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Ricardo Raphael
Ricardo Raphael
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Licenciado en Derecho por la UNAM. Maestro en Ciencias Políticas por el Instituto de Estudios Políticos de París, Francia. Maestría en Administración Pública por la Escuela Nacional de Administración (ENA) de la República Francesa. Estudios Doctorales en Economía Política y Políticas Comparadas por la Escuela para Graduados de Claremont, California, EU. Secretario General de Democracia Social, Partido Político Nacional. Representante ante el Consejo General del IFE del partido México Posible. Coordinador de la Comisión Ciudadana de Estudios para Eliminar y Prevenir la Discriminación. Actualmente es profesor afiliado a la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Conductor del Espiral, programa de análisis político dominical del Canal 11. Analista Político cotidiano del Noticiero Enfoque de Núcleo Radio Mil. Analista semanal del noticiero nocturno de Proyecto 40. Co-conductor del programa Claves, también de Proyecto 40. Integrante de la mesa editorial de la Revista Nexos. Miembro del Consejo Consultivo de Conapo. Cuenta con diversas publicaciones en temas relativos a: La transición democrática. La función pública. El sistema de partidos. Los derechos. La ciudadanía.

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16 Agosto 2018 04:00:00
Se los tragó la tierra, no la Marina
Los padres de Jorge Domínguez Hernández buscan a su hijo desde la noche del miércoles 4 de abril cuando, según los vecinos, elementos de la Marina se lo llevaron. Los vehículos oficiales utilizados en ese operativo tenían rótulos y placas que confirmarían la participación de la Armada de México en el operativo.

Sin embargo, los voceros de la Secretaría de Marina afirman que el número de la placa (511 445) obtenida por los testigos no corresponde a ningún transporte registrado por la dependencia.

Insisten también en que, como en otros casos reportados, los sujetos que han participado en la ola de levantones que padece la población de Nuevo Laredo podrían ser impostores portando uniformes clonados.

Desde febrero del año pasado la Marina denunció el uso de vestimenta falsa y vehículos de imitación por parte de criminales que operaban en Reynosa. De acuerdo con esta autoridad, el propósito de esta suplantación sería “desprestigiar las acciones de apoyo a la seguridad pública que realiza el personal naval” en la frontera norte de Tamaulipas.

A través de un comunicado de prensa fechado a principios de febrero de 2017, voceros de la dependencia afirmaron que los falsificadores “tienen la intención de realizar actos ilícitos en contra de la población o autoridades, atribuyéndoseles citados hechos delincuenciales a esta institución”.

Un año después de aquellas declaraciones, la Marina retomó el argumento para defenderse de los señalamientos realizados por Naciones Unidas a propósito de una serie larga de expedientes relacionados con desaparición forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

La verdad detrás de esta réplica es de la mayor importancia: si bien es gravísimo que haya impostores tratando de imputar hechos delictivos a los elementos de la Armada de México, mucho peor sería que la dependencia mintiera.

La confianza depositada por la población sobre la Armada de México podría sufrir un daño difícil de restituir si, con estas explicaciones, terminara encubriéndose a los responsables de violar la Constitución.

De los 33 casos reportados como parte de esta ola de levantones en Nuevo Laredo hay dos que cuentan con evidencia visual sobre la participación de sujetos vestidos con presuntos uniformes de la Marina.

El primero es el de José Daniel Trejo García. Según refiere su esposa, Jésica Rodríguez Molina, la noche del martes 27 de marzo de este año un grupo de seis elementos de la Marina ingresaron por la fuerza a su domicilio. Se llevaron a José Daniel, junto con Gilberto Gaspar Vázquez, una persona indígena oaxaqueña que estaba en Nuevo Laredo mientras intentaba cruzar la frontera.

A diferencia de muchos otros testimonios, el de la señora Rodríguez cuenta con el respaldo de un video registrado, desde la calle, por una cámara colocada en una casa vecina. En él se observan, en efecto, al menos seis efectivos vestidos con uniforme militar. Todos llevan casco, coipa, cartucheras y armas largas. Tal vestimenta es a tal punto similar a la que ostentan los marinos responsables de la seguridad en Nuevo Laredo, que se entiende por qué la esposa del señor Trejo García podría haberse confundido.

El otro caso de testimonios apoyados por imágenes es el de José Luis Bautista Carrillo, un hombre de 33 años que fue presuntamente detenido el miércoles 16 de mayo por elementos de la Marina en el Yonke Pepes.

Según sus familiares, el sujeto fue sustraído durante un operativo en el que participó un grupo grande de marinos. Los familiares del desaparecido consiguieron realizar un video en el que se muestra a esos efectivos, vestidos exactamente con el mismo uniforme y equipamiento exhibidos por la señora Jesica Rodríguez para el primer caso.

El elemento retratado porta ropa de camuflaje color arena y verde, lleva coipa, casco y arma larga; tiene, además, sobre la cabeza, una cámara rectangular con la que podría estar grabando a sus interlocutores.

Nuevamente en este caso la vestimenta es a tal punto parecida a la que exhiben los marinos de la zona, que cuesta trabajo suponer la fabricación.

¿Son o no uniformes de la Marina los que aparecen en los videos presentados por los familiares de estas tres personas desaparecidas (José Daniel Trejo García, Gilberto Gaspar Vázquez y José Luis Bautista Carrillo)?

La pregunta es medular porque en los demás casos no hay imágenes sino testimonios oculares que aseguran haber presenciado la participación de elementos de la Armada de México vestidos tal cual aparecen en esos dos videos.

ZOOM: La credibilidad de la Marina está siendo cuestionada por un asunto que puede resolverse de manera sencilla, siempre y cuando en los casos arriba mencionados pueda probarse que fueron criminales disfrazados quienes perpetraron los levantones. De lo contrario, no habrá sido la tierra quien se tragó a las víctimas.
09 Agosto 2018 04:00:00
Los fueros de Elba Esther
Elba Esther Gordillo está libre porque no fue la justicia quien la persiguió estos cinco años, sino la política. Hace ya tiempo que las acusaciones penales en su contra eran insostenibles, pero permanecían las razones del poder. A partir de ahora, ni unas ni otras le atan las manos. Está libre para regresar por sus fueros.

Antes de que la detuvieran, la profesora Gordillo gozaba básicamente de cinco fueros extraordinarios. La pregunta principal del momento es si será capaz de recuperarlos: ¿La alianza que hizo con Andrés Manuel López Obrador, desde febrero del año pasado, le servirá para rescatarlo todo?

Los cinco fueros son: 1) control sobre la organización social más grande y poderosa de América Latina, el SNTE, que cuenta con más de un millón 600 mil afiliados; 2) control sobre la inmensa tesorería de esa misma organización; 3) control sobre una amplia red de maestros dispuestos a operar electoralmente a nivel local y nacional, la cual ha causado daños mayores a la democracia mexicana; 4) control sobre la política educativa y; 5) control sobre una buena parte del presupuesto educativo que es el más robusto en la administración pública.

Un lustro en prisión, una salud física mermada y dolores privados intensos, son argumentos suficientes como para suponer que la maestra pudiera preferir un regreso a la vida íntima y un retiro tan digno como pacífico.

Sin embargo, la manera y sobre todo la fecha de su liberación llevan a suponer otros escenarios. Con el gran talento histriónico que la ha caracterizado toda su vida, la profesora logró hacer coincidir la absolución de sus pecados judiciales con la entrega de la constancia al próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Hay quien asegura que detrás de esta coincidencia podría estar Enrique Peña Nieto, quien quiso arruinarle la fiesta a su sucesor; también hay quienes dicen que fue Andrés Manuel López Obrador el que influyó para que liberaran a la profesora.

Habría una tercera explicación más simple, y por tanto más creíble: instruido por su cliente, el abogado de Elba Esther Gordillo operó con el magistrado para que hiciera coincidir las fechas con el único propósito de generar un efecto mediático de amplias proporciones.

Y lo logró porque, desde ayer, el tema nos tiene a todo el mundo especulando. Tanto ruido ha provocado la coincidencia que la asunción de AMLO al grado de presidente electo pasó a segundo plano.

El cálculo político de Elba Esther no parece coherente con el que haría una mujer que está dispuesta a retirarse del poder, sino con la profesora de siempre –la estratega política que sorprende– y que tendría energía y ánimo para regresar por sus fueros.

En otras palabras, si el dilema de ella está entre el retiro y el regreso, la manera como escenificó su liberación tiene más relación con lo segundo que con lo primero.

Los observadores no habremos de esperar demasiado para resolver nuestras dudas. Si en el futuro gabinete de AMLO, concretamente en la Secretaría de Educación, hay personas próximas a la profesora, entonces el acuerdo político va más allá de su liberación.

Pero aún más importante, si Juan Díaz deja de ser cabeza del SNTE, y alguien próximo a la maestra ocupa su lugar, la profesora habrá logrado reencarnar una vez más.

ZOOM: ¿Será Elba Esther Gordillo fundadora de la Cuarta Transformación? Hay que decir que tiene amplia experiencia en esa materia; según su currículo participó antes en la transformación salinista, luego en la foxista y también en la calderonista. A la mejor y por su conocimiento en la materia la vuelven a contratar.
06 Agosto 2018 04:00:00
Alto a la fiesta criminal en Morelos
Mientras el futuro gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y el Comisionado de Seguridad en ese estado, Arturo Capella, disparan sin piedad declaraciones, el uno contra el otro, la violencia crece descontrolada.

El martes 24 de julio, a plena luz del día, una pareja fue ultimada por un sicario en la ciudad de Cuernavaca: primero fue tras el varón y luego alcanzó a la mujer, que había logrado refugiarse en una tienda de abarrotes.

Una semana más tarde, el martes 31 de julio, apareció en Cuautla el cadáver del líder campesino Romualdo Ixpango. Sus restos calcinados dan cuenta de un acto probablemente perpetrado por una organización criminal.

El viernes 3 de julio murió también Ricardo Alonso, colombiano que fue víctima de un linchamiento en el poblado de Tetela del Volcán. Las autoridades lo acusan, sin haber mediado juicio, de haber sido un extorsionador profesional.

La gravedad de la violencia en Morelos es tal que la semana pasada el gobernador electo de la entidad, Cuauhtémoc Blanco, se citó con Andrés Manuel López Obrador para solicitarle ayuda.

Desde su punto de vista, para solucionar el principal problema de Morelos solo queda que las fuerzas federales se hagan cargo de la seguridad.

“La gente está asustada… Hay secuestros, extorsiones, situaciones que para mí son lo peor”, declaró Blanco a la prensa y luego centró su crítica contra el Comisionado de Seguridad: Arturo Capella.

Mediante un comunicado público ubicó a este funcionario como el principal responsable: “Exijo al Comisionado… que cumpla con su trabajo y garantice a los morelenses, seguridad… y en caso contrario, que renuncie”.

Capella no nació ayer a la política, así que también acudió a los medios de comunicación para defenderse. El pasado viernes ofreció una entrevista radiofónica a Gabriela Warkentin, en el noticiario matutino Así las Cosas, de la W.

Declaró sin arredrarse que “(En Morelos) hay un vacío de poder”. Según su parecer es demasiado largo el lapso de noventa días que corre entre el día de la elección y el día en que Blanco será nombrado gobernador constitucional. Pero más grave es que exista “un rompimiento total y absoluto” entre la administración saliente y la entrante. “No se ha tenido ningún acercamiento”, porque Blanco no quiere.

En vez de escuchar lo que Capella tiene por decir, el gobernador electo ha decidido menospreciar al Comisionado, al tiempo que lo increpa y lo responsabiliza a través de los medios.

Le dijo también Capella a Warkentin que Blanco debería aprender de Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido respetuoso con quienes dejarán sus puestos el próximo mes de diciembre, justamente para evitar lo que está sucediendo en Morelos.

El razonamiento de Capella no merece el cesto de la basura. Si Blanco no quiere a ese comisionado, pues que desde ahora nombre a su sustituto; si no puede, pues que entable una conversación serena y colaborativa con ese policía, en vez de arrojarle macetas desde el balcón.

El peor escenario para los habitantes de Morelos es este que están viviendo: cuando las autoridades responsables de la seguridad que se marchan trenzan batalla contra las que van llegando, los ganones son los delincuentes.

Para nadie es novedad que Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco se detestan, ni que sus respectivos equipos han coincidido en el encono. Sin embargo, la situación de vacío que se produce por su menosprecio mutuo es inmoral y carece de justificación política.

ZOOM

Cuauhtémoc Blanco tiene todo el derecho de no ratificar a Alberto Capella como Comisionado de Seguridad en Morelos; sin embargo, está obligado a reunirse con él para enviar un mensaje contundente contra la fiesta criminal que el vacío político está provocando.
02 Agosto 2018 04:00:00
Bartlett y Clouthier
“Creo que había mejores opciones, pero que una persona no sea bien recibida no quiere decir que ya se acabó el país”, declaró Tatiana Clouthier a propósito del nombramiento de Manuel Bartlett Díaz como director de la CFE. La polémica levantó vuelo de inmediato: ¿por qué la excoordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador se atrevió a desafiar esta decisión del futuro presidente de México? Por congruencia, podría responder Clouthier, por congruencia con la historia familiar, con la versión que creyó su padre, Manuel J. Clouthier, hasta el día de su muerte.

Manuel Bartlett es un político polémico, lo ha sido siempre, y no es posible leerlo sin aproximarse con atención a los pliegues y matices de su biografía.

El hombre fue señalado como el principal responsable del fraude electoral supuestamente cometido en 1988, que cambió el curso político del país. Pero también ha sido, durante los últimos 15 años, el aliado de la izquierda, en concreto de Cuauhtémoc Cárdenas, en la defensa de la industria energética pública. Cuando Tatiana Clouthier refiere que Bartlett no era la mejor opción está obviamente pensando en las convicciones de su padre, y no así en las de López Obrador: su cabeza se encuentra en 1988 y no en 2018. ¿Cómo explicar que, 30 años después, la familia Clouthier mantenga tanto rencor contra Manuel Bartlett?

Ocurre que el candidato panista en 1988 tuvo la convicción de que el fraude cometido por el entonces Gobierno de Miguel de la Madrid no habría jugado para derrotar a su adversario de la izquierda, sino en contra suya.

Escribió varios artículos argumentando que el candidato presidencial del PAN no sacó 17% de los sufragios, en la elección de aquel mes de julio, sino bastante más. Sin embargo, porque Carlos Salinas de Gortari necesitaba un resultado contundente, tanto en los comicios para presidente como para el Congreso, la CFE –encabezada por Manuel Bartlett– habría maniobrado para arrebatarle votos con el objeto de entregárselos al candidato del PRI. En otras palabras, para asegurarle al PRI más del 50% del sufragio, el Gobierno le habría robado al tercer lugar para entregarle capital político al primero. Clouthier nunca creyó realmente que Cuauhtémoc Cárdenas hubiera ganado la elección, pero coincidió con el entonces candidato del Frente Democrático Nacional (FDN) en el sentido de que aquellos comicios habían sufrido de irregularidades graves.

Por esta razón Manuel J. Clouthier comenzó una huelga de hambre el jueves 15 de diciembre, en la Columna de la Independencia, para exigir una reforma electoral que impidiera repetir el fraude. Demandó, por ejemplo, darle autonomía al órgano electoral –crear el INE como hoy lo conocemos– y también la emisión de la credencial de elector con fotografía.

Hoy es una paradoja de la historia que Bartlett sea señalado como responsable de operar un fraude a favor de su principal enemigo político de esa época: Carlos Salinas de Gortari. Sobre todo porque, de haber sido Bartlett quien hubiera abanderado al PRI en esos comicios, muy probablemente Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo le habrían respaldado, en vez de rebelarse contra el sistema.

Mientras Salinas representaba la opción neoliberal del priismo, Bartlett era el precandidato de los nacionalistas revolucionarios. Acaso por ello los dos principales líderes del FDN no colocaron a Bartlett como el judas de la elección, como sí lo hizo Manuel J. Clouthier.

Esta incongruencia de la historia encontraría un ajuste en favor de la memoria, en noviembre de 2003, cuando Manuel Bartlett Díaz y Cuauhtémoc Cárdenas se presentaron juntos frente a las cámaras de la prensa, con el propósito de anunciar un frente unido en contra de las reformas energéticas privatizadoras del presidente Vicente Fox.

Sólo los ingenuos se preguntaron qué hacían esos dos señores codo a codo: a pesar del 88 y de la especie que ubicó a Bartlett como el gran demonio del fraude, Cárdenas decidió presentarlo como un aliado político de la izquierda.

Como se ha dicho bastante por estos días, no fue López Obrador quien reivindicó primero a este político poblano, sino el principal candidato defraudado del 88.

ZOOM: Nadie ha dado la batalla con mayor enjundia en contra de la lógica empresarial que se desentiende de la energía como asunto de seguridad nacional. El nombramiento de Manuel Bartlett es un mensaje político sobre el cambio que el Gobierno entrante tiene previsto en la política energética. Habrá prometido López Obrador que, al respecto, no se celebrarían reformas constitucionales (en los próximos 3 años), pero nunca ofreció que apartaría del tema a sus principales opositores.
26 Julio 2018 04:00:00
Exportadores ricos, trabajadores pobres
Hacen el mismo trabajo, tienen capacidades muy similares, son igual de productivos, entonces ¿por qué, mientras un obrero en Estados Unidos gana 35 dólares por hora, el mexicano ingresa menos de 3 dólares por el mismo tiempo trabajado?

Uno, porque los primeros están organizados dentro de un sindicato que defiende sus intereses, mientras que los segundos no cuentan con ese privilegio.

Dos, porque a diferencia de los estadunidenses y los canadienses, los líderes sindicales mexicanos son socios o empleados de los empresarios y ese conflicto de interés no tiene consecuencias.

Tres, porque el Gobierno mexicano ha tenido preferencia sistemática por los intereses de los empresarios y cree con obcecación en que la competitividad mexicana debe sostenerse a partir de pagar salarios miserables.

Las mismas razones que mantienen deprimido el ingreso de los trabajadores son las que permitieron que, durante las rondas anteriores para la renegociación del TLC, el tema de la homologación salarial fuera marginado.

En julio del año pasado, dos líderes canadienses, Jerry Dias, cabeza de la Unifor, y Denis Williams, dirigente del sindicato automotriz, publicaron un texto en The New York Times que pretendía desafiar al Gobierno mexicano.

Ahí acusaron a la CTM de estar coludida para lastimar los derechos de los asalariados y mantener las condiciones laborales de los mexicanos muy por debajo de los estándares estadunidenses.

Para ambos sindicalistas, la renegociación del TLC debía incorporar un mecanismo de arbitraje laboral para combatir la injusticia impuesta por los mexicanos en contra de los trabajadores de los tres países.

Frente a esta iniciativa, tanto los negociadores del Gobierno mexicano como sus amigos empresarios del cuarto de al lado hicieron como si no oyeran. Sin embargo, por lo bajo no paraban de repetir que, de incrementarse los ingresos de los trabajadores en nuestro país, industrias como la textil o la automotriz terminarían migrando a China y otros países dispuestos a precarizar la mano de obra.

Ayer, sin embargo, con la visita de Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, quedó claro que este tema comenzará a moverse en una dirección distinta. Después de la reunión que esta funcionaria sostuvo con Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, el futuro canciller mexicano anunció que uno de los temas principales de la renegociación del TLC será la homologación salarial.

No sólo Jerry Dias o Denis Williams estarán felices por lo que ayer escuchamos, sino que deberían estarlo los miles de trabajadores de la industria manufacturera mexicana de exportación, cuya existencia está a punto de cambiar.

Sería falso prometerles que a partir de diciembre sus salarios pasarán, por hora, de 3 a 35 dólares, pero al menos dejarán de estar anclados a la baja.

La homologación salarial pasa, como propusieron Dias y Williams, por la creación de un órgano trilateral responsable de arbitrar contra las asimetrías injustas del salario, con el objeto de resolver la sistemática discriminación responsable de que, en América del Norte, a trabajo igual se pague un salario desigual.

No es cierto que esta asimetría se deba a argumentos de orden económico: ha sido la política sindical del Gobierno mexicano y la sociedad malsana entre las élites empresariales y los gobernantes, los dos motivos que, de un lado, han maltratado a los trabajadores de la industria exportadora mexicana y, del otro, han enviado a la calle a los obreros de Canadá y Estados Unidos.

Si Ebrard y su jefe, Andrés Manuel López Obrador, abrazan como principio una homologación justa de los salarios en la renegociación del TLC, otra será la cara de Norteamérica.

ZOOM: Promover la homologación salarial significa pelearse con los negociadores que, desde el sector empresarial mexicano, han estado participando en las rondas del TLC. ¿Será que el mandato en las urnas alcance para que el futuro gobierno logre un arreglo más justo? Crear la comisión tripartita de arbitraje en materia laboral es la clave para responder a esta pregunta.
19 Julio 2018 04:00:00
No habrá amnistía
Es imposible prometer el perdón a nombre de terceras personas. Andrés Manuel López Obrador dice que no es un hombre rencoroso, pero él no es el único mexicano que carga con agravios en contra del Gobierno saliente y, por tanto, no importa cuánto quiera hacer o deshacer, una vez que ocupe la silla presidencial, los reclamos y las demandas de justicia harán pronta y tremenda erupción.

Apenas ayer el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua, cuando el priista César Duarte era gobernador, esquilmó a cientos de funcionarios públicos con reducciones a su salario para financiar al Revolucionario Institucional.

La investigación del INE no podría haber llegado a buen puerto sin las delaciones que comenzaron a fluir después de la estrepitosa derrota del PRI. Este es sólo un botón de muestra de lo que podría esperarse: una vez que se debiliten los controles sobre el poder que todavía ejerce Enrique Peña Nieto, las acusaciones en contra de su Gobierno, en contra de sus principales aliados, serán avalancha.

Ni Andrés Manuel López Obrador, con todo y su imbatible popularidad, podrá oponerse a lo que viene. Los expedientes más tetanizantes de la actual Administración aguardan para emerger con potencia: Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, Nochixtlán, casa blanca, Seguritech, Iusa, Nutriwell, Higa, OHL, Odebrecht, por mencionar sólo algunos, son asuntos con muchas ganas de alcanzar la superficie.

Un síntoma del pánico que recorre los pasillos de la Administración saliente son los más de 100 recursos que distintas dependencias del Gobierno federal presentaron en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado, que ordenó la creación de una comisión independiente para investigar el caso Ayotzinapa.

Ayer también, mientras el INE confirmaba las trapacerías de Duarte, el magistrado Sabino Pérez García, azuzado por el titiritero de siempre, combatió la decisión del colegiado afirmando que la comisión investigadora era materialmente improcedente. Pérez García quedará como uno de los últimos integrantes del Poder Judicial Federal que haya intentado salvar lo insalvable.

La investigación sobre los normalistas desaparecidos fue un desastre porque así se decidió desde Los Pinos. Tal desaseo no tuvo como autor al caos, sino a responsables de carne y hueso que, rebasando sus facultades, terminaron protegiendo a los culpables y evitaron que se hiciera justicia.

No sólo Tomás Zerón, nefasto director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), tendría que enfrentar consecuencias por sus actos, también los mandos militares del Batallón número 27, así como las autoridades estatales responsables de la seguridad y la procuración de justicia.

En política, el orden de los factores sí altera el producto: AMLO arrasó en las urnas porque fue el candidato mejor situado para aprovechar la ola de repudio al Gobierno saliente; con habilidad supo capitalizar la caída de un presidente, Enrique Peña Nieto, que se retirará con menos del 20% de aprobación.

Sin embargo, AMLO cometería un error grave si intentara convertirse en obstáculo para que esa ola reviente en las playas de la justicia. Los agravios son tantos que no es posible pretender amnesia, ni a su prima hermana: la amnistía.

Tal como sucedió con el caso Chihuahua y el INE, tal como el Tribunal Colegiado hizo con el caso Ayotzinapa, así veremos transitar, por las vías institucionales, los agravios y los reclamos que antes erosionaron la estima por el Gobierno que parte.

ZOOM: López Obrador engañó con la verdad cuando dijo que no era un hombre rencoroso, porque lo hizo conjugando en primera persona del singular; en la realidad él no podrá frenar a ese inmenso nosotros que quiere ver culpables frente a cada arbitrariedad cometida y cada macronegocio corrompido.
12 Julio 2018 04:00:00
AMLO pacta con una Fiscalía que Sirva
Cuando Andrés Manuel López Obrador dijo que desconfiaba de la sociedad civil, prácticamente todas las organizaciones se pusieron el saco. Sin embargo, empieza a quedar claro que, como en todo, aquí también hay distingos. Tres integrantes del equipo del virtual presidente electo se reunieron ayer con la red de organizaciones agrupadas en el colectivo autodenominado Por una Fiscalía que Sirva. El resultado fue, según las dos partes, bastante positivo en términos de confianza y compromiso para trabajar juntos.

Los representantes del equipo de transición fueron Tatiana Clouthier y Zoé Robledo, así como la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien se incorporó hacia el final del evento.

Antes de que se celebrara este encuentro tenían fracturas los puentes entre esta red de organizaciones y el futuro grupo gobernante. Durante la campaña hubo temas en disputa, como el cuestionamiento por parte de los líderes de Morena sobre la pretensión de la sociedad civil de querer abrogarse la facultad de nombrar al futuro fiscal.

En revancha, los voceros de una Fiscalía que Sirva se habían expresado en contra de un pacto eventual entre la Administración saliente de Peña Nieto y López Obrador para dar un albazo, reformando la ley orgánica y nombrando un fiscal a modo, de ambas partes, antes de septiembre de este año.

La reunión de ayer sirvió para conjurar ambos fantasmas: ni las organizaciones quieren nombrar al fiscal, ni AMLO celebró un acuerdo con los priistas para resolver a la mala la futura Fiscalía General de la República. La conversación fluyó porque los asistentes al encuentro adoptaron tres puntos de entendimiento básico: primero, que el proceso de designación de la persona que ocupará la cabeza de la Fiscalía no puede ser la única ni la principal preocupación; segundo, que es muy importante el modelo de procuración de justicia surgido de la futura ley orgánica y; tercero, que ese modelo debe nacer de un consenso lo más amplio posible, donde estén incluidos no sólo los actores del gobierno entrante y las organizaciones que participaron en la reunión, sino un número más extenso de interlocutores, tanto de la oposición como de otras geografías de la sociedad civil.

En el pasado, el proceso de designación del fiscal enfrentó al Gobierno con esta red de organizaciones. Fue larga y difícil la batalla en contra de que el presidente Peña Nieto dejara a un amigo suyo al frente de la nueva institución. No era aceptable que la autoridad saliente quisiera cuidarse las espaldas imponiendo un cómplice al frente de la fiscalía naciente. Esta tensión se resolvió con la renuncia de Raúl Cervantes y el nombramiento de un procurador interino, de cuyo nombre no vale la pena siquiera acordarse.

Por una Fiscalía que Sirva propone que el Senado, cuya mayoría es de Morena, nombre una comisión de designaciones responsable de explorar perfiles para proponer al próximo presidente de México una terna de la cual surja la propuesta del Ejecutivo para la cabeza de la fiscalía. Se trata de una iniciativa que busca involucrar a los actores relevantes –Legislativo, sociedad civil y Ejecutivo–, lo cual en ningún modo podría ser interpretado como el arrebato de una potestad que corresponde a los poderes formalmente constituidos.

Otro asunto mencionado fue la relevancia de constituir un servicio profesional de carrera, dentro de la futura fiscalía, para que todos los demás nombramientos –que podían ser incluso más importantes que el de su cabeza– se celebren a partir de criterios no partidarios, ni esencialmente políticos, sino respetando capacidades técnicas y garantías éticas. El propósito sería desterrar tanto el amiguismo como la politización de la justicia y, desde luego, erradicar la corrupción.

La discusión sobre el modelo de justicia penal inscrito en la ley orgánica concitó también acuerdo. No se trata sólo de diseñar el cascarón formal de la futura fiscalía, sino la materia jurídica que orientarían la actuación de los funcionarios que vayan a integrarla.

ZOOM: hay distintas clases de sociedad civil; ayer, el futuro gobierno dejó en claro que con Una Fiscalía que Sirva va a trabajar de manera estrecha. En cambio, otros actores tradicionales de la fotografía política, como, por ejemplo, Isabel Miranda de Wallace o Alejandro Martí, estuvieron ausentes. ¿Será que el deseo de consenso es tanto que también a ellos se les invitará a participar?
05 Julio 2018 04:00:00
¿Reconciliación total con los empresarios?
Ayer por la mañana, antes de que se celebrara la reunión entre Andrés Manuel López Obrador y la cúpula empresarial mexicana, una reportera preguntó a Valentín Díez Morodo, el más priista de los patrones mexicanos, si habría reconciliación total entre el futuro presidente y el sector privado. Él respondió, “no sé qué es eso”.

Minutos más tarde, el gran triunfador de la contienda del domingo pasado llegó a la reunión en un Volkswagen Jetta, modelo 2010, cuyo valor no rebasa los 98 mil pesos. Lo hizo en punto de las 8:30 de la mañana, al hotel Camino Real de la Ciudad de México, y tardó un tiempo largo en acceder al salón porque varias decenas de personas querían saludarlo, entregarle una carta, felicitarlo, tocarlo, mirarlo con proximidad.

La reunión de trabajo duró dos horas y fue a puerta cerrada. La información compartida con el público se entregó durante una conferencia de prensa celebrada al término del evento, conducida por Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el candidato presidencial electo.

Ahí López Obrador precisó que la reunión se había caracterizado por una actitud mutua de confianza. Alfonso Romo, futuro jefe de la oficina del Presidente, fue más lejos: “ya nos queremos todos, estamos en una luna de miel que durará seis años”. Y luego preguntó: “¿no han visto el tipo de cambio?”

Las distancias que había comienzan a acortarse. Sería falso decir que son amigos, más difícil suponer que son socios: no es fraternidad sino respeto lo que pudo observarse en este encuentro. Cerrado el proceso electoral, la etapa para los pleitos terminó y a todas las partes les conviene trabajar coordinadamente.

La agenda de temas la puso el político tabasqueño: formuló como primera acción conjunta un programa para el primer empleo de los jóvenes, financiado con recursos del Gobierno; becas para 2 millones 600 mil jóvenes que ingresarían a laborar sin costo para las empresas, con el fin de adquirir experiencia y capacitación.

Los empresarios no respondieron con una contraoferta para que el programa se potencie, pero recibieron bien la iniciativa.

El otro tema expuesto por el candidato electo fue la extensión, a todo el país, del programa de apoyo para adultos mayores, de tal manera que los ingresos recibidos por este sector sean similares, independientemente de la entidad federativa.

En conjunto, ambos proyectos costarían 150 mil millones de pesos, cifra que representa un tercio más del monto asignado actualmente al programa Prospera. Ante la pregunta obligada de los líderes empresariales, sobre el origen de los recursos para financiar la costosa iniciativa, López Obrador respondió que conseguirá fondos suficientes a partir de la austeridad que impondrá sobre su Administración, “lo haremos, aunque nos quedemos sin camisa”, advirtió seguro de sus matemáticas.

Valentín Díez Morodo no fue entrevistado al finalizar el evento, pero sus pares empresarios contrastaron por su entusiasmo: de toda evidencia hubo reconciliación.

Alejandro Ramírez, cabeza del Consejo Mexicano de Negocios, se dijo “optimista por lo que pueden hacer el sector privado y el nuevo Gobierno”. Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México, festejó el discurso de López Obrador porque ofrece las condiciones de certidumbre que el sector financiero necesita para ser motor de desarrollo. Moisés Kalach, responsable del CCE para la renegociación del TLC, se dijo contento porque habrá continuidad institucional del Gobierno entrante a los trabajos realizados por la actual
Administración.

Al parecer, la peor pesadilla del sector empresarial ha sido conjurada. El CCE nació en los años 70 del siglo pasado como un organismo cúpula diseñado por los empresarios más ricos del país para enfrentar un pleito amargo y severo con el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez.

Desde entonces baila en ese organismo el fantasma de aquel político que tanta desconfianza provocó y López Obrador encarnó a ese fantasma de su cabeza, durante las últimas tres elecciones.

ZOOM: ¿Será que por fin el divorcio ha sido enterrado? Por lo pronto, la transición política comienza más tersa de lo que se anunció durante la campaña. Si AMLO y los empresarios alimentan con consistencia la confianza y la certidumbre, esto significaría una invitación amplia para que el resto de quienes habitamos el país aportemos lo propio.
28 Junio 2018 04:00:00
El voto: ¿desigual o parejo?
La contienda cierra entregando una mayoría amplia en la elección presidencial para Andrés Manuel López Obrador. De aquí al domingo, difícilmente habrá una sorpresa en la elección más importante. Lo que no está claro es si el electorado va a apoyar en todo lo demás al triunfador, o dividirá su voto para acortar su poder.

Según las últimas encuestas, el sufragio dividido iría ganando sobre el voto parejo: mientras AMLO lograría un techo de 47%, los diputados de Morena toparían en 40% (Mitofsky, junio 18).

Contrastan los resultados de la coalición encabezada por Ricardo Anaya porque, según la misma fuente, el candidato quedaría alrededor de tres puntos por debajo con respecto al voto que lograrían sus legisladores. Por su lado, en el caso de José Antonio Meade, el sufragio sí sería parejo: 23.5% del abanderado contra 22% de los diputados.

De acuerdo con otra encuesta (Reforma, junio 27), mientras las preferencias electorales del candidato de Morena habrían crecido, entre el 1 y el último día de mayo (votación efectiva) –de 48% a 52%–, los resultados previsibles para los diputados de Morena habrían decrecido cinco puntos: de 42% a 37 por ciento. En cambio, para el Congreso las preferencias de las otras dos coaliciones se habrían mantenido sin movimiento.

Las personas que votarán por López Obrador tendrán dos decisiones pertinentes: primero, entregar el voto parejo de tal manera que el próximo Presidente de la República cuente con un margen holgado para emprender los cambios prometidos, o bien, desigualar, de tal manera que AMLO, a partir de diciembre, enfrente contrapesos que lo obliguen a negociar con las oposiciones.

La segunda decisión, quizá la más difícil, sería aquella que tiene que ver con la oposición elegida para equilibrar al poder presidencial. De acuerdo con la última encuesta de Reforma, los partidos de oposición (a Morena) que mayor posibilidad han mostrado en esta contienda para crecer en el Congreso son Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y el Partido Verde. En cambio, el PRD sufre la peor caída de su historia –podría terminar la jornada con menos de 4% de las preferencias– y el PRI no está encontrando electores nuevos con quienes superar la barra de los 20 puntos.

Si todo se mantiene igual, dos de cada 10 electores que votarán por AMLO emitirán un voto dividido, y los restantes ocho mantendrán lealtad pareja hacia Morena. Los primeros creen en el candidato, pero no en su partido; los segundos están dispuestos a entregarle, sin distinguir, todo el amor y el dinero al movimiento y su abanderado.

En la misma encuesta de Reforma (junio, 27) se ofrece una serie de datos que permiten comprender el estado de ánimo ciudadano, a unos cuantos días de la elección: López Obrador aparece como el candidato presidencial más confiable para combatir la corrupción (47%), más capaz también para gobernar (42%), más apto para mejorar la economía (41%) y la seguridad (37%), pero al menos un tercio del electorado cree que podría desestabilizar al país.

Este último dato contrasta con la percepción generada en el mismo sentido por Ricardo Anaya –solo 9% cree que este otro candidato presidencial sería un problema para la estabilidad– o por José Antonio Meade (21% lo considera como un factor desequilibrante).

Son estos últimos números los que explicarían por qué hay un voto a favor del candidato López Obrador, que está calculando votar diferenciado: son los que piensan que es necesario el contrapeso para disminuir la probabilidad de inestabilidad.

Los mismos datos permiten predecir que serán dos partidos de la coalición Con México al Frente, el PAN y MC, quienes se llevarían un buen trozo del voto que confía en AMLO, pero no en Morena.

ZOOM: Andrés Manuel López Obrador será el próximo presidente de México, pero como sus antecesores –desde 1997–, él también tendrá que negociar con las oposiciones para poder sacar adelante sus propuestas de cambio, sobre todo las más ambiciosas.
21 Junio 2018 04:00:00
El día después
Cabe temer que la confrontación no se detenga el día después, que la polarización se prolongue, que la intolerancia se instale, que el lenguaje violento haga imposible la conversación, que se asfixie la crítica, que se destierre la diferencia.

El ambiente hostil que ha marcado a esta contienda no es democrático, si definimos democracia como lo hizo John Stuart Mill: como el gobierno mediante el diálogo.

La estridencia de los extremos está haciendo imposible el intercambio entre razones diferentes: predominan la descalificación, el insulto, la condescendencia, la arrogancia y la insolencia. Somos una comunidad que normalizó el lenguaje violento.

Los más optimistas creen que, después del 1 de julio, regresarán las aguas bravas a la calma; como por arte de magia el triunfo de un nuevo líder para la República hará que la fiesta se imponga sobre la tragedia.

En el otro polo, los pesimistas tienen miedo; temen que el triunfalismo encabronado los arrolle, los acose, los extermine. El megáfono que ha proferido ataques sin contención, durante estos meses de campaña se asoma apenas como una probada de lo que podría venirse después.

Quienes nos dedicamos al oficio periodístico también nos inquietamos porque, el día después, podría ser tierra agreste para hacer nuestro trabajo, contexto ingrato para nuestro oficio, que es esencialmente incómodo para el poder.

Esta campaña ha sido hostil para el pensamiento crítico porque, sin importar los méritos o las bases de cada argumento, se descalifica haciendo pedazos al emisor con adjetivos a la vez venenosos e infantiles, sin que las razones alcancen gravedad ni respeto por el hecho de haber sido expresadas desde la diferencia.

No hay voz en la política que se haya comportado decente en esta temporada electoral: desde las barbaridades de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, que propone cortarle la mano a los corruptos, o la facilidad con que el disidente es acusado de pertenecer a “la mafia del poder,” pasando por la rabia con que se promete meter a la cárcel al Presidente saliente, o el al estribillo oxidado del peligro para México.

La clase política está convencida de que todo se vale durante el proceso electoral porque desconoce que las palabras son recurso privilegiado para movilizar estados de ánimo, y por tanto para construir o destruir realidades.

Hay una liga directa entre la violencia verbal y la violencia física: la hay entre los más de 100 candidatos asesinados en esta contienda y la capacidad de los liderazgos políticos para exacerbar el desprecio por el otro.

El día después tendrá como principales necesidades una escoba y un recogedor, porque la irresponsabilidad de la política dejará un inmenso tiradero.

Por eso, el día después es una iniciativa brillante, promovida por el actor Diego Luna y otros mexicanos, para conjurar la polarización, la violencia y la intolerancia, para asegurar que la crítica sobreviva y para promover el diálogo plural y respetuoso, independientemente de quién salga triunfador en las urnas.

Para enfrentar los grandes desafíos serán necesarios lo puentes y no los barrancos; el día después es una iniciativa que pide, a cada persona, hacerse responsable de construirlos.

Diego Luna ha hecho un llamado a la clase política para que, el día después, detenga su rijosidad, pero también nos ha dedicado a los medios un argumento elocuente: porque el periodismo igual moviliza el lenguaje, nuestro oficio puede reconciliar a la sociedad mexicana, o bien continuar apartándola.

ZOOM: la libertad de expresión tiene al pensamiento crítico como motor y como faro en el horizonte crecer la coexistencia pacífica entre los diferentes. El día después será crítico para construir paz, tolerancia y respeto a la diversidad, o no habrá día después.
14 Junio 2018 04:07:00
Anaya aniquilado
Son muchos los que están dispuestos a hacer cualquier cosa para anular políticamente a Ricardo Anaya Cortés. Cada día crece más la lista de enemigos que quieren verlo, no sólo derrotado en las urnas, sino enterrado de manera definitiva.

Ayer la Comisión Permanente del Congreso, a instancias de los representantes del Partido Verde y del PRI, aprobó un punto de acuerdo para exigir a la PGR que, antes de 10 días, entregue un avance de las indagatorias que esa institución tiene en contra del candidato de Por México al Frente.

Es decir que la Procuraduría habrá de argumentar, siete días antes de la elección, si las acusaciones contra Ricardo Anaya tienen sustento.

Para el PRI es fundamental que Anaya caiga al tercer lugar de la contienda, y sus dirigentes no han perdido oportunidad para señalarlo como el político más corrupto de la temporada.

Los expedientes en su contra se apilan sobre las mesas de redacción de varios medios y quien los elaboró trabaja y cobra para el Gobierno federal.

La penúltima bomba para hacer estallar la opción de Anaya fue la difusión de supuestas grabaciones inculpándolo por lavado de dinero. La última será la publicidad de una indagatoria ministerial que, sin estar terminada ni probada, muy probablemente hará enorme daño.

En este tiempo bajo la metralla, Ricardo Anaya no logró defenderse con contundencia. El hecho de que haya participado en un negocio inmobiliario cuantioso, a propósito de la nave industrial donde está involucrado el señor Manuel Barreiro, lo puso en una situación vulnerable que sus adversarios han utilizado sin piedad.

Hay una primera lección en todo esto: no es posible ser el principal alguacil anticorrupción, y sobre todo no es pertinente enfrentar al jefe del Estado mexicano, si se tienen negocios difíciles de explicar.

Pero no sólo el presidente y su partido quieren ver a Anaya expulsado de la vida política mexicana. Se suman también panistas y expanistas, que ya calculan la derrota en estos comicios y sobre todo la oportunidad que tendrán para hacerse de la dirigencia del PAN.

Los senadores Roberto Gil Zuarth o Ernesto Cordero, el gobernador Francisco Domínguez, el exgobernador Rafael Moreno Valle o el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, entre muchos otros, quieren ver a un Anaya hecho garras, porque entonces se les abrirá grande la puerta para participar en las negociaciones con el futuro gobierno.

A Peña Nieto y los panistas, se suma obviamente Andrés Manuel López Obrador y los morenistas, como enemigos de Ricardo Anaya. Los últimos están conscientes de que, en el hipotético caso de que el queretano quedara a pocos puntos de distancia, el PAN se convertiría en una fuerza incómoda para el nuevo gobierno.

En cambio, la derrota de Anaya dejaría sin dientes a la oposición conservadora, al menos mientras se canibalizan entre sus distintos liderazgos. El cálculo es preciso: si “Anayín Canallín”, como lo apodó AMLO, recibe menos de 20% de la votación, Morena reinará sin contención ni límite en el Congreso y en una vasta geografía de la política local.

Ciertamente son demasiados enemigos y lo peor es que Anaya se mira cada día más solo.

A excepción de Jorge Castañeda, su coordinador de campaña, Diego Fernández de Cevallos, su más combativo defensor, y Santiago Creel, su estratega político, el resto de los integrantes del Frente parecen haber tomado también distancia.

ZOOM: Morena será hegemónica porque las oposiciones se han desfondado: el PRI es merecedor del más alto castigo y, en su intento desesperado por no dejar a Anaya llegar en segundo lugar, ambas fuerzas terminarán juntas y en la misma cuneta.
07 Junio 2018 04:00:00
El extraño caso del señor Levy
De plano es difícil comprender la trama. ¿Buscó o no el equipo de Andrés Manuel López Obrador al economista Santiago Levy para que se incorporara a su posible gobierno? La pregunta es sencilla y merece una respuesta puntual.

El día 29 de marzo de este año, el señor Gerardo Rodríguez escribió un mensaje en Twitter advirtiendo a Gerardo Esquivel, el asesor estrella de AMLO para los temas económicos: “Santiago Levy en busca de chamba con el Peje. Ojo tocayo @esquivelgerardo que no te vayan a rebasar por la derecha”.

A este mensaje Esquivel respondió casi de inmediato: “Pues ojalá que ahora que deje el BID se anime a venirse a México. Será muy bienvenido. Gente como él hace falta en nuestro país”.

No han pasado ni tres meses de este intercambio en Twitter y sin embargo algo fundamental cambió. En marzo era irrelevante que Levy hubiese sido profesor del ITAM, también que hubiera sido subsecretario de Hacienda durante el gobierno neoliberal de Ernesto Zedillo Ponce de León, o director del Instituto Mexicano del Seguro Social del gobierno conservador de Vicente Fox.

Cabe suponer que los trabajos académicos más recientes de Levy, en particular su extraordinario libro Buenas Intenciones, Malos Resultados, superaban en mérito la currícula previa. Acaso también valoró el equipo de AMLO la posición que actualmente ocupa Levy dentro de la muy pequeña élite financiera mundial: es vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

Es obvio que Levy estaba siendo considerado para incorporarse de alguna manera al equipo de gobierno de quien muy probablemente será el próximo presidente de México. De otra manera, ¿para qué querría el asesor económico estrella de AMLO que se regresara al país?

Ésta es la pregunta principal y, acaso, la que mayor confusión produjo. Dado que Levy ya fue subsecretario de Hacienda, habría sido ingenuo, por no decir inaceptable, que le propusieran repetir en ese cargo.

A ese exprofesor del ITAM le ofrecieron otro puesto más importante: a Santiago Levy lo buscó el equipo de López Obrador, sin que su itamismo, su neoliberalismo ni su conservadurismo fueran argumentos relevantes.

¿Por qué, entonces, ante la especulación de que podría ser el futuro secretario de Hacienda con López Obrador, Gerardo Esquivel escribió el lunes pasado, también a través de su cuenta de Twiter: “Veo que ya hay quienes piden aplicar el Gatopardismo económico: que todo cambie para que nada cambie. Lamentable?”.

¿Por qué, horas después, volvió a tuitear: “Perdida la presidencia, sálvese el modelo el sueño guajiro de los neoliberales (y de sus acólitos)”?

Primero se le pide a un neoliberal que regrese a la patria y luego se señala a quienes consignaron el hecho como gatopardistas, acólitos neoliberales y soñadores guajiros.

Aquí no hay fake news creada para destruir a nadie ni acusar a nadie. La propuesta de Levy como secretario de Hacienda sonaba lógica en un contexto de incertidumbre económica provocada por la guerra arancelaria que el gobierno de Donald Trump ha emprendido contra nuestro país. Un acto de gradualismo para una transición económica que, con o sin Levy, terminará ocurriendo.

ZOOM: Fue el equipo de AMLO quien echó a andar el rumor y fue el candidato presidencial de Morena quien lo mató: Carlos Urzúa fue ratificado para encabezar la Secretaría de Hacienda. Ya entendimos, y sin embargo la duda flota: ¿por qué buscaron a Levy y luego lo desecharon? O habrá sido al revés: ¿el neoliberal despreció la oferta?
04 Junio 2018 04:10:00
Si gana AMLO, un neoliberal para Hacienda
No estamos para sobresaltos. La economía mexicana aguantaría poco si varios meteoritos la atacan al mismo tiempo, y todo parece indicar que éste será el caso. Por eso, una decisión fundamental del candidato presidencial que resulte triunfador será el nombramiento de la persona que ocupará la secretaría de Hacienda.

La semana pasada vivimos una probadita de lo que se nos viene con las decisiones arbitrarias que Donald Trump está tomando a propósito del Tratado de Libre Comercio. Los aranceles unilaterales sobre acero y aluminio que impuso a México, entre otros países, hicieron que la moneda se resbalara rápido hacia la devaluación.

Este fenómeno seguirá ocurriendo porque, contrario a lo que suponen las autoridades mexicanas, la Casa Blanca no va a negociar en serio, de aquí a las elecciones estadunidenses del próximo mes de noviembre. El magnate ya encontró que es más redituable aplicar medidas quirúrgicas para congraciarse con electores precisos que avanzar hacia una negociación general.

Cabe esperar que otra mañana cualquiera nos encontraremos con que el aguacate mexicano va a pagar 20% de aranceles o que nuestras pantallas planas se venderán un tercio más caras del otro lado de la frontera.

Y cada vez nuestra moneda se correrá, y cada vez la amenaza a la estabilidad económica del país será peor. Si bien es cierto que el Banco de México cuenta con reservas para enfrentar estos embates, arrojados desde Washington, también lo es que los indicadores de deuda pública no son los más saludables.

Flota obviamente en la atmósfera la peligrosa transición presidencial ocurrida en 1994, cuando el paso de un gobierno a otro se hizo tan torpe que nuestra economía terminó arrojada al cubo de la basura.

En 2018 todos los aspirantes a presidente deberían estar preocupados por no repetir aquella historia. Si hay elementos de nuestra economía que, como en aquel entonces, estuvieran sostenidos por alfileres, mejor sacar a tiempo los clavos de acero para conjurar otro descalabro.

¿Qué clavos de acero hacen falta? Primero, una transición conversada con los pocos que sostienen el poder económico mexicano, cuya capacidad para hacer daño es peligrosamente atómica. Cabe recordar que el 10% más rico es dueño de entre el 60 y el 65% del patrimonio nacional.

Apesar de lo tentador que sería modificar radicalmente esta injusticia, tal batalla tendrá que esperar. En esta coyuntura –por lo menos de aquí a que el TLCAN se renegocie (o se tire a la basura)– es pésima idea pelearse con ese selecto grupo de señores.

Segundo, resulta fundamentalenviar una señal contundente a los mercados nacionales e internacionales sobre quién será la persona responsable de conducir las finanzas del futuro gobierno.

Un error grave, cometido en 1994, fue despedir demasiado pronto al entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe. El presidente Ernesto Zedillo no estuvo dispuesto a conceder la permanencia de ese funcionario porque no confiaba en su antecesor.

Sin embargo, esa decisión política terminó haciendo explosión, cuando los mercados no le entregaron su voto de confianza a Jaime Serra Puche, al tiempo en que el flamante secretario cometía errores de párvulo con respecto a la necesaria devaluación de la moneda.

En elremoto caso de que José Antonio Meade ganase la contienda, la permanencia de José Antonio González en Hacienda resolvería esta parte de la ecuación. En cambio, si el triunfador fuera Ricardo Anaya, vale subrayar que, a estas alturas de la campaña, el país continúa a ciegas con respecto a la persona que ocuparía este cargo fundamental.

Dados los resultados arrojados por la mayoría de las encuestas, el tema más preocupante es la propuesta de secretario de Hacienda que ha presentado Andrés Manuel López Obrador: Carlos Urzua tiene méritos incontables, pero no es uno de ellos ser un sujeto que aporte tranquilidad a los mercados, por el sólo hecho de que jamás ha ocupado un cargo relevante en la complicada secretaría de Hacienda; su paso por la academia ha sido más largo que el tiempo gastado en la trinchera.

En talcircunstancia, AMLO debería reconsiderar esta opción y pedirle a Urzua que espere a ver tiempos mejores, en calidad de subsecretario del ramo. En su lugar habría de pensarse en una figura que trascienda facciones, que conozca bien la nave y que pueda comunicarse con confianza y eficiencia, hacia dentro y hacia fuera.

ZOOM: No va a ser del agrado de los votantes y seguidores de AMLO, pero si Trump sigue atizando el avispero, veremos en breve como propuesta para la secretaría de Hacienda, de la coalición Juntos Haremos Historia, a un financiero tradicional, surgido de las filas del neoliberalismo, acaso un itamita, un exdirector del Banco de México, un funcionario del Fondo Monetario Internacional, o algo parecido.


31 Mayo 2018 04:00:00
Becado en España por espiar para el Gobierno de Peña
Roberta Lajous Vargas, embajadora de México en España, aparece en primer plano. A sólo dos lugares de ella está sentado Eugenio Ímaz Gispert, hasta hace muy poco director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Otros nueve funcionarios de la embajada también sonríen frente al lente de la cámara.

La fotografía fue publicada a través de la plataforma Twitter, el martes 8 de mayo. Según el mensaje que la acompaña, la reunión consignada tuvo como propósito capacitar al personal de la Cancillería sobre temas relacionados con los próximos comicios.

¿Qué hace Eugenio Ímaz en Madrid? Pues resulta que el antiguo responsable de la inteligencia del Estado mexicano ingresó, con sigilo y por la puerta de atrás, a trabajar para la Secretaría de Relaciones Exteriores, con rango de ministro y un sueldo de 7 mil euros al mes.

Su nombre no aparece en el organigrama de la dependencia, tampoco sus datos de contacto, mucho menos el cargo que ocupa desde abril de este año. No es nuevo que, quienes se creen dueños del Gobierno, tomen los cargos públicos como botín personal; sin embargo, a diferencia de otros tiempos, la arbitrariedad es difícil de esconder. Sobre todo cuando los diplomáticos tuitean imágenes de sus reuniones internas y luego sonríen plenos de satisfacción.

Quizá la Cancillería reclutó a Eugenio Ímaz como becario porque este exagente de inteligencia tiene una buena relación con el Gobierno de España: en Marzo del año pasado obtuvo la Cruz de Plata al mérito policial por la colaboración que el Cisen prestó para atrapar al terrorista de la ETA Ángel María Tellería Uriarte.

Sin embargo, en México su trayectoria contrasta por poco lucidora. Nunca el centro responsable de proveer inteligencia al país tuvo un papel más mediocre que durante los años en que Ímaz Gispert fuera su director. Dedicado al espionaje político para propósitos inconfesables, el Cisen descuidó su rol como institución de seguridad nacional.

Las pifias de Ímaz han merecido sendas gotas de tinta: desde el mítico escape de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal de La Palma, mientras sus agentes lo vigilaban, pasando por la nula aportación de este centro a la investigación sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, cruzando por la pérdida de varios miles de kilómetros que cayeron en manos del crimen organizado, así como por la ceguera cómplice frente a la corrupción abrumadora en los gobiernos locales.

Pero eso sí, el Cisen desarrolló robots adictos a intervenir en las redes sociales con el objeto de atacar a los detractores del Gobierno, espió a la oposición –fuera y dentro del PRI–, grabó y luego difundió conversaciones privadas, filtró información y expedientes que dañaron la reputación de muchos y todo esto, mientras los profesionales de la inteligencia mexicana eran desechados para contratar en su lugar a leales servidores del gobernante en turno.

El desmantelamiento del Cisen lleva ya muchos años, pero su peor degradación ocurrió durante la gestión de Eugenio Ímaz. La única virtud que tiene este hombre es su lealtad incondicional al futuro senador, Miguel Ángel Osorio Chong; acaso por esta razón lo premiaron como ministro de la embajada de México en España.
24 Mayo 2018 04:00:00
Ricardo Alemán y el odio
El lunes de esta semana, Ricardo Alemán publicó una mentira a través de la cuenta que tiene en Twitter: “autoridades politécnicas revisaron a detalle el caso de linchamiento mediático en contra del periodista” (Ricardo Alemán se llama a sí mismo: el periodista).

Es falso que la autoridad politécnica haya observado, analizado, revisado o ponderado acto alguno relacionado con un supuesto linchamiento en contra de este señor.

Un comunicado conjunto emitido por Canal Once y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) dice que –en coincidencia con las opiniones de la Defensoría de la Audiencia y el Consejo Ciudadano de la televisora– no se encontraron motivos para rescindir el contrato que dio origen a la producción y emisión del programa Despertar Político, conducido por Alemán, cuya vigencia se agota el día 31 de julio de este año.

La fuente de esta controversia fue aquel otro mensaje, publicado por el mismo señor, también en Twitter, el día 5 de mayo: “Les hablan: ‘A John Lennon lo mató un fan. A Versace lo mató un fan. A Selena la mató un fan. A ver a qué hora chairos’”.

Dado que Ricardo Alemán ha señalado reiteradamente como chairos a los seguidores del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, el mensaje implica sin ambigüedades un llamamiento al magnicidio.

Este mensaje del señor Alemán dio la espalda a las leyes mexicanas. Es puntualmente contrario a los principios contenidos en el Artículo 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión: es un acto contrario a la paz y la dignidad de las personas que estimula la violencia.

Sin embargo, en opinión de las autoridades politécnicas, dado que el mensaje del señor Alemán no fue emitido en el programa Despertar Político, sino en una plataforma de redes sociales, no se materializa causal jurídica sustantiva para rescindir el contrato.

Con todo, se exhorta al aludido para que comprometa su periodismo con “la construcción de una ciudadanía participativa e informada; además del respeto a la democracia y la pluralidad que se debe guardar en los espacios de la emisora politécnica”.

El buen entendedor no necesita más palabras: 1) el contrato de prestación de servicios entre Canal Once y Ricardo Alemán continuará vigente hasta el día 31 de julio; 2) debido a que el mensaje incitando al odio y la violencia no fue emitido dentro del programa Despertar Político; pero 3) se solicita al señor disposición para construir democracia.

Tiene mucho tiempo ya que Ricardo Alemán está dedicado a agitar los argumentos polares de nuestra sociedad. Su lenguaje provocador, agresivo, increpante y colérico arrecia contra unos y logra enardecer a otros.

El día 5 de mayo de 2018 este sujeto se permitió llegar al extremo de promover por Twitter el asesinato de un candidato presidencial. Olvidó que la libertad de expresión tiene como limitante la promoción del odio y la violencia. Luego, con un video, dijo que no dijo lo que sí dijo y, acto seguido, se asumió como víctima de linchamiento por parte de quienes, en masa, le reclamaron su conducta. Era difícil suponer que un exabrupto como ese no iba a levantar bufidos igual o peor de inmorales.

ZOOM: La estridencia de los extremos está produciendo, en el mundo y en México, una muy peligrosa fractura social y, por obra de sus voceros, la democracia está en riesgo.

John Stuart Mill se refirió a la democracia como el Gobierno a través del diálogo; quien promueve la aniquilación del otro, quien increpa por sistema, quien cierra los canales de la conversación es responsable principal de la opresión.

En este contexto, los medios públicos habrían de tener como responsabilidad privilegiar la elocuencia de la moderación sobre la estridencia de los extremos.
10 Mayo 2018 04:00:00
Lo que quiso decir López Obrador
“Tienes el diagnóstico correcto, pero con la medicina que quieres recetar tu paciente no llegaría vivo ni a la ambulancia”. Eso fue lo que Alfonso Romo le dijo a Andrés Manuel López Obrador el día que se conocieron. Corría el año 2011 y fue Dante Delgado quien los presentó, durante un almuerzo en la casa familiar del tres veces candidato presidencial. Asegura Romo que, frente a la crítica, AMLO no se sintió agredido. Al contrario, el político tabasqueño invitó a ese empresario de Nuevo León, tan diferente a él por geografía y por ideología, para que lo acompañara en su carrera hacia el poder.

Desde que comenzó la vida profesional, en la Chontalpa tabasqueña, López Obrador se dedicó a cultivar capital político a ras del suelo. Sin embargo, no ha sido jamás su fuerte la interlocución con la gente que vive en el cielo mexicano.

Mientras lo primero es su virtud principal, lo segundo ha sido una desventaja notoria para ganar la Presidencia de México. Hay evidencia suficiente para decir que, en la democracia nacional, sólo quienes se dirigen a los dos Méxicos logran ganar la competencia, porque aquí vota la ciudadanía, pero también lo hace el capital. A partir de aquel encuentro Alfonso Romo se convirtió en el traductor de las palabras de Andrés Manuel López Obrador, cuando quiere relacionarse con la clase poderosa mexicana, en particular con aquellos empresarios que concentran las decisiones más importantes del país.

No fue en la elección de 2012 cuando Romo tuvo un papel destacado, sino a partir de la fundación de Morena y de la campaña que comenzó, muy temprano, para ganar 2018. Alfonso Romo se dedica a distintas actividades económicas, pero prefiere definirse a sí mismo como agricultor. Es por tanto próximo a su experiencia el acto de sembrar, para luego recoger el fruto cuando la madre naturaleza finalmente otorga.

Algo así hizo este empresario durante los últimos años, a favor de su candidato presidencial. Desayunó, comió y cenó con sus pares, estableció acuerdos, argumentó con elocuencia sobre las ventajas de su producto, sensibilizó sobre la pertinencia de la oferta política de la izquierda, insistió pues, y cuando no tuvo éxito, insistió de nuevo.

Seis años transcurrieron y su inversión por fin dio frutos. Esta semana logró conjurar un pleito que se antojaba de proporciones insuperables. Igual que en 2006, recién AMLO hizo patentes sus diferencias con el liderazgo empresarial más encumbrado. Llamó minoría rapaz y traficantes de influencia a señorones muy destacados. xEse pleito, en otro momento, habría costado todo al candidato. Así sucedió hace 12 años, cuando el CCE financió un spot de televisión advirtiendo que López Obrador era un peligro para México.

Y, sin embargo, a pesar de que se escuchó tronar el cielo, ahora no cayó una fuerte tormenta. Esta vez la guerra se desinfló, primero porque los empresarios se dividieron: unos arrojaron sus colmillos contra la yugular del candidato –con idéntica fuerza a la mordida que habían recibido– pero otros advirtieron que no tomarían partido en el pleito.

Luego, sorpresivamente, AMLO bajó la temperatura de su discurso: anunció que, de llegar a la Presidencia, no echaría para atrás la reforma energética (al menos durante los tres primeros años de Gobierno), y también dijo que consideraría mantener el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, siempre y cuando no costara tanto al contribuyente. Esos dos mensajes fueron leídos como bandera blanca, sobre todo porque Alfonso Romo se encargó de visitar a quienes había venido visitando, para explicar lo que en realidad quiso decir su candidato: que la minoría rapaz era tan minoría que sólo incluía a unos cuantos. Rubén Aguilar, el vocero de Vicente Fox, jugó el papel del traductor para el primer presidente de la transición. De llegar a Palacio Nacional, le tocaría a este hábil comunicador y probado emprendedor hacer los matices necesarios.

ZOOM:

¿será que Andrés Manuel López Obrador cuenta ahora con mejores medicinas para atender el diagnóstico? ¿Será que su paciente puede salvarse antes de llegar a la ambulancia? Siete años después, esta pregunta tendría que responderla, con sus propias palabras, el empresario Alfonso Romo.
03 Mayo 2018 04:00:00
El voto útil no alcanza
No es una alucinación, como dice Andrés Manuel López Obrador, pero ciertamente no alcanza. Algunos líderes de empresas pidieron a Margarita Zavala y José A. Meade que declinaran por Ricardo Anaya para impedir la llegada de AMLO a Palacio Nacional.

La candidata independiente ya respondió que no lo hará y el candidato oficial anunció que, de su lado, mejor iba a realizar cambios en su equipo de campaña para remontar el vuelo.

Haciendo números, de poco sirven Zavala y Meade para que Anaya derrote a AMLO. De acuerdo con los sondeos más recientes, a Margarita ya sólo le quedan uno o dos puntos que regalar y el capital de Meade es tan exiguo que cualquier acto de generosidad proAnaya sería suicida, ya no para él, sino para la sobrevivencia del PRI.

El único escenario que colocaría en circunstancia pareja a los dos adelantados es aquel donde el tabasqueño perdiera ocho puntos, mientras que el queretano subiera sus preferencias en esa misma proporción. ¿Cuántos de esos ocho puntos, que Ricardo Anaya necesita, pueden realmente provenir de Zavala o de Meade?

De Zavala prácticamente nada y es un sueño de opio suponer que el exsecretario de Hacienda declinará, porque al hacerlo cortaría con un machete de carnicero las posibilidades de un tropel grande de priistas que están peleando por los 3 mil 400 puestos de elección popular en juego para el próximo 1 de julio.

No puedo imaginarme el discurso que los empresarios le exigen a José Antonio Meade: “señores y señoras votantes, les pido de la manera más encarecida que, con tal de evitar el triunfo del ‘Peje’, tachen la boleta presidencial a favor de Ricardo Anaya, pero no dejen de votar por las y los candidatos a diputado, senador, gobernador y presidente municipal del PRI, partido al que, por cierto, no estoy afiliado”.

¿Así o más ridículo? Sin bromas: en caso de que Meade se bajara de la contienda, la alianza Panal, Partido Verde y PRI no obtendría más de 12% de la votación y un tricolor con menos de ese porcentaje difícilmente lograría vivir después de 2018.

A menos que los dirigentes priistas prefieran el suicidio a que AMLO sea presidente, no hay racionalidad política que vaya a conducirlos en esa dirección.

Si Zavala y Meade no son útiles para que Anaya gane, ¿cómo podría el candidato de la coalición PAN-PRD-MC volverse competitivo frente a López Obrador?

Según la encuesta de Reforma publicada el día 2 de mayo, AMLO trae un voto posible de 48%, contra sólo 32% de Ricardo Anaya; es decir que la distancia entre ambos es de 16 puntos.

Vale decir que parte de la ventaja que tiene el primer lugar sobre el segundo la obtuvo gracias a la campaña negra que el PRI emprendió antes contra Anaya para mostrarlo como la bestia negra de la corrupción mexicana. Previo a esa campaña, el candidato de la coalición Por México al Frente gozaba de mucha mejor salud política.

En efecto, hoy Anaya guarda una distancia tan grande con respecto a López Obrador por obra de la estrategia que, desde las cumbres del poder, se emprendió para destrozar la reputación del joven político queretano (prueba de que siempre hay tontos útiles que olvidan para quien trabajan).

Anaya tiene una tarea principal de aquí al día de los comicios: recuperar lo que AMLO se llevó, no por voluntad propia, sino como regalo tricolor. Si recuperara unos cuatro o cinco puntos de entre las preferencias que hoy están definidas a favor de AMLO, todavía podría ocurrir un milagro.

Con un Anaya rondando el 37% de las preferencias y un AMLO situado alrededor del 42%, el suelo para el día de la elección estaría más parejo y, sólo en esta circunstancia, el voto Meade-Zavala podría rebalancear en los márgenes.

ZOOM: Todo indica que la disputa entre AMLO y Anaya se centrará en tres temas: 1) ¿quién de los dos es más empático (próximo, cercano) con las dificultades de la vida cotidiana de las personas?; 2) ¿quién es más sincero para combatir la corrupción? y 3) ¿quién sería capaz de operar una cirugía mayor a la política mexicana? La verdadera matemática de la ecuación de 2018 está en la respuesta emocional a estas interrogantes.
26 Abril 2018 04:00:00
Ira, esperanza o miedo
Las cosas en el país están mal, ni cómo dudarlo. Contrario a lo que predica la propaganda gubernamental, lo bueno casi no cuenta, porque es difícil hallarlo. Corrupción, inseguridad, privilegio, discriminación, abuso, violencia, ilegalidad, incertidumbre y una hila larga de términos emparentados nos traen a todos con necesidad de cambiar.

No hay quién, en efecto, proponga mantener el mismo rumbo para el país. Sin embargo, es posible observar con nitidez tres estados de ánimo muy distintos a la hora de enfrentar nuestra realidad: ira, esperanza y miedo.

Hay quienes estamos frustrados y sin convicción de que las cosas puedan mejorar. Somos los enojados, o peor aún, somos los raptados por la ira que quisiera destruirlo todo, porque sólo así, de las cenizas, surgiría un futuro distinto. También somos muchos los que no queremos sucumbir ante el desastre, los que, con fe, con argumentos o con ambas armas a la vez, creemos que el cambio sólo puede llevarnos hacia un lugar mejor, hacia un futuro y un horizonte abiertos y más luminosos. Somos quienes, a pesar de todo, abrazamos la esperanza. Por último, hay que contarnos a los que tenemos miedo. Miedo de perder el patrimonio, miedo a que la inseguridad siga devorando nuestras tierras, miedo a que el país caiga aún más profundo dentro del pozo. Somos los que pensamos que nunca las cosas están tan mal que no podrían ponerse peor.

La inmensa mayoría nos adscribimos a uno de estos tres humores de manera dominante. Por esta razón es que las tres principales ofertas políticas que quieren ganar el poder el próximo mes de julio desarrollaron su propia narrativa a partir de una de estas emociones.

Andrés Manuel López Obrador nos entiende, como nadie, a quienes experimentamos con intensidad la ira. Por ello insiste en que el país cambiará, de raíz, y no volverá a ser el mismo. Por ello promete luchar “hasta la locura” contra la corrupción. Por eso señala con énfasis los privilegios y el dispendio.

A diferencia de 2012, fecha en que AMLO se presentó como el candidato de la esperanza, en esta ocasión la narrativa elegida por este abanderado es deliberadamente próxima al sentimiento de la ira. Contrasta el argumento discursivo sobre el que se ha querido montar Ricardo Anaya su retórica. Porque la emoción estaba libre en la paleta de colores y porque su edad no combina con la frustración, el abanderado del PAN-PRD y MC hace todo el tiempo referencias al futuro.

No es todavía claro que este candidato sea el representante de la esperanza, pero es innegable que se esmera en cada aparición pública por parecerlo. Por último, está el discurso confeccionado para quienes tenemos miedo. José Antonio Meade se decantó con énfasis sobre esta copa. Su mensaje no puede ser más obvio: ¿Meade o el miedo? El exsecretario de Hacienda decidió que en los próximos 70 días dotará de significado a quienes padecemos de ese estado de ánimo preciso.

No cuento con encuestas que puedan decirme cuántos ciudadanos se identifican de manera predominante con alguna de estas emociones: ¿cuántos somos los iracundos?, ¿cuántos los esperanzados?, ¿o cuántos los miedosos? Si la mayoría estamos instalados en el primer estado de ánimo, probablemente será AMLO quien consolide su ventaja electoral.

Ahora que, si somos más los esperanzados, cabe imaginar que Ricardo Anaya terminará convenciendo. El tercer grupo, el de los miedosos, tenemos como abanderado al candidato del PRI. Ciertamente somos menos en esta ocasión, pero si las pesadillas toman vuelo todavía cabe que el priista mejore su posición en la contienda.

ZOOM: todos tenemos en la conciencia ira mezclada con miedo y algo de esperanza. Pero hay una sola emoción que va a dominar el día que salgamos a votar. Para no errarle, más vale detectarla desde ahora.
19 Abril 2018 04:00:00
Osorio dijo que no, la DEA responde que sí
Miguel Ángel Osorio Chong fue categórico: “los estudiantes no necesitaban robar autobuses porque contaban con varios en la escuela Isidro Burgos, ese fue un invento del GIEI”.

Esta declaración la escuché en su oficina, durante una entrevista que hice, a principios de 2017, al entonces secretario de Gobernación para el perfil que más tarde publicaría en el libro Los Suspirantes, coordinado por Jorge Zepeda Patterson.

Me sorprendió porque con ella, el funcionario que tuvo la máxima responsabilidad dentro del Gobierno de Enrique Peña Nieto para resolver el caso de los normalistas desaparecidos descartó el móvil propuesto por el grupo de expertos internacionales.

De acuerdo con el GIEI, los jóvenes de Ayotzinapa habrían secuestrado autobuses para viajar a la Ciudad de México, como lo hacían cada año, con el propósito de participar en la marcha conmemorativa del movimiento de 1968.

Por mala coincidencia, el 26 de septiembre de 2014 se habrían apoderado de al menos un autobús que la banda criminal conocida como los Guerreros Unidos utilizaba para transportar droga a Estados Unidos.

Para recuperar la unidad, y quizá también mercancía que podría haber estado escondida dentro de ella, esa banda delincuente movilizó policía local y federal, agredió, detuvo y luego desapareció a los normalistas.

Este móvil es distinto al expuesto por la llamada verdad histórica: el exprocurador Jesús Murillo Karam dijo que los Guerreros Unidos quisieron castigar a los normalistas porque intentaban reventar un acto político de la esposa del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca.

Las transcripciones que la DEA entregó recientemente a la PGR sobre las comunicaciones de los mandos de Guerreros Unidos radicados en Estados Unidos refutan la versión oficial y, en cambio, confirman los argumentos del GIEI.

Esas grabaciones, realizadas por orden judicial, corroboran que autobuses de la línea Estrella Blanca eran utilizados para transportar droga hasta Estados Unidos, y también refieren a la complicidad que podría haber con los operadores de tal compañía:

“Llamen a los de Estrella Blanca, a los conductores, para que nos ayuden”, instruyó un sujeto apodado “Silver”, según los fragmentos registrados por la autoridad estadunidense.

De haber merecido en su momento mejor atención, esta valiosa pista de información habría reconducido las investigaciones por una ruta más venturosa.

Sin embargo, ni Osorio ni toda la cadena de mando debajo de él fueron capaces de tomarla en serio.

Si eran clave para el caso penal más importante de esta Administración, ¿por qué tales escuchas tardaron tanto tiempo en llegar a México? ¿Fue por desconfianza que la DEA no compartió con sus homólogos de la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, la información que tenía sobre el trasiego de drogas desde Guerrero hasta Chicago, a través de autobuses de la línea Estrella Blanca y otras compañías?

¿De plano el Gobierno mexicano no tenía previamente ninguna pista que llevara a considerar con seriedad la hipótesis del GIEI? ¿Por qué las autoridades mexicanas se empeñaron, hasta la necedad, en dejar fuera de la investigación un hecho tan relevante?

Estrella Blanca es una empresa vinculada con la familia de Roberto Alcántara, amigo cercano de Enrique Peña Nieto y socio suyo en más de una aventura política.

Cabe especular que este hecho haya pesado en el ánimo del secretario Osorio y en el resto de la cadena de mando: la obsesión por apartar al poder federal de los hechos ocurridos aquella noche fatal en Iguala podría haber provocado que se menospreciaran argumentos fundamentales.

ZOOM: Si hoy volviera a entrevistar a Osorio Chong le mostraría las transcripciones de la DEA donde se confirma el móvil propuesto por el GIEI: los Guerreros Unidos sí combatieron a los normalistas porque tomaron los autobuses equivocados. ¿Qué me respondería esta vez el actual candidato del PRI al Senado de la República?
16 Abril 2018 04:00:00
Ayotzinapa: próximamente último capítulo
El caso está más cerca que nunca de resolverse, por fin. A pesar de tantos interesados en esconder la verdad, la investigación continúa avanzando y una última pieza ha venido a aportar y también a confirmar evidencia definitiva.

Se trata de la información divulgada, en parte, por el periodista Roberto Zamarripa (Reforma 12/04/18): escuchas autorizadas por un juez estadunidense sobre los teléfonos de varios jerarcas del grupo criminal, Guerreros Unidos, que operaban en las ciudades de Chicago y Oklahoma, antes de ser aprehendidos por la DEA, en noviembre de 2014.

A solicitud de la PGR, la autoridad estadunidense proporcionó ciertos fragmentos de conversación telefónica entre el señor Pablo Vega Cuevas y sus operadores en México y, entre un tal “Silver”, (alias utilizado para referirse a un testigo protegido en EU), y varios autores materiales ya identificados con el caso Ayotzinapa.

Estos fragmentos son pieza clave del rompecabezas que está por encontrar solución; en concreto, ayudan a responder las cinco preguntas esenciales: 1) ¿Quién ordenó las agresiones y el secuestro contra los estudiantes? (autor intelectual); 2) ¿Quiénes ejecutaron las instrucciones? (autores materiales); 3) ¿Qué razones motivaron el secuestro? (móvil); 4) ¿Dónde están los estudiantes? Y 5) ¿Qué autoridades fueron cómplices?

Si se atiende al estado previo de las investigaciones, y se añade, como válida, la información que la DEA compartió el mes pasado con la Procuraduría General de la República (PGR), tres de estas cinco interrogantes están prácticamente resueltas y solo dos quedarían pendientes.

Para responder la primera pregunta, (autor intelectual) hay que atender a las instrucciones que “Silver” dio a otro sujeto identificado como “Soldado del Amor” durante las horas en que ocurrió la tragedia: a) “ira, que hagan una demanda colectiva al Gobierno y una marcha contra los transportes”. b) “ira, hay una entrada después del tope que viene de (Chilpancingo), que la recorran y que el ‘Cholo’ (Alejandro Palacios) esté alerta y alerte a la gente”.

También las respuestas que un tal Aníbal entrega a “Silver”: “ya le dije al Gil (Gildardo López Astudillo) que cerraran la entrada de Mezcala con comunitarios y ahorita ya está el tapón y además pongamos más comunitarios” y; b) “sólo que llevaban 60 paquetes ya guardados … y otros con San Pedro”.

Zamarripa supone, con sentido común, que “paquete” quiere decir personas secuestradas, “guardados”, que están detenidas en alguna parte y “con San Pedro”, sujetos que perdieron la vida.

Quizá por encima del testigo protegido, llamado “Silver”, haya otros jerarcas de la organización Guerreros Unidos; sin embargo, por lo que estas grabaciones refieren, se trata del responsable intelectual principalísimo en el caso Ayotzinapa.

La segunda pregunta (autores materiales) tiene desde hace tiempo respuesta en México: varios de los involucrados, por ejemplo, Gildardo López o Alejandro Palacios se encuentran ya detenidos. Resulta muy importante averiguar quiénes son las personas identificadas como “Soldado del Amor”, “Aníbal”, “Spider” y “Romeo”.

La tercera pregunta, (el móvil) también se exhibe con claridad en las escuchas, cuando los involucrados, de uno y otro lado de la frontera, reconocen la equivocación de haber supuesto que los normalistas estaban aliados con la banda enemiga, Los Rojos, para tomar la plaza de Iguala.

La cuarta pregunta, todavía pendiente, podrá responderse cuando las autoridades de Estados Unidos incentiven a “Silver” y a Pablo Vega para que revelen lo que saben. En alguna de las comunicaciones Vega advierte que el caso Ayotzinapa va a afectar su negocio, a lo que le responde otro sujeto, alias “Spider”: “qué fácil es decir dónde están”. Esta hebra es fundamental para la resolución del caso. Muy probablemente Vega y “Spider” conocen lo que en México llevamos preguntándonos desde hace tres años y siete meses: ¡¿Dónde se encuentran los normalistas?!

Con respecto a la quinta pregunta (complicidad de las autoridades) –igual por resolverse en breve– un sujeto con el alias “Romeo” se queja con “Silver” por una eventual traición: “el puto procurador (Iñaki Blanco Cabrera) está (ya) con aquellas mierdas (Los Rojos)”.
12 Abril 2018 04:00:00
La bronca del ‘Bronco’
La opinión es casi unánime: Jaime Rodríguez “El Bronco” regresó a la boleta electoral por razones políticas y no jurídicas. Cuatro magistrados le dieron el espaldarazo con argumentos cuestionables.

Coincide que tres de ellos hayan sido propuestos por el PRI, cuando se integraron a la sala superior de Tribunal Federal Electoral: José Luis Vargas Valdez, Felipe Fuentes Barrera y Mónica Soto Fregoso

El cuarto, Indalfier Infante, fue promovido a ese cargo por el entonces legislador, Ricardo Monreal Ávila.

Que hayan apoyado el reclamo del “Bronco”, que a su vez hayan sido apoyados por el PRI, y que sus razonamientos jurídicos sean tan endebles, son las tres variables que, juntas, producen desconfianza; sumado a que sólo José Antonio Meade, el candidato presidencial priista, haya celebrado el regreso de este señor (expriista) a la lista electoral. Tiene casco de bombero, manguera de bombero, botas de bombero, ¿será que en realidad es jardinero?

La sombra de sospecha que flota alrededor de este extraño proceder obliga a colocar una lupa potente y acuciosa sobre el comportamiento de tales magistrados, porque en sus manos está el poder de descarrilar, con decisiones tan desaseadas como la de esta semana, un proceso electoral que es crucial para el devenir mexicano.

pero ¿Quiénes son estas personas?

José Luis Vargas Valdés es un abogado del ITAM, que hizo estudios de posgrado en España y escribió una tesis cuyo paradójico título fue: “El perfil del juez constitucional, análisis de las garantías de independencia e imparcialidad”. Obligado está a preguntarse en estos días si su voto a favor del Bronco fue independiente e imparcial, porque una opinión pública extendida cree que podría no haber honrado esos principios.

Vargas trabajó como asesor de Luis Carlos Ugalde en el IFE, cuando la polémica elección de 2006. Por recomendación de Alejandra Sota (hoy asesora estrella del candidato priísta), laboró para el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa al frente de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Calderón lo echaría más tarde porque José Luis Vargas no dio entrada a las acusaciones que el PAN hizo sobre la presunta participación del crimen organizado en las elecciones de Michoacán. (La candidata panista a la Gubernatura, Luisa María Calderón, era la hermana del mandatario). Esa decisión terminó favoreciendo al priista Fausto Vallejo y, desde entonces, el tricolor le debió un favor grande que terminó pagándole cuando lo propuso, con grandes elogios, para que fuera nombrado magistrado electoral.

Otro perfil que merece atención es el de Felipe Fuentes Barrera, quien fuera responsable de redactar el proyecto de resolución que premió al “Bronco”, a pesar del desaseo y trapacería con que obtuvo las firmas ciudadanas. Antes de llegar al tribunal, Fuentes Barrera trabajó bajo las ordenes de Humberto Castillejos, exconsejero jurídico del presidente Peña Nieto, y uno de los personajes más oscuros que haya tenido esta Administración.

El actual mandatario propuso primero a Fuentes, dentro de una terna de aspirantes, para ingresar a la Suprema Corte y, al no llegar a ese puesto, lo recompensó con un asiento en el Tribunal Electoral. Él es el autor material de la bronca que hoy padece ese órgano clave para la democracia. La tinta turbia escurre de la mano de Fuentes. Habría de preguntársele a este sujeto si todo o sólo parte de su proyecto de resolución fue redactado en las oficinas del nefasto Castillejos.

Por último, queda mencionar a Mónica Soto Fregoso, juez de carrera impulsada para el cargo en el Tribunal por Emilio Gamboa Patrón, líder de la bancada priista en el Senado. Su vínculo con el PRI le viene de familia. El padre es funcionario de la actual Administración y se trata de un hombre bien conectado con líderes de esa fuerza política.

ZOOM: Que Vargas, Fuentes y Soto tengan vínculos tan evidentes con el único partido beneficiado por el regreso del “Bronco” a la boleta podría ser sólo una mala coincidencia. Para despejar la duda estos jueces habrían de respetar en sus próximas decisiones el mandato que la República les confirió, de lo contrario seremos muchos quienes demandaremos su infausto comportamiento, por muchos años.
29 Marzo 2018 04:00:00
Adiós a la propaganda gubernamental
Por cada peso que el Congreso autorizó al gobierno de Enrique Peña Nieto para que gastara en publicitarse, esta administración se excedió 85 centavos. En total terminará dilapidando más de 40 mil millones de pesos en este rubro durante el sexenio.

¿Cuáles medios de comunicación se habrán beneficiado de este gasto? ¿Por qué esas empresas y no otras? ¿Qué ofrecieron a cambio? ¿Cuánto debieron callar? ¿A quién tuvieron que correr? ¿Cuáles noticias fueron ocultadas y cuáles destacadas?
En México, la publicidad oficial es un cáncer que corrompe la libre expresión de las ideas y la deliberación pública. Una enfermedad que se reproduce a través de los medios de comunicación y que, a la fecha, no ha encontrado remedio.

Llevamos varios años discutiendo el tema, pero los gobiernos no han querido resolverlo.

En noviembre del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un manotazo y ordenó a los legisladores federales que dejaran de hacerse tontos al respecto y normaran con rigor el dispendioso gasto destinado a la publicidad oficial.

La fecha límite para cumplir con esta instrucción es el próximo 30 de abril.

El argumento principal de la Corte fue que la ausencia de una legislación adecuada promueve un uso arbitrario de los recursos públicos, edifica restricciones para la libertad de expresión y lastima el ejercicio del derecho a estar bien informado.

Bajo el estatus quo de la publicidad gubernamental, en efecto, se afecta a los medios y a los periodistas que no son afines al Gobierno, poniendo en riesgo su sobrevivencia económica.

¿Así o más claro?

La actual coyuntura política abre una ventana de oportunidad formidable para resolver de una vez por todas este adeudo: el partido que hoy utiliza con desparpajo esta arma letal muy probablemente será víctima de ella después de diciembre próximo.

Si el PRI no quiere sufrir el uso faccioso de la publicidad oficial durante el próximo sexenio, más le vale normar este cajón de gasto; es decir que más le vale amarrarse ahora las manos con una legislación restrictiva, a cambio de que el Gobierno de mañana las tenga igualmente amarradas.

En este contexto sorprende, sin embargo, el borrador que el PRI (partido saliente) y Morena (partido con mejor posibilidad de triunfar) han negociado como iniciativa para regular la publicidad oficial.

El documento que circula actualmente en el Senado, y que pretende votarse el martes próximo, desoye el mandato de la Corte y se burla de las preocupaciones principales.

Entre sus omisiones destaca que a) no establece criterios para normar con certidumbre el uso del gasto publicitario; b) no prevé mecanismos transparentes para medir la eficiencia y la idoneidad en el uso del recurso; c) confunde información oficial con propaganda y proselitismo; d) no establece parámetros mínimos de contratación; e) normaliza la promoción de logros gubernamentales a partir de los informes de gobierno; f) permite la autopromoción de los funcionarios públicos; g) no prevé anticuerpos contra la censura; h) no obliga a los medios a distinguir entre publicidad pagada e información noticiosa; i) no establece topes de gasto en publicidad oficial ni sanciones para quien los burle, y j) deja sin regular avenidas utilizadas en el presente para el gasto en comunicación social.

¿Por qué el partido del Presidente está dispuesto a dejar este arco y estas flechas para que su adversario dispare en su contra en cuanto llegue al poder? Si la Corte exigió cerrar este hoyo negro y la coyuntura política favorece esmerarse en esa tarea: ¿por qué renunciar a la responsabilidad?

Zoom: Los medios más grandes serían los principales beneficiarios de una legislación que aporte certidumbre en el uso del gasto destinado a la publicidad oficial. Son los que tienen mayores audiencias y por tanto quienes obtendrían mejores inversiones. Es hora para que todas las partes aprieten la tuerca y terminemos de una vez con esta fuga absurda de dinero aportado por el contribuyente.

22 Marzo 2018 04:00:00
Cambridge Analytica y la caída de Facebook
En solo un día, la empresa Facebook extravió 6 mil millones de dólares en el mercado accionario, pero esa no fue su peor pérdida: lo grave fue que tal red social vio la incineración de la confianza que una buena parte de sus usuarios le tenían.

Facebook es una plataforma basada en la lógica del contacto humano más próximo: las familias comparten fotografías, los amigos comparten anécdotas, los amigos de escuela comparten música, las comunidades comparten recuerdos.

Facebook vende la intimidad de los encuentros humanos como su principal producto, y también la confianza que se extiende al interactuar con la gente cercana.

Pero el escándalo de Cambridge Analytica desvistió la gran mentira: los encuentros que suceden en Facebook no son íntimos y por tanto no es sólo con gente próxima con quien el usuario está estableciendo redes de confianza.

Sin que hayamos dado permiso, hay alguien que coloca bajo el microscopio nuestra intimidad, nuestras imágenes, nuestros recuerdos, nuestros pensamientos y tantas otras cosas que consideramos preciadas.

Colectan nuestra información como el entomólogo lo hace con el comportamiento de la hormiga. La analizan para volvernos cosa y no sujeto: número manipulable, destinatario de una venta o de un mensaje futuro.

Esa información luego se traduce en perfiles, supuestamente predecibles. Somos clasificados por nuestros miedos y nuestras fobias, por nuestras frustraciones, anhelos y esperanzas.

Las redes sociales permiten estudiar los prejuicios de cada quien, algunos resortes del inconsciente cuya existencia apenas intuimos, y también sirven para establecer el grado de influencia que podemos ejercer dentro de nuestra comunidad, la más próxima y también sobre otras más alejadas.

Una vez identificados los rasgos dominantes de nuestra personalidad –y también el impacto que una opinión nuestra puede provocar–, nos volvemos agentes potenciales para la manipulación del conjunto.

Tierra fértil para sembrar mentiras, noticias fabricadas, memes, argumentos falsos, historias que son verosímiles, pero no verdaderas.

Así procedió Cambridge Analytica, empresa cuyos socios fueron mejores amigos de Donald Trump, para manipular las elecciones de 2016 en los Estados Unidos.

Esa empresa es transnacional, hoy sabemos, opera lo mismo en Kenia que en Malasia, en China o en Brasil, y también lo ha hecho en México.

¿Qué poderes, qué partidos, qué campañas, qué candidatos han utilizado en nuestro país los servicios de esta empresa o de otras parecidas?

¿Cuántos de los escándalos y noticias fabricadas, que han ocupado nuestra discusión pública durante los últimos años, fueron diseñados para manipularnos a partir de los datos colectados en un terreno que creíamos privado?

¿Quiénes de nosotros hemos sido vehículo para diseminar prejuicios, los propios y los ajenos? ¿Por qué hemos sido tan indolentes a la hora de dejarnos manipular?

Cambridge Analytica opera desde el año 2012, cuenta con inteligencia privada para armar casos creíbles de corrupción, participa activamente en las redes, disemina mentiras, consigue que los medios tradicionales las retomen, esconde la mano tras empresas o identidades fantasma, gana con el descrédito del adversario, atiza los miedos y los prejuicios, insemina nuestros perfiles en redes sociales, nos utiliza para distribuir sus maquinaciones, polariza el ambiente público, juega sobre las emociones más bajas y reduce nuestra humanidad al estado más salvaje.

ZOOM: Si los animales somos lo que comemos, los animales políticos somos la información que consumimos; cuando esa información es falsa, fabricada o mentirosa, nuestro comportamiento político se vuelve un desastre.
15 Marzo 2018 04:00:00
Ayotzinapa:  la doble infamia
Ayotzinapa perseguirá al Gobierno mexicano, ya no sólo por la desaparición de los normalistas, sino por una investigación conducida con impericia y mala fe.

La doble tragedia se produjo el día en que, desde las alturas del poder, decidieron que el asunto no merecía justicia, sino política a secas.

Fue entonces que la manipulación de los hechos se impuso sobre la búsqueda de la verdad.

Tres años y seis meses han transcurrido desde la tragedia, y durante todo este tiempo la complicidad con los perpetradores ha destacado como prioridad, en comparación con la empatía hacia el dolor de las víctimas.

El Gobierno continúa aferrado a su muy dolosa “verdad” histórica: Cocula, ese mito imbécil. La ridícula narración del basurero que no sólo es científicamente insostenible, sino moralmente repudiable por lo infame que fue someter a los padres de los muchachos a una película de terror sobre la muerte de sus hijos, que terminó revelándose falsa.

El exprocurador Jesús Murillo Karam y muchos otros tendrán que vivir con la vez que multiplicaron la violencia contra los familiares por haber presentado como cierta una versión fabricada con el único propósito de salvar al Gobierno de la presión mediática internacional.

Pero, en breve, la investigación criminal sobre el caso Ayotzinapa dará un salto grande: la otra teoría del caso sigue abriéndose camino a golpe de evidencia.

La pista del camión secuestrado por los estudiantes en la ciudad de Iguala –el tan disputado quinto autobús reportado por el GIEI– tiene asideros. Testimonios recabados en Estados Unidos confirmarían el contexto de trasiego de droga, desde Iguala hasta Chicago, dentro del cual sucedió la desaparición de los normalistas.

El móvil del crimen habría sido un equívoco de los Guerreros Unidos, una organización criminal que reaccionó al secuestro del autobús, suponiendo que sus adversarios –Los Rojos– andaban queriendo robar mercancía escondida en ese vehículo.

Ya era demasiado tarde cuando los principales jefes criminales, que viven del otro lado del Río Bravo, descubrieron que sus huestes de Iguala se habían equivocado.

Esos testimonios también confirmarían que la plaza controlada por esa banda de asesinos contó con amplia complicidad de las policías municipales, estatales y federales; y también con la no intervención de las Fuerzas Armadas.

A una sola voz esas instancias públicas se pusieron al servicio de los Guerreros Unidos para evitar que los normalistas secuestraran los autobuses cargados de droga.

Ayer como hoy es muy elevado el costo político que implica aceptar la profunda penetración del crimen organizado sobre las instituciones de seguridad del Estado mexicano.

Tan elevado que fue mejor invertir todo el capital del Gobierno en la versión del basurero de Cocula, y tantas otras mentiras, en vez de apostar por el esclarecimiento de la verdad.

Este miércoles, Fundar presentó un reporte imperdible sobre el impacto sicológico y social del caso Ayotzinapa. Es un texto extraordinario por los testimonios de cientos de personas afectadas, por la humanidad de su resistencia y, sobre todo, por su incapacidad para la resignación.

El día de hoy, también, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU entregará, en Ginebra y en México, una revisión acuciosa sobre la calidad de la investigación.

Hasta que la verdad no se conozca, Ayotzinapa continuará siendo tema vigente, le pese a quien le pese.

ZOOM: Del fondo del río San Juan, donde la PGR fue a enterrar las cenizas de sus falsedades, emergerán con fuerza las pruebas que todavía hacen falta para completar el rompecabezas de la doble infamia: la desaparición y la manipulación oficial de la verdad.
08 Marzo 2018 04:00:00
¿Quién buscará a los desaparecidos?
Cuando las cosas pueden hacerse bien, no tendrían por qué salir pésimo. Los más de 30 mil desaparecidos son uno de los temas más delicados de nuestra época. Por presiones externas y también por las organizaciones de la sociedad, el año pasado se aprobó en México la ley general en materia de desaparición forzada de personas que, entre otras cosas, prevé la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda.

Una y otra herramienta serán clave para que el Estado mexicano responda a esta epidemia y desmantele las rondanas y los tornillos que permiten funcionar a esta maquinaria infernal de la desaparición.

Casos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los 72 migrantes de San Fernando, los torsos de Cadereyta, los restos de Veracruz, Nayarit o Monterrey son el síntoma de una actuación sistemática y perfeccionada para aniquilar seres humanos.

No sólo grupos criminales participan en ella, sino también autoridades cómplices. Según la mayoría de los casos que han logrado descifrarse, suele haber un policía o un agente del Estado involucrado en los actos de desaparición.

De ahí que el gran desafío de la nueva Comisión Nacional de Búsqueda de Personas será desarticular a la sociedad entre autoridades e integrantes del crimen organizado.

Dada la dimensión del asunto, la Secretaría de Gobernación, y también la Presidencia de la República, debieron haberse esmerado en el nombramiento de la persona que será titular de esa instancia clave.

Ayer se hizo público que el primer comisionado será Roberto Cabrera Alfaro, quien hasta la semana anterior se desempeñaba como responsable de estrategias del Sistema de Seguridad Pública, bajo las órdenes de Renato Sales Heredia.

Una revisión atenta de la biografía de este funcionario despierta, sin embargo, incomodidad. Cabe comenzar por su formación profesional. Dice el nuevo titular de la Comisión que cuenta con una licenciatura en Derecho por la Universidad Univer, obtenido en el año de 2013. Sin embargo, me fue imposible encontrar registro de su cédula profesional y también el plantel preciso donde supuestamente estudió.

No sería el primer funcionario que obtuvo un título universitario por vías poco ortodoxas, ni tampoco alguien que lo consiguió con casi 40 años. Pero algo huele mal al respecto.

Todavía más relevantes son las denuncias que el periodista campechano Luis Armando Mendoza Leciano hizo en contra de Roberto Cabrera, sobre la época en que el comisionado trabajó para la procuraduría general de justicia de Campeche.

Lo acusa, en concreto, de dos presuntos delitos: primero, de haber participado en actos de tortura que llevaron a la muerte al taxista José Luis Flores Rosado en el año de 2010. Aclara el reportero que sus jefes sacaron del expediente su nombre y sin embargo asegura que cuenta con pruebas sobre su involucramiento.

La segunda denuncia periodística es por desviación de fondos. De acuerdo con Mendoza, el flamante comisionado Cabrera habría dispuesto de recursos públicos sin respetar la normatividad y un reporte gubernamental contendría las pruebas de este ilícito.

Por último, narra que este mismo funcionario habría sido detenido por la autoridad en el año de 2012, dentro del aeropuerto de la Ciudad de México, mientras portaba 600 mil pesos en efectivo.

Cabe que estas denuncias y acusaciones de Luis Armando Mendoza y otras fuentes estén equivocadas. Sin embargo, llevan más de 5 años manchando la reputación y el expediente de Roberto Cabrera Alfaro, sin que hayan sido aclaradas o refutadas.

ZOOM: El problema es que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas requiere nacer con la más alta estatura moral y legitimidad y estos antecedentes de su titular no ayudan a tal propósito.
01 Marzo 2018 04:00:00
Así la Fiscalía no sirve
Tendríamos de una vez por todas que divorciar al sistema electoral de la procuración de justicia. El uso faccioso del Ministerio Público para descarrilar candidaturas fractura cada vez el orden constitucional y, sin ofender a las repúblicas bananeras, deja a México en situación de república bananera.

La Procuraduría General de la República (PGR) no debería ser comparsa de las estrategias de campaña, del Gobierno ni de nadie. Se trata de una institución demasiado importante como para dilapidar sus recursos, la legitimidad y sus responsabilidades en asuntos mezquinos de grilla electorera.

El viejo régimen priista usaba a las procuradurías para sepultar políticamente a los enemigos del régimen, pero –como los comicios eran irrelevantes– rara vez el Ministerio Público denunció a candidatos en campaña con el objeto de apartarlos del juego electoral.

No fue hasta que los partidos de oposición lograron ser competitivos que la PGR se estrenó como fiscal al servicio de los intereses partidarios. Quedará para la posteridad el uso vergonzoso que Vicente Fox hizo de esa institución, cuando desde la Presidencia de la República decidió combatir al entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.

Fue la PGR quien solicitó a la Cámara de Diputados que quitara el fuero a ese líder de la izquierda, para llevarlo a juicio por un supuesto desacato que, al final, se reveló mera basura política.

Cuando el primer Presidente de la transición abusó así de su poder sentó el precedente que otros utilizaron después, con igual estupidez y alevosía.

En 2006, el candidato priista al Gobierno del estado de Jalisco, Arturo Zamora, fue víctima de esta repudiable manipulación. Avanzaba varios puntos por encima en las encuestas, cuando uno de los peores procuradores de la historia mexicana, Daniel Cabeza de Vaca, filtró a la prensa una presunta investigación en contra del aspirante a gobernador, dónde se decía que podría estar vinculado con el crimen organizado.

Zamora exigió que la PGR probara sus dichos y Cabeza de Vaca prefirió continuar abusando de su poder. En unos cuantos días los puntos que este político llevaba de ventaja se fueron por la coladera y un panista oscurísimo, Emilio González Márquez, triunfó en aquellos comicios.

La lista de arbitrariedades de la procuración de justicia con propósitos electorales creció durante los gobiernos azules, al punto donde a priistas y perredistas les dio por la imitación.

Josefina Vázquez Mota fue otra víctima de este proceder miserable. Durante la reciente campaña electoral en el Estado de México, cuando la exsecretaria aspiraba a gobernar su estado bajo las siglas de Acción Nacional, la PGR dio entrada a un expediente fabricado para inculpar a su padre y sus hermanos de un delito que nunca se investigó y mucho menos prosperó.

Una vez que el Ministerio Público se prestó para que Vázquez Mota perdiera aquella contienda, esta autoridad sacó el expediente de los medios de comunicación y lo olvidó para siempre.

Es bajo esta situación reiterada que en estos días se da a conocer, otra vez por parte de la PGR, una supuesta investigación en contra del candidato presidencial Ricardo Anaya, acusándolo de un hipotético caso de lavado de dinero.

Cabe tanto que sea cierto como que se trate de otra patraña electorera más. La duda prospera por los antecedentes de la PGR como activo participante en el desprestigio de los opositores.

El problema es obvio: ni los fiscales, ni el Ministerio Público deberían jugar al juego de la politiquería porque hacen de la justicia mexicana una realidad secuestrada permanentemente por el capricho de los poderosos, y tal es la fuente primera del monstruoso estado de impunidad en el que nos encontramos.

ZOOM: El estado de derecho no es para el privilegio de unos cuantos, sino un principio que impide a cualquiera estar por encima de la ley: esto incluye a los candidatos, pero también a los procuradores, fiscales y ministerios públicos.
26 Febrero 2018 04:00:00
¿Qué está sucediendo en Guanajuato?
El terror es una serpiente que se traslada de un lado a otro de la geografía mexicana. Al parecer no hay coordenada del país que esté a salvo. La violencia arrasa ahora con la vida humana en Guanajuato. En lo que va del año se suman casi 200 muertes violentas. Las poblaciones más afectadas son Celaya, León, Silao, Yuriria, Valle de Santiago, Salamanca y Apaseo el Grande.

El lunes 12 de febrero murió una bebé de cinco meses, cuando sus padres fueron acribillados en Silao. En esa misma población, el martes 20, resultaron heridos otro infante de ocho meses y un niño de 3 años, porque un comando armado ingresó a su hogar para arrebatar la vida de sus padres.

Este mes comenzó con una masacre en Celaya, donde una mujer fue herida y cuatro varones perdieron la vida, todos pertenecientes a la misma familia, mientras descansaban en su domicilio.

Trece días después, el segundo martes de febrero, ocho personas fueron encontradas sin aliento en las poblaciones de Yuriria y Valle de Santiago. Esa misma fecha, en Salamanca, dos asesinos montados en una motocicleta ejecutaron a cuatro varones sobre la vía pública. Luego, el lunes 19 de febrero, un grupo de sicarios secuestró a Jovita Michel, la delegada del poblado de San José Agua Azul, para arrojarla más tarde con el cuerpo masacrado por la pólvora.

Durante esa jornada, en León, desde un carro Jetta color rojo un par de matones vació sus armas contra dos mujeres que fallecieron mientras hacían un paseo a pie. Un día después, el martes 20, otro comando ejecutó a dos varones en Apaseo el Grande y luego incendió varios vehículos.

El viernes de la semana pasada, en Celaya, fue asesinado un comandante de Policía mientras iba de camino a su oficina. Después, entre el sábado y ayer domingo, aparecieron once cuerpos en los alrededores de Apaseo el Grande. Cinco de ellos fueron encontrados sobre la autopista que va de Querétaro a Celaya. Tenían atadas las manos, estaban desnudos y hay evidencia de que habían sido torturados.

Mientras esta marea de sangre recorre el sur del estado de Guanajuato, ninguna autoridad parece hacerse cargo. El Gobierno local se ha replegado asumiendo que se trata de un pleito entre narcotraficantes y por tanto arroja lejos la responsabilidad hacia al gobierno federal.

Sin embargo, a pesar de que, desde el año pasado, la presencia militar ha crecido mucho en esta entidad, por la narración anterior resulta evidente que de nada han servido las Fuerzas Armadas a la hora de controlar el desastre. Tampoco los funcionarios federales que –de tan ocupados que están en asuntos de grilla electoral– sufren de indolencia grave frente a tamaño polvorín.

Las explicaciones que se brindan para comprender la masacre son insuficientes. Recientemente el procurador de Guanajuato, Carlos Zamarripa, declaró que la mortandad era resultado de un pleito entre bandas dedicadas al robo de combustible. Por cierto que, en la casa de un familiar de ese mismo funcionario, el primero de febrero fue colocada una manta exigiendo la liberación de un presunto delincuente.

En esas fechas fueron colgados otros narco-mensajes firmados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con un texto clarificador. Sus signatarios amenazaban a los integrantes del Cártel de la Unión de León, con que estaba por comenzar una limpieza feroz para acabar con los adversarios.

De su lado, los líderes de la Unión de León hicieron circular videos en la red denunciando a los integrantes de la policía corrompidos por el CJNG. Este dato no es menor cuando, en lo que va del año, han sido asesinados 13 agentes en el estado de Guanajuato.

ZOOM: ¿Qué se requiere para detener esta masacre? ¿Cuántos muertos más? El año pasado perdieron la vida más de mil personas en Guanajuato por la guerra entre grupos criminales. Como van las cifras, durante este 2018 la entidad podría cerrar con un tanto mayor de víctimas, entre ellos bebés y menores de edad.
15 Febrero 2018 04:00:00
¿En qué anda el Gobierno espía?
¿Dónde estaba el Cisen el sábado 21 de agosto a las 10 de la noche, cuando 72 migrantes centroamericanos fueron secuestrados y luego masacrados en una bodega dentro del ejido El Huizachal, del municipio de San Fernando, Tamaulipas?

¿Dónde estaban los agentes del centro de inteligencia del Estado mexicano, cuando 193 seres humanos fueron torturados, asesinados y luego enterrados dentro de 47 fosas clandestinas, también en San Fernando?

¿Dónde estaba esa institución en mayo del año 2011, cuando la población de Allende, Coahuila, fue arrasada y por lo menos 60 personas perdieron violentamente la vida?

En qué tarea fundamental estaba el Cisen la noche en que Marciano Millán Vásques, alias “El Chano”, descuartizó a una niña y luego la incineró frente a los ojos de sus padres, durante la masacre ocurrida en Piedras Negras?

¿En qué invertía el Cisen su presupuesto el domingo 13 de mayo de 2012 cuando, a un costado de la carretera libre a Reynosa, fueron hallados 46 torsos humanos (43 varones y tres mujeres), sin que después se conociera el respectivo paradero de las cabezas o las extremidades?

¿En qué se ocupaba la inteligencia del Gobierno federal cuando fueron cruelmente asesinadas decenas y decenas de mujeres en Ciudad Juárez?

¿Qué estaba haciendo esa autoridad cuando 14 mil restos óseos humanos fueron a parar al predio de Santa Fe, ubicado en el municipio de Veracruz?

¿Qué distraía al Cisen cuando la bella y turística ciudad de Acapulco se perdió para siempre?

¿Cuál ocupación era más importante que informar a tiempo sobre las bandas criminales que erradicaron la paz de Michoacán?

¿Qué distracción impidió alertar sobre el régimen de terror que los hermanos Beltrán Leyva impusieron sobre Guerrero, y que luego continuaron otras organizaciones como Los Guerreros Unidos o Los Rojos?

¿En qué planeta estaban los agentes de Gobernación cuando fueron secuestrados y luego desaparecidos 43 estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa?

¿En qué luna de otra galaxia estaba el Cisen cuando Joaquín “El Chapo” Guzmán vivía cómodamente en su natal Sinaloa?

¿Qué somnífero infectó la sangre de ese Centro cuando el mismo capo se fugó de la cárcel a través de un túnel?

¿En qué tareas estaba absorbida esta institución cuando las policías de cientos de municipios pasaron a trabajar para las mafias?

¿A qué se dedicaba el Cisen cuando las campañas políticas comenzaron a ser financiadas en México por el dinero criminal?

¿Qué podía ser más importante que alertar sobre Édgar Veytia, exprocurador de Nayarit, cuando ese hombre se asoció con el narco?

¿Dónde estaba el Cisen cuando Tomás Yarrington vendió protección al cártel del Golfo? ¿Dónde andaba cuando Eugenio Hernández multiplicó su fortuna al mismo tiempo que la mortandad crecía sin piedad en Tamaulipas?

¿Cómo explicar que la inteligencia gubernamental no detectara el financiamiento que Francisco Colorado Cessa, blanqueador de dinero para el crimen organizado, entregó para la campaña de Fidel Herrera en Veracruz?

En fin, ¿de qué le ha servido a la patria el Cisen durante estos años imperdonables por tanta violencia, desaparición y mortandad?

ZOOM: El Centro de Investigación y Seguridad Nacional es una instancia de la Secretaría de Gobernación dedicada a espiar a los adversarios políticos del Gobierno en turno. Por distraerse con esta mezquina tarea es que el Estado mexicano extravió inteligencia y ha sido incapaz de ofrecer seguridad nacional.
05 Febrero 2018 04:00:00
¿Fake news queretanas?
El expresidente Felipe Calderón tronó contra el aspirante panista a la Presidencia: “No es un tema de recursos públicos –escribió en Twitter– sino de simulación … Los terrenos eran del pueblo de Querétaro, y después de varias maniobras quedaron en manos de Ricardo Anaya, quien era el particular del gobernador”.

El expanista Javier Lozano se sumó con acritud al señalamiento: “Usar perversamente una fundación que tiene un objeto social noble para lavar dinero es miserable de parte de Anaya. Es asqueroso, nauseabundo, son unos auténticos ladrones”.

La fuente de ambos declarantes es un reportaje publicado por la revista Proceso, cuyo autor es el periodista Álvaro Delgado. En él se denuncia una supuesta triangulación de recursos que habría dejado jugosas ganancias para los directivos de una asociación civil fachada creada y presidida por Ricardo Anaya.

La evidencia presentada por Delgado es la siguiente: 1) en el año de 2009 se constituyó la Fundación Por Más Humanismo, cuyo primer presidente fue, en efecto, el hoy precandidato panista; 2) en 2010 esa fundación recibió un depósito por un millón 650 mil pesos; 3) con ese dinero la misma persona moral adquirió un predio que antes había sido expropiado por el gobierno estatal, y pocos meses después dio inicio la construcción de un edificio; 4) en 2016 el bien inmobiliario se vendió en 7 millones 854 mil pesos.

A partir de estos datos podría presumirse la comisión de varios delitos por parte de Ricardo Anaya: tráfico de influencias, desvío de recursos, evasión fiscal y, como dijera el vocero del PRI, Javier Lozano, también lavado de dinero.

Ayer mismo, sin embargo, el presunto delincuente respondió a las acusaciones: 1) la Fundación Por Más Humanismo se constituyó por petición del líder estatal del PAN, Edmundo Guajardo, en la época en que Felipe Calderón era presidente de la República. Tal persona moral tuvo como principal objeto la adquisición de un bien inmueble para ese partido, ya que anteriormente la sede queretana de Acción Nacional era rentada.

2) el depósito que la fundación recibió en el año 2010 corresponde a un préstamo realizado por un particular para ayudar al objeto antes descrito.

3) Por Más Humanismo adquirió el predio de otro particular que antes lo había comprado a un ejidatario; es falso, se defiende el acusado, que alguien se haya beneficiado de una hipotética expropiación.

4) en 2014 Ricardo Anaya dejó, a la vez, de ser miembro y presidente de la asociación. Por tanto, cuando se vendió el inmueble no participó de las ganancias generadas por el negocio. En mayo de ese año el actual líder del PAN queretano, José Luis Báez Guerrero, asumió la presidencia de Por Más Humanismo.

5) Durante 2016 Acción Nacional liquidó la asociación civil y vendió el inmueble porque encontró otra propiedad más adecuada para ubicar la sede estatal.

En esta historia no caben dos verdades: o Anaya es un hampón, o bien la noticia de la supuesta simulación es fabricada.

Álvaro Delgado es uno de los periodistas más serios de este país, así que resulta difícil no creerle. Sin embargo, la explicación proporcionada por Anaya conduce con argumentos robustos en dirección diametralmente opuesta.

La ventaja es que cada dicho, de uno y otro, puede ser comprobado. De eso va justo el periodismo, es el arte de la corroboración y la verificación rigurosas.

El problema proviene en realidad del facilismo con que algunos corren a hacer declaraciones y a tuitear barbaridades. Por tales actitudes es que se vuelven virales las noticias fabricadas, mejor conocidas como fake news.

Bien haríamos todos, periodistas incluidos, en combatir los prejuicios, el espectáculo y la velocidad borrega que alimentan este mal tan pernicioso de nuestra época.

ZOOM: Si la información en manos de la ciudadanía fortalece su poder, la información falsa distribuida masivamente lo arrebata. Por eso las fake news son, en el presente, una amenaza principal para nuestras democracias.
01 Febrero 2018 04:00:00
Volpi y el purgatorio de Israel Vallarta
Hace 17 años fue apresado y continúa sin sentencia judicial. Se llama Israel Vallarta, mejor conocido como el exnovio de la francesa Florence Cassez. Está acusado por el delito de secuestro, junto con otros integrantes de su familia.

El suyo es un caso típico del purgatorio judicial mexicano, que condena sin condenar. Después de que Cassez fuera liberada, en enero de 2013, Vallarta permaneció en Almoloya de Juárez, sin que prácticamente nadie prestara atención a su caso.

Sólo la periodista Emmanuelle Steels publicó un estupendo reportaje sobre la situación de Vallarta, pero ese texto conmovió poco a las autoridades. El argumento principal de Steels dice que mientras la injusticia contra la francesa se resolvió gracias a las presiones mediática e internacional, la situación penal de Vallarta no mereció igual atención, ya que el inculpado era mexicano y la opinión pública lo juzgó culpable sin atender a los elementos de la verdad.

Este es el punto de partida de la novela sin ficción del escritor Jorge Volpi, quien el día de ayer obtuvo el premio Alfaguara. La obra está dedicada a explorar las cavernas, los pasadizos, las falsedades y la impericia detrás del caso Vallarta, así como de la supuesta banda de secuestradores Los Zodiaco.

Con este texto Volpi confirma la extraordinaria destreza que tiene como narrador, pero además se revela como un investigador judicial tan acucioso como implacable.

La revisión que hace del expediente de Vallarta es minuciosa. Durante 3 años revisó cada una de las pruebas dentro de ese inmenso legajo, habló con los testigos principales del proceso, recorrió los lugares de la trama, conversó con las supuestas víctimas y con los victimarios hipotéticos, revisó la biografía de los acusadores, verificó los dichos de la autoridad y persiguió las pistas más escurridizas del caso.

El resultado es una obra maestra de la investigación periodística y, a la vez, de la narrativa literaria. Un fresco potente que desnuda las falencias del sistema judicial mexicano, en sus muy diversos y complejos componentes: esa máquina implacable que no puede atrapar a los delincuentes, porque está ocupada en fabricar culpables.

A diferencia de Truman Capote en, A Sangre Fría, Volpi no sucumbe ante la biografía del personaje principal; no hay exaltación de Israel Vallarta y tampoco fascinación con el presunto secuestrador. El escritor cuida que sean los claroscuros quienes hablen y por ello la credibilidad de la historia es tan robusta.

El escritor hace un esfuerzo para no resolver lo que la justicia ha sido incapaz de sentenciar. Sin embargo, las dudas fundadas que va colocando a lo largo del texto hacen que caiga sin remedio el castillo de naipes construido por la autoridad en 2005.

Luis Cárdenas Palomino es personaje central de la narración. Se trata del policía que detuvo a la pareja Cassez-Vallarta y luego construyó un caso que podría ser falso, casi en su totalidad.

Una voz central de esta narrativa es también Guadalupe, la hermana de Vallarta; la mujer más fuerte de esa familia que, sin recursos económicos o políticos, ha hecho todo lo posible para defender a los suyos, a Israel, pero por igual a los demás integrantes de su familia que fueron acusados, a pesar de su inocencia.

Como antagonista de esa madre coraje se halla en el otro extremo Genaro García Luna, el policía estrella durante el Gobierno de Felipe Calderón; el hombre del show-policiaco que por su talento para la fabricación logró ascender hasta la cúspide del poder y, desde ahí, convenció al presidente para que se lanzara a una guerra mediática cuyo final ha dejado una espesa estela de muertos y desaparecidos.

Esta novela criminal es el retrato del gran fracaso de nuestra época: la injusticia de la justicia.

Será difícil que, después de ella, los jueces mantengan a Israel Vallarta en el purgatorio de su poder. Sería deseable también que, después de leerla, se apurasen a excarcelar a muchos otros inocentes.

ZOOM: Con esta novela Jorge Volpi ya no es el joven aquél que gracias a su prosa lúcida ganó el premio Biblioteca Breve con En Busca de Klingsor, sino un escritor maduro, fundamental y definitivo para las letras mexicanas.
29 Enero 2018 04:00:00
¿Dónde está Marco
La Policía mintió desde el principio: Marco Antonio Sánchez Flores no estaba asaltando a nadie, sino tomando una fotografía en la calle. Sin embargo, cuatro agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) -sector Hormiga de la Delegación Azcapotzalco– lo acusaron injustamente, provocando miedo en este joven de 17 años quien corrió temiendo lo peor, porque en la CDMX la Policía produce miedo en vez de paz.

Fueron tras él y lo golpearon con sus cascos, una reacción desproporcionada contra un muchacho flaco cuyo único pecado fue asustarse.

En vez de preguntar a Roberto, el amigo de Marco Antonio que lo acompañaba, en vez de confirmar la hipótesis del asalto con la supuesta víctima, en vez de interrogar al presunto victimario, la Policía implacable esposó al joven y lo subió a una patrulla.

Esto fue lo que sucedió el martes 23 de enero por la tarde y, desde entonces no aparece este estudiante de la preparatoria 8 de la UNAM.

Ayer las autoridades mostraron la toma de una cámara de seguridad, situada a un par de kilómetros del lugar donde fue detenido; ahí se observa alguien parecido al joven, quien se encontraría en estado de shock.

El padre confió a los medios que podría ser su hijo desaparecido. Mientras tanto, los cuatro agentes que cometieron la arbitrariedad fueron presentados ante la fiscalía antisecuestro de la Procuraduría capitalina. Se trata de los agentes Ubel Mora Gallardo, Ricardo Trejo Juárez, Ricardo de la Rosa Guzmán y Martín de Jesús González Martínez.

Juran todos que habrían liberado al muchacho poco tiempo después de haberlo arrestado. Esa es la versión que también repiten sus jefes de la SSP y la Procuraduría General de Justicia (PGJ).

¿Por qué creer en los agentes que mintieron la primera vez? Si esos señores fueron capaces de inventarse un asalto, también podrían haber fabricado la pretendida liberación.

Otra pregunta que la SSP no quiso responder tiene que ver con el estado de salud del muchacho cuando, según su dicho, la autoridad lo habría echado de vuelta a la calle.

Considerando la versión de Roberto, el amigo de Marco Antonio, la víctima recibió golpes contundentes con los cascos policiales. Cabe prever que estos pudieron haber provocado contusiones en la cabeza del joven estudiante.

¿Es esta la razón por la que, después de tanto tiempo, Marco Antonio no se ha comunicado con su familia? ¿Es la golpiza propinada por los agentes la que mantiene a Marco Antonio en estado de shock, según lo que se aprecia en la cámara de seguridad?

Cientos de personas se congregaron ayer por la tarde en el Ángel de la Independencia portando cartulinas con consignas solidarias: “Te estamos esperando, no bajaremos las manos”, “Querría, hijo, que no tuvieras miedo, porque muchos te buscamos”, “¿Dónde está?”, y una caricatura entrañable del jovencito Marco Antonio Sánchez Flores.

Al mismo tiempo grupos de ciudadanos recorren incansables la frontera entre la delegación Azcapotzalco y el municipio de Tlalnepantla. En la colonia Álamos dice el dependiente de una tienda OXXO que ayer por la noche Marco Antonio exigió comida y él llamó a una patrulla.

Agentes del Estado de México lo habrían entonces conducido ante un juzgado cívico en Tlalnepantla donde se le liberó, por segunda ocasión, poco tiempo después. Este caso exhibe una vez más la incapacidad de coordinarse que tienen las autoridades del Edomex y la CDMX.
25 Enero 2018 04:00:00
Persecución en Coyoacán
El diputado ingresó armado con una navaja y agredió a cuatro funcionarios del PRD. Inspirado en el actor Matt Damon, agente encubierto de la Supremacía Bourne, sometió a sus adversarios y logró salir de la escena del crimen cargando dos computadoras portátiles.

Esta es la narración que obra en el expediente de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la CDMX en contra de Alejandro Rosas, legislador local perredista que dejó su curul en 2015.

Convencido de que había una consigna política en su contra, el exdiputado hizo maletas, hace año y medio, y huyó a Canadá. La Procuraduría capitalina niega que se esté haciendo uso político de la justicia y, sin embargo, la averiguación previa en contra de Rosas ha sufrido cuatro modificaciones sospechosas.

Porque el ministerio público está inspirado en las películas taquilleras, cada agregado al expediente es más inverosímil que el anterior.

Saraí Zúñiga, esposa de Alejandro Rosas, se quedó en México para defender a su marido. Tiene como ventaja que a ella aún no le han endilgado delitos fabulosos.

Pero los enemigos de la pareja se dedican a acosarla. La última vez le dijeron que, o bien paraba con sus denuncias, o Rosas regresaría de Canadá para asistir al velorio de su valiente esposa.

Pregunto en entrevista a Saraí Zúñiga por qué quiere dar a conocer estos hechos. Responde que es para protegerse: “si me pasa algo, ya sabrán quién es el responsable y se llama Mauricio Toledo”.

Mauricio Toledo es conocido, dentro de su partido, como el dueño de Coyoacán. Fue delegado en esa demarcación y ahora es diputado. Nació a la vida política con la corriente Nueva Izquierda (Los Chuchos), pero luego traicionó y buscó cobijo bajo el ala de Héctor Serrano, el más siniestro de los operadores políticos del PRD capitalino.

En 2012 Alejandro Rosas llegó a ser diputado local por el distrito 30 (Culhuacanes), gracias al apoyo de Toledo. “¿Por qué se pelearon estos dos políticos?”, pregunto a Saraí Zúñiga. Ella contesta que su marido se dio cuenta de que el ex delegado y sus huestes eran muy corruptos y, cuando quiso denunciar, vino entonces la venganza.

Rosas acusó también a Toledo de haber mandado asesinar a dos excolaboradores de la delegación Coyoacán: Óscar Fabila y Manuel Sayavedra.

El primero fue ultimado por un sicario el sábado 23 de julio de 2016, frente a su esposa y sus hijos, en la glorieta Vaqueritos. Del segundo no hay detalles, excepto que habría sido invitado para participar en un acto de corrupción en contra del gobierno de la Ciudad.

“¿Sospecha usted que la procuraduría capitalina esté involucrada en esta persecución política?”.

No tengo duda, responde la señora Zúñiga. “Desde el primer día, el entonces procurador, Rodolfo Félix Cárdenas, manipuló las cosas en contra de mi marido”.

“¿Quién más?,” insisto.

“Héctor Serrano”.

Tanto Alejandro Rosas como Saraí Zúñiga dejaron las filas del PRD en el verano de 2016 para militar en Morena. Ella dice que este es el principal motivo de la persecución. Acusa a Toledo de haber dicho a sus colaboradores: “piensen dos veces antes de abandonar las filas del PRD. Si “El Chino” –así se conoce a Rosas en su medio– no pudo conmigo, a pesar de ser profesor de Derecho, imaginen cómo podría irle a cualquier otro traidor”.

Las denuncias contra Toledo arreciaron después de que un grupo de funcionarios de la delegación Coyoacán –identificados como Los Buitres– atacaron a Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena al gobierno de la Ciudad.

De acuerdo con la dirigencia del mismo partido, esa banda de delincuentes responde a las órdenes del dueño de Coyoacán.

ZOOM: ¿qué es cierto y qué es falso de este triller político-policiaco? En cualquier hipótesis, el asunto debe ser investigado. El problema radica en que la misma autoridad responsable de hacerlo, la PGJ, es parte, presuntamente involucrada, de la trama denunciada. ¿Hasta cuándo la justicia será instrumento de la política podrida en nuestro país?
18 Enero 2018 04:00:00
Cuatro Caminos, el laberinto de la muerte
Jorge vivió el peor episodio de su vida. Tiene 13 años y le tocó presenciar la muerte de otro joven, poco mayor que él, en la combi que tomó con Juana, su madre, minutos antes desde el paradero de Cuatro Caminos.

Al muchacho le arrebataron una mochila nueva en cuyo interior llevaba la tableta que le regalaron en la escuela. A la mamá le quitaron el teléfono celular, la cartera y una chamarra que se había comprado en Navidad. Los dos iban con rumbo a Valle Dorado, en un vehículo de transporte público abarrotado; por increíble que parezca, dentro de esas combis llegan a subir hasta 15 pasajeros.

No es la primera vez que asaltaban a Juana en ruta hacia su casa, pero a esa trabajadora del hogar nunca le había tocado ir acompañada por su hijo menor.

A la altura de la Avenida de los Maestros cinco asaltantes, tres varones y dos mujeres –que viajaron por un rato sin hacerse notar–, de la nada comenzaron a dar de gritos exigiendo al resto de los pasajeros que entregaran sus pertenencias.

También ordenaron a las víctimas que bajaran la vista, probablemente porque ninguno de los ladrones llevaba el rostro cubierto.

Pero uno de los viajeros desobedeció: un joven de unos 17 o 18 años que, por razones indescifrables, se negó a mirar al suelo y también a entregar su mochila escolar, que era parecida a la de Jorge.

Para obligarlo, uno de los criminales le dio un fuerte golpe en la cabeza con la cacha de una pistola. Sin embargo, el joven continuó desafiando con la mirada al frente. Enfurecido por la indisciplina, el de la pistola pegó un tiro contra la mano derecha del rebelde.

Creció la angustia en el resto de los pasajeros y apuraron la entrega para que los asaltantes descendieran lo más pronto posible del vehículo.

Así lo hicieron, pero llevaron con ellos al joven de la mirada firme. Una vez con los pies sobre el asfalto lo obligaron a arrodillarse y le volaron la cabeza.

Jorge lo vio todo y no puede dormir desde esa noche horrenda. Se pregunta por qué aquel joven no quiso entregar su mochila, y por qué prefirió retar a los asaltantes, en vez de someterse.

En lengua náhuatl Nauh Campa significa “hacia los cuatro caminos”. Los antiguos dieron ese nombre al lugar donde se encuentra el paradero al que Juana va todas las noches, un cruce que hace 500 años conducía hacia Azcapozalco, Chapultepec, Naucalpan y Tenochtitlán.

Hoy ese lugar bien podría llamarse “el laberinto de la muerte”. Así lo han bautizado los usuarios de ese centro de transporte donde acuden diariamente más de medio millón de personas.

Es tierra sin ley, sin orden y sin dignidad. La prueba evidente de la negligencia de una autoridad empecinada por brindarle segundos pisos a los ricos y el infierno para los desposeídos.

El hijo de Juana no sabe que ese mismo día, por la mañana –cerca también de Cuatro Caminos– otra mujer fue agredida, dentro de un camión de pasajeros, por el mismo motivo. Dos sujetos la golpearon, con la cacha de una pistola, por enfrentarse a los agresores. Esta otra víctima salvó la vida, pero tomó tiempo para que se detuviera la hemorragia.

Otro estudiante fue asesinado el jueves 19 de octubre de 2017, cerca de Cuatro Caminos. “De un balazo le arrebataron la vida tras resistirse a un asalto”, dijo la prensa. El miércoles anterior uno más falleció en condiciones parecidas y en la misma geografía. Era estudiante de la UAM Azcapotzalco, por lo que esa comunidad universitaria reclamó fuerte ante la autoridad, sin que por ello se capturara a los responsables. El lunes 17 de abril, también del año pasado, un sujeto de 30 años fue asesinado en circunstancias similares.

La oficina del Ministerio Público de Cuatro Caminos recibe diariamente entre 15 y 20 denuncias. Son un pálido reflejo de los delitos cometidos en su demarcación, porque en el laberinto de la muerte la regla es ver hacia el suelo y someterse a la voluntad del criminal.

ZOOM: A sus 13 años Jorge aprendió una terrible lección: que nadie, absolutamente nadie, debe mirar a los ojos al criminal: ni él, ni su madre, ni el resto de los pasajeros, tampoco el chofer de la combi o la Policía, la autoridad municipal, ni el gobernador.
11 Enero 2018 04:00:00
¿Quién miente sobre Chihuahua?
El presidente Enrique Peña Nieto afirma que el reclamo del gobernador Javier Corral Jurado “parece más un acto político”. Enrique Ochoa Reza, dirigente del PRI, dice que son mentiras destinadas a levantar la campaña del PAN. José Antonio Meade y Aurelio Nuño van más lejos y agregan que el gobernador de Chihuahua recurre a la tortura para incidir en la contienda electoral.

No importa dónde se esté parado, si en el bando del Gobierno federal o en el palco de la oposición, es obvio que el affaire Chihuahua es un asunto esencialmente político. Es político si, en efecto, el Gobierno encabezado por César Duarte creó empresas fantasma para robarse dinero del erario público. También lo es si ese dinero se utilizó para financiar campañas. Es fundamentalmente política la exigencia para que el Gobierno federal solicite la extradición de César Duarte y también que la SHCP haya retenido recursos por argumentos relacionados con una investigación sobre actos de corrupción.

Así que Enrique Peña Nieto lleva verdad al decir que todo esto es un acto político, porque sería imposible que no lo fuera. Sin embargo, la cuestión no es dilucidar si un político hace política, sino si miente; o, en caso contrario, si, haciendo también política, son sus detractores quienes abrazan la falsedad.

Asegura el Gobierno de Chihua-hua que se le está otorgando un trato diferenciado con respecto a las transferencias que los estados reciben de la Federación. En revancha, el presidente Peña afirma que su Gobierno apoya por igual a todas las entidades, sin importar su origen partidario.

El Presidente está en lo correcto cuando habla de las aportaciones o participaciones clasificadas dentro de los ramos 28 y 33 del presupuesto de la Federación. Sin embargo, no la tiene a propósito de los fondos provenientes del ramo 23.

La denuncia que desde el primer día ha realizado el Gobierno de Chihuahua sólo se refiere al ramo 23 y por eso exige puntualmente los 780 millones que la SHCP decidió negar.

En entrevista con Denisse Maerker, el subsecretario Miguel Messmacher explicó las razones por las que su secretaría optó por retener ese preciso dinero: “no se los vamos a dar porque están haciendo una investigación de un depósito hecho a través de un convenio similar que ha llevado a cuestionamientos sobre corrupción”.

A confesión de parte relevo de prueba: hay un dinero que Hacienda no transfirió y la razón es que el Gobierno de Chihuahua celebra una investigación por actos de corrupción vinculados a una operación realizada durante el gobierno priista de César Duarte.

Si algún otro gobernador pretendiera en el futuro emprender investigaciones similares, más vale que se lo piense dos veces porque la SHCP podría sancionarle suspendiendo transferencias de cuantía importante.

El tercer punto de la disputa es la acusación al gobernador Corral por haber torturado a uno de los indiciados en la investigación judicial: Alejandro Gutiérrez, exsecretario adjunto del PRI.

¿Con qué pruebas se argumenta tan grave señalamiento? ¿Hay evidencia fotográfica, testimonial, judicial o proveniente de organizaciones sociales? ¿Hay siquiera una denuncia al respecto ante las comisiones estatal o nacional de derechos humanos?

Revisando la información disponible, la única fuente que sirve para hablar de tortura es el dicho del abogado de Gutiérrez, quien advirtió en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, que se estaba maltratando sicológicamente a su cliente para que confesara la intervención del exgobernador Duarte en el desvío de recursos públicos. Si la acusación de tortura se basa en este solo testimonio, que los injuriantes se preparen de una vez para enfrentar denuncias por difamación.

ZOOM: para algunos, política es sinónimo de mentira; se trata de los militantes de la posverdad. Contra ellos la evidencia y nada más.
08 Enero 2018 04:00:00
Entre Duartes te veas
¿Por qué les preocupa más un Duarte que el otro? Este fin de semana, José Antonio Meade, precandidato a la Presidencia, dijo que la traición de Duarte duele profundamente a los priistas porque lastimó su prestigio. También aseguró que ese individuo no define ni describe a los militantes del tricolor.

Es evidente que se refirió a Javier Duarte, porque el discurso fue pronunciado en Veracruz, pero algo muy parecido habría podido decir a propósito de César Duarte, si la gira proselitista hubiera ocurrido en Chihuahua.

Ambos exgobernadores –Javier y César– comparten algo más que el apellido: los dos crecieron considerablemente su patrimonio durante sus respectivas administraciones; usaron a familiares, empleados y amigos como prestanombres; extrajeron recursos de la hacienda pública a través de empresas fantasma; parte del dinero robado lo reinvirtieron en campañas políticas; se convirtieron en accionistas de empresas millonarias que, antes de gobernar, no existían; manipularon compras gubernamentales y obra pública para beneficiarse, personal y políticamente.

Tienen también como coincidencia que fueron gobernadores consentidos del peñanietismo. Cada uno fue señalado, en su momento, como un destacado representante del nuevo PRI. Ciertamente los dos han tenido padrinos políticos poderosos que los usaron y también los ampararon.

No obstante, por razones que no están todavía del todo claras, uno de esos dos Duartes goza de mejor suerte. Mientras al primero ya lo persigue la justicia federal, el segundo reside con comodidad en los Estados Unidos.

Hay otra nota discordante a propósito de los Duartes: el trato que los actuales gobernadores de Veracruz y Chihuahua han merecido por parte del Gobierno federal. Miguel Ángel Yunes ha procedido en contra de Javier Duarte sin que por ello le cobren carísima su osadía; en cambio a Javier Corral suelen caerle a palos cada vez que denuncia.

Este fin de semana, mientras José Antonio Meade hacía gira por Veracruz, la autoridad exhibió el crecimiento del narcomenudeo en Chihuahua. Tan importante fue la nota que dos diarios de circulación nacional colocaron la información en primera plana.

Más vale que el Gobernador chihuahuense se vaya preparando porque pronto aparecerá señalado como amigo íntimo de Vladimir Putin, como cabeza de una conspiración interplanetaria o como primo de “El Chapo” Guzmán.

La verdad es que, mientras mayor blindaje político recibe César Duarte, más importante se vuelve perseguir los presuntos delitos cometidos por ese individuo. Hay algo en su relación con la cúpula del poder que Javier Duarte no tuvo, y ese algo huele a pista fundamental.

ZOOM: La diferencia principal entre el Duarte de Veracruz y el Duarte de Chihuahua es que, sin justificación jurídica clara, al segundo le está tomando demasiado tiempo pisar la cárcel. Si uno de esos dos sujetos no representa al PRI y el otro sí, es de interés público preguntarse por qué.
04 Enero 2018 04:00:00
La hipótesis Corral
La teoría criminal del caso implicaría que César Duarte Jáquez consiguió un banco y, a cambio, se prestó para financiar, con dinero federal, las campañas del PRI. De esto está convencido Javier Corral Jurado, el gobernador panista en Chihuahua y de poco a poco va probando sus argumentos.

La historia comenzó cuando Duarte y su secretario de Finanzas, Jaime Herrera, invirtieron en comprar la Unión de Crédito Progreso para luego obtener el permiso de operar esa intermediaria financiera como banco.

Duarte puso 65 millones para adquirir el 10% de esa empresa, que después recibió en administración buena parte de la tesorería de su estado, alrededor de 85 mil millones de pesos.

No hubiera sido posible convertir una caja de ahorros local en el Banco Unión Progreso sin la autorización de la Comisión Nacional Bancaria, y por tal motivo desde que este asunto turbio se hizo público hubo señalamientos en contra de la Secretaría de Hacienda como posible instancia implicada.

Durante el año 2015 estalló este escándalo que con el tiempo se ha venido confirmando como verdadero. Hoy César Duarte vive fuera del país y varios de sus excolaboradores de Gabinete se encuentran sometidos a proceso judicial, entre ellos Jaime Herrera, el antiguo secretario de Finanzas.

Durante los dos últimos años flotó sin respuesta una pregunta: ¿por qué la SHCP ayudó a Duarte para que se volviera banquero? No bastó como explicación el poder político del exgobernador, ni la amistad que sostiene con algunos de los dirigentes más importantes de su partido.

Es aquí donde se completaría la segunda parte de la hipótesis: la SHCP habría ayudado a Duarte Jáquez para que se comprara un banco a cambio de que, a través de su Gobierno, transfiriera fondos de la Federación para favorecer a los candidatos del PRI que acudieron a las urnas durante las elecciones de 2016.
Jaime Herrera, socio del banco Unión Progreso y exsecretario local de finanzas, confesó que, por instrucciones de su jefe, César Duarte, participó en una operación fraudulenta para obtener 246 millones de pesos de la hacienda pública federal.
Se ha querido desestimar este testimonio argumentando que Herrera fue presionado por la justicia local para mentir, ya que sólo así recibirá indulgencia por sus delitos. Sin embargo, no se trata de la única prueba que sustenta el argumento del fraude. Otros integrantes del Gabinete de Duarte han corroborado la misma versión.

Con ambas piezas juntas del rompecabezas, el permiso de operación para el banco Unión Progreso –entregado de manera sospechosa por la SHCP–, y el financiamiento presuntamente fraudulento a favor del PRI, es que emerge la hipótesis completa: Luis Videgaray habría intercambiado un favor personal para el exgobernador Duarte a cambio de que este garantizara el triunfo del PRI en su estado, con recursos provenientes de la Federación.

Todavía faltan varios eslabones para probar la tesis del actual gobernador, Javier Corral. Sin embargo, todos los días se añade una pieza más a este entramado. A diferencia de otros casos, el mecanismo de la delación está funcionando como pólvora humeante para descifrar los fraudes supuestos.

El actual gobernador de Chihuahua está decidido a llevar el asunto hasta sus últimas consecuencias. Ayer exigió al presidente Enrique Peña Nieto que tramite la solicitud de extradición en contra del exgobernador priista César Duarte: “Ya no hay justificación alguna –dijo– para el retraso, se les está pasando de tueste”.

ZOOM: No es común que una fiscalía estatal sea mejor que los poderes federales para perseguir actos de corrupción. El actual Gobierno de Chihuahua parece ser la excepción, pero ya topó con pared. No hay proceso de extradición que pueda resolverse si el Gobierno federal no interviene.

El problema es ese procedimiento depende nada más ni nada menos que del actual canciller, Luis Videgaray.

http://www.ricardoraphael.com / Twitter: @ricardomraphael
28 Diciembre 2017 04:01:00
¿Tiene el coraje para decir la verdad?
Estoy harto del silencio porque no me deja dormir, harto de que se oculte la verdad y de tantos empecinados en ocultarla.

Son tiempos para hablar sin pudor, ni temor, para hablar franco y tener el coraje de decir la verdad; tiempos para escoger la libertad de palabra sobre la adulación del esclavo.

Durante el año 1983, Michel Foucault dio una serie de conferencias en la Universidad de Berkeley, dedicadas al coraje necesario para decirlo todo. La editorial Siglo XXI viene de publicarlas este año bajo el título Discurso y Verdad.

Se trata de un texto indispensable, sobre todo si uno hace periodismo, en México y en esta época tan cargada de controversia.

Comienza Foucault argumentando que nadie está obligado a decirlo todo, pero sí se tiene el deber de hablar con verdad frente a todos aquellos que se equivocan, tanto más cuando quien propaga el error es el poderoso.

Expresarse con sinceridad o franqueza nunca es tarea fácil porque la cobardía, o bien la vergüenza, suelen impedir revelar lo fundamental. Y, sin embargo, quien aprecia la libertad está obligado a criticar al príncipe y también al amigo; aún si lo segundo suele ser más difícil que lo primero.

La libertad de palabra es diferencia esencial entre el esclavo y quien no lo es. Los que perdieron esa libertad es porque se vieron forzados a someterse a la locura del amo, o quizá eligieron voluntariamente ese despeñadero.

Entre el poder sin límites y la locura humana hay causalidad directa; por eso la libertad de palabra debe usarse para combatir la necedad del poderoso, al tiempo que se conjura la repugnante adulación.

Nadie que aprecie su propia dignidad debe permitirse jugar el papel del más débil, ni aniquilarse con tal de ganar la benevolencia del fuerte.

Advierte Michel Foucault que no basta con poseer libertad de palabra para poder decirlo todo. Además, se requiere honor y reputación para ser escuchado y luego creído.

Pero ese capital –reputación y honor– no se consigue rápido, ni fácil.

Puede perderse a gran velocidad y sin muro o barrera que le contenga; diría Shakespeare, en Sueño de una Noche de Verano, que la confianza se obtiene milímetro a milímetro y se extravía a kilómetros.

Hoy que la información abunda, y el mal periodismo también, el honor de ser creído, y la reputación que da el coraje de decir la verdad, son tesoros apreciados.

Frente a las noticias falsas o fabricadas se requiere más y mejor periodismo, mayor rigor, más capacidad crítica, más distancia frente al poder –frente a todas las formas que toma el poder–, también energía y temple para no ocultar la verdad y confrontar a quien evita verla.

El periodismo tiene todo que ver con la evidencia; es también gracias a ella que en este oficio se obtiene nombre y se mantiene la confianza. Por eso el periodismo es investigación o no es periodismo.

Dice Foucault que investigar siempre será un método imperfecto para aproximarse a la verdad, pero sigue siendo el mejor que conocemos los seres humanos. Lo demás es propaganda, religión, fe en las ideologías o pragmatismo ciego.

ZOOM: 2018 no será un año fácil para quienes ejercemos el periodismo. En el mundo entero el oficio está en crisis, y México no es excepción. Sólo nos salvará de cometer errores abrazar con templanza el coraje que se requiere para decirlo todo, y decirlo con verdad.
21 Diciembre 2017 04:00:00
Haciendagate
En 2001 se descubrió una operación fraudulenta por mil millones de pesos, organizada desde la dirección de Pemex, para financiar al Partido Revolucionario Institucional.

El expediente se recuerda como el Pemexgate y fue un escándalo que ocurrió después de las elecciones.

Ahora los tiempos del reloj están al revés: un asunto explosivo estaría llegando antes de que se celebren los comicios y tendría que ver con una operación fechada dos años atrás. Esta vez el timo habría sido orquestado desde la Secretaría de Hacienda a través de tres gobiernos estatales, entre ellos el de Chihuahua.

De tener ruedas el vehículo, el Haciendagate posee proporciones atómicas para lastimar las perspectivas del PRI hacia las elecciones del año próximo.

Cuando el Pemexgate, los funcionarios que diseñaron el fraude fueron burdos y evidentes. Lo extraño del Haciendagate habría sido que volvieron a serlo. (Cuesta trabajo creer que no hayan aprendido ninguna lección en dieciséis años).

La supuesta trama fue revelada por el exsecretario de Finanzas de Chihuahua, Jaime Ramón Herrera Corral, quien –además de colaborador del exgobernador César Duarte– fue socio de su jefe en el Banco Unión Progreso.

Herrera Corral está acusado por la justicia de su estado ya que habría malversado con fondos públicos durante su gestión. Sin embargo, desde mediados de este año se sometió a la justicia para colaborar como testigo en contra del exgobernador Duarte y así disminuir los cargos que pesan en su contra.

El 1 de julio de este año Herrera declaró ante la fiscalía de su entidad que César Duarte lo instruyó, durante el primer semestre de 2016, para que brindara apoyo económico al PRI nacional a través de una operación fraudulenta, supuestamente orquestada por Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, entonces secretario adjunto del CEN del PRI, así como por Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad Política y Control Presupuestal de la SHCP.

De acuerdo con este mismo testigo, la operación cuestionada ascendería a 246 millones de pesos –cifra proveniente de la hacienda federal y transferida al tesoro local por la vía de un convenio de fortalecimiento– para luego ser retirada a través de facturas apócrifas, fabricadas por el hijo de Alejandro Gutiérrez.

El Haciendagate prosperará siempre y cuando el testimonio de Herrera Corral no sea la única prueba de su existencia. No se trata de un señor suficientemente honorable como para creerle y, aunque lo fuera, con tal de salvar el pellejo la gente es capaz de inventar lo que sea.

No obstante, asegura el actual fiscal de Chihuahua que esta investigación se halla respaldada por la Auditoría Superior de la Federación. En tal caso, entonces sí, nos encontramos ante el comienzo de un gran terremoto político.

Mientras tanto, el día de ayer fue detenido Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, por autoridades estatales y, (cabe tomar nota), también federales.

Habrá que esperar solo un poco para conocer la dimensión del expediente. Si el mismo juez que procedió en contra del exsecretario general adjunto del PRI instruye también orden de aprehensión contra Gamboa Lozano o de César Duarte, el fuego promete llegar lejos.

Cuando el Pemexgate, el director responsable de la paraestatal era Rogelio Montemayor, quien terminó pagando los platos rotos. Si del tamaño del sapo es la pedrada, con el Haciendagate las responsabilidades alcanzarían al penthouse de la política mexicana. Vale especular también en sentido inverso: de no haber armado bien la acusación, el tricolor y toda su militancia saldrán robustecidos.

ZOOM: Las elecciones son siempre incentivo para mirar la paja en el ojo ajeno. Hoy es el PRI quien está bajo los reflectores. ¿Quién será mañana?
07 Diciembre 2017 04:00:00
Amnistía a referéndum
La contienda electoral del próximo año ya tiene un tema principal que dividirá al país. Como sólo él sabe hacerlo, Andrés Manuel López Obrador colocó esta semana la razón de la disputa.

No sólo propuso modificar la estrategia que el Estado mexicano ha seguido para combatir la violencia y la inseguridad; fue un paso más allá y anunció que, con tal de alcanzar la paz, consideraría otorgar perdón a los líderes del crimen organizado.

La reacción contra sus declaraciones hizo erupción súbita. Otorgar amnistía sería aceptar un narcoestado, declaró Miguel Ángel Mancera. Implicaría negar justicia a las víctimas, afirmó José Antonio Meade. Una más de sus locuras, acusó Ricardo Anaya. Un estado de derecho no admite amnistías ni complicidades, precisó Margarita Zavala.

Tan extremo se percibió AMLO que los secretarios de Defensa y de Marina, Salvador Cienfuegos y Francisco Soberón, se arrojaron sin tiento al debate político.

“No hay forma de que esto pueda llegar a suceder… se toma como un fin electoral más que buscar un objetivo real”, dijo para descalificar el almirante. “Están dejando de lado todo el mal que han hecho al país… cuánta gente ha muerto por su culpa”, reclamó el general.

En fin que, con sólo un par de declaraciones, AMLO logró poner a toda la clase política en su contra. Hay veces que resulta difícil comprender las estrategias de este hombre político. ¿No sabe que las campañas electorales tienen como propósito ganar y no perder votos? ¿O de plano habrá calculado, como afirma el almirante secretario de la Marina, que amnistiar a los delincuentes hace triunfar en las urnas?

El fondo de la propuesta lopezobradorista es irresponsable, no porque una eventual amnistía –legal o de facto- debiera de plano desecharse, sino porque se presentó sin ofrecer un diagnóstico y una estrategia que respondieran a la complejidad del fenómeno.

No es justo tratar un tema a la vez doloroso y enredado con soluciones carentes de gravedad. Es tan demagógico proponer al Ejército como solución principal para lograr la paz en el país, como ingenuo resulta sugerir amnistiar a los capitanes mafiosos que trafican con personas, extorsionan, secuestran, asesinan, descuartizan, desaparecen seres humanos y hacen negocio con las drogas.

Frente a niveles indignantes de violencia resulta que a la clase política sólo se le ocurren ideas extremas y polarizantes: o bien resolver militarizando al país, o bien perdonar a los criminales. ¿De plano no hay nada en medio que valga la pena?

Lo cierto es que el discurso del presidente de Morena logró su objetivo. Anunció que esta vez no fracturará al país entre ricos y pobres, como lo hizo en 2006, sino entre pacifistas y belicistas, para ponerlo en términos suyos.

Entre los que prefieren el ojo por ojo y el diente por diente, y aquellos que no están dispuestos a quedarse ciegos o “chicuelos”.

Es de reconocerse el talento de AMLO para detectar las grandes fracturas sociales y, a partir de ahí, construir un “ustedes” y un “nosotros” evidente y distinguible.

Tiene razón al advertir que la sociedad mexicana le ha dado suficiente tiempo a la estrategia de persecución violenta de la violencia, sin obtener resultados alentadores.

En 10 años de guerra por los territorios donde transita la droga han muerto 170 mil seres humanos y han desaparecido más de 37 mil. ¿Por qué suponer que una estrategia sin variaciones para la próxima administración daría mejores resultados?

AMLO tomó la decisión de abordar el tema desde una perspectiva distinta. Anunció que el futuro secretario de la Defensa no dará orden de disparar contra mexicanos. Es decir, que el Ejército regresará a los cuarteles en caso de que él gane la contienda.

Ese anuncio, así de puntual y acotado, habría seguramente despertado entusiasmo entre un sector grande de la población, pero no habría polarizado. Así que el político tabasqueño decidió aderezar con polvo atómico su discurso. La iniciativa de amnistiar es fuerza telúrica que abre las fallas del subsuelo y parte a la sociedad de manera irreconciliable.

ZOOM: ¿Será todavía posible que la política mexicana atienda los temas más serios con la obligada seriedad que se merecen? Entre los que están a favor de la ley de seguridad interior y AMLO es difícil encontrar un lugar para guarecerse.
30 Noviembre 2017 04:00:00
Meade, como mágica solución
La tiene más difícil que ningún otro aspirante porque el barco que lo contrató como capitán está escoriado. Más de la mitad de la población mexicana cree que el triunfo del PRI sería el peor escenario para las elecciones del año próximo, y el 58% tiene una opinión mala o muy mala de esa fuerza política. Antes de destapar a José Antonio Meade el tricolor traía solo 16% de las preferencias electorales.

El desgaste de los gobiernos priistas es enorme. Tanto a nivel federal como en lo local el estado de ánimo contra ese partido es negativo por argumentos relacionados sobre todo con la corrupción y la inseguridad.

En contraste, las oposiciones presumen mayores simpatías: hoy Morena tiene la mejor expectativa de voto y también la valoración más elevada. Andrés Manuel López Obrador le lleva 10 puntos de ventaja al PRI y el PAN se halla acomodado entre las dos opciones. Mientras el 40% consideraría votar por AMLO, sólo 25% lo haría por un candidato priista.

Estos datos provienen de la encuesta que Buendía & Laredo levantó entre el 10 y el 17 de noviembre, publicada por El Universal hace 7 días. Obvio que no refleja todavía el efecto de la candidatura de José Antonio Meade sobre el humor político de los potenciales electores. Sin embargo, cabe suponer que el destape, por sí solo, habrá abonado poco al movimiento de los números; aún falta que arranque la verdadera campaña.

¿Con qué cuenta José Antonio Meade para que sus aspiraciones empaten con las posibilidades de triunfo? La apuesta de campaña de este político filopriista estaría sostenida por tres cables principales: los recursos disponibles para el PRI dentro del gobierno, la independencia de la candidatura con respecto a los partidos tradicionales y el achatamiento de las opciones contra las que compite.

Aparato. No hay otro partido en México capaz de movilizar más recursos públicos a favor de su causa. A nivel local el PRI gobierna en 62% de los municipios, contra el PAN, que sólo tiene 19% de las presidencias municipales o el PRD, que apenas alcanza 13 por ciento.

A pesar de haber tenido mala racha en las últimas elecciones para gobernador, el PRI también es el partido que domina en la mayoría de las entidades federativas: 14 (o 13 dependiendo si se cuenta Coahuila), contra 11 gubernaturas del PAN y 5 del PRD.

Con respecto a la Cámara de Diputados, el tricolor ostenta 40% de los escaños, mientras que el PAN sólo alcanza 21%, el PRD 11.2% y Morena 7%. En el caso del Senado los números igual son buenos para el tricolor: 43.7% de los asientos en la Cámara Alta contra 28% del PAN o 12.5% de la fracción lopezobradorista (PT-Morena).

La importancia de esta presencia mayoritaria del PRI es relevante por la población que gobierna o representa, pero lo es mucho más por los recursos públicos que esos cargos podrían movilizar el año próximo a favor de su candidato.

El partido que apoya a José Antonio Meade tiene a su disposición, grosso modo, 50% del tesoro público para invertir en la jornada electoral que comienza.

Independencia. Según la encuesta citada, 55% de los electores se asumen como independientes de los partidos. Es una cifra grande que sugiere cuán desfondado está el voto duro de las opciones tradicionales. Esos electores serán quienes decidan los resultados del próximo año. Meade tiene como ventaja para competir por esas voluntades que no está afiliado a ningún partido. Resulta difícil saber si este solo hecho convencerá al sector independiente, pero con seguridad el argumento de la no afiliación será usado como clave principal del mensaje.

Achatamiento. La máxima es simple: si no puedes crecer reduce a tus adversarios. Esta va a ser la maniobra más ruda de la campaña por venir. El embate priista contra sus opositores no será edificante por sus razones o propuestas. Lloverán las descalificaciones y las noticias (falsas o verdaderas) destinadas a reducir la estatura de los contrincantes.

Para ello cabe multiplicar las opciones en la boleta –como incluir candidaturas independientes inventadas–, deshacer frentes y alianzas, destruir reputaciones, espantar al respetable, etcétera, etcétera.

Zoom: Hay un arma última que Meade podría utilizar a su favor. Ser sólo Meade, un funcionario decente, responsable y serio. Sería su mejor argumento, pero el barco en el que va montado precisa algo más que un pase de magia para convertirse en otra nave.
23 Noviembre 2017 04:00:00
Guarurismo
El guarura es un hombre que trabaja de guardaespaldas, y no quien dispara por la espalda al sujeto custodiado. Adolfo Lagos Espinosa, director general de la empresa Izzi, perdió la vida por culpa del guarurismo, un mal insoportable de la élite mexicana.

Durante la segunda mitad de la década de los 60 del siglo pasado, el presidente Gustavo Díaz Ordaz subió a la Sierra Tarahumara para encontrarse con líderes rarámuri. Lo hizo acompañado de un cuerpo de escoltas altos y fornidos, casi todos pertenecientes al Estado Mayor Presidencial.

Los hombres sabios recibieron al mandatario diciendo: “sean usted y sus wa’rura bienvenidos”. Arrigo Cohen afirma que wa’rura es un término rarámuri utilizado para referirse a los jefes políticos; así que la calurosa acogida fue dirigida a Díaz Ordaz y sus demás jefes.

Los escoltas de ese Presidente habrán reído con el apelativo y probablemente ellos se encargaron de que el término guarura entrara al léxico del poder mexicano.

No era imaginable, sin embargo, que con el tiempo tales personajes fueran a adquirir tanto poder. Hoy no hay integrante de la élite política o económica mexicana que quiera prescindir de un séquito de guaruras con físico de Goliat y armados, a la Schwarzenegger en la película Terminator.

En México calcule usted cuántos guaruras acompañan a un personaje antes de averiguar de quién se trata. Indague si sus hijos, esposa, suegra, nanas y demás parentela tienen agentes asignados a su seguridad. Pregunte si sus jóvenes vástagos van a los antros acompañados por un nutrido grupo de jefazos.

Si quiere saber cuán relevante es una boda, contabilice los carros de guaruras estacionados fuera del festejo; no se sorprenda si también halla hordas de estos señores en los bautizos y las primeras comuniones. Cuando el simpósium de guaruras se antoje incontable es porque hay políticos en la reunión. Entonces felicítese por haber pagado a tiempo sus impuestos; gracias al esfuerzo de su trabajo toda esa gente puede presumir poder traducido en carros ostentosos y gladiadores notables.

Pocas élites tienen tan mal gusto como la mexicana. En esto seguimos siendo medievales. Para que sea rey, el fulano debe ir acompañado de una extensa corte. Argumentan con hipocresía los practicantes del guarurismo que no es de su gusto verse rodeados por tantos individuos rapados, ni tanto fierro peligroso; dicen que es la inseguridad del país lo que obliga a ese desplante de arrogancia oligárquica.

Pero hay evidencia para saber que es tan riesgoso traer un guarura como llevar encima una pistola: en caso de emergencia nadie puede saber cómo va a terminar la cosa.

Como ejemplo, la triste tragedia de Adolfo Lagos Espinosa, empresario al que le gustaba hacer ciclismo en el campo, hasta que sus guaruras pegaron nueve tiros y uno le arrebató la vida.

La historia va así: Lagos andaba de paseo montado en una bicicleta cuyo valor rondaría los 70 mil pesos. Dos raterillos salieron de detrás de una nopalera para robarle el vehículo de pedales. Tan novatos eran que no se percataron de que, detrás del sujeto asaltado, había un carro con guaruras.

Más novato fue el cuerpo de seguridad porque, en vez utilizar la fuerza de manera proporcional, se puso a tirar en contra de los asaltantes, y también del señor Lagos.

Los delincuentes están vivos, pero acusados de asaltar a un ciclista. En cambio, el asaltado está muerto, por culpa del impune guarurismo.

ZOOM: el guarurismo es otra expresión de la impunidad mexicana. El Estado es responsable por solapar este mal y también nuestra élite, por confundirse, como los rarámuris en época de Díaz Ordaz.
20 Noviembre 2017 04:00:00
Seguro Popular abandona enfermos con VIH
Doce mil pacientes infectados con VIH-sida están a punto de quedarse sin atención médica en la Ciudad de México. Al parecer, no hay con qué pagar la nómina de los doctores, enfermeros, psicólogos y demás personal que labora en las clínicas del Seguro Popular, ubicadas en las delegaciones Cuauhtémoc e Iztapalapa.

Cuando un grupo de trabajadores acudió ante la oficina de recursos humanos de la Secretaría de Salud del Gobierno de la CDMX, en busca de explicaciones, esa autoridad respondió que el dinero destinado por el Seguro Popular para cubrir sus sueldos se había agotado.

Denuncian los médicos de ambas clínicas que, si bien hay suficiente medicamento retroviral para atender a los pacientes, desde hace meses escasean otras sustancias y suministros pertenecientes al cuadro básico; sobre todo, las medicinas más costosas.

Durante los últimos seis años, las clínicas que están ubicadas en Carlos B. Zetina, de la colonia Condesa, y Combate de Celaya, en la Unidad Habitacional Guerrero, no han logrado contratar personal de manera estable o definitiva.

Eludiendo cualquier decencia laboral exigible al Gobierno, los 60 médicos que ahí laboran y el resto del personal están contratados por honorarios durante periodos que se renuevan cada tres meses.

El principal problema que enfrentan estos profesionales de la salud radica en que cada vez se dilata más el tiempo para que tales contratos lleguen a sus manos, lo cual conlleva retraso en el pago de sus salarios.

Como ejemplo, el mes de octubre los médicos laboraron en ambas clínicas sin cobrar un centavo, entre el primero y el 20 del mes, porque los contratos relativos al último trimestre del año arribaron la tercera semana de octubre.

Sin embargo, personal de la Secretaría de Salud de la CDMX acudió en noviembre al mismo personal para informar que los contratos signados días antes debían ser modificados. Insistieron con que el Seguro Popular se había quedado sin fondos y por tanto era necesario que devolvieran los documentos contractuales previos y, en su lugar, firmaran nuevos.

Los médicos no han aceptado porque el nuevo contrato propuesto reduce en un 20% los ingresos del personal, elimina el sobresueldo que –a manera de aguinaldo– se tenía contemplado para diciembre, y busca pagar a los médicos especialistas como si fueran médicos generales.

Algo huele muy mal en este asunto. Cabe que sólo se trate de una pésima administración con los recursos humanos de ambos hospitales y entonces se estaría ante un caso de excepción que, tanto la CDMX como el Seguro Popular deberían resolver con mejor decencia.

Pero también podría ser el primer brote de una epidemia financiera del Seguro Popular, que en este mismo espacio se ha venido denunciando desde hace ya varios meses. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2015 y 2016 hubo desfalcos al fideicomiso concentrador por casi 20 mil millones, debido a irregularidades y corruptelas de varios gobiernos estatales.

A esa cantidad deben sumarse los 13 mil millones que la Secretaría de Hacienda retiró en 2014 de ese mismo fideicomiso, sin que estuviese autorizada para ello. Es decir que, en total, los recursos extraviados por el Seguro Popular suman ya más de 33 mil millones.

Con este antecedente cabe creer que tiene fundamento la explicación entregada por la CDMX al personal de las clínicas Condesa e Iztapalapa.

ZOOM: Las primeras víctimas de la epidemia financiera que enfrenta el Seguro Popular son 12 mil pacientes con VIH-SIDA. ¿Quién sigue en la lista?
16 Noviembre 2017 04:00:00
¿Bullying?
Hay problema cuando las palabras se trasplantan sin lógica ni razón de una maceta a otra. Según la definición convencional, bully es aquel individuo habitualmente cruel que trata con despotismo a personas débiles o pequeñas. Es un sujeto que intimida y agrede con frecuencia; en el extremo el bully es un matón y un rufián. Por su parte, bullying es el verbo que da significado a las acciones delbully. (The American Heritage College Dictionary).

Estos vocablos no han sido reconocidos por la lengua castellana, pero las traducciones del inglés respetan el sentido del término. En nuestro idioma, bullying implica acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, a un alumno sus compañeros.

De acuerdo con cifras de la UNAM y del IPN, alrededor de 18 millones de estudiantes mexicanos, entre los 6 y los 15 años, han sufrido esta especie de violencia dentro de las aulas; es decir, entre un 60 y un 70% de los muchachos inscritos en los niveles primaria y secundaria (Milenio 23/05/14).

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dice que México se encuentra en el primer lugar de la escala internacional del bullying. Aquí prevalece un contexto pedagógico feroz a favor de la violencia que ocurre sistemáticamente dentro del sistema educativo. Es un diagnóstico preocupante que por ningún motivo habría de tomarse a la ligera. De ahí que, haber sacado la palabra bullying de su contexto irrite tanto.

Fue errado que el presidente Enrique Peña Nieto desnaturalizara este vocablo para usarlo como argumento defensivo. María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, presentó uno de los mejores diagnósticos que se han elaborado en materia de seguridad. Gracias a un ejercicio riguroso de análisis informó que la gran mayoría de nuestras instituciones policiacas no cuenta con instalaciones adecuadas, no tiene sistemas de control eficientes, no se beneficia de un modelo adecuado de profesionalización, ni ofrece protección social.

Ella no hizo una crítica a las personas policías, sino a las dependencias, locales y federales, para las que trabajan. Y sin embargo, el presidente Peña Nieto sobre reaccionó al declarar: “se escuchan más voces que vienen de la sociedad civil que condenan, que critican y que hacen bullying sobre el trabajo que hacen las instituciones del Estado mexicano”.

El problema no es que el Presidente considere excesiva la crítica a las fuerzas policiales, sino que confunda la exigencia ciudadana con el bullying, o peor aún, que desestime la demanda de sus gobernados por lograr un país libre de violencia, calificando los reclamos como intimidaciones agresivas en contra de una Policía que presupone débil o pequeña.

Es además injusto Peña Nieto cuando señala a líderes de la sociedad como rufianes, crueles o déspotas. Ellos no merecen ser tratados así, y tampoco la institución presidencial tiene derecho a ofender de esa manera.

La definición y el sentido de las palabras importan para la conversación.

Es materialmente imposible que la sociedad civil ejerza bullying en contra de la Policía. Sin embargo, cuando la autoridad señala en estos términos al ciudadano, cabe temer que peores cosas estén todavía por venir.

ZOOM: ¿Son errores del último año de Gobierno o es la intolerancia de quien ya se cansó de dialogar con sus gobernados?
09 Noviembre 2017 04:00:00
Los Moreira y Fidel Herrera se defienden
“Mi Administración jamás ha tenido un vínculo con la delincuencia”, aseguró el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira. “No tengo relación con el narco”, respondió el expresidente del PRI, Humberto Moreira. “Es inaudito, atroz e inconcebible que se quiera manchar (mi) nombre, dedicado al servicio de Veracruz”, se quejó con energía el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.

Los tres políticos desestimaron el reporte de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, dedicado a explicar la mecánica de control que los Zetas han sostenido sobre el estado de Coahuila y otras regiones del país.

Reaccionaron frente a este documento porque ahí se les relaciona con el grupo criminal más sanguinario de nuestra época: “tanto Los Zetas como el Estado son responsables por la violencia en Coahuila… En el peor de los casos (el Estado) participó directamente en cometer estas violaciones”.

Para tratar de comprender una mecánica criminal –bien conocida pero aún intocada por la justicia mexicana–, esta clínica de Derecho revisó con rigor tres gruesos expedientes judiciales de Texas, todos relacionados con personas que estuvieron vinculadas con los Zetas:

El juicio que en San Antonio se siguió contra Marciano Millán Vázquez; el proceso contra José Treviño, Francisco Colorado Cessa y otros tres sujetos en la ciudad de Austin y el juicio que en Del Río, Texas, fue conducido en contra de José Eliud Lugo López y Emiliano Villalobos.

El núcleo duro de esta investigación son los 23 testimonios que los fiscales subieron al estrado a lo largo de tales procesos. Se trata de una mina de información que permite aproximarse a la lógica más fina detrás de la devastadora violencia mexicana.

Estos expedientes hablan y el reporte sintetiza: “Los testimonios revelan el control y la colaboración generalizada entre funcionarios del estado, desde la policía municipal hasta el gobernador, y Los Zetas. Muchos funcionarios, incluyendo el exgobernador y el gobernador actual de Coahuila, aceptaron sobornos para permitirle al cártel operar con impunidad”.

El documento académico también refiere a los 12 millones de dólares que Efraín Teodoro Torres, “El Zeta 14”, habría entregado para la campaña de Fidel Herrera en 2004, a través del empresario Francisco Colorado Cessa.

Cabe, como dicen los hermanos Moreira y el exgobernador Herrera Beltrán, que todo sea una mayúscula falsedad. Es decir, que los tres procesos judiciales resueltos en los tribunales estadunidenses, y sus muchos testimonios, sirvan sólo para la basura.

Sin embargo, el sentido común conduciría a tomar una actitud más prudente. Por lo pronto, desaconsejaría menospreciar estas piezas de información.

Si no es mentira que Coahuila, Tamaulipas y Veracruz se convirtieron en un grandísimo panteón mexicano, si no es mentira que fueron los Zetas quienes ejecutaron o desaparecieron a la mayoría de las víctimas en esas entidades, y si no es mentira que la corrupción del Estado mexicano en la región del Golfo es variable relevante para explicar la tragedia, ¿no habrá llegado ya la hora de ubicar a las autoridades precisas que, por acción o por omisión, alentaron uno de los episodios más dolorosos de la historia mexicana?

Aseguran los autores del reporte que “el Gobierno mexicano no ha realizado investigaciones sobre estos asesinatos, incluso cuando el Gobierno de Estados Unidos compartió información importante de manera directa”.

¿Por qué? ¿Por qué la Procuraduría General de la República no ha tomado con gravedad la evidencia exhibida en estos y otros expedientes judiciales ya resueltos por los tribunales del país vecino? ¿Será que allá la justicia funciona fatal y por tanto no debe confiarse en ella?

ZOOM: No es ante la prensa que los hermanos Moreira y Fidel Herrera deberían estar dando su testimonio. Llegó la hora de que la autoridad mexicana quiebre los pactos de impunidad y complicidad, que tantas decenas de miles de vida se han llevado, procediendo con sus propias investigaciones y procesos judiciales.
06 Noviembre 2017 04:00:00
INM contrata privados para violar derechos
Guardias privados exigieron a los muchachos que se desnudaran y luego hicieran sentadillas para ver si, entre las nalgas, traían escondida alguna sustancia o material indebido.

Afirman los responsables que tal política se implementó desde que encontraron a un migrante con un cigarro de mariguana escondido en ese lugar del cuerpo.

El neoliberalismo mexicano llegó a su extremo: la autoridad decidió privatizar inclusive la violación de derechos humanos.

Una empresa de seguridad fue contratada por la estación que el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene en el estado de Puebla. Según mandato explícito, esos guardias únicamente están autorizados para verificar el control de entradas y salidas del inmueble.

Sin embargo, en los hechos la dependencia que dirige Ardelio Vargas Fosado les otorgó permiso para ir más lejos.

Las víctimas de este atropello son muchachos centroamericanos de entre 14 y 16 años, quienes fueron privados ilegalmente de su libertad por el INM. A pesar de que la ley advierte que los menores migrantes deben ser remitidos al DIF, en un plazo no mayor a las 24 horas, se les encerró en esta estación durante más de 15 días.

Cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entrevistó a las autoridades del INM sobre estas circunstancias, la respuesta fue sorprendente: dijo el responsable que no estaban enterados de cuanto hacían los guardias de seguridad privada con los menores de edad.

Es decir que los subordinados del comisionado Vargas afirman desconocer lo que sucede en sus instalaciones, al punto que puede desnudarse a un menor y obligarlo a realizar actos indignos, sin que la autoridad se entere de nada.

El contrato entre el INM y la empresa se firmó en marzo de 2016. Por la recomendación de la CNDH (51/2017), emitida el 24 de octubre pasado, se sabe que los guardias reclutados por esa compañía extralimitaron sus funciones.

Sin embargo, lo que no es posible conocer es el nombre de la empresa. Llama la atención que la CNDH haya evitado darlo a conocer.

¿A quién le está entregando el INM la responsabilidad de los migrantes que recorren ilegalmente nuestro territorio?

El escándalo es grave. Si un guardia privado puede denigrar menores en las instalaciones del INM, sin que sus cabezas estén enteradas, ¿qué más puede hacer?

El contexto permite especularlo todo. Por eso la recomendación de la CNDH llama a revisar los procesos de contratación, tanto de estas empresas como del personal que trabaja para ellas.

Hace ya tiempo que este tipo de compañías viene usurpando funciones exclusivas del Estado. Se encargan de cuidar las calles y las colonias, de controlar la vida en las cárceles, de proteger valores y edificios públicos; ahora también custodian, desnudan, maltratan y violan derechos humanos de los migrantes centroamericanos menores de edad.

Este caso es escabroso por sí mismo y, sin embargo, es más común de lo que podemos sospechar. La seguridad en México no sólo está en manos de privados, sino de privados que pueden ser muy peligrosos.

ZOOM: Lo que nos faltaba: guardias de seguridad que, mandatadas por el Gobierno federal, violan derechos humanos. ¿Cómo se llama la empresa que contrató el INM para que supliera sus funciones?
02 Noviembre 2017 04:00:00
Edomex confunde cárceles con basureros
A Luis González Nieto, “El Tatos”, se le ha querido presentar como el demonio que causó todos los males en el penal de Chiconautla. Para tranquilizar los ánimos, la autoridad del Estado de México anunció que el tumor canceroso fue enviado a una cárcel en Gómez Palacio, Durango, y con ello el tema quedó resuelto.

Se trata de una mentira harto tramposa. “El Tatos” no es la enfermedad, sino una roncha más de sarampión. Una de miles que pueblan las cárceles enfermas de negligencia, falta de presupuesto, autogobierno y una gestión desastrosa.

Chiconautla es un penal construido en el fondo de un basurero. No es metáfora. A mediados de la década de los 80 del siglo pasado, el Gobierno del Estado de México decidió retirar con una inmensa pala el corazón de un vertedero para colocar en su centro una construcción carcelaria que habría de albergar a unos mil 700 reos.

Sin embargo, la misma autoridad que tomó esa extraña decisión olvidó después cerrar el basurero. Hoy Chiconautla sobrevive custodiada por paredes de desperdicio que, por momentos, hacen insoportable el olor dentro de esa instalación, y también de los nuevos juzgados edificados para albergar el nuevo sistema penal y sus juicios orales.

Si llueve, los desperdicios bajan hacia esa cárcel. Si sopla viento, presos y custodios deben utilizar tapabocas para soportar el hedor. Si hace frío, la ropa se pone pegajosa y apesta a cáscara de plátano y pañal desechable. En Chiconautla se tiran los desperdicios humanos junto con los seres humanos olvidados. Mientras en la ladera los camiones de basura arrojan podredumbre, bajo la montaña los reclusos están condenados a recordar todo el tiempo que son la escoria de la sociedad.

Esta prisión alberga una población 400 veces superior a la que debería. Sobreviven aquí más de 4 mil 700 reclusos. La mayoría vive en El Pueblo, la zona donde los internos visten de beige, comen rancho y duermen 12 y 15 por celda, a pesar de que las crujías fueron concebidas para dar alojamiento a sólo cuatro sujetos. Rancho se llama a la alimentación detestable que dentro de ollas inmensas mezcla productos de calidad ínfima y que por su consistencia grumosa es imposible descifrar.

En cambio, los privilegiados en Chiconautla pagan una cuota semanal de 800 pesos para disfrutar de mejores instalaciones. Esos reclusos visten de azul y cuentan con superior nutrición y libertad.

Menos de la mitad de los internos de este penal han sido sentenciados y probablemente seis de cada 10 son inocentes del delito por el que fueron encerrados. Porque la justicia funciona mal en los tribunales, las familias de estos reclusos visitan los miércoles y los domingos, como quien lo hace con un hermano, un padre o un marido que cayó enfermo, por obra del azar, en una sala de hospital. La Familia Michoacana es la banda que ordena la vida en Chiconautla. Este penal se encuentra en el municipio de Ecatepec y, por tanto, esta banda criminal decide aquí quién vive y cómo vive cada quien. Si en este territorio criminal cae por azar alguien perteneciente a otra organización delictiva, como, por ejemplo, “El Tatos”, las cosas pueden ponerse rudas.

ZOOM: La justicia tiene cuatro patas para funcionar. Una de ellas es el sistema carcelario que, de tan devastado, explica por sí solo por qué la justicia mexicana anda por los suelos.
26 Octubre 2017 04:05:00
Defensor ‘polvera’ de derechos humanos
“Vengo a poner una queja porque violaron mis derechos humanos”, informa una ciudadana. “¿Tiene usted cita?”, responde el guardia de la puerta principal. “Es que acaba de sucederme y vine de inmediato”, insiste la mujer. “Pues pida cita por teléfono y no regrese hasta que se la den”, remata el responsable de tener a raya a las visitas.

Esta escena es común en la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX. Desde hace tiempo que la puerta se cerró para los quejosos molestos e impertinentes. Ya nadie recuerda ahí dentro las épocas en que esa institución defendía a las víctimas del News Divine o denunciaba los abusos cometidos en las cárceles de la capital.

La CDH de la CDMX es hoy comparsa y cómplice de la autoridad. La presidencia de Perla Gómez Gallardo la volvió light, deslactosada, descremada y desinteresada frente a las violaciones. El mundo al revés: esta Comisión decidió defender al gobernante frente a las quejas de la población.

Se quejan los usuarios porque Perla Gómez se colocó de manera sistemática del lado de la autoridad. También de que las resoluciones emitidas durante su gestión hayan sido regularmente tibias y contradictorias. Algo ha tenido de polvera esta gestión porque en vez de defender a quien debía, la CDH se dedicó a embellecerle el rostro al Gobierno de la ciudad.

¿De qué sirve un defensor de derechos humanos que no está dispuesto a incomodar a la autoridad? ¿Por qué pagar el sueldo a los trabajadores de una Comisión que sólo se ocupa de volver invisibles las quejas ciudadanas?

Muy sorprendida debe estar Perla por la pésima estrategia que siguió durante su primer mandato. Hoy no la quiere el Gobierno, tampoco el partido que la apoyó y mucho menos la oposición en la Asamblea Legislativa de la ciudad. Tampoco la respaldan las organizaciones de la sociedad que se sintieron traicionadas por su actitud sumisa ante el poder.

Esta experiencia debería servir a los legisladores de la capital para no repetir el error. De nada es útil un defensor a modo, suavecito, otro presidente polvera cargado de compromisos con los políticos y desinteresado de la ciudadanía. Y, sin embargo, la tentación de repetir la receta del defensor blandito sigue convenciendo a más de uno.

En la lista corta de aspirantes a la presidencia de la CDH de la CDMX hay dos candidaturas que regresarían dignidad a la institución: Hilda Téllez y Nasyelli Ramírez. Ambas cuentan con una trayectoria intachable, son personalidades con autonomía moral y, al mismo tiempo, entienden sobre política pública y acción de gobierno.

Hilda comenzó su carrera hace más de 20 años como jefe de departamento en el mismo organismo que ahora quiere presidir. Le tocó participar en la comisión desde la época de Luis de la Berreda y consolidó su carrera como defensora durante la gestión de Emilio Álvarez Icaza. Posteriormente se hizo cargo del área de quejas en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, lugar donde hizo una estupenda tarea.

De su lado, Nasyelli Ramírez es en México una de las mujeres más tenaces dentro del campo de los derechos de las niñas y los niños. Tiene también más de 20 años haciendo avanzar políticas de inclusión, educativas, de salud y de derechos humanos en beneficio de esa población.

Si algo puede decirse de ambas, es que son personas decentes en una sociedad donde tanta falta hace esa precisa virtud.

ZOOM: el método de selección que la Asamblea de la CDMX está siguiendo podría terminar muy mal. Pero también podría dar un ejemplo de respeto a la dignidad que merece la lucha por los derechos humanos.
19 Octubre 2017 04:00:00
De cómo el narco financia la política
Ayer la Corte Federal de los Estados Unidos condenó a 20 años de prisión a Francisco Colorado Cessa por lavar dinero para los Zetas. Según los testigos que participaron en el juicio que sentenció a este criminal, Cessa estuvo vinculado con los gobernadores Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.

Después de la condena emitida el día de ayer, la PGR debe tomar con seriedad los elementos que, a partir de este caso, evidencian en México la liga entre política y narcotráfico.

De acuerdo con Juan Carlos Hinojosa, contador de los Zetas, Fidel Herrera habría recibido 12 millones de dólares de esa organización como financiamiento para su campaña a gobernador del 2004.

En el mismo juicio referido, el agente del FBI responsable del caso, Scott Lawson, declaró:

“Con base en los interrogatorios de informantes, hay elementos para creer que el gobernador de Veracruz retribuyó los apoyos… consiguiendo para su empresa –ADT Petroservicios– cuantiosos contratos de Pemex”.

Colorado tuvo en ese tiempo como aliado de sus negocios a Efraín Teodoro Torres, “El Zeta 14”. Este otro criminal, que falleció en 2007, era el jefe de la plaza de Veracruz por parte de los Zetas. Fue uno de los responsables principales de la ola de violencia que se desató en esa entidad durante el siguiente lustro.

Otros testigos han referido que la sociedad entre ese grupo criminal y la autoridad formal en Veracruz se extendió al mandato de Javier Duarte. Colorado habría también ayudado a financiar la campaña de este otro candidato priista y, durante sus primeros años de gobierno, obtuvo impunidad a cambio de cantidades grandes de dinero.

El caso Colorado Cessa es emblemático porque revela una realidad que muchos han dado por cierta, pero nadie ha sido capaz de probar: que Los Zetas fueron una organización criminal cómplice de los políticos más encumbrados.

Es imperativo traer a México la parte faltante de la investigación. La Corte Federal en Austin y Nueva Orleáns ya probó el vínculo entre este empresario mexicano y el narcotráfico. Confirmaron que lavó dinero y también que financió su actividad como proveedor de Pemex con dinero proveniente del narcotráfico.

Toca ahora a la autoridad mexicana descifrar la relación entre este intermediario y los políticos veracruzanos responsables de que su estado se convirtiera en un infierno de violencia.

No debe importar si ambos fueron gobernadores del PRI, tampoco debería ser obstáculo que Herrera y Duarte hubieran podido financiar, a su vez, otras campañas de su partido.

Es mucho más importante descifrar el mecanismo mafioso para que los responsables encuentren castigo y también para aprender de este caso porque no debe repetirse.

No hubo otro grupo más sanguinario en la guerra por las drogas que tuvo lugar durante el gobierno de Felipe Calderón; las masacres que Los Zetas impusieron al país son heridas que tardarán muchas generaciones en curarse.

Sería infame arrojar al barranco de la desmemoria a los responsables últimos de tanta mortandad. Sería deslealtad con las víctimas y sus familiares, indecencia para con quienes han sufrido lo indecible.

Luchar contra la impunidad pasa por perseguir hasta sus últimas consecuencias a los funcionarios electos que se hicieron cómplices de la atrocidad.

De ellos se esperaba un estándar moral elevado y, sin embargo, no quisieron estar a la altura. Por eso, es indispensable que estos procesos y sus condenas sean ejemplares. No se trata de enviar carne fresca a los leones enojados por la corrupción mexicana, sino de construir un caso penal que siente precedente para delante.

Sólo así lograremos que el dinero del crimen organizado no ingrese a las campañas políticas ni lesione la vida democrática mexicana. Sólo así será posible que las mafias dejen de utilizar a Pemex como plataforma para lavar su dinero sucio. Sólo así los hampones que asesinan, extorsionan, secuestran y destruyen comunidades, dejarán de contar con la protección de los gobernantes.

ZOOM: Suele ocurrir que los Estados Unidos atraigan casos de la justicia mexicana porque los imputados tienen que enfrentar, allá también, los delitos cometidos.

El caso Colorado Cessa, de su lado, debería igual investigarse en México porque es la hebra que permitirá sacar de las sombras a varios políticos criminales.
12 Octubre 2017 04:00:00
Cuando el idiota ya no quiere vivir contigo
Cuando el imbécil del carro de enfrente avanza a toda velocidad en contra tuya, sólo queda hacerte a un lado y confirmar que traes abrochado el cinturón.

Ese conductor es Donald Trump y los que debemos prepararnos para la colisión somos los mexicanos. El TLCAN está a punto de dejar de ser un tratado para América del Norte, porque el Presidente de los Estados Unidos ha propuesto sustituirlo por acuerdos bilaterales y proteccionistas.

Lo de imbécil es cosecha del secretario de Estado, Rex Tillerson, quien presumiblemente así llamó a su jefe en julio pasado durante una reunión dentro del Pentágono, frente a un grupo amplio de integrantes del gabinete de seguridad.

Luego Tillerson quiso matizar, pero su esfuerzo no rindió frutos porque Trump lo retó a medirse en una prueba de I.Q, y eso sí que fue estúpido.

Las tensiones principales de esos dos señores han sido a propósito del conflicto entre Corea del Norte y Estados Unidos. Mientras el responsable de la política exterior estadunidense se esmera por enfriar la indeseable tensión nuclear con Kim Jong Un, Trump sabotea vía Twitter todos los esfuerzos, con las yemas de sus dedos.

Lamentablemente este señor de entendederas limitadas es el mismo con el que los negociadores mexicanos están teniendo que medirse. Si tan sólo el asunto se tratara de una prueba de I.Q. tendríamos grandes posibilidades de salvar el TLCAN. Lástima que no sea el caso porque lo que se juega en esta cuarta ronda no es neuronal.

En realidad, nunca hubo seriedad en esta negociación por parte de la Casa Blanca. Debimos entender mejor al magnate cuando en enero habló por teléfono con el presidente Peña Nieto: “Creo que podemos tener una solución más simple… poner aranceles a la frontera, porque… los Estados Unidos ya no tendrán esos aranceles (TLCAN) con nadie”.

La negociación ha sido, desde el principio, sólo faramalla, teatro y pérdida de tiempo. El hombre acusado como imbécil será consecuente con su naturaleza. Está interesado en dar un golpe mediático para agradar a sus votantes y el resto le es indiferente.

Acaso reventar el TLCAN será la única cosa que pueda cumplir a sus seguidores. Ya que no pudo sustituir el sistema de salud implementado durante la administración Obama, ni tampoco fue capaz de promover una reforma fiscal a favor de los ricos, romper este acuerdo comercial es la única promesa de campaña que está en sus manos (¿en sus puños?) resolver.

Una vez finiquitado el tratado, los daños a la economía de las tres naciones serán mayúsculos. La economía mexicana saldrá derrotada después de esta barbaridad, pero lo mismo sucederá con las de Texas, California, Arizona, Nevada o Nuevo México. Para Canadá la situación no irá mejor porque el flujo comercial entre esos dos socios perderá rumbo y sobre todo certidumbres.

Hace ya rato que los canadienses hablan de estas mesas de negociación como un modelo similar al que sus primos ingleses están siguiendo para operar su salida de la Unión Europea.

México, en cambio, apenas comenzó a decir en voz alta que el tratado se halla a punto de perecer. Todavía aturdidos por el terremoto escuchamos declarar la semana pasada a Juan Pablo Castañón, cabeza del Consejo Coordinador Empresarial, que cabía la posibilidad de que esta cuarta ronda terminará fatal.

El canciller Luis Videgaray fue más enfático durante el diálogo que sostuvo el lunes en el Senado: “Hay cosas que no vamos a aceptar. No sería el fin del mundo. A México nadie le va a decir lo que tiene que hacer. Tenemos que prepararnos para… salirnos de ese Tratado”.

¿Así o más claro? Se acabó. Esta ronda es como la última visita que la pareja (el trío) hace al juez para discutir los términos del divorcio. No irá bien y lo peor apenas está por venir.

ZOOM: ¿Tenemos plan B?
05 Octubre 2017 04:00:00
Callarse y ser silenciado
Un periodista no puede ser protagonista. Así como el fotógrafo no debe colocarse entre la cámara y el objeto retratado, de igual manera el reportero debe evitar interponerse entre el lector y la información que reporta.

Ayer, sin embargo, tres profesionales de la información nos encontramos injustamente convertidos en noticia. Un acto de censura nos obligó a serlo y sinceramente lo lamento.

Este texto es un esfuerzo por recuperar la lógica que el oficio exige; es decir, ofrecerle a la audiencia interesada una mirada directa sobre la serie de eventos que llevaron a que uno de los conductores más prestigiados de la radio mexicana, Leonardo Curzio Gutiérrez, se viera forzado a renunciar al micrófono que, durante 18 años, utilizó con gran inteligencia, ponderación y profesionalismo.

Considero relevante consignar tales hechos porque creo que sólo documentando puede conjurarse que en el futuro los periodistas sigamos siendo protagonistas en vez de informadores.

El jueves de la semana pasada publiqué en estas mismas páginas una columna dedicada a criticar la propuesta del presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza, a propósito de eliminar los cargos de elección obtenidos por la vía de la representación proporcional.

Ese mismo día, argumentos parecidos encontraron cabida dentro de una discusión más amplia y enriquecida durante la tertulia política que, en la emisión matutina de Enfoque Noticias, durante 12 años condujo Curzio y compartí con mi amiga María Amparo Casar.

Ciertamente ninguno de los tres fuimos condescendientes con las propuestas del presidente del PRI, pero los argumentos expuestos no fueron ligeros ni carecieron de fundamento. La doctora Casar es experta en temas parlamentarios y su conocimiento ayudó, como siempre, para darle densidad a la deliberación.

De mi lado acusé como oportunismo el haber utilizado el ánimo polarizado posterior al terremoto para hacer avanzar una propuesta cuya intención es reducir pluralidad democrática en México.

Una hora después de concluida la emisión, recibí una llamada cordial de Enrique Ochoa. No fue una conversación fácil porque las posiciones de ambos están obviamente en polos muy distintos. Sin embargo, celebré la apertura para discutir y, al finalizar, ambos mostramos interés por hacerlo públicamente en los medios de comunicación.

No obstante, al día siguiente topé con un mensaje que iba en sentido diametralmente opuesto. Leonardo Curzio me informó que el presidente de NRM Comunicaciones, Edilberto Huesca Perrotín, había decidido dar por terminada la relación laboral que desde hace 19 años sostenía yo con esa empresa. Ahí mismo me enteré que mi compañera María Amparo Casar podría correr con la misma suerte.

La tercera pieza de información me sorprendió aún más: Curzio dijo que presentaría su renuncia en caso de que ambos fuésemos efectivamente cesados. Hasta aquí el recuento de hechos.

Me faltan elementos para comprender el paisaje completo. No conozco cuánta fue la presión que recibió don Edilberto por nuestra causa. Supongo que habrá sido mucha porque se trata de un hombre decente con quien comparto una relación cargada de afecto desde hace demasiados años.

Tampoco sé quién, en concreto, ejerció esa presión y sin embargo me consta que fueron los argumentos vertidos en la tertulia los que detonaron nuestra salida.

ZOOM: La valiente renuncia de Leonardo Curzio eleva los costos para que otro periodista después de él sea silenciado por presiones arbitrarias.
28 Septiembre 2017 04:00:00
A propósito del terremoto, hablemos de mí
Uno de los síndromes más mezquinos de nuestros días es la obsesión por colocarse bajo los reflectores, por cualquier medio y a toda costa. No importa lo que suceda alrededor, ni cuál sea el tamaño de la tragedia ajena; en el pequeño cerebro de ciertos personajes el ombligo es la única neurona que funciona.

Padecemos de manera crónica el fenómeno “hablemos de mí”; uno donde todo se conjuga en primera persona del singular: yo, mí, me, conmigo y lo demás viene detrás.

Si bien esta enfermedad no conoce clase social, ciudad, región, sexo o barrio, hay coordenadas donde se manifiesta de manera más álgida y desagradable.

En estos días de tragedia nacional –donde a tantos ha golpeado el látigo del dolor–, resulta moralmente intolerable el juego que se traen algunos líderes políticos buscando desesperadamente que se hable de ellos.

Evidencia de este síndrome abunda, pero el premio del protagonismo más miserable se lo llevaron sin duda Enrique Ochoa, presidente del PRI, y los correligionarios que lo acompañaron el lunes pasado para presentar una iniciativa oportunista, abusiva y sobre todo grosera con el padecimiento ajeno.

Los dirigentes priístas dicen que detrás de su propuesta hay resortes nobles, pero pocas cosas podrían ser más mentirosas. Han planteado eliminar los cargos de elección popular que responden al principio de representación proporcional –las famosas pluris– porque dicen que de esta manera el país se ahorraría más de 11 mil millones de pesos anuales; dinero que “generosamente” proponen dedicar a la reconstrucción del país.

Aseguran estas personas que su idea tiene respaldo popular, pero detrás de sus intenciones hay ruindad. La propuesta de desaparecer los cargos de elección popular en México la traía el PRI mucho antes del terremoto porque así conviene a los intereses de esa fuerza política. Nada tiene que ver con los muertos, los damnificados o las enormes necesidades derivadas del terremoto.

El cálculo es frío, por no decir gélido: aprovechan el sufrimiento, que es grande, para hacer pasar como obra buena una bajeza.

El PRI quiere que sólo exista mayoría relativa, ya que es el partido más votado por esta vía electoral. En simultáneo, pretende desaparecer la representación proporcional porque, de lograrlo, aniquilaría a varios de sus competidores.

Si se atiende a los números actuales, por mayoría relativa el PRI cuenta hoy con el 46% de los cargos en el Senado y el 49% de los diputados. En contraste, su competidor más cercano –el PAN– apenas logra el 25% de los cargos obtenidos por mayoría en el Senado y el 18.6% de las diputaciones.

Si en México desaparecieran las 64 senadurías y las 300 diputaciones pluris, el PRI volvería a construir una mayoría casi hegemónica, debido a que el PAN desplomaría su representación a nivel federal y los demás partidos tenderían a desaparecer.

Eliminando la representación proporcional saldrían del escenario el PRD, Movimiento Ciudadano, el PT, Nueva Alianza, el PES y posiblemente el PVEM. Sólo sobrevivirían el PRI y el PAN, con Morena en un muy lejano tercer lugar.

Habrá quien, sin ser priista, quiera ver un país con pocos partidos. Sin embargo, vale la pena reflexionar si en este momento lo mejor es reducir equilibrio y contrapeso al sistema político mexicano.

ZOOM: Lo que quiso decir el señor Enrique Ochoa el pasado martes sonó más o menos así:

“A propósito del terremoto, hablemos de mí y mi partido. Les propongo que eliminemos a mis adversarios políticos para que sólo yo gobierne. Luego, con el dinero que ahorraré a los contribuyentes, daré limosna para los damnificados”.

¡Que con su pan se lo coma! Si es que el PAN y los demás partidos son tan estúpidos como para dejarse.
14 Septiembre 2017 04:06:00
Lo virtual no quita lo real
Alejandro González Iñárritu es contagioso. Su fuerza vital no aplasta, pero obliga a conspirar con él. Como torbellino pasó el martes por México y la elocuencia de sus argumentos contagió sin pedir permiso. Verlo trabajar de cerca ayuda a comprender el éxito que ha tenido en su carrera como cineasta.

Carne y Arena es su más reciente creación. Una apuesta artística arriesgada que podría haber significado su primer gran fracaso. Y sin embargo confirmó con ella la potencia de su talento. Con esta instalación de realidad virtual, Iñárritu logró trascender dos fronteras en simultáneo: la de la tecnología y aquella que los migrantes cruzan a pesar de tanto.

El autosubversivo director de Birdman se salió esta vez de la pantalla y la bidimensionalidad. Pero antes debió renunciar a ser cineasta. Hizo como quien comienza de cero. No invitó actores profesionales, sino personas que recrearon su propio personaje. No escribió un solo guion, sino varios; porque cada historia necesitaba su relato.

No ofreció una sola narrativa, porque creó un universo donde el espectador es libre de escoger diversos recorridos. Y lo más importante de todo: logró que el espectador deje de serlo para convertirse en un personaje más de esa caravana de migrantes que atraviesa el desierto de Arizona y es capturada por los agentes de la migra.

Una y otra vez repite González Iñárritu que Carne y Arena no tiene propósitos políticos, porque es una obra esencialmente humana y también artística. En esto se equivoca. De toda su obra esta es la más política. No podría ser de otro modo cuando el tema principal es la frontera. La línea que un nosotros opone frente a una distante tercera persona del plural, teniendo como principal propósito la exclusión.

Nosotros está armado, lleva botas militares, recorre el desierto en helicóptero y vehículos ruidosos, habla fuerte y en inglés, humilla, empuja, interroga, abusa. En cambio, ellos han dejado la mayoría de sus pertenencias en casa, van descalzos, mientras caminan intentan borrar sus huellas, no hablan inglés y alguno tampoco castellano, se arrojan al suelo como si fueran criminales, son vulnerables, son invisibles, son nadie.

Carne y Arena recrea seis minutos de lo que significa el choque entre el migrante y la persona responsable de expulsarlo. Es una exhibición del poder asimétrico, del poder arbitrario, del poder intolerante y por eso se trata de una obra de arte políticamente genial.

El espectador, que es al mismo tiempo personaje, no emerge ileso después de la visita. Iñárritu lo obliga a tener un experimento emocional que será luego imposible de abandonar. Lo somete a ser migrante, lo empuja a cruzar la frontera, lo fuerza a comprender las razones del éxodo y, al final, lo emplaza a definirse dentro de un drama planetario.

“La experiencia sensible nos vuelve más sabios,” afirma con énfasis el artista. Habrá necios que refuten esa hipótesis, pero ciertamente Carne y Arena aporta una poderosa carga de conciencia sobre el fenómeno de la migración. Un trancazo que amorata las neuronas.

Hay una imprecisión en la propaganda para visitar esta instalación que, en México, está localizada dentro el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco de la UNAM:

No es cierto que la experiencia dure seis minutos. Por obra de la relatividad del tiempo los compañeros de viaje terminan alojados en la memoria de tal manera que esta vivencia se prolonga por días y meses.

Carne y Arena ocurre gracias a la realidad virtual que el artista inventó para que ellos y nosotros nos diéramos cita en su universo asombroso. Pero en realidad es mucho más que un esfuerzo tecnológico magníficamente logrado, porque en su concepción y ejecución todo el tiempo está presente la belleza.

Mientras Iñárritu es el filósofo que concibió ese sueño singular, Emmanuel Lubezki es quien hizo que las imágenes, los colores y las texturas secuestren la conciencia. Ambos son responsables del contagio, tocan cuerdas del espíritu para volvernos resistentes frente a la guerra extendida que se está librando en contra de la muy antigua práctica humana de migrar.

ZOOM: Carne y Arena trasciende una tercera frontera: si se tiene curiosidad por saber cómo serán en el futuro la educación, la capacitación, los museos, el entretenimiento, la pornografía, la terapia sicológica y tantas otras actividades de lo humano, vale la pena reservarse un lugar para visitar esta talentosa obra del mexicano Alejandro González Iñárritu.
07 Septiembre 2017 04:00:00
Cervantes por Mancera
Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado han apostado todo el capital político con el que cuentan para ir juntos a las elecciones de 2018. Desde hace meses se reúnen en casa del tercero para discutir meticulosamente cada pieza del acuerdo. Hay un tema que desde el principio ha sido fundamental para que su estrategia prospere: ofrecerle a Miguel Ángel Mancera un puesto suficientemente importante como para que desista de competir en solitario por la candidatura presidencial.

El martes pasado la negociación dio su primer fruto. Los tres partidos anunciaron formalmente sus intenciones ante el INE. Fue un acto ritual que sirvió para darse ánimos de cara a la siguiente ronda de negociaciones, que será la más difícil.

En principio resulta obvio que este Frente tendrá un candidato panista a la Presidencia. Cuestión de ver cualquier encuesta para entender por qué. El partido azul le saca al menos 30 puntos de preferencia efectiva al amarillo y casi 40 a Movimiento Ciudadano. El próximo paso para que no se rompa la alianza radica en que los precandidatos Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle encuentren un método aceptable a la hora de resolver sus respectivas ambiciones.

No se necesita ser profeta para saber que, si dentro del PAN se descomponen las cosas, el Frente Ciudadano nacerá mal herido.

En las próximas semanas los azules tendrán que hacer mucha política para decidir si eligen candidato por vía de encuestas o a través de los órganos directivos. Esa sola disyuntiva se antoja cardiaca.

Por otra parte, el acuerdo de la mesa tripartita de negociaciones indica que al PRD le tocará la candidatura al Gobierno de la Ciudad de México. Un cargo que casi de manera natural obtendría otra de las negociadoras, Alejandra Barrales, o quizá Agustín Basave, quien también ha jugado un papel importante en estas conversaciones.

Sin embargo, la gran incógnita de esta ecuación la impone el actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera. Él también ha sido promotor intenso de la construcción del Frente y, sin embargo, no es evidente el beneficio que podría obtener con ello.

Es imposible que el PAN ceda la candidatura presidencial, tampoco puede Mancera repetir como alcalde de la capital y una senaduría le quedaría pequeña como premio de consolación.

Sólo hay un cargo capaz de resolver el rompecabezas. En caso de triunfo, en julio del 2018, el Frente buscaría impulsar al actual jefe de Gobierno como el primer fiscal general autónomo de la República; un puesto que según está estipulado por la Constitución, le daría vida política hasta el año 2027.

Esta pieza es clave de bóveda de todo el entramado político que hace tiempo se traen entre manos los constructores del Frente. A la vez sería la explicación más plausible de por qué Ricardo Anaya encabezó la ruptura de acuerdos contraídos previamente por el PAN con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, para respaldar el nombramiento de Raúl Cervantes Andrade como futuro fiscal general.

De haberse mantenido aquel arreglo se habría anulado toda viabilidad para el Frente. Anaya y demás socios están empeñados en bajar a Cervantes para subir a Mancera porque, de otra forma, la estrategia electoral que han planeado para 2018 estaría muerta.

ZOOM: Paralizarán el Congreso, el presupuesto y todo lo que sea necesario con tal de que el PRI apruebe la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para eliminar el pase automático del procurador Cervantes Andrade. Que Miguel Ángel Mancera ocupe ese puesto es central para que prospere el Frente Ciudadano. Lo demás es lo de más.
31 Agosto 2017 04:00:00
Sí hay robo de bebés en Edomex (I)
Quien cree que la política criminal se puede resolver con un acto comunicativo mentiroso está condenado al fracaso que perpetua impunemente las injusticias. Confirmo aquí la opinión que tengo de la Fiscalía General de Justicia del Edomex: esa institución está más preocupada por ocultar los casos de secuestro de recién nacidos en la zona de Valle de Bravo que por investigarlos.

Como prueba principal ofrezco la carta que el director de Comunicación Social de esa dependencia, Claudio Camilo Barrera Vargas, envió como réplica a mi columna aparecida en El Universal el pasado lunes, titulada Secuestro de bebés en Edomex. Refuerza mi opinión la reacción que los agentes y comandantes de esa institución tuvieron frente a ese mismo texto.

Declara la FGJ que “rechaza de manera categórica que haya un patrón criminal de robo de bebés … (porque) no hay elementos de prueba que así lo demuestren”. Con los testimonios y documentos que este reportero ha recabado, me atrevo a poner en duda tal afirmación. Cada uno de los casos expuestos arroja argumentos en sentido contrario a lo planteado por la autoridad.

El primer caso se refiere al robo de un infante de 15 días en la Cascada del Molino, el día 31 de julio. El segundo, al secuestro de una mujer embarazada, a quien presuntamente le habrían practicado una cesárea clandestina para robarle a sus trillizos. El tercero refiere a la desaparición de una joven madre y su menor de siete meses.

La distancia es grande entre la versión divulgada por el área de comunicación de la FGJ del Edomex y los relatos que han compartido los familiares de las víctimas. Además de presentar contra réplica, esta colaboración está dedicada a exhibir tales diferencias en lo relacionado con el primer caso.

Mañana y pasado mañana se publicarán en este mismo espacio la segunda y la tercera entrega dedicadas a exponer los otros expedientes de robo de infantes.

Este lunes el agente Sergio Jaramillo visitó a un familiar del menor secuestrado en la Cascada el Molino y le condujo al Ministerio Público para que conversara con su comandante. Lo primero que hizo el funcionario de mayor jerarquía fue reclamar por la columna publicada en estas páginas. Dijo que era injusto acusar a la policía de haberse quedado con los brazos cruzados.

El familiar, sin embargo, ratificó su percepción sobre la negligencia de la autoridad. Recordó que ha transcurrido un mes desde el secuestro sin que la autoridad cuente con ninguna pista sólida.

El comandante respondió que no era posible seguir avanzando en la investigación ya que la madre del menor continúa en el hospital en situación “delirante”, por los medicamentos suministrados debido a las lesiones graves que todavía la aquejan.

El familiar respondió con una pregunta: “¿si la madre hubiera fallecido no habría entonces manera de recuperar al bebé?”. El funcionario insistió con que la mamá era indispensable para elaborar el retrato hablado.

El familiar recuerda que el Ministerio Público pidió 10 mil pesos para que se realizara ese retrato. Asegura también que hay otras personas que conocieron a Carolina, la presunta secuestradora, y sin embargo no han sido debidamente entrevistadas. Afirma por otra parte que el retrato divulgado no se parece en nada a la mujer que se habría llevado al niño.

Añade el familiar en la misma hebra: ¿por qué en el caso de los señores ricos que fueron secuestrados seis meses atrás, la policía pegó carteles por todo el municipio y, en cambio, no se hizo algo similar con el niño desaparecido?

“En Valle de Bravo no es lo mismo que secuestren a un patrón que a una persona pobre”, insiste con dolor.

Al final de la conversación el comandante pidió a los familiares que dejen de hablar de este caso con otras personas, sobre todo con la prensa, “porque este asunto es muy delicado”. (¿Qué quiso decir con “muy delicado”?) Igual advirtió que los teléfonos de la familia podían ser “infiltrados”, con propósitos relativos a la investigación.

ZOOM: México es el país más impune de América. El Estado de México es el más impune de México. Eso sí que es contundente y la explicación está en la manera tan ineficiente, corrupta, tramposa y sesgada como se persiguen los delitos que afectan a la población más vulnerable.
24 Agosto 2017 04:00:00
Grupo Iusa detrás de Pegasus
Sigue dando de qué hablar el programa Pegasus que adquirió la Procuraduría General de la República (PGR) por 544 millones de pesos a una compañía fantasma de nombre Grupo Tech Bull S.A. de C.V.

Tiene ya más de un mes que se dio a conocer el escándalo y sin embargo, esa dependencia no ha dado explicaciones creíbles sobre el asunto. ¿Por qué Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), firmó un contrato por un monto así de importante con un proveedor de dudosa existencia?

Dobla el interés por el asunto que el malware adquirido por la PGR sea utilizado para espiar ciudadanos. Desde luego que genera angustia suponer que el Estado mexicano compra insumos para actuar con inteligencia en la lucha contra el crimen, a empresas que violan la ley y recurren a prácticas criminales como defraudar al Estado proporcionando información falsa sobre su personalidad legal.

Desde que estalló este escándalo una pregunta principal ha permanecido sin respuesta: ¿qué empresario tiene la influencia política suficiente como para forzar a la PGR a realizar una compra así de irregular?

Pues de las catacumbas de la misma PGR comienza a surgir la respuesta. Una fuente confiable me informa que –en la época de la adquisición del malware– dentro de esa dependencia se señaló al empresario Carlos Peralta del Grupo Iusa como quien estaba detrás de la extraña operación.

Es decir, que Grupo Tech Bull sería en realidad una pantalla confeccionada por esa otra empresa para venderle al Gobierno mexicano dicho producto, harto controversial.

Fortalece la especie el hecho de que, en efecto, Grupo Iusa haya sido uno de los conglomerados empresariales más beneficiados por la administración de Enrique Peña Nieto.

Entre los contratos jugosos obtenidos por esa firma están las tabletas electrónicas que la Secretaría de Educación Pública entregó por miles a los estudiantes de educación básica en nuestro país.

Un expediente más reciente lo dio a conocer la periodista Thelma Gómez, cuando denunció el procedimiento de una licitación escandalosa dentro de la Comisión Federal de Electricidad, donde Grupo Iusa habría torcido todo para convertirse en la principal proveedora de medidores de luz del país. (Animal Político-Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad 17/06/17).

Llama la atención que ese grupo empresarial tenga misiones tan variadas, como la venta de programas para espiar, pasando por las tabletas educativas, hasta llegar a los medidores de luz. Gracias a ello, junto con otros personajes muy destacados del empresariado mexicano, Carlos Peralta ha sido uno de los hombres ricos de México que en este sexenio se volvieron aún más ricos.

ZOOM: Es difícil suponer que tal cosa ocurrió sin que dentro del Gobierno haya habido favorecidos ilegítimos de esos negocios. Si lo que en la PGR se está diciendo es cierto, y Tomás Zerón recibió la instrucción de firmar un contrato millonario con una empresa fantasma para beneficiar al señor Peralta, la siguiente interrogante es: ¿quién desde el penthouse gubernamental dio la orden para burlar la norma, torcer el proceso de licitación y pagar 544 millones de pesos? O, en otras palabras: ¿quién es el beneficiario último de este reprobable acto de corrupción?
17 Agosto 2017 04:00:00
Lozoya, el peor
¿Qué es más grave, un funcionario corrupto o un mal funcionario? Cuando ambos argumentos se combinan, no es necesario responder la pregunta.

Hay cuestionamientos cada día más graves sobre la honestidad del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. La hipótesis relativa a que recibió sobornos de la empresa brasileña Odebrecht terminará siendo confirmada (o desechada) con el tiempo.

Sin embargo, lo que no necesita esperar es la evaluación de sus responsabilidades al frente de la empresa paraestatal. Los datos son públicos y deben ser ponderados porque, durante el tiempo que Emilio Lozoya fue director de Pemex, sucedieron en simultáneo varios hechos lamentables: decayó como nunca en la historia de esa empresa el volumen de crudo extraído en territorio mexicano; creció enormemente la deuda contraída por la paraestatal; Pemex hizo inversiones en negocios no petroleros que resultaron un desastre y; a la fecha, es imposible saber en qué se invirtió la mayoría de los recursos obtenidos como empréstito.

Vale la pena ponerle lupa a cada uno de estos temas. Comenzando por la caída en la producción petrolera, hay que decir que en 2012 Pemex extraía diariamente 2.5 millones de barriles diarios. En 2014 esa cantidad cayó a 2.4, en 2015 a 2.2 y para 2017 se redujo a 2 millones de barriles por día.

Siendo justos, este comportamiento a la baja de la producción petrolera no puede imputarse al director de Pemex, pero sí habría de reclamársele que haya dirigido pésimo las exploraciones de la empresa durante su gestión. Mientras la petrolera se puso necia con hallar hidrocarburos en Chicontepec, sus competidores ganaron la partida dentro del mar. Hoy le está yendo fatal a la empresa nacional y los adversarios extranjeros festejan.

Al mismo tiempo que la producción se desplomaba, la directiva de Pemex optó por crecer la deuda de la empresa de manera muy irresponsable. Durante los 4 años que Lozoya estuvo al frente, la paraestatal contrató créditos por 688 mil 991 millones de pesos. Es decir, más de 172 mil millones de pesos, en promedio, por año.

Estos números son un escándalo cuando se comparan con las gestiones previas. Entre 2008 y 2012 la deuda total de esta empresa fue de 193 mil millones de pesos.

En un solo año Lozoya contrató casi el mismo monto de deuda que la contraída durante toda la administración de Felipe Calderón.

¿En qué ocupó Lozoya el dinero obtenido por la deuda de Pemex? No hay manera de obtener una respuesta concreta a esta interrogante tan simple. La actual administración de José Antonio González especula, pero no es capaz de responder con precisión. El dinero se esfumó.

Durante la gestión de Lozoya Austin, Pemex adquirió la empresa privada de fertilizantes Fertimex que, a la postre, resultó un pésimo negocio. También invirtió aquí y allá en otros negocios que tampoco resultaron redituables.

Aun contemplando estas malas decisiones, no hay libro de contabilidad capaz de explicar a dónde fueron a parar 688 mil 991 millones de deuda contraída por Pemex. Quizá un ovni se los llevó a otra galaxia.

Emilio Lozoya podrá defenderse diciendo que, como director, no se mandaba solo. En efecto, las pésimas decisiones que tomó durante su gestión fueron avaladas por el Consejo de Administración de la paraestatal y otros cuerpos colegiados. Llevaron además el visto bueno de la Secretaría de Hacienda quien, en última instancia, calificó la deuda de la empresa y también autorizó las decisiones de negocio.

Aun si Lozoya fue mal director, arriba en la jerarquía, Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda (2012-2016), lleva responsabilidad en varios de los equívocos.

Este es otro tema peculiar, porque la relación entre Emilio Lozoya y el actual canciller se hizo pésima desde el primer día del Gobierno de Enrique Peña Nieto. Por más que el Presidente intentó conciliar, la distancia fue grande entre estos dos personajes.

Queda, entonces, suponer que fue el Presidente quien instruyó a Videgaray para que Lozoya hiciera durante su gestión como le viniera en gana. Habría sido el jefe del Ejecutivo quien le entregó manga ancha y con ello lo autorizó a tomar decisiones que hoy se exhiben, algunas ineptas y otras corruptas.

ZOOM: los libros de historia contarán que la muerte de Pemex comenzó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto porque –más allá de la crisis de producción enfrentada durante este periodo– sus directivos administraron con impericia la empresa más importante del Estado mexicano.
10 Agosto 2017 04:00:00
El fraude del Seguro Popular (II)
Los gobiernos estatales desviaron recursos millonarios del Seguro Popular. Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 2015 y 2016 las irregularidades encontradas sumaron más de 19 mil 500 millones de pesos.

A esta cantidad deberían añadirse otros 13 mil millones que el Gobierno federal distrajo del fideicomiso concentrador, donde el Seguro Popular guarda sus recursos. De este segundo hecho se sabe poco y sin embargo es tanto o más grave que el primero.

Revisando la cuenta pública de 2015 la ASF detectó irregularidades en la mayoría de las entidades federativas. Sus respectivas tesorerías transfirieron una enorme cantidad de recursos del Seguro Popular –13 mil millones de pesos– a diversas cuentas bancarias desvinculadas de este programa.

Un año después la ASF topó con el mismo patrón. 28 de las 31 entidades federativas exhibieron malos manejos por 6 mil 500 millones de pesos, sin que sus respectivos gobiernos pudieran decir en qué se habían gastado el dinero, ni contaran con documentos comprobatorios.

A la fecha, Gabriel O’Shea –cabeza del Seguro Popular– sigue peleando, vía la ASF y la Secretaría de la Función Pública, para recuperar lo extraviado.

Es sin embargo menos conocido el hecho de que el Gobierno federal haya incurrido en prácticas equiparables. Entre 2014 y 2015 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) retiró del fideicomiso donde se guardan los dineros del Seguro Popular alrededor de 13 mil millones de pesos para destinarlos a otros propósitos.

Es falso que sólo los estados hayan manejado estos fondos de manera irregular. También la Federación se metió con recursos que no debía.

Durante el periodo mencionado, la SHCP impuso un recorte presupuestal grande para sortear las presiones que se recargaron sobre las finanzas públicas, a partir de la caída en los precios internacionales del petróleo.

Sin embargo, una cosa era recortar el gasto y otra meterle mano a los ahorros que los mexicanos veníamos haciendo para financiar el Seguro Popular. Si se revisan con cuidado las reglas de operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud –la alcancía del Seguro Popular– no aparece en ningún lugar autorización para que la SHCP retire las aportaciones que la Federación hizo previamente.

Lo que se da no se quita pero esa secretaría y el Comité Técnico del fideicomiso tomaron la decisión de sustraer 13 mil millones que no han reintegrado aún.

El Fiduciario, Banobras no debió haber devuelto ese dinero a la Federación. Fue un acto contrario a las normas.

Esos 13 mil millones son ahorros que el Seguro Popular venía acumulando desde el 2004, cuando tal fideicomiso fue creado. De acuerdo con sus reglas de operación tales recursos únicamente podían utilizarse para financiar infraestructura hospitalaria, equipamiento o gastos catastróficos erogados por las instancias afiliadas al Seguro Popular.

Por desgracia en México los fideicomisos donde se almacenan recursos presupuestarios continúan siendo un instrumento arbitrario para mover los dineros públicos sin tener que rendirle cuentas a nadie.

¿Cuándo regresará la Federación estos recursos al Seguro Popular?

La pregunta es relevante porque, de haber contado con ellos, esa institución podría hoy, por ejemplo, promover servicios de diálisis para los enfermos renales o hacer que se atiendan a las personas que padecen enfermedades cardiovasculares.

Servirían también para contratar más enfermeras y para equipar con un mayor número de camas a los hospitales que hoy sufren gran escasez.

Lo peor del caso es que –como están las cuentas en ese fideicomiso– el Seguro Popular terminará cerrando sus puertas antes de 2023. De no resolver el monumental quebranto, habrán sido los gobernantes irresponsables de los estados, pero sobre todo de la Federación.
27 Julio 2017 04:00:00
‘El Ojos’, criminal arreglado
Sopla en las calles de la Ciudad de México una gran mentira. Que aquí no hay cárteles mafiosos ni organizaciones criminales grandes. Marketing ralo para maquillar una urbe tan corrupta como el resto del país.

Es falso que las organizaciones ilegales que dominan México no tengan presencia en la capital. En la realidad todas están presentes. Si alguna no lo estuviera querría decir que no es un cártel, sino una red menor y sin importancia.

La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Federación de Sinaloa, Los Zetas, Los Rojos o cualquier otra expresión delictiva –para ser relevante– necesita tener presencia en la Ciudad de México.

Hace tiempo ya que Animal Político publicó Narcodata, para exhibir la presencia de los cárteles nacionales en la capital del país. Su fuente fue la Secretaría de la Defensa Nacional y la información ofrecida al público no dejó dudas: en la CDMX cohabitan todas las mafias que gobiernan algún territorio mexicano.

Es falso que en la Ciudad de México no haya presencia de cárteles; todos tienen un pie en la antigua Tenochtitlán, y si no lo tuvieran, perderían el estatus de cártel.

Pero el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirma que en la ciudad no hay cárteles, sino asociaciones delictuosas.

¿Cuál es la diferencia entre un cártel y una asociación de delincuentes? A propósito de la mafia que opera en Tláhuac, el jefe de Gobierno insiste: “el grupo de ‘El Ojos’ era amplio, violento y operaba fuera de Tláhuac, pero no era un cártel”.

¿Por qué no era un cártel? Mancera se equivoca y probablemente lo hace con conciencia. La organización que hasta hace poco lideraba Jesús Pérez Lara, “La Mano con Ojos”, tiene presencia no sólo en Tláhuac, sino también en Iztapalapa, Milpa Alta, Chalco, Los Reyes la Paz y Ciudad Nezahualcóyotl.

Podría no ser un cártel, pero la jefatura de estas plazas la tuvo “El Ojos” hasta que la Marina lo eliminó del mapa. Es impreciso el jefe de Gobierno al decir que la mafia de Tláhuac no es un cártel, pero tiene razón al colocarla como una estructura criminal que juega en las ligas menores.

Un cártel es una organización criminal que tiene bajo su férula varias plazas. Por ejemplo, el viejo cártel del Golfo fue una empresa que tuvo bajo su axila las plazas de Reynosa, Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Victoria o Camargo. Bajo la misma definición, el cártel de Juárez logró asociar a los jefes de plaza del valle de Juárez, Ciudad Juárez y Casas Grandes.

La definición de cartel tiene que ver con la magnitud. Cuando Mancera dice que el cártel de Tláhuac no existe, quiere decir que no hay jefes de plaza que gobiernen toda la urbe.

En la Ciudad de México La Familia Michoacana nombra a los jefes de plaza en Iztapalapa. Lo mismo hace La Federación de Sinaloa en Tláhuac, Milpa Alta, Valle de Chalco y también parte de Iztapalapa.

No hay un solo cártel en la CDMX, sino varios, que han aprendido a cohabitar.

Ser jefe de plaza significa estar arreglado con la autoridad y, a la vez, ofrecer protección para los negocios ilegales. Las cuotas que se cobran producen ingresos cuando se tiene un negocio relacionado con la apuesta, la prostitución, el consumo de bebidas alcohólicas, el secuestro, el robo de vehículos o el tráfico de migrantes.

Todos esos negocios, más la venta de estupefacientes, son boyantes en la CDMX y tienen mayor éxito que en el resto del país. Su éxito depende de la presencia de cárteles en la capital del país, que cobran derecho de piso a los jefes de plaza, mientras ellos exigen –a su vez– impuestos informales a quienes operan y se enriquecen fuera de la ley.

Nos engañamos los habitantes de la ciudad. En la CDMX operan cárteles muy poderosos y también jefes de plaza que no están dispuestos a ceder poder frente a las autoridades.

ZOOM: en la CDMX existen cárteles –es decir empresas que agrupan a un número extendido de jefes de plaza que, para operar, están arreglados con el Gobierno porque, de otra manera, no podrían proteger los negocios delictivos que florecen dentro de su territorio.
24 Julio 2017 04:00:00
El testimonio que hundió a Duarte
Su oficina está situada sobre la avenida Tulum, en un inmueble conocido como el Centro Corporativo Spectrum, en Cancún, Quintana Roo. Tiene 42 años y se graduó hace menos de 20 como abogado en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Luego cursó una maestría en London School of Economics (LSE) de la Gran Bretaña; ahí obtuvo mención al mérito.

Se llama Alfonso Ortega López y es el cerebro, tanto financiero como jurídico, de la organización criminal liderada por Javier Duarte de Ochoa.

Hoy la justicia mexicana no persigue a este abogado porque aceptó ser testigo protegido –colaborador– en el proceso que se le sigue al exgobernador veracruzano. Y sin embargo es pieza clave de una trama asombrosa de corrupción.

Es dueño de Ortega Asociados, una firma que ofrece negocios “boutique” para clientes muy selectos y sofisticados. Así se anuncia: “proveemos servicios personales para nuestros clientes, mexicanos y extranjeros, siguiendo los estándares éticos más elevados y ofreciendo también la mayor calidad”.

El equipo de Ortega López “se integra por talento profesional joven, que estudió en las más prestigiosas universidades”. Presume también que “ha prestado asesoría para firmas muy reputadas en todo el mundo”.

Paradojas de la publicidad engañosa: ¿estándares éticos?, ¿firmas reputadas?, ¿alta calidad?, ¿joven talento?

En realidad Ortega López tuvo un cliente principal que lo hizo millonario. Se llama Javier Duarte de Ochoa. El abogado fue prestanombres del exmandatario y le ayudó a diseñar mecanismos para hacerse de manera ilegal de bienes raíces costosísimos.

Según sus propias confesiones, habría sido intermediario para realizar operaciones en Campeche, Miami, Houston, Arizona, Madrid, Ixtapa-Zihuatanejo y el Distrito Federal. A cambio de sus servicios este honorable licenciado cobraba alrededor de 300 mil pesos mensuales, en efectivo; es decir un total de 21 millones de pesos durante los últimos seis años, libres de polvo y paja.

Nadie tocará a este operador de la ley porque está protegido por la PGR. También sus ahorros permanecerán a salvo. Y es que de su testimonio depende el caso que esa dependencia está construyendo en contra de Javier Duarte.

En efecto, Ortega goza de los privilegios que brinda ser un soplón de altísimo vuelo. Con la fortuna acumulada podrá irse a vivir a los Estados Unidos, donde ya cuenta con propiedades, clientes y negocios. Así es el sistema. Nada que reprochar.

Con todo, este hombre merecería ser exhibido públicamente durante el juicio que se sigue en contra de una de las redes más escandalosas de corrupción que hayan tenido lugar en México.

No sólo la defensa de Duarte debería interrogarlo, también los fiscales de la PGR habrían de hacerlo en público.

Varias son las preguntas que se antojarían fundamentales en esa entrevista que jamás ocurrirá:

¿Los estándares éticos citados le indicaban no preguntar jamás a sus clientes de dónde venía el dinero invertido a nombre propio y de diversas empresas fantasma?

¿O fue sólo en el caso de Javier Duarte que Ortega omitió conocer esta breve pieza de información?

Si este abogado es el principal informante de la PGR –y afirma ignorancia sobre el origen de los recursos– ¿cómo excluir que el dinero de Ochoa provenga también de otras fuentes ilícitas como por ejemplo el narcotráfico?

Ya Francisco Colorado Cessa –lavador de dinero de los Zetas– declaró que financió la campaña de Javier Duarte. ¿Por qué suponer entonces que el origen de este otro dinero sea exclusivamente el erario del Gobierno de Veracruz?

El abogado afirma también que su cliente solicitó hacer inversiones en joyas, lanchas y bienes inmobiliarios. Cabe también preguntarle si, además, entregó dinero para campañas políticas. Resultaría normal que así hubiera sido y la PGR está obligada a revisar todos los destinos posibles de esos recursos ilegales.

ZOOM: En México y en el mundo los testigos protegidos son un mal necesario. Sin embargo, una cosa es proteger a las personas que brindan información privilegiada y otra es colocar un manto de impunidad sobre el conjunto de una información que es indispensable desvelar en todos sus frentes y dimensiones.
20 Julio 2017 04:05:00
Corrupción y basura en la CDMX (II)
Todo es negocio privado en el sistema de recolección de basura de la CDMX: plazas, camiones, rutas, jefatura de sector, escobas, tambos...

Don Gervasio, dueño de un viejo camión de basura, insiste en que la corrupción comienza en la punta de la pirámide.

“Inicia desde el jefe de Gobierno y luego va con Hugo Alonso Ortiz, el secretario de nuestro sindicato, después viene la delegación y los comisionados. Las anomalías bajan en cadenita”.

Todo es negocio privado en el sistema de recolección de basura de la CDMX. No es posible participar en él sin pagar cuota: las plazas, los camiones, las rutas, la jefatura de sector, las escobas, los tambos, las refacciones, todo cuesta dinero.

¿Llega algo de este negocio a los bolsillos de Miguel Ángel Mancera?

Don Gervasio responde que no. El sistema está diseñado para hacer millonarios a los líderes del sindicato: “Hugo Alonso Ortiz viene de muy abajo, empezó como peón de barrido y logró ascender porque se tomó en serio los problemas. Pero luego se corrompió. Pudo más la influencia y el poder económico que defender al resto de sus compañeros”.

¿Entonces qué ganan los gobernantes cuando protegen a los líderes del sindicato?

“Votos. Ganan votos. El intercambio es así: Hugo Alonso Ortiz puede hacer lo que le venga en gana siempre y cuando lleve votos cuando se necesitan. También le piden, a veces, que nos manifestemos”.

¿Favores por votos?

“Así es y también evitarse problemas. Imagine usted una manifestación de camiones de basura en el Zócalo. Si vamos a recoger desperdicios a los mercados y luego paramos las unidades fuera de las oficinas del Gobierno, somos los mejores para hacer un desmadre grande”.

¿Qué propone para cambiar las cosas?

“Ya las estamos cambiando. Nos hemos organizado y vamos a ganarle a Hugo Alonso Ortiz en las próximas elecciones. Ni se imagina cuántos se han pasado a la oposición”.

¿Hay alternancia en el sindicato?

“Claro que sí. Cada 4 años. Si pierdes, pues te vas a trabajar en tu camioncito hasta la próxima campaña en que vuelves a jugar. En cambio, cuando ganas, te acomodas y acomodas a tu gente”.

¿Quién es el líder de la oposición?

“No importa el nombre, sino el partido. Muchos nos hemos pasado a Morena. Les ayudamos a conseguir el registro y ahora vamos por la grande”.

¿Con quién está el sindicato?

“Con el PRD, pero van a perder porque la mayoría estamos con Morena”.

¿Quién le gusta para jefe de Gobierno?

“El año próximo vamos a ganar con Ricardo Monreal. Muchos ya estamos con él y las encuestas lo confirman”.

¿Monreal va a cambiar las cosas?

“Para mí sí. Ya es justo que se detenga la corrupción”.

¿Y si las cosas quedan igual?

Don Gervasio guarda silencio y cambia de tema:

“El otro problema que yo veo es el secuestro y el crimen organizado. Si te dedicas a esto, y haces política, vienen a buscarte. Cuando reciclaba PET para los chinos, secuestraron dos veces a mi gente. Gracias a Dios tuvimos para pagar y entonces me salí de ese negocio”.

¿Quién los secuestró?

“Bandas hay muchas y por eso en Iztapalapa y en Neza debes estar en orden con La Familia Michoacana. Si pagas, ellos son los que te brindan protección. Yo hace años que estoy arreglado”.

¿Todos están arreglados?

“Las combis que transportan gente tienen un holograma, como un medallón de papel polarizado, pero de colores. Todo el que tiene ese circulito es que ya pagó su cuota”.

ZOOM: Parece mejor hacer escándalo por la corrupción que sucede arriba y, sin embargo, más nos valdría enterarnos cómo funcionan los resortes de este fenómeno en todos los pisos de la sociedad. Favores por votos, crimen organizado, derecho de piso y política sindical forman parte de un complejo engranaje a observar.
17 Julio 2017 03:00:00
Corrupción y basura
A las ciudades se les puede conocer por sus cárceles, sus manicomios y la manera como funcionan sus basureros. La CDMX es pésima en la gestión de estos tres temas porque la corrupción recorre toda la escalera y a nadie parece importarle el desastre.

Hoy me detengo en el sistema para la recolección de nuestros desperdicios. Mucha pena debería dar a los gobernantes de la capital cada vez que ven pasar un camión de basura. Las unidades son viejas, el personal viaja peligrosamente colgado y sin protección, la suciedad de los vehículos es notable y la contaminación que arrojan al ambiente –humo y también olores– no tiene límite.

Don Gervasio conduce una de esas unidades desde hace más de 25 años. Es modelo 1980 y la recibió cuando Carlos Hank González era regente de la ciudad. Pregunto por qué no la ha cambiado y me explica que no cuenta con los 80 mil pesos que el sindicato único de trabajadores de la CDMX le exige a cambio de renovar su camión.

“Todo se vende dentro de este sector. Si quieres llantas nuevas hay que pagar mil pesos por cada una, si necesitas cambiarle una pieza, sólo los líderes del sindicato pueden venderla y te cobran una lana”.

Abunda este chofer de camión en el detalle de las comisiones: “El Gobierno entrega al sindicato el presupuesto para vehículos y refacciones nuevos, pero luego los líderes revenden lo que antes ya pagó la ciudadanía con sus impuestos”.

Don Gervasio refiere a un negocio multimillonario: se venden las plazas, las renivelaciones salariales, las rutas de recolección, las jefaturas de sección y hasta los carritos y las escobas del barrendero.

El sistema de recolección de basura en la CDMX no es un servicio público porque todo está concesionado –de manera irregular– a sujetos privados. Si alguien quiere ser chofer de camión hay que caerse con 80 mil pesos, pero antes el individuo debió conseguirse una plaza y esa cuesta más de 150 mil pesos.

Cabe decir que de nada sirven plaza y camión, sin una buena ruta. Cuenta don Gervasio que los colegas cuya ruta pasa por las colonias ricas son millonarios: “(Los choferes) andan con carro último modelo si trabajas en Coyoacán o en las Lomas de Chapultepec”.

Gervasio, en cambio –a quien apenas le alcanzó para una ruta en la delegación Iztapalapa– no tiene siquiera una cuenta de banco.

“No me lo va usted a creer, pero hasta los carritos de barrendero, los que traen los peones en la calle, deben ser pagados por el trabajador. De a 2 mil para que el sindicato te entregue uno”.

La inmensa mayoría de trabajadores que va montada en los camiones no es personal del Gobierno de la ciudad. “Es que la mitad de los recursos de base es aviador y si sólo trabajáramos los que sí tenemos plaza, la ciudad se quedaría toda sucia”.

Explica que cada chofer de camión arma su cuadrilla con familiares y recomendados. Ninguno, por cierto, llegará algún día a estar en la nómina del Gobierno de la CDMX. Son personal sustituto porque la necesidad así lo ordena, y por tanto nunca tendrán contrato laboral, mucho menos seguro médico o jubilación.

“Pasarán su vida trabajando duro sin que al final cuenten con un respaldo económico”.

Explica don Gervasio que esa gente cobra de las ganancias que deja la basura reciclada. “En el mercado se paga muy bien el kilo de papel blanco, el pet color azul, el cobre, el aluminio y también el bronce”.

Pero las nuevas leyes prohíben a los trabajadores de la CDMX vender la basura. “Lo que no sabemos, sin embargo, es lo que va a suceder cuando quieran cumplir con la legislación. Sin los desperdicios reciclados no habría con qué pagarle al personal; así que la ciudad va a colapsar”.

Obviamente la corrupción que explica el pésimo sistema no sólo se amontona en la base de la pirámide. “Siguiendo el hilo a las trampas llegas hasta el nivel más alto del Gobierno”.

ZOOM: La corrupción es una maquinaria que funciona de manera implacable para privatizar lo que debería ser público. Cada ámbito de la vida de nuestra sociedad manifiesta sus propios mecanismos para perpetuarla. (En la próxima entrega continuaré con el tema).
13 Julio 2017 04:00:00
Necesitamos un periodismo ético
En estos tiempos, cuando la arrogancia cuenta con tantos adeptos, toparse con un acto de humildad vale oro y más.

La semana pasada un grupo de seis articulistas renunció a El Universal como manifestación de protesta por la cobertura que el periódico había impuesto sobre el Sistema Nacional Anticorrupción.

Ayer, en revancha, tanto el presidente como el director general de esta casa editorial respondieron con contundencia que no son negociables los compromisos del periódico con respecto a la democracia y la lucha contra la corrupción.

Al hacerlo recordaron que el oficio periodístico impone una experiencia ética cotidiana. Quienes lo ejercemos estamos obligados a verificar la información, a corroborar los datos, a contrastar y confrontar las fuentes, pero además tenemos la responsabilidad de construir comunidad y también estado de derecho.

Las valoraciones que se hacen de la información –y el tratamiento editorial que se produce todos los días– necesitan someterse sin fatiga a revisión. Rectificar y corregir son tareas inevitables del profesional y por tanto deben serlo también del medio para el que trabajamos.

En esto hay coincidencia con el método científico: hacer periodismo implica un constante sometimiento al ensayo y el error. Sólo así se producen las verdades del reportero: cincelando sobre un bloque de mármol que al final permite conocer la desnudez del hecho público.

De ahí que la arrogancia y el periodismo estén peleados. No hay aceptación de los errores propios que pueda hacerse sin humildad. Por eso el periodismo necesita de tal virtud. Se trata de un oficio que obliga a tener la piel muy dura porque el yerro es más común que el acierto.

Una vez ocurrida la rectificación, desearía ahora leer una carta firmada por quienes se alejaron de la casa, reconsiderando su posición para volver a escribir en estas páginas.

El país tiene problemas demasiado graves como para fragmentar los esfuerzos ciudadanos. Ayer Juan Francisco Ealy Ortiz hizo un exhorto en este sentido: “si estamos unidos va a ser mucho más fácil salir adelante de la situación que está padeciendo el mundo de las comunicaciones”.

La invitación es al diálogo y no a la ruptura, a la conversación que edifica y no a pronunciar la distancia, a privilegiar actitudes razonables y a exigirnos recíprocamente lo que se necesite para hacer mejor periodismo.

Es falsa la especie que quiso incluir a El Universal dentro de una conspiración perversa, fraguada desde el Olimpo de la política, para descarrilar al Sistema Nacional Anticorrupción.

Sin embargo se sostiene la crítica sobre una investigación a la que le faltó cumplir con mejor método y estándares periodísticos. Reconocerlo así consolida al periódico, a la vez que ratifica el compromiso de la casa con sus lectores.

Puestas las cosas en su justa dimensión, sigue ahora mantener con rigor la exigencia para que todas las partes cumplamos con lo que nos toca. Para asegurar que sean las leyes y no los arreglos ilegales, la honestidad y no la mentira, la humildad y no la arrogancia, el buen periodismo y no su remedo, lo que se imponga para nuestro futuro compartido.

ZOOM: el periodismo contemporáneo necesita tres cosas para volverse más fuerte: ética, ética y ética.
10 Julio 2017 04:00:00
PVEM: fuero e impunidad (II)
Aprovechando su derecho de réplica, Javier Estrada González, coordinador de la fracción parlamentaria del PVEM en el estado de Morelos, envió a El Universal una carta anunciando que procederá en contra mía –por las vías penal y civil– ya que, según su sentir, con mi texto del jueves pasado “pisoteé” sus derechos humanos.

En concreto me acusa de haberlo difamado y calumniado porque cree que mi periodismo carece de objetividad y veracidad. Hago aquí contrarréplica a sus afirmaciones, pero añado nueva información que pinta de cuerpo entero a este político ecologista.

El señor Estrada González ha sido señalado por enviar –el pasado 23 de mayo– golpeadores para que agredieran a un adulto mayor, de nacionalidad estadunidense, y también a la mujer responsable de traducir su testimonio ante el Juzgado 69 Civil de la CDMX. De no ser por el personal de esa oficina, que supo actuar con celeridad, tanto el testigo como la intérprete habrían sufrido lesiones graves.

Este político morelense presentó previamente, como elemento de prueba ante ese mismo juzgado, una orden de aprehensión dictada contra su prima Karina Estrada –signada presuntamente por el juez tercero de lo penal del primer distrito en Cuernavaca. Sin embargo, luego ese juez de Morelos se vio obligado a precisar que se trataba de un documento falso. Es escandaloso que un diputado en funciones fabrique pruebas judiciales para tratar de ganar un litigio que va perdiendo, y sin embargo lo hizo porque su partido, el PVEM, protege y auspicia sus trapacerías.

El señor Estrada afirma que jamás se ha excusado de sus responsabilidades penales, argumentando la protección que le otorga el fuero legislativo. Con todo, el 9 de mayo de este año interpuso una demanda de amparo indirecto ante el Juzgado Quinto de distrito en materia civil de la CDMX, (expediente 425/2017), en la cual solicita ser exceptuado de declarar porque cuenta con fuero como diputado local.

También en su carta rechaza ser parte de juicio alguno celebrado ante el Juzgado 69 Civil de la CDMX. Este legislador es un mentiroso porque sí es parte demandada en dos procesos distintos ante esa instancia (expedientes 897/2015 y 81/2016). Él ha respondido, personalmente, las demandas que pesan en su contra.

Y tan es parte de tales procedimientos que exhibió ante el juzgador la falsa orden de aprehensión en contra de su prima.

Niega este diputado pevemista estar haciendo trampas legales para arrebatar a sus familiares, Karina y Elisa Estrada Kosack, la herencia que el padre de ambas dejó para ellas en Cuernavaca. No obstante, tal es la razón por la que el político morelense se halla demandado.

Si bien su tío Faustino Raúl Estrada Elizondo creó un fideicomiso con el propósito de dejar como únicas herederas a sus hijas Karina y Elisa, el diputado insiste con que él, y nadie más, es el beneficiario principal del legado en disputa.

La furia del diputado viene de que el tío millonario no lo consideró a la hora de redactar su testamento, a pesar de que supuestamente puso su hombro para que el hermano de su padre descansara en paz.

Más con furia que con razones, el diputado Javier Estrada me acusa de difamarlo por señalar que utiliza las propiedades de su familia para colocar propaganda del Partido Verde. Falsea porque en los predios que actualmente usufructúa en la calle de río Pánuco, de la ciudad de Cuernavaca, puede apreciarse dicha publicidad. (Aquí las pruebas:
http://bit.ly/2sUTTVe).

Por otra parte, diversos testimonios aseguran que la casa que fuera de Raúl Estrada Elizondo –ubicada en río Coatzacoalcos número 25, de la colonia Vista Hermosa, en Cuernavaca, Morelos– ha brindado servicios para actividades políticas del PVEM. Actualmente la posesión de ese predio la tiene el diputado.

Señor Javier Estrada González, puede usted proceder con su demanda en contra mía. Estoy tranquilo porque, al parecer, con facilidad olvida en qué juzgados se hallan radicados sus pleitos legales y también tiene mala memoria con respecto a las diligencias que usted mismo promueve.
06 Julio 2017 04:00:00
PVEM: fuero e impunidad
Comprar la franquicia del PVEM en el estado de Morelos es el mejor negocio que ha hecho en su vida. Lleva 15 años sabiéndose intocable porque esa fuerza política lo protege a pesar de sus frecuentes arbitrariedades.

Se llama Javier Estrada González y aprovecha la inmunidad que le entrega su partido para burlarse de la ley. En estos días, por ejemplo, respondió al Juzgado 69 de lo civil que desacataría un citatorio, ya que es diputado local y según su punto de vista, el fuero legislativo lo protege.

Estrada suele abusar de su liderazgo político para hacer negocios millonarios. Esta vez se trata de hacer trampa a sus primas hermanas, Karina y Elisa Estrada, para quedarse con una herencia millonaria que no le corresponde.

La historia comenzó hace más de 50 años, cuando dos hermanos de apellido Estrada Elizondo, desarrollaron la colonia Reforma, ubicada en Cuernavaca, Morelos. Ambos hicieron una cuantiosa fortuna inmobiliaria y, al morir, dejaron una herencia importante.

Karina y Elisa –primas hermanas de Javier– crecieron en Estados Unidos, pero a la muerte de su progenitor regresaron a México para tomar posesión de lo que, según la voluntad del difunto, les pertenecía.

No contaron sin embargo con que un pariente suyo trataría de robarles el patrimonio. El líder estatal del Partido Verde, el diputado Javier Estrada, habría falseado firmas y documentos para despojar a sus parientes. A estas cándidas mujeres les sorprendió que los legisladores mexicanos quebraran la ley, sin ningún temor ni preocupación.

El hombre tiene sin embargo fama larga de hampón en el estado de Morelos. Por ejemplo, El Universal (07/11/15) dio a conocer cuando Estrada se paseaba por las calles del centro de Cuernavaca haciendo campaña, mientras sus achichincles cargaban dos costales repletos con billetes de 50 y 100 pesos, que el candidato fue repartiendo entre sus potenciales electores mientras repetía la consigna: “soy diputado y estoy para servirte”.

Sin que la autoridad electoral lo haya sancionado, Estrada logró la curul en el Congreso, sitio donde su fama protagónica y majadera creció varios metros. La diputada perredista, Hortensia Figueroa Peralta fue objeto de las invectivas de este macho prepotente. Frente a varios otros parlamentarios la amenazó diciéndole que iba a romperle la madre, por no estar de acuerdo en alguna discusión sin importancia.

Los compañeros de legislatura pugnaron para que Javier Estrada se disculpara, pero este hombre es alérgico a pedir perdón. Todo lo contrario, subió a tribuna y atacó de nuevo a su víctima llamándola discriminadora.

Javier Estrada renta un inmueble caro para que el PVEM lo use como oficina, cobra también renta por muchas bardas que son de su propiedad, para que ahí se anuncie su partido. Al mismo tiempo arrienda varios de sus predios para que los circos que visitan Cuernavaca tengan donde instalarse. Contrario a la oferta política que promueve en público, dentro de tales circos se maltrata y enferma a los animales.

El modelo de negocios que hace impune a este sujeto es idéntico al observado en muchas otras partes del país. El PVEM es una franquicia que se concesiona al mejor postor. Cuando se entrega a nivel estatal deja ganancias jugosas para sus líderes nacionales, y es que son muchos, como Javier Estrada, los que saben cuánto beneficio puede obtenerse del fuero que otorga el partido del tucán.

El juez 69 tiene pruebas de que Estrada quiere despojar a sus familiares de su patrimonio con documentos falsificados. Sin embargo tiene temor de que las influencias de este bribón, disfrazado de político ecologista, puedan imponer represalias.

Y es que tantos años usando el abanico lo han convertido en un hombre muy poderoso.

ZOOM: la dirigencia nacional del PVEM declaró la semana pasada que podría explorar su participación dentro de la Alianza Opositora encabezada por el PAN y el PRD. Hoy que ese partido no goza de ningún respeto, sería muy buen momento para que todos los partidos grandes lo dejaran morir solo. Ya es hora de que los Javieres Estrada de la política mexicana paguen consecuencias por los delitos que durante años han cometido sin afrontar ningún costo.
29 Junio 2017 04:00:00
Frente Amplio Nini
El problema es que nace con más preguntas que respuestas. ¿Qué pueden realmente compartir la izquierda perredista y la derecha panista? ¿Qué buenos resultados han brindado las coaliciones de Gobierno que antes lograron juntos? ¿Cómo administrar tantos egos deseosos de candidatura?

¿Pueden realmente entusiasmar cuando lo que les une es oponerse, de un lado al PRI y del otro a Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué candidatura sería aceptable para los electorados de ambas fuerzas políticas? ¿Con qué método se definiría el abanderado presidencial? ¿Cómo soportaría el PAN el matrimonio igualitario que defiende el PRD? ¿Qué diría el electorado perredista de la militarización que el PAN sostiene como solución a los problemas de inseguridad?

Aún más difícil que responder estas interrogantes es el periodo tan corto con el que cuentan los entusiastas del Frente Amplio Opositor para inscribir su coalición ante el Instituto Nacional Electoral.

Las direcciones de los tres partidos –PAN, PRD Y Movimiento Ciudadano– tienen sólo 90 días para redactar una misma plataforma electoral, resolver el método para la candidatura presidencial y la distribución de las opciones a diputados y senadores federales, definir nueve personas postuladas para gobernador y un sinnúmero de aspirantes que concurrirían en treinta comicios locales.

Quien logre tamaña hazaña merecerá el Oscar al mejor político mexicano. Se requiere de demasiada inteligencia, oficio y tenacidad para hilar tantos intereses diversos. Pero sobre todo se necesitaría de un gran propósito unificador para que el conjunto inmenso de actores pueda jugársela en la misma dirección.

Escucho a los promotores de este Frente decir que el desafío cohesionador es el rechazo, tanto a la reelección del PRI como a los estilos políticos de AMLO. La verdad es que se trata de un argumento muy débil. Una oferta construida a partir de un racional negativo despierta pocas pasiones.

¿Por qué una alianza PAN-PRD-MC sería más sexi que otra entre el PRI, el Panal y el Verde? ¿O por qué un candidato nacido de las contradictorias siglas de Frente Amplio apelaría con mayor fuerza que Morena?

Mientras este matrimonio sostenga el discurso nini está destinado a durar muy poco. Hace un par de días el panista Santiago Creel dijo que, para funcionar, el Frente Amplio debía convocar a una gran densidad social, es decir que habría de transcender a los partidos para incorporar a las organizaciones y liderazgos de la sociedad civil.

Se equivocaría Creel si cree que el discurso nini es atractivo para este sector. Nadie que sea mayor de edad mordería un anzuelo tan frágil. En cambio tendría razón este Frente si, en vez de llamarse opositor, buscara ser propositivo.

Una coalición ciudadana y de partidos, por ejemplo, para derrumbar los privilegios, esa sí que podría ser una opción que entusiasme. Contra los privilegios en la justicia, en los servicios médicos, en la educación, en el acceso a los recursos públicos; o puesto en positivo, una coalición para que nadie en este país pueda estar por encima de la ley, no importando cuál sea la circunstancia o la posición social, generaría esa densidad a la que están haciendo referencia.

¿Podría este Frente convencer con algo más que palabras sobre un compromiso sólido para terminar con la impunidad y los privilegios?

Si el Frente es otra fórmula más para mantener el “estatus quo”, entonces que mejor sus artífices ahorren el esfuerzo.

ZOOM: el Frente Amplio PAN-PRD-MC tendrá sentido si no construye su oferta alrededor de un solo hombre (o mujer), si no promueve la opción nini (ni PRI, ni AMLO) y, sobre todo, si es capaz de presentarse como una fuerza política dispuesta a enfrentar privilegios e impunidad.
26 Junio 2017 04:00:00
Mirreyes arreglados
“Todo se debió a un malentendido en la pista de baile. Pasó por una tontería donde una persona drogada pensó que la habían insultado”.

Pero ya estamos arreglados y fin de la historia, dice el abogado Jorge Ricardo García Villalobos, presidente del Consejo Nacional de la Abogacía.

Los agresores volvieron a librarla porque, como es costumbre, sus papás llegaron a un acuerdo para asegurar la impunidad de su maltrecha descendencia.

Unos cuantos días antes, el abogado de las víctimas, Sergio Arturo Ramírez, tuvo voz de profeta cuando dijo de los agresores: “Son muchachos que tienen un estilo de vida que les permite tener este tipo de acciones y quedar impunes”.

No debería sorprender y sin embargo indigna: los abogados de ambas partes construyeron un acuerdo “resarcitorio” para que el asunto permanezca fuera de los tribunales.

A pesar de que se vendió y vendió a sus clientes, Sergio Arturo Ramírez tuvo razón cuando advirtió que, en México, este tipo de violencia suele quedar impune.

No se sabrá por qué 35 alumnos y exalumnos del Colegio Irlandés llegaron drogados y alcoholizados a la fiesta de graduación del Colegio Cumbres; tampoco serán públicos los nombres de los victimarios.

El abogado Ramírez dijo que se trató de los hijos de empresarios, actores y funcionarios públicos pertenecientes a las altas esferas pero, debido a que se arregló con su adversario, sus apellidos permanecerán escondidos para la justicia y también para la opinión pública.

¿Qué tan importantes fueron las lesiones de los cinco estudiantes todavía convalecientes en el hospital? Ricardo García, defensor de Mirreyes, dijo que eran serias, pero no graves. (¡Tramposa manipulación lingüística!) Y sin embargo se trata de lesiones cuya sanación tardará más de 15 días.

Por tanto los agresores habrían de ser objeto de investigación penal, pero entre los abogados de ambos bandos hermosearon la historia para que no haya denuncia, ni investigación, ni responsabilidad, mucho menos castigo.

Cómplices todos –víctimas y victimarios, papás e hijos– lograron eludir de nuevo las consecuencias de una enfermedad que en mi país promueve violencia sin cesar.

El problema tiene su origen en la manera como solemos resolver los desarreglos. Probablemente no hay otro término más engañoso en mi tierra que ese de “estar arreglado”.

Arreglado quiere decir, según la etimología castellana original, que algo o alguien es sometido a la regla. Ora que en nuestra cultura significa exactamente lo opuesto. No implica ordenar el caos sino simular, no es legalizar sino normalizar el ilícito, no ayuda a componer sino a falsear.

Vale ponerse a temblar cuando escuchamos frases como: “Ya nos arreglamos”, “la elección fue arreglada”, “está arreglado con la Policía”, “arreglado con el Ejército” o “arreglado con el árbitro”.

El transitivo “estar arreglado” es sinónimo de algo oscuro, corrupto, contrario a la verdad; normalmente sirve para darle la espalda a la ley y las instituciones. Es una fórmula socorrida para colocar a ciertas personas por encima de la norma y sus consecuencias.

El arreglo es el ácido que corroe todos los días al estado de derecho.

Estar arreglado tiende a otorgar beneficio a los privilegiados y lastima a los desposeídos. Lo arreglado no tiene reglas, sino excepciones. Es difícil suponer que una persona indígena en México pueda lograr un buen arreglo, o una persona pobre, o una mujer en situación vulnerable.

Estar arreglado es un mecanismo persistente con el que los poderosos imponen su voluntad sobre el resto. Cuando la élite dice preferir un mal arreglo sobre un buen pleito, es porque sabe que en el pleito abierto y legal sería derrotada.

Estar arreglado es trámite perfecto para la discriminación, la corrupción, la ilegalidad y la impunidad. Método que, entre tantos otros, utilizan los abuelos y los padres de los discípulos del Colegio Irlandés, –y que por imitación admirada hacia la más elevada élite nacional reproducimos todos los demás, cotidiana y cínicamente.

ZOOM: Tú llamas estar arreglado al acuerdo para darle la espalda a la ley. ¿Quién será el primero en mi país que quiera renunciar a esta depredadora simulación?
22 Junio 2017 04:00:00
La responsabilidad es de los Legionarios
Deberían abrir una oficina dedicada a los deslindes. Cada año tienen que desmarcarse de los desmanes que hacen sus alumnos. Dicen los Legionarios de Cristo que su orden no tiene nada que ver con los videos discriminatorios que cada año escandalizan en México.

Esta vez también enviaron una carta a los medios de comunicación para tomar distancia con respecto al pleito en la graduación de sus preparatorianos del Colegio Cumbres. Y sin embargo son responsables porque esa orden religiosa ha sido activa promotora de la cultura del “Mirreynato”.

Los Legionarios enseñan en sus aulas los principales antivalores de este sistema social: exaltan el privilegio, abrazan la impunidad, practican la corrupción, discriminan, desprecian el mérito y se benefician de que el elevador social mexicano esté descompuesto.

Los videos de graduación de sus escuelas son famosos porque enaltecen la imagen del hombre blanco, principesco, rico y arrogante. El “Mirrey” es siempre el personaje principal de esa pieza ya clásica del mes de junio mexicano.

El video de hace dos años lo estelarizó un muchacho orgullosamente mamón al que le llevaban jugo de naranja a la cama. Un año después los alumnos magnificaron la prepotencia y la misoginia aprendidas. Ahora los estudiantes del Cumbres fueron más lejos: produjeron un video anodino para que la autoridad de la escuela lo aprobara y, a la hora de la hora, proyectaron otro donde se burlaron de sus hermanos de la escuela vecina.

Estas tres piezas comparten un denominador común: presumen privilegio. El primero de clase, el segundo de género y el tercero de círculo social, (dentro del penthouse).

Los Legionarios suelen argumentar que la sublimación del privilegio viene de casa. Resulta más fácil echar la culpa a los padres que a los valores morales dominantes en sus respectivas escuelas.

Una y otra vez transmiten el mensaje de que, por ser privilegiados, a sus muchachos no debe ocurrirles nada. Los Legionarios ocultaron durante años los pecados miserables de su fundador, Marcial Maciel. También escondieron las prácticas de pederastia que otros ocho integrantes de su congregación sostuvieron contra de decenas de estudiantes. Si el fundador murió impune, ¿por qué sus descendientes morales no habrían de gozar del mismo fuero?

La riqueza amasada gracias a las colegiaturas que pagan sus educandos ha sido invertida por los Legionarios en negocios oscuros. El periodista Raúl Olmos reveló hace no tanto que esa orden invierte en la fabricación de armas, la producción de píldoras anticonceptivas y suele lavar dinero en paraísos fiscales.

No sólo son corruptos quienes roban sino quienes predican una cosa y hacen otra. Son corruptos quienes traicionan la naturaleza de su obra.

Otra transgresión de su fe católica es la reiteración de actitudes discriminatorias. La educación que se recibe en los colegios de la Legión no sólo exalta privilegios sino que, al mismo tiempo, lleva a despreciar al otro; a la mujer, a las personas morenas, al pobre, al ciudadano de a pie.

Es a tal punto permisiva esta educación discriminatoria que los alumnos del Colegio Irlandés pudieron discriminar a los del Colegio Cumbres. Parece un mal chiste y sin embargo éste fue justo el origen del pleito relatado antes.

La seriedad de estos colegios es muy poca cuando importa tanto el apellido o el dinero de los padres y tan poco el esfuerzo para logar una buena nota.
19 Junio 2017 04:00:00
Tucode: todos contra el dedazo
Una legión de bots cayó encima de Ivonne Ortega, exgobernadora priista de Yucatán. No es la primera vez que sufre represalias. Desde que se decidió a jugar la carta disidente, le llueven críticas. Hay quien no le perdona andar desordenando la casa con eso de expresar en público su deseo de ser candidata tricolor a la Presidencia.

De nuevo este fin de semana le arrojaron cascarones de huevo, y todo porque asistió a un evento de correligionarios que están en desacuerdo con que el PRI repita el método del dedazo presidencial hacia las elecciones del 2018.

El viernes pasado se reunió un grupo variopinto de priistas autodenominado Alianza Generacional. No se trata de una plataforma política que apoye a la señora Ortega, sino de algo que suena más serio: el Tucode, “todos unidos contra el dedazo”.

Al parecer, la enfermedad del divorcio no sólo amenaza a la izquierda o al PAN, también en el partido tricolor merodea este virus. Hay quien cree que sólo el presidente Enrique Peña Nieto tiene derecho a nombrar al futuro candidato del PRI, mientras que otros reclaman que ese mecanismo unipersonal y autoritario debería quedar en el pasado.

Arturo Zamora, líder de la CNOP, no tardó en usar la voz para combatir a los del Tucode: pidió a la militancia priísta que no haga caso de “esos políticos de café que quieren destruir al PRI”. Luego recordó que los éxitos de Coahuila y Edomex demostraron la ventaja de respetar las tradiciones priistas.

De su lado, 89 políticos nada improvisados anunciaron que acudirán a la XXII Asamblea del PRI con la demanda de que la próxima candidatura tricolor se elija a través de una consulta directa a las bases de militantes y simpatizantes.

Entre otros convocantes de esta iniciativa se encuentran José Encarnación Alfaro, político sonorense de larga trayectoria; José Ramón Martel, funcionario y legislador priista desde los años 80, Alberto Aguilar Iñárritu, promotor de la social democracia dentro del PRI, e Ivonne Ortega, exgobernadora yucateca.

Muchas cosas pueden decirse de los disidentes, excepto que se dediquen a hacer política en un café. A diferencia de algunos dirigentes tricolores, todos ellos han competido antes en el terreno electoral y han triunfado.

¿Quién está detrás de esta disidencia? ¿Cuál podría ser la desembocadura de su propuesta?

Excepto Enrique Peña Nieto y quienes pudieran verse beneficiados por la voluntad de su dedo, son muchos los que temen que el método tradicional termine por hundir a su partido. No son tiempos, argumentan, para que el tricolor renuncie a elegir democráticamente al principal abanderado.

Para los del Tucode, los éxitos de Coahuila y el Edomex están sobrevaluados. Ambas elecciones costaron demasiado, política y económicamente. Y todavía está por verse cuál será la última palabra al respecto, emitida por el Tribunal Electoral.

Recientemente Manlio Fabio Beltrones me dijo en entrevista (“No Hay Lugar Común” Azteca 13 - 07/04/17) que al PRI le convenía encontrar un método distinto al dedazo. Cabe prever que Miguel Ángel Osorio Chong comparta un argumento similar. Si se miran las preferencias en las encuestas, al actual secretario de Gobernación le convendría sin duda la consulta a las bases.

En cambio, a otros aspirantes con menos reconocimiento de nombre, y por tanto con menor preferencia popular, les suena óptimo que el gran elector los unja desde Los Pinos. Se entiende que apoyen el dedazo porque les acomoda, más que por ser conveniente para su partido.

Los priistas habrían de recordar lo sucedido en 1988, cuando la incapacidad de esa fuerza política para dar cauce a la disidencia de entonces provocó la emergencia del Frente Democrático Nacional, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.

ZOOM: Si al Tucode se le intenta aplastar cabe que el tricolor termine experimentando una peligrosa sangría. El tema debe preocupar en el PRI, precisamente porque es una ingenuidad suponer que su origen está en una mesa de café.
15 Junio 2017 04:00:00
Una mexicana muy poderosa
Se llama Laura Álvarez Tonis y muy pocos en México saben de su existencia. Sin embargo, estuvo cerca de irse a vivir con su esposo al número 10 de Downing Street en la ciudad de Londres, la casa del primer ministro británico.

Nació en la delegación Iztapalapa, estudió Derecho en la Universidad ICEL, plantel Ermita, trabajó en el órgano interno de control de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y después fue funcionaria de Financiera Rural.

Por estos días ella se codea con Bianca Jagger, ex esposa del cantante Mick Jagger y hace no tanto tuvo la puntada de declinar una invitación de doña Isabel, la reina de Inglaterra, para cenar en el Palacio de Buckinham.

Laura Álvarez Tonis es la esposa de Jeremy Corbyn, líder de la oposición laborista en el Parlamento británico. Conoció a este célebre político hace 18 años, cuando visitó la isla para acompañar a su hermana Marcela que ahí vivía, y entonces atravesaba por un momento de dificultad.

La relación de amistad entre el inglés y la mexicana se transformó con el tiempo y en el 2012 ambos contrajeron matrimonio en la hacienda de Ponoaya, frente a una magnífica vista del volcán Popocatépetl. Ya de antes Corbyn tenía interés por América Latina, pero desde que ligó filias con Laura Álvarez se convirtió en un agudo conocedor de la realidad mexicana.

Para prueba, un botón: en 2015, uno de los primeros actos políticos de Jeremy Corbyn, recién nombrado líder del Partido Laborista, fue escribirle una carta al embajador mexicano en Gran Bretaña, Diego Gómez Pickering, para reclamar por el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Demandó “una investigación completa y transparente sobre la desaparición de los estudiantes” y exigió combatir “el aparente encubrimiento oficial” a propósito de esta tragedia.

Sin duda detrás de ese texto jugó un lugar privilegiado la pluma de la antigua funcionaria de la CNDH, Laura Álvarez Tonis. Una mujer que ha hecho fama de discreta porque prefiere no figurar innecesariamente. Aun así, cada vez que la prensa británica se refiere a ella, la mencionan como la “atractiva esposa” de Corbyn.

Uno de los pocos momentos en que su voz se hizo pública en Gran Bretaña fue cuando reclamó al expremier conservador, David Cameron, por haberse burlado del traje y la corbata de su marido, a la vez que le propuso que se pusiera a cantar el himno nacional de su país.

Laura dijo que su marido tenía fortaleza personal y política para recibir esa y otra invectivas peores.

De su lado Corbyn reaccionó al comentario clasista y xenófobo de Cameron argumentando que no tenía ningún problema con que lo cuestionaran siempre y cuando no se pusiera bajo el reflector a las personas (Laura Álvarez) que habían decidido no dedicarse a la política.

Con todo, no es tan cierto que la esposa del líder laborista se abstenga de hacer política. Desde hace tiempo forma parte de una organización muy activa que se denomina Justice for Mexico Now, dedicada a defender los derechos humanos en nuestro país.

Laura Álvarez sigue siendo una luchadora activa, como lo fue antes en México, pero ahora con una enorme influencia, no solo en Gran Bretaña sino en el conjunto de Europa.

ZOOM: ella es la pareja de Jeremy Corbyn, el hombre que definirá el ritmo y la profundidad con que Gran Bretaña podría abandonar la Unión Europea. Es también el líder político que sería capaz de evitar ese destino.
12 Junio 2017 04:00:00
La denuncia de los MPs
Una carta está llegando por estos días al Senado de la República para denunciar la corrupción que prevalece en la Procuraduría General de la República. Supuestamente tiene el respaldo de 200 Ministerios Públicos que no quieren dar la cara por temor a poner en riesgo sus vidas y las de sus familiares.

Este escrito es el segundo que envían para ser escuchados. El primero lo dirigieron al presidente Enrique Peña Nieto el 21 de febrero de este año. Al parecer la respuesta que obtuvieron desde Los Pinos no satisfizo y por eso mandaron ahora una nueva misiva a los senadores Pablo Escudero, Fernando Herrera, Dolores Padierna, Emilio Gamboa y Jorge Ramos, líderes de las principales bancadas en la Cámara alta.

En ambos textos se exige lo mismo: la renuncia a sus cargos dentro de la Procuraduría de Gilberto Higuera Bernal y de Martín Camberos Hernández.

Gilberto Higuera es el subprocurador de Control Regional de Procedimientos Penales y Martín Camberos el coordinador de Supervisión y Control Regional. Entre ambos gobiernan las delegaciones que la PGR tiene en los estados de la República. Son quienes nombran a los delegados, subdelegados, jefes y demás personal que procura justicia en vvtodo el país, a propósito de los delitos federales, como por ejemplo el crimen organizado.

Gilberto Higuera Bernal figura con frecuencia en público, porque suele declarar cuando hay un político de peso perseguido por la PGR. Fue vocero de esa institución cuando el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, cayó preso y también cuando el líder de la CNTE, Rubén Núñez, pasó una temporada en la cárcel. También ha estado detrás de las detenciones de Javier Duarte y Roberto Borge.

Después de una carrera larga dentro de la Procuraduría, Higuera y Camberos han hecho seguramente muchos enemigos. Podría por tanto suceder que las misivas citadas tengan como autor intelectual a alguno de sus adversarios.

Los supuestos firmantes aseguran ser personal de la PGR y dicen que no descansarán mientras la corrupción denunciada no sea tomada con seriedad por las esferas más altas del Estado mexicano:

“Esta lucha que hemos emprendido apenas es el comienzo y no nos daremos por vencidos hasta lograr la salida de PGR de Gilberto Higuera Bernal y Francisco Martín Camberos Hernández, Subprocurador y Coordinador de Delegaciones de PGR”.

En los escritos se acusa a ambos funcionarios de la PGR de haber montado una poderosa red de protección para favorecer a distintas empresas del narcotráfico:

“Están vinculados con el crimen organizado… (que) semanalmente hace llegar a LOS DELEGADOS, subdelegados o enlaces de PGR cuantiosas cantidades de dinero a cambio de que se hagan de la vista gorda … cuando son detenidos algunos de sus miembros y turnados a la PGR, se les ayuda y orienta cómo declarar … sobre todo en las delegaciones de los estados que colindan con los Estados Unidos …”.

Los textos insisten con que sus autores tienen pruebas abundantes pero no darán la cara porque: “al hacerlo tendríamos que dar nuestros nombres y nos delataríamos y … como venganza ordenaría(n) al crimen organizado con los que están coludidos y estos fácilmente nos matarían”.

De ser genuina, la delación a la que habrían acudido estos agentes sería legal porque está prevista por el código de conducta de la PGR donde se ordena a su personal identificar y denunciar toda forma de corrupción y conflicto de interés.
08 Junio 2017 04:00:00
El fraude de la Tarjeta Rosa
A doña Gloria la interceptaron de camino a la escuela de sus hijos. Un promotor de la campaña de Alfredo del Mazo le ofreció la Tarjeta Salario Rosa”. Le aseguraron que, de ganar el candidato a gobernador del PRI, podría retirar con ella dinero en efectivo.

Para inscribirse a los beneficios era necesario que doña Gloria entregara una copia de su credencial de elector y un comprobante de domicilio. Pensando que, a ella y a sus hijos les caería bien el dinero, accedió a cumplir con tales trámites. Al final recibió el documento y quedó tranquila con la promesa de que obtendría noticias en su domicilio para activar el plástico, una vez que hubiera ganado Alfredo del Mazo.

El documento de doña Gloria se presta al engaño. A simple vista es una tarjeta de débito, igual a cualquier otra que en el reverso tiene un cuadro blanco alargado para que el dueño registre su firma.

Sin embargo, en la parte posterior parece un volante de propaganda. Dice Tarjeta Salario Rosa y trae las leyendas “Del Mazo. Fuerte y con Todo”. En el extremo derecho hay una imagen de una abuelita acompañada por sus nietos, arropándola con gran afecto.

La inteligente ambigüedad de ese pedazo de papel debe denunciarse. Si sólo se revisara el documento por la parte de enfrente podría argumentarse que se trata de publicidad a favor de una política ofertada en campaña por el candidato a gobernador del PRI.

Pero el reverso simula claramente una tarjeta de débito y por eso fue posible que sus repartidores hablaran de activarla –en caso de triunfo del candidato priista– pasadas las elecciones.

La cuestión más intrigante es cuando los promotores del voto exigieron copias de la credencial de elector y también un comprobante de domicilio para afiliar a doña Gloria al programa Salario Rosa. Para ella no fue obvio que tal política aún no existe y por tanto fue vilmente engañada. Hoy ella confiesa haber votado por Alfredo del Mazo el pasado fin semana.

No estoy aquí para criticar la candidez de la señora Gloria y mucho menos el grado de necesidad económica que lleva a tantos a cambiar su voto por un poco de dinero.

Con todo, me rebelo a ser de los que aceptan como natural el cinismo de las maquinarias electorales mexicanas.

¿Para qué querían esos señores los documentos de identificación oficial de esta y muchas otras personas? ¿Cómo traficaron con esos datos personales? ¿A quién le cobraron por hacer esa tarea? ¿Cuánto cobraron?

Mi tarea es la del periodista y no la del funcionario de la FEPADE o del Instituto Electoral. Desde esta función social denuncio y me pregunto cómo es posible que el Estado mexicano gaste tanto dinero del contribuyente para vigilar elecciones y, sin embargo, sea incapaz de combatir trampas como la Tarjeta Salario Rosa.

Si en esta ocasión el PRI volvió a las andadas fue porque la vez anterior no se procedió en contra de quienes repartieron las famosas tarjetas Monex y Soriana.

La impericia de la autoridad para probar los fraudes en la elección de 2012 amplió el margen de impunidad con que el domingo pasado actuaron los promotores del voto para seguir engañando gente necesitada de apoyos económicos.

Hay entre nosotros quienes dicen que este tipo de trampas son inevitables. Se trata de los desfachatados que felicitan al más mañoso y admiran al mejor engañador. Otros compatriotas creen con bobería que denunciar este comportamiento delictivo sólo sirve para los propósitos del candidato derrotado.

Me rehúso a ser de los unos o los otros. En todo caso me afilio al contingente de ciudadanos a los que todos los días nos cobran impuestos para pagar el salario de los funcionarios electorales responsables de evitar que las señoras Glorias de este país sean víctimas de la compra y la coacción del voto.
01 Junio 2017 04:00:00
Fantasma de Elba Esther en el Edomex
¿Por qué Delfina Gómez invitó a Elba Esther Gordillo Morales a su fiesta? Por afinidad, respondió el yerno de la maestra, Fernando González Sánchez, en entrevista para El Universal (16/05/17).

¡Ajá!, dijimos los demás. Afinidad es un término que se define como coincidencia de gustos y opiniones. Siendo la profesora Gordillo símbolo superlativo de la corrupción mexicana, cabe preguntarse por qué alguien que anda tras el voto popular se exhibe como afín a un personaje que por estos días dispara cargas tan negativas.

Si algún otro candidato hubiera aparecido de la mano del gordillismo la sorpresa habría sido menor. ¿A cambio de qué temeridad hizo reverencia doña Delfina a la exlíder del magisterio?

Pues lo sabremos este próximo domingo. Si el finísimo aparato electoral de los maestros de la sección 36 –una de las más poderosas del país– ayuda al triunfo de Morena, doña Delfina podrá parafrasear a Enrique IV y decir que Toluca bien valió la misa.

Tan enredada es esta trama que el presidente del Movimiento Regeneración, Andrés Manuel López Obrador, tuvo que discursear con tono religioso para justificar tan extraña sociedad:

“Es necesario que la maestra Elba Esther informe sobre su participación en el fraude electoral de 2006 para imponer a Felipe Calderón”, antes de recibir el perdón sacerdotal.

¡Curiosa costumbre del tabasqueño que ofrece la absolución de los pecados a quienes, mereciéndolo o no, están dispuestos a presentarse contritos y genuflexos ante él!

Mientras esta condición se cumple, Morena aprovechará la operación mapache que mucho daño ha hecho al país, y también al sistema educativo. Nada ha producido históricamente tanto fraude en los comicios mexicanos como la participación de los maestros en la plomería electoral.

Tema todavía más interesante es la razón que llevó a la profesora Gordillo a involucrarse en ésta, su última alianza. Estando tras las rejas por motivos más políticos que jurídicos resulta arriesgado jalarle los bigotes al león. Como patada al vientre le habrá caído a quien gobierna desde Los Pinos que su reclusa favorita lo haya desafiado en público.

Quien conozca la biografía de la maestra sabe que se trata de una mujer que nunca se cansa de reencarnar. Y ella se está preparando para su próxima vida.

La anima que, uno a uno, los cargos penales fabricados en su contra han venido cayendo. Quien fraguó para ella el expediente jurídico con el que se le persigue fue su cómplice y no su enemigo. El único delito que la maestra cometió está ausente de la acusación. Ella desvió recursos del SNTE por más de dos mil millones para comprarse ropa y propiedades. Eso se llama robo, simple y llanamente, pero la mujer fue acusada de otras cosas peores que, por exageradas, no están procediendo ante los jueces.

Se le culpó primero de delincuencia organizada, como si se tratara de “El Chapo” Guzmán o alguno de los hermanos Beltrán Leyva. De todas, ésta es la imputación más débil y se trata de la única que queda viva.

También se presentaron cargos contra ella por evasión fiscal y lavado de dinero. Ambas fueron ya desechadas. Si los abogados de la profesora son medianamente buenos, Elba Esther Gordillo estará libre en breve.

Luego, como dice el refrán: golpe que no mata fortalece. Delfina Gómez Álvarez quiere ser testigo de la verdad que esconde este refrán de la sabiduría popular.
29 Mayo 2017 04:00:00
No son lo mismo
Es mentirosa la cantaleta de que todos son iguales. La semana próxima habrá elecciones en el Estado de México y los resultados que ahí se obtengan tendrán gran impacto para el futuro del país.

Desde luego que no sería lo mismo el triunfo de Alfredo del Mazo que el de Delfina Gómez. Tampoco que el tercer lugar se lo lleve Josefina Vázquez Mota en vez de Juan Zepeda.

Los que promueven la igualdad mentirosa tienen como propósito hacer que el abstencionismo triunfe en una guerra de aparatos clientelares. Y sin embargo al menos cuatro matices relevantes juegan en esta elección: 1) permanencia o cambio de la clase política mexiquense; 2) corrupción; 3) el aeropuerto internacional de la CDMX y; 4) el escenario para el 2018.

El Estado de México es muy diverso. No es lo mismo la zona oriente de la CDMX (Nezahualcóyotl, Los Reyes, Chalco) que el cinturón azul (Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán). Tampoco Ecatepec que Toluca, o Tenancingo que Valle de Bravo.

Hace tiempo que la clase política del oriente de la capital es de izquierda, la del cinturón azul tiene cuadros destacados del PAN, y en Ecatepec pelean amarillos y rojos. Mientras tanto la zona rural se mantiene fielmente priísta.

Esta elección es en realidad una disputa entre élites de las distintas regiones. En los comicios que ocurrieron hace seis años, Eruviel Ávila fue un gobernador que llegó al poder sin pertenecer al viejo grupo político fundado por Isidro Fabela, cuya base se localiza en el eje Toluca-Atlacomulco. El próximo domingo Alfredo del Mazo quiere recuperar, por entero, el poder que ese grupo extravió (en parte) por obra del actual Mandatario.

De su lado, Delfina Gómez busca hacer avanzar a la poderosa élite texcocana, encabezada por Higinio Martínez. Mientras tanto Josefina Vázquez Mota aboga por los intereses clasemedieros asentados en un territorio amplio que –a lo largo del Periférico– van desde el Toreo hacia la salida a Querétaro.

Juan Zepeda, por su parte, en esta elección necesita demostrar que, a pesar de la emergencia de Morena, el PRD todavía pesa en el Edomex.

Con respecto a la corrupción hay igual distinciones. Si bien la contienda ha sido sucia y prolífica en ataques, cada opción contendiente se duele de callos distintos a la hora de bailar.

Alfredo del Mazo no ha querido deslindarse de los negocios que su grupo político hizo en el pasado. Es amigo de los directivos de OHL y de Higa. También de la familia Peralta, de Ariel Piker y de los hermanos Maccise. Si gana el PRI, ese sector de la economía corrupta mexiquense seguirá triunfando.

A Delfina Gómez le llovió parejo por este tema. Y no era para menos: su padrino político, Higinio Martínez, es un hombre acaudalado y muy poderoso de Texcoco que, entre otros mecanismos de financiamiento, utiliza la ordeña a la tesorería municipal y los arbitrarios descuentos sobre nómina. En el pasado la candidata de Morena fue cómplice de esa indignidad y con tal acusación llegará a las urnas el domingo próximo.

De su lado, Josefina Vázquez Mota cargó con nubarrones sobre su honra durante todo el periodo de campaña, debido al programa de apoyo a migrantes –Juntos Podemos– que gestionó a nombre del Gobierno priista. Apenas ayer la PGR dio a conocer que las investigaciones a su familia no son materia de la denuncia recibida. La aclaración le llegó muy tarde.

Destaca por cierto que Juan Zepeda no tenga señalamientos graves a este respecto. O nadie consideró que podía realmente ganar, o bien, en lo que toca a corrupción, es el político menos vulnerable de esta contienda.

El Aeropuerto de la CDMX, que se está desarrollando en Texcoco, es otro tema crucial. Si gana Delfina Gómez ese proyecto será enterrado. Los demás aspirantes en cambio avalan la propuesta y su método.

Por último está el 2018. Estas elecciones en Edomex serán unas primarias. El partido que las gane crecerá posibilidades de triunfo para el año próximo; por eso tanta leña al asador.

Tiene también implicaciones para el tercero y el cuarto lugar. Si el PRD llega en último de la recta, para el 2018 será necesario que pida aventón en el vehículo del PAN. En cambio, si resulta tercero, el sol azteca podrá presumir que, a pesar de los ataques y la sangría impuestos por AMLO, goza de cabal salud.

Lo mismo será relevante dentro del PAN el lugar que ocupe Vázquez Mota. No tendrá igual impacto para la candidatura presidencial de Ricardo Anaya un PAN finalista en el Edomex que uno rezagado.

ZOOM: En el Estado de México se juegan cartas que trascienden a sus electores. Es un país dentro del país y por eso importa tanto que los votantes mexiquenses asistan a las urnas calculando con gran responsabilidad a la hora de sufragar.
18 Mayo 2017 04:00:00
Homicidas del futuro
No fue el azar: lo asesinaron con 12 balas frente a su oficina de Ríodoce. El periodista Javier Valdez Cárdenas viajó días atrás a la Ciudad de México para conversar con sus compañeros de La Jornada; ahí confió que había estado recibiendo amenazas graves.

Quien lo asesinó calculó con frialdad las consecuencias. La muerte de este ser humano impecable añade terror, desestabiliza y busca inhibir la libertad. Pero el poder oscuro y cobarde detrás de este crimen menospreció el efecto atómico que desde el lunes pasado tendrán para México sus palabras sembradas durante 27 años de trabajo periodístico.

Palabras más poderosas que todas las balas porque Javier Valdez no sabía vivir con resignación.

La fuerza de este ser humano radicó en la respetuosa empatía que sostuvo hacia el dolor: “Si le ganamos terreno a la indiferencia y la deshumanización –y nos ponemos los zapatos de las víctimas– entenderemos y reconoceremos ese narco nuestro de cada día, del otro lado del espejo” (Noroeste, 16/05/17). “Actuamos como si estuviéramos esperando la muerte, acostumbrados a la violencia”, dijo hace poco tiempo en la Feria del libro en Sinaloa. “Y el peor saldo es la forma de vida que nos está generando el narco: salir de tu casa con la mano en el culo”, añadió después en una presentación en Los Ángeles.

“No queremos ver porque no queremos sufrir, porque sufrir es comprometernos” (Feria en Sinaloa). “Prefiero asumir la tarea que me toca como periodista en vez de hacerme pendejo y voltearme para otro lado” (Feria de Sinaloa). “No hay que callar, hay que seguir escribiendo. Creo que el silencio es un acto de complicidad” (2011, reacción contra atentado al Semanario Zeta).

“Yo sigo escribiendo, me apasiona. Tomo píldoras para dormir, pero si dejara de escribir me moriría. Si guardara silencio me convertiría en cómplice” (Entrevista con Al Jazeera 2011). “Nosotros tenemos que seguir escribiendo estas historias… porque si la gente no se queda callada, yo tampoco” (Feria en Los Ángeles).

“…Es un peligro estar vivo y hacer periodismo (en Sinaloa). Es como caminar sobre una línea invisible marcada por los malos que están en el narcotráfico y en el gobierno” (Discurso ante el CPJ). “Uno tiene que saber cuál es la tierra que pisa, quién tiene el poder, quién está asesinando, quién distribuye la droga, qué relaciones tienen dentro del gobierno… tienes que conocer (toda) esta información antes de publicar” (Al Jazeera, 2011).

“Esta es una guerra –sí– pero por el control del narco” (Discurso CPJ). “Es mentira que haya una guerra contra el narco… Es una farsa criminal. Es una broma macabra… es mentira que el Gobierno esté retomando el control. Es el narco el que decide terminar con la violencia eliminando otros cárteles” (Feria en Los Ángeles). “Nosotros los ciudadanos ponemos los muertos y los gobiernos de México y Estados Unidos las armas… Los encumbrados invisibles y agazapados –dentro y fuera de los gobiernos– se llevan las ganancias” (Discurso CPJ).

“Esta clase política hija del narcotráfico en regiones como Sinaloa es intolerante y es más peligrosa que los capos” (Noroeste, 16/05/17). “En Ríodoce hemos experimentado una soledad macabra porque nada de lo que publicamos tiene ecos ni seguimiento y esa desolación nos hace más vulnerables” (Discurso ante el CPJ).

“Matan a alguien y no pasa nada. Entonces van a venir por nosotros y nos van a matar y no va a pasar nada y ese es el peor saldo” (Feria en Sinaloa).
15 Mayo 2017 04:06:00
Tamaulipas: 5 lustros de impunidad
El combate al crimen organizado en Tamaulipas no ha pasado de ser una mala obra de teatro. El fracaso tantas veces repetido sólo puede explicarse por la simulación.

En medio de una escalada violentísima, hoy visitará esta entidad el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Tendrá que explicar por qué las cosas están peor que cuando lanzó, hace tres años, el Plan de Seguridad para Tamaulipas.

El martes 13 de mayo de 2014 el secretario publicó un tuit que decía: “El compromiso es uno: recuperar la tranquilidad y seguridad de todas las familias tamaulipecas”. Desde entonces la cifra de homicidios en Tamaulipas creció en un tercio y los últimos meses han estado entre los peores. Vale regresar en el tiempo para explorar el origen de una política tan fingida como equivocada.

Primer acto: el domingo 11 de mayo de 2014 marcharon más de mil 500 personas vestidas de blanco en Tampico, Altamira y Madero. Exigían al Gobierno recuperar la paz en la entidad. La situación era grave y merecía una respuesta urgente del Estado.

Segundo acto: al día siguiente Monte Alejandro Rubido, por aquella época cabeza de la Comisión Nacional de Seguridad, ofreció una conferencia de prensa para informar que Galdino Mellado Cruz, el número dos de Los Zetas, había sido abatido en la ciudad de Reynosa.

En esa conferencia de prensa Tomás Zerón produjo para los medios de comunicación una presentación excesiva sobre la persecución y muerte del criminal.

Tercer acto: 24 horas después viajaron a Reynosa los integrantes del Gabinete de seguridad para dar a conocer el Plan de Seguridad para Tamaulipas. En la fotografía aparecieron el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos; el almirante secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón; el procurador Jesús Murillo Karam y el gobernador Egidio Torre Cantú.

El mensaje fue contundente: todo el poder del Estado contra la criminalidad.

Cuarto acto: el plan implicó principalmente la movilización de miles de efectivos del Ejército y la Armada en la entidad.

Quinto acto: hoy el secretario de Gobernación habrá de explicar el fracaso. La sociedad tamaulipeca vive peor que hace tres años, la violencia se expande y las organizaciones criminales tienen tanto o más poder que antes. Hoy no habrá tuits, ni criminales abatidos, ni la foto de los hombres fuertes del Presidente y tampoco un nuevo plan.

El repertorio teatral se agotó. Es momento de preguntarse por qué la presencia masiva de militares y marinos no ha servido de nada. ¿Por qué las organizaciones criminales siguen teniendo tanto poder? ¿Y por qué los tres niveles de la autoridad continúan igual de penetrados por la mafia?

Cuando fue encarcelado Juan García Ábrego, líder en los años 90 del cártel del Golfo, ese hombre declaró ante los tribunales estadunidenses que la derrama económica anual de la cocaína que atravesaba por la frontera mexicana era de alrededor 30 mil millones de dólares.

Dijo también que un tercio de ese negocio cruzaba por la frontera tamaulipeca. El volumen del comercio manejado por esta empresa es inmenso. No obstante, ni entonces ni ahora se ha perseguido a quienes mueven tan extraordinaria cantidad de dinero.

La actividad sigue su marcha. La droga cruza y los compradores pagan porque, entre otras cosas, ese recurso sirve para comprar a la autoridad simuladora.

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