concluyó, estaba tomando decisiones por encima del propio Presidente.

De ninguna manera, rechazó Videgaray. Ni ha tomado decisiones por encima de las instrucciones presidenciales, ni mucho menos aprobado concesiones que no han sido analizadas y acordadas con Guajardo. En este espacio se apuntó el jueves: “En el caso del TLCAN, por lo que revela el interlineado en la información del Wall Street Journal, Videgaray se ha sobregirado de su área de responsabilidad.

Quien tiene la jefatura de la negociación es Guajardo, no el canciller, quien ha tomado decisiones sin consultar. Los acuerdos a los que llega con (Jared) Kushner que no son reconocidos por Guajardo, fueron caracterizados por el Journal como ‘inconsistencias’ en el equipo mexicano, a las cuales les achacan el empantanamiento en las pláticas. Esta confrontación, evidente ya en Washington, afecta a México y a la seriedad del Gobierno peñista”.

La versión de Videgaray coincide con la de Guajardo. La postura mexicana está alineada. Lo que se está dando, explican sus asesores, es una presión pública de la Casa Blanca para forzar a México a aceptar que el 40% de los componentes para la industria automotriz sean fabricados en las regiones del tratado donde los salarios mínimos sean de 16 dólares la hora. México ha rechazado esa propuesta por el daño que causaría a la industria automotriz mexicana. Este tema ha sido la causa del empantanamiento en la negociación, al insistir Estados Unidos en un incremento de 72.5% hasta 85% en los componentes para automóviles y autopartes, del 62.5% que es la tasa actual. México contrapropuso elevar hasta 70%, pero en lo general, sin acotamientos salariales.

Videgaray está convencido de que la oficina de Lighthizer está buscando dividir a la delegación mexicana y provocar confusión al minar su capacidad de negociación. Tanto él como Guajardo tienen claro que esta no es una posición desconocida por ellos o que no hubieran esperado que se realizara. Utilizar a los medios de comunicación es una vieja extensión de la política en Estados Unidos, donde frecuentemente han aparecido avances o retrocesos en la negociación.

Los canadienses, sin embargo, han sido los más audaces en las filtraciones, teniendo en el periódico The Globe and Mail de Toronto y en la agencia de noticias Canadian Press su principal vehículo de distribución de sus posiciones. A los mexicanos, en este y anteriores gobiernos, no les gusta recurrir a filtraciones. Son profundamente ortodoxos y optan por aparecer en medios, preferentemente electrónicos, para ganar espacios y tratar de orientar la discusión, pero rara vez para enviar mensajes cifrados que sólo entienden los destinatarios de ellos.El canciller resiente que se infiera que está cometiendo un acto de traición. La relación con Guajardo es plena y están actuando de acuerdo con la estrategia de la negociación, lo que confirma totalmente el secretario de Economía. Tensiones entre ellos han existido, coinciden en sus equipos, como parte de la discusión que se da entre ellos sobre temas específicos, o en el gabinete, cuando se han expresado los puntos de vista sobre la renegociación del tratado. Pero nada más lejano, señala, que la versión proyectada por el Wall Street Journal. Esto no parará. La agresividad estadunidense con su comunicación política es vieja. La actitud timorata mexicana, también.
24 Mayo 2018 04:09:00
Agarrón de Videgaray y Guajardo
El establo político del presidente Enrique Peña Nieto está en llamas. Sus dos negociadores en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, están confrontados. El primero quiere que salga el acuerdo, por encima de qué tanto perjudica a México; el segundo quiere el mayor beneficio para México aunque se lleve más tiempo. No es nuevo que echen chispas. Lo que es inédito es que su pleito trascendió al despacho presidencial y se fue directo a la mesa de negociación en Washington. “Es sumamente difícil llegar a un acuerdo con México porque parece haber una división importante entre quienes quieren alcanzar un acuerdo y quién no”, dijo un funcionario estadunidense al periódico The Wall Street Journal.

El conflicto entre Videgaray y Guajardo debe ser tan intenso y notorio, que los negociadores estadunidenses decidieron airearlo en la opinión pública a través del Journal, para buscar reencauzar la negociación. “Una y otra vez los funcionarios mexicanos han dicho que están interesados en un acuerdo, y entonces retroceden”, agregó la fuente del diario financiero neoyorquino. El periódico deja entrever con quién se quieren aliar en aquél país, tanto en el Gobierno, como en el sector empresarial: Videgaray. A Guajardo lo calificaron de ser la pieza “intransigente” en la negociación y quien, por tanto, es el que ha provocado que no avance la negociación.

La publicación en el periódico neoyorquino confirma las informaciones en la prensa mexicana sobre este viejo diferendo entre los dos secretarios. Guajardo siempre había reconocido la jerarquía de Videgaray, empoderado así por el presidente Peña Nieto, hasta que llegó el momento en donde no era el equilibrio de poder interno lo prioritario, sino el juicio histórico que tendría que enfrentar cuando se analice cómo se renegoció el acuerdo comercial.

El secretario de Economía no ha ocultado nunca su intención sobre qué tipo de tratado quiere. Si no entraba al Congreso de Estados Unidos por la vía del fast track para aprobarse antes de sus elecciones legislativas en noviembre, sería porque lo planteado perjudicaba los intereses mexicanos.

El diferendo está en las reglas de origen, donde Estados Unidos quiere que el 70% de los componentes para la industria automotriz sean fabricados en regiones del TLCAN, donde los salarios mínimos son de 16 dólares por hora. Lo que se puede colegir de la información en medios estadunidenses y canadienses, es que México, en voz de Videgaray, aceptó los términos impuestos por la Casa Blanca. Pero Guajardo ha dicho que no, porque ceder afectaría significativamente a la industria automotriz mexicana, quizás hasta en un 40%. A esto se refiere el Journal. Mientras Videgaray acuerda con el asesor y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, las concesiones mexicanas, Guajardo le dice al negociador en jefe estadunidense, Robert Lighthizer, que eso no va a pasar.

La revelación del periódico dice mucho más, aunque no se percató el corresponsal del diario. En México, el diferendo ya había sido ganado por Guajardo, y convenció al presidente Peña Nieto que lo mejor que podía hacer era una buena negociación y no una entrega de concesiones que tendría repercusiones negativas en la industria mexicana. Personas que han hablado con Peña Nieto en las últimas semanas han comentado que el Presidente da la impresión de haber asimilado que el TLCAN no va a ser aprobado durante lo que resta de su sexenio y tendrá que ser concluido el proceso por el próximo presidente. La prisa por firmarlo no es de él, sino de Videgaray. La pregunta entonces es si Videgaray decidió actuar por sí solo, sin tener la aprobación clara del Presidente para que saque el acuerdo a costa de lo que sea.

Videgaray se maneja con un discurso ortodoxamente institucional, y ha contado de manera muy firme con el respaldo del presidente Peña Nieto, de quien es su alter ego y uno de sus principales consejeros –el otro es Aurelio Nuño, el coordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade–. Gracias a ese respaldo, pudo avasallar a la exsecretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, cuando se opuso a la visita de Trump como candidato presidencial, y luego la desplazó del cargo. Más adelante participó en la elaboración de las listas para candidatos al Congreso y al Senado, en donde se intentó castigar a Miguel Ángel Osorio Chong y colocarlo en un lugar de la lista plurinominal donde había grandes posibilidades de que no llegara a la Cámara alta, y bloqueó la llegada a la Cámara baja del secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza.

En el caso del TLCAN, por lo que revela el interlineado en la información del Wall Street Journal, Videgaray se ha sobregirado de su área de responsabilidad. Quien tiene la jefatura de la negociación es Guajardo, no el canciller, quien ha tomado decisiones sin consultar. Los acuerdos a los que llega con Kushner que no son reconocidos por Guajardo, fueron caracterizados por el Journal como “inconsistencias” en el equipo mexicano, a las cuales les achacan el empantanamiento en las pláticas. Esta confrontación, evidente ya en Washington, afecta a México y a la seriedad del Gobierno peñista.

El Presidente tiene incendiado el establo, donde hay una evidente falta de control de su gabinete. Está claro que no impuso orden, o mejor dicho, que Videgaray, una vez más, se le montó y tomó decisiones en nombre suyo. El mensaje que reciben en Washington es terrible. ¿A quién le creen? A ninguno. México, por las acciones de sus secretarios, no sabe lo que quiere.
23 Mayo 2018 04:07:00
Pelea de tres
Dice Andrés Manuel López Obrador que la elección presidencial no será parejera. Tiene toda la razón. Mientras la lucha entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade se mantenga sin una declinación de facto, no hay forma de que sea una contienda binaria, como se llegó a señalar en este mismo espacio que sería. Asimismo, mientras haya dos candidatos que no cejen en ser los rivales finales de López Obrador, el candidato de Morena caminará, literalmente, a la silla presidencial. Pareciera un contrasentido que dos candidatos que tienen como principal enemigo al tabasqueño, sigan saboteando la posibilidad que uno de ellos sea el adversario designado, como sucedió en 2006 y 2012. Pero no lo es porque el encono y la lucha entre Anaya y lo que representa Meade, es mayor que su temor al triunfo de López Obrador y un cambio de dirección en el rumbo del país.

Los candidatos de las coaliciones del PAN y el PRI están en una dinámica de destrucción mutua. Ninguno tiene actualmente la fuerza para derrotar a López Obrador por sí solo y al mismo tiempo, ninguno mostró durante el segundo debate presidencial estar listo para entregar la plaza. En este espacio se publicó el lunes: “Si el primer debate presidencial… fue la confirmación de que el segundo lugar en la contienda era… Anaya, el segundo debate, fue el arranque de una segunda vuelta electoral por la vía de los hechos, donde quienes no quieren que camine solo hacia Palacio Nacional… López Obrador, se verán en la encrucijada de respaldar al segundo lugar consolidado y sacrificar, quienes hayan optado por otra opción, a abandonarlo en el último tramo de la campaña”. 

La terca realidad mostrada por Anaya y Meade es que no van a ceder. Se aplica el Dilema del Prisionero en Teoría de Juegos, donde la mejor solución es que si ceden ambos, se ayudan los dos. Si no trabajan en forma cooperativa, ambos perderán. Así van rumbo al 1 de julio, a perder los dos. La alianza implícita de 2006 con el apoyo del PRI al PAN, y de 2012, con el respaldo del PAN al PRI, es hoy imposible. Anaya mandó señales al Gobierno para abrir la ventana de un voto útil hace tres semanas, pero los anticuerpos que él mismo construyó durante más de un año de martillear sobre la corrupción del PRI y prometer llevar a la cárcel al presidente Enrique Peña Nieto, reaccionaron. No permitieron que Anaya concretara el borrón y cuenta nueva, y lo obligaron a mantener la ruta que trazaron. 

Esa ruta tenía un diseño estratégico: si no se corría al espacio antisistémico ocupado por López Obrador desde hace dos décadas, todo el malestar social contra Peña Nieto y el PRI lo capitalizaría únicamente él. En la búsqueda de capturar una parte de ese voto de coraje, Anaya dinamitó la posibilidad del voto útil que se dio en las dos últimas elecciones presidenciales. La apuesta era inteligente, pero nunca consideró que iba a ser sometido a una persecución política y mediática por el presunto delito de lavado de dinero, que aunque no se ha podido judicializar, fue suficiente para frenar su crecimiento electoral e impedir, quizás con éxito, que esté en condiciones de amenazar a López Obrador. Está bastante claro hoy que los priistas votarían más por el candidato de Morena que por el frentista, con lo cual se puede plantear como hipótesis que no tiene manera de ganar las elecciones. 

En una situación idéntica, pero por razones distintas –el malestar y hartazgo contra Peña Nieto y el PRI–, Meade no está en condiciones de ganar la elección. Tampoco está claro si ante una eventual caída de Anaya en las preferencias electorales, se pudiera dar un voto significativo de panistas a favor de él. Las evidencias muestran lo contrario, como en el Estado de México, donde la mayoría de los panistas prefirieron votar por Morena que por el PRI. Las sumas tampoco le alcanzarán a Meade si no tiene el apoyo decidido de los panistas, que piensan hoy que es peor que el PRI se quede en la Presidencia, a que López Obrador la conquiste.

López Obrador se ve en la silla presidencial y tiene razones objetivas para creerlo, al analizar los escenarios electorales de autodestrucción mutua de sus adversarios. Ante la postura de Anaya y Meade en el segundo debate, que también mostró a un López Obrador más maduro para evitar caer, como lo dice, en provocaciones y lastimar sus posibilidades de victoria, queda un posible camino que pueden explorar sus adversarios, que es la ruptura de una de las coaliciones para reencauzar sus votos a favor de su candidatura. En el caso de Anaya, es imposible que rompa al PRI. Los agravios son demasiado grandes para superarlos. Con Meade hay más posibilidades. 

La receta es repetir el rompimiento del gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, que expresó su apoyo al priista. Aquello fue importante, pero no fundamental. Una alternativa posible es buscar que el exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien pese a no haber roto con el Frente, tampoco ha respaldado claramente a Anaya, lo que refleja fisuras entre ellos, rompa con él. La otra opción es Dante Delgado de Movimiento Ciudadano, aunque más difícil de alcanzar por el papel protagónico que tiene en el Frente y su influencia en esa coalición. Pero nada es imposible si se piensa fuera de la caja, sobre todo hoy, donde como van, se dirigen decididamente a la derrota.
22 Mayo 2018 04:07:00
Decepcionante debate
Para quienes esperaban una guerra de pastelazos en el segundo debate presidencial, los protagonistas no los defraudaron. Pero para quienes querían oír sus ideas y propuestas sobre los temas que incidirán en el futuro mexicano, fue una pérdida de tiempo. Estaban tan preocupados Ricardo Anaya y José Antonio Meade en atacar a Andrés Manuel López Obrador, que ni siquiera escucharon algunos señalamientos inverosímiles que hizo (por ejemplo, que quiere unir Asia con la costa este de Estados Unidos, que baña el Atlántico).

Estaba tan preparado López Obrador para responder las imputaciones, que también desperdició la oportunidad de mostrarse como un político que entiende el mundo, aunque su proyecto de Nación sea aislacionista. ¿Cómo mirar sólo hacia dentro en un mundo interdependiente? La respuesta que es que la mejor política exterior era la interior, es insuficiente por reduccionista.

López Obrador, sin embargo, salió victorioso de este debate. La política exterior y migración es lo que menos conoce, que menos le importan y en donde menos recursos dialécticos tiene. Y sin embargo, la debilidad de los argumentos de sus adversarios para mostrar su desconocimiento, le permitió terminar sin sobresaltos ante situaciones donde hubiera quedado exhibido.

Uno de los momentos que perdieron sus rivales fue su propuesta de reedición de la Alianza para el Progreso, una iniciativa del presidente John F. Kennedy en 1961 para desarrollar infraestructura en América Latina, que recordó López Obrador como un éxito, cuando en realidad terminó en fracaso, porque el financiamiento se redujo significativamente tras su asesinato en 1963.

Meade tuvo una de sus grandes oportunidades en ese instante, porque una versión de aquella alianza, rebautizada por el presidente Barack Obama como la Alianza para la Prosperidad, fue abrazada como propia por el presidente Enrique Peña Nieto, en julio de 2016 para contribuir de manera significativa al desarrollo económico del llamado Triángulo del Norte, como definen a Guatemala, Honduras y El Salvador. Pero Meade no se acordó de su existencia. El pecado de uno se convirtió en el de dos. Ni Meade ni Anaya aprovecharon tampoco la oportunidad para mostrar, al recuperar López Obrador el proyecto de Kennedy, que en efecto, su visión de país es obsoleta y corresponde a un mundo que ya no existe.

La relación con Estados Unidos dominó la discusión sobre la relación de México con el mundo, ante lo que hay que achacarle lo políticamente correcto del Instituto Nacional Electoral –que escogió arbitrariamente los temas a discutir–, pero lo flagrantemente ingenuo de su iniciativa. Los candidatos tenían que hablar de la diversificación del comercio mexicano, lo cual se oye muy bien pero es cándido. ¿Cómo esperaba el INE que se debatiera la relación con el mundo dentro del subcapítulo de comercio exterior cuando el 82% de sus exportaciones son a Estados Unidos? En el México de las simulaciones, este fue otro de los peores momentos del debate porque llevó a ninguna parte.

Diversificar sus mercados con el mundo, vender a todos lados y compensar –no lo dijeron pero eso es lo que quieren decir– las ventas perdidas por los ajustes al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no será posible en el corto o mediano plazo. Ni siquiera se sabe si sería posible en el largo. El aparato productivo nacional está injerto en el sistema económico de Estados Unidos desde 1994, para bien o para mal, y no está sencillo desmontarlo. Mucho menos en un sexenio, que sería lo que buscaría López Obrador si gana la Presidencia, y si cumple sus promesas de campañas.

No deja de ser simplón, como lo demostró en el debate, plantear la relación con Estados Unidos como un asunto de voluntad y fuerza moral para negociar desde una posición fuerte. Si es una frase de campaña, está bien construida; si eso es lo que realmente piensa, no entiende la naturaleza de Estados Unidos ni la realidad de las relaciones bilaterales; no tiene estrategia para lidiar con el presidente Donald Trump, sino actos de fe. Anaya tampoco mostró grandes luces en este campo.

De la buena onda en la relación, como la quiere López Obrador, él prefiere lo punitivo. Si Trump amenaza, su Gobierno cancelaría toda la cooperación bilateral, dijo. Se saltaría de esta forma lo que el Gobierno de Peña Nieto ya está haciendo, que es la revisión de todos los acuerdos bilaterales y cancelar aquellos donde no haya provecho alguno para México. O sea, tampoco esta idea es nueva y salta a consecuencias sin sus etapas intermedias para dar aire a un arreglo.

Meade, que conoce a la perfección la temática, está entrampado con Trump. Justificó la invitación a Los Pinos cuando era candidato, con el argumento que modificó su actitud frente a México. Todas las promesas de Trump de cancelar acuerdos internacionales, dijo, las ha cumplido, pero no la de pedir la abrogación del TLCAN.

¿A costa de qué? insultos permanentes y, más grave por las consecuencias, la incertidumbre que frenó inversiones y tiene loco al mercado de divisas. Del resto de los candidatos, que son poco duchos en política exterior y finanzas, se puede entender lo liviano de sus alegatos, pero de Meade se esperaba mucho más de lo que expuso. Él, que podía, no mostró al electorado lo que mejor sabe, perdiendo su oportunidad.

En la conclusión del segundo debate, los lugares comunes dominaron la discusión de fondo. Quizás muchos se divirtieron con los pastelazos, pero nadie se quedó con una idea clara de qué piensan y proponen sobre estos temas, conclusión de un debate decepcionante.
21 Mayo 2018 04:08:00
Segundo debate, segunda vuelta*
Si el primer debate presidencial hace un mes fue la confirmación de que el segundo lugar en la contienda era el frentista Ricardo Anaya, el segundo debate anoche en Tijuana fue el arranque de una segunda vuelta electoral por la vía de los hechos, donde quienes no quieren que camine solo hacia Palacio Nacional Andrés Manuel López Obrador, se verán en la encrucijada de respaldar al segundo lugar consolidado y sacrificar, quienes hayan optado por otra opción, a abandonarlo en el último tramo de la campaña. Es tan simple como cruda la alternativa: si la gangrena impide la salud del cuerpo, esa gangrena –el tercer y cuarto lugar–, tiene que ser amputada. Si no se hace, el cuerpo se pudrirá y López Obrador será Presidente el 1 de diciembre.

La segunda vuelta es un diseño institucional que se utiliza en las democracias para evitar que la polarización, donde no existe ese instrumento, atomice el voto. La segunda vuelta permite que si en la primera ningún candidato alcanzó más del 50% del voto, se realice una nueva votación entre los dos que alcanzaron el mayor número de sufragios. De esa forma se produce un realineamiento de los electores en torno a dos candidaturas, sin distracciones de ninguna naturaleza que permiten un mayor consenso de quien triunfe y provee gobernabilidad después del proceso.

El año pasado en Francia, Emmanuel Macron alcanzó en la primera vuelta el 24.01% del voto, seguido por Marine Le Pen con el 21.30%, François Fillon con el 20.1% y Jean Luc Melénchon con 19.58% del voto. En la segunda vuelta, todos menos Melénchon apoyaron a Macron para evitar el triunfo de la ultraderecha, y ganó con el 61.79% del voto, contra el 38.21% de Le Pen. No ha sido nada inusual a lo largo de las experiencias en varios países, donde el segundo lugar en la primera vuelta ganó la segunda y última elección. Incluso, se han dado casos, como el reciente en Costa Rica, donde Carlos Alvarado Quesada, quien se quedó a 2.24% de voto frente a Fabricio Alvarado Muñoz, terminó ganando por una diferencia de 21.33% del voto.

La posibilidad que el segundo lugar ganara en la segunda vuelta, llevó al PRI a oponerse siempre a legislarla. Durante más de una década se ha buscado incorporarla en el sistema electoral, pero primero fue el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, con su poderosa bancada en el Congreso, y después como Presidente, quien bloqueó todas las posibilidades de legislarla. La racional era clara. No iban a abrir esa puerta porque en una segunda vuelta el PRI perdería la elección. Esa línea de pensamiento era anacrónica, resultado de una clase política priista que nunca evolucionó con las derrotas de 2000 y 2006, y seguía pensando el poder en términos de la hegemonía que gozaron en la Presidencia durante 70 años.

No leyeron los tiempos y pensaron, quizás, que el regreso a Los Pinos en 2012 era el retorno a más sexenios bajo control priista. Un paquete excepcional de reformas –por su profundidad, amplitud y alcances de largo plazo–, mal negociado, peor implementado, y acordado cupularmente con liderazgos débiles o corruptos, fue acompañado en la primera parte del sexenio de un gobierno ineficiente y sin resultados inmediatos para una sociedad crecientemente agraviada por los gobiernos priistas, a quienes les pasaron facturas contundentes en las elecciones federales y estatales de 2015 y 2016, dejaron de gobernar unos 20 millones de mexicanos. Aquello no era un síntoma del deterioro priista, sino una enfermedad crónica. Lo vio Peña Nieto, pero nadie en su entorno comprendió la profundidad de la molestia hasta que comenzó la campaña presidencial. “Sabíamos que no estábamos bien, pero nunca nos imaginamos lo mal que estábamos”, dijo recientemente uno de los principales  colaboradores del presidente.

El candidato para enfrentar esa adversidad fue José Antonio Meade, sin militancia ni experiencia partidista, quien no ha podido deshacerse de la loza que lo está sepultando junto al Gobierno y al partido en el poder. Meade llegó al segundo debate con la claridad de que era anoche o nunca. “Nos jugaremos todo en él”, dijo uno de los principales integrantes de su cuarto de guerra. “Sabemos que si no ganamos contundentemente, será todo para nosotros”. Los debates, salvo casos excepcionales en otros países, no cambian tendencia de votos. Pueden quitar puntos si se cometen errores garrafales o mejorar la percepción. En todo caso, los debates tienen un valor más cualitativo que cuantitativo, con impulsos –llamados convention boost– efímeros, como los puntos que ganó Anaya tras el primer debate, se evaporaron con el paso de los días.

El debate en Tijuana no modificará las tendencias de voto. López Obrador con bastante seguridad se mantendrá muy arriba el las preferencias electorales, seguido de Anaya, que sube puntos porcentuales de manera inofensiva para el puntero, y de Meade, que mantiene una tendencia a la baja. La segunda vuelta prácticamente está definida entre López Obrador y Anaya, donde los priistas –con el presidente Peña Nieto a la cabeza– tendrán qué decidir qué es lo más importante, respaldar a quien les ha dicho cotidianamente corruptos, pero que continuará con las reformas emprendidas en el sexenio, como Anaya, o darle el apoyo a López Obrador, que probablemente modificará o sepultará buena parte de las reformas peñistas, pero con quien no tienen agravios personales. La decisión será definición. No es fácil, pero está clara.

*Este texto fue escrito antes del segundo debate presidencial.
18 Mayo 2018 04:08:00
‘El Bronco’, bronco
“El Bronco” resultó como lo pintan, bronco. Echado para adelante, retador, argumenta y no se deja. Bien plantado, el controvertido Jaime Rodríguez, candidato presidencial independiente, pasó la aduana de Tercer Grado modificando su metabolismo. En la conversación que sostuvo anoche salió a batirse cuerpo a cuerpo con quien se le pusiera enfrente, sin achicarse ante cualquier interlocutor. Sin tapujos, confrontó a Joaquín López Dóriga, a Leo Zuckerman y a René Delgado, batiéndose con ellos en la defensa de sus posiciones, muchas polémicas, como mocharle la mano a los corruptos, y de su candidatura. El candidato más antisistémico de los cuatro que buscan la silla presidencial es una versión tropical de Donald Trump, que rebate y se pelea con periodistas y medios sin importarle los costos que pudiera tener. 

Usted parece un populista de derecha, disparó Zuckerman, al interpretar su decisión de cortarle la mano a los funcionarios que fueran corruptos. “El Bronco” le respondió: “no te vi haciendo este tipo de preguntas a Andrés Manuel López Obrador”. López Dóriga le dijo que mocharle la mano a los corruptos era una ocurrencia. “El Bronco” no se quedó con la crítica. No es una ocurrencia, respondió; ocurrencias son las que dices todo el tiempo en tus programas y nadie te dice nada. Delgado lo centró después. “Me parece que eres un candidato del Gobierno de Enrique Peña Nieto”, le soltó viéndolo a la cara. “A mí me parece que eres un pelele”, replicó el candidato. “Te diría patiño”, volvió a decirle Delgado. Fueron intercambios de percepciones, pero las escaramuzas con los integrantes de la mesa de Tercer Grado volvieron esta conversación en la más difícil de las cinco con los presidenciables.

La crónica de esos minutos pintaron de cuerpo entero a Rodríguez, el gobernador con licencia de Nuevo León que no admitió fallas en su Gobierno, ni equivocaciones en su campaña. Rodríguez está forjado en batallas callejeras desde que era estudiante universitario en Monterrey, cuando organizó una huelga de transporte público en protesta contra el Gobierno de Alfonso Martínez Domínguez en los 80, y llamó la atención del viejo priista, quien lo invitó a trabajar, convirtiéndose en su secretario particular. Luis Donaldo Colosio, presidente del PRI, lo hizo líder nacional de la Confederación Nacional Campesina en los 90, y fue militante de ese partido hasta 2004, cuando comenzó una carrera política como apartidista, independiente. 

Cinco años después, ganó la alcaldía de García con el 75% del voto, que fue un periodo que le cambió la vida. Sobrevivió dos atentados y secuestraron y asesinaron a su hijo. Hace tiempo platicó que al terminar su periodo como presidente municipal se fue a su rancho durante 7 días, imaginándose qué había hecho Jesucristo durante 40 días y 40 noches en el desierto. No resolvió el misterio, dijo en ese entonces, pero regresó con una misión que le confió a su esposa: “Quiero ser gobernador”. Lo logró, contra todos los pronósticos, y superó en mucho las expectativas. Su victoria fue de dos a uno sobre el segundo lugar, con un porcentaje que ni sumando el alcanzado por todos sus adversarios lo habrían empatado.

No le fue bien en Nuevo León, de acuerdo con las encuestas de aprobación. “El Bronco” dice que no cree en las encuestas y que la imagen que se le construyó de gobernador ineficiente fue porque no le dio dinero a los medios. En efecto, Rodríguez canceló multimillonarios contratos publicitarios que tenía su antecesor, Rodrigo Medina, como a Milenio, que además hacía negocios no periodísticos con el Gobierno. Su principal choque, sin embargo, fue con El Norte/Reforma, cuyo propietario, Alejandro Junco de la Vega, tiene fama de ser el poder detrás del trono del Gobierno en turno. El gobernador bloqueó la influencia y el pleito entre ellos no tiene fin. En la conversación en Tercer Grado, Rodríguez simplificó varias veces sus relaciones tensas con los medios a un asunto mercantil: si no les paga, le pegan. Pero ese tipo de relación es mucho más compleja de lo que plantea.

Esto es una constante. Por más inteligente que es, así como astuto y habilidoso, “El Bronco” no tiene densidad. Tiene información, mucha de ella general o superficial. Por ejemplo, sobre la pena de muerte para criminales, que deslizó como una propuesta que revolotea en su cabeza, utilizó como espejo a Estados Unidos, donde no hay evidencia de que la pena capital haya bajado los índices de asesinatos. Confrontarlo con ello mostró un rasgo interesante en “El Bronco”, el que no es un fanático de sus ideas. Cuando se cuestionó su información, prefirió dar pasos para atrás para cotejar antes de replicar, y ser cauteloso.

Rodríguez es un político menos folclórico de lo que proyecta y muestra tener metas fijas en el futuro. Reiteradamente dijo que iría hasta el final de la contienda presidencial, sin importar cuántos votos sacara, aunque dio señales claras de que entiende cabalmente su realidad: cada vez que hablaba sobre lo que se está haciendo en Nuevo León, lo hacía en primera persona, como si fuera gobernante en funciones y no con licencia. Monterrey, no Palacio Nacional, domina su pensamiento.

La forma como abordaba los temas y las perspectivas tras el 1 de julio, tampoco eran de alguien que se está muriendo por la Presidencia. Qué papel está jugando en esta campaña es una incógnita. Delgado lo quiso identificar como candidato de Peña Nieto, pero lo rechazó con virulencia. Se irá viendo en el resto de la contienda, aunque se puede adelantar que tendremos a un “Bronco” más allá de la elección presidencial.
17 Mayo 2018 04:08:00
Margarita, touché
En menos de 5 minutos, Margarita Zavala redefinió en Tercer Grado su futuro político. Se bajaba de la campaña presidencial, anunció, y prepararía la construcción de un movimiento cívico, para empezar, después del 2 de julio. Ese día, había dicho, todos nos levantaremos a trabajar. Pero esa mañana, la siguiente a la elección presidencial, el país ya no será el mismo. Su edificio lo pintó Zavala durante su conversación transmitida anoche, al mostrar un país donde la política está quebrada, sin valores ni referentes, con un pragmatismo salvaje donde no importa el pasado y la historia, sino la hiperventilación de la ambición por la conquista del poder por el poder. 

Margarita Zavala logró la mejor articulación de su discurso desde que arrancó su precampaña presidencial, y recuperó la esencia del panismo liberal y de valores, en el pensamiento de John Stuart Mill del bien común, y de la filosofía de Karl Popper, donde el poder de las ideas se impone a las ideas del poder, que se contraponen rotundamente, como sugirió, a la podredumbre política que puebla el paisaje de la política mexicana. Se bajó de la contienda, explicó, como producto de una reflexión sobre lo real y lo posible. Hace un año, en las encuestas de preferencia electoral, era la única que regularmente aparecía por encima de Andrés Manuel López Obrador. Hoy, está permanentemente encajonada entre el cuarto y el quinto lugar.

Ella no cambió. Lo que se modificó fue el contexto. No pudo contender por la candidatura del PAN, que era su plataforma natural, porque el proceso se subvirtió y se alteraron los procedimientos democráticos que habían existido en ese partido para designar a sus candidatos. Fue tan grande el agravio para ella que renunció al PAN, mostrando uno de los síntomas de la fractura estructural en ese partido que la afectó a ella, pero que también impactó negativamente en las aspiraciones presidenciales de Ricardo Anaya. La contradicción de lo que ha sucedido en esa institución, la más vieja de los partidos políticos mexicanos, es que su esposo, el expresidente Felipe Calderón, mantiene su militancia en el PAN. Ese antagonismo no ha sido resuelto todavía.

Zavala sabía que no podía competir en términos objetivos con sus adversarios. El proceso era profundamente inequitativo. Antes de arrancar las campañas, dijo, era la única que derrotaba a López Obrador. Eran los tiempos, recordó, en que el PAN se perfilaba como el ganador de la elección presidencial en 2018, pero una aplanadora la arrolló. El conductor de la máquina que la aplastó era Anaya, que fue sembrando víctimas y enemigos dentro de ese partido. Apostó por una candidatura independiente, pero entendió que las candidaturas independientes se crearon para que no se lograran. No había manera de estar en iguales condiciones que Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Anaya. Por cada 23 spots que le dieron como candidata, mencionó, sus rivales tenían 2 mil 800. El propio Instituto Nacional Electoral demoró tres semanas en abrirle la cuenta para recibir fondos federales y más tiempo aún para las transferencias electrónicas. 

El actual acuerdo institucional electoral, dijo, no sirve y tiene que ser reformado. Asimismo, el sistema de partidos, con esa amalgama de adhesiones pragmáticas, también estalló. Las adversidades institucionales se combinaron con lo que ella llamó “paquetes electorales”, donde los tres principales partidos fueron sumando a los pequeños y a todos quienes se les quisieran sumar. Esto provocó que la contienda se polarizara, que se topó con un nuevo obstáculo: al no existir en la Ley Electoral la segunda vuelta, al final la lucha será entre dos, y aunque no lo planteó de esta forma, corría el riesgo de que sus propios simpatizantes votaran por uno de esos dos candidatos, vaciándola por completo de respaldos. Este escenario habría sido el peor para el futuro de su vida política, con una derrota que la iba a perseguir permanentemente.

Margarita Zavala recortó sus pérdidas, tan inteligente como inesperadamente, al anunciar su retiro de la campaña 4 días antes del segundo debate presidencial. El pensamiento convencional apuntaba a que esa posibilidad podría darse después del debate, no antes, pero después de explicar sus razones, su reflexión y sus denuncias sobre lo que existe hoy como sistema de partidos y arreglo institucional, dejar la competencia la revalora políticamente y le da una fuerza moral que difícilmente podría haber podido reclamar la próxima semana. Su posicionamiento en Tercer Grado lo fundamentó en la ética como política y la responsabilidad que tenía para con sus seguidores, que cuando habló de ellos en el programa y del proceso de introspección al que se sometió para llegar a esta decisión –“la de mayor valor en mi vida”–, estuvo a punto de quebrarse emocionalmente. Lo real y lo posible, en las condiciones actuales, hacía imposible su sueño.

No cometió el error de declinar por un candidato, que habría borrado el coraje de su decisión. Lo cierto, señaló, es que el 2 de julio todos nos levantaremos e iremos a trabajar. Pero ese día será muy diferente. El combo de partidos hará estallar probablemente el sistema de partidos que ha hecho funcionar al sistema político durante casi 40 años y la pérdida de referentes ideológicos generará un vacío. El sistema electoral, donde los contribuyentes aportaron 12 mil millones de pesos para las campañas, tampoco puede seguir vigente. Es un insulto nacional lo que se ha construido. 

Zavala piensa luchar para cambiar todas esas cosas. La renuncia le dará un primer empuje de salida, pero el camino sigue siendo muy largo.
16 Mayo 2018 04:08:00
La salud de Andrés
En los últimos días han circulado en las redes sociales preguntas sobre la salud de Andrés Manuel López Obrador. No es un tema que le guste en absoluto y cada vez que se le menciona a sus cercanos, la reacción es descalificadora. En diciembre pasado, el entonces precandidato del PRI, José Antonio Meade, propuso que se sometieran todos los aspirantes a la Presidencia a pruebas de salud física y mental, López Obrador rechazó de inmediato. “Es un asunto muy banal”, dijo, “el país tiene graves problemas”. El tema no es intrascendente, sino fundamental. Cuando se vota por un candidato, le entrega un mandato para que tome decisiones en nombre suyo. Por tanto, se da esa confianza a una persona y espera que termine su periodo en el cargo y no que sea alguien más, a quien no escogió, quien lo concluya.

La salud en una persona que va a dirigir un país es tomada con seriedad en muchas naciones. Los demócratas se cimbraron cuando las cámaras tomaron durante la campaña presidencial a Hillary Clinton desvaneciéndose al subir a su vehículo. Boris Yeltsin ocultó su alcoholismo durante su campaña presidencial, con una serie de presiones a la prensa rusa para que no hablaran de ese tema, enfermedad que le provocó problemas en el mundo. El presidente Franklin D. Roosevelt murió en la Casa Blanca durante su cuarto mandato, que buscó a sabiendas que tenía una enfermedad del corazón avanzada e hipertensión. “La gente tiene el derecho a saber si el candidato tiene una razón para creer que puede morir durante su gestión”, declaró a la CNN en 2016 George Annas, presidente del Departamento de Salud, Bioética y Derechos Humanos de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston.

El tema de la salud de López Obrador es relevante ante la fuerte posibilidad de que sea presidente de México. Su salud no es óptima, sobre todo después de que fuera intervenido de emergencia por un infarto en diciembre de 2013, que lo tuvo prácticamente muerto sobre la plancha del quirófano. A los políticos en general no les gusta revelar su estado de salud, y López Obrador está muy lejos de ser la excepción. “También le contesto”, refutó a Meade en diciembre, “soy hipertenso. Me tengo que tomar unas pastillas, un cóctel de pastillas diarias para que no me aumente la presión y que yo no me enoje”.

Durante y tras su intervención quirúrgica, los asuntos de Morena, como las protestas en la Cámara de Diputados en contra de la Reforma Energética, quedaron en manos de su hijo Andrés, con lo cual toda la fuerza de la izquierda social se evaporó sin su liderazgo. En la operación le colocaron un stent, que es un dispositivo que se utiliza para tratar los bloqueos significativos en las arterias del corazón. La obstrucción de las arterias puede de-sencadenar problemas cardiacos, como es la hipertensión.

Este padecimiento ha sido motivo de preocupación desde que tuvo el doble infarto en 2013, que lo llevó a contratar a un grupo de médicos cubanos, que viven en Miami, encabezados por el neurocirujano Félix Dolorit, quien trabaja en el Hospital Comunitario en Larkin, en el condado Dade-Miami, que es un especialista reconocido mundialmente, en el tratamiento de enfermedades de la columna vertebral, de la cual también padece.

Desde diciembre de 2013, el doctor Dolorit ha viajado regularmente a México para revisar a López Obrador, con frecuencias que han llegado a ser, incluso, quincenales. En total han sido poco más de 150 viajes realizados por el especialista cubanoestadunidense, quien lo atiende junto con el equipo de médicos que vigilan la salud del candidato presidencial en su propio domicilio en la Delegación Tlalpan. El trabajo constante de los médicos en México los llevó a fundar, como un negocio paralelo, el Centro de Especialidades Médico Cubanas, que se encuentra en la colonia Roma.

La discusión pública sobre la salud de un gobernante o un candidato es pertinente. En junio de 2014, López Obrador se refirió a la salud del presidente Enrique Peña Nieto, quien dos meses antes había sido intervenido quirúrgicamente para retirarle un nódulo tiroideo beningno. “Existe el rumor de que Peña Nieto está enfermo”, escribió López Obrador en su cuenta de Twitter el 5 de junio de ese año. “Ni lo creo, ni lo deseo. Pero es una buena salida para su renuncia por su evidente incapacidad”. El candidato presidencial jugaba con la salud y las palabras en aquel entonces, pero al debatir públicamente sobre un tema de salud pública, abría la puerta para que la suya formara parte del debate nacional.

Los problemas en su columna vertebral son dolorosos y pueden llegarlo a tener incapacitado por algunos días, como cuando al presidente Vicente Fox lo intervinieron en 2003 para corregirle una hernia discal. La hipertensión es diferente, aunque con una dieta saludable, evitar el uso nocivo del alcohol, no fumar, hacer ejercicio en forma regular y gestionar el estrés de una forma saludable, los riesgos de esa enfermedad llamada “asesina silenciosa”, se pueden controlar y minimizar.

Discutir la salud de los candidatos presidenciales no es una superficialidad, como lo ha señalado López Obrador, aparentemente el menos saludable de la quinteta de aspirantes, y el que tiene más posibilidades de triunfar. Sería útil que todos los candidatos mostraran sus certificados de salud para que los conozcan los votantes. Con esa transparencia aportarían información adicional al elector quien, de cualquier forma, votará por quien desee sobre la base de sus propias consideraciones y a sabiendas de lo que puede esperar.
15 Mayo 2018 04:06:00
Venganzas contra Gordillo
Este país es muy extraño en sus comportamientos. Es contradictorio e inconsistente, sobre todo, cualquiera puede hacer lo que quiera sin rendir cuentas ni sufrir las consecuencias. Pocos casos ayudan a comprender mejor la irracionalidad de muchas facetas de la vida pública mexicana que el de Jorge Bernal Reyes, candidato de la coalición Morena, PT y Encuentro Social a la Presidencia Municipal de Chignahuapan, en Puebla. Bernal Reyes, según sus patrocinadores, es la mejor carta que tienen para ganar la alcaldía, al cual llegó después de pedir una licencia al Poder Judicial en febrero. El candidato era hasta entonces secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, donde se lleva el caso de Elba Esther Gordillo, y fue pieza fundamental para, como quería el gobierno, mantenerla en la cárcel. ¿Cómo explica el verdugo de la PGR contra la maestra que ahora sea candidato de una coalición que está políticamente cerca de ella? No lo explica. Después de todo, ¿a quién le importan las incongruencias en este país?

Bernal Reyes era el abogado detrás de las decisiones del juez Alejandro Caballero Vértiz, que convirtieron a Gordillo en una prisionera política del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En este espacio se argumentó en enero de 2015 el porqué la maestra podría ser considerada una prisionera política. Su expediente mostraba un alto número de fallas, omisiones y errores que parecían grotescos, como, por ejemplo, aparecieron en el pliego de consignación para ejercer la acción penal en su contra, los dictámenes de los peritos del Sistema de Administración Tributaria y de la PGR fueron emitidos el 21 y 22 de febrero, un día después del pliego de consignación.

Otra aberración fue que la querella fue firmada por Alonso Israel Lira Salas, director adjunto de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que acreditó la representatividad legal de la Secretaría de Hacienda el 14 de febrero de 2013. El problema fue la averiguación previa que tenía fecha del 13 de febrero de 2013, un día antes de acreditarse esa representatividad legal. Esta anomalía, en sí mismo, hubiera sido motivo de anulación del proceso en un país donde se respetan las leyes. No fue así en el proceso contra la maestra, cuyo expediente, adicionalmente, fue tomado de manera irregular cuando llegó al Juzgado, según las fuentes judiciales, por Bernal Reyes.

Bernal Reyes, sin embargo, no actuó solo. De acuerdo con fuentes judiciales que han comenzado a hablar sobre las presiones políticas del Gobierno al Poder Judicial, otra figura importante en la estrategia para forzar las leyes en contra de Gordillo es Silvia Carrasco Corona, magistrada del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que sistemáticamente ha fallado a favor de la PGR en amparos para evitar que salga la maestra libre. De todos los delitos por los que originalmente la acusaron, todas las acusaciones por los delitos por defraudación fiscal fueron desechadas en tribunales que, dijeron las fuentes judiciales, no están bajo el control de la PGR, pero en los delitos por delincuencia organizada y lavado de dinero, la defensa de la maestra se enfrentó con Carrasco Corona.

En el primer amparo que solicitó la PGR, la magistrada resolvió a favor del Gobierno con el argumento que no de requería una querella. La defensa peleó ese fallo y la magistrada lo modificó posteriormente a que el delito de lavado de dinero no requería la existencia de un delito previo, lo que confrontó la defensa de Gordillo con la Convención de Palermo, que contradice el criterio de Carrasco Corona. La defensa de Gordillo inició en otra instancia, el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal, una acción de sobreiseimiento donde establece que si el sindicato de maestros autorizó los delitos supuestos no puede haber delito, para darle la vuelta a las irregularidades en el manejo de Carrasco Corona sobre el supuesto del delito de lavado de dinero.

La injerencia de la PGR en el Poder Judicial ha provocado el alargamiento del proceso contra Gordillo mediante triquiñuelas jurídicas, que según fuentes judiciales, involucra varios niveles del Poder Judicial, apoyando a los distintos tribunales en la lucha jurídica contra Gordillo. Una de las personas señaladas como parte de esta red de apoyo es la consejera de la Judicatura Federal, Martha María Hernández, vehículo de influencia para ir colocando al frente de la decisión de los procesos a jueces y magistrados que actúan en coordinación de la PGR. A quien ha expresado un punto de vista independiente, lo han removido, como fue el caso de Horacio Hernández Orozco y Reynaldo Manuel Reyes Rosas, magistrados del Quinto Tribunal Colegiado, quienes votaron en contra del dictamen de Carrasco Corona en el caso del delito de lavado y fueron enviados a otros tribunales.

La colaboración de jueces y magistrados con la PGR, no ha llegado a los niveles de Bernal Reyes, que es quien realmente llevaba la carga de trabajo por encima del juez Caballero Vértiz, y que pese a solicitar licencia para contender por una alcaldía arropado por Morena, el PT y Encuentro Social, mantiene injerencia e influencia en los acuerdos que se dictan contra la maestra. Las contradicciones que en él se unen no parecen significativas para el Gobierno. Lo importante es dilatar el proceso contra Gordillo y bloqueando a la defensa. A la coalición tampoco parece interesarle que sea clave en el entramado contra la maestra. O quizás, no se han dado cuenta de a quién seleccionaron como candidato en Puebla.
14 Mayo 2018 04:00:00
Temporada de caza
La información cimbró a muchos la semana pasada. Más de mil aspirantes a cargo de elección popular a nivel federal, así como a presidencias municipales y diputaciones locales, decidieron desistir de su objetivo. El dato salió del Instituto Nacional Electoral. La mayoría, se reportó sin precisiones, era por la inseguridad y el temor a perder la vida. ¿En qué país se da un volumen tan alto de renuncias de candidatos a cargos de elección popular como la opción para mantenerse vivos? En ninguno, de acuerdo con los buscadores en internet. “Este es el proceso más violento”, declaró a la agencia alemana de noticias DPA Rubén Salazar, director de la consultora de análisis de riesgo Etellekt, que difundió la semana pasada su Cuarto Informe de Violencia Política.

El informe que sirve de sustento a las afirmaciones de Salazar señala que durante los primeros ocho meses del proceso electoral –que arrancó en septiembre pasado–, se han contabilizado 305 agresiones directas e indirectas contra actores políticos y sus familiares, de las cuales en 93 casos han sido asesinados –35 eran precandidatos y candidatos–, principalmente a nivel municipal. En seis de cada 10 casos identificó un modus operandi utilizado por el crimen organizado, con la participación de grupos armados, violencia extrema, tortura y la utilización de armas de alto poder. La consultora lo había diagnosticado. En su tercer informe, que abarcó del 8 de septiembre al 8 de abril, registró un “notable” crecimiento de amenazas en contra de candidatos y estableció una correlación: la alta concurrencia de puestos de elección, con el aumento de violencia contra políticos y candidatos.

Parecía ser un tema cuantitativo, a mayor número de cargos en juego, los porcentajes de violencia necesariamente iban a multiplicarse. Es decir, con más de 3 mil cargos de elección popular en disputa, las condiciones de inseguridad e inestabilidad en varias regiones del país arrojarían un número de asesinatos en porcentajes mayores. El análisis cuantitativo, sin embargo, no permite conocer con certeza cuáles fueron los motivos de los asesinatos con origen en el crimen organizado. Los asesinatos de este tipo suelen responder a dos variables: o se negaron a pactar con los criminales y empezaron a afectarles sus intereses, o negociaron con ellos y luego los traicionaron. En este caso, resulta extraño que el crimen organizado se diera a la tarea de asesinar preventivamente a decenas de candidatos o precandidatos.

Un seguimiento de los crímenes a políticos durante este proceso electoral que ha hecho Ejecentral, muestra que los asesinatos se han concentrado en el centro del país, con incidencias mayores en Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Puebla. Los crímenes en estados con fuerte presencia y violencia del narcotráfico como Tamaulipas y
Chihuahua, suman números bajos, y en Sinaloa, donde hay un fuerte choque de cárteles, no se ha registrado ninguno. Esto lleva a otra hipótesis, que se están aprovechando las condiciones de inestabilidad y tensión electoral, para viejos ajustes de cuentas. El caso que la ilustra es el de Abel Montúfar, candidato a diputado local del PRI y alcalde de Coyuca de Catalán, asesinado la semana pasada a manos, según Roberto Álvarez, vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, de la delincuencia organizada.

Pero Érit Montufar, hermano del malogrado político, afirmó en su funeral, según lo registró El Sur de Acapulco, que el crimen había sido perpetrado por sus adversarios políticos. La declaración le dio otro matiz a ese asesinato. Cuando Érit Montufar fue nombrado delegado de la Secretaría de Gobernación en febrero, resurgieron las acusaciones contra él y su familia de ser talamontes y tener nexos con el crimen organizado. Montúfar, fue señalado hace tiempo de estar detrás de varios asesinatos, entre ellos el de Juventina Villa, una líder ecologista, y su hijo, en 2012. Él siempre lo negó, pero reconoció que existe un viejo diferendo de su familia con los ecologistas y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), que degradó su lucha social y se volvió una narcoguerrilla. Uno de los asesinos de la activista, Tereso Díaz Núñez, dijo que la habían matado por la disputa por territorios para la siembra, cosecha y trasiego de droga, reveló en su momento el entonces fiscal estatal Iñaky Blanco.

¿Podría haber sido el asesinato del candidato a diputado local una secuela de las viejas rencillas en Tierra Caliente? De todos los Montúfar, de Abel no se hablaba como alguien que tuviera relaciones peligrosas o que se hubiera visto involucrado en episodios criminales oscuros como varios de sus familiares. Pero su eventual llegada al Congreso, en la dinámica de ese choque entre enemigos a muerte en Coyuca de Catalán, le ampliaba el poder político a la familia. ¿Cuántos casos similares existen, donde no está clara la línea entre un crimen para conquistar espacios territoriales y control sobre el mercado de las drogas, y donde las venganzas son el detonante de asesinatos?

Es difícil determinarlo con la información disponible hasta ahora. Pero abrir a más posibilidades la explicación de los asesinatos de candidatos a puestos de elección popular, no ayuda para a la respiración. Subraya, en cambio, la terrible debilidad institucional que priva en México donde los grupos de interés violentos y armados pueden seguir cometiendo asesinatos sin que existan inhibidores para semejantes acciones. Lo que sí puede explicarse es que si la violencia es rampante en contra de personas tan prominentes, es porque existe la confianza de los asesinos de que pueden cometer cualquier delito porque es más fácil que se salgan con la suya a que paguen por ellos. Es decir, una cara más de la impunidad, calamidad nacional.
11 Mayo 2018 04:08:00
Campañas de odio
La libertad de expresión es el pilar de la democracia. No es un lugar común, sino un axioma de las sociedades modernas. Sin ella no podrían existir otras libertades, como la libertad de prensa, o la libertad para pensar y para hablar, para escribir sin interferencias, o criticar y denunciar ilegalidades, así como la incompetencia de los gobernantes, sin temor a represalias. Sin esta libertad, las minorías no podrían ser escuchadas y los abusos tampoco podrían ser neutralizados. Una sociedad sin libertad de expresión está sometida a los tiranos. Pero en los últimos años, algo cambió. Como apuntó Steven Rosenbaum en un artículo en la revista Forbes, en noviembre de 2014, al transformarse la libertad de expresión en un discurso de odio, ruin, enconado, amenazador, racista, con epítetos misóginos disparados como armas a los adversarios políticos. 

La discusión sobre esta libertad está en choque permanente. Hay una corriente de opinión internacional que considera que una vez que la libertad de expresión es limitada, deja de ser libre. Otra habla del autocontrol del individuo, o de mecanismos, incluidos legales, para impedir actos radicales en el ejercicio de esa libertad que tengan externalidades que lamentar. Un ejemplo de la contradicción se dio luego de que dos jóvenes armados con fusiles se metieran en enero de 2015 a las instalaciones del semanario satírico parisino Charlie Hebdo y mataran a 12 personas, en venganza por unos cartones donde se burlaban de Mahoma. La indignación fue masiva en el mundo occidental, y la organización PEN, que defiende la libertad de expresión, premió a la publicación por su valentía. El contrapunto lo hizo el afamado monero Gary Trudeau, autor de la tira cómica Donesburry, que al criticar el premio, apuntó: “Al golpear hacia abajo, al atacar a los que no tienen poder, a una minoría marginada con dibujos crudos y vulgares más parecidos al grafiti, Charlie se perdió en el campo del discurso de odio”.

El discurso de odio que se ha dado en las campañas presidenciales en México refleja la misma contradicción. Un tuitero inteligente y beligerante, que en las redes se llama @PerversoSádico, comentó una columna en este espacio sobre los límites –sentido común, ética y responsabilidad social– a la libertad de expresión, que refleja esta antinomia: “Puede que tus padres no te permitieran opinar. Pero en mi casa siempre nos dieron la libertad de pensamiento y acción. Soy un ateo (desde los 7-8 años) que no duda en burlarse del diosito en el que mis padres creen”. Esta libertad absoluta ha llevado el odio en las redes sociales a niveles extraordinarios.

La edición impresa de ejecentral revisó las conversaciones en las cuentas de Twitter de los candidatos a la Presidencia de la República, del INE y del presidente Enrique Peña Nieto, donde identificó 2 mil 104 mensajes de odio emitidos entre el 8 de septiembre de 2017 –cuando comenzó legalmente el proceso electoral– al 8 de mayo de este año. “De ese total –reportó–, 266 mensajes contienen la palabra ‘corrupto’, 260 utilizó ‘pendejo’, 205 ‘pinche’, 177 la palabra ‘puta’; en 141 casos se detectaron frases que incluyen la palabra ‘mierda’ y 134 con el término ‘rata’. Las mentadas de madre son altamente socorridas en los textos para expresar rencor. La oración ‘chinga tu madre’ fue detectada 106 veces y ‘chingas a tu madre’, 101. El calificativo ‘puto’ tuvo 89 menciones, ‘no mames’ 74, ‘ratero’ 64, ‘culero’ 38, ‘pinche viejo/vieja’ 32, ‘mamadas’ 24 y ‘púdrete’, 13.”

Según ejecentral, José Antonio Meade aglutina las conversaciones más ofensivas de los últimos 9 meses, con 719 frases peyorativas, donde los términos más comunes son “corrupto” (92 veces), “pendejo” (78), “pinche” (72), “rata” (58) y “mierda” (57). Además, hacen mofa del vitiligo que padece y suelen referirse a él como “meado”, en alusión a su apellido. Le sigue en expresiones de odio su timeline en Twitter la candidata independiente Margarita Zavala. La esposa del expresidente Felipe Calderón, reportó el periódico semanal, concentra 400 comentarios ofensivos, que van desde “puta” (84 veces), “asesina/asesino” (43), “corrupta/corrupto” (37), “chinga” (32), a “pendejo/pendeja” (29), “chingada” (28) y “culero/culera” (25).

El tercer aspirante más vilipendiado es Ricardo Anaya Cortés, candidato de la alianza Por México al Frente (PAN-PRD-Movimiento Ciudadano), con 264 comentarios oprobiosos emitidos entre el 8 de septiembre y el 8 de mayo, indicó la publicación. Lo llaman “corrupto”, “puto”, “pendejo”, “pinche”, “rata”, “mierda”, “no mames”, “ladrón”, “chingada”, “puta” en su cuenta @RicardoAnayaC. Andrés Manuel López Obrador, aspirante de la alianza Juntos Haremos Historia, está en cuarto lugar, y contabiliza 168 expresiones de odio. Las palabras más utilizadas en las charlas virtuales en su cuenta son “pendejo” (36 veces), “corrupto” (21), “pinche” (19), “mierda” (13), “chingada” (11), “pinche viejo” (11) y “no mames” (10).

La polarización no es nueva, pero con las plataformas digitales, que socializan lo que antes parecía un coto de ilustrados y élites, se oye y ve más, con inédita sonoridad y belicosidad. El discurso del odio que se aprecia en el proceso electoral, va aparejado de la degradación de la política y la ruptura de las normas de convivencia que dañan toda. La discusión sobre qué tanta libertad puede existir antes de que se convierta en libertinaje no parará. Pero hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2012, a propósito de un diferendo entre dos periódicos poblanos donde se cuestionaba la calidad profesional y honestidad de varios de sus periodistas, que determinó: “Un discurso de odio no puede escudarse en la libertad de expresión”.
10 Mayo 2018 04:08:00
El candidato de las cartulinas
Ricardo Anaya ha dado pruebas de que es un esgrimista con la palabra desde que, en el aniversario de la promulgación de la Constitución en Querétaro, el 5 de febrero de 2014, pronunció un discurso como presidente de la Cámara de Diputados que hizo voltear a todos. De entrada, porque su oratoria superó ampliamente a un maestro de la retórica, el entonces presidente del Senado, Raúl Cervantes.

Pocos conocían a Anaya, que en ese momento empezó a construir su futuro. Posiblemente desde ese momento decidió ir por la candidatura presidencial, al empezar a tejer alianzas dentro del PAN, y al tiempo, de ir perdiendo amigos que se sintieron traicionados. Con una promesa incumplida a Gustavo Madero –que lo empujó a la presidencia a cambio de la coordinación en el Congreso–, se quedó con la dirigencia del partido, y se fue deshaciendo de sus adversarios azules, teniendo que construir una coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano.

Aprovechó la presidencia del PAN para promocionarse y darse a conocer en el país.

Desde que asumió la dirección del partido hasta el arranque de las campañas presidenciales, se calcula que tuvo 70 mil spots en radio y televisión en tiempos oficiales, que le permitieron presentarse políticamente en la nación. Con el control de la estructura, fue borrando a los calderonistas y empujó a Margarita Zavala, ante la imposibilidad de una lucha justa y equilibrada por la candidatura presidencial, a renunciar al partido. A otros adversarios, los sometió, como Madero, que aún no procesa su coraje, y Rafael Moreno Valle, el exgobernador de Puebla, que fue uno de sus mentores.

Su grandilocuencia retórica le permitió vencer en los campos de batalla política a veteranos como Manlio Fabio Beltrones, la misma noche de la debacle del PRI en las elecciones para gobernador en 2016 –donde el PAN ganó siete de las nueve en juego–, que fue la consagración de la presidencia de Anaya.

Hace unas semanas, fue el ganador claro en el primer debate presidencial, donde utilizó sus inseparables cartulinas para ir apoyando con imágenes y gráficas los ataques a sus adversarios. Llegó muy preparado a ese encuentro, producto de la forma meticulosa con la que hace las cosas. Por ejemplo, cada uno de los candidatos tuvo 2 horas el día previo para reconocer la arena donde competirían, y él le invirtió 25% más del límite porque quiso ver cada ángulo que tomarían las cámaras de televisión, revisar el atril que utilizarían para saber dónde colocar y ordenar sus papeles, y familiarizarse con el gran cronómetro que todos tenían enfrente, para optimizar y maximizar su tiempo.

No sorprendió, en ese sentido, su participación en el programa Tercer Grado, donde participó en una conversación este miércoles. No llevó las cartulinas que utiliza en sus batallas electorales, pero desplegó sobre la mesa tarjetas y papeles de apoyo para poder hacer frente a lo que se vendría. Fue, como lo ha demostrado, rápido de reflejos al responder preguntas y réplicas, y tozudamente cuidadoso para no comprometer públicamente lo que en la oscuridad no ha consolidado. Un botón de muestra fue negarse a confirmar que Miguel Ángel Mancera, a quien le ofreció como premio de consolidación por no haber roto la coalición con el PRD ser su jefe de Gabinete de llegar a la Presidencia –en un cambio fundamental del sistema de gobierno–, llegaría en automático a esa posición. Dejó abierto, completamente, que quien le ayudó a doblegar al PRD en las negociaciones y dejar sin brazos en esa mesa que defendieran a Mancera, el jefe de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, podría ser quien ocupara ese cargo. Mancera siente que Anaya lo ha traicionado, pero sólo hasta esta respuesta podrá sentir certeza a sus sospechas.

Resbaloso como un pez, Anaya se sacudió preguntas a las que respondió con contextos y detalles que no se le habían preguntado. En ocasiones matizó afirmaciones importantes que, incluso, ha hecho tiempo antes de quedarse con la candidatura de la coalición Al Frente por México. Por ejemplo, ya no expuso tan claramente su oferta de encarcelar a Enrique Peña Nieto si llega a la Presidencia. Con palabras jabonosas, aseguró sin bajar la vista que nunca lo había dicho. En realidad, sus respuestas son como claroscuros, sí y no. Habilidoso, hace uso recurrente del subtexto, lo que se lee entre líneas. Por eso, cuando le han preguntado si lo haría, responde: “Por supuesto que sí. Ya estuvo bueno de que haya intocables en nuestro país. Aquí, el que la haya hecho, la tendrá que pagar, y esto incluye al presidente de la República, Enrique Peña Nieto”. Pero ante la búsqueda de una respuesta monosílaba en Tercer Grado, Anaya se escurrió una vez más en la retórica.

En esto no hay diferencia con el candidato puntero, Andrés Manuel López Obrador, o con el oficialista, José Antonio Meade. Nadie come lumbre, sobre todo cuando se camina permanentemente por el brilloso filo de la navaja.

Jugó, como suelen hacer los políticos, con falacias y sofismas, esquivando, no atajando, cuestionamientos frontales. Uno de ellos, la poca diferencia entre él y López Obrador, cuando hacen ofertas de campaña que podrían llamarse populistas. Anaya dijo que meter a la cárcel al presidente, bajar las gasolinas o regalar dinero no es populista, que es música para los oídos del electorado. Que tampoco es un candidato antisistémico como el tabasqueño. Pero en algo coincide con López Obrador –aunque este no lo reconozca–, que esta es una contienda pareja donde lo que estará en la boleta es el deseo de cambio.
09 Mayo 2018 04:09:00
Odia y vencerás
Había una vez un lugar en donde las casas eran los santuarios en donde las familias se refugiaban de los avatares cotidianos, y nadie repudiaba al prójimo porque pensara diferente a uno. El diálogo se imponía sobre la descalificación y el mundo no se reducía a “ellos” y “nosotros”, o los “puros” y los “infieles”. No era una sociedad perfecta, pero la muina era efímera. La sociedad empezó a descomponerse. ¿Cuándo?, ¿cómo? No está claro. En las elecciones presidenciales de 1988 hubo coraje en varias partes del país por los resultados, luego de que las calles se habían poblado más de entusiasmo y expectativas que de rencores. Las elecciones intermedias de 1997 oxigenaron al sistema al perder el PRI la hegemonía en el Congreso. La persecución gubernamental de Andrés Manuel López Obrador, y la crisis de seguridad en la ciudad que el líder de la izquierda social gobernaba, mostraron los síntomas de una deconstrucción social que, a la vez, anunciaba la transformación de la sociedad.

La primera gran llamada llegó en el proceso electoral de 2006, donde todo aquello que daba estabilidad se rompió. Las familias discutieron, pelearon y se dividieron en torno al apoyo o al rechazo a López Obrador, que figuraba como el ejemplo paradigmático de la ruptura, en muchos sentidos, tanto del quiebre con el viejo régimen, como del tejido social amalgamado por generaciones. Los enconos de la calle dejaron de quedarse en la puerta y se metieron a los comedores y las salas, aniquilando los días donde el bien común era aceptado por todos.

Convenciones sociales y normas se evaporaron. El pensamiento se volvió tribal y en su evolución quedaron perfectamente marcados los dos territorios: el de los “buenos” y el de los “malos”, que confirmaron el nacimiento de la sociedad binaria mexicana. En aquellas elecciones la polarización se sintió en los correos electrónicos y en los linchamientos en la plaza pública. Quien era crítico sistemático de López Obrador o, simplemente, cuya influyente voz no le era afín, veía su fotografía colgada de los balcones del Zócalo en espera del juicio sumario popular.

La segunda gran llamada llegó con el proceso electoral de 2012, donde las redes sociales tuvieron su debut en las elecciones presidenciales al frenar el momentum de Enrique Peña Nieto con la aparición del movimiento #YoSoy132, donde el encono y el resentimiento acumulado seis años antes, potenció la indignación y la sed de venganza. La tercera gran llamada retumba hoy en el proceso electoral de 2018, donde las redes sociales, completamente asentadas, están reproduciendo, o magnificando en ocasiones, los mensajes a la velocidad de la luz. Este fenómeno vino aparejado a lo que Roberto Stefan Foa y Yascha Mounk describieron en un ensayo publicado en julio 2016 en el Journal of Democracy (La Desconexión Democrática), donde al mostrar la creciente debilidad de las instituciones –principio de la desinstitucionalización–, registraron cómo los votantes volteaban cada vez más hacia movimientos con una sola causa, a elegir candidatos populistas o apoyar a partidos antisistémicos que se definían así mismos como opositores al status quo.

Esta tendencia, en México y en más de 60 países con fenómenos populistas, la clase política que mantiene el status quo no ha sabido cómo responder política y electoralmente para evitar ser arrollados. En México y otras naciones, este fenómeno sociopolítico ha ido acompañado con la desaparición acelerada de las normas de convivencia. Apenas hace unos días, el periodista Ricardo Alemán provocó una masiva corriente de opinión en su contra, por haber ayudado a circular en las redes sociales un mensaje infame que incitaba al asesinato de López Obrador.

Alemán se defendió alegando que no era su intención y que, en cambio, lo que se había dado contra él era un linchamiento y una censura. Linchamiento social sí hubo, pero sobre su censura, es una discusión abierta: ¿la libertad de prensa y de expresión permite incitar a la violencia y a la muerte? Cada quien tendrá su conclusión, pero quien esto escribe piensa que la libertad de expresión tiene como límites el sentido común, la ética y la responsabilidad. Alemán es un buen caso de estudio sobre el discurso de odio que se vive en esta sociedad altamente polarizada. Sus columnas diarias en Milenio abusan de los epítetos y las groserías, que muestran no sólo una capacidad reducida para el análisis, sino la falta de control editorial del diario que, hay que recordar, fue quien impuso la moda de cancelar la racionalidad del pensamiento y remplazarla con obscenidades, donde las mentadas de madre suplieron a la crítica argumentativa. El discurso de odio se comenzó a anidar cuando los medios de comunicación se olvidaron de su función, inopinada, de contribuir a la educación y la cultura, y aplastaron su responsabilidad social, rompiendo todos los controles de contención. En este sentido, Alemán no es un verdugo, sino víctima de los abusos que colectivamente hemos construido.

Las redes sociales son la gran plataforma por donde se desplaza el odio, con remitentes de todos colores y sabores. No son pocos los periodistas que reciben mensajes de muerte cotidianos, o fotografías de decapitados como amenazas ante lo que hablan o escriben. Las palabras de odio no se quedan en la retórica, sino son preludio de la violencia física, que es un paso que muchos ignoran o soslayan. En casi un cuarto de siglo de sistema abierto, muchas cosas han sucedido para avanzar y progresar, pero otras, como el tema de la libertad con tolerancia, ha tenido regresiones sustanciales. Luego, que nadie se diga sorprendido cuando colectivamente lamentemos a dónde llegamos.
08 Mayo 2018 04:07:00
La reinvención de Meade
El domingo en la explanada del PRI, José Antonio Meade se paró como otra persona. El candidato apagado se prendió, y el profesor que daba discursos como si estuviera en el salón de clases, cambió de tono y subió los decibeles para arengar. Meade se despojó del blanco inmaculado del candidato ciudadano y se vistió de rojo, el color de la marea priista. Finalmente, su campaña entendió que la opción ciudadana no había funcionado y se volcaron a los brazos del PRI.

Con el partido atrás de él albergan todavía una esperanza, lejana empero, de alcanzar a Andrés Manuel López Obrador para el 1 de julio. Sin el PRI, se dieron cuenta tardía, está totalmente perdido. “Sabíamos que iba a estar cuesta arriba y que entrábamos con desventaja”, admitió uno de los jefes de la campaña al recordar el diagnóstico original sobre el desgaste que arrastrarían del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. “Pero no nos imaginábamos el tamaño de la molestia”, agregó. ¿Les queda tiempo para achicar la desventaja?

Meade dice que sí. En la conversación en el programa Tercer Grado este lunes, utilizó una metáfora futbolera. “Estamos en el minuto 41 del primer tiempo, faltan todavía cuatro, más el tiempo de compensación”, dijo. “Y falta todo el segundo tiempo”. Sí pueden achicar la ventaja, aseguró, y sí pueden tener una candidatura competitiva. En el programa de televisión, Meade se arremangó las manos y dejó de ser el eterno prudente para entrar en una dinámica de interacción agresiva, en velocidad y argumentos, con sus interlocutores. “Increíblemente, no conecta”, dijo uno de los miembros del equipo de campaña que ha sufrido para convertirlo en lo que nunca había sido.

“A manera de descargo –acotó Meade–, López Obrador lleva más de 18 años en esto y yo solamente cuatro meses”. Pero no todo depende de él, sino del acompañamiento. Por eso los ajustes en la última semana.

El mitin del domingo, arropado por gobernadores, legisladores y candidatos, fue el relanzamiento de la campaña que comenzó la semana pasada cuando se consumó el relevo del líder del PRI, Enrique Ochoa, por René Juárez, un priista de cepa con amplia experiencia en asuntos electorales y conocimiento perfecto de las estructuras del partido. Ochoa entró al PRI en julio de 2016 con fórceps aplicado por Peña Nieto para enviar un mensaje al partido que sería él quien lo controlara, y que por la boca y las acciones del nuevo dirigente hablaba él. Se excedió Ochoa, que aunque cumplió las funciones que originalmente le pidieron, como tener una presencia de peleador de barrio respondón, careció de un trabajo profundo con las bases del PRI –que en realidad desconocía–, dedicando más tiempo en participar en mesas de discusión en la radio y televisión. No le ayudó nunca que su trato fuera hosco, ríspido muchas veces, que le impidió hacer trabajo de orfebrería con todos aquellos que no fueron incluidos en las listas para cargos de elección popular, que finalmente fueron su guillotina.

Ochoa no era el único alto cargo en la campaña de Meade que iba a ser removido. En un principio, de acuerdo con priistas que conocieron con detalle la deliberación palaciega, Peña Nieto pensó en Nuño para sustituirlo, pero luego de los argumentos que el coordinador de la campaña no resolvería el problema con las bases del PRI en los dos meses para la elección, y que probablemente sería rechazado como lo fue Ochoa, el presidente decidió que fuera Juárez –que desde un principio fue considerado prácticamente como la única alternativa–, quien asumiera el cargo.

A diferencia de Ochoa, Juárez rápidamente hizo una división del trabajo. Las discusiones en la arena pública las haría fundamentalmente Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del partido, para que él se dedicara a visitar las secciones electorales en el país, que es donde realmente se ganan las votaciones.

A Meade, fue otro realineamiento táctico en la campaña, lo llevarían a hacer campaña con los priistas en el país –aprovechando que hace dos domingos arrancaron las elecciones locales– y a “ranchear”, como se le llama a ir de comunidad en comunidad, durmiendo en ellas, lo que no había sucedido en la campaña.

Resuelto en principio el arropamiento del PRI, la discusión en los cuartos de guerra de Meade la semana pasada era el reajuste en el mensaje. El propio candidato no había terminado de procesar algunas fallas que tuvo en el debate, donde hubo preguntas que no respondió con firmeza, y hacer terrenales algunas respuestas académicas que ha dado cuando se le pregunta sobre si cree en la honestidad del presidente. En Tercer Grado, ese punto lo resolvió, aunque nunca llegó a estar cerca de deslindarse de Peña Nieto. “Eso nunca va a pasar”, dijo uno de los jefes de su campaña. “Yo soy el que va a estar en la boleta presidencial”, sostuvo Meade. “La elección no es sobre el pasado, sino sobre el futuro”.

En todo caso, al ser el candidato del partido en el poder, la elección va a ser un referéndum sobre la gestión de Gobierno y la valoración del Presidente. Ocho de cada 10 mexicanos siguen reprobando su forma de gobernar, y más del 50% dice que votará contra el PRI.

Meade tiene una fuerte pendiente por la que tiene que subir, al tiempo que sus estrellas están totalmente desalineadas. Pero su espíritu se ve fuerte y anda de buen ánimo. “Se ha trabajado mucho en ello”, dijo un miembro importante de su equipo. Necesitan mantenerlo con buen metabolismo y que proyecte a la militancia su convicción de ganador.

La tiene difícil, pero error sería afirmar que es imposible.
07 Mayo 2018 04:08:00
Las preocupaciones con Andrés
Andrés Manuel López Obrador, como se apuntó en este espacio el viernes pasado, mostró una cara moderada y un perfil socialdemócrata alejado de la imagen beligerante y radical que se ha construido en torno a él, durante la entrevista a siete manos en el programa Tercer Grado el jueves por la noche. Por tiempo y formato se quedaron en la mesa preguntas, réplicas y contra réplicas –que son los recursos en donde se obtiene la información de mayor calidad–, que habrían permitido un mayor conocimiento de lo que piensa y siente el candidato. López Obrador respondió todo, muchas veces a su manera, y consumía minutos-aire con su larga experiencia cuatro por cuatro. Quedaron de esa forma aspectos importantes sin aclararse, y surgieron momentos en donde no hubo coyuntura para que profundizara. Como botones de muestra:

*Cuando se le preguntó sobre el porqué negó a su hermano Arturo cuando en la elección para gobernador en Veracruz apoyó al candidato del PRI, respondió: “La Patria es primero”. Con esta frase evocó a Vicente Guerrero, quien la expresó cuando en 1815, a través de su padre, las fuerzas realistas le ofrecieron el indulto a cambio de que depusiera las armas. Aquella era la lucha por la Independencia de México, que no es lo que ha propuesto al no hablar de una ruptura, sino la de una transformación. Es decir, evolución no revolución. Cambio, no guerra. Pero López Obrador no se percibe como héroe, como lo señaló en Tercer Grado, pero ayuda a consolidar el calificativo de “mesiánico”.

*Su discurso, como habló largo tiempo en la entrevista en lugar de responder directo y sucinto las preguntas, se cruza muchas veces con la historia. Benito Juárez es una de sus principales referencias, y admitió que su gran error fue querer perpetuarse en el poder. La muerte le impidió convertirse en dictador y, al mismo tiempo, pasar a la historia con honores. Pero hubo algo más que López Obrador tiene que conciliar. Juárez firmó en 1859 el Tratado McLane-Ocampo, donde vendió a Estados Unidos a perpetuidad el derecho de tránsito por el istmo de Tehuantepec, por 4 millones de dólares (4 millones 300 mil pesos al tipo de cambio en aquel año), que fue una acción más extrema y menos redituable para los mexicanos que la reforma energética que tanto cuestiona.

*No hubo mayor tiempo para discutir la propuesta de amnistía, aunque se trazaron paralelismos con la Ley del Punto Final en 1986 en Argentina, con la cual el presidente Raúl Alfonsín dejó sin efecto los delitos de desaparición forzada cometidos por la dictadura, a fin de facilitar el retorno de la democracia. Esa Ley, como la amnistía a movimientos armados, ayudan a la reinserción social y a restablecer el tejido social. Una amnistía por delitos de narcotráfico es totalmente diferente en su naturaleza: la amnistía a quienes participaron en luchas políticas y sociales, ayudó a su reinserción, ayudó en procesos democráticos; cancelar condenas a narcotraficantes, cuya actividad es un negocio con fines de lucro, no combate al narcotráfico ni resuelve el problema de la inseguridad. Al contrario, otorga carta de impunidad a los cárteles de la droga.

*Cuando se le preguntó sobre el choque de proyectos de nación para saber cómo gobernaría a quienes votaron contra el suyo, dijo que hay un punto donde encuentran vasos comunicantes, la lucha contra la corrupción. López Obrador elaboró sobre el fenómeno de la corrupción sin que se pudiera saber por qué quiere fincar los dos proyectos de nación en el ámbito de lo moral, cuando se trata de dos modelos económicos claramente opuestos. El Estado de Bienestar que plantea, retoma el modelo de desarrollo iniciado en el segundo lustro de los 50, y termina en 1971 cuando, ante un déficit en la balanza comercial, el presidente Richard Nixon abandonó el patrón oro, sustento de los acuerdos de la posguerra en Bretton Woods, y convirtió al dólar en una moneda fiduciaria. López Obrador desea para México regresar medio siglo a aquel modelo económico, que choca contra lo que plantean los demás candidatos, que es una economía de libre mercado, que es lo dominante en el mundo actual.

*No hubo tiempo para hablar de su proyecto de aeropuerto alterno en Santa Lucía. Por tanto, no pudo explicar cómo piensa conciliar operaciones aéreas simultáneas comerciales, que añadan 56 vuelos más por hora a las seis que tiene la base militar, que son las que tiene el actual aeropuerto en la Ciudad de México, puesto que los modelos de operación simultánea, muestran que los aviones chocarían al despegar. Tampoco pudo expresar de dónde saldrá el dinero para la conectividad de Santa Lucía. López Obrador asegura que el costo será de 40 mil millones de pesos, un ahorro de 140 mil millones, pero sólo se refiere a la terminal. No incorpora el costo de derechos de vía para las expropiaciones, ni el tiempo de negociación que ello significa. No ha hablado que Santa Lucía sólo resolvería el 50% de lo que el nuevo aeropuerto proyecta, con lo cual será tanto como construir una Terminal 3, de vida efímera, y no una solución duradera.

Ciertamente faltan todavía muchos puntos que tiene que aclarar López Obrador sobre qué piensa y cómo piensa el nuevo país que quiere llevar a una “cuarta transformación” que no tiene nombre. Le ayuda que a quienes quieren votar por él, estas precisiones no importan, y por lo mismo no le exigen nada. Pero a muchos más les interesaría que respondiera las dudas y eliminara las preocupaciones de qué esperar si gana la Presidencia.

Nota: Andrés Manuel López Obrador encabezó en 1996 una protesta en Tabasco que incluyó la toma y el bloqueo de instalaciones de Pemex y pozos petroleros, por lo que fue acusado por el Gobierno de incitar a la violencia y provocar pérdidas millonarias a la empresa, como secuela de un conflicto electoral, pero no quemó los pozos, como se reportó originalmente en esta columna.
04 Mayo 2018 04:09:00
El otro Andrés
Andrés Manuel López Obrador ya está pensando en el 2 de julio. No es una simple frase de campaña que apoye su arenga política. En su cabeza ya no está si gana o no la Presidencia dentro de 57 días, sino lo que viene después. Dice que tiene que meter 12 años –dos mandatos presidenciales–, en seis –un sexenio, como lo establece la Constitución– para lograr instalar su nueva República, que describe como “la cuarta transformación”. No hay más tiempo para su gobierno, concede, porque no hay, ni habrá, reelección.

López Obrador tuvo una noche de revelaciones en una larga entrevista en una edición especial del programa Tercer Grado, en donde el candidato antisistémico por antonomasia, el rebelde indómito que quemó pozos petroleros en Tabasco como expresión de protesta y tomó las calles del centro de la Ciudad de México porque estaba convencido –hasta la fecha–, que la alianza PAN-PRI lo despojó de la silla presidencial en 2006, mostró una cara de político moderado, más en el hábitat de los socialdemócratas del mundo, que del populismo caudillista sudamericano.

López Obrador se alejó completamente de los estereotipos en donde lo tienen encasillado, que le ha construido una imagen de radical y autoritario, que sueña en el pasado sin pensar en el futuro, sin tropezar con las inconsistencias y contradicciones que han poblado las últimas semanas a su campaña presidencial.

Ese López Obrador del Tercer Grado, ¿realizó una de sus mejores actuaciones políticas? ¿Trata de ganar las voluntades que necesita para poder alcanzar la mayoría en el Congreso que acompañe a su Presidencia y le facilite los cambios que necesita para romper un nuevo paradigma histórico? Su ambición es que después de la Independencia, la Reforma y la Revolución, el lopezobradorismo sea el cuarto movimiento que cambió este país.

Sus planteamientos en el programa de televisión lo pueden ayudar a que, cuando menos, sobre el 60% del electorado que piensa votar por otra opción, lo escuchen sin que el ruido ensordecedor e intimidante de sus fieles en las redes sociales, que alteran su mensaje y contribuyen a la construcción en el imaginario colectivo de que López Obrador es un radical irredento que piensa todo el tiempo en Benito Juárez, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, pero actúa como León Trotsky, donde para renacer hay que dejar todo en cenizas.

Le urgen traductores certeros de su mensaje, porque nadie escucha puntualmente lo que dice: no habrá cancelación de la reforma energética ni del nuevo aeropuerto de manera automática una vez asuma –en caso de ganar las elecciones– la Presidencia. Revisará contratos y adjudicaciones, y sólo si encuentra corrupción, afirma, se cancelarán. Quiere cancelar la reforma educativa, pero no regresar la rectoría de la educación al sindicato de maestros. No habrá expropiaciones, ni nada de lo que pasados gobiernos vendieron o entregaron a particulares, será tomado por su gobierno. Lo que pasó, se queda con sus propietarios actuales. Dice que no perderá el tiempo en ese tipo de batallas, que para la prisa que tiene para poner en marcha su proyecto de nuevo país, son inútiles.

No habrá persecuciones de políticos o empresarios, como lo ha venido señalando, pero tampoco habrá impunidad. A los corruptos, si hay denuncia y pruebas, asegura, todo el peso de la ley. ¿A todos? Incluso a sus familiares, si uno de ellos delinquiera. Las revanchas y las venganzas, lo ha dicho reiteradamente, no están en su esencia.

López Obrador afirma que esta elección confronta dos proyectos de Nación, pero no lo ve en términos económicos y políticos, sino en términos sociales y morales: es de quienes saquearon al país y viven en su universo de corrupción, frente a quienes, como él, piensan que en el combate a la corrupción esta el cimiento de la cuarta transformación. En este sentido, sí tiene a sus enemigos muy claros.

Están principalmente en el Consejo Mexicano de Negocios, que este jueves publicó un desplegado en varios periódicos de la Ciudad de México donde se quejaban de que los había calumniado –al decir que estaban interviniendo en el proceso electoral, lo que es ilegal– y que ese tipo de acciones no contribuyen a la certeza jurídica ni a las inversiones o la generación de empleo. Es decir, en palabras de los capitanes de la industria mexicana, o deja de atacarlos, o habrá consecuencias económicas si llega a la Presidencia.

Las amenazas veladas de un sector empresarial contra un político de altura no son nuevas. A principio de los 70, varios miembros de lo que después sería el Grupo Monterrey conspiró contra el presidente Luis Echeverría, que los confrontó. La polarización en esos años provocó choques y la muerte del fundador del Grupo, Bernardo Garza Sada, durante un intento de secuestro de la guerrilla. López Obrador no establece aún esta analogía, pero la confrontación con los empresarios, reedición de la que enfrentó en 2006, no para. El candidato los tiene identificados.

Ellos son los que no caben en su proyecto, afirma, y sus actos de corrupción es lo que construirá un puente entre él y quienes no votaron por él. La corrupción una vez más, en el centro de la lucha por el cambio. En esto no hay matices. Pero López Obrador tiene que convencer al electorado que lo repudia que no es el populista autoritario como lo han pintado, y cambiar su percepción para que le den el beneficio de la duda que en dos elecciones presidenciales no se la han concedido.
03 Mayo 2018 04:08:00
La traición de Del Mazo
La alianza que forjaron a nombre del presidente Enrique Peña Nieto el líder del PRI, Enrique Ochoa, y Aurelio Nuño, coordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade, con el Partido Verde y Nueva Alianza, le dolió a varios gobernadores priistas que consideraban que había resultado onerosa. Varios de ellos desfilaron por Los Pinos para quejarse y plantear que se modificara. Peña Nieto se mantuvo en lo acordado. Si abrigaba alguna posibilidad el PRI de mantener el poder, sería imposible hacerlo sin aliados que le pudieran dar votos que no estuvieran tan contaminados como el de los tricolores. La alianza se mantuvo como compromiso de honor hasta que, el menos esperado de todos, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, la rompió.

La semana pasada impugnó en el Tribunal Electoral del Estado de México 62 planillas para diputados del Verde y 22 candidatos a alcaldías y regidurías de Nueva Alianza. El argumento del PRI el viernes pasado fue que “hicieron la solicitud de registro para participar como aspirantes a miembros del PRI”. Si bien en algunos casos es cierto, la alianza con esos partidos, a cambio de apoyar como candidato presidencial a Meade, era que aún en aquellos cargos donde corrieran priistas bajo sus colores, tendrían que renunciar a su militancia priista, afiliarse al partido que los cobijó y comprometerse que una vez en sus cargos, de ganar, se mantuvieran dentro de esos partidos.

A Del Mazo le pareció muy costoso y como en Los Pinos lo ignoraron, se fue por la libre. El PRI estatal impugnó el acuerdo que habían suscrito ante el Instituto Electoral del Estado de México, con el propósito de romperlo. El líder del PRI en el estado, Ernesto Nemer, quien fue uno de los precandidatos al Gobierno mexiquense, no hizo nada por frenar la acción de Del Mazo que coloca en riesgo la alianza general con Meade.

La explosión hacia el interior de la alianza es fuerte, porque no es un tema menor. De proceder la impugnación, el Partido Verde no sólo perderá sus 62 planillas, sino que quedará completamente fuera de la elección en el Estado de México, con lo que es probable que pierda el registro en aquella entidad. Nueva Alianza no llegaría a ese extremo, pero toda la estrategia diseñada para que a través de sus candidatos a alcaldías y regidurías contribuyera a mantener el registro y elevar su peso político, tendría merma en detrimento del partido y del propio Meade.

La decisión de Del Mazo es una ruptura clara con el presidente Peña Nieto y con los liderazgos dentro del PRI y la campaña presidencial, que incluye al exgobernador mexiquense, Eruviel Ávila, co-coordinador de la campaña de Meade, que en este caso se ha mantenido al margen. También desconoce el esfuerzo que hicieron los dos partidos para que pidiera ganar la Gubernatura el año pasado. Sin el apoyo de ellos, habría perdido por 56 mil votos con Delfina Gómez, la candidata de Morena. El PRI no pudo con Morena en las elecciones, pero el Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social le dieron poco más de 280 mil votos para que alcanzar la victoria.

Del Mazo no está jugando al 100% con la campaña presidencial de Meade. Desde finales del año pasado lanzó mensajes al equipo de Andrés Manuel López Obrador para decirle que él no intervendría en la elección presidencial, a cambio que lo dejaran gobernar. No se sabe si esta comunicación indirecta fue hecha con conocimiento de su primo, el presidente Peña Nieto. Dentro del PRI hay molestia con Del Mazo porque sienten que no ha estado trabajando al nivel que se esperaba del gobernador mexiquense, y que los resultados que está dando hasta este momento no sólo son decepcionantes sino que perfilan que el partido en el poder caiga hasta el tercer lugar en la contienda presidencial.

La decisión de sabotear la alianza a costa incluso de la coalición en torno a Meade y que se fracture el pacto en el resto del país, que comprende poco más del 40% de los cargos de elección popular, ha provocado tensiones hacia el interior de la campaña presidencial. Una de las expresiones más notorias de que esa alianza está debilitándose en forma acelerada es que los tres representantes que tenía el Partido Verde en el cuarto de guerra político de Meade –Carlos Puente, el coordinador en el Senado, Jesús Sema, el coordinador de los diputados, y el operador electoral Arturo Escobar–, llevan más de una semana que no se presentan a la deliberación sobre las estrategias a seguir.

El conflicto con Del Mazo está en los órganos electorales. Este domingo la dirigente estatal de Nueva Alianza, Luz María Escobar, dijo que la impugnación del PRI es un desafío local, revanchista y vengativo, que no afectará el apoyo para Meade en la contienda presidencial. Sin embargo, Efrén Ortiz, representante del partido ante los órganos electorales mexiquenses, dijo que “no respetar los acuerdos políticos tomados ante los consejeros del Instituto Electoral del Estado de México es traición”. En un comunicado, el Partido Verde expresó: “Hemos intentado comprender la actitud poco ética del Partido Revolucionario a nivel local. Todos los partidos tenemos derecho a participar en la contienda de manera justa y democrática”.

Los señalamientos van al PRI, pero el destinatario real es el gobernador Del Mazo. Traidor, vengativo y revanchista, son los calificativos que indirectamente le han colgado. En Los Pinos la extrañeza debe ser superior. El primo de Peña Nieto, actuó sin consultar a nadie, poniendo en riesgo la propia viabilidad del candidato presidencial del Gobierno.
02 Mayo 2018 04:07:00
Voto útil, discusión inútil
La discusión sobre el voto útil es inútil. Plantear, como lo han venido haciendo diversos actores políticos que frente a Andrés Manuel López Obrador tiene que darse ese voto estratégico a favor de Ricardo Anaya o de José Antonio Meade, es ocioso, en el momento actual, y soslaya el realineamiento de electores en esta elección presidencial.

El más importante lo provocó Anaya por diseño, al recorrerse al campo que ha ocupado López Obrador desde hace 2 décadas, y plantear como eje de su campaña la corrupción del PRI y la cárcel para el presidente Enrique Peña Nieto.

El candidato de la coalición Por México al Frente se fue al extremo opuesto del régimen, mientras que el candidato de Juntos Haremos Historia se retiró de las antípodas, con lo cual produjo un fenómeno que no se vio en 2006 y 2012, al aniquilar la posibilidad de voto útil entre PRI y PAN, y construir una doble opción para López Obrador, que se convirtió en la segunda mejor alternativa de priistas y panistas. 

La dialéctica con la que se están moviendo los militantes de esos dos partidos convierte en retórica pura la posición de Anaya de apelar al voto útil de los electores, sin que esto signifique que el desenlace será un acuerdo cupular. Nadie puede pensar seriamente que esa podría ser una opción pública, como parecen sugerir algunos representantes de la prensa política, que a veces sueñan con una cumbre entre Peña Nieto y Anaya.

Los votos útiles en las dos últimas elecciones presidenciales se dieron de facto, por razones coyunturales y decisiones pragmáticas para evitar que López Obrador llegara a la Presidencia. Pero en esos dos procesos, el PRI y el PAN estaban en el mismo barco; en 2018, Anaya se metió al barco de López Obrador. La ecuación vigente, por tanto, es diferente a la que se vivió en 2006 y 2012.

Desde hace más de un año, Anaya fue construyendo un discurso de ataque sistemático contra el Presidente y el PRI. El discurso sólo fue notado en la República de las Opiniones cuando se definió su candidatura presidencial y en el arranque de campaña, pero en Los Pinos llevan tiempo de tener claro que si había un candidato que llevaría a Peña Nieto a la cárcel, ese sería Anaya. Nunca tuvieron en su mapa de riesgos esas posibilidad con López Obrador, quien se ha corrido al centro izquierda de la geometría electoral para presentar una imagen, en este tema, conciliador con el régimen actual. Su postura no es de tolerancia a la corrupción, pero no generaliza, sino personaliza, con lo cual no lastima a los priistas, pero tampoco perdona a quien considera corruptos. Anaya, en cambio, ha disparado con escopeta, generalizando en todos los priistas la rapacidad, y personalizando en Peña Nieto.

“Jamás votaremos los priistas por Anaya”, dijo uno de los cuadros de mayor relevancia y trabajo en el PRI. “La lucha es contra López Obrador porque de lo único que estamos completamente seguros es de que Anaya no va a ser Presidente”. Escenarios desesperados en la mente de funcionarios del Gobierno o miembros del cuarto de guerra de Meade, incluyen que la PGR obtenga una orden de aprehensión contra el panista por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, aunque la parte menos contaminada por el miedo a la derrota considera que una acción de esa naturaleza sí podría eliminarlo de la contienda, pero la victoria se habría consumado, antes de la elección, con López Obrador.

El voto útil no funciona bajo este escenario, que es en donde se mueven los candidatos presidenciales. Hay otro escenario, no explorado, que es el que utilizaron los estrategas de Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno español, que entró a un proceso electoral con 70% de rechazo del electorado, porcentajes similares a los que tiene Meade en su propia lucha por la Presidencia. Uno de los responsables de la estrategia que le dio al final la victoria a Rajoy dijo en una reciente visita a México que lo que hicieron fue colocar a todos sus principales oponentes en el mismo lado, identificándolos como lo mismo. Sabían que con ello fortalecían indirectamente a los partidos emergentes Ciudadanos y Podemos, pero beneficiarían a Rajoy con la estrategia, tal como sucedió.

Extrapolado al caso mexicano, Anaya está impedido por su propia estrategia, de marcar una diferencia con López Obrador –aunque haya muchas en el fondo–, mientras que Meade tendría que colocarlos, como hicieron los estrategas de Rajoy, como los radicales del proceso electoral. Es decir, su batalla no sería a partir de dos discursos diferenciados, el de corrupción contra Anaya, y el del miedo contra López Obrador, sino ponerlos en la misma bolsa como los radicales antiestablecimiento que quieren alterar el rumbo de la nación. Sólo de esta manera podría darse, en un segundo momento, la posibilidad de un voto útil del electorado, moviendo una elección presidencial que hoy en día se parece más a la del 2000, la del cambio de régimen por el hastío contra el PRI, que a la de 2006, donde ganó el miedo a lo que podría llevar López Obrador al país.

El problema es el tiempo, pero no sólo para persuadir al electorado, sino para construir una campaña competitiva y mostrar confianza hacia el interior del PRI que pueden ganar, con lo cual se pondrían a funcionar los resortes y las maquinarias electorales priistas detrás de Meade, que hasta este momento están pasivas y dubitativas, lo que será analizado en una columna posterior.
30 Abril 2018 04:09:00
Al servicio de su majestad
Sobre el escritorio de Janine Otálora, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está un tema candente y que demostrará de qué esta hecha. Se trata de la impugnación que hizo el PRI a principio de abril de la candidatura del canadiense Napoleón Gómez Urrutia a una senaduría plurinominal de Morena, que fue avalada por el Instituto Nacional Electoral el 30 de marzo, al considerar que al presentar un certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento, emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, renunció a “toda sumisión, obediencia, fidelidad a cualquier estado extranjero”. Una vez más, todo indica que el INE se volvió a equivocar.

Gómez Urrutia se fugó de México hace casi tres lustros, tras haber sido acusado de un fraude de 55 millones de dólares en perjuicio de 10 mil mineros en 2005, y adquirió la ciudadanía canadiense en agosto de 2013, respaldado por los sindicatos minero de Canadá y de la industria del acero de Estados Unidos. No pudo negociar con los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto su regreso a México, y vio la puerta de Andrés Manuel López Obrador, como su retorno triunfante.

López Obrador lo colocó en la lista plurinominal de Morena al Senado, pese a no conocerlo. Al explicar su respaldo, reveló que el líder del Partido Laborista del Reino Unido, Jeremy Corbyn, se lo había solicitado. El argumento de Corbyn es el mismo que han esgrimido los sindicatos norteamericanos y los ingleses, que son un fuerte soporte electoral de los laboristas: Napito, como se le conoce, es un perseguido político. El Senado sería el vehículo para regresar a su país, y para brincar el obstáculo que le impedía ser candidato por tener una ciudadanía ajena a la mexicana, hizo los trámites para comprobar que tenía la mexicana.

La Secretaría de Relaciones Exteriores le entregó, en lo que es un mero trámite administrativo, el certificado de nacionalidad mexicana 439, que fue la base para el fallo del INE. El problema es que con su acción, el INE contraviene el Artículo 32 constitucional que establece: “La Ley regulará el ejercicio de los derechos que la legislación mexicana otorga a los mexicanos que posean otra nacionalidad, y establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad”.

Es decir, salvo que Napito tenga un documento del Gobierno canadiense en donde cancela su nacionalidad, sigue siendo canadiense y súbdito de la Reina de Inglaterra, al ser Canadá miembro de la Mancomunidad Británica donde Isabel II es la jefa de Estado. La aparente inconstitucionalidad del INE lo explican los artículos 17 y 18 de la Ley de Nacionalidad, donde se exige la renuncia vía certificado de nacionalidad a los mexicanos a los que otro estado atribuye diversa
nacionalidad.

El certificado de Relaciones Exteriores sólo aplica cuando otro Estado atribuye nacionalidad, como en el caso de los españoles, que por ser hijos de españoles se les otorga en automático la nacionalidad, pero no en aquellos casos donde la nacionalidad se adquiere de manera voluntaria, como fue el caso de Gómez Urrutia. Se puede argumentar que Gómez Urrutia no solicitó al Gobierno canadiense iniciar el procedimiento especial para que se le despoje de la nacionalidad y se le extienda un certificado de renuncia. Mientras no lo haga, Napito seguirá siendo canadiense y, por tanto, la magistrada Otálora tendría que fallar contra el dictamen del INE.

La ley puede ser interpretada de diferentes maneras, pero en el apego estricto de la ley, hasta ahora se puede argumentar que Gómez Urrutia tiene la doble nacionalidad y que el certificado expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, no supera la prohibición constitucional para ser nominado a un puesto de elección popular. Podría ser, porque no se sabe hasta este momento, que el líder minero tenga en la chistera ese documento, que hasta ahora no ha proporcionado. La Embajada de Canadá también se ha negado, argumentando razones de privacidad, informar si Gómez Urrutia sigue siendo teniendo su nacionalidad.

Políticamente hay otros considerandos al intento de Gómez Urrutia, que muy probablemente López Obrador no tenía en el radar, y son sus vínculos con los sindicatos y empresarios extranjeros. La única sección fiel a Napito que tiene el contrato colectivo en una empresa fuerte es en la siderúrgica en Lázaro Cárdenas, Michoacán, operada por el conglomerado Arcelor Mittal, con quien negociaba los contratos colectivos en Vancouver, donde vive desde que se escapó de la justicia mexicana. Ninguno de los dos ha tenido nunca un problema real, y su relación de patrón a trabajador, ha sido tersa.

Acelor Mittal, la acerera más grande del mundo, es propiedad mayoritaria de su presidente y jefe ejecutivo, Lakshimi Niwas Mittal, un indio que tiene como base el Reino Unido, quien pese a tener frecuentes diferencias con los sindicatos en Inglaterra, fue fundamental para que el Partido Laborista se hundiera financieramente hace unos años –previos al liderazgo de Corbyn– al donarles 2 millones de libras esterlinas.

Napito fue protegido en Vancouver por los sindicatos norteamericanos. Los mineros canadienses tienen fuertes intereses en México, donde figuran las empresas canadienses entre las más importantes del sector, mientras que a los estadunidenses les ofreció contratos colectivos de la industria automotriz. Gómez Urrutia ha criticado a quien esto escribe por diversos artículos sobre su persona, pero esta información nunca la ha desmentido. Tampoco ha probado con documentos canadienses, que sus lealtades están con México, y no al servicio de su majestad.
27 Abril 2018 04:08:00
El populismo de López Obrador
Por las calles de la Ciudad de México están circulando camiones de transporte público con las fotografías de Andrés Manuel López Obrador, Hugo Chávez, Juan Domingo Perón y Luiz Inácio Lula da Silva, donde anuncian que próximamente se transmitirá la serie llamada Populismo en América Latina. La serie arroja ácido a la discusión electoral, luego de que López Obrador aseguró que fue financiada por los empresarios Claudio X. González y Roberto Hernández. Poco se sabe del origen de esta serie, así como la forma como se distribuirá. Pero lo que está fuera de duda es que forma parte de otro intento por desacreditar a López Obrador, e inyectar en la mente de los electores que votar por él es un error. Una vez más, como en 2006, la polarización nacional a toda velocidad.

La categorización de López Obrador como un populista es vieja. Siempre ha negado que lo sea, y asegura que se ha utilizado ese término como propaganda para asustar al electorado. La realidad es que así es se le cataloga en el mundo. Por ejemplo, hace más de un año, The Guardian, el diario británico de izquierda, publicó: “López Obrador, el populista austero, ve una oportunidad en el encumbramiento de Trump”. Gobiernos e inversionistas en el mundo lo ven con temor, porque sus políticas sociales y económicas chocan con los fundamentos macroeconómicos que se aplican en la gran mayoría de los países, y porque los políticos de ese corte tienden a ser nacionalistas y con políticas económicas que suelen meter en crisis que afectan a quienes ese tipo de líderes representan.

Pero para una importante masa del electorado mexicano, que ha rebasado por mucho en los últimos meses a sus leales seguidores e incorporado a un abanico de posiciones ideológicas, políticas y apartidistas, todo eso les da igual. Están dispuestos a llevar a López Obrador a Palacio Nacional. Lo que muchos de sus opositores se preguntan es por qué se están inclinando por él. En múltiples ocasiones, el presidente Enrique Peña Nieto ha sintetizado la preocupación al recordarle a los mexicanos que espera no se equivoquen en las urnas el próximo 1 de julio y voten por otro candidato. Lo extraño de todo, sin embargo, es que se extrañen.

El populismo es uno de los fenómenos sociopolíticos más analizados en la última década y no hay respuestas concluyentes sobre sus virtudes o sus males. En abril de 2013, los profesores Daron Acemoglu del Instituto Tecnológico de Massachussettss, Georgy Egorov de la Universidad Northwestern, y Konstantin Sonin de la Universidad de Chicago, publicaron en el Quarterly Journal of Economics, editado por el Departamento de Economía de la Universidad de Harvard, Una Teoría Política del Populismo, un ensayo inspirado en la resurgencia de políticos “populistas” en países en desarrollo, particularmente en América Latina. Los profesores dijeron que la etiqueta populista es utilizada frecuentemente para enfatizar el uso de la retórica de esos políticos al defender “agresivamente los intereses de la persona ordinaria en contra de la elite privilegiada”.

“Los regímenes populistas históricamente han tratado de lidiar con los problemas de la desigualdad del ingreso a través del uso sobre expansivo de políticas macroeconómicas”, escribieron en 1991 los distinguidos economistas Rudiger Dornbursh y Sebastián Edwards, citados en el ensayo. “Esas políticas, que se han apoyado en el financiamiento del déficit, controles generalizados (de precios) y un desdén por el equilibrio económico, han resultado casi de manera inevitable en importantes crisis macroeconómicas que han terminado de lastimar a los segmentos más pobres de la sociedad”. Si esto es casi un patrón, ¿por qué entonces de la resurgencia de populismos?

Acemoglu, Egorov y Sonin explicaron: “Estas economías (las latinoamericanas) tienen altos niveles de iniquidad e instituciones políticas débiles. Esto posibilita a la elite rica a tener una influencia desproporcionada sobre la política. De hecho, en muchas de esas sociedades, la corrupción y la traición política, donde los políticos usan una retórica redistributiva, pero terminan escogiendo políticas en línea con los intereses de la elite, es bastante común.

“Los ejemplos de retórica populista que termina en línea con los intereses empresariales y de la elite, incluyen al PRI en México, los partidos tradicionales en Venezuela y Ecuador, (Alberto) Fujimori en Perú, (Carlos) Ménem en Argentina, y presumiblemente (Vladimir) Putin en Rusia. Temerosos de la reelección de un político corrupto, los votantes apoyan a los políticos que escogen políticas a la izquierda de sus preferencias, que pudieran ser interpretadas como no benéficas en su interés”.

Bajo este modelo se puede interpretar el creciente respaldo a López Obrador por parte de sectores que le eran antagónicos, como una respuesta a la corrupción en el sexenio de Peña Nieto, que provocó la indignación de muchos sectores, incluso entre enemigos declarados del candidato de Morena, y la desaprobación de la gestión presidencial, que oscila entre 7 y 8 de cada 10 mexicanos. La corrupción rampante de políticos del PRI y del PAN, en efecto, ha detonado el realineamiento electoral hacia López Obrador.

La reacción de las clases empresariales, como en el supuesto financiamiento de series como la anunciada sobre el populismo, es explicada también en el ensayo, porque bajo un gobierno de ese tipo, las clases más adineradas resultan más afectadas, porque al moverse el equilibrio político hacia la izquierda, pierden capacidad para sobornar a los políticos para mantener influencia sobre sus decisiones. El modelo tiene un semáforo rojo, que es el desarrollo del populismo en medio de la debilidad de las instituciones democráticas y la falta de equilibrios y contrapesos, algo nada menor a considerar.
26 Abril 2018 04:06:00
Andrés está herido
Tras el primer debate presidencial, todos los adversarios de Andrés Manuel López Obrador olieron la sangre de un gladiador herido. No le fue bien en el debate, y para evitar una crisis, difundió dos videos para contestar las preguntas que evadió el domingo, y respondió las imputaciones que le hicieron todos los candidatos. La máxima de que quien está en la punta con una cómoda ventaja no discute con nadie, transformada en hay que rebatir todo para que esa ventaja no se evapore. López Obrador, quien aseguró haber ganado el debate, demostró con hechos que perdió esa primera confrontación entre pares.

Las encuestas telefónicas y los paneles que analizaron el comportamiento de los cinco candidatos el domingo, dieron como ganador al frentista Ricardo Anaya. Un ejercicio demoscópico de El Financiero, y cualitativos realizados por Reforma y Efekto TV, mostraron una lucha cerrada, con Anaya arriba. La última medición dada a conocer, una encuesta telefónica de De las Heras Demotecnia, produjo la mayor diferencia de todos. Anaya obtuvo el 32% de la aprobación, 9 puntos por encima de López Obrador que sumó 23%; Jaime Rodríguez “El Bronco”, 7%; José Antonio Meade, con 5%, y Margarita Zavala, con 3%. A la pregunta de quién fue “el peor candidato del debate”, uno de cada cuatro señalaron a López Obrador. Sin embargo, 84% del 86% que vio el debate dijeron al término que su intención de voto no había cambiado.

Los resultados sobre el debate no se traducen automáticamente en preferencia de voto. Pero los datos que arrojaron las mediciones reorientaron las estrategias de los candidatos. Notoriamente, López Obrador está buscando atajar la cascada de críticas que recibió el domingo y la vulnerabilidad por sus contradicciones e inconsistencias. El spinno está resultando del todo positivo, porque su malestar ha permeado entre sus principales consejeros, que no están discutiendo y argumentando en la arena pública, sino litigando. El sabor de boca que queda es de enojo e intolerancia a un pensamiento diferente, convertido en profecía autorrealizable. López Obrador necesita serenarse, no retóricamente, sino en los hechos, y regresar al rígido control que sobre su cuerpo y boca mantuvo durante meses. Quienes hablan por él en las mesas de discusión tendrían que hacer lo mismo, listos al choque de ideas con argumentos, no con emociones y menos aún descalificaciones.

López Obrador vive el peor momento de su campaña presidencial. La administración de su ventaja pasa por la frialdad, no por la emoción explosiva que lo ha llevado a confrontaciones a diario. Esa actitud le ha volteado a la opinión pública y su visible incomodidad ha sido vista por sus adversarios como una oportunidad para que la herida por donde está sangrando el puntero en las preferencias electorales se ensanche. La prueba de que colectivamente van por la fiera golpeada, es la nueva batería de spots que sacarán los partidos contra él.

El nuevo spot del PAN muestra en una imagen compartida a López Obrador y a Hugo Chávez, el finado presidente venezolano, para hablar de la propuesta de revocación de mandato cada dos años. La revocación de mandato se popularizó en los 80 en América Latina como un mecanismo de democracia directa. Cuando llegó Chávez al poder en 1999, hizo las reformas constitucionales para incorporar el recurso y la aplicó para él mismo en 2004. En el spot del PAN una voz en off afirma que la consulta de Chávez fue un fraude y que su Presidencia duró 14 años. “Hay que conocer la historia para no repetirla”, remata el spot.

La vinculación de López Obrador con Chávez ha sido una constante en la política electoral mexicana para denostar al líder de la izquierda social. Aunque varios militantes de Morena han expresado admiración por Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, López Obrador siempre ha negado tener relación con los venezolanos o que sean la fuente de inspiración para su proyecto de nación. El miedo al chavismo es el mensaje del spot del PAN, pero el PRI jugó con el mismo sentimiento del temor para inyectarlo al electorado.

En un nuevo spot, el partido en el poder retoma un discurso de López Obrador donde menciona que cancelará la reforma educativa. Inmediatamente después aparecen imágenes de violencia en las calles con bloqueos y vehículos incendiados, realizados por presuntos maestros. El spot juega con frases y símbolos, donde aparece López Obrador diciendo: “Llevamos años luchando y no se ha roto ni un vidrio”. Acto seguido, supuestos maestros se muestran rompiendo vidrios y recupera una fotografía de miembros de la Sección 22 de junio de 2016, donde rapan a seis maestros porque querían dar clases en Oaxaca. Al final, una voz en off dice: “Miedo o Meade. Vota por Meade”.

Las malas semanas que ha tenido López Obrador al pelearse con los agentes económicos, actores políticos y sociales, y la forma como sistemáticamente deja sin responder las preguntas de la prensa que cubre su campaña, han construido el contexto para buscar inyectar, como en 2006, el sentimiento de miedo en contra del candidato de Morena. Hace 12 años, cuando tenía casi asegurada la Presidencia, el mal manejo de López Obrador para contrarrestar esa propaganda terminó frenándolo. A veces parece que no aprendió la lección. Si no quiere repetir aquella ruta de derrota, tiene que modificar lo que ha venido haciendo y dejarse de pelear con todos, por todo. Hoy tiene la mejor oportunidad de alcanzar al poder, y él mismo, su principal enemigo histórico, se está encargando de evitarlo.
25 Abril 2018 04:08:00
Crisis en el Partenón
Cuando llegó a la Presidencia, Enrique Peña Nieto tenía un equipo compacto de tres pilares: el de Luis Videgaray, su secretario de Hacienda, el de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y el de Aurelio Nuño, jefe de la Oficina en Los Pinos.

La sucesión presidencial quebró ese equipo, los distanció y los enfrentó. Hoy en día, esa brecha se ha profundizado. En las antípodas del kitchen cabinet de Peña Nieto se encuentra quien se sintió injustamente relegado de la candidatura presidencial, que se sentía con los méritos y que hoy está haciendo campaña para él, no buscando los votos para el candidato José Antonio Meade. Es la rebelión de Miguel Ángel Osorio Chong que ha generado un conflicto en gran ebullición en los pasillos palaciegos.

Osorio Chong, número dos en la lista plurinominal del PRI al Senado, es el responsable de las campañas de los candidatos a senadores. Sin embargo, el trabajo de articular la búsqueda de votos para esa cámara a la de votos para Meade, ha sido deliberadamente incumplido. En los últimos 10 días, Osorio Chong ha estado en eventos priistas con candidatos al Senado en Chihuahua, Hidalgo, Puebla y Sinaloa, donde ha hecho las arengas para que peleen por los votos, pero en ningún momento ha mencionado a Meade, ni apelado a que también trabajen para granjearle sufragios en la urna presidencial. Priistas que han estado en esas reuniones han registrado extrañados la actitud del exsecretario de Gobernación.

La acción de Osorio Chong no puede decirse que haya sido resultado de una actitud producida por el berrinche por no haber sido el candidato presidencial. Tras la unción de Meade, fue lastimado innecesariamente por el equipo que se quedó con la candidatura. La primera señal abierta de la hostilidad fue la selección de su suplente en el Senado, Francisco Guzmán, incondicional de Peña Nieto, y quien sustituyó a Nuño en la Oficina de la Presidencia. La cuña, de acuerdo con un priista que entiende los mensajes del poder, equivalía al recordatorio permanente que en cualquier momento podrían quitarlo del Senado.

El maltrato a Osorio Chong tocó niveles extraordinarios la semana pasada, cuando Peña Nieto admitió públicamente que la estrategia de seguridad había fallado. Cinco años y medio después de haber apoyado a su secretario de Gobernación, y adoptado su discurso para explicar el incremento en los índices de violencia, rectificó, responsabilizándolo sin mencionarlo de tal fiasco, a Osorio Chong.

Inmediatamente después, Meade se montó en las palabras del Presidente y se sintió libre para cuestionar las fallas que se tuvieron en el tema de la seguridad.

Los golpes contra Osorio Chong se venían dando mientras el aspirante al Senado ya estaba en campaña para él mismo, ignorando a Meade.

El reporte de lo que estaba haciendo su viejo amigo, con quien construyó su candidatura presidencial desde que ambos eran gobernadores, lo recibió Peña Nieto en Hannover, a donde llegó el viernes pasado para participar en la inauguración de la Feria Industrial donde México fue el invitado de honor.

El Presidente autorizó que se hablara con él –no se sabe quién sería el emisario y si ya se dio ese encuentro–, y con el líder del PRI, Enrique Ochoa, a quien se le informó días antes de lo que estaba haciendo Osorio Chong sin que tomara medidas para contrarrestarlo. En las pláticas probablemente se le planteará, sutilmente, la amenaza de que podría no ser el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, si no modificaba su actitud.

Pero la crisis que genera Osorio Chong es más profunda de lo que se aprecia en este primer plano, porque trasciende al propio exsecretario de Gobernación y se extiende más allá del Partenón peñista. La confrontación silenciosa que se vive es por la falta de acuerdo sobre el candidato presidencial, lo que deja de manifiesto que ni Peña Nieto, ni Ochoa o Nuño, negociaron con efectividad los respaldos del partido para Meade. Priistas en los cuartos de guerra del candidato han señalado que Ochoa no está logrando el respaldo homogéneo de las bases priistas en varias partes del país, proyectándose una repetición del fenómeno que se vivió en las elecciones para gobernador en Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, donde miles de priistas movilizados terminaron votando contra los candidatos del PRI.

Tampoco ayuda la poca competitividad que ha mostrado el candidato y las cada vez menores posibilidades que se le están viendo dentro y fuera del partido. La campaña sigue pudriéndose por dentro, sin que necesariamente tengan este diagnóstico en los cuartos de guerra, por la continua falta de claridad sobre la estrategia a seguir, con qué equipo habría que continuar, y la soberbia de la autosuficiencia. Vive un peor momento que el que atravesó Francisco Labastida en 2000, cuando se peleó su equipo pero no tenían roto al PRI, o Roberto Madrazo en 2006, cuando se quebró el partido pero mantuvo unido a su equipo.

La campaña de Meade no ha prendido y difícilmente lo hará. No tiene la fuerza ni la contundencia, o la inteligencia estratégica para salir adelante.

A Peña Nieto sólo le queda una elección de Estado, que están comenzando a hacer –referida en este espacio el lunes como La Operación Meade– y empapar de dinero a los electores.

Pero aún así, no se ve que pueda ser suficiente. La campaña se pudrió por dentro y apesta, aunque no quieran darse cuenta. La actitud de Osorio Chong, en todo caso, sería el axioma dominante entre un buen número de priistas: sálvese el que pueda.
24 Abril 2018 04:06:00
La Operación Meade
Formalmente, La Operación, como la llaman algunos en los cuartos de guerra de José Antonio Meade, comenzó la semana pasada. Inició informalmente en el portal Pejeleaks, que de acuerdo con personas altamente informadas, no tiene vínculos orgánicos entre sus financieros y promotores, con el equipo del candidato presidencial, que publicó las presuntas ligas de los familiares del puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, con el narcotráfico. A partir de ahí, mientras el sector privado rompía los puentes con él, señalándolo de intolerante al diálogo, revelaciones en la prensa sobre otros vínculos de personas cercanas a él con el crimen organizado y un realineamiento en los liderazgos políticos, fueron estableciendo los nuevos términos de la batalla electoral.

La Operación, si era importante la semana pasada, se volvió crucial una vez pasado el primer debate presidencial este domingo, donde las diferentes mediciones sobre el comportamiento de los candidatos –aquellas que no son manipuladas por el PRI–, arrumbaron a Meade a un lejano tercer lugar, y quizás fuera de competencia. El candidato de la coalición frentista, Ricardo Anaya, con quien disputaba el segundo lugar en preferencia electoral, fue calificado unánimemente como el ganador, mientras que el puntero López Obrador probablemente mantendrá la tendencia y una cómoda ventaja sobre sus adversarios. La operación de pinzas, por tanto, dejó de ser una acción estratégica para convertirse en una de sobrevivencia.

Pejeleaks.org es financiado por varios importantes empresarios que, de acuerdo con la información que ha trascendido sobre sus orígenes, no apoyan a Meade, sino al candidato frentista Ricardo Anaya. El portal, que nació con el único objetivo de ser un mecanismo de rendición de cuentas de Andrés Manuel López Obrador, publicó el lunes 16 que su hermano menor, Martín Jesús, había recibido un millón y medio de pesos en septiembre de 2016 de Zaida Irene Leaños López, pareja de Roberto Nájera Gutiérrez, presunto operador del cártel de Sinaloa y detenido en 2017 acusado de asesinato, sin que se aclare la razón de esa entrega de dinero. En ese mismo paquete, Pejeleaks reveló las relaciones personales de Pamela, una de las sobrinas del candidato en Tabasco, uno de los cuales fue asesinado en 2005 dentro de una disputa entre bandas criminales. El portal reveló también, sin profundizar, que Pamela fue “levantada” en 2007 por presuntos sicarios en San Pedro Garza García, Nuevo León. Nada de esto ha sido desmentido por López Obrador.

Dos días después, el 18, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, acusó a López Obrador de “intolerante” y poco dispuesto a escuchar sus argumentos sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que las mesas de diálogo técnico sobre la obra que habían acordado fueron canceladas. El jueves 19 por la noche, la maquinaria política de la campaña de Meade se desplegó. Después de hablar a través de interlocutores, el excandidato independiente a la Presidencia, Armando Ríos Piter, compañero en el ITAM del grupo de economistas influyentes en los entornos de Meade y del propio López Obrador, se sumó a la campaña del candidato oficialista, en lo que sería una cascada de realineamientos políticos.

El viernes 20, El Universal publicó una entrevista con Manlio Fabio Beltrones, quien dijo que el voto útil debía ser para Meade, porque “dárselo a alguien que no tiene la experiencia ni solidez para gobernar lo volvería un voto inútil”. Por la noche, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, que llegó al poder como resultado de una gran coalición de partidos encabezados por el PRD, respaldados fuertemente por el PAN, rompió con Anaya y le entregó su respaldo a Meade. La decisión de Aureoles forma parte de una estrategia para reconstruir el voto útil que la radicalización de Anaya y su discurso de corrupción contra el PRI eliminó. Si la postura de Anaya creó una nueva dinámica donde el voto útil de panistas y priistas caen a López Obrador, la ruptura provocada de Aureoles abrió la posibilidad de que gobernadores y grupos políticos perredistas, e incluso panistas agraviados por su candidato, opten por la candidatura de Meade.

Miembros del equipo de campaña de Meade e integrantes de sus cuartos de guerra, dijeron que se está trabajando para que otros gobernadores, legisladores y funcionarios electos a nivel local del PAN y del PRD, abandonen a Anaya y se sumen al priista. Este realineamiento y las condiciones políticas que se están creando, buscan la construcción del voto útil a favor de Meade. Hasta este momento, el voto estratégico de 2006 y 2012 es inexistente porque Anaya cometió el error táctico de denunciar la corrupción como un tema de partido (el PRI), y no personalizó sus acusaciones. Al incurrir en generalizaciones, convirtió al partido en su enemigo y produjo que el voto que no vaya a ser por él, opte por López Obrador como su segunda opción.

Tras el debate presidencial se registró un sentimiento de desánimo en las áreas de decisión de la campaña presidencial, al estar perdiendo oportunidades por no deslindarse del presidente Enrique Peña Nieto, que como se apreció en el debate, es el ancla que lo tiene en el fondo del mar. Cada vez más, este rompimiento pactado es precondición para que funcione La Operación, porque si no se alinean todas las fuerzas contra López Obrador detrás de Meade, consideran, todo habrá sido inútil y su candidatura terminará en testimonial. Pero aquí existe otro problema: Peña Nieto no es dúctil a pactar la ruptura para salvar la Presidencia. O sea, La Operación Meade se encuentra en un dilema hasta ahora insalvable.
23 Abril 2018 04:08:00
El primero de tres
Todos necesitan una estrategia, comenzó contundente Lawrence Freedman en su importante obra histórica sobre estratagemas en 2013. Tenerla, afirma, sugiere la habilidad para mirar más allá del corto plazo y lo trivial, al largo plazo y lo esencial, para ocuparse de las causas en lugar de los síntomas, y para ver el árbol en lugar de las ramas. Pero tras los 120 minutos del primer debate presidencial, ninguno de los candidatos enfocó realmente en las causas que provocaron la inseguridad, salvo Margarita Zavala, que acusó el retiro del Estado en el combate a criminales, y todos buscaron el contraste con el enemigo a descarrilar, Andrés Manuel López Obrador. Vieron lo particular no lo general, en realidad este primer encuentro ante la nación se trataba de otra cosa: exhibir las inconsistencias y contradicciones del candidato de Morena. Objetivamente hablando, lo lograron; subjetivamente, se verá si tiene impacto en las próximas encuestas de preferencia electoral.

López Obrador llegó al debate para administrar la ventaja que lleva sobre sus adversarios, pero algo importante sucedió con el equipo que lo preparó, porque le dieron datos falsos sobre inseguridad. Fue uno de sus malos momentos, al presumir los logros que alcanzó en su gobierno en la Ciudad de México. Anaya le demostró que mentía. No abundó, pero según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, López Obrador no dio datos reales. En su Gobierno hubo 988 mil 141 delitos en general, 686 secuestros y 8 mil 389 homicidios. En el periodo 2013 a la fecha, van 944 mil 496 delitos en general, 265 secuestros y 8 mil 327 homicidios. El candidato de Morena no replicó. Se ajustó al libreto: no enredarse en réplicas, no responder señalamientos concretos –como lo acusó Anaya–, y regresar todo el tiempo a las frases que penetran no sólo en sus clientelas electorales, sino también en un amplio segmento de la sociedad que está indignada por la corrupción y la impunidad.

López Obrador ya tiene bien anidada su narrativa, por lo que se quiso concentrar en una letanía. Anaya, y de manera amplia el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, lo arrinconaron en cada uno de los temas. Durante toda la primera parte del debate, el lenguaje de cuerpo de López Obrador mostró lo acosado que estaba, con los brazos cruzados –reflejo subconsciente de inseguridad–, con la cara dura y el cuerpo doblado. Comenzaba a dar señales de molestia ante las imputaciones de deshonesto y corrupto, pero “El Bronco”, le abrió la puerta de salida y volteó a Meade a cuestionarlo sobre su integridad. Anaya también lo soltó y enfiló contra el candidato oficial. En este tema, Meade no tiene muchas armas para defenderse. Los actos de corrupción de gobernadores priistas, la inacción judicial por el tema de Odebrecht, la creciente percepción de impunidad en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no pudieron, porque no había forma real de responder, ser atajados por el candidato priista.

Meade llegó como el underdog, el candidato más débil por todos los negativos que arrastra del Presidente (8 de cada 10 mexicanos reprueban su gestión), y por el rechazo al PRI (6 de cada 10 mexicanos dicen que nunca votarían por ese partido). Si bien mostró que tuvo una buena preparación para el debate, no ha sido suficiente. Su estrategia tenía que haber superado el obstáculo para reducir el abismo existente entre el objetivo que busca (ser un candidato competitivo), y la realidad de las herramientas y los instrumentos que tenía a su alcance (el descrédito presidencial, del Gobierno y del partido). Para un underdog siempre se sugiere que despliegue una táctica guerrillera, donde golpea a su enemigo y se retira, pero teniendo el cuidado siempre que en el repliegue, no sea alcanzado por los tiros de sus adversarios. Eso le sucedió el domingo en la noche. No le afectaron los lugares comunes de López Obrador, pero fue tóxico el emplazamiento que le hizo Anaya al hablar de corrupción y le preguntó qué podría decir de su jefe, el presidente Peña Nieto. Meade enmudeció.

Cuando se tienen pocas opciones, como con las que entró Meade al debate, las posibilidades pueden mejorar sustancialmente si actúa fuera de la caja y es disruptivo para obligar a quien luce como el poderoso. No lo hizo. Aquella pregunta lo desinfló. Incluso llegó a mezclar los apellidos de Elba Esther Gordillo con Napoleón Gómez Urrutia, al llamar “Gómez Gordillo” a la maestra, en algo que puede interpretarse como nerviosismo. Pudo haber sido más enérgico con el Presidente, pero no lo hizo, o dicho que el Presidente no está fuera del alcance de la ley, pero optó por no incomodarlo, menos tocarlo. ¿Se acabaron sus posibilidades en este primer debate? Es otra de las respuestas que darán las próximas encuestas.

No hubo nada nuevo en el debate, por cuanto a frases, ideas y propuestas, y tampoco hubo debacles. Se regresa todo al campo de las percepciones y a la lucha del postdebate. Alguna vez dijo el boxeador Mike Tyson –recordado por Freedman–, un golpe bien puesto echa a perder el plan más ingenioso. Nadie lo dio. La combinación de unir fuerzas contra el más poderoso siempre era una buena estrategia, para construir una alianza táctica con el interés común de que López Obrador alcanzara un techo electoral y empezara a perder puntos. Pero el planteamiento de hacer un duelo que acota todo a un ganador y un perdedor se eliminó cuando Meade se convirtió en otro objetivo a derrumbar. El momentum se esfumó. No parece que a López Obrador le hagan suficiente mella.
20 Abril 2018 04:08:00
El mayday de Meade
“Mayday” es una de las palabras que menos se buscan en los diccionarios. Es una derivación del francés que significa “ayúdame”, que originalmente fue la radioseñal internacional utilizada por los barcos y aviones en situaciones de emergencia para solicitar auxilio. La señal se comenzó a emplear de manera común como la palabra, recuerda Wikipedia, que representaba un peligro inminente, y donde muchas veces se estaba en riesgo de perder la vida. “may-day” es lo que se aplica hoy a la campaña del oficialista José Antonio Meade, que necesita auxilio, no sólo para ver si existe alguna posibilidad de ser competitivo en la contienda por la Presidencia, sino incluso para evitar, de mantenerse la tendencia en la mayoría de las encuestas, hundirse en el tercer lugar. Mantener la Presidencia no es lo único en peligro. Está en riesgo obtener bancadas sólidas en el Senado y el Congreso, y evitar, en el colapso que se anuncia, el fin del PRI como hoy lo conocemos.

Existe una desconexión entre lo que se piensa en el equipo de Meade y lo que se cree en otros lados, incluso en Los Pinos, donde de acuerdo con personas que han escuchado al presidente Enrique Peña Nieto, está preocupado por el rumbo de la campaña. Dentro de la campaña, ha trascendido de sus cuartos de guerra, hay un problema de desorganización, con muchos generales y muchas voces que opinan y hacen, ante la ausencia de un liderazgo firme en la jefatura de campaña de Aurelio Nuño. El jefe de todos no es respetado por muchos. Su apoyo, el presidente del PRI, Enrique Ochoa, es un fusible quemado que ha desaparecido de la arena pública, empujado por la ignominia de la opinión pública y el desprecio de los priistas.

Una vez más, hay que reiterarlo, esta visión no es compartida por quienes están en la campaña. La falta de autocrítica, o el exceso de soberbia de algunos de los jefes de la campaña, absortos en el proceso endogámico de la toma de decisiones, les impide ver los ajustes que tendrían que hacerse de fondo. La solución, sin embargo, está a la vista, pero es altamente dolorosa, para el equipo y para el propio Peña Nieto: cambiar a los jefes de la campaña. Esta decisión no está en las manos de Meade, sino en las de Peña Nieto. ¿Estará dispuesto a cortar la pierna gangrenada antes de que se le pudra el resto del cuerpo? 

No está en su ADN ese tipo de cambios y decisiones radicales, pero si él mismo admite en privado que las cosas no marchan bien, entre más tiempo tarde en tomar esa decisión, más doloroso será el naufragio. Mencionar la salida de Ochoa del PRI es hoy en día un pleonasmo. Agotado hace semanas como el gladiador priista, sus rendimientos decrecientes lo han hecho insulso en la arena pública, y un factor de desunión entre los priistas. Pero como en el caso de Nuño, la decisión final no la tiene Meade, sino el Presidente.

Hipotéticamente hablando, la salida de las dos cabezas formales de la campaña, que traería como secuela un ajuste total dentro de los equipos de trabajo y reorientación de los trabajos, la agenda, el mensaje, la agenda y la comunicación social, no sería suficiente si no se ataca el problema de fondo que tiene partido al partido: la lista de candidatos y candidatas al Senado y la Cámara de Diputados. Las listas que se registraron ante el Instituto Nacional Electoral provocaron una hecatombe silenciosa dentro del partido, al figurar en los sitios donde seguramente alcanzaran escaños o curules personas en el entorno de mayor cariño y cercanía del Presidente, que les quiere garantizar una vida política transexenal, así como el acomodo de personas que son parte del equipo ganador de la candidatura. Al mismo tiempo, se lastimó al priismo en general, y a los sectores en particular. Con esas listas, es improbable que el PRI trabaje con toda su fuerza a favor de la victoria de Meade. Si la maquinaria electoral priista estaba dañada, con esto la paralizaron.

Junto con el cambio de las cabezas, tendrían que tirar a la basura esas listas y rehacerlas. Aunque ya hayan sido registrados, la ley permite que pueda haber cambios hasta un mes antes de la elección (1 de junio), pero pudiera darse un remplazo hasta el último día, por inhabilitación, incapacidad permanente o muerte. Por ejemplo, hace unos días, el PT sustituyó a un candidato registrado en su lista para el Congreso, e incorporó al maestro Rafael Ochoa Guzmán, pieza de la maestra Elba Esther Gordillo, como número cinco en la Cuarta Circunscripción. El problema es que existe la posibilidad, por tiempos, de que no aparecieran en las boletas, cuyo orden de impresión se modificó con el registro de Jaime Rodríguez, “El Bronco”, para enviar primero las listas de plurinominales y después las presidenciales. En todo caso, ya hay antecedentes de que un legislador electo no estuviera en la boleta.

Estos cambios serían estratégicos y buscarían recuperar al PRI que están perdiendo de manera significativa todos los días. Es cierto que el descrédito del PRI jala hacia abajo a Meade en las preferencias electorales, pero hay una verdad política: sin el PRI, no tiene mayor posibilidad el candidato de nada; con el PRI, al menos, puede hacer el intento. También es cierto que aun con esta revolución interna, Meade no tiene un horizonte promisorio en estos momentos, sino más bien ominoso. Sin embargo, si las cosas están mal, pueden ponerse peor.
19 Abril 2018 04:08:00
La campaña de Aurelio
José Antonio Meade es el único candidato a la Presidencia cuyo futuro está en manos que no son de él. El presidente Enrique Peña Nieto lo puso a trabajar de candidato y nada más. Le colocó un coordinador de campaña, Aurelio Nuño, con quien acuerda semanalmente en Los Pinos sobre la estrategia de la campaña sin tomar en cuenta al candidato. Le mandó a Alejandro Quintero para que le construyera la narrativa a través de los spots, y le impuso a Alejandra Lagunes para que manejara las redes sociales. Es decir, quienes colaboraron al cénit de Peña Nieto en 2012 y lo llevaron a su nadir en 2017 fueron implantados ahora como la sangre y la carne del candidato presidencial. A este paso y con esa lógica, Meade no tendrá ningún cénit y terminará irremediablemente en el nadir.

La campaña presidencial del candidato oficialista tose, pero quienes la dirigen no han diagnosticado que lo que tiene es una tuberculosis. Al contrario, lo estiran y tensan al meterlo en terrenos que no son los que él podría defender, sino aquellos que son las filias y fobias de Nuño. En las dos últimas semanas, Meade dejó de responder a las necesidades de la sociedad, para defender las fijaciones de Nuño con la reforma educativa. La proyección freudiana del jefe de la campaña está desarrollando una estrategia como si fuera su propia campaña. Sin saberlo probablemente con precisión, la coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier, se lo dijo en la cara durante un debate en el programa Despierta de Carlos Loret la semana pasada: no superas no haber sido el candidato. Exacto.

Nuño impuso su agenda, anulando la de Meade. Cambió la retórica acusatoria contra Ricardo Anaya para reorientar sus baterías críticas contra López Obrador, entendiendo finalmente que para mejorar sus niveles de preferencia electoral se debe enfrentar a quien tiene puntos que perder, no a quien le falta grasa para repartir. Pero si el giro estuvo bien, el énfasis está mal. El mensaje y los spots se enfocaron a una campaña de miedo contra López Obrador, quien según las encuestas, hace un buen tiempo dejó de ser un factor que le produjera negativos. Lo que se ha visto en las mediciones es que resultó contraproducente para Meade, que siguió perdiendo puntos ante el morenista.

En la columna de este lunes se planteó como hipótesis de trabajo que la elección presidencial está más allá de la batalla contra López Obrador y se inserta en la indignación contra el régimen. Casi una tercera parte de lo que ha sido hasta ahora el voto consolidado de López Obrador está sumándose a él empujado por la molestia contra la corrupción y la impunidad que la mayoría de los mexicanos, según las encuestas, siente representa el Gobierno que respalda a Meade. Nuño y el entorno que controla la campaña no parecen compartir esta hipótesis, a decir de la forma como han establecido la estrategia. El miedo por encima de todo, no atajar la molestia, es la línea conducente que se aprecia en el desarrollo de la campaña, que se empató desde el sábado con otro de los fantasmas de Nuño, la disidencia magisterial y su oposición a la reforma educativa.

La violencia avalada y estimulada por López Obrador fue la primera crítica que hizo Meade tras el zafarrancho en un acto de campaña el sábado pasado en Puerto Escondido, en Oaxaca. Una vez más, el miedo como hilo conductor de la crítica al candidato puntero. Por la voz de Meade se expresan las frustraciones de Nuño, que no se ha detenido a realizar una autocrítica sobre qué están haciendo y cómo lo están haciendo. El evento de Puerto Escondido es un botón de lo que pasa en la campaña. De acuerdo con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, la campaña de Meade fue alertada en la víspera sobre los planes de los maestros disidentes para sabotear el evento, exhibiendo la incompetencia de la campaña para hacer un control de daños preventivo. No tomaron previsiones en el equipo del candidato, cuyos seguidores escenificaron un zafarrancho con maestros, y detonaron un debate mediático entre Meade y Lopez Obrador.

Meade no tendría que estar hablando de la reforma educativa de la forma justiciera como lo está haciendo, que refleja el argumento sistemáticamente esgrimido por Nuño como secretario de Educación. Ese discurso es incendiario y no se sale el candidato de él. Está atrapado por su jefe de campaña y no se ha sacudido la bota de Nuño que pisa su futuro. Si no ha podido con él, mucho menos ha marcado una raya con el Presidente. No se entiende bien por qué el candidato no ha dado un golpe sobre la mesa y tomar el control de su campaña, pese a las evidencias de que las imposiciones de Peña Nieto son parte de los responsables de su descrédito y desgracia como Presidente.

Nuño, como jefe de Oficina de la Presidencia, fue el responsable del manejo de crisis de la “casa blanca” y de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, detonantes en el mal humor social y la animadversión contra Peña Nieto. También fue quien aisló al Presidente y cortó el acceso y sus posibilidades de interlocución con el mundo exterior. Ser el carcelero de Los Pinos le generó muchos enemigos, que Nuño mismo reconoce, y frena los apoyos a Meade –por las facturas que debe– que están tomando el camino, hasta este momento, por Anaya.
18 Abril 2018 04:09:00
La mecha corta de Andrés
Dos viejos conocidos, aliados tácticos en diferentes momentos, chocaron agriamente por el tema de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se ha convertido en la metáfora de la campaña presidencial. Andrés Manuel López Obrador, que ha ejemplificado en esa obra el despilfarro del Gobierno, su corrupción y tráfico de influencias, se enfrentó con el magnate Carlos Slim, quien en una conferencia de prensa el lunes, dijo que detenerla sería cancelar el desarrollo nacional.

López Obrador, de manera insólita por tratarse de un personaje que en otros momentos lo apoyó, perdió las formas. Le espetó en la cara que era marioneta del presidente Enrique Peña Nieto y del expresidente Carlos Salinas, que sólo defendía sus intereses en la obra –previamente ha dicho que la corrupción es la matriz de esa joya de la ingeniería civil–. Las reacciones en la opinión pública fueron negativas para López Obrador y mixtas en el territorio que domina, el de las redes sociales.

La reacción de López Obrador contra Slim lo pintó de cuerpo entero. Intolerante a un punto de vista diferente, brutal contra quien no piense como él. Los contactos directos entre el magnate y el candidato han sido inexistentes desde hace varias semanas, reconocido por Slim en privado, quien habla de lo difícil que es cada vez más el trato con López Obrador porque quien no esté de acuerdo con él se convierte automáticamente en su enemigo.

La paranoia de López Obrador se combina con la soberbia. Con más de 10 puntos de ventaja sobre su más cercano rival en la elección presidencial, piensa que la elección es un trámite porque la tiene en la bolsa, por lo que deben trabajar sus incondicionales para alcanzar la mayoría calificada en el Congreso y el Senado, a fin que a través de los instrumentos democráticos, modifique el rumbo del país y lo ajuste a su proyecto de Nación.

Los argumentos de López Obrador sobre el nuevo aeropuerto no son endebles sino tramposos. En febrero pasado, se presentó sin aviso previo en la puerta de la obra en Texcoco, acompañado de Higinio Martínez y Delfina Gómez, los operadores de Morena en ese municipio, y de José María Riobó, uno de los constructores más beneficiados cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y siempre a su lado cuando de proyectos de infraestructura se trata. Lo recibió el ingeniero Raúl González Apodaca, director corporativo de la construcción. López Obrador dijo que era una obra “faraónica”, a lo que González Apodaca le respondió que su información era incorrecta. Le explicó la obra y lo llevó a recorrerla. Al finalizar, López Obrador le pidió a Riobó que confirmara la información y se fue. Nunca cambió su opinión.

La obra no se hizo en Texcoco por una improvisación. Desde 1995, cuando se comenzó a planear seriamente un Nuevo Aeropuerto Internacional en la Ciudad de México, se realizaron numerosos estudios. El primero lo hizo ese año la consultora McKinsey. En 1999 la administración de los Aeropuertos de París analizaron la conveniencia de construirlo en Tizayuca. Ese mismo año, la Comisión Nacional del Agua evaluó el impacto hidrológico en el ex vaso de Texcoco. En el 2000, Felipe Ochoa y Asociados estudiaron ocho opciones para la ampliación del actual aeropuerto y en octubre, Mitre Corporation presentó los resultados finales de estudios que comenzó en 1997 para ubicar un nuevo aeropuerto.

Ese mismo año la consultora COPLA analizó Texcoco y Tizayuca. En 2001 la empresa canadiense Bombardier hizo el estudio de conectividad en Tizayuca, y ese mismo año la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo analizó la capacidad técnica de las opciones. Igualmente, el Colegio de Pilotos de México, revisó las opciones de Texcoco y Tizayuca. En total se realizaron 31 estudios –sin contar con el conjunto de estudios para el nuevo aeropuerto–, y en ninguno se mencionó Santa Lucía. Texcoco siempre figuró como la mejor opción.

Argumentos como la solidez del terreno de la nueva obra son baladíes. No sólo es más sólido donde se encuentra la obra frente al actual aeropuerto, sino que hoy en día existen aeropuertos construidos sobre el mar. Alegatos de corrupción en las licitaciones han sido enfrentadas por el responsable máximo de la obra, Fernando Patiño, con una respuesta simple: todas las licitaciones y los procesos de adjudicación están en línea y fueron acompañados por contralores. Hasta este día, ninguna de los cientos de empresas involucradas en la obra se han quejado de alguna irregularidad. Es decir, la impugnación a partir de esas dos variables, choca con la documentación de la obra misma y los antecedentes.

La posición de López Obrador no es técnica ni tampoco ve el desarrollo de México a largo plazo. No cabe en su lógica la planeación estratégica porque es inmediatista y, como en todo lo que él plantea, con un enfoque político. Pero en el caso del nuevo aeropuerto, hay una variable poco explorada, totalmente subjetiva: la personalidad de López Obrador. Personas que lo conocen de tiempo atrás y estudiado su pensamiento, sugieren que su ego es más poderoso que su inteligencia. El ego es lo que acorta su mecha y responde a quien discrepa de él. ¿Es esto lo que produjo su choque con Slim? De todas las explicaciones, la valorativa es la más probable. López Obrador piensa de sí mismo que él está antes que nadie. Incluso del país que quiere gobernar.
17 Abril 2018 04:07:00
La guerrilla electoral
Los jefes de las casas encuestadoras observan con sorpresa la forma en que la preferencia electoral de Andrés Manuel López Obrador se ha ido incrementando sostenidamente. En 2006 votó por él poco más del 35% del electorado, y en 2012 lo hizo el 31.57% de los mexicanos. Es decir, el techo histórico de López Obrador se encontraba en alrededor de una tercera parte de los votantes, mientras que entre el 65 y el 70% votaban contra él. Las recientes mediciones prueban que ese techo se rompió. Si tomamos como referencia la última elección presidencial, el candidato de Morena tiene en estos momentos el 42.7% de preferencia de voto, de acuerdo con el agregador de encuestas oraculus.mx, tras un brinco de casi cinco puntos desde febrero. Si eso se traduce a votos, significaría que aproximadamente 5 millones de mexicanos que no votaron por él hace seis años lo quieren hacer el 1 de julio.

López Obrador considera que esos votos son por su persuasión y convencimiento de los mexicanos de que su proyecto de Nación es el único correcto, y que serán sufragios incondicionales para él. Los números no parecen darle la razón. Hasta febrero pasado, se había mantenido muy estable en las preferencias de voto, como se apreció en la encuesta de El Financiero, que también registraba una disminución importante en sus negativos, que ha sido una tendencia coincidente con el incremento en los negativos de la gestión presidencial. El brinco que dio a partir de febrero podría argumentarse, tiene una correlación con la creciente opinión negativa de José Antonio Meade, el candidato oficial (40%), que entre más lo conocen más rendimientos decrecientes tiene, y la mala imagen que han dado las acusaciones de corrupción al candidato frentista, Ricardo Anaya.

Se puede argumentar que el despegue radical del morenista está asociado con una creciente decepción de sus adversarios, no por el convencimiento en sus ideas, lo que permite establecer como hipótesis de trabajo que el techo lo rompió un tsunami que cada vez se hace más grande y más poderoso de votantes, que lo que quieren es no sólo un cambio de partido en el Gobierno, sino un cambio de régimen, donde el PRI y el PAN son echados a la misma bolsa de desprecio. Si la hipótesis se prueba en las elecciones, lo que comprobará es lo que un viejo y experimentado político priista llama “la inevitabilidad” de la victoria de López Obrador, que es el único que verdaderamente representa ese cambio de régimen.

En esta misma línea de pensamiento, es irrelevante lo que haga o deje de hacer López Obrador, o lo que diga y crea por más estrambótico que pudiera ser. Los votantes que le están dado su apoyo, particularmente aquellos que no lo respaldaron antes y hoy lo ven como el vehículo para cobrarle las facturas al régimen –también una hipótesis de trabajo–, lo están oyendo pero no lo están escuchando. Está el ejemplo del grupo de los millenials, que, según una encuesta del portal Nación 321 de El Financiero, el 51% votaría por él, muy por encima del segundo escogido, Ricardo Anaya, que tiene 29% de preferencia.

La paradoja, que apoya la hipótesis de que oyen a López Obrador pero no lo escuchan, es que es el candidato que está en las antípodas de ese grupo. La última encuesta global que realiza la empresa Deloitte en 30 países emergentes en ese segmento, difundida el año pasado, dice que los millenials, totalmente inmersos en la tecnología, no apoyan en general a los líderes que polarizan o que buscan una transformación radical en lugar de un cambio gradual. Tampoco son nacionalistas sino globales, y piensan que los negocios –que consideran el principal motor para su bienestar– son los que tienen el potencial para aliviar los mayores problemas de la sociedad. La visión de país de López Obrador es opuesta; generacionalmente es el más alejado de ellos; no es tecnológico; pretende una nación cerrada al mundo con un cambio en las relaciones diplomáticas y comerciales internacionales, y un modelo económico que, como lo explica él, es más probable que conduzca a una crisis que a un desarrollo sostenido.

Lo que sucede con los millenials en el caso de López Obrador pasa con todos los grupos demográficos y socioculturales, en donde aventaja a sus rivales en casi todos los rubros. No importa lo que diga, es la bala de plata contra el régimen. Bajo esta categoría de análisis, lo que estamos viendo en la campaña presidencial es meramente un trámite, porque el enojo o la rabia de millones de mexicanos se va a expresar en las urnas sin reflexionar sobre quién está mejor preparado para gobernar, o quién tenga el mejor programa de gobierno. La discusión sobre los atributos, fortalezas y debilidades, entonces, pasa a un segundo término, porque un debate en ese campo es estéril.

Hoy en día parece que el cambio de régimen es el destino manifiesto que reflejan las encuestas. Sin embargo, nada estará escrito hasta la noche del 1 de julio. Muchas cosas pueden pasar, como que el etnocentrismo de López Obrador, que se ha venido expresando públicamente en las últimas semanas chocando en planteamientos con los que explican sus asesores, lo lleve al extremo donde lo sonoro de sus dichos sea finalmente escuchado por todos, y que sus adversarios entiendan que la lucha no es contra él en el fondo, sino contra un sistema que representan y que finalmente colmó a millones, dispuestos hoy a liquidarlos en las urnas.
16 Abril 2018 04:08:00
Genaro rompe el silencio
Después de más de cinco años de silencio, Genaro García Luna finalmente habló públicamente. El controvertido secretario de Seguridad Pública Federal en el gobierno de Felipe Calderón reapareció en una entrevista transmitida este domingo en El Financiero/Bloomberg, a propósito de un nuevo libro que será distribuido a partir de hoy a través de las diversas plataformas del diario. Salió de México fuertemente criticado por el alto costo de vidas en la lucha contra el crimen organizado, que en 2013, en el comparativo de aprobación presidencial, tenía a Calderón con 80% de rechazo, contra 20% del entrante Enrique Peña Nieto. Cincuenta meses después, los porcentajes se invirtieron por una razón objetiva: la tasa de homicidios dolosos en ese periodo, superó en 23% la alcanzada en los 72 meses del sexenio de Calderón. En su libro, García Luna explica que fue resultado de la involución en la política de seguridad pública, eufemismo del desastre que se sigue viviendo en la Administración peñista.

García Luna detalla los porqués del colapso de la seguridad pública en el Gobierno. “No se pueden entender las dimensiones, la naturaleza y el poder de fuego del crimen organizado en México, si no se examina el raquitismo de las instituciones del Estado”, escribió en el prólogo Tony Payán, director del Centro México del Instituto Baker de Política Pública de la Universidad de Rice. “Es la desnutrición institucional del Estado mexicano lo que justamente abre espacios al quebrantamiento de la ley, habilita a los delincuentes con impunidad, crea las condiciones para su crecimiento y alienta así la evolución del crimen organizado hasta alcanzar la potencia que tiene hoy. Los delincuentes olfatean la debilidad del Estado, como un tiburón percibe un tiño de sangre en el agua”.

No fue un proceso de generación espontánea del Gobierno de Peña Nieto. Fue peor. Durante los últimos 40 años, recuerda García Luna, las instituciones de policía de los estados y municipios sufrieron un abandono estructural y de inversión que “deterioró su operación, su infraestructura básica y tecnológica, así como sus recursos humanos”. El Estado mexicano empezó su transición hacia un combate al crimen organizado en 1989, y tras casi 25 años de una política de Estado con altibajos y deficiencias, conflictos y contradicciones, derivó en 2008 en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, que firmaron los tres órdenes de Gobierno, empresarios, ONG y representantes sociales. Entre los signatarios estaban los gobernadores del Estado de México y de Hidalgo, Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong.

Al llegar al poder en 2012, tiraron todo a la basura, a partir de un diagnóstico primitivo: hay un conflicto en el Gabinete de Calderón que no permite la coordinación; la violencia es porque se combate al crimen organizado. Por tanto, la clave era la coordinación y dejar de combatir al narcotráfico durante ocho meses. Sucedió no sólo lo contrario, sino que se metieron al peor de los mundos. Desde el primer momento, describe García Luna, comenzó la involución. El 2 de enero de 2013, se suprimió la secretaría de Seguridad Pública y la absorbió Gobernación. Cuatro sexenios de esfuerzo institucional se borraron mediante un decreto. Ese paso, escribe García Luna, “implicó un retroceso de más de 40 años en el modelo institucional para la atención a la seguridad”. El diseño de Peña Nieto y Osorio Chong “corresponde al modelo de los años 70, cuando el esquema de seguridad obedecía a un patrón de control social más que de combate al delito y protección de la sociedad”.

Se desmantelaron los sistemas de interconexión de telecomunicaciones de Plataforma México, con todos sus bancos de datos e inteligencia para combatir criminales. Se dejó de invertir en mejorar las estructuras y capacidades de la Policía Federal, y en tecnología –la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán es el mejor ejemplo del daño al Estado que provocó esa negligencia–, y de evaluar a las policías municipales y los controles de confianza se aplazaron durante dos años. “En el marco de esta involución de la seguridad y del abandono de la conducción institucional del Gobierno en las tareas de seguridad pública”, argumenta García Luna, se institucionalizaron las autodefensas. “En un esquema sin precedentes, el Gobierno mexicano renunció a su obligación constitucional de garantizar la seguridad a los mexicanos”, afirma.

El colapso de la seguridad pública contribuyó de manera importante al colapso del gobierno peñista. Las estrategias implementadas por García Luna se habían utilizado con éxito en el mundo, y varias de ellas son sujetas de un análisis comparativo en el libro, titulado Seguridad con Bienestar. Esto llevó a que el máximo de violencia previsto en México fuera en mayo de 2011, a partir de lo cual comenzó a bajar la incidencia delictiva ante la superioridad del Estado. La inercia, no la estrategia como decía Osorio Chong, redujo los niveles de violencia y los homicidios dolosos, señala García Luna. De haberse mantenido la estrategia y el esfuerzo institucional de cuatro gobiernos, la tasa de homicidio doloso en 2016 casi habría empatado la de 2008 –sin control territorial del narcotráfico como entonces–, con tendencia a la baja.

El diseño peñista provocó un rebote en 2015 que cada mes, en el acumulado de homicidios dolosos, alcanza máximos históricos que no se ve cómo puedan controlarse. Lo pomposo de la declaración de los responsables de la seguridad al principio de sexenio de terminar la violencia en 90 días, se convirtieron en la pesadilla que acompañará para siempre el recuerdo de Peña Nieto.

13 Abril 2018 04:08:00
¡A por Andrés!
La ofensiva contra Andrés Manuel López Obrador comenzó el martes por la tarde en el portal de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, al publicarse un manifiesto firmado por 22 organizaciones empresariales, activistas y abiertamente militantes que establecían que “mucho de lo que ha cambiado en México fue primero exigencia y propuesta de la sociedad civil”. No fue una iniciativa que saliera de la nada, sino resultado directo de una declaración del puntero en las preferencias electorales donde expresó escepticismo ante ese tipo de organizaciones. “Le tengo mucha desconfianza a todo lo que llaman sociedad civil o iniciativas independientes”, dijo López Obrador en una entrevista colectiva en Milenio Televisión en marzo. “Es un parapeto, en el mejor de los casos, supuestamente promovido por la sociedad civil, independiente”.

La siguiente fase fue el jueves, con la publicación de un desplegado en algunos periódicos de la Ciudad de México –se desconoce si en el resto del país también se difundió en ese formato–, donde reprodujeron el manifiesto que enumera 10 exigencias ciudadanas que, afirman quienes se responsabilizaron de él, se convirtieron después en reformas de segunda generación o dieron pie a políticas públicas. “México ha cambiado mucho durante las últimas décadas”, dice el manifiesto. “Esta profunda transformación no podría explicarse sin el trabajo e incidencia de una red de organizaciones ciudadanas con una agenda tan diversa como los propios problemas nacionales.

“Desconfiar de la sociedad civil equivale a despreciar la voluntad e iniciativa de mujeres y hombres que no se quedan pasivos ante la injusticia, la opacidad, el mal gobierno o la desigualdad. Suponer que sólo la autoridad del presidente o del gobierno, sin la participación de los ciudadanos, puede encarar problemas como la inseguridad y la corrupción es una peligrosa ingenuidad que sólo agravará la crisis actual. Más que suspicacia y recelo, el trabajo de la sociedad civil debería ser considerado como una aportación para diagnosticar y resolver los problemas colectivos”, agrega. El manifiesto fue firmado por cúpulas empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex, por organismos financiados por el sector privado como el Instituto Mexicano de la Competitividad, y por ONG como México Unido contra la Delincuencia, Causa en Común, México Evalúa y México SOS. En el texto no marcan a destinatario alguno, pero no era necesario, dado que sólo López Obrador ha expresado sus sospechas sobre la agenda de la sociedad civil. Pero para que no hubiera duda, los dirigentes empresariales le pusieron nombre y apellido al destinatario rápidamente.

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó: “No podemos tener un México moderno sólo con caudillismo. Tenemos que tener un México de instituciones, (donde) ejerzan de cara a la propia sociedad, para garantizar una convivencia pacífica y una convivencia democrática en orden”. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, subrayó: “No podemos concebir un gobierno moderno sin respeto a la participación civil. Tenemos que dejar bien claro a todos los partidos y candidatos, que deben incentivar la participación de la sociedad”. Los dos procuraron dejar claro que el manifiesto iba dirigido a todos los candidatos, pero por eliminación de posiciones, sólo a López Obrador le quedaba el saco. Dos de los abajofirmantes han entrado en conflicto con el candidato presidencial. Castañón ha sido muy crítico de su modelo económico, mientras que López Obrador considera a Claudio X. González, como uno de sus principales enemigos para ganar la presidencia. Hay dos González. Uno, González Guajardo, es presidente de Mexicanos Contra la Corrupción; el otro, González Laporte, su padre, miembro del poderoso Consejo de Negocios, que tiene una estrecha relación, de décadas, con el expresidente Carlos Salinas. En este caso, el candidato no ha dicho a quién se refiere, o si es a los dos por igual. El manifiesto no ha sido visto en toda su magnitud, ni lo que representa. Pero es un documento en el cual un grupo empresarial influyente, con conexiones hacia las elites económicas y los sectores productivos, con ramificaciones con gobiernos extranjeros e instituciones internacionales, decidieron meterse en la elección presidencial. “Sólo los regímenes autocráticos o los defensores del status quo pueden percibir la participación cívica como una amenaza al orden y la estabilidad”, expresaron en el texto. “Mientras exista en México un régimen de libertades democráticas habrá espacio para la sociedad civil, para sus exigencias y propuestas”. Leído entre líneas, dicen que la democracia no puede existir sin una sociedad civil –que ellos representan–, y que el único hábitat en el que pueden desarrollarse para servir como motor de cambio –como lo han sido–, es con un gobierno que no sospeche de ellas –como sí lo hace López Obrador. 

Sin mucha sutileza, las 22 organizaciones entraron en confrontación con López Obrador. No aprenden de la historia. Involucrarse en la campaña presidencial en 2006 llevó a una dolorosa polarización, cuando la sociedad se partió porque se trató de una elección entre los buenos y los malos que se excluían recíprocamente. Si no se acuerdan, las familias se partieron y en algunos casos nunca se restableció el tejido social en esos núcleos, como tampoco se sanaron las heridas sociales y políticas que dejó el conflicto. 

La polarización lleva a los extremos, y sus posturas, lo único que lograrán es exacerbar. Ya sabemos qué pasa cuando el fuego se combate con gasolina. La lucha por la Presidencia es patrimonio de los candidatos y de nadie más. Quienes no van a las urnas deben propiciar el debate y aportar información a la sociedad, no actuar con ánimos golpistas como los que proponen combatir.
12 Abril 2018 04:08:00
La metástasis de Meade
Hace algún tiempo, en una reunión con un grupo de periodistas, el presidente Enrique Peña Nieto tiró la toalla en cuanto a cómo revertir sus altos niveles de desaprobación. No tenía solución, decía el Presidente, frustrado y con un sentir de incomprensión, por lo que ya no intentaría cambiar el rumbo de la opinión pública. Lo juzgaría la historia, como a Fidel Castro, en función de los méritos que había hecho. Su creencia era que la política de comunicación social del Gobierno había sido deficiente –queja eterna de gobiernos mexicanos, salvo quizás el de Carlos Salinas– y que su mala imagen era irreversible. Lo que ni el Presidente ni su equipo entendió fue que no se trataba de comunicación social per se, sino en la forma obsesiva como se buscó sembrar en la cabeza de cada mexicano el proceso de reforma. Pero hubo un error: siempre utilizaron la palabra “reforma” en cada spot, mensaje, discurso, ignorando que esa palabra, que significa una alteración del status quo, tiene por definición un rechazo universal.

El Presidente y su equipo tenían una confusión conceptual, y se mantuvieron en la lógica de que a través de martillar en el cerebro la palabra “reforma” mostrarían las bondades de la revolución económica hecha en el sexenio y, al final de su gestión, un referéndum avalaría lo mucho que se hizo. Para lograr esa proeza política, inundaron los medios con los spots del Gobierno, y dedicaron amplias tajadas presupuestales para presumir los logros en Google, Yahoo y Facebook. La racional era llegar a grandes audiencias, no buscar calidad del mercado o la persuasión de aquellos sectores que podían incidir en la opinión pública. El resultado fue la destrucción de la credibilidad presidencial y su condena a la desaprobación eterna. 

Se puede argumentar que la confusión conceptual llevó a decisiones equivocadas en materia de opinión pública que aniquiló sus niveles de aprobación y, como consecuencia, está arrastrando a José Antonio Meade, su candidato presidencial, al tercer lugar de preferencias electorales. La comunicación social no pudo comunicar con eficiencia el mensaje presidencial, pero el mensaje en sí mismo era equívoco. Según un análisis de Fundar de los primeros 4 años de Gobierno, el gasto en publicidad fue de 37 mil millones de pesos. Es decir, cada día de los dos primeros tercios del sexenio, el gasto fue poco más de 24 millones de pesos. En la mayoría de esos spots, la palabra “reforma” era la constante dominante.

Nunca corrigieron el error en Los Pinos. En los 10 primeros meses de 2013, un ejercicio empírico mostró que si a los casi 2 mil 500 millones de pesos que para ese entonces se habían invertido en spots, se les asignara un valor para determinar cuánto habría equivalido en tiempo que el Presidente hablara directamente con cada uno de los aproximadamente 78 millones de mexicanos –en ese entonces– con educación superior a la primaria, el total de minutos que habría tenido con cada uno de ellos habría sido de alrededor de seis, que parecen eternos para hacer un trabajo de persuasión. 

La desaprobación presidencial comenzó en el otoño de 2013, y para noviembre, los negativos de Peña Nieto empezaron a crecer claros. El cruce se dio tras la reforma fiscal, y tuvo altibajos durante la primavera y el verano de 2014, como resultado de las reformas educativas y energética. La palabra “reforma” se convirtió en el caballo de batalla presidencial que chocó con discursos de contrarreforma, pero traducidos en términos totalmente asequibles para todos: nos quieren despojar de nuestra riqueza y vender el petróleo; quieren acabar con los maestros para privatizar la educación. Frente a imágenes claras y simples, la complejidad de explicar una reforma que no iba a dar resultados inmediatos sino muchos años después, cayó derrotada. Un Gobierno debe administrar las expectativas, pero no mostrar el cielo azul a un futuro lejano.

Después del otoño de 2014, con la casa blanca y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Peña Nieto nunca más estuvo en positivos cuando se medía su nivel de acuerdo nacional. Sin embargo, no dejó de utilizarse “reforma” en sus mensajes. La idea comunicacional de repetir una palabra hasta que entre en la cabeza del receptor del mensaje tuvo resultados negativos al lograrse el cometido. El problema para Peña Nieto es que no era una palabra tan negativa en la cabeza de la gente la que hubiera deseado que se incubara.

El rechazo al Presidente y el repudio a lo que significaba el PRI cobró su cuota de votos en 2015 y 2016, lo que llevó a que la selección de candidato presidencial fuera en alguien sin filiación priista. Un ciudadano como Meade fue la receta electoral. Lo que no habían calculado es que se había acumulado tanta molestia con el presidente y el PRI, que los negativos están hundiendo la campaña presidencial. Las encuestas lo dicen como un patrón: casi la mitad de los mexicanos afirma que jamás votaría por el PRI, y un porcentaje similar dice que no votará por el candidato ciudadano vestido de tricolor.

Para esta enfermedad no hay medicina. Meade, con todos sus atributos y experiencia, no está pudiendo darle la vuelta a las tendencias de voto. Quizás porque los diagnósticos comunicacionales son los mismos que llevaron a Peña Nieto al infierno de la opinión pública. Después de todo, quienes desarrollaron la estrategia del mensaje en Los Pinos son los mismos que ahora mandan en la campaña presidencial. ¿Cambiarlos? No está en el ADN del Presidente. ¿Y Meade? Ni quiere, ni puede hacerlo.
11 Abril 2018 04:08:00
Dilemas de los (hoy) perdedores
Ricardo Anaya afirma que su rival por la Presidencia es Andrés Manuel López Obrador. José Antonio Meade dice lo mismo. Los dos hablan como si el segundo lugar, que es el que actualmente disputan, lo tuvieran amarrado, por lo que se descalifican recíprocamente antes de reconocer que su enconada lucha por un sitio que sólo lleva a la irrelevancia electoral, los tiene en un pantano. Con menos de tres meses para la elección, la falta de un claro rival de López Obrador divide el voto, y muestra que las estrategias desarrolladas por Anaya y Meade han sido equivocadas y letales para ellos mismos.

Anaya apostó al suicidio al correrse al bando antisistémico que López Obrador tiene patentado desde hace casi un cuarto de siglo (ni más ni menos, para que no se olvide). Los conceptos de lucha contra un poder que utiliza todos los recursos del sistema a su alcance, son combustible para López Obrador, quien puede dar prueba de ello al haber enfrentado campañas desde ese poder que identifica como “mafia”. La autoridad moral de Anaya para utilizar el mismo recurso es nula. Pertenece a un partido que construyó el bipartidismo contra el que López Obrador y sus mayores lucharon, que buscó encarcelarlo por una falta administrativa en 2005, y lo acusó de ser “un peligro para México”. También fue comparsa del presidente Enrique Peña Nieto en la gestación y aprobación de las reformas.

El corrimiento de un derechista a la izquierda de la geometría electoral no le ha dado impulso suficiente para ser adversario peligroso de López Obrador, hasta ahora cuando menos, porque el candidato antisistémico por antonomasia es el tabasqueño, cuyo espacio no tiene huecos para un usurpador. Los votos de castigo se los lleva él, no Anaya. Sin embargo, le regaló una palanca estratégica, porque su radicalización eliminó el voto útil que ayudó al PAN y al PRI en las dos ultimas elecciones presidenciales, y se lo transfirió a López Obrador, como se ha ido apreciando consistentemete en las encuestas de preferencia electoral.

El suicidio estratégico de Anaya ha sido también un disparo contra Meade. En estos momentos, aún si Meade pudiera consolidarse en segundo lugar en las encuestas, el voto útil no se inclina por él. La opción en 2006 y 2012 cuando el PRI respaldó a Felipe Calderón y luego el PAN a Peña Nieto para evitar que López Obrador llegara a Palacio Nacional, la canceló el radicalismo de Anaya, que fracturó estructuralmente a su partido y confrontó a sus bases. Al mismo tiempo, la estrategia del PRI y el Gobierno para mancharlo de corrupción, no ha sido suficiente para que sus pérdidas de electores se trasladen a Meade, por una razón que se aprecia en todos los estudios de opinión, la molestia contra Peña Nieto y su gobierno, y el repudio al partido en el poder.

Meade no ha logrado penetrar en el electorado angustiado por la inseguridad –el gran fracaso del gobierno peñista–, incendiado por la corrupción –ante un gobierno donde la impunidad parecería la marca de la casa– y por el mediocre rendimiento económico que hace mucho sentido que ante un cambio de modelo, como el que propone López Obrador, tenga crecientes voces por darle una oportunidad, sin importar sus inconsistencias y descontextualizaciones. Los enredos en su equipo y el gobierno sobre Anaya continúan. Más documentación supuestamente probatoria sobre la corrupción inmobiliaria de Anaya que está en poder del Gobierno, está siendo evaluada para determinar si la filtran a medios antes o después del primer debate el 22 de abril, de acuerdo con funcionarios federales. ¿Servirá de algo?

En diciembre pasado reposaba sobre la mesa del presidente Peña Nieto un expediente que aseguraban sacaría a Anaya de la contienda, y aunque los obuses que siguieron lograron contener su crecimiento en las preferencias, se quedó lejos de derrumbarlo. La estrategia hizo que los votos por López Obrador, sin hacer nada extraordinario en la campaña, crecieran. Entre más cerca esté la elección más complejo es el escenario de competencia para Meade. Con menos de tres meses para la elección, aún si lograran desbancar a Anaya, ¿tendría el tiempo para construir la opción del voto útil? Aún sacándolo de la contienda, vistos los datos de las encuestas, ¿en qué basa su equipo de campaña que esos votos recaerían en él y no en López Obrador?

La realidad en la calle difiere muchas veces de la que viven en su cuarto de guerra. O al menos, por sus acciones, así lo muestran. Anaya sigue imponiéndose a Meade en la mayoría de los estudios y no se ve que pueda cambiar la dinámica actual que los está perjudicando. La estrategia del candidato oficialista no fue la más inteligente, al mantenerlo peleando contra Anaya, cuando no le daba rédito. Dentro de su cuarto de guerra hubo discusiones sobre si debía alejarse de los ataques a Anaya y enfocarse en López Obrador que se les escapa a gran velocidad, por lo que desde la semana pasada Meade comenzó a colocar al candidato de Morena en el centro de sus críticas.

Aún así, ni a Meade ni a Anaya se le ve la fortaleza suficiente para llegar competitivos al final de la contienda. Apenas arrancó la campaña, hay que volver a insistir, pero el dilema en los que se revuelcan los candidatos hoy en día, convencer que están en segundo lugar es vacuos. No los mete en la competencia y, al final del camino, sólo los llevará al lugar donde nadie, históricamente, se acordará de ellos.
10 Abril 2018 04:07:00
Peña escala el conflicto
En una reunión de gabinete este lunes en Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a todas las secretarías de Estado evaluar cada mecanismo de colaboración con el Gobierno de Estados Unidos. La decisión, más allá de hasta a dónde pueda llegar, es monumental. Nunca en tiempos de paz se había anunciado una acción de esta naturaleza, menos aún como respuesta directa a una serie de amenazas y agresiones del Presidente de Estados Unidos. También es cierto que nunca un presidente de Estados Unidos había sido directamente agresivo y grosero como Donald Trump. Si el jefe de la Casa Blanca no se ha quitado los guantes contra México desde que anunció su candidatura presidencial en junio de 2016, finalmente el inquilino de Los Pinos decidió jugar en su terreno: la retórica y el amago. En Teoría de Juegos, lo que hizo Peña Nieto entra perfectamente en el Juego de la Gallina, donde dos partes corren hacia el despeñadero hasta que uno decide frenarse. Pierde en el corto plazo quien se raja, pero gana en el largo; quien se sigue, cae al barranco.

¿A qué juega Peña Nieto? De entrada, establece que las agresiones de Trump no serán tratadas con la cortesía diplomática como se manejó durante casi dos años, prestándose siempre a mantener un diálogo lo menos ríspido posible, y una relación institucional fluida. En segunda instancia, deja abiertas las posibilidades para que, en efecto, haya consecuencias en la cooperación bilateral, pero no únicamente en el tema de la seguridad, como se ha sugerido en México y Estados Unidos, sino en todos los ámbitos –que son muchos. La relación bilateral entre los dos países es tan extensa, que más de 100 dependencias federales tienen tratos directos en toda una variedad de temas, sin contar con los nexos establecidos entre los estados de ambas naciones. A la retórica de Trump, Peña Nieto le respondió con una instrucción al gabinete. Evaluar no significa modificar o suspender, pero es el primer paso, que decir que se acabó la época de los buenos tratos.

En el caso de Peña Nieto, esto es más extraordinario. Mexiquense clásico, Peña Nieto es extremadamente cuidadoso en los modales y el trato personal. Nunca tiene exabruptos con nadie, no es hosco ni mucho menos agresivo. Al mismo tiempo, es el primero en que abiertamente se enfrenta a un presidente de Estados Unidos. El nivel de mayor conflicto que se había dado en tiempos de paz sucedió en la Administración anterior, cuando el presidente Felipe Calderón, molesto con el embajador Carlos Pascual por sus informes sobre México, revelados por WikiLeaks, pidió su remoción. El presidente Barack Obama ordenó su cambio. En el Gobierno de Carlos Salinas se llegó a considerar rechazar el plácet para John D. Negroponte, quien en su anterior cargo como embajador en Honduras había armado el ejército clandestino antisandinista llamado Contra. Durante los gobiernos de José López Portillo y Miguel de la Madrid, hubo serios desencuentros en materia energética y de política exterior, pero los choques no rebasaron a los cancilleres.

La decisión de Peña Nieto había sido planteada en los últimos días. Este lunes, en este mismo espacio se habló sobre la necesidad de revisar la cooperación con Estados Unidos. “El espacio para hacerlo y motivar al Presidente a hacer algo en ese sentido se lo dio el Senado, que ante las amenazas de Trump le demandó suspender la colaboración con Estados Unidos en materia migratoria y de lucha contra el crimen organizado”, se apuntó. “Peña Nieto tuvo una respuesta positiva, inmediata e inusitada –por su nivel de descrédito– cuando la semana pasada se plantó ante el jefe de la Casa Blanca, lo que mostró que, en este tema, la nación lo apoya. La demanda de un cambio debe atenderse. No tiene que ser pública, pero sí clara y contundente. Si el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no va a ser a cualquier precio, tiene que haber reciprocidad: las agresiones de Trump sí cuestan”.

Trump le cerró las opciones a Peña Nieto. No se quedó en la amenaza de enviar a la Guardia Nacional a la frontera con México –originalmente había dicho el Ejército regular– sino que desde el fin de semana se desplazaron 250 miembros de la Guardia Nacional a Texas, y este lunes llegaron los primeros 225 a Arizona. Aunque la medida parece tener un contenido más simbólico que efectivo, y con una objetivo de política interna estadunidense, el nivel de rudeza con la que lo estuvo plantando Trump a través de su cuenta de Twitter durante tres días consecutivos la semana pasada, dejó al Presidente mexicano sin espacio de maniobra. Un mensaje la semana pasada poniéndole un alto a Trump, le generó apoyo nacional, y le quitó la etiqueta de pusilánime. Una acción como la instruida al gabinete, eleva aún más los costos políticos para el presidente de Estados Unidos.

Peña Nieto está jugando bien sus fichas frente a los hechos que derivaron de las amenazas de Trump. Por ahora el conflicto está en el ámbito de la arena pública, de donde no debería de pasar dado el grado de integración e interdependencia en materia económica, política y de seguridad entre los dos países. Pero ¿qué tipo de reacción será la que tenga Trump? Una calma después de la tempestad que provocó será efímera, dados los antecedentes de su sangre que hierve fácilmente. Pero no deberá pasar a un ámbito más allá del político. Nadie debe querer, uno supone, caer en el barranco por no entender cómo se debe jugar a la gallina. Ni siquiera Trump.
09 Abril 2018 04:08:00
Subordinación a prueba
La militarización de la frontera con México emprendida desde el viernes pasado por el presidente Donald Trump, no es distinta a la que hicieron sus tres antecesores, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama. Lo que cambió fue el tono belicoso, altanero y agresivo contra un país entero que provocó una respuesta de repudio casi unánime, en México y en Estados Unidos.

Pero también, lleva a la reflexión si los muchos años de trabajo sucio realizado por gobiernos mexicanos para Estados Unidos en materia de migración y delincuencia organizada, siguiendo los designios de Washington deben, cuando menos, ponerse a revisión. En todos estos años, la variable del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido la rectora del alcance de la dependencia mantenida en secreto de los mexicanos. Como hoy, justamente.

La última estampa de esa fotografía nos la regaló el sábado The Washington Post, al hacer una nueva revelación de esta colaboración. Desde 2014, con una ayuda de 75 millones de dólares acordada dentro de la Iniciativa Mérida –que el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto había dicho al iniciar la administración que iba a revisar y modificar–, se instalaron escáneres biométricos en Iztapalapa, en la Ciudad de México, y Tapachula, para obtener información de centroamericanos detenidos sin documentos y darle un acceso sin precedente a las cárceles mexicanas a oficiales estadunidenses para que pudieran identificar a criminales, pandilleros y terroristas potenciales antes de que llegaran a la frontera común. Los escáneres son manejados por agentes del Departamento de Seguridad Interna, y en los 13 últimos meses, añadió el Post, recopilaron información de 30 mil centroamericanos.

En este campo, la colaboración tiene casi 30 años de ser intensa y secreta. En el gobierno de Carlos Salinas, por petición del Gobierno de Estados Unidos se incrementaron sustancialmente los retenes en las carreteras del sur de México para detener a centroamericanos, y se enviaba toda la información recopilada al entonces llamado Servicio de Migración y Naturalización de esa nación.

De mucho tiempo atrás, intensificado durante los años de la Guerra Fría, todas las fotografías de los pasajeros que llegaban a los aeropuertos mexicanos –tomadas en los pasillos antes de cruzar Migración–, eran compartidas con los servicios de inteligencia en la Embajada de Estados Unidos, que a su vez cotejaban con sus bancos de datos y, si encontraban “personas de interés”, pedían a las autoridades mexicanas que los siguieran o detuvieran.

Durante mucho tiempo, Washington presionó a los gobiernos mexicanos para que le permitieran a sus agentes, particularmente de la DEA, portar armas en territorio mexicano, que siempre recibió una respuesta negativa hasta el Gobierno de Felipe Calderón, con la Procuraduría General de la República bajo el mando de Eduardo Medina-Mora, funcionario peñista después, le dio un acceso sin precedente a la DEA. Los agentes antinarcóticos pudieron, primero, estar presentes en los interrogatorios a personas presuntamente vinculadas con el narcotráfico, y más adelante, autorizó que realizaran primeros los interrogatorios y después el Ministerio Público Federal, en una violación completa de la ley.

La cooperación llegó a niveles increíbles. Por ejemplo, el operativo donde se abatió a Arturo Beltrán Leyva en diciembre de 2009 fue realizado por un comando de marinos que había llegado 15 días antes de entrenamiento en Estados Unidos, quienes recibieron las instrucciones tácticas en inglés, por parte de un comandante estadunidense.

Las dos capturas de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en febrero de 2014 y en enero de 2016, fueron realizadas por comandos de la Marina, pero con la participación directa en la operación de agentes de la CIA y la Oficina de Alguaciles del Departamento del Justicia en comunicaciones.

Durante los últimos seis gobiernos del PRI y el PAN, los niveles de cooperación con Estados Unidos han tenido distintos grados, pero la subordinación a Washington ha tenido un quid pro quo económico y político, del cual se ha beneficiado sucesivamente Los Pinos. Esta racional de costo-beneficio está rota por la virulencia retórica de Trump, y la respuesta se ha tardado. Jorge G. Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores, ha sido la voz más insistente en exigir, desde el año pasado, un cambio en la cooperación de México con Estados Unidos, pero pocos lo escucharon.

Lo reiteró la semana pasada en su artículo en El Financiero, y lo expuso a través del candidato presidencial Ricardo Anaya –del cual es hoy coordinador de estrategia–, por cuya boca mandó el mensaje de condicionar la cooperación en materia migratoria, de seguridad y combate a las drogas, al cese de las agresiones norteamericanas. Castañeda no dijo el cómo –lo que es correcto–, pero el qué y el porqué es algo en lo cual debe pensarse seriamente. El espacio para hacerlo y motivar al Presidente a hacer algo en ese sentido se lo dio el Senado, que ante las amenazas de Trump le demandó suspender la colaboración con Estados Unidos en materia migratoria y de lucha contra el crimen organizado.

Peña Nieto tuvo una respuesta inusitada –por su nivel de descrédito– cuando la semana pasada se plantó ante el jefe de la Casa Blanca, lo que muestra que, en este tema, la nación lo apoya. La demanda de un cambio debe atenderse. No tiene que ser pública, pero sí clara y contundente. Si el TLCAN no va a ser a cualquier precio, tiene que haber reciprocidad: las agresiones de Trump sí cuestan.

Que lo sientan quienes se verán afectados por ello en Estados Unidos, y que lo amarren. Ya es tiempo de pasarles a ellos el manejo de su vitriólico presidente.
06 Abril 2018 04:08:00
El renovado conservadurismo
Ante la vista de todos, pero con la pasividad de muchos, México está atravesando por una contrarreforma conservadora. En seis meses, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron una reforma a la Ley General de Salud que permite a médicos y enfermeras negarse a participar en prácticas contrarias a su ética –léase el aborto, como la práctica madre detrás de las discusiones– aplicando una “objeción de conciencia”.

Esto se define como “la razón o argumento de carácter ético o religioso que una persona aduce para incumplir u oponerse a disposiciones oficiales”, lo cual confronta la legitimidad en la toma de decisiones personales, y lo improcedente y ominoso cuando incide y modifica una política pública. Qué tipo de consideraciones llevaron a la aprobación de la contrarreforma, no terminan de aclararse todavía, pero el debate y la secuela de aquellas deliberaciones en el contexto actual sí permiten argumentar que la clase política que mayoritea parlamentariamente está empapada en la hipocresía.

En un país como México cada quien es libre de profesar cualquier religión o no, de creer en el dios que quiera o no, de escoger su culto y rendirle respeto, y quienes no compartan esas creencias, actuar con respeto y tolerancia en esos temas que siempre, sin embargo, deben habitar el ámbito de la vida privada.

México es un Estado laico que a lo largo de décadas ha ido construyendo un edificio institucional que alberga a todos, a los creyentes de cualquier religión o secta, o a los agnósticos y los ateos, donde una religión no sea normativa de la vida de todos –de manera consensuada o impositiva– pero, al mismo tiempo, donde las leyes no discriminen ni sean sectarias en su aplicación por una inducción o falla de su diseño.

La reforma a la Ley General de Salud, mediante la adición al Artículo 10 Bis, atenta contra la esencia laica de la nación al dejar vulnerable a un sector de la sociedad que podrá ser afectada por esta legislación. La iniciativa fue presentada por la diputada Norma Martínez Guzmán, del Partido Encuentro Social, que tiene como su principal base electoral a los cristianos. La aprobación en la Cámara de Diputados fue abrumadora: 313 votos a favor del PRI, Partido Verde, PAN y Encuentro Social, 105 en contra y 26 abstenciones.

A mediados de marzo, la minuta fue aprobada en el Senado con 53 votos a favor del PRI, PAN y Verde, 15 en contra y una abstención. Abrumadoramente, los representantes del pueblo y la Federación, que es lo que teóricamente son los legisladores, votaron por una agenda no nacional sino de las fuerzas conservadoras que han ido ganando terreno en la vida pública mexicana.

En el momento en que se comenzó a cabildear la iniciativa, Encuentro Social estaba en pláticas para una alianza electoral con el PRI, que fue una de las explicaciones que dieron los analistas en su momento por las que le diera su apoyo. Ese partido se coaligó finalmente con Morena, en plenitud para cuando pasó la minuta al Senado. Los apoyos y rechazos no cambiaron: el PRI votó todo el tiempo con Encuentro Social y el PAN, mientras que Morena, PRD, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza lo hicieron en contra.

Es decir, las líneas por donde corrió la contrarreforma no obedecieron a componendas políticas, sino al sedimento conservador que se está asentando de manera religiosa y por encima de los aspectos programáticos que tendrían que ser los que definieran las políticas públicas. La adición al Artículo 10 Bis señala que el “personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley”, con lo cual se contraviene, también, el juramento hipocrático de la Convención de Ginebra, que señala: “La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones… No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, nacionalidad, raza, partido o clase… Hago estas promesas solemnemente, libremente, por mi honor”.

Esta contrarreforma mexicana allana el camino para que las creencias religiosas se antepongan a sus responsabilidades profesionales y, por añadidura, impacta negativamente en la política pública mexicana en el tema de la salud y de las libertades consagradas en la Constitución. “No nos hagamos tontas ni tontos”, dijo la senadora perredista Angélica de la Peña durante el debate en esa cámara el mes pasado. “Esta reforma a la Ley General de Salud está dirigida para contrarrestar la progresividad de los derechos de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo, como una cuestión inalienable de cada una de nosotras a decidir sobre nuestra maternidad”. En el dictamen se incorporó que no podría invocarse la objeción de conciencia en casos de riesgo de un paciente o una urgencia médica, pero la falta de definiciones sobre riesgos y urgencias, como dijeron en su momento los especialistas, pone en riesgo la atención a la salud y lo vuelve discrecional.

La forma como quedó la contrarreforma va mucho más allá del derecho de una mujer sobre su cuerpo, y afecta a los grupos más vulnerables a discriminación por cuestiones de género, raza, situación socioeconómica, discapacidad, edad y preferencias sexuales.

Choca también con la esencia del Estado laico, donde los derechos humanos básicos a los que tiene derecho cualquier persona, no pueden estar sometidos a las prerrogativas concediddas a grupos específicos, como sucedió en este caso, con los religiosos.
05 Abril 2018 04:08:00
Las matemáticas de Andrés
El puntero en las preferencias de voto presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, está tratando de salir de las aguas turbulentas en las que se metió desde hace varias semanas con el sector privado. “Tengan confianza”, les dijo en un decálogo publicado este miércoles en El Financiero. “No somos rebeldes sin causa y tenemos palabra. Sabemos cumplir nuestros compromisos. No se dejen asustar. Recuerden que ya gobernamos la capital de la República y establecimos allí una buena relación con el sector privado, nacional y extranjero. Seremos respetuosos de la autonomía del Banco de México. (Y) no gastaremos más de lo que ingrese al erario; es decir, operaremos la administración pública sin déficit”. 

No está claro si esta carta ayudará a disminuir los temores que ha causado entre los hombres y mujeres del dinero, al seguir mostrando algo que se ha vuelto costumbre, la contradicción permanente de sus palabras y compromisos. Por ejemplo, en el decálogo ofreció un déficit cero, que es lo que ha mantenido como dogma el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y lo que han buscado por definición los secretarios de Hacienda en este siglo, egresados todos del ITAM, la institución que acusó en un video publicado en YouTube de educado a quienes han mantenido al país sin crecimiento. El año pasado presentó ante inversionistas de Citibank en Nueva York el año pasado su programa financiero, quienes le dijeron que sus números estaban equivocados y que no cuadraban fiscalmente lo que prometía. 

López Obrador no entró en la discusión, y como en otros eventos similares en la Ciudad de México, dijo que eso se ajustaría más adelante, con lo cual quedarían resueltas sus dudas. La explicación no se ha dado, pero él ha mantenido, fortalecido y ampliado las promesas que empezó a develar en los lineamientos generales de su Proyecto Alternativo de Nación, dados a conocer en noviembre de 2016. De acuerdo con un costeo de los recursos que se necesitarían para poder llevarlos a cabo, el programa de López Obrador requeriría de aproximadamente el 80% adicional del presupuesto de la Federación en 2018. El presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para este año es de 5 billones 279 mil millones pesos, a lo cual tendrían que sumársele 4 billones de pesos, cuando menos, para poder cumplir sus promesas.

Un análisis del costo de las promesas de López Obrador desarrollado por analistas financieros críticos de su proyecto, y cotejado con las cifras que desarrollaron técnicos independientes, establece cuánto se requeriría para que cumpla sus compromisos de campañas. Como botones de muestra:

1.- Suprimir los impuestos especiales a combustibles y subsidiar la luz y la electricidad: 284 mil millones de pesos.

2.- Cerrar a Pemex una vez más y mantenerlo estatizado: 951 mil millones.

3.- Cerrar la Comisión Federal de Electricidad al capital privado: 118 mil millones.

4.- Becas a alumnos de educación básica y media superior: 284 mil millones.

5.- Becas para 300 mil estudiantes: 8 mil millones.

6.- Subsidio a personas de la tercera edad: 109 mil millones.

7.- Subsidios a vivienda: 128 mil millones.

8.- Salud gratis para todos: 264 mil millones.

9.- Descentralizar las secretarías de Estado: 289 mil millones.

10.- Trenes bala al norte del país: 186 mil millones.

11.- Internet gratis para todos: 53 mil millones.

12.- Consulta bianual para la revocación de mandato: 3 mil millones.

No son las únicas propuestas económicas onerosas de su programa. En el caso del pequeño aeropuerto alterno que plantea en Santa Lucía, por mencionar un caso donde habría que analizar con mayor profundidad los recursos que se tendrían que invertir, aunque el costo de la instalación es de 19 mil millones de pesos, no contempla toda la infraestructura carretera y de transporte público que tendría que ser desarrollada, ni tampoco el dinero destinado al traslado de la base aérea militar y de miles de personas directamente asociadas a ella a otra ciudad. Otro caso es el costo de 105 mil millones que tendría el que no se rechazara a nadie en las universidades, y los recursos adicionales para la infraestructura en las escuelas y las nuevas redes de transporte que tendrían que crearse para satisfacer las necesidades de la movilidad. En el decálogo al sector privado, López Obrador dijo que los recursos necesarios para su programa saldrían del combate a la corrupción, cuyos “políticos corruptos y los traficantes de influencias se roban el 20% del presupuesto público; es decir, más de un billón de pesos anuales”. La corrupción, de acuerdo con el Instituto Mexicano de Competitividad, alcanzó en 2015 un 5% del PIB, que significó 906 mil millones de pesos. Es decir, aún combatiéndola con toda efectividad y suponiendo que nadie en su gobierno roba nada ni trafica influencias, se quedaría corto de los recursos necesarios para llevar a cabo su ambicioso programa de gobierno. Si bien no hay duda que el diseño de López Obrador es noble y éticamente correcto, presupuestalmente las matemáticas, definitivamente, no se le dan.
05 Abril 2018 04:00:00
El Viacrucis que desquició a Trump
Fray Tomás González es un hombre que combina amabilidad con un carácter fuerte. Hacia finales del año 2010 fundó, en Tenosique, Tabasco, un albergue para acoger a los migrantes centroamericanos que vienen escapando de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, por razones siempre humillantes, violentas e injustas.

La 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes, es un oasis en medio de una ruta de viaje donde ocurren eventos horrendos. Ahí son albergadas mujeres violadas, niñas y niños que viajan sin compañía, jóvenes torturados por el crimen organizado, adultos mayores cuya condición física les impide seguir adelante.

La casa fundada por fray Tomás González recibió en el año 2016 a 13 mil 800 personas. Más que una casa de acogida, La 72 es un campo de refugiados: alimentar, alojar, sanar, atender sicológicamente y acompañar legalmente a tantos seres humanos no es, en modo alguno, tarea sencilla.

El Gobierno mexicano fue, desde el origen, enemigo feroz de la tarea emprendida por este padre franciscano y sus compañeros de orden religiosa. En febrero del año pasado, por ejemplo, fray Bernardo Molina, quien también trabaja para La 72, fue denunciado por el delegado del Instituto Nacional de Migración en Tabasco: lo acusó de traficar con personas. La Procuraduría General de la República dio cauce a esa denuncia y abrió investigación en contra del religioso.

Fray Bernardo se defendió explicando que su labor se limita a recorrer las rutas de la migración, que atraviesan por Palenque y Tenosique, con el propósito de llevar a los migrantes más necesitados a La 72, para que encuentren paz por unos cuantos días.

Es frecuente esta persecución del Estado mexicano en contra de los defensores de derechos humanos que protegen a las personas migrantes. Se trata de un síntoma más de la política represiva que, desde la Federación, se mantiene en contra de esos centroamericanos.

A principios de año, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), publicó un reporte sobre la situación de los migrantes en la frontera sur de México donde se advierte que: “los delitos y abusos contra migrantes que viajan a través de México siguen ocurriendo a niveles alarmantes y los albergues han observado un grado más intenso de violencia”.

La administración de Enrique Peña Nieto decidió nombrar al frente del Instituto Nacional de Migración (INM) a quien fuera jefe del Estado Mayor de la Policía Federal y luego comisionado de la policía federal: Ardelio Vargas Fosado.

Ese día el Presidente decidió que la política migratoria mexicana tendría como columna vertebral el criterio policiaco, y así le ha ido a los migrantes desde entonces: de un lado los violenta el Gobierno y del otro las bandas del crimen organizado, muchas veces protegidas por la misma autoridad.

Donald Trump no tendría por qué quejarse: hemos sido el cadenero feroz del antro, tal como nos fue instruido.

Para denunciar las políticas aberrantes en contra de los migrantes centroamericanos que cruzan por nuestro territorio, los frailes de La 72 organizan, desde el año 2010, una caravana de denuncia, que llaman Viacrucis del Migrante porque sucede en fechas de la Semana Santa. Aclaran los convocantes que no se trata sólo de un acto religioso, porque abarca una dimensión humana amplia.

Este año, el Viacrucis reunió a más de mil 500 personas que partieron de la ciudad de Tapachula, el día 25 de marzo, y pretenden llegar a la frontera con Estados Unidos a más tardar este próximo fin de semana.

En un 80% son migrantes hondureños, pero también se cuentan entre ellos hombres, mujeres y niños guatemaltecos, nicaragüenses y salvadoreños. No es su propósito cruzar al país vecino, sino visibilizar en México un fenómeno alarmante –por sus proporciones y consecuencias– en contra de la dignidad humana.

Pues esta caravana es la razón por la cual el Presidente estadunidense montó en cólera, al punto de ordenar la militarización de su respectiva línea divisoria. Por este mismo motivo ordenó a sus amigos mexicanos que endurezcan –todavía más– la violencia contra las víctimas centroamericanas de la migración forzada.

ZOOM: Si José Antonio Meade, Ricardo Anaya, Andrés Manuel López Obrador y Margarita Zavala tienen algo que decir al respecto, mejor que se sumen al Viacrucis del Migrante, en vez de responder con demagogia a la demagogia del señor Donald Trump. ¿Qué tal si esos cuatro, y muchos otros mexicanos, nos damos cita este fin de semana donde los frailes de Tenosique hayan convocado para repudiar la barbaridad?
04 Abril 2018 04:08:00
La hora de los hitos (y III)
El hito de que Andrés Manuel López Obrador ha tenido una evolución política lleva 3 semanas crujiendo. Tres elecciones presidenciales y sigue siendo el mismo de siempre. Ha sido congruente y consistente, sin desviaciones ni matices. Es cierto que el fundamentalista de 2006 se quedó en el pasado, pero la ruta tomada desde 2012 para convencer a un electorado que le es antagónico y romper su techo de 30% para tener los votos que le permitan llegar a Palacio Nacional parece haber tocado su fin, quizás por la lectura prematura que las tendencias de voto actuales le permiten mostrarse como realmente es y sin necesidad de hacer concesiones, y el electorado lo quiere como el hombre de la contarreforma, el estatista y con proyectos viejos vestidos de nuevos.

El 30 de agosto de 2004, en esta columna –en ese entonces en El Universal– se publicó El Candidato, donde se hacía referencia a lo que había sucedido en la víspera, cuando López Obrador, jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, presentó su proyecto de nación para 2006. En un manifiesto de 20 puntos dio a conocer lo que llamó su “proyecto alterno”. El discurso fue coreado y aplaudido por decenas de miles de personas que acudieron al mitin, particularmente “el perredismo enardecido y sus clientelas políticas” movilizadas para tal fin.

Lo que presentó entonces López Obrador, sin embargo, fue un compendio de enunciados de los qués y los porqués, pero nunca de los cómos, que es lo que volvió a hacer en 2012 y está haciendo en 2018. Desde 2006 ha presentado un catálogo de intenciones, la gran mayoría de ellas imposible de ser cuestionadas por nadie –como reducir la desigualdad y combatir la corrupción–, pero con la debilidad de la falta de claridad y consistencia en la forma cómo aplicarlas. En aquella columna hace casi 15 años, se escribió lo que ahora le imputan: “No hay ideas frescas e innovadoras en el discurso de arranque de campaña presidencial de López Obrador. Hay insuficiencias y contradicciones. Peor aún, es una combinación de ideas que abreva, seguramente sin estar enterado, mucho menos aún quienes lo vitoreaban, de promesas de campaña de su eterno rival, Carlos Salinas, líneas ideológicas de Luis Echeverría y José López Portillo, o políticas específicas de su actual adversario, Vicente Fox...

“Entre sus primeros puntos planteó su rechazo a la privatización de la industria eléctrica o del petróleo, alegando que el costo de la gasolina es más alto en México que en Estados Unidos. Tiene toda la razón en el dato frío. Lo que no aclaró es que, de acuerdo con todos los estudios, es la falta de inversión en el sector energético principal explicación para aquellos que apoyan la apertura la que frena mayor competitividad y eficiencia, (así como) beneficio para los consumidores. ¿Cómo lograr el primer objetivo cancelando el segundo? No lo explicó. También soslayó una cifra espeluznante: el capital extranjero que tanto asusta, ha ido apoderándose a través de inversiones de más de 14 mil millones de dólares de la industria y empresas mexicanas, mediante la compra de activos. Es decir, mientras discutimos el sector energético, los mexicanos nos estamos convirtiendo en empleados de extranjeros.

“Esta argumentación es la que contradice lo que afirmó como una de sus principales máximas: ‘un nuevo proyecto de nación debe proponer una alternativa capaz de aprovechar la globalización, ejerciendo nuestra libertad para el bienestar nacional’. La modernidad, manifestó en este sentido, debe ser ‘desde abajo’, que es exactamente lo mismo que decía Salinas como precandidato, quien terminó haciendo lo contrario. López Obrador dijo que habría que regresar a la política de fomento industrial, que impulsaron fuertemente Echeverría, López Portillo y con menor énfasis De la Madrid, con el propósito de reactivar la fuente de empleos con un efecto multiplicador… Es indudable que ese diablillo keynesiano que lleva adentro López Obrador… anima su política de bienestar social a costa del erario, (que) lo contrapone con su otro postulado de ‘austeridad en todos los niveles’ que es, precisamente, lo que no ha hecho con sus medidas asistenciales y solidarias”.

López Obrador criticó en aquella ocasión el modelo económico neoliberal, y se opuso a toda imposición económica desde el extranjero. Sin embargo, propuso aplicar una política de austeridad en todos sus niveles, que por décadas impusieron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a los gobiernos mexicanos. Las contradicción de sus planteamientos jamás fue resuelta, porque nunca realmente se le cuestionó o, cuando se hizo, evadió responder –el ejercicio más refinado de sus batallas electorales.

“En su catálogo programático –se escribió entonces–, López Obrador dejó traslucir nuevamente su filosofía del deber ser. Lo que quiere se fundamenta en lo ético, en lo justo, en la buena voluntad. Esa es la nueva manera como se resuelven las contradicciones del proyecto que esbozó y que acomoda los antagonismos, incluidos aquellos que emanen de su propio pensamiento. Pero a López Obrador eso no debe importarle mucho. Ha visto que no importa lo que diga, pus lo adoran y adulan, y que es irrelevante el mañana porque con su presente ocupa todo el espacio”.

Nada nuevo con el López Obrador de 2018. La diferencia notable es que hoy más gente quiere votar por él que en 2006, dispuestas a un cambio, hacia donde sea, para sacar del poder a un PRI que cohesionó la indignación nacional y un PAN que, a su juicio, tuvo dos oportunidades y fracasó. El hito del castigo hasta ahora, está definiendo esta elección presidencial.
03 Abril 2018 04:07:00
La hora de los hitos (II)
La campaña presidencial arrancó con más certidumbre que incertidumbre sobre el resultado final, y con la creciente idea de que Andrés Manuel López Obrador ganará. No es sólo una percepción derivada de su ventaja en las preferencias electorales, porque similares o mayores diferencias llevaban los candidatos presidenciales en 2000 y 2006 cuando se cruzaron ganadores –Vicente Fox y Felipe Calderón–, o no tuvo suficiente tiempo uno de los contendientes –López Obrador– para alcanzar y derrotar a su adversario en 2012. Se finca en dos factores centrales: Ricardo Anaya se desangra lentamente cada semana, perdiendo capacidad competitiva, y que la apuesta de José Antonio Meade no está logrando sobreponerse al desgaste del PRI –el antipriismo es 300% más grande que hace seis años–, al proyectar como representante de la continuidad una imagen más de impunidad que de consolidación de un proyecto de nación.

Pero la campaña recién empieza y a partir del viernes, se cree, es un nuevo juego. El antes y después del inicio de campaña se ha convertido en uno de los grandes hitos de la contienda. Bajo esta racional, se considera convencionalmente, López Obrador, como ha sucedido en las dos elecciones previas, irá perdiendo competitividad porque va a cometer los mismos errores que en el pasado; Anaya será descarrilado por la cruzada del PRI y el Gobierno en su contra, y Meade modificará las malas experiencias en precampaña, y con el miedo de las élites a López Obrador, ganará la elección. Este escenario, que no logra terminar de construir el PRI porque no se puede deshacer de Anaya, pone a prueba otros hitos de 2018:

» Enrique Peña Nieto podrá haber sido un mal presidente, pero es un formidable estratega electoral. Los datos electorales dicen otra cosa. En las elecciones para gobernador en 2016, perdió 7 de las 12 gubernaturas en juego –perdió, porque él avaló a los candidatos– y entregó a la oposición cuatro estados que nunca habían estado fuera del control del PRI. En esa elección perdió el 20% de su fuerza electoral y se colocó en el nivel más bajo desde que inició la alternancia del poder hace casi tres décadas. El diagnóstico sería más bien que es un mal estratega electoral, que lo único que ha producido para su partido son derrotas.

» El voto duro del PRI gana elecciones. La convicción casi religiosa de que esto sucederá, lleva a afirmar al coordinador de la campaña de Meade, Aurelio Nuño, que van a ganar la elección con más de 20 millones de votos. Su confianza radica en la estimación interna que el voto duro le da, que saque cuando menos, entre 15 y 18 millones y medio de votos que lo colocan en niveles competitivos. Ese voto duro, sin embargo, no se sostiene con las votaciones intermedias en 2015, donde el PRI obtuvo sólo 11 millones 638 votos. Si a estos se le suman los poco más de 4 millones que tuvieron en las elecciones intermedias el Partido Verde y Nueva Alianza, apenas si rebasarían los 15 millones de votos, con lo que llegarían apenas a los obtenidos por López Obrador en 2012. Se podría argumentar que las comparaciones tendrían que hacerse entre elecciones presidenciales y no entre una presidencial y una legislativa, lo cual vale para un análisis histórico, pero no para medir la evolución de la fortaleza del llamado voto duro. De hecho, las encuestas sugieren hoy en día que el voto para el PRI el 1 de julio no rebasará los 10 millones, con lo cual será casi la mitad de lo que alcanzó Peña Nieto en 2012. ¿De dónde salen las cifras mágicas de la campaña del PRI para afirma, como lo han hecho, que superarán los 20 millones de votos? Un miembro de ese equipo reveló: vamos a llevar a 150 personas a votar en cada casilla. Es decir, con base en la movilización del voto duro, van a la caza de un 15% de indecisos o de frentistas, con lo que calculan una votación superior a los 23 millones. Cómo harán para convertir su matemática en votos, está por verse.

» No importa si el candidato del PRI arranca con el 1% de conocimiento, afirmaba el presidente Peña Nieto, la campaña electoral hará que lo conozcan. Esa frase, realizada hace poco más de un año y medio, es absolutamente cierta. Meade es la prueba: de un conocimiento de menos de 20%, hoy sabe de él más del 85% en el país. La debilidad del argumento, sin embargo, es lo lineal del pensamiento de Peña Nieto al no calcular las externalidades que vendrían con ese conocimiento. La ubicación de su candidato en las preferencias electorales muestran que una, o la principal razón de su bajo rendimiento, es el descrédito del presidente –entre 7 y 8 mexicanos de cada 10, desaprueban su gestión– que arrastra al candidato y a su partido. Entre más conocen a Meade, más lo identifican como el candidato de la continuidad, pero no el de las reformas, sino el de la impunidad y la corrupción. ¿Es esta una verdad a pie juntillas? Es irrelevante. La percepción se impuso y la está pagando Meade en las preferencias electorales.

Un alto número de mexicanos creen que Meade se encuentra en una posición incómoda, observación que no comparten ni él ni su equipo, donde su evaluación es positiva. “En diciembre no existíamos”, dice uno de sus miembros. “Hoy estamos en competencia”. O sea, otro hito de esta lucha presidencial, que cotidianamente desafía López Obrador.
02 Abril 2018 04:08:00
La hora de los hitos (I)
El más grande hito de la elección presidencial de julio próximo es que está en disputa el proyecto de nación. En palabras del presidente Enrique Peña Nieto, se pondrá en juego la continuidad de la modernización de México versus el regreso al pasado. En voz del candidato oficial, José Antonio Meade, se trata de ir para adelante o para atrás. En esta idea binaria, el aludido es Andrés Manuel López Obrador, quien no se ha dado por aludido. Este planteamiento también presupone que el candidato frentista, Ricardo Anaya, estará fuera de competencia, lo que hasta ahora no ha sucedido porque entre él y Meade se pelean rabiosamente el segundo lugar, con un López Obrador que se aleja cada vez más en las preferencias electorales.

Este hito, planteado reiteradamente por Peña Nieto, pasa por la eliminación de Anaya de la contienda. La estrategia para hacer una lucha parejera entre Meade y López Obrador, requiere dejar atrás a Anaya en las tendencias de voto y subir la cima para atacar al candidato de Morena. Hasta ahora, sin embargo, lo único que están logrando en la campaña oficial es una reedición del colapso de Josefina Vázquez Mota, candidata presidencial del PAN, en la campaña de 2012. Hace seis años, el equipo de Vázquez Mota fue excepcionalmente capaz para romper el momentum de Peña Nieto.

En 17 días, de acuerdo con el tracking poll de la campaña panista, le quitaron a Peña Nieto 20 puntos de aprobación, mediante una campaña que exhibía que las obras que presumía haber concluido en su gestión como Gobernador del Estado de México, estaban inconclusas o abandonadas. Eran una mínima parte de las obras las que tenían problemas, pero fue suficiente para crear la percepción de que había mentido. El problema fue que Vázquez Mota no creció mientras Peña Nieto caía, y López Obrador, que hablaba de amor, capitalizaba la batalla ajena. Hoy sólo hay que cambiar el nombre de Meade por Vázquez Mota y Anaya por Peña Nieto, porque la estrategia está resultando en el mismo Waterloo de aquel entonces.

En 2012, al ver la debacle de Vázquez Mota, el entonces presidente Felipe Calderón ordenó al PAN redirigir sus ataques hacia López Obrador, en busca del voto estratégico (o útil) que impidiera su victoria. Hoy, Peña Nieto, que le debe a Calderón parte de su victoria, no puede hacer lo mismo. Aunque en el discurso el diferendo es el choque entre dos modelos de país, en los hechos pareciera que la campaña contra Anaya responde a un interés personal del Presidente –que se siente traicionado por el exlíder del PAN por incumplir, sostiene, sus compromisos en la contienda por la Gubernatura mexiquense–, con un odio superior al temor mismo que una victoria de López Obrador borre su legado de las reformas.

Anaya no representa un riesgo para las reformas peñistas, de las cuales fue una parte importante en su negociación y cocimiento legislativo. Por tanto, una final con Meade no representaría la anticipada disputa por la nación y se mantendría el bipartidismo de facto que caracteriza al sistema político en lo que va del siglo. El peligro es lo vitriólico del choque entre él y Peña Nieto, a un nivel tan elevado que dentro de Los Pinos consideran que si alguien buscaría realmente llevar al Presidente a la cárcel, sería el frentista. Pero esta discusión es retórica en este momento, pues entre los dos apenas si llegan a los puntos porcentuales que tiene López Obrador de preferencia electoral. El tema de fondo entre el candidato de Morena y cualquiera de los demás, no obstante, sí es la disputa por la Nación.

Peña Nieto, Meade, Anaya y Margarita Zavala, la candidata independiente, apoyan la globalización, mientras López Obrador el nacionalismo. Los primeros promueven la apertura del mercado; el otro, su cierre. Para unos, la interdependencia es vital para el desarrollo y la integración al mundo; para el otro, es dependencia. El choque es entre un proyecto de control presupuestal y fiscal, contra uno de gasto público; el Gobierno como regulador de la economía contra el Gobierno como rector de la economía. Enfrenta también los andamiajes institucionales a los actos de fe, el eterno forcejeo entre los técnicos y los inspirados. Pero también es una confrontación de las libertades conquistadas, contra las libertades tuteladas.

Son dos modelos de nación, en efecto. Uno anclado en el modelo económico de la posguerra que hizo crisis en 1971, cuando el presidente Richard Nixon canceló unilateralmente los acuerdos de Bretton Woods y dejó de usar el patrón oro como referente del dólar. Seis años después comenzó la reconversión industrial, llamado neoliberalismo, que produjo bonanza para unos y desigualdad para muchos. La crisis financiera de 2008 y 2009 regresó la teoría de John Maynard Keynes, pero no duró mucho por lo inviable de aplicarla como se había hecho en la posguerra.

La discusión sobre el proyecto de nación, por más importante que es, no importa a la mayoría. En cinco años la molestia por la corrupción, la impunidad y la incompetencia, generaron un consenso en contra de Peña Nieto, que arrastra a su candidato. La desaprobación a su gestión de casi ocho mexicanos de cada 10, se acerca a la preferencia de votos sumadas de López Obrador y Anaya. La elección no está en la diada por el modelo sino en los gritos de cambio. El gran hito de esta elección está borrado por el ánimo reivindicativo que los mexicanos están viendo en las urnas este julio.
23 Marzo 2018 04:08:00
Meade, a la caza del sueño
Al cierre de la precampaña presidencial, José Antonio Meade llegó a la meta buscada –si tomamos como referencia la encuesta de preferencias electorales publicada este jueves en El Financiero–, que era iniciar la campaña en segundo lugar. A una semana de arrancar formalmente la lucha por la Presidencia, aventaja por un punto a Ricardo Anaya, con una tendencia de ascenso ligera en la intención de voto, mientras que al candidato del Frente, que tuvo un inicio de año extraordinario, le rompieron el momentum con acusaciones del PRI de lavado de dinero y le provocaron una caída importante de tres puntos porcentuales. Esta es una gran noticia para Meade al entrar a disputar claramente el segundo sitio en la contienda, y anticipar que si no hay un control de daños en la campaña de Anaya, se irá separando cada vez más del candidato priista. La encuesta, sin embargo, también le trajo una mala noticia: el puntero Andrés Manuel López Obrador, se le despegó 18 puntos.

Los datos publicados por El Financiero registraron un envión de cuatro puntos para el candidato de Morena, quien llegó al máximo histórico de preferencia electoral en tres campañas presidenciales. Hasta este momento, López Obrador luce sólidamente blindado, con un núcleo electoral homogéneo, y un creciente número de posibles votantes fuera de sus bases. López Obrador necesitaría sólo administrar la ventaja de 18 puntos –casi 10 millones de votantes– para ganar la Presidencia, pues aun si Meade se consolidara en la segunda posición, su ritmo de crecimiento actual haría imposible que lo alcanzara.

Si el metabolismo de la precampaña se mantiene en la campaña, el tabasqueño sólo tendría que cuidar el no caer en provocaciones –como lo ha dicho–, no enojarse –como señala–, ni cometer errores que cuesten puntos, como sucedió en 2006, cuando también arrancó con dos dígitos de diferencia sobre Felipe Calderón.

Meade es quien tiene el desafío de convertir a su candidatura en una competitiva. Lo que ha hecho hasta ahora es insuficiente, aunque estratégicamente, por la fotografía del último mes, haya ganado la batalla de cruzar porcentajes con Anaya. La encuesta de El Financiero no es la definitiva, y habrá que ver las siguientes mediciones si confirman esta tendencia. En cualquier caso, la campaña del priista tiene que reajustar toda la maquinaria. En las últimas semanas se han estado buscando los mensajes y la narrativa, así como la producción de los spots en donde el presidente Enrique Peña Nieto incluyó, como colaborador externo a los cuatro cuartos de guerra que diseñan la campaña, a Alejandro Quintero, el principal estratega de imagen y mensaje que utilizó para alcanzar la Gubernatura del Estado de México y la Presidencia. Los primeros spots de la campaña serán entregados al Instituto Nacional Electoral este viernes. 

El problema para el candidato del PRI no es sólo si puede o no contender por la Presidencia, sino qué sucederá con quienes aspiran el Senado y la Cámara de Diputados. En la encuesta se incluyó la intención de voto para las cámaras, donde registró una preferencia de 23% de priistas para la Cámara de Diputados y de 22% para los senadores. Si esto se confirmara, sería la peor derrota del PRI en su historia. En términos generales, sin que esta sumatoria sea una definitiva, si se asume que por cada punto porcentual entran dos diputados a San Lázaro, la bancada del PRI de mayoría sería de 46 legisladores y alrededor de 62 plurinominales. En el caso del Senado, la encuesta señala que el PRI alcanzaría el 22% del voto, con lo cual quizás alcanzaría a entrar hasta el número seis en la lista general de plurinominales, que es Eruviel Ávila, vicecoordinador de la campaña y exgobernador del Estado de México. En 2006, el peor año electoral que ha tenido el PRI con la debacle de su candidato presidencial, Roberto Madrazo, tuvieron 28% de voto los senadores, con lo que entraron 10 plurinominales. En 2012, la mejor votación del PRI desde 1994, entraron sólo 11 plurinominales al Senado.

El panorama para Meade, el PRI y el propio presidente Peña Nieto, luce muy ominoso en este momento, no sólo por los bajos rendimientos que está teniendo la campaña ante el electorado, a decir por las encuestas, sino por la creciente fortaleza de López Obrador y Morena. El estudio de El Financiero registra que como partido, como se mide en las cámaras, Morena sería la primera minoría con 34% del voto, que le daría una bancada de alrededor de 135 diputados.

Lo mismo pasaría en el Senado, donde obtendrían igualmente 34% del voto, que les daría un poco más de 30 senadores. Con esos porcentajes, López Obrador tendría dos bancadas poderosas que, bien dirigidas, podrían hacer los acuerdos que le permitieran llevar adelante su plan de Gobierno.

La matemática electoral interpretada a través de las encuestas no termina con la conclusión de lo que piensa el equipo del coordinador de la campaña de Meade, Aurelio Nuño, que en la mayoría de las ocasiones traslucen una confianza en sus números y posibilidades que nadie más ve realmente fuera de los cuartos de guerra. Los números que manejan en la campaña priista son superiores a los que reportó El Financiero el jueves, pero no superan el 30%. Tampoco mostraban sus escenarios el repunte que ha tenido López Obrador, lo que obligará a revisar la estrategia para la campaña de Meade si quieren cazar el sueño que tiene, mantener la Presidencia el 1 de julio.
22 Marzo 2018 04:08:00
Andrés, la moral y el cardenal
Hablar sobre las creencias religiosas de Andrés Manuel López Obrador provocó un pequeño incendio en las redes. No es raro. Lo que no es subordinación es insubordinación; lo que no es incienso para el candidato presidencial es porque se está al servicio de los intereses políticos y económicos que quieren impedir que llegue a la Presidencia. Pero hablar de las creencias de quienes aspiran a dirigir un país es relevante para el electorado porque puede afectar las políticas públicas y la forma como se gobierna. López Obrador, que no es un dios, sino un político, lo ha hecho en el pasado, con alianzas incluso inconfesables, como quien es enemigo público de muchos de sus seguidores, el cardenal Norberto Rivera, acusado de haber encubierto a cuando menos 15 curas pederastas, entre ellos el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel.

La relación entre López Obrador y Rivera se forjó cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México y el segundo era el arzobispo primado de México. Rivera siempre ha hablado bien de López Obrador, con quien nunca tuvo problemas cuando gobernó la capital. Congruente con sus valores y creencias, López Obrador nunca se metió en temas sociales polémicos, y los hizo a un lado. Por ejemplo, congeló la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, que finalmente fue aprobada en 2007 con Marcelo Ebrard como jefe de Gobierno. Y en 2003 presionó al PRD a rechazar el proyecto de la Ley de Sociedades de Convivencia en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La posición cambió en 2006, con López Obrador fuera del Gobierno, y un año después se realizaron las primeras uniones de convivencia entre personas del mismo sexo.

El conservadurismo de López Obrador en estos temas no es nuevo. Interrogado por diversos entrevistadores sobre ellos, ha evitado tomar posición y dicho que tendrían que ponerse a consulta popular. Su postura está en el mismo bando que sus adversarios en la contienda presidencial, el panista Ricardo Anaya y el priista José Antonio Meade. La posición socialmente conservadora de López Obrador, antagónica a un político de izquierda, fue ratificada con la alianza electoral con Encuentro Social, que se opone a la despenalización del aborto –una palabra que nunca emplea el candidato–, que ha estado cerca de él desde la campaña presidencial en 2012, en ese entonces como asociación política de corte cristiano.

La forma como durante su Gobierno en la Ciudad de México frenó leyes a las que se oponía la Iglesia católica, acercó la relación con el cardenal Rivera, quien en 2003 lo fue a ver al Palacio del Ayuntamiento para pedirle ayuda, porque la Asamblea Legislativa tenía detenidos los permisos del proyecto Plaza Mariana en la Villa de Guadalupe. Desayunaron en el despacho de López Obrador, quien al final llamó a René Bejarano, su secretario particular, y le encargó que en un plazo no mayor de 15 días destrabara los permisos en la Asamblea. Rivera, quien cuenta la anécdota, regresó a desayunar con López Obrador, quien al preguntarle a Bejarano, le respondió que los legisladores del PRD estaban muy reacios a hacerlo. López Obrador le dijo que en una semana más invitaría otra vez al cardenal y quería que todo estuviera resuelto. Siete días después, Rivera tenía listos los permisos.

López Obrador es un político que, a diferencia de otros –Vicente Fox, que aplastó los símbolos nacionales con una cruz desde que llegó a Los Pinos, no es uno de ellos–, más abiertos a aceptar políticas públicas contrarias a sus creencias –el caso más reciente es el de Enrique Peña Nieto cuando propuso una ley nacional sobre matrimonios del mismo sexo–, ha empatado sus creencias con la política. Dentro de Morena son famosos “los tres mandamnientos” del candidato, “no robarás, no mentirás y no traicionarás al pueblo”, por el cual rasa discrecionalmente a colaboradores y militantes, así como su voto de pobreza, que es una explicación del porqué tras años de buscarle riqueza mal habida, nunca han encontrado nada.

A mediados de febrero se dio la última expresión de cómo entreverá política y religión al proponer una Constitución Moral. “Debemos convencer de la necesidad de impulsar cambios éticos para transformar a México, sólo así podremos hacer frente a la mancha negra del individualismo, la codicia y el odio que nos ha llevado a la degradación progresiva como sociedad y como nación”, dijo. “Desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, la justicia y la fraternidad han tenido un lugar preponderante en el ejercicio de la ética social. En el Nuevo Testamento se señala que Jesús manifestó, con sus palabras y sus obras, su preferencia por los pobres y los niños”. En caso de ganar la Presidencia, anticipó, su Gobierno se nutrirá de la premisa de “sólo siendo buenos podemos ser felices”.

Que un Presidente sea creyente o no, no es problema. Pero que la religión oriente las políticas públicas, es preocupante. En los gobiernos panistas y de Peña Nieto hubo tentaciones de la Iglesia católica para modificar planes de estudio y acceder a medios de comunicación. La religión impacta la vida íntima, matrículas escolares e investigaciones científicas. Incide también en las libertades. La Constitución Moral contraviene el Artículo 24, sobre el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Si bien es hipotético el planteamiento de lo que podría suceder si la religión influye en las políticas públicas de López Obrador, no lo es la semilla de todo, la anunciada Constitución Moral, “para poder hacer una república amorosa y tener un código del bien”.
21 Marzo 2018 04:08:00
Anatomía de La Niña Bien
El domingo pasado, Juan Manuel Jarquín, que vive en Tecámac, un municipio mexiquense, subió un video a YouTube que le gustó y que jamás pensó que se haría viral, menos aún, dijo, que perjudicaría a Morena, del cual se dice simpatizante. El video, un reguetón titulado La Niña Bien, tuvo en menos de 24 horas 250 mil descargas y se convirtió en un fenómeno de las redes sociales. La Niña Bien se identificó como “Almudena Ortiz Monasterio”, una joven que sacudió a la clase política porque en su pegajosa melodía de 163 segundos con su ajustado vestido bailando en una iglesia, donde decía que votaría por Andrés Manuel López Obrador, desató teorías conspiracionistas.

El cuarto de guerra del candidato oficialista José Antonio Meade sufrió descargas eléctricas por los nervios ante las insinuaciones de que habían sido elaborado por sus estrategas para desacreditar a López Obrador, mientras Morena y Encuentro Social se deslindaron de la manufactura del video. El diputado panista Jorge Triana fue más allá. En su cuenta de Twitter afirmó que el video no se había producido en Guadalajara, como originalmente se difundió, sino en la Ciudad de México. “Almudena” no existía, dijo, sino que era realmente Paulina Laborie, cuyas cuentas en Facebook y en Instagram habían sido cerradas. Las primeras informaciones sobre La Niña Bien surgieron desde la noche del domingo, cuando la prensa reportó que el video lo había hecho “Almudena”, como un trabajo para la materia de Problemas Contemporáneos de la licenciatura en Psicología del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Sin embargo, el presidente de los alumnos de la institución jesuita, Óscar Augusto González, en una serie de interesantes tuits el lunes desde su cuenta @_OscarAugusto, afirmó que esa materia no existía en la oferta académica de la escuela. Efectivamente, una revisión simple de las materias en la carrera permite comprobar que no está en la currícula.

González aportó más datos. Ni “Almudena” ni Paulina Laborie están matriculadas en el ITESO, que también se deslindó. Pero el nombre de Paulina Laborie, agregó, aparece en un video promocionando un nuevo gimnasio ubicado en la Ciudad de México. “La descripción de su IG concuerda con el perfil de chica fitness, por lo que se puede suponer que es la misma que aparece en el video de Central Workout”, escribió González. No está claro que así sea, pero una joven que se asemeja a la protagonista del video aparece en varias revistas del corazón en eventos sociales en la Ciudad de México. 

Las huellas de “Almudena” despiertan la imaginación. Su cuenta de Twitter (@almudenaorm) nació en marzo pasado y escribió como su ubicación Zapopan, Jalisco. Su avatar es una foto que parece ser Paulina Laborie, y en sus 23 seguidores –que incluyen a Eugenio Derbez– no hay ningún político. Sus cuentas en Twitter y Facebook (Facebook.com/Almudena-Ortiz-Monasterio) fueron creadas el 14 de marzo pasado, y el primer tuit que envió fue el 18 de marzo a las 22.15: “Hola!! Aagh ya vi que filtraron mi video (seguro fue el teto que lo editó) pero no importa, aquí lo pueden ver completo! Besos haters”.

González, el presidente de los alumnos del ITESO, aportó una mayor introspección al caso. “La Virgen de Almudena es la patrona de la ciudad de Madrid, algo así como la Virgen de Guadalupe, por lo que podemos suponer que el video es una mofa a las familias católicas de Guadalajara”, escribió. “Almudena es un personaje ficticio que se mofa de una sociedad conservadora, retratando en él una ideología política y comportamientos con el que seguramente más de un tapatío que vio el video se identificó claramente… El video fue hecho por algún equipo profesional que conoce las características de la sociedad tapatía, utilizando en pantalla verde lugares tradicionales como la iglesia de Colinas de San Javier, los Arcos de Guadalajara, algún antro de Real Acueducto y un jardín del ITESO. 

“… Por lo pronto y de manera general estamos ante un video que ha sido más exitoso que los spots tradicionales por su contenido y viralización… No tiene las características de un video de guerra sucia contra el partido de AMLO o sus candidatos por lo que se pueda descartar, eso ya que en ningún momento se habla mal del candidato… Podemos ver el video como una parodia de un sector de la sociedad tapatía en época electoral con los distintos elementos: universidad privada; chica con poder socioeconómico alto; familia tradicional y conservadora; preferencia electoral marcada; Iglesia católica”.

Este video, que no oculta sus huellas capitalinas –como la numeración del automóvil que se utilizó–, se convirtió en el spot involuntario más importante de la campaña presidencial y, como señaló González, se posicionó en la agenda. Los equipos de campaña no se ponían de acuerdo sobre su origen, y varios expertos en análisis forense estaban tratando de encontrar su origen.

Los expertos descartaron una autoría del PRI, el PAN o Morena. Incluso, uno de los estrategas que trabaja para López Obrador sugirió que La Niña Bien podría ser resultado de una “rebelión millennial” que le quiso cobrar una factura al PRI y al PAN. Por lo pronto, nadie sabe su origen. Pero, ¿sería descabellado pensar que, en efecto, fue un producto de jóvenes hastiados con lo que están viendo en la política? No descartemos en absoluto la hipótesis. El video no lastima a los candidatos ni a la política. Si acaso a las buenas costumbres católicas. Lo que sí provoca es que reflexionemos sobre lo que está gritando esta sociedad mexicana.
20 Marzo 2018 04:07:00
Andrés el cristiano
Andrés Manuel López Obrador ha sido descrito en innumerables ocasiones como un “mesías”, en la definición de una persona en quien se confía ciegamente y en la que se finca el deseo de la liberación. A sus seguidores les revuelve el estómago que sea caracterizado como quien se comporta como el hijo de Dios, un perfil religioso que consideran peyorativo. Sin embargo, la discusión sobre las creencias del poderoso candidato presidencial es más importante que sobre cualquier otro de sus adversarios, porque podría convertirse en el primer presidente cristiano en la historia de México, un país profundamente católico, en la coyuntura particular de la crisis de la Iglesia católica en el mundo, que está tratando de revertir el papa Francisco ante el crecimiento desafiante de las sectas protestantes.

La fortaleza de López Obrador en las preferencias electorales desafía la historia política de México. Desde 1929 no se había tenido un aspirante a la Presidencia protestante, cuando el general Aarón Sáenz desafío a Pascual Ortiz Rubio –el delfín de Plutarco Elías Calles, quien ordenó la Guerra Cristera–, pero fue relegado por el propio Partido Nacional Revolucionario, precursor del PRI, por su inclinación religiosa. Durante gran parte de la vida pública posrevolucionaria, los presidentes fueron ateos o masones, aunque en los últimos 30 años se ha señalado –sin confirmarse– que algunos se convirtieron al cristianismo durante o después de su gestión.

Sistemáticamente, López Obrador ha escondido sus creencias. Incluso en la campaña Presidencial de 2006 declaró que era católico. Políticamente, ha separado sus creencias cristianas de su vida pública, pero no necesariamente por una división ética entre su actuar privado y el público, sino para ocultar dónde está parado en temas controvertidos, como la despenalización del aborto y matrimonios del mismo sexo. En estos temas sociales, quienes lo conocen ven en él una persona conservadora que es duro en exceso con colaboradoras que son madres solteras, por mencionar uno de sus comportamientos ajenos al conocimiento público.

López Obrador pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que nació del fervor religioso en Estados Unidos durante el primer tercio del Siglo 19, con la creencia de que estaba en camino el segundo advenimiento de Jesucristo. Su religiosidad lo mete en contradicción con sus inclinaciones políticas. Por ejemplo, su admiración a Benito Juárez, quien promulgó las Leyes de Reforma, o su vertical forma de conducir procesos, que lo asemejan a Tomás Garrido Canabal, quien gobernó Tabasco con un fuerte anticatolicismo, a quien evoca sin mencionar por su inclinación hacia la socialización de la vida pública. Pero la mayor de estas contradicciones está en el nombre de su hijo menor, Jesús Ernesto, llamado así por Jesucristo y Ernesto “Che” Guevara.

La religión acompaña todo el tiempo López Obrador, quien reconoce como vital en su formación al poeta-político Carlos Pellicer, a quien acreditan la descripción del “socialismo guadalupano” de los políticos mexicanos. Sin embargo, no es igual a todos. En el bolsillo izquierdo de su pantalón lleva un pequeño escapulario, y su discurso es profundamente teológico. Siempre es blanco y negro, sin grises. Todo gira en torno a lo bueno y lo malo, los ricos y los pobres, los honestos y los corruptos. Se es fiel o se es infiel. Es la lucha eterna del bien contra el mal. Él es todo lo que se necesita para acabar con el todo del pasado. No hay matices; es bipolar. La narrativa de lo que es México, dicha por López Obrador de manera religiosa, tiene un gran impacto en una sociedad altamente religiosa cuyos referentes culturales están anclados en ese mundo sin claroscuros. Sus adversarios suelen ser arrasados por su discurso, porque nunca los frasean o estructuran sobre fundamentos religiosos. Por ejemplo, cuando en la campaña presidencial de 2006 el PAN difundió el spot donde decían que era “un peligro para México”, una de las respuestas que dio López Obrador fue criticarlos por haber violado el mandamiento relativo a la mentira.

A diferencia de las campañas anteriores, en esta López Obrador sí ha refrendado públicamente sus convicciones religiosas y reconocido ser “un cristiano en el sentido amplio del concepto”. No obstante, estos señalamientos claros no han tenido ningún impacto en la opinión pública, pese a que el 84% de la población, casi 93 millones de mexicanos, según la Arquidiócesis de México, son católicos. El catolicismo está siendo amenazado por el cristianismo, que creció más de 70% en dos décadas, hasta alcanzar casi 11 millones. El declive del catolicismo en México y el mundo ha sido motivo de una renovada tarea de Benedicto XVI y Francisco para revertir el trasiego de católicos a las sectas. “El cristianismo no es una doctrina filosófica –dijo el papa Francisco en 2014–, no es un programa de vida para sobrevivir, para ser educados, para hacer las paces”.

No hay forma de saber cuál será el impacto del voto evangélico en la elección presidencial, pero sí se puede adelantar, a partir del porcentaje de los católicos, que de llegar López Obrador a la Presidencia, será con su apoyo en las urnas, con lo que los católicos le estarían entregando el poder al representante de quienes los están acabando. No parece muy racional, pero plantea la duda si el tema de la religión de López Obrador no ha permeado aún en la opinión pública, o si la molestia contra todo lo establecido es mayor, para suicidarse religiosamente a cambio de la esperanza material prometida.
16 Marzo 2018 04:08:00
Los ojos de la CIA
El martes en Washington no fue un buen día para el Gobierno mexicano. Muy temprano, el presidente Donald Trump anunció el cese del secretario de Estado, Rex Tillerson, un aliado natural de Los Pinos, y cuya salida de Foggy Bottom provocó dos nombramientos en cascada. Mike Pompeo, el director de la CIA, fue nominado como el siguiente jefe de la diplomacia estadunidense, mientras que la directora adjunta de la Agencia, Gina Cheri Haspel, fue ascendida al mayor cargo en la inteligencia civil. Haspel, la primera mujer en ser directora de la CIA –de ser ratificada por el Senado–, tiene un palmarés distinguido, y está vinculada a una historia oscura donde estuvo cerca de ir a la cárcel junto con su superior, el exjefe de Estación de la CIA en México, José Rodríguez, a quienes sólo salvó que el trabajo clandestino que realizaron dio como resultado la ubicación y eliminación de Osama bin Laden.

Haspel llegó a la CIA en 1985, donde fue escalando posiciones rápidamente, desde jefa de Estación en Addis Abeba en 1988, a 20 años después, jefa de Estación en Londres, una de las oficinas de la Agencia más importante en el mundo. Tras un efímero periodo, regresó a Langley, el cuartel general del servicio de inteligencia en Virginia, en los suburbios de Washington, a donde acababa de llamar a Rodríguez, un puertorriqueño por nacimiento, a quien sacaron sus jefes abruptamente de México el 12 de septiembre de 2011. Un día antes, se habían ejecutado los ataques terroristas en las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono. Lo necesitaban.

Rodríguez había sido una pieza fundamental de la CIA en la aplicación del Plan Colombia, firmado en 1999 por los presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton, que buscaba, oficialmente, promover el proceso de paz, combatir la industria del narcotráfico, revivir la economía y fortalecer “los pilares democráticos” de esa nación suramericana. Detrás de ello, había una estrategia contrainsurgente y la sospecha que también las FARC, la longeva guerrilla colombiana, tenía relación con grupos terroristas del Medio Oriente. En Colombia fue él quien se encargó de la operación en campo del Plan Colombia, como jefe de Estación de la CIA en Bogotá, de donde fue trasladado a México en 1999. Eran los tiempos donde la CIA se había involucrado ampliamente en las operaciones contra los cárteles de la droga y vigilar que no establecieran relaciones con el terrorismo de Al Qaeda, Hamás o Hezbolá.

Tras el ataque terrorista en Estados Unidos, Rodríguez fue nombrado jefe de gabinete del Centro de Terrorismo de la CIA, y nombrado su director en 2002. Haspel trabajaba en un piso diferente al de Rodríguez en Langley, como directora adjunta del Servicio Clandestino, la oficina de los trucos sucios de la CIA, que tiene apenas el 10% del presupuesto pero sobre el área que recaen todas las leyendas del espionaje. Tan pronto como Rodríguez estuvo al frente de la unidad antiterrorista, solicitó a Haspel como su adjunta, donde construyeron todo el andamiaje de interrogatorios reforzados –un eufemismo de tortura– y el programa de rendición, donde la CIA trabajaba con gobiernos aliados y enviaba a sospechosos de terrorismo a cárceles clandestinas en esas naciones para poder aplicarles todo tipo de métodos de interrogación que en Estados Unidos hubieran sido ilegales.

Haspel participó activamente en el programa de rendiciones, y estuvo a cargo de una prisión clandestina en Tailandia en 2002, conocida como “El Ojo de Gato”, a donde llevaron a Abu Zubaydah tras ser detenido en Pakistán. El saudita fue sometido a torturas bajo la supervisión de Haspel, y se convirtió en uno de los casos emblemáticos de los abusos de Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo. Nunca le fincaron acusación alguna y fue trasladado a Guantánamo, donde se encuentra recluido en el Campo 7, para “detenidos de alto valor”.

El método de interrogatorios reforzados generó una enorme polémica en Estados Unidos y demandas judiciales en Europa en contra de Haspel, que es una de las figuras centrales de un reporte de 528 páginas del Comité de Inteligencia del Senado, dado a conocer en 2014. Toda la documentación de la prisión clandestina en Tailandia fue destruida por Rodríguez y Haspel en 2005, que vivieron durante años en el umbral de ir a la cárcel en Estados Unidos. La victoria de la CIA en la eliminación de Bin Laden los reivindicó públicamente –no judicialmente–, pero internamente, los dos han sido ampliamente reconocidos por la comunidad de inteligencia pues en los años más duros que vivieron, asumieron toda la responsabilidad. El Departamento de Justicia retiró todas las acusaciones en su contra.

Rodríguez se jubiló de la CIA, pero Haspel continuó escalando posiciones. El año pasado la nombraron directora adjunta del Servicio Nacional Clandestino, y el martes fue promovida por el presidente Trump a ser la jefa de la CIA. Su biografía la pinta como altamente eficiente y lo suficientemente dura para haber estado durante más de una década en las posiciones de trinchera más difíciles y peligrosas de la agencia.También generan un tipo de información secreta, de fuentes directas, que sirven para depurar y refinar las políticas de la Casa Blanca. En el caso de México, es una persona que parece hecha a la medida de Trump. Información en la cabeza, contactos y acceso a los secretos y la historia negra de México en las dos últimas décadas, frente a un Gobierno al que hace buen tiempo le perdieron la confianza.
15 Marzo 2018 04:08:00
Lo que no dijo Trump
El presidente Donald Trump suele tener un lenguaje oral bastante cáustico y  muchas veces fragmentado, donde su mente no se expresa claramente por su boca. Esto sucedió durante su reciente visita a la Mesa de Otay, donde revisó los ocho prototipos de muro fronterizo con México. Ahí dijo textualmente: “Tengo una gran relación con el Presidente de México, Enrique, que es un tipo estupendo. Gran tipo. Estamos trabajando y vamos a tratar de resolver las cosas. Ya veremos si salen o no. No sé si va a suceder. Él es muy buen negociador. Ama al pueblo de México y está trabajando muy duro. Tenemos, obviamente, un par de desacuerdos antes de que lleguemos ahí. Ya veremos el próximo mes si podemos lograrlo con este gobierno, o sea con su gobierno, ya que viene una elección”. ¿A qué se refería?

A Trump hay que deconstruirlo para entenderlo. Los dos desacuerdos están en el financiamiento del muro y en el capítulo dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte sobre reglas de origen en la industria automotriz, que es en donde nace su discurso de un acuerdo injusto para Estados Unidos porque es el causante del déficit comercial de su país. El financiamiento del muro es impensable para México, como se lo expresó al presidente Peña Nieto a Jared Kushner, yerno de Trump y su principal asesor, durante el largo encuentro que sostuvieron en Los Pinos la semana pasada, como control de daños por el choque que habían tenido los mandatarios en una conversación telefónica. Kushner viajó a México por instrucción directa de Trump para reparar los puentes rotos que volvieron a posponer un encuentro con Peña Nieto.

El choque se dio cuando, en preparación de una visita a la Casa Blanca, Peña Nieto le habló por teléfono para buscar garantías que Trump no sacara el tema del muro y su financiamiento. La conversación comenzó bastante amable, dijo un funcionario que supo los detalles, pero Trump se fue enredando en sus propias palabras y subió el tono de la conversación. Lo único que quería Peña Nieto es que ese tema, intransitable para los dos por diferentes razones, no surgiera en su visita. Trump ha dicho públicamente que Peña Nieto le pidió una declaración pública donde dijera que el muro no sería pagado por México, que fue una petición que, ciertamente, no existió en esa conversación telefónica.

La idea de la visita a Washington había surgido como una ventana de oportunidad, según sostiene el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, cuando durante una larga sesión de trabajo de 10 horas en la Casa Blanca, la sugirió Kushner. Cuando se la propuso a Peña Nieto, varios miembros del Gabinete opinaron que era mejor esperar a los resultados de la negociación del TLCAN, que de acuerdo con funcionarios mexicanos, va por tan buen camino, que es posible que México y Estados Unidos puedan alcanzar un acuerdo en principio para la octava ronda de negociaciones en la primera quincena de abril en Washington. En los tres capítulos controversiales –reglas de origen, cláusula Sunset y resolución de conflictos–, han acercado sus posiciones, quedando como único problema Canadá, cuyos incumplimientos en temas acordados en la mesa, han exasperado a Estados Unidos. La Casa Blanca está dispuesta a excluir a Canadá y firmar un acuerdo bilateral con México, pero Peña Nieto y Videgaray consideran que la legitimidad del TLCAN depende de la inclusión de esa nación.

La conclusión de la negociación comercial está más cerca de lo que públicamente sugiere Trump, aunque en su mensaje de esta semana en la frontera con México, esbozó el punto en el cual se encuentran las pláticas. Con un acuerdo en principio del TLCAN, una reunión Trump-Peña Nieto será fundamental para que a partir de ese anuncio se pueda dar a conocer lo que vienen trabajando los dos países por meses, que son aproximadamente 30 acuerdos bilaterales en una amplia gama de temas, que incluyen un convenio de cooperación que le urge a Estados Unidos, acordado –pero no firmado– entre la PGR y la DEA, para combatir organizaciones criminales trasnacionales, y una ampliación significativa de visas para trabajadores agrícolas mexicanos, con lo cual Peña Nieto podría cerrar el sexenio en materia de su relación con Trump.

El desacuerdo con el TLCAN está prácticamente saldado, pero el tema del muro no. La postura mexicana es que son los estadunidenses los que deben encontrar la salida a la promesa de campaña de Trump, y eliminar el muro como el tema que define la relación bilateral, por la virulencia retórica del jefe de la Casa Blanca y su incapacidad para dejar puestas de escape a sus propios excesos, que siempre meten en una encrucijada no sólo a sus interlocutores, sino también a sus colaboradores.

Nota: Rocío Nahle, designada por Andrés Manuel López Obrador como su eventual secretaria de Energía, dice que en la entrevista que concedió a The Wall Street Journal nunca mencionó que se iban a parar las inversiones en el sector energético, como aquí se publicó, y que sólo repitió que se iban a revisar todos los contratos. En la entrevista, el diario dice que López Obrador congelará todas las rondas hasta que se vean algunos resultados “exitosos” de las licitaciones de 2015, de acuerdo con Nahle. “No va a haber nuevas rondas hasta que evaluemos los resultados de la primera”, le dijo textualmente al diario, y agregó: “Dudo que habrá buenos resultados”.
14 Marzo 2018 04:09:00
Los fantasmas de Andrés (y II)
En agosto del año pasado, Richard Mills, director adjunto del Programa sobre América Latina y director de la Iniciativa el Futuro de Estados Unidos y México del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales en Washington, escribió en 2017 el análisis ¿Quién le teme a López Obrador?, donde afirmó que la debilidad del Gobierno, evaluado por los mexicanos como corrupto e incapaz en materia de seguridad, allanó el camino para que López Obrador y Morena tuvieran “resultados sorprendentemente buenos” en las elecciones estatales. Para 2018, adelantó, “una coalición de partidos antiAMLO podrá ser necesaria (para derrotarlo), pero no suficiente. Las clases medias y el sector privado, que han reaccionado con temor a él, están resignadas. Incluso funcionarios y exfuncionarios de Estados Unidos creen que AMLO puede ser más pragmático y menos radical de lo que parece”.

Las cosas han cambiado. El cambio de percepciones sobre López Obrador fue atajado por el Gobierno y el PRI, que han estado señalando que el candidato de Morena quiere convertir a México en una réplica del régimen venezolano del presidente Nicolás Maduro. El mensaje ha sido recurrente en el presidente del PRI, el coordinador de la campaña del partido, y en el propio candidato, que muestran en el colapso social, político y económico venezolano un espejo donde reflejan a México gobernado por López Obrador.

El candidato de Morena insiste en que su proyecto de nación no se asemeja al venezolano. De hecho, se podría argumentar que el modelo de López Obrador tiene más analogía con los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, respaldados por amplios sectores sociales, que con los de Maduro y Hugo Chávez, apuntalados por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, algunos lopezobradoristas no lo ayudan a cambiar percepciones. Dolores Padierna, la exsenadora del PRD, respaldó incondicionalmente a Maduro hace algún tiempo en Caracas, en el marco del Foro Sao Paulo. “Creemos en el candidato de la Revolución, Nicolás Maduro, continuidad, desarrollo y progreso al proyecto bolivariano”, dijo a teleSUR. “El proyecto ha sido exitoso. Lo queremos también para México”. 

La idea de que López Obrador volteaba a Caracas por inspiración, evaporada a mediados del año pasado, regresó. Reportes de agentes de la CIA en México a Washington, cambiaron de tono y han fortalecido la percepción de que si López Obrador gana la Presidencia, tendrá cercanía con Maduro. Dentro de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, el mensaje del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, de que el futuro de México con López Obrador no es el de los valores democráticos, sino el del ideal chavista, ha hecho mella y pavimentado el camino para que esa sea la idea predominante en el Gobierno de Donald Trump.

Diplomáticos mexicanos admiten que la idea de Trump que veía a López Obrador como una réplica de lo que él hizo con el electorado estadunidense estimulando el nacionalismo y el aislacionismo, ha cambiado tras los alegatos sobre su inclinación hacia Venezuela. El trabajo político de convencimiento por parte del Gobierno y el PRI dio los frutos esperados, apoyados involuntariamente por la forma como sus cercanos y eventuales colaboradores en su Gabinete han hablado en contra de las principales reformas del presidente Enrique Peña Nieto, muy aclamadas en el extranjero, que piensan desmantelar.

El último ejemplo de declaraciones sin los matices necesarios para una audiencia anglosajona fue la entrevista que concedió Rocío Nahle, secretaria de Energía en un eventual gobierno de López Obrador, al periódico The Wall Street Journal,  sobre el futuro de la reforma energética. “Se van a parar las inversiones en producción y exploración petrolera”, dijo Nahle al anticipar lo que haría López Obrador en la Presidencia. “Vamos a cambiar la política energética”. El Journal recogió el temor estadunidense de que esa acción provocaría un fuerte impacto negativo en la política económica de México y en las refinerías estadunidenses de la costa del Golfo de México. Una preocupación similar han expresado sobre la intención del congelamiento de las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pensado como un hub internacional y fuente generadora de inversiones, que López Obrador considera, en cambio, una “obra faraónica” sin sentido. “La elección de López Obrador pudiera poner en riesgo el potencial regional de México, porque los inversionistas internacionales favorecen instituciones fuertes y estables, y temen a líderes populistas que amenazan con desmantelar las normas burocráticas y las estructuras”, escribió en noviembre Niall Walsh, en un reporte de Global Risks Insights. “Una victoria de AMLO tiene el potencial para modificar completamente la región. Mientras el sentimiento populista barre en el mundo, los analistas miran a México con creciente ansiedad”. Las alertas en el mundo frente a López Obrador son amarillas y en algunos casos se están prendiendo rojas. “Construir puentes con él cruza la mente de muchos, pero es como un pleito familiar –hay demasiada mala sangre”, dijo uno de los capitanes industriales en Monterrey al Financial Times. “Hay una percepción real de autocracia, autoritarismo y venganza”.

A López Obrador no parece importarle lo que se piense de él, pero su asesor Alfonso Romo, quien sería su jefe de Gabinete, piensa lo contrario. “El desafío es que Andrés no puede atemorizar a la gente. Ahora mismo, no podemos meter la pata”. Ahora mismo, si hay interés real en los inversionistas, eso no lo está haciendo. Pero si no le interesa tener su apoyo ni respaldo económico, López Obrador está haciendo, definitivamente, muy bien las cosas.
13 Marzo 2018 04:08:00
Los fantasmas de Andrés (I)
Las crónicas periodísticas de la Convención Nacional Bancaria celebrada en Acapulco la semana pasada coincidieron en un punto: los banqueros no deciden aún por quién van a votar el 1 de julio, pero sí saben por quién no lo harán. Andrés Manuel López Obrador, definitivamente, no está en su ánimo, y aunque el salón plenario se saturó para verlo en acción, la música que escucharon no les pareció. No hay ninguna razón para sentirse sorprendidos. Una encuesta de ejecutivos de alto rango en México realizada por Santander en enero, halló que el 85% de ejecutivos de alto nivel anticipó que López Obrador será derrotado en las elecciones presidenciales, lo que explica –según un análisis de Bloomberg–, por qué los mercados mexicanos están sobrellevando muy bien el hecho de que quien se opone a las reformas del presidente Peña Nieto no está provocando temor entre los inversionistas.

El comportamiento de los mercados ciertamente se ha mantenido estable. Un estudio de Nomura en otoño pasado anticipaba que si las preferencias de voto mantenían a López Obrador en la cima de las preferencias al arrancar la campaña presidencial a finales de este mes, el candidato que es considerado “un riesgo para el mercado” dictaría en qué dirección marcharía el peso y la bolsa. Hasta el cierre del año pasado la venta de activos mexicanos era “significativamente menos” que la que hubo en Brasil, cuando el líder obrero Inazio Lula da Silva ganó las elecciones presidenciales en 2002, recordó Nomura, que consideró que la incertidumbre comenzaría en febrero. No ha comenzado, pero los indicios empiezan a mostrar un creciente nerviosismo.

Un análisis de riesgo de Fitch circulado entre sus socios en febrero pasado, consideró que una victoria de López Obrador incrementaría sustancialmente el potencial para un cambio significativo en la dirección de una política pro-empresarial en México, ante los temores fundados en los discursos del candidato de Morena, de modificar las relaciones comerciales con Estados Unidos y revertir la reforma energética. Durante la Convención Bancaria, Alejandro Cuadrado, uno de los principales analistas de estratega del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, dijo que si López Obrador llega bien posicionado a las vísperas de la elección, el peso podría debilitarse alrededor de 7% del nivel actual. La firma de investigación Exotix, especializada en los activos de más riesgo, dice que si triunfa, la bolsa podría caer hasta 15%, y el rendimiento de los bonos locales podría subir unos 4 puntos porcentuales.

Entre los inversionistas en Nueva York se están haciendo los cálculos de cómo impactaría el resultado electoral, dependiendo de quién ganara. Con quien mejor reaccionarían –verdad de Perogrullo– es con José Antonio Meade, no sólo por el ser el candidato de la continuidad, sino porque el sector financiero es su hábitat. Los cálculos de los inversionistas es que el peso se apreciaría cuando menos 50 centavos en unos cuantos minutos, que también registraría una mejoría si el vencedor es Ricardo Anaya, de la alianza Por México al Frente, de alrededor de 30 centavos. Pero si ganara López Obrador, el peso tendría una fuerte devaluación de entre 3 y 4 pesos por dólar, según sus estimaciones preliminares. Los mercados se están preparando para una victoria del candidato de Morena, exclusivamente desde el punto del negocio, donde están comprando dólares relativamente baratos en este momento, que cambiarían alto en el mercado si López Obrador gana, ante un nerviosismo generalizado de los inversionistas y personas en general que buscaran refugiarse en el dólar ante la incertidumbre de lo que sucedería con el nuevo gobierno.

En un análisis que publicó en enero pasado Global Risk Insights, afirmó: “Una victoria de López Obrador causaría el mayor nivel de incertidumbre. Sus reservas sobre las privatizaciones y los acuerdos de libre comercio como el TLCAN resultarían en que México adoptara una posición económica más aislacionista. No obstante, la emergencia en las encuestas del exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, sugiere que México podría escoger a un candidato que siga con la tendencia económica”. Los mercados le están diciendo a López Obrador que le tienen pánico, y que sus matices recientes sobre las reformas económicas del presidente Enrique Peña Nieto, no se los creen.

Dos temas han sido relevantes en esta discusión. Uno se refiere a la reforma energética, donde su enlace con los empresarios, Alfonso Romo, aseguró que López Obrador había revisado los procesos de licitación donde entraron empresas privadas y extranjeras, y que le habían parecido adjudicaciones transparentes y benéficas para el país. Esas afirmaciones motivaron una fuerte reprimenda de López Obrador a Romo. El otro es el nuevo aeropuerto, donde sus asesores confiaron a la prensa que era altamente probable que no se cambiaría de lugar la nueva terminal, pero trascendió entre los  inversionistas que la opción es que no le siga invirtiendo y lo deje con una sola pista, lo que lo haría disfuncional. 

López Obrador tendría que reflexionar sobre lo que piensan en los mercados sobre de él, no desde una visión etnocentrista, como a veces parece enfocar las críticas, sino lo que significaría para su eventual gobierno. Hasta ahora no parece interesado en neutralizar las percepciones. El nombramiento de Carlos Manuel Urzúa como secretario de Hacienda designado, no resuelve este problema. Más allá de sus capacidades ténias, Urzúa es un desconocido en los mercados internacionales, lo que es una enorme desventaja, sobre todo si se mantiene la mala imagen de López Obrador con ellos.

La única opción real a la mano es convencer a Santiago Levy, vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, ampliamente reconocido en el mundo, para que asumiera, en caso de ganar, la cartera de Hacienda. Levy le ha dicho a López Obrador que está dispuesto a sumarse a su proyecto, pero aún no lo ha concretado. El economista, que junto con el presidente Ernesto Zedillo y el entonces coordinador de asesores presidencial, Luis Téllez, manejaron la política económica del país en los 90, es la única solución, en el panorama lopezobradorista actual, de cambiar radicalmente la idea de los mercados sobre él, y enviarles el mensaje de que cuando habla de mantener la política fiscal y la macroeconómica, está hablando en serio.

La credibilidad de su palabra no la tiene él, sino alguien en quien los mercados confíen. Sólo así podrá marchar en la contienda presidencial sin levantar temores y generar incertidumbres adicionales, convirtiéndose para sus actuales enemigos en una posibilidad a la que podrían darle el beneficio de la duda de que será responsable en donde más le temen, la estabilidad de la política económica.
12 Marzo 2018 04:08:00
Meade no prende
El nuevo parte electoral sobre la sucesión presidencial pinta peor para José Antonio Meade de lo que estaba al comenzar la intercampaña. No se trata sólo de que permanece en el tercer lugar de la contienda, perdiendo casi tres a uno frente a Andrés Manuel López Obrador, sino que la cruzada en contra de Ricardo Anaya para arrancarle el segundo lugar no la capitalizó. Pero hay elementos más graves aún: ninguno de sus mensajes logró penetrar en el electorado, ninguna de sus estrategias de precampaña resultaron exitosas –salvo el reconocimiento de nombre–, y se encuentra en una situación tan crítica, que incluso más priistas están dispuestos a votar por López Obrador que por él.

La última fotografía tomada a la campaña presidencial se realizó del 24 de febrero al 2 de marzo, mediante una encuesta en vivienda a mil 200 personas realizada por Encuesta Ciudadana para Efekto TV y Capital Media, muestra que la carrera de caballos por la Presidencia fortalece a López Obrador, quien aparece con el 46% de preferencia efectiva, contra 29% de Anaya y 17% de Meade. Si bien es un indicador, no es lo más significativo del estudio. En forma dramática para Meade se ve que la embestida contra Anaya por el presunto delito de lavado de dinero no le trasladó votos panistas, sino se fueron a López Obrador.

Si Anaya no tuviera posibilidades de ganar, el 14% de los panistas daría su voto a López Obrador, y sólo 6% se los daría a Meade. El rechazo a él sigue siendo enorme. El 34% aseguró que nunca votaría por Meade, que es 100% más de los que dicen que nunca lo harían por López Obrador, y 300% más de los que no lo harían por Anaya. Entre todo el electorado, Anaya es la segunda mejor opción con 23% de preferencia, seguido de López Obrador con 16%. Altamente significativo es que Margarita Zavala aparece en tercer lugar a con 13%, y Meade en cuarto con 9 por ciento.

Las encuestas son más interesantes en las razones de la intención de voto, que los porcentajes en sí mismo de la carrera de caballos presidencial. Por ejemplo, queda ratificado que la estrategia de Meade durante la precampaña fue un desastre. El candidato oficialista elevó, como se pretendía, su reconocimiento de nombre (74%, el quinto más recordado por los electores), pero derrumba el argumento del presidente del PRI, Enrique Ochoa, que entre más lo conocen más convence a los votantes que crucen la boleta por él. La correlación de conocimiento con mala imagen va creciendo. En este nuevo estudio, sólo uno de cada cuatro electores tiene una buena imagen de él, mientras que cinco de cada 10 tienen una imagen negativa del candidato.

Los estrategas de su campaña no le encontraron la cuadratura al círculo. Meade fue el candidato que más contenido introdujo en sus mensajes durante la precampaña, pero ninguno de ellos prendió. La gente no recuerda prácticamente nada de lo que dijo. Por lo mismo, las ideas fuerza para el electorado se fueron a la basura. Como botón de muestra, uno de los puntos que más subrayaron de Meade, era su amplia experiencia en la administración pública. Sin embargo, a la pregunta de quién tiene más capacidad para gobernar, sólo el 13% lo señalaron a él, contra el 39% que piensa que el mejor es López Obrador, y el 25% a Anaya, quien nunca ha tenido un puesto de gobierno estratégico. Mostrarlo como el mejor educado y el de mayor preparación, tampoco tuvo impacto. El 31% piensa que el más inteligente de los candidatos es López Obrador (31%), seguido de Anaya (27%) y Meade (13%). Otro énfasis de la campaña de Meade fueron sus valores familiares y éticos, en donde el 12% le compró el spin, pero abajo del 19% que obtuvo Anaya y del 39% de López Obrador.

El equipo de campaña de Meade no está leyendo las molestias del electorado, que es lo que se desprende de la encuesta. El candidato del PRI arrasa a sus contrincantes cuando se pregunta quién es el más corrupto de los tres y el más cercano a partidos corruptos. Lo afecta la desaprobación del presidente Enrique Peña Nieto, que esta encuesta ubica el desacuerdo nacional en 66%. Está reprobado contundentemente dentro de los rubros principales, en el combate a la corrupción (70%), el combate al narcotráfico (69%), la seguridad pública (69%), y el manejo de la política energética (61%). Esta fotografía habla de los estragos continuos del episodio muy mal manejado de la casa blanca, la incompetencia en la estrategia de seguridad, y el enorme rechazo a la reforma energética. El principal problema del país, reflejó la encuesta, es la inseguridad (24%), que si se suma a la delincuencia (15%), muestran la angustia y frustración del electorado. La corrupción sólo es percibida como gran problema por el 10 por ciento.

La gran paradoja que enfrenta Meade es que por ningún lado las cosas, según los estudios demoscópicos, le están saliendo. No convenció al electorado que es un candidato ciudadano, pero sí persuadió a los priistas. Hoy, el 10% de los priistas que votaron por Peña Nieto en 2012 lo harían por López Obrador y sólo el 9% por Meade. Un total de 16% se identificó con el PRI, pero únicamente la mitad votaría por él. Al pozo en el que se encuentra el candidato oficialista no se le ve aún fondo. Cierto, la campaña aún no comienza, pero los síntomas sugieren que el paciente está acercándose a la agonía.
09 Marzo 2018 04:08:00
Rosario, la secretaria tóxica
El 7 de abril de 2013, se rompió la magia del presidente Enrique Peña Nieto. El entonces líder del PAN, Gustavo Madero, presentó grabaciones en las que se escuchaba a funcionarios y exfuncionarios de gobiernos priistas, así como a candidatos y representantes de ese partido, organizar y evaluar estrategias y procedimientos para la utilización masiva de recursos y padrones de beneficiarios de programas sociales en las siguientes elecciones. La difusión de esos materiales provocó un escándalo que colocó a la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, en el epicentro. La controversia fue subiendo de tono durante dos semanas, hasta que la madrugada del 23 de abril, 5 días después de que Robles destituyó a seis funcionarios de la dependencia que habían participado en esas reuniones, el presidente Peña Nieto suspendió “de manera temporal” todas las actividades públicas del Pacto por México, y pospuso la presentación, programada para horas después, de la reforma financiera.

Peña Nieto no alcanzó a ver que en ese momento arrancaba el fin de su sexenio corto y comenzaba su imparable caída de desaprobación a su gestión. El Pacto por México, la placenta de las élites mediante el cual se procesaron las grandes reformas del sexenio, había recibido un tiro de gracia y no se habían dado cuenta. El 20 de abril, tres días antes de extender su acta de defunción preliminar, el presidente puso en marcha en Zinacantán, Chiapas, la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que era el proyecto prioritario ordenado a Robles. Como invitado –y un pago de 300 mil dólares de por medio– estuvo el expresidente de Brasil, Luis Inazio Lula da Silva, que en ese entonces ya trabajaba como abridor de puertas para el conglomerado Odebrecht, que se dedicó a corromper funcionarios en 11 países, incluido México, para resultar beneficiado con obra pública. 

En su discurso, Peña Nieto señaló: “Yo le decía (a Robles), y también lo ha dicho el expresidente de Brasil: ‘Rosario no te preocupes, hay que aguantar, porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones de aquellos a quienes ocupa y preocupa la política y las elecciones, pero nosotros, este Gobierno, tenemos un objetivo claro, que es acabar con el hambre. Que sigan criticando las acciones, porque a otros los ocupan las elecciones.

A nosotros nos ocupa y nos comprometemos con el hambre en México”. La frase “no te preocupes” se puede trasladar al momento actual, cuando la hoy secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se encuentra en medio de otro escándalo, pero porque no ha comprobado, durante los dos encargos secretariales que le han asignado, 5 mil 321 millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.

Las irregularidades encontradas a Robles y su equipo han ayudado a Ricardo Anaya, quien en la mayor crisis política que ha tenido como político y candidato presidencial de la alianza Por México Al Frente, ha logrado dividir el impacto negativo de las imputaciones políticas y mediáticas en su contra, con señalamientos de corrupción en contra de la secretaria, y de omisión, negligencia y encubrimiento por parte del candidato oficialista, José Antonio Meade, quien fue su sucesor en Desarrollo Social. Meade sostiene que las irregularidades que le imputan sólo conciernen a Robles, en un deslinde con claros fines electorales.

Sin embargo, no ha funcionado. La toxicidad de Robles ha contaminado a Meade y su campaña presidencial, que hasta este momento no ha podido ni desmarcarse ni desprenderse de ese lastre. Viendo la gestión de Robles, a través de la ruta trazada por la Auditoría Superior de la Federación, ciertamente es difícil hacerlo.

La forma como manejaba el presupuesto Robles fue ilustrado por una de las observaciones registradas en la edición impresa de Eje Central, que menciona los 155 globos nacarados para la promoción de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que costaron 32 mil 900 pesos. Cada globo costaba entre 15 y 30 pesos, pero Sedesol los pagó en 212 pesos. “Así se manejaba el presupuesto en la Sedesol en los años en que Rosario Robles estuvo al frente de la dependencia”, escribió el reportero Juan Carlos Rodríguez. “Pero no es extraño.

De las 111 personas que han ocupado una secretaría de Estados en los últimos 18 años, Robles es la funcionaria que tiene el historial más negro en el manejo de los recursos públicos”. 

El número de recursos no recuperados del erario en las gestiones de Robles equivale a todas las observaciones que se hicieron al gobierno del presidente Vicente Fox o al presupuesto anual de la Secretaría de Turismo. Robles, sin embargo, parece blindada. Nadie la ha tocado ni tampoco a su equipo más cercano, en particular a Emilio Zebadúa, su oficial mayor, a quien según la Auditoría, se le señala como presunto responsable de adquisiciones, servicios, asesorías que no siempre se entregaron de acuerdo con la ley.

El “no te preocupes” del presidente Peña Nieto a Robles en 2013 tiene que cambiar en estos tiempos electorales. Vale la pena recordar hoy al Conde de Mirabeau, el monárquico y revolucionario, quien en un apasionado discurso dijo que si para salvar a la República se tuviera que guillotinar al rey, que se guillotinara. Mirabeau murió dentro de la descomposición de la Revolución Francesa, y no vio cómo, poco después, a Luis XVI le cortaron la cabeza. El dilema de Peña Nieto es semejante. Para salvar a Meade y su campaña presidencial, necesita guillotinar a la secretaria que más quiere. Es un dilema doloroso, pero con esto puede estarse jugando la Presidencia.
08 Marzo 2018 04:09:00
Qué hacer con Mr. Trump
El viaje de Jared Kushner a México fue, bajo cualquier valoración, intempestivo. Surgió la necesidad de hacerlo urgentemente en algún momento esta semana, y la Secretaría de Relaciones Exteriores preparó el arribo del principal asesor del presidente Donald Trump con escasas 24 horas de antelación. No hay secreto del porqué Kushner tomó con premura un vuelo comercial el martes y viajar casi seis horas en la noche para amanecer en la Ciudad de México para tener una reunión de trabajo con el canciller Luis Videgaray. El carácter explosivo de Trump y su aventurismo político habían colocado una vez más al estado de las relaciones bilaterales, en la orilla del excusado. Kushner salió de la Cancillería para visitar al presidente Enrique Peña Nieto, a quien entregó un mensaje de su suegro cuyo contenido aún no trasciende. Terminada la encomienda, regresó por la tarde a la capital de Estados Unidos.

La apurada visita de Kushner tuvo prolegómenos de alta tensión. En la semana y media previa, las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se dieron un frentazo, al que se añadió conflictividad por el anuncio de imponer aranceles al acero y aluminio al mundo. El jefe de la Casa Blanca, sin razón alguna, también amagó al Gobierno mexicano por no hacer nada, dijo, para frenar el tráfico de drogas. La hostilidad no carecía de contexto. El 20 de febrero recibió una llamada del presidente Enrique Peña Nieto en donde la conversación entre jefes de Estado se convirtió en una especie de monólogo con un hombre iracundo. La conclusión de la llamada fue de gran utilidad para Peña Nieto, al cancelarse una programada reunión con Trump en la Casa Blanca. Con ello, se pagó el costo de la posposición, contra la posibilidad de que lo mismo, pero en público, hubiera sucedido al término de la planeada visita.

La posibilidad de que Peña Nieto se reuniera con Trump surgió durante el último viaje de Videgaray a Washington, días antes, pero antes de concretarse la fecha del encuentro se dio una deliberación en varios niveles del gabinete peñista. Quienes hablaron sobre los pros y los contras del viaje en una primera instancia con Peña Nieto, fueron, además de Videgaray, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y el director de Pemex, José Antonio González Anaya, quien sin pertenecer al kitchen cabinet del Presidente sus puntos de vista son bien apreciados en Los Pinos. González Anaya primero, y Guajardo después, expresaron su posición a que sería mejor esperar a que se terminara de negociar el Tratado de Libre Comercio para que Peña Nieto se reuniera con Trump. Videgaray argumentó que se había abierto una posibilidad de encuentro, y que habría que aprovecharla.

La preocupación de Peña Nieto fue la que ha venido arrastrando desde la campaña presidencial en Estados Unidos, el pretendido pago del muro fronterizo por parte de México. Las reflexiones de Peña Nieto sobre qué garantías habría de que Trump no tocara ese tema concluían en lo mismo. Como comentó en una conversación aparte el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, no habría forma de impedir que Trump abordara el tema. Videgaray le dijo al Presidente que la única persona que podría plantearle a Trump que ese tema, donde saben desde 2016 que no hay forma de que exista un punto de encuentro, no se discutiera, ni privada, ni públicamente, era él. Era la única forma como, cuando menos con un pacto frágil, como en anteriores ocasiones, Peña Nieto estaría menos incómodo de reunirse con Trump. Decidió entonces llamarlo por teléfono. La plática se prolongó por 50 minutos, y la parte más intensa fue cuando el Presidente de México abrió el tema de su mayor interés para sondear el ánimo del jefe de la casa Blanca, y Trump explotó. Desde entonces, lo único que pareció suceder con la relación bilateral fue su desmoronamiento.

No era la primera vez que sucedía por la creatividad explosiva y delirante del presidente Trump, quien en el caso de México tiene una posición que se contrapone de manera sistemática con sus principales asesores, que ven una utilidad estratégica el mantener como aliado sólido al presidente Peña Nieto. Los dos hombres fuertes en la Casa Blanca, John Kelly, jefe de Gabinete, y H.R. McMaster, el consejero de Seguridad Nacional, han insistido con Trump en esa línea, como también el secretario de Estado, Rex Tillerson. Trump mismo percibe la importancia de la relación, al tener a su yerno como responsable directo de las relaciones con Israel y el Medio Oriente, y México.

El viaje de escasas 12 horas de Kushner a la Ciudad de México tuvo la parte formal en la Secretaría de Relaciones Exteriores de revisar la agenda bilateral, aunque el énfasis de esa sesión de trabajo fue ver la forma como se podrían destrabar algunos de los temas, particularmente comerciales, que han colocado algunas piedras en el camino. Pero lo importante fue el encuentro con Peña Nieto y lo que, en nombre de Trump, le dijo. Pero no habría que tener expectativas de que sería algo distinto a lo que es Trump. Si nos atenemos a su plática telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, hace dos días, el mensaje sería su compromiso con el pacto comercial norteamericano, siempre y cuando sea “justo” para los tres países, y que reduzca el déficit comercial de su nación. Es decir, nada nuevo.

Sin embargo, la visita en sí mismo es un mensaje. Hay dificultades, antipatía de Trump con Peña Nieto y los mexicanos, si se quiere, en general, pero no hay interrupción real y formal de las relaciones bilaterales, que se mantienen por la ruta institucional. Esto, en sí, es ganancia para México.
07 Marzo 2018 04:08:00
La (nueva) caída de Videgaray
La política exterior es demasiado importante para dejársela a Luis Videgaray. El funcionario mexicano que más acceso ha tenido a la Casa Blanca en su historia, está siendo arrollado por el desmoronamiento en cámara lenta del entorno más íntimo del presidente Donald Trump, encabezado por su yerno Jared Kushner, con quien el secretario de Relaciones Exteriores había desarrollado un vínculo tan estrecho, que hubo ocasiones cuando visitaba la mansión presidencial, lo metió sin protocolo de por medio a ver a su suegro en la Oficina Oval. Atado a Kushner desde agosto de 2016, Videgaray tuvo un renacimiento cuando Trump ganó la Presidencia, y de la mano del yerno se metió literalmente hasta la cocina. No fue todo caminar sobre algodones. Su gran problema fue siempre Trump, con su torpeza y soberbia, que como hoy día, no le importa atropellar a quién tanto ha hecho por su Presidencia. Para él, Videgaray luce más que desechable.

La primera gran caída de Videgaray se dio en el verano de 2016, cuando en plena campaña presidencial arregló con Kushner y su esposa, Ivanka Trump, la hija del entonces candidato republicano, un viaje relámpago a la Ciudad de México para hablar con el presidente Enrique Peña Nieto.

Fue una debacle política y de opinión pública, donde los decrecientes positivos del Mandatario cayeron todavía 8 puntos más, que no disminuyeron la antipatía de Trump por todo lo que oliera a mexicano, y provocaron su renuncia de Videgaray como secretario de Hacienda. Al ganar Trump, Peña Nieto volvió a recurrir a él para enviarlo a un viaje secreto a Nueva York a mediados de noviembre para hablar una vez más con Kushner y allanar el camino para una relación bilateral institucional.

En enero de 2017, triunfante, una vez que desplazó a Claudia Ruiz Massieu como canciller, quien se había opuesto al viaje de Trump, Videgaray se reunió en la Casa Blanca con Kushner y el equipo del presidente entrante, para organizar una visita de Peña Nieto. Fue un desastre ese encuentro, por la actitud de Trump y su entonces consejero Stephen Bannon. Uno de los presentes diría tiempo después que nunca se había sentido tan agredido y humillado como ese día infame en la Casa Blanca. Empero, Videgaray y Kushner colocaron sobre ruedas la relación bilateral, aceitada por el mexicano durante sus frecuentes visitas en Washington, donde gozaba de un inédito acceso a la Oficina Oval.

Nada era gratis. En septiembre del año pasado se publicó en este espacio la columna “El Amigo de Videgaray”, en donde se apuntó: “Eso de andar de ‘queda bien’ con el Presidente de Estados Unidos, le debían haber dicho al diplomático bisoño Luis Videgaray, nunca ha sido una buena idea. Con el Gobierno de Estados Unidos hay que seguir la máxima atribuida a John Foster Dulles, secretario de Estado en la administración de Dwight D. Eisenhower, de ‘Estados Unidos no tiene amigos; tiene intereses’. Plegar la política exterior mexicana a la agenda de Donald Trump sólo ha recibido desprecio como pago.

Desde que llegó Videgaray cambió la orientación de la política exterior con Venezuela y tomó partido por la oposición al presidente Nicolás Maduro. Fue el primer país que acató el llamado del vicepresidente Mike Pence para endurecer su relación con el régimen de Kim Jong-un y declaró persona non grata al embajador de Corea del Norte, sin razón alguna. Rompió también una larga posición en el conflicto israelí-palestino, y cuando Trump anunció que cambiaría su embajada a Jerusalén, violando resoluciones en las Naciones Unidas, México se abstuvo de censurar a ese gobierno, en lugar de rechazar la medida, como sistemáticamente había hecho en el pasado, y como el mundo se unió contra el presidente estadunidense. En aquél texto de septiembre, se llamó a Videgaray “el canciller más pronorteamericano que se recuerde en mucho tiempo”.

Videgaray ha torcido los principios de la política exterior, no por un pragmatismo como se hizo durante mucho tiempo, interpretando la Doctrina Estrada, con su principio de no intervención, de una manera que siempre cuidara a los intereses mexicanos, sino para servir la agenda de Trump y Kushner, quien es el encargado directo de llevar la relación con México e Israel.

Con él preparó recientemente un nuevo encuentro de Peña Nieto con Trump, y cuando regresó de su último viaje a Washington con esa propuesta, dentro del gabinete cuestionaron la iniciativa del canciller y persuadieron al Presidente de evaluar si era o no conveniente seguir con la invitación. Se acordó, como se publicó aquí, congelar la visita porque estaban convencidos que cualquier acuerdo con Trump para no volver a exigir a México que pagara por el muro, sería roto. Luego, The Washington Post publicó que los presidentes habían discutido ríspidamente por el muro en una conversación telefónica, por lo que la reunión se había postergado.

Demasiado amor con Kushner, cuyo poder está severamente mermado como consecuencia de la lucha dentro de la Casa Blanca con el jefe de Gabinete, John Kelly. Una de las razones del declive fue que varios funcionarios extranjeros –como Videgaray–, habían querido tomar ventaja de la ingenuidad e inexperiencia del yerno del Presidente para avanzar sus agendas. Videgaray lo negó, y probablemente dijo la verdad. Esta semana Trump retomó las hostilidades contra México en materia comercial, inmigración y de seguridad, que obligó a Videgaray a responderle. Trump lo ignoró. Es lo mismo que ha sucedido en todo este tiempo donde el canciller vivió de ilusiones, aspiraciones y de poner la política exterior mexicana a su servicio, y sin justa retribución.
06 Marzo 2018 04:07:00
La soledad de Anaya
De lo que no puede atacarse o criticarle a Ricardo Anaya, es que carece de audacia y temeridad. Una y otra vez, como lo ha hecho por meses, se defiende retóricamente de acusaciones por corrupción. Ni el Gobierno federal ni sus voceros en la prensa han podido mostrar la bala de plata que lo elimine, pero tampoco él ha mostrado documentación contundente que haga que los señalamientos queden en lo que señala reiteradamente, que se trata de una persecución política para sacarlo de la contienda presidencial. En el chapoteadero de palabras en las que se encuentran Anaya y sus principales detractores, hay imágenes que no ayudan al candidato y alimentan la sospecha. Sobre todo la forma como la maquinaria política del PAN y sus aliados no lo ha arropado en estos momentos de crisis.

El domingo fue la última demostración de que Anaya es una papa caliente donde sus aliados están dudando en tomar postura a su favor. En su exigencia a que el presidente Enrique Peña Nieto sacara las manos del proceso electoral, el candidato apareció rodeado por sus asesores Santiago Creel, Marco Adame y Emilio Álvarez Icaza, y el presidente del PAN, Damián Zepeda, junto con los líderes del PRD, Manuel Granados, y de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, además de los jefes de la corriente de Los Chuchos, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, y de su escisión de Los Galileos, Guadalupe Acosta Naranjo. ¿Dónde quedaron los gobernadores panistas? ¿Los perredistas? ¿Por qué no estuvo Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México? ¿Será acaso porque los gobernadores dudan de su inocencia?

El arropamiento político de Anaya no cuaja. El PAN vive una crisis estructural donde corrientes del partido, en donde se encuentran grupos que no tienen la mejor relación, encabezados por los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, están unidos en su contra. Parte de los gobernadores panistas están distanciados de él, o como el de Querétaro, Francisco Domínguez, y el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, enfrentado a él; Domínguez, que autorizó que desde su gobierno proporcionaran los documentos de sus operaciones inmobiliarias que terminaron en El Universal, y el segundo, operando electoralmente en contra de Anaya en las elecciones del Estado de México.

La falta de este acuerpamiento es proporcional a cómo desde la campaña priista de José Antonio Meade, están agudizando las contradicciones. “No lo vamos a soltar”, dijo uno de los generales de la campaña.

El líder del PRI, Enrique Ochoa, y el coordinador de la campaña, Aurelio Nuño, parece como si estuvieran quemando sus naves en sus ataques contra Anaya.

Tan radicales se muestran, que la pregunta es qué tanto más saben para elevar el costo político de Anaya por no responder con documentos en las manos, para buscar provocarlo.

Las autoridades judiciales sí tienen indicios de que Anaya puede ser sujeto de un proceso por presuntos delitos de lavado de dinero y evasión fiscal. Las pesquisas se han ampliado de la operación inmobiliaria en la que el eje de una triangulación financiera presuntamente ilegal fue el empresario queretano Manuel Barreiro, a la Fundación Por Más Humanismo, que fundó Anaya en 2009 después de renunciar a la secretaría particular del entonces gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón.

Los detalles de esa Fundación fueron circulados a través de correos electrónicos a varios periodistas, y uno de ellos, Álvaro Delgado, de Proceso, los publicó a principios de febrero, explicando cómo ese organismo podría considerarse “fantasma”.

Otra línea de investigación, deslizada este domingo por el presidente del PRI, son los llamados “moches”, como se denomina al desvío de unos 2 mil millones de pesos del Ramo 23 que se destina a municipios, que desde hace meses militantes del PAN han denunciado que se dieron durante la presidencia de Anaya en el partido.

Pero la Procuraduría General de la República ha actuado, hasta ahora, de una manera deleznable, mezclando el sigilo de las carpetas de investigación, con posiciones políticas que inciden en el proceso electoral.

Sin embargo, la torpeza del procurador interino Alberto Beltrán, no debe frenar que haya un esclarecimiento de este caso.

No a periodicazos, como ha sido hasta ahora, sino mediante un proceso apegado a Derecho por parte de la autoridad, sin brincar a conclusiones ni utilizar cortinas de humo para politizar la justicia. Anaya también nos debe la presentación de pruebas bancarias que demuestren que sus dichos tienen sustento documental, y que los señalamientos, en efecto, son propaganda negra para descarrilarlo.

Hay que disipar el humo y que cada quien valide su dicho. Después de todo, que no se nos olvide, se trata de un candidato presidencial. Si la PGR tiene las evidencias que apunten a un delito cometido por Anaya, que actúe rápido, en consecuencia y sin contemplaciones. Si Anaya tiene las pruebas que demuestran su inocencia, que exhiba sus declaraciones fiscales y las de su familia y socios –aunque son privadas, la candidatura presidencial exige que se hagan públicas–, así como los documentos financieros que comprueben que tal como lo ha dicho públicamente, él dejó de tener una relación orgánica con la fundación y la empresa inmobiliaria en las fechas que lo aseguró. Esta inconsistencia es la que parece encontrarse en el trasfondo de la falta de apoyo de los gobernantes en la alianza electoral, que no le está ayudando, y que al reflejar la desconfianza que crece en torno a su candidato presidencial, lleva a pensar que quizás Anaya no era la mejor opción que tenían para la contienda.
05 Marzo 2018 04:08:00
Ataques contra Andrés Manuel
La guerra cibernética en la sucesión presidencial en México es intensa. No acaba de iniciar en el mundo virtual, sino comenzó de manera articulada y sistemática el año pasado, cuando comenzaron a surgir páginas en Facebook y cuentas en Twitter contra del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Las páginas, de acuerdo con un grupo de expertos que monitorean las redes sociales en busca de intervenciones que quieren alterar el proceso electoral en curso, empezaron a aparecer en 2017, algunas claramente amateurs, pero otras con presupuesto y desarrolladas de una manera profesional. Unas han desaparecido en fechas recientes, pero otras, como Pejeleaks, al cual se le notan recursos y sofisticación, nacieron para abrir corrientes de opinión crecientemente crítica en contra del candidato presidencial de la izquierda social.

En esta guerra cibernética electoral nadie está a salvo. Hay grandes revelaciones que resultan falsas o tergiversadas, como elementos verosímiles que toman carta de identidad al mezclarse con hechos ciertos. Este fin de semana, el rector del Tecnológico de Monterrey, Salvador Alva, tuvo que desmentir en las redes sociales un artículo al que le adjudicaron su autoría, en donde se planteaba un apoyo para el candidato de Al Frente por México, Ricardo Anaya. El texto lo escribió en realidad el analista financiero Jorge Suárez-Vélez, en Reforma, hace dos semanas. La primera alerta del desmentido apareció en otra página en Facebook, “RedCiudadanaMZ2018”, que apoya a la candidata independiente Margarita Zavala, y que había sido bloqueada.

“RedCiudadanaMZ2018” ya está desbloqueada, y forma parte de la lucha virtual entre diferentes campos de batalla electoral. Incluso, el expresidente Felipe Calderón escribió un tuit donde aseguraba que Facebook “tiró” la página –que hace muchas analogías entre López Obrador y el presidente venezolano Nicolás Maduro–, para anularla “por intereses políticos, como otras cuentas adversas a ‘ya sabes quién’. Reitero que es un grave acto de censura. Si así están ahora, como estarán si llegan”. Otra página en Facebook, “El Lobby Chairo”, que se describe como un vehículo fundado por unas 40 personas de izquierda, se burló de ellos.

“El Lobby Chairo” es uno de los gladiadores cibernéticos. Recientemente se vanaglorió en su cuenta de Twitter de cómo Facebook suspendió páginas en contra de López Obrador. “NOTICIA DE ÚLTIMA HORA! –gritó con palabras–. Cayó Pendejadas. En la lista de páginas que se han atrevido a retar al poder chairo en las redes y han perecido en el intento son: Llévelo, AMLO NO, Millenial Progre, Pendejadas, Capitalismo para los pobres, Vanesa Vallejo, Chochos (En Twitter), Ricardo Alemán “En Twitter)”.

La página “El Lobby Chairo” fue denunciada anónimamente por una foto publicada en la cuenta de “El Millenial progre”, una cuenta altermundista, donde aparecen cuatro fosas abiertas en un cementerio donde en la primera está un payaso con una corona, y en las tres restantes, a manera de lápida, en una de las cuales está una lustración de Carlos Marx con una gorra de Mickey Mouse con una marca que evoca a Apple. De acuerdo con el grupo de expertos que monitorean las redes sociales, las páginas en contra de López Obrador han registrado movimientos “interesantes”.

Encontraron un mensaje en la cuenta en Twitter de López Obrador que decía: “Al triunfo de Morensa se va a garantizar el derecho a disentir; nadie será espiado, censurado o reprimido. Habrá libertad de expresión”. En seguida apareció este comentario de la cuenta “FAFHOO”: “Recuerdan esta página que estaba en contra de López Obrador que se llamaba ‘AMLO NO’ que tenía como casi 400 mil seguidores y subía mucho material en contra de AMLO, una que subía puras mentiras y que se estaba haciendo muy famosa? Chingó a su madre. ¿Y quién creen que la tumbó?”.

Una cuenta en Twitter de “Ulises Hernández” dice “voto a ya sabes quién”, y propone una denuncia masiva “A páginas AMLO NO y pendejadas” para sabotearlas. “Habran el primer video y reporten como insita al odio para que Facebook le tire la página quien dice yo ??”. La página “AMLO NO” fue removida por Facebook porque violaba los términos de uso de la red, que prohíbe aquellas que busquen odio, sean obscenas o amenazantes. También la de “Ulises Hernández”.

De acuerdo con los expertos, varias de las páginas, en especial contra López Obrador, fueron bloqueadas en fechas que coincidieron con el convenio de colaboración que firmaron el 5 de febrero el Instituto Nacional Electoral y Facebook para combatir la propagación de noticias falsas y para promover la participación informada. Según Facebook más de 80 millones de mexicanos utilizan mensualmente su plataforma para construir conexiones “significativas” con sus comunidades, incluidas conversaciones políticas relacionadas con el proceso electoral de este año, lo que muestra el universo potencial para una guerra cibernética a la que le están colocando preventivos, aunque quizás un poco tarde.

NOTA: La oficina de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral envió una carta a este espacio para precisar una afirmación en la columna “La granja de los troles”, publicada el 28 de febrero, donde se mencionaba que el INE tenía pruebas que “cuentas de San Petersburgo han intentado subvertir el proceso electoral mexicano”. La oficina de Comunicación Social dijo que el INE “no ha detectado ningún intento de hackeo a sus sistemas informáticos, como tampoco ningún sistema ni base de datos, incluido el PREP ha sido vulnerado. La columna nunca habló de hackeo. El texto se refirió a cuentas falsas o con identidades robadas articuladas a través de las redes sociales en una guerra cibernética mundial contra procesos electorales en Occidente, originada en San Petersburgo, donde un número no cuantificado de ellas, han sido detectadas por el INE, de acuerdo con dos personas que independientemente vieron la evidencia.

02 Marzo 2018 04:08:00
#FueraPGR
La indignación contra una Procuraduría General de la República encabezada por un pelele, crece por horas. Al inusual actuar expedito de armar en tres semanas un caso de presunto lavado de dinero que impacta mediáticamente, por ahora, al candidato presidencial Ricardo Anaya se sumó la difusión del video de entrega de un escrito al procurador interino, Alberto Elías Beltrán, donde le pide aclarar si estaba sujeto a una investigación. La indignación pública que se expresó en las redes sociales con el hashtag #FueraPGR, provocó la intervención del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para apagar el incendio, pero Beltrán lo avivó. Difundir el video, dijo, no tuvo como intención intervenir en la campaña presidencial.

El video de marras registra un intercambio amable entre Anaya y un funcionario de la PGR, tras lo cual se escucha una voz –según Diego Fernández de Cevallos, que lo acompañó, es suya– que dice posteriormente sin dirigirse a nadie en específico, “hijo de puta”. La oficina de prensa de la PGR, encabezada por el exjefe de prensa de la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, impulsó un spin en los medios que podría resumirse en el silogismo de que Anaya es un grosero que falta el respeto a la autoridad, y como tiene conocidos imputados por lavado de dinero que también le faltan el respeto a la autoridad, también es un delincuente.

La PGR, convertida en la Procuraduría de la Moral, tipificó mediáticamente el “hijo de puta” como un crimen contra las buenas costumbres. Beltrán, dispuesto a sacrificar su prestigio profesional a cambio de contribuir al descarrilamiento de la candidatura de Anaya, y apoyar la candidatura priista de José Antonio Meade, se ha prestado a todo lo que le ordenen, como lo ha demostrado en su breve gestión como encargado del despacho.

Antes del video, congeló la indagatoria sobre funcionarios involucrados en la corrupción de Odebrecht, ha retrasado el proceso de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, está preparando el cierre del caso Ayotzinapa para después de la elección presidencial, donde mantendrá la hipótesis de la “verdad histórica”, y mandó de vacaciones a la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada, que está paralizada.

La difusión del video, justificó la PGR, respondió al interés público, un eufemismo del interés de la campaña de Meade para remachar ante el electorado que Anaya no es un tipo de fiar. Pero la forma como lo hicieron fue para demostrar que se había negado a declarar ante el Ministerio Público, sugiriendo culpabilidad. En términos jurídicos, Anaya no tenía por qué declarar. No está imputado en la investigación sobre lavado de dinero –cuando menos hasta ahora, ni tampoco ha sido requerido en calidad de testigo. Lo que hizo la PGR fue el uso mediático de ese documento visual.

La PGR asegura que la difusión del video no violó ninguna norma, quizás porque no hay reglamento sobre las canalladas políticas. Las videograbaciones se utilizan para tener registros de acciones y declaraciones, y sirven para probar ante un juez que se salvaguardaron los derechos de la persona en los procesos judiciales, no para ser utilizadas con fines políticos. El video de la PGR tiene audio, pese a que esos dispositivos se emplean básicamente para identificación. Sin embargo, en algunas áreas de la PGR, sus áreas de recepción y delegaciones, el sistema de circuito cerrado de televisión que emplean sí cuenta con audio. Las imágenes del video tienen el sello de agua de la PGR, para que no quedara duda de dónde viene. ¿Qué pretende?

La primera reflexión lleva a la memoria de los 90, cuando el fiscal Pablo Chapa, encargado por el procurador panista Antonio Lozano Gracia de la investigación por el asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, imputó a Raúl Salinas, el hermano del expresidente, como presunto responsable del crimen. La investigación estaba paralizada por falta de pruebas, por lo que Lozano Gracia autorizó que le entregaran a Reforma una fotografía que no tenía nada que ver con el caso, donde Salinas aparecía en un yate con María Bernal, una española con quien había tenido una relación. La publicación de esa fotografía sin contexto ni relevancia en el caso generó suficiente reacción negativa contra Salinas por razones ajenas al crimen, que dio espacio de maniobra a la PGR para seguir buscando evidencias de su presunta responsabilidad. Una década después, Salinas fue exonerado de la acusación, al comprobarse que todo se había construido por razones políticas. 

No hay mucha diferencia con lo que está haciendo la PGR de Beltrán. Su video no tiene nada qué ver con la investigación sobre lavado de dinero de un amigo de Anaya, pero genera un clima de opinión pública negativo sobre el candidato que le da el espacio para seguir buscando evidencias y, eventualmente, quizás, imputarlo y sacarlo de esa forma de la contienda presidencial.

Hoy, como en aquel entonces, se utiliza a la justicia con fines políticos. Pero hoy, a diferencia de aquel entonces, el objetivo de la PGR es un candidato presidencial. El uso político de la ley en 1994 provocó la distorsión del estado de derecho cuyas consecuencias seguimos arrastrando un cuarto de siglo después. Hoy, la PGR de Beltrán está cínicamente actuando contra Anaya y trabajando en su contra. Que nadie se equivoque. Si Anaya es culpable de algún delito, que se proceda contra él, pero con el sigilo de ley, no ventilando especulaciones que afectan la calidad democrática de la elección presidencial y quitando en su desesperación por descarrilar a Anaya, legitimidad a todo el proceso electoral.
01 Marzo 2018 04:08:00
Se enojaron los gringos
La relación entre México y Estados Unidos está más deteriorada de lo que parece. Los últimos exabruptos del presidente Donald Trump al negarse el presidente Enrique Peña Nieto a pagar por el muro fronterizo son lo de menos, por más sanguíneos que sean. La relación se siente quebrada al haberse suspendido el intercambio de información sensible en materia de seguridad, y al cerrarse dentro del Gabinete estadunidense los canales de intercambio en temas altamente delicados para la seguridad nacional. El Gobierno de Peña Nieto inició mal su relación con la Administración de Barack Obama cuando suspendió la amplia cooperación alcanzada con el Gobierno de Felipe Calderón, y terminará igual o peor con Trump.

El caso más evidente es la información que tiene la Casa Blanca sobre la interferencia rusa en el proceso electoral mexicano, expuesto ante la opinión pública en un discurso del consejero de Seguridad Nacional de Trump, H.R. McMaster el 15 de diciembre pasado, en la Fundación Jamestown en Washington, donde afirmó: “Estamos viendo que realmente hay un sofisticado esfuerzo para polarizar en sociedades democráticas y echar a pelear una con otra a comunidades dentro de esas sociedades. Ya estamos viendo las primeras señales de ello en la campaña presidencial en México”.

Públicamente, el Gobierno mexicano minimizó esos señalamientos y afirmó en un principio que no tenía evidencia alguna de ello. Sin embargo, la reacción privada fue diferente. En noviembre pasado, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, viajó a Moscú para reunirse con el canciller ruso, Serguéi Lavrov. Oficialmente, fue para revisar el estado de las relaciones bilaterales, y al término de su encuentro descartaron las versiones sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales mexicanas. “El Gobierno mexicano no tiene ninguna evidencia que valide esta hipótesis”, aseguró Videgaray. Fuentes diplomáticas, sin embargo, admitieron que el viaje fue preventivo y para buscar abrir canales de comunicación fluidos con Moscú. Las alertas en el Gobierno mexicano se habían levantado pese a la postura pública de restarle importancia.

El 31 de enero, los senadores Marco Rubio, precandidato republicano a la Presidencia, y Bob Menéndez, el demócrata de mayor rango en el influyente Comité de Relaciones Exteriores del Senado, le pidieron al secretario de Estado, Rex Tillerson, en vísperas de un viaje a México y América Latina, que planteara al Gobierno mexicano recibir ayuda estadunidense para salvaguardar su proceso electoral, dado que “los sistemas electorales débiles pueden ser explotados fácilmente y manipulador por actores maliciosos como Rusia”. Los senadores dijeron estar “crecientemente preocupados” por la interferencia rusa en las elecciones mexicanas. El 2 de febrero, al iniciar su gira por la región, Tillerson urgió al Gobierno de Peña Nieto en la Ciudad de México que estuvieran atentos a la interferencia rusa.

El Gobierno solicitó a Tillerson información para sustentar lo que advertían en Washington, y, de acuerdo con fuentes del Gobierno federal, lo único que han recibido desde entonces son evasivas. “No han querido darnos más información de lo que públicamente han dicho”, dijo una de las fuentes mexicanas. “Nos han dicho que nos darán información, pero no nos han proporcionado nada”. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han proporcionado las evidencias que McMaster dijo tener, a menos que se las hayan proporcionado a Videgaray durante su viaje reciente a Washington y la información no haya sido compartida más allá del presidente Peña Nieto. Esta posibilidad, sin embargo, es remota.

La información en poder del Gobierno de Estados Unidos donde aparece México se refiere al Proyecto Lakhta, desarrollado por la Agencia de Investigación en Internet, con sede en San Petersburgo, dedicada a la creación de páginas en Facebook para diseminar temas controversiales que estimularan el encono, utilización de cuentas falsas en las redes sociales o cuentas apócrifas mediante el robo de identidad. El Proyecto Lakhta abarcó a 11 naciones, enfocado sobre todo en Estados Unidos, y recientemente fue puesto al descubierto al ser acusados por el Departamento de Justicia 13 ciudadanos rusos y 13 empresas de esa nación. En la acusación no se mencionó a ningún país por nombre, salvo a Estados Unidos.

La Agencia de Investigación en Internet era el corazón de lo que han llamado “la granja de troles”, descrita ayer en este espacio, donde se mencionó que información en poder del Instituto Nacional Electoral muestra que en los últimos meses han notado una actividad extraña procedente de San Petersburgo. Las fuentes del Gobierno mexicano indicaron que sí existen evidencias de injerencia rusa en el proceso electoral mexicano, pero que esa información aún es precaria, por lo que habían recurrido al secretario Tillerson para que su país les aportara más información para construir un andamiaje de blindaje. La respuesta ha sido negativa.

Los servicios de inteligencia mexicanos han podido detectar desde hace 3 años la creación de páginas en las redes sociales donde se ha venido diseminando en español propaganda rusa y apologética sobre el presidente Vladimir Putin. También han aparecido páginas en Facebook donde se ha estado atacando a candidatos presidenciales, sin preferencia sobre uno específico, alentando la polarización. Hay una serie de cuentas en Twitter que se han analizado, pero la capacidad para poder determinar si son parte de la operación desde San Petersburgo es limitada. El tiempo está corriendo en la campaña presidencial y el Gobierno de Estados Unidos mantiene la veda de información para México. Los funcionarios peñistas desconocen las razones de ello, pero sugieren que quizás no quieran compartir esa información porque pudiera poner en riesgo la identidad de sus informantes, en Moscú o en México.
28 Febrero 2018 04:09:00
La granja de los troles
La evidencia que en México consideran inexistente de la intervención rusa en el proceso electoral en este país quedó expuesta, de manera fragmentada, de una manera inesperada: la acusación de un Gran Jurado del Distrito de Columbia en contra de 13 rusos con vinculaciones al Kremlin, por haber interferido en el sistema político de esa nación y en las elecciones presidenciales de 2016. En la acusación de un Gran Jurado en el Distrito de Columbia se ubica como el núcleo de la intervención una granja de troles creada en San Petersburgo, desde donde lanzaron una guerra cibernética contra varios países. Los fiscales estadunidenses no mencionaron a México, pero en el último año, de acuerdo a pruebas que tiene el Instituto Nacional Electoral, cuentas desde San Petersburgo han intentado subvertir el proceso electoral mexicano. Y hasta este momento, no se conoce de ninguna granja de troles adicional en esa ciudad, que esté buscando polarizar, enfrentar y romper sociedades democráticas en el mundo.

Los detalles de cómo lo han hecho en México durante todos estos meses no han trascendido, pero la acusación del Departamento de Justicia dibuja un esfuerzo colosal que llegó a costar un millón 250 mil dólares mensualmente, mediante el cual no sólo reclutaron un ejército de personas en Rusia que introducían mensajes y memes a través de cuentas falsas o de cuentas de identidades robadas, sino que acompañaron la guerra cibernética con la organización de manifestaciones y protestas en Estados Unidos, articuladas a través de sus redes y con activistas estadunidenses que no sabían que eran manipulados para servir a los intereses políticos rusos, luego de infiltrar a sus organizaciones sociales y en varios casos, a oficinas de campaña regionales del entonces candidato Donald Trump.

El Gran Jurado aceptó las pruebas presentadas por los fiscales del Departamento de Justicia de la interferencia rusa en el sistema político estadunidense, incluida la elección presidencial, en lo que describieron como “una guerra de información contra los Estados Unidos” con el objetivo de “diseminar la desconfianza hacia los candidatos y al sistema político en general”. La acusación muestra que la injerencia se dio antes incluso que Trump anunciara su candidatura presidencial, y que si bien durante 2016 trabajaron para que ganara a costa de desacreditar a Hillary Clinton, una vez electo también organizaron grupos de activistas y manifestaciones en varias ciudades de la Unión Americana para repudiarlo. El propósito no era la victoria de un candidato, sino el desmantelamiento del sistema.

“La acusación sirve como recordatorio que la gente no es siempre lo que parece ser en internet”, dijo el procurador general adjunto, Rod Rosentein, al presentar el fallo del Gran Jurado. “La acusación argumenta que los conspiradores rusos quisieron promover la discordia en Estados Unidos y minar la confianza pública en la democracia. No podemos permitir que eso suceda”. El caso criminal revela todo un sofisticado entramado que comenzó a funcionar a principio de 2014 con la Agencia de Investigación en Internet, localizada en Olgino, en San Petersburgo, cuya granja de troles –una fábrica que genera contenido en red que busca afectar a la opinión pública a través de desinformación y mentiras– que llegó a tener hasta 300 troles, de los cuales 80 se enfocaron en Estados Unidos.

La granja, llamada en la acusación sólo como la “organización”, estaba financiada por Yevgeny V. Prigozhin, quien ha sido descrito en la prensa estadunidense como un exatleta que fue encarcelado por robo, que al colapsar la Unión Soviética a principio de los 90 comenzó un negocio de hotdogs que fue creciendo con tiendas de autoservicio y restaurantes, a través de los cuales se conectó con el presidente Vladimir Putin, a quien le proporcionaba servicio de catering para sus cenas de estado, lo cual le valió el peyorativo del “cocinero de Putin”. La operación montada por la Agencia de Investigación de Internet utilizó más de 3 mil cuentas de Twitter a través de las cuales se escribieron 175 mil 993 tuits, según reveló la empresa en enero. Facebook también encontró cientos de cuentas vinculadas a los rusos, mediante las cuales alcanzaron, con mensajes en su plataforma y en Instagram, a alrededor de 146 millones de personas.

Una de las lecciones que deja la acusación, desde el punto de vista sociopolítico, es que cuando comenzó la intervención rusa para promover la polarización, la sociedad estadunidense ya estaba dividida por la discordia. Amanda Taub y Max Fisher, quienes escriben en The New York Times la columna The Interpreter, citaron un paper académico de Jay J. Van Bavel y Andrea Pereira donde discuten cómo el partidismo y la polarización por la falta de acuerdos alteran la memoria, la evaluación y el juicio, que añadido a la atracción humana por lo falso y las noticias que no son verdaderas, ponen en riesgo la salud funcional de la democracia.

“Esto ha infectado al sistema político estadunidense, debilitado su cuerpo político y lo ha dejado vulnerable a la manipulación”, escribieron Taub y Fisher. “La desinformación rusa parece haber exacerbado los síntomas, pero lo que se teje en la acusación son recordatorios que la enfermedad subyacente, más dañina, fue todo hecho por los
estadunidenses”.

Los síntomas existen en México, la polarización, la difamación, la discordia, el encono. La evidencia es que lo que pasó en Estados Unidos, salió de la granja de troles que también tiene huellas en México. ¿Qué tanto es real? ¿Qué tanto manipulado? No lo sabemos aún. Pero quien niegue los riesgos y los costos de esta división nacional, no ha entendido nada.
27 Febrero 2018 04:07:00
El peligro para México
La campaña de José Antonio Meade lanzó un nuevo spot dirigido contra Andrés Manuel López Obrador. En él incorpora una secuela de actos de violencia en las calles de la Ciudad de México y una batería de contrastes entre el país que, en su interpretación, busca cada uno de los candidatos. El spot busca sembrar el miedo en la mente del electorado, evocando aquél mensaje en la contienda presidencial de 2006 que llamaba a López Obrador “un peligro para México”. El nuevo spot es un absurdo por cuanto al efecto que quiere causar. La pregunta hoy en día sobre a quién realmente consideran los mexicanos que es un peligro para México, no sólo sorprendería a muchos, sino muestra el error táctico de la campaña de Meade.

El spot de la campaña de Meade apunta hacia el estímulo de la aversión al riesgo, pensando que las mexicanos tienen en esa casilla a López Obrador. La aversión al riesgo se da principalmente cuando las cosas –políticas, económicas y sociales– marchan por buen camino. ¿Por qué arriesgar en las urnas si el entorno es favorable? Los riesgos se toman cuando las cosas no están bien y sufren deterioro. A los factores objetivos se le suman los subjetivos, dominadas por las reacciones emocionales en la toma de decisiones políticas, que son indivisibles. Las emociones no sólo moldean la forma como se piensa y actúa, sino también, de acuerdo con los especialistas, potencian la capacidad de deliberación.

Quienes tienen más aversión al riesgo son aquellos que tienen más que perder. Se puede argumentar entonces que quienes reconsiderarían más su voto, serían quienes están mejor educados y tienen niveles socioeconómicos por encima de la media. Si tomamos en cuenta las encuestas, tampoco es López Obrador quien sale peor librado. En la última medición de la empresa Buendía&Laredo publicada en El Universal en enero, la población con mayor escolaridad y mejores ingresos apoyaba a López Obrador en un 32%, contra 18.4% que respaldaban a Meade.

En términos de violencia, las imágenes proyectadas son parte del paisaje nacional, cuya gravedad no es responsabilidad de López Obrador, sino del Gobierno del presidente Peña Nieto. Los camiones incendiados y los radicales que aparecen en el spot, no provocan lo que pretendía el spot, sino traen a la mente la violencia por el narcotráfico desbocado, producto del colapso de la estrategia del Gobierno, cuyos números en homicidios dolosos son 20% superiores a los que tenía el expresidente Felipe Calderón, y significan el máximo alcanzado en la historia.

El spot también utiliza dos figuras sindicales recientemente reclutadas por López Obrador, la maestra Elba Esther Gordillo, y el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, para subrayar que el candidato de Morena camina hacia la impunidad y les va a perdonar sus delitos. Gómez Urrutia, acusado de un fraude por 55 millones de dólares a un fideicomiso de 10 mil mineros, libró la acusación penal en 2014 y un juez le canceló las órdenes de aprehensión. El juez dijo que podría juzgársele en otro ámbito que no fuera el penal, pero la PGR optó por no denunciarlo. Entonces, quien le abrió la puerta de la impunidad fue el actual Gobierno, no López Obrador. En el caso de la maestra Gordillo, se ha insistido en este espacio que es una prisionera política, al haberle fincado acusaciones que no se han sostenido. La acusación por la que podría juzgársele, el probable delito de fraude y desfalco al sindicato magisterial, nunca se le formuló.

En la actualidad, se puede alegar, quien ha generado riesgos para los mexicanos no es López Obrador, sino el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, en materia de seguridad, en incertidumbre económica y en los niveles de impunidad galopantes. Recurrir al miedo fue una estrategia que se utilizó en 2006 por la campaña de Calderón, en un entorno donde los negativos de López Obrador era prácticamente iguales, o superiores, a los de su adversario. Hoy, las cosas han cambiado.

La misma encuesta mostró que el 25% tiene una mala imagen de López Obrador, contra 24% que tiene de Meade. La diferencia es que el candidato de Morena tiene 49% de imagen positiva, por 19% del candidato oficialista. Los números de Meade se magnifican cuando se ve que lo conoce el 67% de la población, mientras que los de López Obrador se matizan cuando las cifras se anclan en un 97% de conocimiento. López Obrador ha ido reduciendo sus negativos, mientras que Meade, en tanto más lo conocen, más gente piensa mal de él, quizás no por él, sino por los lastres que arrastra de la desaprobación del Presidente –casi 80%–, y de la carga que significa el PRI –más de 55 dicen que votarán contra ese partido–.

El spot es un nuevo lance fallido. Fue ideado por Alejandra Sota, responsable de Estrategia de Comunicación, y desarrollado por el argentino José Beker. Sota formó parte del equipo de Calderón de donde salió el spot de “un peligro para México”, reeditado en condiciones totalmente distintas a las de 2006, sin entender los cambios de paradigmas que se han vivido. Pero esto no es novedad. En la campaña del candidato oficialista, la equivocación ha sido la constante. La prueba contundente la dio la encuesta de Buendía&Laredo, cuando preguntó: “¿Cuál de los siguientes escenarios cree que sería el peor para México”? El 65% respondió PRI; el 27%, López Obrador. Más grave aún es que la tendencia contra el PRI, sube sin freno.
26 Febrero 2018 04:08:00
El senador de Andrés Manuel (II)
Napoleón Gómez Urrutia tiene sueños de grandeza. Poco después de que un juez le cancelara las órdenes de aprehensión que lo salvaba de ir a la cárcel por un fraude de 55 millones de dólares a 10 mil mineros –el fallo es que su caso tenía que juzgarse en un ámbito que no fuera penal–, recibió en Vancouver al entonces secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, con quien habló de los conflictos mineros que mantenían las secciones bajo su liderazgo en México. Gómez Urrutia quería regresar a México, pero por la puerta grande. Le pidió que fuera recibido por el presidente Enrique Peña Nieto y, en un acto de exoneración, pronunciara un discurso de reconocimiento. La solicitud ni siquiera fue discutida en ese momento. Las pretensiones eran cósmicas. Navarrete Prida le dijo que no veía que existieran condiciones políticas para que regresara a México.

Las condiciones políticas nunca se construyeron, ni la coyuntura jurídica adecuada. En todo caso, le dijo Navarrete Prida, tenía que saldar, antes que nada, su relación con Germán Larrea y el Grupo México, que fue el detonante de las demandas en su contra. La propuesta es que tuvieran una separación en los contratos colectivos, lo cual se fue haciendo en todos estos últimos años. Paralelamente, su abogado Marco del Toro, le sugirió desde un principio que era mejor no regresar a México porque en cualquier momento podrían fincarle nuevas acusaciones. Gómez Urrutia tuvo que mantener su residencia en Canadá hasta que surgió el ofrecimiento del candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador para ser senador plurinominal.

El líder minero, que ha ido perdiendo contratos colectivos con las empresas mineras, se siente reivindicado y listo para regresar a México una vez que tenga fuero, aunque habría que preguntarse si realmente va a llegar ese día porque tiene, en principio, un problema de elegibilidad. Varios constitucionalistas han declarado a la prensa que no podría ser porque no tiene los seis meses de residencia exigida para un cargo de elección popular, al llevar 12 años viviendo en Canadá. El artículo 55, fracción III de la Constitución, exige la residencia efectiva en una candidatura de mayoría, pero en las listas de circunscripciones plurinominales basta ser originario de alguna de las entidades que comprenda la circunscripción.

El problema de la elegibilidad apunta en otra dirección. Gómez Urrutia tiene nacionalidad canadiense, de acuerdo con una declaración pública de sus abogados, el mexicano Del Toro y el canadiense David Martin, quienes afirmaron en agosto de 2013 que el Gobierno de esa nación le había otorgado la ciudadanía el 30 de junio de ese año. Los abogados afirmaron que el líder minero había recibido una carta de bienvenida del entonces primer ministro canadiense, Stephen Harper, después de un acto para la entrega de su certificado.

La ciudadanía canadiense le impide ser candidato a cualquier puesto de elección popular, al establecer el Artículo 32 de la Constitución: “El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión”.

Este artículo se refiere implícitamente a un conflicto de interés. Si se tienen dos nacionalidades, ¿a qué país le será leal? ¿Cuáles son los intereses que prioritariamente defenderá? En una entrevista el viernes pasado en Foro TV, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, señaló que los intereses de Gómez Urrutia son trasnacionales. Ha gozado de protección de sindicatos mineros en Estados Unidos y en Canadá, así como del sindicato de la industria automotriz en Estados Unidos, dijo Castañón, como parte de una coalición internacional en contra de la industria mexicana. “Los sindicatos estadunidenses y canadienses de la industria automotriz se quieren meter en los sindicatos mexicanos”, agregó. “Por eso apoyan que desde foros internacionales ese señor opine sobre los contratos colectivos. Ha ido a hablar en foros internacionales y ha promovido una corriente en contra de la paz laboral mexicana”.

Los intereses explícitos de Gómez Urrutia son trasnacionales. La nominación a una senaduría plurinominal generó reacciones de apoyo del Sindicato de Trabajadores del Acero en Estados Unidos y Canadá, así como de la organización Trabajadores Unidos, que aglutina a los sindicatos más poderosos  de Inglaterra, Irlanda y Escocia. El líder minero también se ha relacionado con el Nuevo Partido Democrático canadiense, a través de contribuciones registradas a ese instituto entre 2009 y 2017.

En México, la reacción ha sido negativa, y es uno de los temas de mayor longevidad pública contra López Obrador de los últimos años. El candidato presidencial lo ha estado defendiendo y señalando que el líder minero fue víctima de una persecución política, sin explicar cómo su postura nacionalista puede cohabitar con un personaje que en los últimos años ha defendido intereses extranjeros. Este tema puede debatirse, pero no elimina la inelegibilidad para aspirar al cargo que le ofrecieron.

No está claro si López Obrador estaba al tanto de la ciudadanía canadiense de Gómez Urrutia, o si el líder minero lo advirtió y aún así corrió el riesgo de postularlo. Pero la Constitución se lo impide, lo cual obligará a López Obrador a retirarle la nominación y, con ello, eliminar el fuero que estaba buscando Gómez Urrutia para regresar a México con la gloria que sueña, o como en otras ocasiones, se aferre a su decisión y la defienda hasta la ignominia.

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